Mito fundacional

El mito fundacional en Colombia

En Colombia, el mito fundacional no es un legado que las generaciones se transmitan intacto desde 1810, sino un artefacto construido en oleadas por sucesivos regímenes políticos, cada uno con sus talleres, sus autores, sus fechas y sus objetos. Entre la Ley 60 de 1873, que decretó el 20 de julio como aniversario nacional, y el bicentenario de 2019, el país fabricó, reformó, canonizó y disputó un relato de orígenes que sirvió para legitimar un Estado centralista, andino y católico, y para naturalizar las exclusiones sobre las que ese Estado se levantó. Comprender ese proceso —qué se seleccionó, quién quedó fuera, qué objetos se elevaron a reliquia, qué próceres se elevaron a semidioses— es acercarse a la manera colombiana de habitar el pasado.

La noción y su peso

Un mito fundacional es el relato con el que una comunidad política se cuenta su origen, fija sus héroes, sanciona sus fechas y establece la continuidad entre un acto inaugural y el orden presente. No es simple leyenda: es un dispositivo con función social y jurídica que ofrece a la sociedad nacional una prueba de autenticidad y una escenografía para el poder. En las repúblicas latinoamericanas del siglo XIX, la escritura de la historia cumplió justamente ese papel: fue el recurso con el que las élites establecieron la continuidad de sociedades que apenas empezaban a existir como Estados. Colombia no fue excepción. Sus primeros historiadores utilizaron la noción de pasado para consagrar los orígenes de la República, dándole carácter fundacional al Descubrimiento, la Conquista y, sobre todo, a las acciones de los héroes de la Independencia.

Lo que distingue al caso colombiano es la nitidez con que puede rastrearse la fabricación. No hay una bruma inmemorial: hay leyes con número, concursos con jurado, monumentos con escultor y fecha de inauguración, objetos museísticos con expediente. El 20 de julio se decretó fiesta nacional por una ley; el florero de Llorente se consagró como reliquia en un museo; la Historia de Colombia de Henao y Arrubla ganó un premio en 1910 y se volvió, por decreto de facto, el manual con el que aprendieron historia varias generaciones. Esa trazabilidad permite tratar el mito no como misterio sino como proceso.

La materia prima criolla: una insurrección de minorías

El material sobre el que se trabajaría el mito venía marcado desde el origen. La revolución de independencia neogranadina no fue una guerra popular en sentido estricto. En su inicio fue una insurrección de minorías cultas y ricas, movidas en los centros urbanos, con las masas rurales alejadas de los círculos donde se movían los líderes del proceso. Muchos futuros próceres, de hecho, habían estado del lado de la Corona durante el levantamiento de los Comuneros de 1781, que sí incluyó reivindicaciones concretas para indígenas, mestizos y criollos pobres. La élite criolla no estaba del todo interesada en romper los nexos culturales con Europa: esos nexos le servían, precisamente, para distanciarse de la masa mestiza, indígena y negra sobre la que pretendía gobernar.

De ahí una particularidad del caso colombiano. A diferencia de México, donde el cura Miguel Hidalgo movilizó al pueblo indígena en un movimiento con rasgos de revolución social democrática y popular, en la Nueva Granada la posición de los indígenas frente al movimiento independentista fue frecuentemente de rechazo. En los Llanos, fue el realista José Tomás Boves quien primero movilizó a los llaneros, del lado del rey y no del de los patriotas. Esa asimetría entre la élite ilustrada y las masas rurales quedaría inscrita como huella permanente en cualquier relato posterior sobre el origen.

El mito fundacional colombiano tuvo, entonces, un problema técnico desde el comienzo: había que convertir en gesta común de la nación un acontecimiento que, en su materialidad, había sido cosa de pocos. Los sucesos del 20 de julio de 1810 en Santafé —una disputa de salón alrededor de un florero, un cabildo abierto, un acta redactada esa noche— tenían escala provincial y protagonistas urbanos. Convertirlos en momento fundacional de una nación entera exigía una operación posterior, sostenida y política.

