Francisco de Roux

La semblanza

De Roux pertenece a una generación de jesuitas latinoamericanos formados en el intervalo que va del Concilio Vaticano II a la Instrucción del apostolado social de 1949, cuando el Superior General Jean Baptiste Janssens convocó a la Compañía a intensificar su trabajo social frente a la miseria estructural del continente. De esa convocatoria nacieron los CIAS, centros de investigación social que se sembraron en varios países. En Colombia, el CIAS derivó en el CINEP, el Centro de Investigación y Educación Popular, matriz intelectual desde la que se pensaría durante décadas el conflicto armado, la memoria y la organización popular. De Roux es la figura pública mayor de esa tradición jesuita colombiana: no su fundador ni su teórico principal, sino el operador que llevó sus categorías a los umbrales del Estado.

Su nombre está asociado a tres empresas que rara vez confluyen en una sola persona: la vida sacerdotal y académica dentro de la Compañía, la presencia sostenida en el Magdalena Medio durante los años más duros del paramilitarismo, y la conducción de la comisión de verdad que en 2022 le devolvió al país un balance moral del conflicto armado: más de nueve millones de víctimas. La articulación de esos tres planos —eclesial, territorial e institucional— es lo que da densidad a su figura y lo que la distingue de otros sacerdotes comprometidos con los pobres. De Roux no eligió ni la ruta del cura guerrillero al estilo de Camilo Torres Restrepo, ni la del intelectual de escritorio, ni la del pastor local: eligió la mediación institucional, y sostuvo esa apuesta cuando era peligrosa y cuando dejó de serlo.

Los orígenes

Nació en Cali en 1943, en una Colombia todavía anterior al Bogotazo, cuando la Compañía de Jesús mantenía una presencia hegemónica en el sistema educativo del país pese a las expulsiones decimonónicas. La formación jesuita de mediados del siglo XX era exigente y transnacional: filosofía, teología, estudios sociales, estancias fuera del país. De Roux siguió esa vía. Su itinerario intelectual lo llevó a París, donde su formación económica se fundió con las lecturas que por esos años sacudían a la Iglesia latinoamericana: la opción preferencial por los pobres, la lectura estructural del pecado como explotación institucionalizada, la comunidad cristiana de base como célula pastoral y política. La teología de la liberación no fue para él una elección ideológica adulta sino el aire de su formación.

Ese aire era denso y peligroso. Camilo Torres Restrepo había sido separado del sacerdocio por el cardenal Luis Concha Córdoba y había muerto en combate en las filas del ELN bajo el mando de Fabio Vásquez, poco después de haberse incorporado a la guerrilla. Sus textos, que argumentaban que el amor al prójimo debía ser efectivo y que la caridad tradicional resultaba insuficiente, justificaban la revolución como medio legítimo para los cristianos comprometidos con los pobres. El grupo Golconda había cristalizado esas posiciones en una crítica frontal al imperialismo neocolonial, a la burguesía nacional y al maridaje entre Iglesia y Estado. En El Salvador, la línea que corría entre pastoral y política costaría, años después, la vida de Óscar Arnulfo Romero. La generación de De Roux tuvo que decidir, muy joven, dónde se plantaba dentro de ese espectro que iba del altar al fusil.

De Roux se plantó en la mediación. No abandonó el sacerdocio ni tomó las armas; tampoco se replegó a la ortodoxia romana. Adoptó la opción preferencial por los pobres como matriz interpretativa —el pecado leído como estructura social injusta, la liberación como categoría teológica— pero la canalizó por la vía del apostolado social organizado: la del CINEP y el CIAS, la de los sacerdotes que impulsaban Fanal y la Anuc, la de quienes veían en el trabajo asociativo campesino una forma de fe encarnada. Esa vía no era neutral: en 1976, la sede del CINEP en Bogotá fue allanada y los sacerdotes jesuitas Luis Alberto Restrepo y Jorge Arango fueron detenidos, acusados de pertenecer al ELN. El CINEP se había convertido, para el Estado, en sospechoso por definición.

