Paz territorial

La paz territorial es la idea, formulada por Sergio Jaramillo Caro en 2013 durante las negociaciones de La Habana, de que el fin del conflicto armado en Colombia no puede lograrse desde el centro ni reducirse al silencio de los fusiles: exige llevar el Estado —justicia, catastro, servicios, participación política real— a los lugares donde nunca llegó de manera integral, y hacerlo con las comunidades que allí resisten. Convertida en categoría de planeación pública, articuló el Acuerdo Final firmado en 2016 con las FARC-EP y ordenó su implementación en 170 municipios priorizados. A la vez fórmula técnica, apuesta epistémica y promesa política, la paz territorial invirtió sobre el papel la relación centro-periferia del Estado colombiano; su implementación, en cambio, expuso las fracturas históricas de esa relación sin ofrecer los instrumentos para cerrarlas. Entre 2016 y 2024, la brecha entre diseño y ejecución convirtió al concepto en el mejor revelador de lo que pretendía transformar.

Una idea con genealogía

Cuando Jaramillo, alto comisionado para la paz del gobierno de Juan Manuel Santos, empezó a hablar de "paz territorial" en foros públicos y ante la mesa de La Habana, no inventaba un término desde la mesa: recogía —y traducía al lenguaje del Estado— una tradición de décadas de experiencias comunitarias de paz en las regiones del conflicto. Esa genealogía explica tanto la fuerza inicial del concepto como sus límites operativos.

La primera fuente fue la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), constituida en el Magdalena Medio santandereano a mediados de los años ochenta. Frente a la expansión armada del paramilitarismo, la ATCC apostó por construir de manera autónoma formas de vida digna y desarrollo socioeconómico propio, al margen de los circuitos económicos impuestos por los actores armados. Fue una opción de paz territorial comunitaria en sentido literal: definida por la vecindad al río Carare, sostenida por asamblea, orientada a que la vida cotidiana no dependiera de la protección de nadie con fusil. Los paramilitares asesinaron a sus líderes precisamente para destruir esa capacidad de constituir órdenes sociales propios.

La segunda fuente fue el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), que dirigió inicialmente el jesuita Francisco de Roux, "Pacho". El PDPMM operó bajo una hipótesis explícita: Colombia es un país de regiones, y el conflicto se expresa predominantemente en los niveles local y regional. De ahí nació el Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, que la Unión Europea financió principalmente —aceptó los dos planteamientos centrales del programa: construcción de lo público y desarrollo sostenible— y que De Roux reforzó con apoyo negociado ante Japón para acentuar su carácter social. El laboratorio asumía que los actores armados eran actores indirectos, con capacidad de condicionar las actividades, y que los proyectos requerían algún grado de negociación, tolerancia o aceptación para funcionar en medio del fuego. Sus resultados en empoderamiento social, resistencia civil y desarrollo humano motivaron que en 2003 se abrieran negociaciones entre la Comisión Europea, el gobierno colombiano, el Banco Mundial y varios programas de desarrollo y paz para replicar la fórmula en otras regiones.

Cuando Jaramillo formuló la paz territorial en 2013, lo hizo entonces sobre una infraestructura conceptual ya construida: la convicción de que la paz se juega en las regiones, que exige participación comunitaria real, que la inversión social debe preceder o acompañar al desarme, y que los territorios no son simples divisiones administrativas sino tramas de vida con actores propios. Lo nuevo fue el intento de convertir esa tradición —tejida desde abajo, en riesgo, contra el Estado tanto como sin él— en política oficial financiada con recursos del propio Estado y validada en la mesa con la guerrilla más antigua del continente.

La raíz territorial del conflicto

Ninguna discusión sobre paz territorial es inteligible sin la estructura agraria que la vuelve necesaria. La concentración histórica de la tierra por parte de élites regionales creó una arquitectura excluyente que empujó al campesinado a colonizar territorios periféricos —Caquetá, piedemonte llanero, Sarare, Ariari, Magdalena Medio— sin presencia estatal ni infraestructura. En esas zonas de colonización, la economía quedó atada a la ganadería y al latifundio; estudios del Incora de los años sesenta permitían concluir, como resumió Alfredo Molano, que el problema de la concentración de la tierra estaba enredado con la dinámica colonizadora. El incumplimiento sistemático de las leyes de baldíos hizo el resto: en vez de distribuir la tierra pública de manera planificada, el Estado la vinculó a la ocupación previa, dejando a los campesinos expuestos a la colonización espontánea como vía de hecho. Ese despojo de larga duración —la promesa incumplida de adjudicación— fue el suelo en que se enraizaron las guerrillas.

