Barrancabermeja

Latora, o el nombre debajo del nombre

Antes de Barrancabermeja hubo Latora, un poblado ribereño de los pueblos indígenas del Magdalena Medio al que llegó, en 1536, la hueste de Gonzalo Jiménez de Quesada en su marcha hacia el altiplano. Desde ese contacto inicial se abrió un ciclo de guerra prolongado con los Yariguíes, Carares y Opones, los grupos que habitaban la región del Carare y el Magdalena Medio. Las crónicas coloniales de los siglos XVI y XVII los describieron con un fenotipo robusto, una actitud guerrera y costumbres que los cronistas llamaban macabras, resaltando su capacidad para sobrevivir en un medio selvático hostil y su forma dispersa de ocupar el territorio. Los clasificaron bajo la categoría colonial de "caribes" del río Magdalena, aplicada casi como sinónimo de resistencia indomable a pueblos tan diversos como panches, muzos o pijaos.

Esa imagen del gran guerrero fue en parte una construcción de los propios cronistas, empeñados en justificar la brutalidad de la sujeción con la fiereza del sujetado. Detrás de la etiqueta hubo, como recordó Alejo Vargas, algo más sencillo y más grave: la defensa de territorios y sementeras agredidos por el colonizador. Los Yariguíes, Carares y Opones no eran ejércitos míticos sino sociedades que peleaban por su tierra, y esa pelea se prolongó, con distinta forma, durante siglos.

El desenlace fue lento y catastrófico. En la segunda mitad del siglo XIX, la fiebre de la quina —la cascarilla que se cotizaba en los mercados europeos como febrífuga— llevó a la región a quineros y cazadores que aceleraron el despoblamiento indígena. Rodríguez Plata, citado por Jacques April-Gniset, dejó una serie de cifras que resumen una extinción: de unos 15.000 indígenas en 1860, la población cayó a 10.000 en 1880, a 5.000 en 1900, a 1.000 en 1910, a 500 en 1920 y, hacia 1925, apenas dos docenas. En 1924, El Tiempo reseñó una masacre de indígenas en el Opón perpetrada por una compañía de colonización: no un episodio aislado, sino la punta visible de un exterminio que se prolongó al ritmo de la avanzada colonizadora.

De los Yariguíes no queda hoy sino el nombre. El aeropuerto de la ciudad lo lleva. La serranía que separa el valle del Magdalena Medio del altiplano santandereano se llama, todavía, de los Yariguíes —o, en un giro colonial más antiguo, de los Cobardes—. Barrancabermeja se levantó sobre una toponimia sin dueños. Hacia 1920-1930, cuando el Magdalena Medio santandereano contaba con unos 100.000 habitantes, el vacío dejado por la extinción indígena ya había sido ocupado por colonos, y por primera vez aparecieron los mapas de la región. Los indígenas desaparecían y el territorio se volvía legible: esa simultaneidad no es casual.

La concesión, la subsidiaria y el enclave

El 28 de noviembre de 1905, el ministro de Obras Públicas Modesto Garcés, en el gobierno de Rafael Reyes, otorgó a Roberto de Mares una concesión para explotar petróleo durante treinta años en la región de Infantas, en la confluencia de los ríos Colorado y Oponcito, provincia de Zapatoca, muy cerca de Barrancabermeja. El contrato se formalizó el 7 de marzo de 1906. Por esos mismos años se otorgó la concesión Barco, en el Catatumbo: la primera gran arquitectura jurídica del petróleo colombiano quedaba trazada.

Roberto de Mares inició simbólicamente la explotación en junio de 1916 y, casi enseguida, gestionó el traspaso de su concesión a la Tropical Oil Company, subsidiaria de la Standard Oil. El presidente José Vicente Concha aceptó ese traspaso en un momento delicado de la política exterior: mientras negociaba concesiones petrolíferas con la casa Pearson de Inglaterra —porque las empresas norteamericanas debían esperar a que se resolviera el diferendo diplomático abierto por la separación de Panamá—, entregaba a una compañía estadounidense el yacimiento más prometedor del país. Theodore Roosevelt había advertido con claridad que los puertos colombianos podían ser empleados por un enemigo naval y que Estados Unidos tenía el deber de prohibir alianzas de Colombia con potencias europeas o asiáticas. La aceptación del traspaso ocurrió en el contexto de las gestiones para lograr la ratificación del Tratado Urrutia-Thompson sobre el canal.

