Falsificación de cifras y ocultamiento de menores en la desmovilización paramilitar (2003–2006)

Falsificación de cifras y ocultamiento de menores en la desmovilización paramilitar (2003–2006)

Entre el 25 de noviembre de 2003, cuando 868 hombres entregaron armas en La Ceja bajo la bandera del Bloque Cacique Nutibara, y el 15 de agosto de 2006, cuando el Bloque Elmer Cárdenas cerró la ronda en el Urabá, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez celebró la desmovilización colectiva de 31.671 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. La cifra —que oscila entre 30.944 y 31.689 según qué informe se consulte— se convirtió en una de las estadísticas fundacionales de la política de Seguridad Democrática: prueba, decía el Ejecutivo, de que la negociación había desmontado el mayor ejército privado del país.

Bajo esa superficie contable operaba otra realidad. Testimonios de comandantes, sentencias de Justicia y Paz, informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, denuncias recibidas por la CIDH y el propio Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad revelaron que las ceremonias inflaron sistemáticamente su pie de fuerza con civiles reclutados días antes, ocultaron a los menores de edad que integraban las estructuras y entregaron armamento residual mientras las mejores piezas quedaban guardadas en caletas. La operación numérica ocurrió en simultáneo con un incumplimiento sostenido del cese de hostilidades y con la creación, a la sombra de la mesa de Ralito, de los grupos que muy pronto se llamarían bandas criminales. La fuga posterior del principal arquitecto administrativo del proceso, el Alto Comisionado Luis Carlos Restrepo, terminaría de fijar el fraude como uno de los capítulos más costosos de la justicia transicional colombiana.

El escenario del que brota el fraude

El proceso venía habilitado por dos piezas jurídicas y una zona geográfica. La Ley 782 de 2002 eliminó el requisito de reconocimiento del carácter político para negociar con grupos armados ilegales, lo que permitió al Ejecutivo sentarse con las autodefensas sin la ficción de la beligerancia. El 23 de diciembre de ese mismo año, Uribe nombró una Comisión Exploratoria de Paz que en junio de 2003 entregó diez recomendaciones, entre ellas continuar el diálogo y verificar el cese de hostilidades que las AUC habían decretado unilateralmente en diciembre de 2002.

El 15 de julio de 2003, en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, municipio de Tierralta (Córdoba), el Alto Comisionado Luis Carlos Restrepo y nueve comandantes —Hernán Hernández, Ramiro Vanoy, Luis Cifuentes, Francisco Tabares, Adolfo Paz (Diego Fernando Murillo, alias Don Berna), Jorge Pirata, Vicente Castaño, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso— firmaron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito. El compromiso central era desmovilizar a la totalidad de los miembros de las AUC de manera gradual antes del 31 de diciembre de 2005. Como testigos figuraron miembros de la Comisión Exploratoria y facilitadores de la Iglesia católica, entre ellos monseñores y un sacerdote de la región.

La Ley 782 no ofrecía, sin embargo, alternativa jurídica para quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad. Ese vacío obligó al gobierno a impulsar un marco adicional que, tras dos años de discusión legislativa, cristalizó en la Ley 975 de Justicia y Paz, aprobada el 22 de junio de 2005. La norma consagró los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Sus penas alternativas fueron consideradas insignificantes frente a la magnitud de los crímenes. Las críticas llegaron el mismo día de la aprobación.

En paralelo, el 1 de julio de 2004 se instaló oficialmente la mesa de negociación en la Zona de Ubicación de Santa Fe de Ralito, un enclave de 183 kilómetros cuadrados en Tierralta donde los comandantes vivirían con estatus de negociadores. Antes de la instalación, las AUC habían publicado un documento firmado por su "Estado Mayor Negociador" en el que declaraban, con inusitada franqueza, que el propósito principal de la negociación era transitar a la vida política conservando su capital económico y simbólico. En el texto no aparecía la palabra víctimas. Esa declaración —anterior al primer paramilitar desmovilizado— fijó el horizonte con el que los comandantes se sentaron a la mesa: no una rendición sino una operación de blanqueo. Lo que el gobierno hizo a partir de entonces fue decidir si contenía esa lógica o si la administraba.

