Macizo Colombiano

Una geografía que fabrica agua

El Macizo Colombiano es la fábrica de agua más importante del país y la segunda de América Latina, y la UNESCO lo reconoció como reserva de la biosfera. Estas dos afirmaciones, aparentemente técnicas, contienen la clave de cuanto vendrá después: un territorio con esa densidad ecológica y ese peso hídrico no podía sino convertirse en objeto de codicia sucesiva.

Se ubica en el extremo sur del sistema andino colombiano, en la confluencia de Cauca, Nariño y Putumayo, próximo a la frontera con Ecuador. Allí, en el páramo de las Papas, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, nace el río Magdalena, que recorrerá 1.550 kilómetros antes de vaciarse en el Caribe. A pocos kilómetros brotan el Cauca, que corre paralelo hacia el mismo Atlántico; el Patía, que baja al Pacífico; y el Caquetá, que se pierde en la cuenca amazónica. Ningún otro punto del continente reparte sus aguas hacia tres océanos distintos con esta economía.

La razón física de semejante abundancia es también notable. La humedad del Macizo no proviene de sus propias alturas sino de las planicies cálidas que lo rodean: el valle del Magdalena por el oriente y la selva amazónica por el sur envían masas de vapor que ascienden por las laderas y se condensan en los páramos, alimentando neblinas y lluvias permanentes. Por encima de los 3.200 metros, los páramos del Macizo y de la Cordillera Central despliegan una vegetación de frailejones, pajonales, chusques, musgos y líquenes escalonada según la altitud, un ecosistema frágil que actúa como esponja y libera el agua de manera regulada durante todo el año. Osos de anteojos y algunas de las aves más hermosas de los Andes habitan estas alturas, en corredores biológicos que los frentes de colonización agrícola llevan décadas erosionando.

Que cuatro ríos mayores nazcan en un mismo nudo tiene una consecuencia que va más allá de la hidrografía: la interconexión de valles. Desde el Macizo se comunican, por corredores naturales, el valle del Magdalena con el del Cauca, y el litoral pacífico con la Amazonía. Esta condición de encrucijada explica por qué el territorio ha sido, sucesivamente, ruta de tránsito prehispánico, frontera colonial, corredor guerrillero y ruta de narcotráfico. La misma geografía que lo hace fábrica de agua lo convirtió en fábrica de conflicto.

Antes de la conquista: San Agustín, Tierradentro y el valle de Popayán

Mucho antes de que llegaran los europeos, el Macizo y sus estribaciones albergaron algunos de los complejos culturales más notables del continente. San Agustín, en el actual Huila, es un gran foco arqueológico de trascendencia americana: sus estatuas de piedra, sus montículos funerarios y sus fuentes ceremoniales dan cuenta de una densidad social sostenida a lo largo de siglos. Fue Luis Duque Gómez quien delineó, con trabajo paciente de campo y de tinta, lo que hoy sabemos del sitio, e impulsó el Parque y el Museo Arqueológico que lo protegen. Dentro del área, el Complejo Isnos parece corresponder a las primeras manifestaciones de organización social de tipo cacicazgo, deducidas de la densidad de vestigios y del sedentarismo asociado a la construcción monumental.

Al otro lado de la cordillera, en Tierradentro, la misma región andina ofreció otra respuesta al problema del entierro y la memoria: tumbas de pozo con escalones y nichos excavadas en cámaras subterráneas, algunas de ellas pintadas. La condición geológica del subsuelo —una toba volcánica bajo el estrato de humus— explica buena parte del hallazgo: un material lo bastante blando para tallarlo y lo bastante consistente para conservar la forma de escaleras y columnas durante siglos. Los caminos prehispánicos entre uno y otro sitio sugieren contacto y contemporaneidad, pero las diferencias en la forma del enterramiento apuntan más a tradiciones distintas que a una filiación directa.

Hacia el norte del Macizo, en 1535, los primeros cronistas europeos —Pascual de Andagoya, Pedro Cieza de León, más tarde Lucas Fernández de Piedrahita— describieron el valle de Popayán como una de las tierras más fértiles de América del Sur. Estaba densamente poblado, con grandes asentamientos, fuertes de madera, puentes, tejidos y adornos de oro. Más de cien unidades tribales coordinaban actividades defensivas dentro de una organización político-militar laxa pero eficaz. Esa última cualidad —la coordinación defensiva— explicaría, en los años siguientes, por qué la conquista del suroccidente sería más lenta y más sangrienta que la del altiplano.