Barrancabermeja se convirtió así en un enclave. La Tropical Oil operaba con reglas propias, salarios propios y jerarquías propias en un territorio geográficamente aislado. Hacia Bucaramanga, la comunicación tomaba mínimo seis horas por carretera destapada, a través de San Vicente de Chucurí, con derrumbes frecuentes y zonas pantanosas; hacia Puerto Berrío y Medellín solo existía la vía férrea, sin carretera directa. La ciudad quedaba encerrada entre el río, el pantano y la selva, y su vida material dependía de una compañía extranjera. Desde 1917, esa compañía comenzó a generar conflictos con los colonos, iniciando exploraciones y ordenando desalojos de pequeños posesionarios en abierta tensión con la política de adjudicación de baldíos.

El municipio se erigió como tal en 1922, pero su nacimiento moderno no ocurrió por decreto administrativo sino por decisión corporativa. El campo petrolero de La Cira-Infantas y el enclave urbano de El Centro, alrededor de las instalaciones de la Troco, definieron la geografía real de la ciudad: dos mundos separados por cercas, jerarquías y sueldos.

1922-1927: la huelga como fundación

Hay pocas ciudades en Colombia donde el sindicalismo sea, literalmente, contemporáneo de la fundación municipal. Barrancabermeja es una de ellas. En abril de 1922, cuando el municipio apenas se organizaba, los trabajadores de los campos de la Tropical Oil ya elevaban quejas sobre sus condiciones de trabajo: la escasez de hospitales en una región extremadamente insalubre, los pagos en vales redimibles solo en almacenes de la compañía, la exposición a fiebres tropicales. En ese mismo mes, Benedicto Uribe viajó a Barrancabermeja a difundir propaganda socialista entre los trabajadores petroleros. La ciudad recibió la doctrina y el sindicato casi al mismo tiempo que el municipio.

La aritmética de la desigualdad era brutal. Los trabajadores colombianos en los campos ganaban 1,50 pesos al día, sin alojamiento ni comida. Los trabajadores extranjeros, en los mismos puestos, ganaban 3,50 pesos más alimentación y vivienda. Y no se trataba solo de una diferencia salarial: en 1923, el 40,81% de los trabajadores empleados en los campos petroleros se enfermó, y el 1,51% murió. Los salarios no aumentaron entre 1922 y 1924 mientras los precios subían.

Ese mismo 1922 nació la Unión Sindical Obrera, la USO, con la colaboración de Raúl Eduardo Mahecha —activista socialista, periodista de combate y organizador infatigable—, convirtiéndose en el eje del sindicalismo petrolero colombiano.

La primera huelga estalló el 8 de octubre de 1924. Más de cincuenta obreros de la Tropical Oil se declararon en cese; dos días después el paro era total. Mahecha organizó el movimiento con la disciplina que había traído de otras luchas —era ya un cuadro nacional—, mientras la compañía se negaba a negociar con los delegados de la Sociedad Obrera. Los pliegos exigían el pago de salarios atrasados, mejoras en la vivienda, servicios médicos y la abolición de los pagos en vales; en varios de sus puntos, los trabajadores pedían apenas el cumplimiento de la legislación laboral vigente, no privilegios revolucionarios.

En enero de 1927 estalló la segunda huelga, declarada el día 5. Mahecha había trabajado con los obreros de Barrancabermeja entre 1923 y 1927 y fue, en ambas movilizaciones, protagonista central, aunque su liderazgo no estuvo exento de disputas internas —notablemente con Ignacio Torres Giraldo, uno de los principales agitadores del movimiento obrero de los años veinte, cuyo protagonismo se ubicó sobre todo en los trabajadores del Ferrocarril del Pacífico y junto a María Cano—. Mahecha editaba Vanguardia Obrera, periódico que utilizaba como herramienta de organización sindical y que, cuando pasó a la zona bananera del Magdalena, volvió a publicar; la trashumancia del periódico traza la trashumancia del organizador.