La primera farsa: el Cacique Nutibara

La respuesta llegó el 25 de noviembre de 2003 en La Ceja, Antioquia. Aquel día, 868 hombres presentados como integrantes del Bloque Cacique Nutibara entregaron armas y firmaron actas en la primera desmovilización colectiva paramilitar de Colombia. El acto tenía un valor simbólico enorme: inauguraba el proceso, mostraba al país imágenes de excombatientes ordenados en fila, marcaba un antes y un después. Ocho años más tarde, en audiencia ante el Tribunal Superior el 3 de julio de 2011, el comandante Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, jefe del Bloque Elmer Cárdenas, declararía sin rodeos que aquella ceremonia había sido una farsa: la mitad de los desmovilizados no eran paramilitares.

La afirmación adquiere peso cuando se cruza con otro dato de campo. A finales de 2003, el Bloque Cacique Nutibara —brazo armado de la Oficina de Envigado bajo el mando de Don Berna— ejercía un dominio militar consolidado sobre buena parte de Medellín, con presencia territorial en los sectores populares de la ciudad. Ese aparato no podía disolverse en una ceremonia. Y no se disolvió: por orden del propio Don Berna, en mayo de 2003 —seis meses antes de la desmovilización del BCN— se había creado el Bloque Héroes de Granada para ocupar las zonas dejadas por el disuelto Bloque Metro y, muy pronto, las que oficialmente iba a abandonar el Cacique Nutibara. La operación estaba diseñada para que la mano derecha entregara mientras la izquierda relevaba. La CIDH constató que varias comunas de Medellín siguieron bajo fuerte presencia y control paramilitar después de noviembre de 2003, y en la Comuna 13, entre enero y noviembre de ese año, los homicidios con arma blanca se duplicaron. El desmonte era una reorganización.

El caso del Cacique Nutibara instaló el patrón. Si el bloque inaugural podía ser calificado por otro comandante paramilitar como una simulación, el resto del proceso se leería bajo esa sospecha fundada.

La aritmética del fraude

Los 31.671 desmovilizados oficiales chocan con las estimaciones que los propios comandantes hacían del pie de fuerza real. El Alemán calculó en un máximo de 16.000 el número de miembros que las AUC llegaron a tener. Vicente Castaño, en entrevista publicada por Semana el 6 de junio de 2005, afirmó que unos 4.000 hombres de las autodefensas eran exguerrilleros; si esos combatientes representaban el 40% del total, como sugería la conversación, el pie de fuerza rondaría los 10.000. Entre una y otra estimación, la horquilla real se ubicaría entre 10.000 y 16.000 hombres. La cifra oficial duplica, en el mejor de los cálculos internos, el efectivo estimado por quienes comandaron esas tropas.

La brecha se llenó por dos vías. La primera fue el reclutamiento premeditado de personas ajenas al aparato armado. Testimonios de excomandantes, relatos de desmovilizados y denuncias recibidas por la CIDH describen la incorporación, en las semanas previas a las ceremonias, de civiles, desempleados y delincuentes comunes que aparecerían en las fotografías uniformados y en formación. El caso del Bloque Tolima está documentado: hubo incorporación de civiles en los meses previos a la desmovilización colectiva, con una casi duplicación artificial de efectivos. En el Bloque Centauros —el aparato de los Llanos que había sido de Miguel Arroyave— testimonios directos de desmovilizados confirman que se sumó gente de la zona en el último momento para "tapar el hueco" dejado por combatientes con problemas judiciales o que se negaron a entrar al proceso; a los nuevos les entregaban una manilla como único requisito de pertenencia.