Conquista, resguardo y la formación colonial del territorio

La entrada española al Macizo y al alto Magdalena fue devastadora en sentido literal. Antes de que Sebastián de Belalcázar consolidara su avance desde el sur, los capitanes Juan de Ampudia y Pedro de Añasco incendiaron pueblos y talaron campos en el valle del alto Magdalena, y despoblaron la región. La violencia militar no fue el único mecanismo del despojo: la ocupación de las tierras bajas, más fértiles, obligó a los sobrevivientes a replegarse hacia las alturas.

De ese repliegue —forzoso o legal— nacieron los resguardos del Macizo en el siglo XVII. Conviene entender su naturaleza. No fueron concentraciones naturales de tribus originarias del lugar, sino núcleos artificiales formados por la administración colonial con población desplazada, indios fugitivos de las guerras de conquista, forasteros y, posiblemente, yanaconas traídos desde el sur, quizá desde el Perú. La figura del resguardo cumplía a la vez una función territorial y fiscal: fijar a los indígenas en un espacio delimitado para asegurar el pago de tributos.

La ocupación española del territorio aledaño a Popayán resultó, aun así, precaria durante casi un siglo. La resistencia sostenida de pijaos, paeces y yalcones confinó la influencia efectiva de Popayán al eje entre Caloto, al norte, y Almaguer, al sur. Fue solo con el asiento de las Cajas Reales y del gobernador, tras las guerras de liberación indígena, que la ciudad adquirió su preeminencia administrativa.

Esa preeminencia se apoyaría, en los siglos siguientes, en dos motores económicos entrelazados: los ciclos mineros y las haciendas trabajadas con mano de obra esclava. La élite payanesa llegó a contarse entre las más influyentes del Virreinato de la Nueva Granada, pero su prosperidad convivió con la precariedad de la ocupación territorial y con la resistencia prolongada de las comunidades indígenas. Sobre una población total de 98.632 habitantes, la gobernación repartía su composición casi por tercios: uno blanco, otro indígena, otro de libres de color, y una franja esclava cercana a la quinta parte —un 25,4%, un 25,7%, un 30,1% y un 18,2%, respectivamente—, mezcla forzada que refleja de golpe el resultado demográfico de la conquista y del comercio negrero. En paralelo, el ganado del valle del alto Magdalena abastecía a Bogotá, Popayán, las haciendas azucareras del Cauca y sus minas, y sostenía así una economía agraria regional complementaria a la extracción minera. El Macizo y sus estribaciones se configuraron así, desde el siglo XVII, como una región dependiente pero indispensable, precaria pero codiciada.

Una colcha de retazos

De esa larga historia de desplazamientos, resguardos artificiales y mezclas forzadas emergió lo que se describiría más tarde con una imagen exacta: el Macizo Colombiano, el Cauca y Nariño son "una verdadera colcha de retazos". La expresión no es adorno. Alude a la heterogeneidad étnica y poblacional del territorio, donde conviven comunidades campesinas mestizas, comunidades indígenas y comunidades negras, en condiciones históricas de abandono estatal y de predominio del microfundio, con excepciones puntuales de latifundio en Valencia, San Sebastián y el Patía.

Entre los pueblos indígenas del Macizo, los yanaconas ocupan un lugar particular. Una nieta de Huáscar, Pascuala Inca, casada con un español de apellido Salazar, habría traído a los pueblos yana, yanacona y anacona al Macizo colombiano. Con consenso o sin él, la genealogía resume el patrón: los yanaconas del Macizo son, en parte, herencia de aquellos servidores traídos del sur andino durante la Conquista, y por lo tanto una comunidad cuya "originariedad" no depende del arraigo prehispánico local sino de una historia de desplazamiento y de reinvención.

Este linaje explica una paradoja notable. Los yanaconas perdieron tempranamente su lengua por el uso del castellano como lengua franca, y hasta hace muy poco emprendieron un proceso deliberado de reetnización. Pese a esa pérdida lingüística —o quizás precisamente por ella, que los obligó a construir identidad sobre otros marcadores— fueron exitosos en defender su condición de indígenas y sus tierras de resguardo a lo largo de toda la historia republicana. La yanaconidad, en sentido político, es tanto una construcción moderna como una herencia colonial.