De aquellas huelgas quedaron dos cosas: una tradición y una sospecha. La tradición es la de un sindicato —la USO— que se instaló como institución perenne de la ciudad, con capacidad de negociación, de paro y de discusión política sobre el petróleo. La sospecha es la del enclave: la de que en Barrancabermeja el trabajador siempre estará frente a un patrón demasiado grande, demasiado extranjero o demasiado estatal, y que solo la organización colectiva puede sostenerlo.

Un puerto en el centro del país

Para entender qué hizo de Barrancabermeja algo distinto hay que salir del casco urbano y mirar el mapa. El Magdalena Medio es una región geográfica encajada entre las cordilleras Oriental y Central, en el centro del país, con el río Magdalena como eje en un tramo de aproximadamente 386 kilómetros. La región cruza siete departamentos —Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Magdalena y Santander— y sus ejes económicos, políticos y sociales se concentran en cuatro ciudades: Puerto Berrío en Antioquia, La Dorada en Caldas, Puerto Boyacá en Boyacá y Barrancabermeja en Santander.

De las cuatro, Barrancabermeja es la mayor, la única con refinería y la única con puerto petrolero. La infraestructura vial estratégica de la región tenía tres frentes, entre el proyecto y la obra: la Troncal del Magdalena Medio, para conectar el sur y el norte del país; la Troncal de la Paz, para articular el nororiente antioqueño con el sur de Bolívar; y la recuperación de la navegabilidad del río hacia el mar Caribe. Pero durante décadas —y hasta comienzos de los años sesenta— la ciudad vivió en un aislamiento tenaz: seis horas mínimas por carretera destapada a Bucaramanga, con derrumbes frecuentes, y sin carretera directa a Medellín.

La refinería domina el paisaje urbano y es visible desde el río y desde los puentes; es el centro gravitacional de la ciudad. Alrededor de ella se organizaron los barrios obreros, los comercios, los sindicatos, las iglesias, las juntas comunales. Y también, en su turno, las guerrillas y los paramilitares, que la miraron siempre como el gran nudo estratégico del Magdalena Medio: quien controla Barrancabermeja controla el corazón petrolero del país y una de las llaves del río.

Ese peso estratégico explica por qué la ciudad se volvió, para los grupos armados, un premio permanente. El Magdalena Medio era, en sus términos, un lugar ideal: entre Barrancabermeja y Bucaramanga, las dos ciudades principales de Santander, con zonas vírgenes, cordilleras y escondrijos naturales, con economía extractiva capaz de sostener finanzas mediante extorsión, con oleoductos vulnerables al sabotaje.

De la Ley 20 a Ecopetrol

Entre la concesión y la ciudad de hoy hubo un cambio en la estructura del petróleo colombiano que reconfiguró la relación de Barrancabermeja con la Nación. La concesión De Mares tenía un plazo de treinta años desde 1906; su reversión al Estado, cumplido el plazo, hizo posible el nacimiento de Ecopetrol como empresa nacional y trasladó a la ciudad una condición nueva: ya no era solo el puerto de una compañía extranjera, sino la sede material de una empresa pública. La refinería no cambió de lugar; cambió de dueño.

Décadas más tarde, la Ley 20 de 1969 abolió la propiedad privada del subsuelo como sistema de contratación petrolera y creó las condiciones para que el Estado, a través de Ecopetrol, recibiera zonas para exploración y explotación directa o bajo el nuevo sistema de contratos de asociación. La refinería siguió siendo el gran empleador, el gran contaminante y el gran objetivo, pero ahora bajo bandera nacional; los campamentos siguieron divididos entre técnicos y operarios, entre cargos de confianza y jornaleros. La USO siguió siendo el gran sindicato, y su relación con Ecopetrol se volvió tan pactada como tensa: las mesas de negociación heredaron el pulso de las huelgas de 1924 y 1927, ahora con un patrón que hablaba castellano y firmaba a nombre de la Nación. Barrancabermeja aprendió a negociar con el Estado sin dejar de desconfiar de él, y ese aprendizaje —negociar y desconfiar a la vez— se volvió parte del oficio de la ciudad.