La segunda vía fue el entrenamiento exprés de esos incorporados. Un testimonio recogido por el Mecanismo No Judicial describe el procedimiento: durante aproximadamente una semana, personas sin experiencia paramilitar memorizaban información básica sobre regiones de operación, grupos enemigos y batallones cercanos, y aprendían a comportarse como combatientes ante los funcionarios que tomarían sus datos. Con esa cartilla mínima —una geografía, un enemigo, un uniforme— cruzaban el umbral de la ceremonia.

El fraude alcanzó, en al menos un caso probado, la incorporación de guerrilleros reales y campesinos en una misma pantomima: una desmovilización involucró a 25 combatientes de las FARC y 41 civiles, entre ellos ocho menores de edad, a los que se pagó entre 400.000 y 500.000 pesos por participar. El cerebro fue el exguerrillero Olivo Saldaña en asocio con el narcotraficante Hugo Rojas Yepes. Rafael Pardo Rueda —quien había sido consejero de paz de César Gaviria— advirtió públicamente en su momento que se estaba uniformando y entrenando gente para desmovilizarla poco después, y señaló que el proceso se torció cuando el Comisionado comenzó a aceptar desmovilizaciones individuales, lo que él llamó desmovilizaciones "al detal".

Eduardo Pizarro Leongómez calificaría más tarde de "muy satisfactoria" la entrega de 18.051 armas para 31.671 desmovilizados, comparándola con estándares internacionales. La aritmética no soporta el elogio: si el pie de fuerza real era la mitad, la relación arma-combatiente se invierte y la satisfacción se convierte en una función de la propia falsificación.

Las armas que no se entregaron

El material que sí entregaron los paramilitares también fue objeto de selección. El caso mejor documentado es el del Bloque Mineros, al mando de Ramiro Vanoy alias Cuco Vanoy. Los testimonios describen un "complot bien grande" para escoger las armas más trajinadas —fusiles desgastados, piezas viejas, munición vencida— y reservarlas para el acto oficial, mientras las mejores se enviaban a otras zonas del país o se guardaban en caletas. Un testimonio central estima en aproximadamente mil los fusiles M14 nuevos que quedaron enterrados o trasladados hacia zonas como Briceño. El detalle importa: el M14 es un fusil de asalto de larga vida útil; guardar mil unidades nuevas es guardar la capacidad para volver a levantar una tropa cuando convenga.

El patrón se replicó en los frentes del Bloque Central Bolívar que operaban en Remedios, nordeste antioqueño. Antes de la ceremonia, las estructuras redujeron drásticamente su pie de fuerza o simplemente desaparecieron, de modo que buena parte de los que aparecieron en el acto oficial pertenecían a otro frente o estaban retirados de actividades ilegales. Se desmovilizaba un armazón que ya se había vaciado por dentro.

La cantidad total de armas entregadas por las AUC fue notoriamente inferior a la que se sabía que los paramilitares poseían. La cifra global de 18.051 —celebrada por Pizarro como éxito— convive con la evidencia de retención deliberada en, al menos, uno de los bloques con mayor músculo militar del país. La aritmética del arsenal cuenta la misma historia que la aritmética de los hombres: el proceso registró lo que le pusieron delante, no lo que existía. Y lo que quedó guardado —fusiles nuevos, munición nueva, capacidad operativa completa— reaparecería más tarde en manos de los grupos sucesores, que no tuvieron que empezar de cero porque sus antecesores nunca terminaron.

Los menores que nunca aparecieron

Colombia tenía, según los estimados del conflicto, entre 8.000 y 13.000 niños y niñas soldados en sus filas armadas, reclutados en promedio a los 13 años, aunque algunos apenas alcanzaban los siete. Ese universo fue víctima de un doble abandono en el proceso de las AUC: primero por los grupos que los enrolaron, después por el Estado que negoció con esos grupos. El ocultamiento de menores reclutados fue señalado, junto con las falsas desmovilizaciones y los asesinatos cometidos durante el proceso, como uno de los problemas estructurales de la negociación entre el gobierno Uribe y las AUC.