El siglo XX colombiano acumuló los intentos frustrados de corregir esa estructura. La Ley 100 de 1936 de Alfonso López Pumarejo y el Pacto de Chicoral de los años setenta —que la desactivó— trazaron el patrón: apenas el Estado se acercaba al problema del acceso a la tierra, los sectores poderosos reaccionaban. El punto 1 del Acuerdo Final de 2016 provocaría reacciones equivalentes, en una continuidad reconocible como histórica.

Sobre esa base, el conflicto armado profundizó el despojo. De 7.098 sentencias de restitución de tierras proferidas con corte al 28 de febrero de 2021, algo más de la mitad atribuye la responsabilidad principal a grupos paramilitares, cerca de una quinta parte a las guerrillas y otra proporción similar a enfrentamientos entre actores. Los métodos fueron múltiples y refinados: la amenaza codificada en la fórmula de "comprarle al dueño o a la viuda", las compras forzadas a precio impuesto, la falsificación de poderes y firmas en escrituras, los desalojos policivos, la caducidad de títulos parcelarios, la re-adjudicación a terceros asociados con los actores armados. El despojo no fue solo material: implicó la enajenación de aspectos íntimos y simbólicos de comunidades cuya identidad estaba tejida con el territorio.

La estructura de propiedad heredada agravaba la ecuación. En el Valle del Cauca, para tomar un solo dato, apenas el 2,39% de los propietarios controlaba en 2005 cerca de la mitad de la tierra —el 45,78%—, mientras que el 88,26% de los propietarios más pequeños se repartía poco más de un quinto de la propiedad rural, el 22,19%. A esa concentración se sumaba un sistema catastral regresivo: entre más pequeño el predio, mayor el avalúo por hectárea, y por tanto mayor la carga impositiva relativa del pequeño propietario. El aparato fiscal replicaba, hacia dentro, la desigualdad que producía la tenencia.

Este es el país que la paz territorial se propuso transformar. No un país en guerra en el sentido convencional, sino un país cuya estructura agraria producía sistemáticamente las condiciones del conflicto.

La formulación: Jaramillo, La Habana y el diseño de una categoría

Entre 2012 y 2016, Jaramillo elaboró la paz territorial como categoría capaz de sostener tres funciones simultáneas: dar sentido político al Acuerdo, ordenar su arquitectura financiera y traducir en lenguaje de Estado la tradición comunitaria heredada. Frente a Humberto de la Calle en la cabeza de la delegación gubernamental, y frente a Iván Márquez y Rodrigo Londoño "Timochenko" al otro lado de la mesa, insistió en que el fin del conflicto no podía pensarse como un tratado entre dos ejércitos sino como una transformación de las regiones donde la guerra había echado raíces.

Operacionalizada, la fórmula se tradujo en cifras precisas. El plan de inversiones para la paz territorial destinaba el 86% de sus recursos a los colombianos en general —bienes públicos, mercado y Estado local—, el 11% a las víctimas y apenas el 3% a los costos directamente relacionados con el desarme y desmovilización de las FARC. La proporción tenía valor simbólico y práctico: decía que el Acuerdo era menos un pacto con la guerrilla que una inversión en la Colombia rural que la guerrilla había disputado. Esa Colombia se concretó en 455 municipios priorizados —aproximadamente el 90% de la Colombia rural e intermedia— donde debía construirse presencia estatal integral: un sistema de justicia y seguridad rural, actualización del catastro unificado con el registro, recaudo de impuestos locales, regulación de derechos de propiedad y mercado de tierras.

La categoría era, en su ambición, una ruptura. Por primera vez, la reforma agraria, la sustitución de cultivos ilícitos, la participación política de los excombatientes y las víctimas y el fin del conflicto quedaban articulados como un solo programa territorializado. La Reforma Rural Integral (RRI), Punto 1 del Acuerdo Final, se propuso erradicar la pobreza rural extrema y reducir a la mitad la pobreza en el campo en un plazo de diez años, cerrando la brecha entre el campo y la ciudad. Contemplaba un Fondo de Tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y un plan de formalización de la propiedad. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se diseñaron como el instrumento participativo para bajar la RRI a cada región priorizada. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) haría lo propio con la economía cocalera.