En las faldas del Macizo, especialmente en el Cauca, existen núcleos importantes de otras concentraciones indígenas: los nasa (páez), los misak (guambianos) y otros grupos que sostienen procesos organizativos propios, algunos con presencia previa a los yanaconas en la vida pública regional. La convivencia entre estos pueblos, y entre ellos y los campesinos mestizos y las comunidades negras, no siempre ha sido armónica; sus intereses territoriales chocan con frecuencia en un espacio de microfundio y escasez de tierra productiva.

Quintín Lame y la larga lucha por la tierra

Ninguna figura condensa mejor la lucha indígena del suroccidente que Manuel Quintín Lame. Nacido en el Cauca, protagonista de las primeras rebeliones indígenas del siglo XX, se convirtió en un litigante nato: se defendió a sí mismo ante los tribunales en más de un centenar de encarcelamientos ordenados por terratenientes del Cauca. En 1924, junto a los líderes tolimenses José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timote, fundó el Supremo Consejo Indio, desde el cual creó el pueblo de San José de Indias y trabajó por reconstituir los resguardos de Natagaima, Velú, Yaguara y Coyaima en el sur del Tolima.

La lucha ganó otra dimensión cuando Lame y los líderes tolimenses entraron en contacto con el Partido Socialista Revolucionario en 1926 y luego con el Partido Comunista en 1930. La ideología comunista radicalizó los términos generales de la reivindicación indígena, pero también fracturó el bloque: Lame permaneció conservador en lo religioso y en la doctrina agraria, mientras Sánchez y Timote se volvieron comunistas plenos. La colaboración se rompió, aunque las semillas quedaron sembradas.

Décadas más tarde, la lucha adoptó formas nuevas. El 9 de noviembre de 1984, el desalojo violento de comunidades indígenas en López Adentro y, al día siguiente, el asesinato del sacerdote nasa Álvaro Ulcué Chocué en Santander de Quilichao detonaron la creación del Movimiento Armado Quintín Lame, fundado el 29 de noviembre de ese mismo año en el páramo de Las Moras, resguardo de Mosoco. Era una guerrilla indígena en un país donde la subversión se había leído hasta entonces en clave campesina o urbana. Se desmovilizaría años después, pero su existencia probó que la lucha por la tierra podía adoptar formas armadas específicamente indígenas.

Este linaje —Quintín Lame, la reconstitución de resguardos, la reetnización yanacona— explica también, por el flanco opuesto, por qué el sur del Tolima y el norte del Cauca, delimitados por la lucha por la tierra de paeces y pijaos y por el reconocimiento de derechos políticos de los campesinos, fueron cuna de las FARC y siguen envueltos en el conflicto armado. La guerrilla marxista no fue una imposición externa sobre un territorio pasivo: fue, en parte, una forma tardía de una lucha por la tierra que llevaba siglos librándose.

CIMA, CMY y la disputa por representar el Macizo

Hacia los años noventa, dos grandes líneas organizativas se disputaban la hegemonía del movimiento regional en el Macizo. Por un lado, el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), orientado hacia la integración política supramunicipal y de vocación campesina-popular. Por otro, el Cabildo Mayor Yanacona (CMY), orientado hacia la recuperación territorial étnica y sustentado en sectores yanaconas y no yanaconas alineados con la agenda indígena más amplia. La disputa —integración territorial regional frente a reconstitución étnica— no es un tecnicismo organizativo: articula dos maneras distintas de imaginar la pertenencia al Macizo, la maciceñidad y la yanaconidad, cada una con implicaciones de alianzas, derechos y titularidad.

El primer paro del CIMA ocurrió en Rosas, Cauca, en 1991, precedido por una reunión preparatoria en Sucre. Fue el ensayo de un método que la organización perfeccionaría durante la década. En noviembre de 1999, indígenas del Cauca bloquearon durante 23 días la vía Panamericana entre Cali y Popayán hasta que el presidente Andrés Pastrana prometió atender la emergencia social mediante el Decreto 982. Campesinos del Macizo se sumaron a acciones sobre la Panamericana con reclamos similares: giro de recursos, incorporación en el Plan de Desarrollo, definición de mecanismos de inversión.

Los acuerdos, sin embargo, se incumplieron con regularidad. La violación de compromisos suscritos en marchas anteriores fue uno de los detonantes de nuevas protestas agrarias en los años noventa, en un contexto donde la crisis de la economía cafetera y la reducción del área cultivada —con pérdida de 605.800 hectáreas en cultivos transitorios y café— agravaban la precariedad. La misma línea de reclamo apareció en los años dos mil, con Aida Quilcué al frente de la CRIC en episodios memorables de movilización.