La primera oleada: la Ley 60 de 1873

Esa operación ocurrió más de seis décadas después de los hechos. La Ley 60 de 1873, expedida por el Congreso de los Estados Unidos de Colombia en pleno auge del radicalismo liberal, declaró el 20 de julio día festivo nacional como aniversario de la independencia de 1810. Detrás del proyecto estuvo, con toda probabilidad, José María Quijano Otero, entonces secretario de la Cámara de Representantes, quien había sostenido públicamente esa tesis en las páginas de La América. La elección no era inocente: fijar el aniversario en Santafé —y no en el Socorro de los Comuneros, ni en el Cartagena que se independizó por su cuenta el 11 de noviembre de 1811, ni en Cúcuta, donde se firmó la Constitución de 1821— era ya una jerarquización política del territorio. Quien fijó la fecha antepuso su empeño de nacionalización a la exactitud histórica: la disputa sobre si el acta se firmó el 20 o en las horas siguientes fue, para efectos de la ley, irrelevante.

En 1873, un Congreso federalista y anticlerical se dio a la tarea de dotar a una república todavía frágil de un aniversario común. Fue un gesto de ingeniería simbólica: convertir un episodio provinciano en el momento inaugural de todos los colombianos, sin importar que buena parte del país no hubiera participado en él ni se sintiera aludido. La eficacia de esa fabricación sería puesta a prueba muy pronto por un giro político de sentido contrario.

La refundación conservadora: la Regeneración y 1886

Doce años después de la Ley 60, la Regeneración liderada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro cambió el signo del Estado. Núñez, presidente en varias ocasiones desde 1880, articuló en alianza con el Partido Conservador un programa de retorno a la autoridad y de fortalecimiento del gobierno central como respuesta al desorden que atribuía al federalismo radical. Caro, principal pensador conservador y firme defensor de la Iglesia Católica, redactó en gran medida la Constitución de 1886, que sustituyó el edificio federal por un régimen centralista, restringió libertades individuales, condicionó el sufragio a la alfabetización y la propiedad, convirtió en indirectas muchas elecciones directas y autorizó al gobierno, mediante un artículo transitorio, a regular la prensa: cláusula que se prolongó por años y que resultó odiosa a los disidentes.

La Regeneración no se contentó con cambiar la Constitución: reescribió el relato de origen. Los regeneradores glorificaron a Bolívar como portaestandarte de la nacionalidad, adoptaron su idea de que el pueblo era ingobernable y reforzaron la convicción de que solo un ejecutivo muy fuerte, apoyado en la religión, podía mantener el orden. El Partido Conservador adoptó la fe católica como uno de sus principios, y la Iglesia fue reconocida como parte esencial del orden nacional. Los conservadores nacionalistas encontraron su sustento intelectual en el pensamiento católico e hispano, revalorizaron el período colonial y contrapusieron la paz de la Colonia al desorden republicano.

La operación historiográfica que acompañó esta refundación fue elaborada. Encabezada por José Manuel Groot, una corriente reformuló la historia nacional como contraste entre la relativa quietud de los tres siglos coloniales y la agitación republicana, cuestionando incluso la preparación con que la Nueva Granada había llegado a la Independencia. Se trataba, en el fondo, de desactivar el relato liberal de la emancipación como progreso y sustituirlo por otro en el que la religión, la lengua y la herencia hispánica eran los fundamentos verdaderos de la nación. El clientelismo del régimen fue más voraz y excluyente que el del período liberal, porque los recursos fiscales del nuevo Estado centralista habían aumentado. El triunfo de la Regeneración perfeccionó un modelo de exclusión y dominación espiritual que sentó las bases de la catástrofe política colombiana del siglo XX.

La escenificación: el centenario de 1910

Si 1873 fijó la fecha y 1886 refundó el marco, 1910 escenificó el mito. El primer centenario de la Independencia se hizo coincidir con el 20 de julio de ese año y se celebró en Bogotá y en otras regiones del país, marcando el punto en que la historia de la Independencia dejó de estar ligada solo a algunas provincias y pasó a presentarse como historia común de todas. Fue un despliegue formidable: se inauguraron monumentos y estatuas, se abrió el acueducto de Chapinero, se creó el Parque de la Independencia con pabellones de exposiciones industriales, artísticas, agrícolas, ganaderas y artesanales, y se convocó a representantes de todas las tendencias políticas bajo una orientación de optimismo, conciliación e integración que se llamó centenarista.