El CINEP y la matriz jesuita

Para entender lo que De Roux haría en el Magdalena Medio en los años noventa hay que entender qué era el CINEP en las décadas previas. Nacido del CIAS colombiano —cuyo cambio de nombre a Centro de Investigación y Educación Popular formalizó una vocación explícita hacia la investigación social crítica y la educación de base—, el CINEP se convirtió en una de las instituciones más influyentes en la producción de conocimiento sobre el conflicto armado. Su banco de datos sobre violencia política, cuya divisa según el jesuita Javier Giraldo era "salvar la memoria, no la estadística", inauguró una manera colombiana de trabajar los derechos humanos: no como registro forense sino como archivo ético. Giraldo, formado en esa casa, fundaría después la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz.

El CINEP no estaba solo. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, fundado en 1973, había sido la primera organización no gubernamental de derechos humanos del país, surgida en un contexto de represión que golpeaba a sindicalistas y activistas populares. Mientras el CSPP se enfocaba en la solidaridad con los presos y otras organizaciones en los mecanismos internacionales, el CINEP se orientaba al cambio social. Esa diferenciación importa: la tradición desde la que emerge De Roux no concibió los derechos humanos como una técnica jurídica sino como una herramienta de oposición política a formas autoritarias del Estado. Los derechos humanos, en clave jesuita colombiana, no eran un lenguaje neutro; eran un instrumento de disputa.

El campo en el que De Roux operaría comenzó a formarse en los años ochenta, en plena guerra activa, a diferencia de otros países latinoamericanos donde la memoria histórica surgió tras el fin de dictaduras. Colombia hizo memoria mientras el conflicto seguía ocurriendo. La Ley 975 de 2005, la llamada Ley de Justicia y Paz, articuló y visibilizó luchas que venían de la década previa. Cuando De Roux llegó a la presidencia de la Comisión de la Verdad más de una década después, entraba a un campo que su propia tradición jesuita —con Giraldo, con el CINEP, con la Comisión Intercongregacional— había ayudado a construir.

El Magdalena Medio: laboratorio y cementerio

Hay una región en Colombia que concentra, como pocas, la genealogía del conflicto armado: el Magdalena Medio. Frontera de colonización interna, corredor petrolero, geografía de baja densidad estatal y alta densidad de violencia, allí nacieron tanto el ELN como las Autodefensas Unidas de Colombia. Allí surgieron, durante los años ochenta, MAS —Muerte a Secuestradores—, Los Tiznados y las Autodefensas de Puerto Boyacá, que luego se reconformarían como Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Allí, también, había una tradición larga de movilización social: sindicatos petroleros con huelgas históricas, luchas campesinas por la tierra, movilizaciones cívicas por servicios públicos. La región era un laboratorio de todo lo que Colombia era: fuerza y desamparo, organización y aniquilación.

El Estado había estado presente allí de una única manera: física y represivamente militar, incapaz de balance territorial, incapaz de cohesión social. Ese vacío institucional fue ocupado por insurgencia y contrainsurgencia. La tasa de homicidio político del Magdalena Medio se disparó por encima del promedio nacional. Fue en ese escenario donde De Roux desembarcó en los años noventa para dirigir el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el PDPMM, primer Programa de Desarrollo y Paz del país.

El PDPMM fue una apuesta improbable: pensar que la sociedad civil podía, desde el territorio y con acompañamiento eclesial e institucional, atender las causas estructurales del conflicto social, político y armado y avanzar hacia un desarrollo centrado en la dignidad humana. Los Programas de Desarrollo y Paz que le siguieron en otras regiones del país se pensarían todos desde ese molde. La idea era menos ingenua de lo que suena: no negaba la violencia, no fingía neutralidad; trabajaba con las comunidades para producir organización, economía campesina, participación política, tejido social. Era, en cierto modo, la teología de la liberación pasada por la ingeniería social: el trabajo asociativo, la promoción de la pequeña y mediana propiedad, los valores de solidaridad cristiana convertidos en programa.