La guerrilla se urbaniza

El Ejército de Liberación Nacional, ELN, surgió en 1965 con raíces en San Vicente de Chucurí y Simacota, en el propio Magdalena Medio santandereano. Lo fundaron campesinos y líderes estudiantiles inspirados en la Revolución Cubana; su grupo fundador se estableció en una zona con antecedentes de movilización armada y con redes guerrilleras liberales previas, en un territorio de condiciones geográficas consideradas estratégicas por sus propios cuadros. El ELN nació, por origen, mucho más cerca de Barrancabermeja que las FARC, y la ciudad fue, desde muy temprano, parte de su horizonte político.

La urbanización del ELN en el puerto petrolero se dio en tres oleadas. Entre 1983 y 1986, en el auge del ELN gracias a las extorsiones a compañías petroleras en Arauca —el negocio del oleoducto Caño Limón-Coveñas hizo al ELN rico y ambicioso—, nació la Regional Cristóbal Uribe, con presencia en Barrancabermeja y Bucaramanga. Entre 1989 y 1991 surgió, en los alrededores de la ciudad, el Frente Manuel Gustavo Chacón, nombrado en homenaje al dirigente sindical de la USO asesinado en 1988. Y entre 1992 y 1995 se formó el Frente Urbano Resistencia Yariguíes, FURY, en Barrancabermeja y Sabana de Torres: con él, el ELN inauguró en la ciudad una actividad armada urbana organizada bajo estructura específica, apelando —no sin ironía histórica— al nombre de los indígenas exterminados.

Las tres estructuras quedaron articuladas al Frente de Guerra Oriental, cuyo eje financiero fue siempre la economía petrolera y el secuestro de ganaderos. Durante los años noventa la ciudad se dividió en zonas de influencia entre el FURY, el Frente Capitán Parmenio del propio ELN, el Bloque Magdalena Medio de las FARC y reductos del Frente Ramón Gilberto Barbosa del EPL. Los barrios nororientales y surorientales, los más pobres, quedaron bajo dominio de milicias urbanas guerrilleras que operaban con lógica de gobierno paralelo: cobraban vacunas, arbitraban pleitos, imponían toques de queda, ajusticiaban.

Ese dominio se fue erosionando. Hacia mediados de los noventa, las guerrillas habían perdido buena parte de la simpatía popular que alguna vez tuvieron: el reclutamiento forzado, las amenazas, los robos, las disputas entre grupos, las confrontaciones abiertas con la fuerza pública, las extorsiones y una percepción difusa de "falta de desarrollo" desgastaron su base. Cuando llegó el adversario, muchos barrios ya no estaban dispuestos a defenderlas.

El 16 de mayo, el 25 de mayo

El paramilitarismo en Barrancabermeja no fue una improvisación. Sus raíces regionales se remontan a los años ochenta, cuando en el Magdalena Medio surgieron varios grupos armados que constituyeron la base del paramilitarismo colombiano: el MAS —Muerte a Secuestradores—, Los Tiznados y las Autodefensas de Puerto Boyacá, que luego se reconfigurarían como las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, ACMM. Puerto Boyacá se autoproclamó "capital antisubversiva de Colombia" y desde allí se coordinó, entre otras cosas, el genocidio de la Unión Patriótica, que en Puerto Nare, Yondó y Barrancabermeja dejó 44 víctimas entre asesinatos y desapariciones de militantes de la UP entre 1984 y 1991, en municipios donde el partido tenía presencia en el movimiento sindical. En Puerto Boyacá, Cimitarra y Puerto Berrío las víctimas en el mismo período fueron once —cifra menor no porque hubiera menos violencia sino porque la izquierda ya había sido exterminada o desterrada antes—.