Pero la ruptura tenía límites que la propia administración Santos negoció consigo misma. El gobierno impuso desde el inicio topes claros a las demandas de las FARC de reformas más radicales al sistema económico y se negó a discutir las históricamente sesgadas relaciones de tenencia de la tierra y acceso a los recursos naturales. Alineada con procesos de neoliberalización más amplios, la administración diseñó una paz territorial que podía ampliar la presencia del Estado sin alterar la estructura de propiedad que la había hecho ausente. El 86% destinado a bienes públicos generales, leído con cuidado, decía también que la inversión no amenazaba realmente las relaciones agrarias de fondo. La paz territorial nacía, así, como ruptura conceptual real y como promesa estructuralmente acotada.

Los sujetos de la paz territorial: pueblos étnicos, campesinos, comunidades

Todo territorio tiene sujetos. La paz territorial heredó una arquitectura constitucional que reconoce esos sujetos de manera desigual, y esa desigualdad quedó incrustada en su implementación.

La Constitución de 1991 otorgó a los pueblos indígenas y afrodescendientes derechos colectivos territoriales, incluido el Artículo Transitorio 55 —desarrollado luego por la Ley 70 de 1993— que catalizó procesos organizativos en el Pacífico nariñense y consolidó organizaciones de comunidades negras durante los años noventa. Para estos pueblos, el territorio no es tierra productiva: integra subsuelo, espacio superior, seres vivos, relaciones espirituales, simbólicas y culturales; es la base de su existencia como sujetos colectivos. Su afectación equivale a atentar contra la identidad. El campesinado, en cambio, recibió un reconocimiento más limitado, sin marco jurídico colectivo territorial equivalente. Esa asimetría —pueblos étnicos con derechos colectivos plenos, campesinos como sujetos económicos sin arraigo territorial reconocido— es una tensión estructural que la paz territorial no resolvió y en ciertos casos exacerbó.

La contradicción se agrava porque el reconocimiento étnico es también parcial. El Estado reconoce constitucionalmente la autonomía territorial indígena sobre la superficie de los resguardos, pero se reserva el derecho de explotar el subsuelo entregando en concesión a empresas privadas los recursos minerales e hidrocarburos. En los territorios del pueblo Pijao, el 85% está solicitado en concesión o ya concesionado, con explotaciones mineras, de material de arrastre y de hidrocarburos que afectan ríos y sitios sagrados. La concepción indígena integral del territorio choca frontalmente con la doctrina estatal de la propiedad del subsuelo.

A esa asimetría constitucional se sumó la violencia del conflicto sobre los sujetos étnicos. Las FARC-EP y el ELN asesinaron líderes indígenas de los pueblos Makabaju, Inga, Murui, Jiw, Nukak y Sikuani, instalaron minas antipersona en territorios indígenas, prohibieron prácticas culturales como el uso del yagé y el mambeo de coca, y forzaron desplazamientos. En respuesta, las comunidades indígenas del Cauca desarrollaron sus propias iniciativas autónomas de paz: la Guardia Indígena, el Consejo Indígena para la Paz (CONIP) y el Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de La María en Piendamó, todos en 2001. Esas experiencias, como la ATCC y el PDPMM en su momento, precedieron y desbordaron la categoría estatal.

En municipios como Santa Rosa (Cauca), indígenas, afrodescendientes y campesinos constituyeron en 2016 una mesa técnica intercultural para concertar la delimitación de resguardos indígenas, territorios colectivos afro y Zona de Reserva Campesina. Fue una tentativa —desde abajo, otra vez— de resolver en la práctica lo que el marco jurídico dejaba abierto. La Agencia Nacional de Tierras planteó de manera informal la intención de tomarla como referente nacional. El avance o estancamiento relativo en la legislación de las Entidades Territoriales Indígenas o de las Zonas de Reserva Campesina puede generar tensiones entre indígenas y campesinos colonos, en la medida en que la dinámica política coloca a uno u otro grupo en ventaja relativa. La paz territorial heredó esa tensión sin herramientas específicas para procesarla.

