Sur del Tolima

Sur del Tolima

En el pliegue donde la Cordillera Central se desploma hacia el valle del Magdalena, entre Chaparral y Rioblanco, entre Planadas y Gaitania, se extiende una región cuyo nombre entró en la historia colombiana por la puerta trasera de la guerra. El sur del Tolima —cuencas del Saldaña, del Amoya, de la quebrada Tuluni, filos del cerro de Calarma, cañones del Cambrín y Las Hermosas— no es una unidad administrativa sino una construcción histórica: un territorio de haciendas cafeteras y ganaderas montadas sobre resguardos pijaos desmantelados, de colonización tardía sobre baldíos disputados, de arrendatarios enfrentados a patrones y capataces por pesas, medidas y jornales. Allí, en un radio que apenas cubre unos pocos municipios, cristalizaron entre 1948 y 1966 las condiciones para que la violencia bipartidista mutara en insurgencia comunista formal: el ataque a Marquetalia el 27 de mayo de 1964 y la II Conferencia Guerrillera de 1966, donde el Bloque Sur se constituyó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no ocurrieron allí por azar. La región fue matriz, no telón; y para entender el país que salió de esa matriz hay que entender primero el territorio, sus estratos indígenas y sus estructuras agrarias.

El territorio: cuencas, filos y frontera

La geografía del sur del Tolima se organiza en torno al río Saldaña, el primer gran tributario que el Magdalena recibe en el departamento. La tradición divulgativa recuerda que los pijaos lo llamaban Netaima y que los conquistadores lo rebautizaron en memoria de un compañero ahogado en sus aguas. En el Saldaña desagua el río Amoya, y en el Amoya la quebrada Tuluni, red hídrica que dibuja los cañones donde décadas después se instalaron los campamentos guerrilleros. Chaparral, cabecera histórica de la región, queda unos sesenta kilómetros al occidente de la troncal que corre paralela al Magdalena, al pie del cerro de Calarma; desde allí la cordillera trepa hacia los filos y páramos que conducen al Nevado del Huila.

Las estribaciones de la Central son tierra cafetera, platanera y cacaotera; las partes altas, tierra fría de ganadería y pequeña agricultura. Sobre ese gradiente se depositaron corrientes de poblamiento distintas y no siempre concordantes. Los mestizos locales —los "tolimenses puros" de la etnografía regional— ocuparon las zonas calientes y templadas; los antioqueños, empujados por la colonización cafetera del siglo XIX y comienzos del XX, subieron a las tierras frías; cundinamarqueses y boyacenses se acomodaron aún más arriba, hacia los páramos. Para 1946, el Tolima tenía cerca de 656.000 habitantes y entre el 70 y el 80 por ciento vivía en el campo, con indicadores de alfabetización, servicios y condiciones de vida por debajo de la media nacional. El sur, en particular, era una periferia dentro de esa periferia: menos infraestructura, más monte, más frontera.

Frontera es una palabra clave aquí. El sur del Tolima forma parte del Macizo colombiano, que se extiende por el oriente del Cauca, el occidente y sur del Huila, el occidente del Caquetá y Putumayo y el sur del Tolima; y funciona como corredor estratégico entre el sur profundo del país y la zona del Sumapaz, en Cundinamarca. Esa condición de bisagra —montaña de refugio, ruta hacia la Amazonia, contigüidad con enclaves campesinos del Sumapaz— resultará decisiva cuando la política nacional se militarice.

El sustrato indígena: pijaos, resguardos, Quintín Lame

Antes del café y del arrendamiento hubo resguardo, y antes del resguardo hubo pijao. La región del Tolima fue ocupada por pueblos que la etnografía tardía identificó como pijaos, cuya raíz lingüística era Karib, la misma de los panches que habitaban la cordillera Central hacia el centro y norte del departamento. En el sur del Cauca, contra la ciudad de Popayán, pijaos, paeces y yalcones opusieron a la conquista española una resistencia que obligó a la Corona a disputar el territorio durante casi un siglo. Ese pulso terminó con la instalación del régimen colonial y, en la segunda mitad del siglo XVI, con la creación del resguardo o parcialidad indígena: una institución que defendía a la población nativa del trato esclavista de los encomenderos pero al mismo tiempo la sujetaba al pago de tributos y la ataba, políticamente, a la Corona.