El precio fue alto. Alma Rosa Jaramillo, que trabajaba con el PDPMM en Micoahumado, fue retenida por el ELN mientras cumplía labores para el programa y posteriormente asesinada por paramilitares; su cadáver fue el primero recuperado de los asesinatos selectivos que asolaron la zona. La violencia caía sobre los mediadores desde ambos lados. El sacerdote Tiberio de Jesús Fernández, torturado y asesinado el 17 de abril de 1990 en Trujillo, Valle, en el marco de una alianza entre el Ejército, la Policía, paramilitares y narcotraficantes, encarnaba el destino que amenazaba a cualquier cura comprometido con las comunidades pobres. Un sacerdote de la misma zona debió exiliarse en 1998. La lista de nombres borrados por la maquinaria de guerra atravesaba a la Iglesia colombiana comprometida.

El balance del PDPMM es ambivalente y De Roux lo sabe. El programa produjo organización comunitaria, dejó infraestructura social, entrenó una generación de líderes territoriales, articuló financiación internacional. Pero no desmontó el paramilitarismo. La desmovilización posterior no redujo considerablemente la violencia: el control paramilitar permaneció en varias áreas y emergió una nueva generación de grupos como las Águilas Negras. La ingeniería social jesuita pudo hacer mucho, pero no pudo lo que solo el Estado podía hacer, y el Estado no lo hizo. Esa lección —que el trabajo desde la sociedad civil no sustituye la responsabilidad estatal, que produce marcos y comunidades pero no garantiza resultados— quedó grabada en la biografía de De Roux y explica el temple con que abordaría, dos décadas después, la Comisión de la Verdad.

El intelectual público

Entre el PDPMM y la CEV, De Roux fue consolidándose como intelectual público. La palabra le importa: no como retórica sino como acto. Es uno de los autores del volumen colectivo Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opciones, publicado en 2016 por CLACSO en Buenos Aires bajo la edición de Eduardo A. Rueda Barrera, Sara Victoria Alvarado y Pablo Gentili, en formato digital. El libro reúne descriptores que trazan la extensión del debate colombiano de esos años —Proceso de Paz, Violencia, Guerra, Conflicto Armado, Guerrillas, Movimientos Revolucionarios, Narcotráfico, Paramilitares, Estado, Colombia— y sitúa a De Roux en el mismo espacio editorial que figuras como la filósofa Martha Nussbaum, Sara Victoria Alvarado, Francisco Cortés Rodas y el propio Gentili. No es una comunidad ideológica homogénea; es la constelación internacional que en 2016 pensaba, en clave académica y política, lo que la mesa de La Habana estaba pactando.

De Roux ha escrito y hablado en ese registro durante décadas: el sacerdote que puede sentarse con empresarios y con guerrilleros, con víctimas y con militares, con obispos y con presidentes, y sostener una posición ética sin ceder a ninguna clientela. Esa capacidad —que no es carisma sino disciplina— fue lo que lo convirtió en el candidato natural para presidir la comisión de verdad del posacuerdo. No había otro con esa combinación de credenciales: territorio, teología, formación económica, autoridad moral, distancia partidista.

La Comisión de la Verdad

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición trabajó durante casi cuatro años bajo la presidencia de De Roux. Su cuerpo de comisionados —Alejandro Castillejo Cuéllar, Saúl Franco Agudelo, Lucía González Duque, Carlos Martín Beristain, Alejandra Miller Restrepo, Leyner Palacios Asprilla, Marta Ruiz Naranjo, Patricia Tobón Yagarí, Alejandro Valencia Villa, y los fallecidos Alfredo Molano Bravo y María Ángela Salazar Murillo— reunió a intelectuales, líderes étnicos, periodistas, médicos y juristas de trayectorias diversas. La CEV no era una oficina del gobierno; era una institución del Sistema Integral para la Paz, con mandato acotado en el tiempo y con la misión, a la vez modesta y colosal, de esclarecer lo ocurrido.

El resultado fue el Informe Final titulado Hay futuro si hay verdad, publicado en Bogotá en 2022 en primera edición por la propia Comisión, con ISBN 978-958-53874-3-0 para la obra completa impresa y 978-628-7590-18-2 para la digital. La estructura es imponente: once tomos en veinticuatro volúmenes, con ilustraciones, diagramas, fotografías y mapas a color. La declaración inicial —Convocatoria a la paz grande— constituye el primer tomo, y los diez restantes componen el cuerpo del informe. Cuatro tomos se dedican a poblaciones que sufrieron el conflicto de manera diferenciada: pueblos étnicos, mujeres y personas LGBTIQ+, niñas, niños y adolescentes, y personas exiliadas. Un tomo territorial, Colombia adentro: relatos territoriales sobre el conflicto armado, recorre las regiones —el Eje Cafetero es uno de sus volúmenes— para narrar el conflicto desde cada geografía, incluyendo el Magdalena Medio, donde De Roux había pasado los años más intensos de su vida pastoral.