Esa desigualdad de sujetos —consagrada en la Constitución, reforzada por la violencia y solo parcialmente reconocida por el Acuerdo— fijó las condiciones en las que se puso en marcha la política pública. Del papel al territorio, la promesa se sometió al desgaste de los cronogramas y los presupuestos.

La implementación: PDET, PNIS y el desgaste de la promesa

Entre 2017 y 2022, la paz territorial pasó de categoría a política pública en operación. Los resultados, medidos contra su propia ambición, fueron modestos; medidos contra las expectativas comunitarias, decepcionantes; medidos contra el patrón histórico de intervención estatal en las regiones periféricas, ambivalentes.

Los PDET se limitaron a proyectos demostrativos que validó la Misión de Verificación de la ONU, sin alcanzar la transformación participativa regional prometida. Para 2018, observadores en la Orinoquía veían con preocupación cómo los programas del Acuerdo perdían fuerza y se reducían principalmente a la construcción de vías; la idea de transformación integral de los territorios, decían, "no había pegado en el gobierno". La llegada de Iván Duque a la Casa de Nariño en agosto de 2018, con Emilio Archila como consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, endureció esa deriva: las presiones políticas y simbólicas del gobierno dificultaron la consolidación de lo pactado.

El PNIS enfrentó dificultades más agudas. Su diseño no recogió el principio de sustitución gradual por el que las organizaciones agrarias habían movilizado durante lustros y que gobiernos anteriores habían aceptado como parte del desarrollo alternativo. En el Catatumbo, el programa echó a andar principalmente de la mano de líderes, presidentes de Juntas de Acción Comunal y organizaciones de víctimas, que impulsaron la pedagogía de implementación e identificaron familias beneficiarias; comunidades de veredas como Puerto Las Palmas y Caño Indio en Tibú arrancaron sus cultivos de coca como muestra de compromiso. Los proyectos productivos prometidos por el Estado, sin embargo, mostraron rezagos significativos. La economía cocalera ofrece ingresos muy superiores a la agraria legal —una media jornada de coca puede rendir el triple de una jornada completa en frijol o maíz—, de modo que sin proyectos productivos sostenibles la sustitución se volvía inviable. En regiones como Nariño, la erradicación forzada avanzó en paralelo, generó tensiones y dejó campesinos muertos en manifestaciones sociales. En el Macizo Colombiano, las comunidades expresaron con claridad que no estaban dispuestas a erradicar los narcocultivos independientemente de lo que se acordara en negociaciones, y señalaron que solo la participación real, los recursos y la inversión social podrían resolver un problema estructural.

La restitución de tierras, herramienta central de la reparación territorial —anclada en la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz y luego ampliada por la Ley 1448 de 2011—, mostró brechas persistentes entre la demanda y la respuesta. Los datos del avance en Urabá, Sur de Córdoba y Darién Chocoano entre 2011 y 2019 evidenciaron que el número de sentencias proferidas fue significativamente inferior al de solicitudes presentadas y de predios solicitados. El llamado "ejército antirrestitución", activo en regiones como el Cesar, amenazó a funcionarias de la Unidad de Restitución de Tierras que documentaban despojos y gestionaban medidas cautelares colectivas, y forzó exilios sin posibilidad de denuncia formal. La justicia transicional territorial resultó, en la práctica, un campo de disputa donde la violencia contra los reclamantes se prolongó bajo nuevas formas.

La violencia que continuó

Nada expone mejor los límites de la paz territorial que el mapa de la violencia posterior al Acuerdo. En 2018, los 161 municipios que habían sido territorios de presencia de las FARC registraron 2.957 homicidios, con una tasa superior a la del resto del país y un aumento del 30% respecto a 2016. Un año antes, más de 105 activistas de derechos humanos habían sido asesinados en Colombia, en un contexto vinculado a regiones con presencia previa de la guerrilla. Que 2017 apareciera en algunas lecturas como el año más tranquilo vivido en Colombia en medio siglo —una interpretación ligada a la firma del Acuerdo en noviembre de 2016— convivía con esa contabilidad de líderes muertos que crecería año tras año.