Los resguardos del sur del Tolima llegaron al siglo XX diezmados, cercados por haciendas, con sus tierras codiciadas por los cafeteros. Las comunidades pijaos se concentraban entonces en Natagaima, Coyaima, Ortega y Purificación —el arco que va del Magdalena a las estribaciones de la cordillera— y arrastraban una historia larga de despojo que la República liberal no había resuelto. Es en ese contexto donde irrumpe Manuel Quintín Lame, líder indígena caucano cuyas luchas por la tierra se desplegaron entre Tierradentro y Chaparral entre 1922 y 1945. En 1924, junto con José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timonte, Lame constituyó el Supremo Consejo de Indias, fundó el pueblo de San José de Indias y se propuso reconstituir los resguardos de Natagaima, Velu, Yaguara y Coyaima. Fue un programa a la vez restaurador y político: recuperar títulos coloniales, defender tierras comunales, hablar en nombre del "indio" ante un Estado que lo había borrado de sus registros.

La sociedad interna del movimiento no aguantó los realineamientos de la década. Lame se mantuvo conservador; Sánchez y Timonte se acercaron al comunismo, y esa fractura terminó por disolver la colaboración. Pero el ciclo organizativo continuó. En la Conferencia de Yaguará se constituyó la Federación Regional Indígena del Sur del Tolima, con participación del ex Inspector General de la UNIR Fermín López Giraldo —delegado de las organizaciones campesinas del norte del departamento— y del Procurador de indígenas del Tolima Guillermo H. Sarmiento. En los primeros días de enero de 1937, la Conferencia de la Liga Indígena de Coyaima reunió delegaciones de Yaguará, Natagaima y de arrendatarios de la hacienda El Carmen, en Jabalcón (Purificación), con José Gonzalo Sánchez asistiendo ya como delegado de la Federación. Ese entramado —resguardos, ligas, procuraduría, alianzas con campesinos mestizos— dotó al sur del Tolima de un repertorio organizativo y de una legitimidad territorial sobre tierras comunales que otras regiones agrarias del país no poseían.

La estructura agraria: arrendamiento, baldíos, pesas y medidas

Sobre el sustrato indígena se montó, en las primeras décadas del siglo XX, la estructura agraria que definiría los conflictos posteriores. En el sur del Tolima la propiedad se concentraba en haciendas cafeteras y ganaderas cuyo sistema laboral dominante era el arrendamiento precapitalista: el hacendado cedía al arrendatario una parcela de pan coger —para cultivos de subsistencia— a cambio de que este trabajara parte de su tiempo en los cafetales del propietario. No era salario pleno ni servidumbre pura: era una figura intermedia que ataba al arrendatario al fundo sin darle título ni derechos plenos.

La geografía social del arrendamiento tenía una particularidad que amplificaba sus fricciones. A diferencia de Antioquia, donde la colonización produjo pequeña propiedad y una relación menos jerárquica entre patrón y peón, en Cundinamarca y el Tolima el patrón de asentamiento era difuso —parcelas dispersas dentro de la hacienda— y la distancia cultural y étnica entre propietarios y trabajadores era marcada. Los "blancos" mandaban; los "indios", en parte indígenas expulsados del Cauca, trabajaban; y sobre esa asimetría se afinaban ideologías racistas entre propietarios, administradores y capataces. El agravio no era solo económico: era también de rango.

Los conflictos comenzaron por lo que parecía menor y fue detonante: las pesas y medidas con que las haciendas contabilizaban la cosecha entregada por arrendatarios y recogedores. De ahí se pasó a las huelgas de recogedores de café. En paralelo, en zonas donde los títulos de propiedad eran ambiguos, los colonos empezaron a cuestionar el dominio mismo del hacendado. Hacia 1936 —el año de la Ley 200, la reforma agraria de López Pumarejo—, una invasión de aproximadamente 1.800 colonos sobre el río Combeima aprovechó la poca claridad de los títulos de una hacienda para cuestionar la concentración de la tierra. En Sumapaz y el Tequendama, colindantes con el oriente y sur del Tolima, los campesinos reclamaban derechos de colonos sobre tierras que consideraban baldíos y que los hacendados reivindicaban como propias, con títulos frecuentemente cuestionables.

Ese ciclo de conflictos convirtió a Cundinamarca y Tolima en el epicentro nacional de los conflictos agrarios cafeteros: entre ambos departamentos concentraron 75 de las 153 agremiaciones campesinas con personería jurídica reconocida hasta 1939. Desde comienzos de los años treinta, esos movimientos se articularon con nuevos actores políticos —la UNIR de Gaitán, la Liga Indígena, más tarde el Partido Comunista—, lo que amplificó su impacto y les dio un lenguaje. La Ley 200 no cerró la disputa; la codificó y la aplazó. Cuando estalle la violencia bipartidista, ese conflicto agrario acumulado no habrá desaparecido: estará esperando, con sus liderazgos entrenados y sus agravios intactos.