La represión, cuando llegó, fue extrema. La masacre de Los Uvos, condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como responsabilidad del Estado colombiano en el Caso 11.020, fue utilizada para intimidar al movimiento campesino del Macizo. El efecto, según líderes del CIMA, fue el contrario del buscado: la masacre fortaleció la organización en lugar de detenerla. Es un patrón que se repetirá.

Corredor estratégico: el Macizo en el conflicto armado

La condición de encrucijada geográfica del Macizo —el mismo hecho físico que permite el nacimiento de cuatro ríos hacia tres océanos— lo convirtió, durante el ciclo largo del conflicto armado, en corredor estratégico de primer orden. Un corredor, en el vocabulario de la guerra, es una franja territorial que permite a los actores armados la movilidad de tropas, comida, armas y drogas. El Macizo permite el paso del suroccidente hacia el centro del país; Tolima y Huila cumplen la función complementaria de corredores entre el sur —Caquetá y Putumayo— y la zona del Sumapaz. Este mapa explica por qué en el Macizo y su entorno operaron simultáneamente casi todos los actores armados del conflicto.

Las FARC desplegaron allí su Columna Móvil Jacobo Arenas y buena parte de sus frentes del suroccidente, con los frentes 6, 8, 29, 30 y 60 operando sobre distintos tramos del territorio. El ELN sostuvo dos estructuras en la zona, el Frente José María Becerra y el Frente Manuel Vásquez. Del lado paramilitar, el conglomerado de las AUC operó a través de tres estructuras que se repartieron el suroccidente: la Compañía Huracanes, adscrita al Bloque Los Farallones de Cali, junto al Bloque Calima y a las Autodefensas Campesinas Unidas del Suroccidente. La fuerza pública, por su parte, mantuvo la presencia del Batallón Pichincha y de la Unidad Soldados Campesinos del Ejército Nacional. Cuando los bloques paramilitares se desmovilizaron, el vacío no tardó en llenarse: aparecieron nuevas siglas —"Nueva Generación", "Águilas Negras", "Rastrojos"— que heredaron el negocio y ejercieron control político, social y militar sobre distintos territorios de Cauca y Nariño.

Las comunidades indígenas y campesinas del Macizo quedaron atrapadas en el fuego cruzado. En 2010, grupos paramilitares llegaron al corregimiento de La Herradura, municipio de Almaguer, con presunta complicidad local; la comunidad logró expulsarlos, aunque las amenazas contra líderes organizativos continuaron después mediante mensajes y señalamientos. Es un episodio revelador: probó la capacidad de acción colectiva de los pobladores, el costo personal de sostenerla y la persistencia del acecho pese a la retirada aparente. Durante las celebraciones de los 500 años de conquista, líderes y pobladores de Almaguer debieron negar su procedencia al moverse hacia Popayán para evitar represalias, y quienes se movilizaban fueron sometidos a requisas físicas —revisión de ropa y maletines— en las carreteras.

El terreno hizo el resto. Las cadenas montañosas del Macizo, los páramos como puntos de refugio, los corredores fluviales hacia el Pacífico y la Amazonía: todo convergía para hacer del suroccidente un espacio de disputa armada de larga duración durante los años dos mil.

Coca, amapola y el Plan Colombia

A esa disputa territorial se sumó, desde los años noventa, el peso creciente de la economía ilícita. Colombia se convirtió en 1997 en el primer productor mundial de hoja de coca, condición que mantendría durante varios años. En el sur del Tolima, el auge de los cultivos de amapola atrajo a las FARC y a grupos paramilitares, y transformó las dinámicas de control territorial: narcotraficantes compraron vastas extensiones de tierra, conformaron redes de autodefensas en la meseta de Ibagué y en Espinal, y reconfiguraron las jerarquías rurales.

En el Macizo mismo, la lógica fue algo distinta pero convergente. La escasez de tierra, la baja productividad agraria, la ausencia de programas agrarios adecuados y el predominio del microfundio configuraron un contexto de precariedad estructural. Cuando el cultivo de coca o de amapola apareció como opción, muchas familias campesinas no tenían alternativa realista para rechazarla. Los cultivos ilícitos, a su vez, reforzaron el control social y económico ejercido por guerrillas y paramilitares sobre las comunidades, que quedaban atrapadas en una doble dependencia: económica del cultivo, política del actor armado que lo regulaba.