Las causas de esa reconfiguración violenta son múltiples y localmente diferenciadas. En el nororiente colombiano, las disputas involucraron al ELN, a Los Pelusos, a las disidencias de las FARC-EP, al Clan del Golfo y a mafias mexicanas, con atropellos añadidos de sectores de la fuerza pública. A partir de 2017, exintegrantes de los bloques Oriental y Sur de las FARC decidieron volver a la clandestinidad y retomar las armas en la Orinoquía, lo que generó incertidumbre entre los pobladores y reactivó prácticas ligadas a los cultivos de coca. Las disidencias persiguieron y asesinaron a excombatientes firmantes del Acuerdo, percibidos como obstáculos por su participación en el PNIS y por su oposición al reclutamiento forzado o al retorno a las armas.

La Amazonía vivió una implementación coexistente con conflictos territoriales por megaproyectos extractivistas, disputas por restitución de territorios étnicos y reclutamiento forzado por disidencias, incluido el caso de 18 jóvenes arrebatados en Carurú, Vaupés. En el Eje Cafetero, los excombatientes reincorporados operaron en un contexto de fuerte rechazo ciudadano al Acuerdo —más de la mitad del electorado votó No en el plebiscito de octubre de 2016 en los tres departamentos—, lo que generó condiciones adversas para su reintegración.

La lectura estructural es difícil de esquivar: la violencia post-Acuerdo en los territorios priorizados no fue solo un fracaso de implementación sino la continuación lógica de una disputa por el control territorial que el Acuerdo no podía resolver. Sus actores centrales —élites agrarias que se opusieron al Punto 1, economía cocalera que no se sustituyó, grupos armados sucesores de las FARC y del paramilitarismo— nunca fueron parte de la negociación ni quedaron vinculados por sus compromisos. La paz territorial se implementó sobre un mapa que seguía en disputa.

Antes y en paralelo: la consolidación como sombra

Un elemento suele omitirse en las lecturas oficiales de la paz territorial: no fue la primera política del Estado colombiano en pretender llegar a las regiones. Antes y en paralelo, el Estado había implementado sucesivas políticas de consolidación territorial —el PLANTE, las Zonas Especiales de Orden Público, la Estrategia de Recuperación Social del Territorio, la Política de Consolidación Integral, el Plan Colombia, el Plan Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial—. Esas políticas coexistieron con las demandas comunitarias de paz territorial y las precedieron. Su lógica dominante fue distinta: control militar del territorio, integración a la economía formal, presencia estatal orientada a la seguridad más que a la garantía integral de derechos.

La paz territorial del Acuerdo Final se insertó en esa historia sin declararlo. En algunos municipios, las mismas veredas que habían sido objeto del Plan de Consolidación pasaron a ser PDET. Para las comunidades, la diferencia debía sentirse en el enfoque —participación real, inversión social, transformación estructural— y no solo en el nombre. La distancia entre esa expectativa y la práctica, sobre todo bajo el gobierno Duque, alimentó la percepción de que la paz territorial estaba resbalando hacia una nueva versión de consolidación, esta vez ejecutada por otro nombre.

Que la sospecha se instalara con esa facilidad decía algo sobre la memoria territorial. En regiones donde el Estado había llegado antes con brigadas de erradicación, retenes militares, censos de población y programas asistenciales que se agotaban con el ciclo presidencial, la palabra "posconflicto" no bastaba para inaugurar una relación distinta. La confianza no es un decreto, y los tiempos de la comunidad —que se miden en generaciones de despojo, de bonanzas cocaleras, de líderes asesinados— no coincidían con los cronogramas de implementación fijados en Bogotá. Lo que en el papel se planteaba como innovación institucional, en el territorio se leía como un capítulo más de una serie ya conocida.

La Comisión de la Verdad, en su Informe Final —Hay futuro si hay verdad, publicado en 2022 en once tomos y veinticuatro volúmenes—, identificó los déficits estructurales del ordenamiento territorial que limitan cualquier apuesta de paz: bajas capacidades de gestión territorial, superposición de visiones sectoriales sobre el uso del suelo (ambiental, minero-energética, agropecuaria, de infraestructura, de vivienda, de ruralidad y de organizaciones sociales), sesgo urbano del ordenamiento, limitaciones de la descentralización. Y subrayó algo más incómodo: la debilidad institucional, no solo la falta de recursos, es el principal obstáculo para la sostenibilidad de la paz en los territorios periféricos. Regiones como el Chocó han recibido recursos generosos sin que ello se traduzca en impacto real, por ausencia de control fiscal e institucional.