El caso del Bloque Elmer Cárdenas es indicativo. La estructura comandada por el Alemán había reclutado menores de edad en el Urabá antioqueño y el medio Atrato chocoano, principalmente a partir de la segunda mitad de los años noventa, a través de captación directa por los comandantes de frente. Cuando llegó el momento de la ceremonia, esos menores debían aparecer para que el Estado los recibiera y los canalizara hacia el sistema de restablecimiento de derechos del ICBF, como exigía el Derecho Internacional Humanitario. No aparecieron.

En el Bloque Mineros, en las reuniones previas a la socialización de la desmovilización —con presencia de personas identificadas como abogados o fiscales— se preguntó por los menores de edad para excluirlos del proceso antes de la ceremonia. Hay versiones encontradas sobre el episodio, pero la práctica que describe encaja con el patrón general: los menores no entraban a las filas oficiales; se los devolvía a sus familias, se los trasladaba a otras estructuras o se los desaparecía administrativamente antes de que hubiera un acta que los registrara. La lógica era tan simple como aberrante: un menor en la lista era prueba de reclutamiento ilícito, un crimen de guerra; un menor devuelto a su casa la noche anterior era, para efectos del expediente, un menor que nunca estuvo.

La consecuencia se despliega en dos planos. En el primero, la violación del DIH es flagrante: el reclutamiento de menores es crimen de guerra, y la obligación del Estado receptor era identificarlos y protegerlos. En el segundo, la justicia transicional queda fracturada. Los menores no registrados no fueron víctimas reconocidas del proceso. No accedieron a las medidas de reparación integral de Justicia y Paz. Sus reclutadores no respondieron judicialmente por ellos porque los expedientes no los mencionan. La cifra oficial de desmovilizados no tiene, en la práctica, columna para niños. Y la ausencia de esa columna no fue un descuido estadístico: fue una decisión operativa que blindó a los comandantes frente a un delito imprescriptible.

La coreografía de la ceremonia

Los actos oficiales tenían una estética coherente y una mecánica minuciosa. Antes de la ceremonia había una etapa de concentración que en el Bloque Norte —bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40— duraba aproximadamente una semana en los puntos de La Mesa y Chimila, precedida por preconcentraciones en lugares intermedios donde se reunía a las contraguerrillas dispersas. Otro relato del mismo bloque habla de hasta un mes de acopio previo para reunir escuadras venidas de distintos frentes. En el Magdalena Medio, las estructuras siguieron rutas terrestres hacia la zona de concentración, la mayoría en camiones y con acompañamiento de la fuerza pública; los integrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá partieron desde su campamento principal en el corregimiento de La Paz, en Guaduas (Cundinamarca). En el Bloque Pacífico, el Frente Héroes del Chocó tuvo aproximadamente dos semanas de concentración en Kurungano antes de su ceremonia.

Luego venía el día. Una cancha grande, helicópteros bajando con funcionarios y observadores, mesas donde firmar, cámaras registrando rostros, tinta para las huellas, filas donde cada hombre depositaba su fusil. Al final —o durante— se pagaban 300.000 pesos por cabeza. La liturgia era la misma en La Ceja, en Ralito, en Chimila, en Casibare: un funcionario tomaba datos y registraba a un hombre como excombatiente sin capacidad real de saber si aquel hombre había disparado alguna vez un fusil o si lo había recibido tres días antes en un galpón. La ceremonia no verificaba nada. Consagraba lo que se le presentaba.

Ralito por dentro

La zona de ubicación de Santa Fe de Ralito era el escenario que mejor mostraba la asimetría del proceso. En sus 183 kilómetros cuadrados, sin ningún control estatal efectivo, mandaban los propios comandantes. Cuando la zona fue clausurada y los jefes trasladados, las autoridades encontraron fosas comunes en el lugar. Bajo el epicentro simbólico de la negociación —el suelo donde se firmaba la paz— había cadáveres. Ese hallazgo, más que cualquier otro dato, define lo que Ralito fue: no una mesa protegida por el Estado, sino un territorio donde los comandantes ejercieron sin interrupción su soberanía armada, entierros incluidos.