La presencia paramilitar en Barrancabermeja pasó, con los años, de operaciones encubiertas realizadas en los ochenta y comienzos de los noventa —a menudo con participación de miembros del Ejército y la Armada— a una presencia abierta a partir de 1998. La fecha bisagra tiene día: el 25 de mayo de 1998. Un comando paramilitar, adscrito a las AUC, incursionó en varios barrios de las comunas nororiental y suroriental, asesinó a siete pobladores y se llevó con vida a otros 25, que fueron desaparecidos. La masacre tuvo el efecto simbólico —y militar— de anunciar que la ciudad se disputaría casa por casa. Entre 1998 y 2002, Barrancabermeja se convirtió en una de las ciudades más violentas de Colombia.

Los paramilitares avanzaron sobre los barrios que habían estado bajo dominio de las milicias urbanas del ELN y las FARC. La urbanización del conflicto —hasta entonces reservada, en la geografía colombiana, a las zonas rurales— tuvo aquí una expresión ejemplar: los combates ya no eran entre veredas sino entre cuadras. Las AUC desafiaron al ELN y a las FARC dentro de sus bastiones tradicionales, expandieron su membresía y consolidaron, en pocos años, un control sobre buena parte del casco urbano. La violencia dejó una huella demográfica y otra política. Entre 1995 y 2004, en el conjunto del país, se registraron 13.853 personas víctimas de masacres; los grupos paramilitares fueron los primeros responsables, en muchos casos en complicidad con agentes del Estado.

Lo que las víctimas de Barrancabermeja empezaron a describir, ya en los años del control paramilitar, es un modelo que iba más allá de la guerra. Ese modelo incluyó la regulación de la oferta y demanda de empleo, filtraciones al oleoducto, captación de rentas privadas y corrupción en Ecopetrol. Para muchas víctimas, el estancamiento económico posterior de la ciudad —hoy los municipios más pequeños de la región tienen, según sus habitantes, más actividad empresarial que Barrancabermeja— es resultado directo de ese accionar.

La otra Barrancabermeja: la sociedad civil

Sería falso pintar la ciudad como territorio pasivo entre patrones extranjeros, sindicalistas heroicos y actores armados. Barrancabermeja produjo, junto a todo lo anterior, una sociedad civil densa y peculiar, con instituciones propias que han sostenido durante décadas un trabajo cívico, humanitario y de derechos humanos.

La Diócesis de Barrancabermeja, fuertemente influenciada por la Teología de la Liberación, jugó en ese proceso un papel decisivo. Al amparo de esa Iglesia comprometida nació, hacia 1972, la Organización Femenina Popular, la OFP. Los barrios nororientales de la ciudad enfrentaban entonces una seria problemática de prostitución, y la OFP surgió como respuesta comunitaria a ese contexto, articulando trabajo pastoral, organización popular y defensa de derechos de las mujeres. Es uno de los pocos grupos sociales surgidos en los setenta que aún se mantiene con trabajo consolidado; su continuidad, en una ciudad donde tantas organizaciones fueron aniquiladas o desplazadas, es en sí misma un logro histórico.

A la USO —fundada en 1922, con Mahecha en el origen— y a la OFP se sumaron con el tiempo otras instituciones. CREDHOS, la Corporación Regional de Derechos Humanos, se convirtió en referencia nacional para la defensa de derechos humanos en el Magdalena Medio, con un trabajo de documentación, denuncia y acompañamiento a víctimas que se sostuvo aun bajo las peores amenazas. Alrededor de estas organizaciones se articularon, en distintos momentos, curas, abogados, líderes barriales, periodistas y sindicalistas que hicieron de Barrancabermeja una de las ciudades colombianas con mayor densidad de organización civil por habitante.