La huella y el presente

La llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la Presidencia y Vicepresidencia en agosto de 2022 revivió la retórica de la paz territorial y la articuló con una noción más amplia —"paz total"— orientada a negociaciones simultáneas con múltiples actores armados. La categoría acuñada por Jaramillo diez años antes había sobrevivido a dos gobiernos y a la propia frustración de su implementación, en parte porque no había alternativa conceptual comparable para nombrar lo que las comunidades seguían exigiendo: presencia estatal integral, participación real, resolución de los problemas estructurales que originaron el conflicto.

La Comisión de la Verdad recomendó democratizar y hacer participativa la toma de decisiones sobre los territorios históricamente excluidos, garantizando inclusión política y productiva de campesinos y pueblos étnicos, mayor equidad en la distribución de la tierra, y presencia integral del Estado. La recomendación equivalía, en la práctica, a insistir en lo que la paz territorial había prometido y no había cumplido. El desdoblamiento del vocabulario oficial —paz territorial, paz total, estabilización, consolidación— no borró la constatación de fondo: las condiciones estructurales seguían intactas, y con ellas la disputa por el territorio.

El desdoblamiento de la categoría bajo el nuevo gobierno abrió, además, un problema adicional. Si la paz territorial exige tiempos largos, participación densa y transformación de la estructura agraria, la paz total —con su lógica de mesas paralelas, ceses al fuego negociados y cronogramas políticos— corre el riesgo de subordinar la primera a las urgencias de la segunda. Los ciclos de negociación con el ELN, con las disidencias del Estado Mayor Central o con estructuras herederas del paramilitarismo se superponen a implementaciones aún inconclusas del Acuerdo de 2016, y esa superposición se vive con particular intensidad en el Catatumbo, el Bajo Cauca y el Pacífico nariñense, donde la coca, la minería ilegal y las rutas de exportación siguen decidiendo quién manda. Los sujetos comunitarios que sostuvieron el vocabulario original —Juntas de Acción Comunal, autoridades indígenas, consejos comunitarios, organizaciones de víctimas— quedan otra vez en la posición incómoda de convocados a validar procesos cuya arquitectura se decide lejos.

La ruptura conceptual fue real; la ruptura estructural, no. Esa asimetría es la clave del balance, y también la clave de por qué la categoría sigue teniendo tracción política pese a su fracaso relativo. La paz territorial ordenó una reducción real de las hostilidades entre 2016 y 2018, permitió la elección de víctimas al Congreso, dio marco jurídico a la restitución de tierras y a la sustitución de cultivos, y forzó al Estado a nombrar por primera vez —con recursos y con cronograma— 170 municipios donde la ausencia estatal era la norma. Al mismo tiempo, los PDET se redujeron a proyectos demostrativos, el PNIS incumplió compromisos productivos, el homicidio de líderes sociales se convirtió en marca del posconflicto, y la violencia se recompuso precisamente en los territorios priorizados.

Ese doble movimiento —la categoría probada en el papel, incumplida en el terreno— dejó a la paz territorial en una posición peculiar dentro del vocabulario político colombiano. Es al mismo tiempo el mejor diagnóstico disponible de la naturaleza del conflicto y el mejor inventario disponible de las resistencias que el Estado colombiano opone a transformarse. Nombra el problema con precisión y, al hacerlo, nombra también su propio límite.

Queda, entonces, una categoría que hizo su trabajo diagnóstico y falló en su tarea transformadora, y que por esa misma razón resulta imposible de descartar. Nombró, con precisión que antes no existía en el lenguaje oficial, la naturaleza territorial del conflicto y de su solución posible; obligó al Estado a inscribir en un cronograma con partida presupuestal lo que las comunidades venían reclamando desde los ochenta; puso sobre la mesa —así fuera para no cumplirlo— el compromiso de que la periferia dejara de serlo. Cualquier discusión futura sobre la paz en Colombia —con el ELN, con las disidencias, con las estructuras herederas del paramilitarismo, con las comunidades que siguen resistiendo desde el Catatumbo hasta Montes de María, pasando por el Pacífico nariñense, Arauca, el Bajo Cauca antioqueño, el Sur de Córdoba y Putumayo— tendrá que pasar por esa categoría o inventar una más precisa. La ATCC, el PDPMM y los diez años de La Habana no dejaron un método terminado. Dejaron un vocabulario y una deuda.