La sociabilidad de la zona confirmaba la misma extraterritorialidad. Semana denunció que los jefes de las AUC ingresaban cajas de whisky y organizaban bacanales con modelos, actrices y prostitutas traídas de Medellín, Barranquilla y Bogotá, con conjuntos vallenatos, cuentachistes y pianistas. La opinión pública sabía poco de lo que ocurría realmente dentro del enclave, lo que derivó en una crisis de credibilidad para el gobierno. Y desde el centro recreacional de La Ceja —el nuevo sitio de reclusión de los comandantes tras Ralito— varios exjefes continuaron manejando sus estructuras de narcotráfico y se disputaron su control. Un narcotraficante como Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo, ingresó al proceso como si hubiera sido comandante paramilitar; la Fiscalía establecería más tarde que no lo era propiamente. La frontera entre autodefensa y capo, que las AUC nunca respetaron internamente, tampoco fue custodiada por el Estado en la negociación.

La violencia que nunca cesó

El compromiso decretado por las AUC en diciembre de 2002 y ratificado en Ralito el 15 de julio de 2003 era un cese de hostilidades sujeto a verificación. No se cumplió. Según registros de la Comisión Colombiana de Juristas hasta mediados de 2009, al menos 4.820 personas fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente por los paramilitares desde el 1 de diciembre de 2002. En octubre de 2006, el propio Alto Comisionado admitió que su oficina tenía registrados 549 asesinatos cometidos por los paramilitares durante el proceso. Un año y medio antes, en febrero de 2005, Restrepo había pronunciado la frase que quedaría como emblema del período: "el cese al fuego es una metáfora que tiene que manejarse con mucha flexibilidad".

La flexibilidad se pagó en cadáveres. Entre 2003 y 2005, el Bloque Héroes de Granada —creado por Don Berna para relevar al Cacique Nutibara— ejecutó asesinatos selectivos y masacres. En el Caribe, hacia finales de 2004, aparecen hechos vinculados a la estructura de Jorge 40. La CIDH recibió denuncias de violaciones cometidas en zonas de influencia de bloques cuyos líderes participaban en la negociación en Ralito. La tasa de homicidios en zonas paramilitares mostró comportamientos dispares: en algunas descendió, en otras no. El Bloque Bananero, por ejemplo, registró un aumento del 56% en homicidios por cada 10.000 habitantes entre 2004 y 2005, pasando de 5,21 a 8,11. La desaparición forzada experimentó un descenso relativo en el periodo, aunque los grupos aún activos mantuvieron la práctica; los propios paramilitares implementaron una "economía de la violencia" —una racionalización, no una renuncia— para garantizar la legitimidad del proceso ante la mirada pública.

El gobierno no logró hacer efectiva la verificación. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, encabezada en Colombia por Sergio Caramagna, careció de mandato y capacidad para constatar en terreno lo que ocurría en decenas de municipios. Organizaciones de víctimas y organismos internacionales denunciaron la permisividad del Ejecutivo; el Ejecutivo respondió con la metáfora del comisionado y con la insistencia en las cifras de desmovilizados como prueba de éxito.

Del acuerdo al reciclaje

La consigna que el "Estado Mayor Negociador" había puesto por escrito antes de la mesa —conservar capital económico y simbólico— se cumplió con precisión. Ni las economías ilegales ni los órdenes locales construidos por los paramilitares durante veinte años fueron desmontados por el proceso. Como advirtió la investigadora Jasmin Hristov, las medidas legales y políticas empleadas para regular la desmovilización y sus consecuencias fueron altamente conducentes a la impunidad. Sobre esa impunidad, las estructuras se reconfiguraron.