La contrapartida de esa densidad fue el precio. Los líderes sindicales, comunitarios, religiosos y de derechos humanos de la ciudad han sido, a lo largo de décadas, blanco sistemático de asesinatos, amenazas y desplazamientos. La memoria local guarda con precisión el nombre de esos muertos —desde Manuel Gustavo Chacón hasta tantos otros—, y ese registro es, en sí mismo, una forma de resistencia. En Barrancabermeja, organizarse siempre costó vidas; sin embargo, se organizó siempre.

Los nombres que la constituyen

Ninguna ciudad se explica sin sus figuras, y en Barrancabermeja los nombres se ordenan en tres capas. La primera es la de la matriz petrolera. Roberto de Mares, el concesionario original, cuyo apellido nombra el contrato que abrió el ciclo del crudo; detrás de él, la sombra colonial más antigua de Diego de Ordás, entre los primeros europeos que remontaron el Magdalena.

La segunda es la del sindicalismo fundacional, y su centro es uno solo: Raúl Eduardo Mahecha, el organizador socialista que le dio a la ciudad su primer sindicato, sus dos primeras huelgas y, a través de Vanguardia Obrera, su primera prensa obrera. En el mismo pulso nacional, aliado y rival, Ignacio Torres Giraldo.

La tercera es la del conflicto reciente, y ahí conviene distinguir escalas. En la primera línea, Eduardo Umaña Mendoza, abogado defensor de derechos humanos asesinado en 1998, ligado profesionalmente a causas del Magdalena Medio, y Monseñor Jaime Prieto Amaya, obispo que sostuvo desde la Diócesis el trabajo pastoral y humanitario en años de fuego cruzado. En una segunda escala, más ceñida al territorio, defensoras como Yamile Salinas, que trabajaron los expedientes de tierras y desplazamiento forzado, y líderes populares como Francisco Campo Torres.

Y luego están los lugares, que son también nombres. El Centro, el campo petrolero histórico donde la Tropical Oil montó su enclave, es la geografía original del capital extranjero en la ciudad. Puerto Wilches, aguas abajo, la prolonga en la cadena logística del río, y Puerto Galán la extiende hasta el borde mismo de la refinería. La Ciénaga de San Silvestre, principal fuente hídrica del casco urbano y objeto recurrente de disputa ambiental, es el reverso ecológico del petróleo. La Comuna Nororiental fue el epicentro de la violencia urbana de los años 1998-2002, y la Serranía de los Yariguíes al oriente, cordillera que separa a Barrancabermeja del resto de Santander, sigue nombrando en su relieve a los indígenas exterminados. Leer la ciudad es recorrer, en ese orden, sus estratos.

Su huella

Lo que Barrancabermeja deja al país es menos una lección que una advertencia sobre simultaneidades. Aquí, y quizá solo aquí, el capital extractivo, la organización obrera, la guerra prolongada y la resistencia civil no se sucedieron: coexistieron. La misma refinería que hizo posible a Ecopetrol hizo posible a la USO; los mismos barrios que albergaron milicias del ELN fueron después el escenario donde las AUC ensayaron, antes que en ninguna otra ciudad grande de Colombia, un modelo urbano de guerra sucia articulado a la captura de rentas legales. Y en el mismo perímetro donde caían dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos, la OFP, CREDHOS y la Diócesis sostenían oficinas abiertas.

Ese hacinamiento de procesos anticipó cosas. La urbanización del conflicto que otras ciudades vivirían después —Medellín, Buenaventura, Tumaco— tuvo aquí su laboratorio. La convivencia asimétrica entre empresa pública y sindicato combativo se ensayó en estas mesas antes que en ninguna otra. La documentación temprana de la connivencia entre paramilitares, fuerza pública y economía formal salió, en buena parte, de los archivos de estas organizaciones.

Se llamó Latora y de sus habitantes originarios no queda sino el aeropuerto y la serranía. Se llamó Barrancabermeja por el color rojizo de los barrancos junto al río. Se convirtió en el puerto petrolero, la capital sindical, la ciudad en disputa. Quien quiera leer, en un solo mapa, la historia moderna de Colombia tiene que pasar por este recodo del Magdalena. La ciudad no lo pidió, pero ese lugar en la historia es suyo.