La cifra que ordena todo el informe es abrumadora: más de nueve millones de víctimas. No es un dato entre otros; es la constatación de que Colombia atravesó, durante más de medio siglo, una violencia de proporciones que sólo comparables catástrofes contemporáneas alcanzan. Ese balance moral, ordenado en volúmenes por poblaciones y territorios, es la aportación fundamental de la CEV: no una lista de culpables, sino una topografía del dolor.

El legado de la Comisión descansa en tres componentes concebidos para sobrevivirla: una entidad depositaria que recibe el archivo de derechos humanos, una plataforma transmedia y una exposición permanente en el Museo de Memoria de Colombia. Sus recomendaciones de no repetición se dirigen a la sociedad, al Estado, al Sistema Integral para la Paz, a la comunidad internacional y a un Comité de Seguimiento y Monitoreo específicamente creado para hacerlas exigibles. La CEV entendió que la verdad, sin arquitectura institucional que la sostenga, se disipa.

La ceremonia y su gesto

La entrega del Informe Final tuvo lugar en 2022 y en ella se cifra, con precisión ritual, la posición de De Roux en la Colombia contemporánea. En el escenario, De Roux se paró al frente, con los diez comisionados sentados detrás. Ese gesto —dar la cara, con los otros presentes pero no interpuestos— era, a la vez, homenaje a las víctimas y toma de responsabilidad. Su discurso interpeló al país sobre la responsabilidad colectiva frente a lo ocurrido: no como culpa difusa que absuelve a los perpetradores, sino como llamado a reconocer que el conflicto armado colombiano tuvo demasiadas complicidades, pasivas y activas, para que alguien pudiera declararse simplemente ajeno.

La ceremonia contó con la presencia del presidente electo Gustavo Petro y la vicepresidenta electa Francia Márquez. El presidente en ejercicio, Iván Duque, no asistió: se negó a hacerlo y en cambio emprendió una gira europea de veinte días. Ese detalle no es marginal. La CEV había nacido de los acuerdos firmados por Juan Manuel Santos con las FARC en 2016; el gobierno de Duque, heredero del uribismo que había hecho oposición cerrada al proceso de paz, no reconoció en la Comisión un interlocutor institucional. El Estado colombiano, al momento de recibir el informe que le hablaba de nueve millones de víctimas, no estuvo en la sala. El presidente electo, que aún no era gobierno, sí. La bisagra entre catolicismo social y política de verdad quedó, esa tarde, articulando un país partido en dos temporalidades: el Estado saliente que se ausentaba, el Estado entrante que apenas llegaba.

La red

Ninguna figura pública se sostiene sola, y menos una que ha operado durante cincuenta años en instituciones. La red de De Roux se organiza en círculos concéntricos. En el más íntimo, la Compañía de Jesús: el CINEP, la tradición del CIAS, los jesuitas fundadores de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, la memoria de sacerdotes asesinados como Tiberio de Jesús Fernández. En el segundo círculo, los aliados intelectuales y políticos del proceso de paz: Alfredo Molano, cronista del Magdalena Medio y comisionado de la CEV hasta su muerte; Marta Ruiz, periodista y comisionada; Alejandro Valencia Villa, jurista de derechos humanos; Saúl Franco, salubrista. En el tercero, los interlocutores estatales del proceso: Juan Manuel Santos como presidente que firmó los acuerdos, Sergio Jaramillo como su alto comisionado para la paz, y en la otra orilla, el uribismo encarnado en Álvaro Uribe Vélez y luego en Iván Duque, con quienes De Roux mantuvo un diálogo tenso o inexistente.