Los grupos emergentes fueron de tres tipos: reductos de unidades no desmovilizadas, grupos fundados por desmovilizados rearmados y grupos plenamente nuevos que ocuparon los vacíos dejados. Las Águilas Negras aparecieron pronto en el nombre público. En el Magdalena Medio, Alberto Giraldo Gómez, alias Don Alonso, exdesmovilizado de las AUC, se rearmó y heredó estructuras; a su muerte, los grupos que comandaba fueron cooptados por Los Botalones. En Barrancabermeja, durante 2006 y parte de 2007, según el Departamento de Policía Magdalena Medio, fueron asesinados ocho desmovilizados y otros 23 capturados; organizaciones sociales estimaban en unos 15 los desmovilizados asesinados desde la ceremonia. Los que se resistían a reincidir eran presionados con amenazas de muerte por quienes buscaban reconfigurar las antiguas estructuras.

El propio programa de reintegración, cuyos albergues del DDR fueron calificados como un rotundo fracaso por fuentes internas del proceso, dejó a miles de excombatientes en condiciones de vulnerabilidad que facilitaron su recaptura. El circuito se cerraba sobre sí mismo: se los uniformaba para la ceremonia, se los desmovilizaba en el acto, se los abandonaba al día siguiente, se los volvía a reclutar a la semana.

Restrepo, prófugo

El arquitecto administrativo del proceso fue Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz entre 2002 y 2009. Bajo su firma se protocolizaron el Acuerdo de Ralito, las 38 ceremonias de desmovilización colectiva, las actas de entrega, los conteos oficiales de armas y las listas que la Fiscalía usaría después para procesos de Justicia y Paz. Fue él quien, en febrero de 2005, definió el cese al fuego como metáfora flexible, y quien celebró en su momento las cifras que hoy los propios comandantes califican de infladas.

Años más tarde, la justicia colombiana abrió proceso penal por presunta falsedad y concierto en la desmovilización de un frente que habría sido fabricado —el llamado "frente Cacica La Gaitana", investigado como estructura ficticia armada para simular una desmovilización guerrillera—. Antes de ser capturado, Restrepo salió del país. Su prófuga judicial le puso rostro al proceso: el funcionario que había firmado la desmovilización más celebrada de la historia reciente terminó siendo el testimonio viviente de que en aquellas ceremonias no todo era lo que parecía.

Lo que queda

La desmovilización colectiva de las AUC entre 2003 y 2006 fue un éxito enunciativo: 31.671 combatientes, 18.051 armas, 38 ceremonias, un marco jurídico de justicia transicional, una zona de ubicación mediatizada, una Misión internacional de acompañamiento. Debajo de esa contabilidad operó un blanqueo con complicidades funcionales. Los comandantes llegaron a la mesa declarando por escrito que buscaban conservar su capital. El gobierno necesitaba cifras para sostener la Seguridad Democrática. Ambos lados querían lo mismo. Los comandantes tenían razones para inflar sus tropas, ocultar sus menores, retener sus armas y mantener paralelamente sus estructuras. El gobierno tenía razones para no auditar esas cifras, tolerar el incumplimiento del cese al fuego con una metáfora y celebrar cada ceremonia como un hito.

No hizo falta un plan maestro. Bastó con que ambos lados de la mesa prefirieran el mismo error. Y ese error tuvo víctimas concretas: los menores que nunca fueron registrados y por tanto nunca reparados; las comunidades que vieron a los mismos hombres, con otros nombres, volver a controlarlas al año siguiente bajo la bandera de las Águilas Negras o Los Botalones; los procesos de Justicia y Paz que trabajaron sobre listas contaminadas y confesiones parciales; los desmovilizados verdaderos abandonados por un programa fracasado y presionados a rearmarse; las 4.820 personas asesinadas o desaparecidas por paramilitares durante el propio proceso.

El período no admite ya la lectura del proceso de paz imperfecto con problemas de implementación. Fue una operación híbrida donde el Estado colombiano —por conveniencia política, por debilidad institucional o por complicidad activa según el caso— administró el tránsito de las AUC hacia formas nuevas de violencia, en lugar de desmontarlas. La cifra 31.671, repetida en documentos oficiales durante veinte años, es la síntesis de esa administración. La fuga de Luis Carlos Restrepo, que interrumpió las preguntas que la justicia empezaba a hacerle, señala dónde estaban las respuestas.