1948: el Bogotazo llega al monte

El 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en Bogotá. El Bogotazo devastó el centro de la capital y se extendió a ciudades y campos de todo el país. La violencia entre liberales y conservadores, que ya escalaba desde 1946 con el regreso conservador al poder bajo Mariano Ospina Pérez, se desbordó. El período que la historiografía llama La Violencia —1948 a 1958— dejaría en Colombia más de 200.000 muertos.

En el sur del Tolima, la escalada tuvo dos rostros complementarios. Uno fue estatal: la conservatización de la Policía Nacional, con la aparición de la "popol" o policía política y, sobre todo, de la policía chulavita —así llamada por la vereda del norte de Boyacá de donde se reclutaron muchos de sus agentes sectariamente conservadores—. A partir de 1948, comisiones chulavitas fueron enviadas sistemáticamente contra los colonos liberales de Santiago Pérez, Planadas y Gaitania. En Chaparral operaron comisiones mixtas de policía y civiles armados; en Coyaima, Santiago Pérez y Gaitania se registraron ataques violentos. El otro rostro fue paraestatal: los pájaros, sicarios rurales apoyados por terratenientes, que perseguían guerrillas, personas de izquierda y sindicalistas, quemaban casas y asesinaban en despoblado.

Ante esa doble presión, los campesinos liberales del sur del Tolima —armados al principio con escopetas de fisto, esas herramientas de perdigón de cazador— se organizaron en grupos de autodefensa. La distinción de origen importa: no eran guerrillas revolucionarias, eran vecinos armados para no morir en su casa. De esa raíz salieron los jefes liberales que la memoria regional retendría: Gerardo Loaiza, Leopoldo García "General Peligro", Efraín Valencia "General Arboleda", cabecillas cuya autoridad se ejercía sobre veredas y cuencas concretas más que sobre la región entera.

El balance del período en el Tolima —para el que se llevó una contabilidad excepcional— explica por sí solo la fisonomía posterior de la región. Entre 1949 y 1957 se registraron al menos 16.219 muertos, cifra que no incluía a los caídos en enfrentamientos con el Ejército regular, ni a las víctimas de masacres cuyos cuerpos fueron arrojados a ríos y precipicios o abandonados a los animales, ni a las bajas de las Fuerzas Armadas. El 42,6 por ciento de la población del departamento —321.621 personas— sufrió exilio interno, permanente o transitorio. El 42,82 por ciento de las propiedades —40.176 fundos pertenecientes a 32.400 propietarios— fue abandonado; el 46 por ciento de esas tierras se abandonó concentradamente entre 1955 y 1956.

Detrás de esas cifras había una estrategia deliberada: la violencia como palanca de despojo. Las amenazas de muerte y los incendios forzaban a los campesinos a vender a cualquier precio o a huir sin vender; las tierras terminaban en manos de quienes empleaban esas tácticas o de sus aliados. En las zonas de frontera agrícola recientemente abiertas, la usurpación de baldíos se intensificó a gran escala. La violencia bipartidista no fue solo la manifestación armada de un odio sectario: fue, también y sobre todo, un ciclo de concentración de la tierra por medio del terror.

El PCC toma partido: El Davis y el enclave del sur

Dos semanas después de que se hizo evidente que Laureano Gómez ganaría las elecciones presidenciales de 1949, el Partido Comunista Colombiano anunció una política de Autodefensa de Masas contra la violencia conservadora. Fue una decisión de gran alcance: por primera vez, un partido nacional autorizaba y organizaba la resistencia armada campesina. El PCC identificó tres enclaves para desplegar esa política: Viotá, cerca de Bogotá; el Sumapaz, en el sur de Cundinamarca; y el extremo sur del Tolima. Los tres compartían un rasgo: eran zonas de conflicto agrario preexistente donde el partido ya tenía cuadros y redes campesinas.