La respuesta del Estado colombiano y del gobierno de Estados Unidos vino en forma de Plan Colombia. Ya antes, la administración de Ernesto Samper había ensayado la fumigación en Putumayo: 516 hectáreas en Puerto Guzmán en 1997 y 3.950 en todo el departamento al año siguiente, en un intento de recuperar la certificación antinarcóticos estadounidense tras el fracaso del PLANTE y del Pacto de Orito. Con la primera fase del Plan Colombia, entre 2000 y 2004, las aspersiones aéreas con glifosato redujeron significativamente los cultivos de coca, pero destruyeron en el proceso las economías campesinas que dependían de ellos. Vinieron entonces los desplazamientos, las migraciones, los cambios en el uso del suelo y los choques abiertos entre campesinos cultivadores y fuerza pública.

Las consecuencias sobre el Macizo y su entorno fueron indirectas pero decisivas. La presión de la fumigación y de la interdicción en Putumayo y Caquetá desplazó los cultivos hacia Nariño, cuya cercanía al Pacífico convenía a las rutas de exportación. Lo revelador fue la desproporción entre destruir y sustituir. Nariño concentró el 16% de las aspersiones acumuladas entre 1999 y 2004 y recibió apenas cinco millones de dólares para desarrollo alternativo. Guaviare soportó el 18% de las fumigaciones y dispuso de doscientos mil dólares. Caquetá, con el 13%, obtuvo dos millones. Traducido a la vida campesina, el Plan Colombia llegó al suroccidente como política de erradicación forzosa sin correlato realista de sustitución económica: quemó cultivos y no ofreció, en su lugar, casi nada.

Precariedad estructural y páramos amenazados

La misma escasez de tierra que hizo atractivos los cultivos ilícitos empujó a los campesinos del Macizo hacia arriba. Ante cabeceras municipales sin oferta agraria, familias enteras colonizaron páramos y zonas altas en busca de parcelas. Esta colonización ascendente choca frontalmente con la condición del Macizo como reserva de la biosfera y con la lógica ecológica de sus páramos: los frailejones y los pajonales que hacen posible la regulación hídrica no resisten la roza, la quema ni el pastoreo intensivo. La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y Parques Nacionales han presionado a la población asentada en zonas de páramo para que abandone sus parcelas agrícolas, y han abierto así conflictos territoriales adicionales sobre una comunidad que ya vive en microfundio.

El panorama estructural es sombrío. Déficit en salud, en vías, en educación; predominio del microfundio; ausencia de latifundio significativo salvo en enclaves específicos; abandono estatal históricamente sostenido. Estos rasgos, denunciados una y otra vez por los líderes del CIMA como razón misma de la creación de la organización, no fueron subproductos accidentales de la geografía o del subdesarrollo: son el resultado acumulado de siglos de despojo, marginalidad administrativa y expolio hídrico y minero.

La paradoja se sostiene sin metáfora. El territorio que produce el agua de tres cuencas oceánicas, que abastece a Bogotá y a Popayán, que sostiene los sistemas ecológicos del sur del país, es también el territorio donde sus habitantes carecen de agua potable, de vías y de escuelas. La riqueza fluye hacia afuera; la precariedad se queda dentro.

Huella y disputa

Cómo se recuerde el Macizo Colombiano depende, en buena medida, de quién lo mire. Para el Estado y para el discurso ambiental oficial, es la estrella fluvial del suroccidente, reserva de la biosfera, fábrica de agua. Para los arqueólogos y los turistas, es la tierra de San Agustín y de Tierradentro, patrimonios de la humanidad. Para los ejércitos —regulares e irregulares— fue durante décadas un corredor estratégico. Para los cabildos indígenas, es el territorio ancestral que hay que reconstituir. Para el CIMA, es la región política que hay que hacer visible frente a un Estado sordo. Cada una de estas miradas es cierta y cada una, por sí sola, incompleta.

Antes de los procesos organizativos, el Macizo no era reconocido como una región con culturas y pueblos importantes, y las comunidades campesinas, indígenas y negras se encontraban en situación de abandono. Fue precisamente esa condición la que motivó la creación de una organización regional. La visibilidad del Macizo como sujeto político no es un dato preexistente que la historia acepte pacíficamente: es una conquista reciente, disputada, incompleta. Vértice de cuencas, corredor de guerra, territorio ancestral, región política pendiente de nombrar: la historia real del Macizo transcurre en el roce entre esas descripciones, en el hecho de que un mismo nudo de montaña pueda ser, al mismo tiempo, origen del agua del país y campo de batalla no cerrado.