En el círculo internacional, la teología de la liberación conecta a De Roux con Gustavo Gutiérrez y con la memoria de Óscar Arnulfo Romero; la formación jesuita, con Pedro Arrupe, el general de la Compañía que radicalizó su apuesta social; el trabajo comparado en justicia transicional, con las experiencias de comisiones de verdad de Brasil y Ecuador, que enfrentaron dificultades metodológicas similares en el registro del exilio. Comisionados como Carlos Martín Beristain, veterano de procesos de memoria en el País Vasco y en Guatemala, tejieron esa dimensión internacional dentro de la propia CEV. Y en la orilla más difícil, la de los actores armados: los negociadores de las FARC en La Habana, la memoria del ELN a través de figuras históricas como Manuel Pérez Martínez —sacerdote español que se sumó a la guerrilla, contraparte trágica de la trayectoria del propio De Roux—, y los comandantes paramilitares cuyos testimonios la Comisión recogió.

Los lugares también forman parte de la red. Cali, donde nació. Bogotá, donde el CINEP fue allanado en 1976 y donde se entregó el Informe Final. París y Roma, escalas de la formación jesuita. El Salvador de Romero, referencia moral. Y el Magdalena Medio con sus municipios: Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, Yondó, Cantagallo, Micoahumado. La biografía de De Roux es también, y muy fuertemente, una biografía de esa geografía.

La huella

¿Qué queda? Queda el Informe Final, en once tomos, como archivo que ya no puede ser desconocido. Quedan las víctimas, más de nueve millones, contadas por una institución del Estado colombiano en un documento oficial que el propio Estado, a través de su presidente saliente, se negó a recibir. Queda el legado institucional de la CEV con sus tres pilares —archivo, plataforma transmedia, museo— y con el Comité de Seguimiento y Monitoreo que debería vigilar la implementación de las recomendaciones. Queda el PDPMM, replicado en otros territorios del país como modelo de intervención de la sociedad civil sobre las causas estructurales del conflicto. Queda una manera de hablar del país: la insistencia en la responsabilidad colectiva, en la verdad como categoría política, en la paz como algo más ancho que el desarme de una guerrilla.

Queda, también, la disputa. Buena parte del país no acepta las cifras de la CEV, no reconoce la legitimidad del proceso de paz del que la Comisión emanó, no comparte el marco moral desde el que De Roux habla. La derecha colombiana ha visto en él, con frecuencia, a un capellán del santismo o a un intelectual condescendiente con las FARC; sectores de la izquierda le han reprochado, en distintos momentos, tibieza institucional o exceso de eclesialidad. Que ambas críticas coexistan es probablemente el mejor indicador de la posición que ha ocupado: mediador incómodo para todos, útil precisamente por no ser ni una cosa ni la otra.

Queda, por último, una pregunta abierta sobre la eficacia de la tradición que encarna. La teología de la liberación colombiana produjo, a lo largo del siglo XX, mártires como Camilo Torres y como Tiberio Fernández, instituciones como el CINEP y como el PDPMM, y finalmente una comisión de verdad de peso continental. Pero no logró desarticular las estructuras que denunciaba. El paramilitarismo persistió tras su desmovilización. El Estado que la CEV convocó a reconocer nueve millones de víctimas no acudió a la cita. Las Águilas Negras y sus sucesores siguen operando en las regiones donde el PDPMM sembró tejido comunitario hace un cuarto de siglo. La ingeniería social jesuita, encarnada con particular nitidez en De Roux, ha producido marcos, archivos, comunidades, lenguajes: cosas que perduran. No ha producido, no podía producir sola, la transformación estructural que ella misma nombra como horizonte.

Esa distancia entre lo que se puede desde una tradición eclesial comprometida y lo que solo puede el poder político es la que la trayectoria de Francisco de Roux ilumina con más lucidez. No es una biografía de fracaso ni una biografía de triunfo. Es la biografía de una bisagra: alguien que articuló durante medio siglo lo que en Colombia rara vez se articula —fe y política, territorio y Estado, memoria y futuro—, sabiendo que articular no es garantizar, y que el sentido moral de una vida no se mide por los resultados que produce sino por la coherencia con que se sostiene la apuesta. En un país donde tantas coherencias se compraron o se rindieron, esa es una huella que pesa.