En el sur del Tolima el enclave lo dirigió Jacobo Prías Alape, conocido como Charro Negro. En el Sumapaz lo encabezó Juan de la Cruz Varela, veterano de las luchas agrarias de los años treinta. En 1950, la columna de marcha de la primera resistencia armada liberal-comunista llegó a El Davis, en las estribaciones de la Cordillera Central, en jurisdicción del municipio de Rioblanco. Allí se constituyó un Estado Mayor Unificado y se estableció el Comando del Davis en lo alto del cañón del Cambrín, punto de convergencia de las autodefensas liberales de Loaiza y García con las autodefensas comunistas de Charro Negro y con figuras que ya se hacían conocidas: Isauro Yosa —el "Mayor Líster"—, Ciro Trujillo Castaño y un caldense llamado Pedro Antonio Marín, oriundo de Génova, que operaba con hombres paisas y que la historia recordaría como Manuel Marulanda Vélez, "Tirofijo".

La convivencia no fue fácil. Las tensiones giraban en torno a la disciplina y a los intentos comunistas de imponer organización colectiva: regulación de cosechas y recursos, mando centralizado, criterios de reparto. Los liberales, más autónomos, más cercanos al modelo del jefe local, chocaban con esa vocación de partido. Los roces se acumulaban. El sur del Tolima empezó a partirse en dos memorias: la de los "limpios" —guerrilla liberal— y la de los "comunes" —autodefensa comunista—.

En 1953, Charro Negro y Marulanda se retiraron de El Davis con un grupo de familias hacia el sur, hacia lo que después se conocería como la región de Marquetalia. La hacienda El Támara, donde acampó Marín, fue rebautizada Marquetalia en homenaje al pueblo caldense homónimo; el caserío que allí creció es hoy Villarrica. Ese mismo año, el golpe de Gustavo Rojas Pinilla y la amnistía subsiguiente llevaron a la desmovilización de buena parte de las guerrillas liberales del país, pero no de las comunistas, que quedaron excluidas del pacto y continuaron armadas.

De autodefensa a insurgencia: Villarrica, Marquetalia, FARC

La guerra de Villarrica, en 1955, fue la primera gran ofensiva militar coordinada contra los enclaves comunistas del oriente del Tolima y del Sumapaz. El resultado, paradójicamente, no fue la aniquilación sino la reagrupación. Los combatientes desplazados por Villarrica se replegaron hacia el sur del Tolima, y en esos años los nombres de Charro Negro, Tirofijo, Ciro Trujillo e Isauro Yosa se consolidaron como núcleo dirigente. El PCC, entre 1949 y 1964, alternó cíclicamente entre fases de autodefensa territorial y fases de guerrilla móvil, siguiendo la temperatura política del país.

El pacto del Frente Nacional en 1958, que instauró la alternancia entre liberales y conservadores, pacificó parcialmente el país y desmovilizó a la mayor parte de las fuerzas guerrilleras. Pero excluyó del poder compartido a los comunistas, y con ello selló la persistencia armada de los enclaves. Entre 1958 y 1962, el PCC no logró unificar la orientación política de sus guerrillas: Varela en el Sumapaz, Marulanda en el sur del Tolima, otros mandos en otros enclaves sostenían posiciones divergentes frente al gobierno frentenacionalista.

En ese ambiente de indefinición estalló, el 11 de enero de 1960, el hecho que quebró definitivamente la alianza liberal-comunista en el sur del Tolima: el asesinato de Jacobo Prías Alape. Charro Negro había ordenado a una patrulla comunista confiscar un rifle que un combatiente liberal apodado El Diablo había tomado en combate. Gerardo Loaiza, ofendido por lo que interpretó como una humillación, juró venganza; semanas más tarde tres de sus hombres se presentaron en el cuartel comunista y lo mataron. Con ese asesinato terminó el ciclo de las autodefensas mixtas y comenzó, de facto, la etapa comunista pura de la insurgencia surtolimense.

Álvaro Gómez Hurtado bautizó desde el Senado a Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero como "repúblicas independientes": zonas donde, según su denuncia, el Estado no ejercía control, atentados permanentes a la soberanía, desafío a las Fuerzas Armadas. Sus críticos vieron en la fórmula la traducción política de las quejas de latifundistas y de sectores del clero. Fuera cual fuera el diagnóstico, el gobierno actuó. El Plan Lazo combinó acciones cívico-militares, guerra psicológica y bloqueo económico antes del asalto armado, con participación en su fase inicial de instituciones norteamericanas como el Cuerpo de Paz, Care y Caritas. Y el 27 de mayo de 1964 el Ejército atacó Marquetalia.

Los combatientes se replegaron a la montaña. En 1966, en la II Conferencia Guerrillera —celebrada en El Pato, Meta—, el llamado Bloque Sur se constituyó formalmente como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Contaba, al momento de fundarse, con unos 350 insurgentes. La dirección la compartían Marulanda, Ciro Trujillo Castaño y Jacobo Arenas —el único de origen obrero urbano en una guerrilla predominantemente campesina—. Las FARC tomaron el ataque a Marquetalia como su mito fundacional, aunque el nombre solo apareciera dos años después.

Una geografía irrepetible

Que la insurgencia comunista campesina más duradera de América Latina naciera en este pliegue de la Cordillera Central y no en otro lugar de Colombia no fue accidente. Cundinamarca, el Huila y el Cauca tenían estructuras agrarias igualmente conflictivas y campesinados igualmente golpeados por La Violencia; pero solo el sur del Tolima acumuló la combinación completa: arrendamiento precapitalista sobre resguardos pijaos desmantelados, baldíos en disputa entre colonos y hacendados, memoria organizativa indígena y campesina heredada de Quintín Lame y de las ligas de los años treinta, presencia temprana del PCC con su política de Autodefensa de Masas, red densa de liderazgos —Charro Negro, Marulanda, Yosa, Trujillo— curtidos en El Davis, y una geografía de cañones, filos y páramos que hacía impracticable el control estatal.

La estructura agraria puso el combustible: los agravios acumulados por décadas de arrendamiento asimétrico, de pesas amañadas, de títulos dudosos, de racismo cotidiano. La violencia bipartidista fue la mecha: desplazó al 42,6 por ciento del departamento, incendió casas, robó animales, concentró tierras. Pero fue la organización política —el PCC con sus cuadros, el repertorio indígena con su lenguaje de resguardo y baldío, la contingencia de los liderazgos concretos— la que convirtió esa mezcla en una insurgencia formal y no en una serie de bandolerismos regionales. Sin la estructura agraria, la organización habría sido política sin base social; sin la organización, la estructura habría producido, como en tantos otros lugares, despojo silencioso.

Huella y presente

Del sur del Tolima como matriz salió una guerra que ocupó a Colombia durante medio siglo. La región misma pagó el precio de ser cuna. La migración generada por La Violencia empujó a familias enteras hacia la Amazonia occidental, hacia Caquetá y Putumayo, transformando la geografía humana del sur del país. Los que se quedaron o volvieron encontraron un territorio marcado por la continuidad del conflicto: en los años ochenta y noventa, el Bloque Tolima de las AUC extendió su presencia sobre Chaparral, Rioblanco, Planadas y Ataco, con antecedentes en las cooperativas Convivir donde operaron comandantes como el conocido como "Canario" —"Ernesto" en otros relatos—, cuya trayectoria es una de las pocas claves para reconstruir la genealogía paramilitar regional. La violencia armada, ejercida por actores legales e ilegales, siguió amenazando la cohesión interna de los pueblos indígenas de la zona, como documentó la Defensoría del Pueblo en 2012.

A comienzos del siglo XXI, los municipios de Chaparral, Rioblanco y Planadas registraban 200 o más hectáreas de cultivos ilícitos cada uno, lo que reforzaba el control económico y social de los grupos armados sobre una población empobrecida y difícil de mover del territorio. El sur del Tolima seguía siendo, como en 1948, corredor estratégico entre el Sumapaz y el sur profundo, y su geografía de refugio seguía funcionando como tal.

La memoria de la región convive con la memoria del país. En Marquetalia y en Villarrica, en El Davis y en Gaitania, los topónimos remiten a mitos fundacionales de una guerra que apenas comienza a cerrarse. Los nombres de Charro Negro, Tirofijo, Isauro Yosa y Ciro Trujillo pertenecen ya a la historia nacional. Pero antes de ellos, en el mismo suelo, estuvieron Quintín Lame reclamando resguardos, los arrendatarios de El Carmen enviando delegados a Coyaima en enero de 1937, los colonos del Combeima disputando en 1936 los títulos de una hacienda, los pijaos concentrándose en Natagaima y Ortega tras siglos de despojo. La violencia del siglo XX no cayó sobre un territorio virgen: cayó sobre una acumulación de agravios y de organización que llevaba cuatro siglos formándose. Entender el sur del Tolima es entender que la insurgencia campesina colombiana no salió de la nada, ni de una ideología importada, ni de un puñado de aventureros armados: salió de una geografía, de una estructura agraria y de una historia larga que allí, en ese pliegue de la cordillera, coincidieron como no coincidieron en ninguna otra parte del país.