El centenario proclamaba un Estado centralista y triunfante nacido de la Constitución de 1886, y presentaba a los próceres de la Independencia como padres fundadores de ese Estado. La coherencia del gesto era completa: no se celebraba solamente el 20 de julio de 1810, se celebraba sobre todo el orden andino y católico que había cristalizado en 1886, proyectado retroactivamente sobre los sucesos de la emancipación como si estos hubieran conducido lógicamente a él. Un pequeño grupo, la llamada generación del centenario, fue el arquitecto cultural de esa puesta en escena.

En el concurso de historia del centenario, Jesús María Henao y Gerardo Arrubla obtuvieron el premio con su Historia de Colombia. La consecuencia fue duradera: los colombianos aprenderían historia por ese libro durante los siguientes tres cuartos de siglo. El mito no solo se escenificaba en las plazas; se codificaba en los pupitres.

La geografía festiva de Bogotá en 1910 dejó ver, sin embargo, la costura del asunto. La celebración tuvo dos polos: el Bosque de la Independencia, donde los cachacos concurrían de día a admirar las realizaciones del progreso, y el barrio de Las Cruces, adonde ese mismo público se desplazaba en busca de diversiones populares menos confesables. Un mismo cuerpo social pasaba de la exposición industrial al bailadero, del pabellón agrícola a la cantina, sin experimentar contradicción alguna. El centenarismo era también un ejercicio de decoro urbano, con su cara oficial y su reverso: la nación se representaba a sí misma en el Bosque y se divertía a sus anchas en Las Cruces, y ambas escenas formaban parte del mismo libreto. Esa doble vida geográfica prefiguraba, en pequeño, el desdoblamiento entre la Colombia oficial y la real que atravesaría el siglo XX.

Los soportes materiales: objetos, monumentos, retratos

Un mito fundacional necesita cuerpo. Necesita objetos que lo condensen, estatuas que lo hagan visible en las plazas, retratos que lo lleven al hogar. Colombia armó ese repertorio con paciencia y con conflicto, y el trabajo material fue tan decisivo como el trabajo narrativo: sin florero, sin estatua ecuestre, sin retrato colgado junto a la estampa religiosa, el relato habría carecido de anclaje sensible en la vida cotidiana.

El caso del florero de Llorente es ejemplar. Consagrado en el museo como objeto emblemático del 20 de julio de 1810, se volvió el signo que resumía en una vitrina el acontecimiento fundacional. La consagración fue gradual y posterior a la construcción del relato: primero se escribió el episodio en la historia oficial y luego se elevó el objeto a reliquia, no al revés. Investigaciones realizadas con motivo del bicentenario, en 2010, establecieron mediante análisis de materialidad y técnica que la pieza fue muy probablemente elaborada en la segunda mitad del siglo XVIII en la Fábrica del Buen Retiro, en Madrid. El detalle importa: el objeto que condensa la ruptura con España había sido fabricado en España. La ironía es también parte de la historia del mito.

Junto al florero, otros objetos —el banquillo de purificación, banderas de campañas— fueron adquiriendo carácter emblemático en el museo, articulando una representación histórica del proceso de Independencia por acumulación de reliquias. La elaboración narrativa siempre fue previa a la consagración material: primero el relato, luego el objeto que lo prueba.

En el espacio público, las estatuas hicieron el trabajo complementario. Bogotá se pobló de próceres en piedra y bronce, y cada monumento fijaba una jerarquía y una biografía canónica: Bolívar de Pietro Tenerani en la Plaza Bolívar, Santander de Pietro Costa en su plazoleta, Policarpa Salavarrieta de Dionisio Cortés en la carrera tercera. Cuando la figura cae en la intransigencia del mito, todo análisis crítico parece superfluo, y esa era justamente la función del bronce: cerrar el debate.

El retrato de Bolívar pintado por José María Espinosa en 1819 ilustra otra faceta del proceso: su consagración como pieza maestra de la iconografía bolivariana fue tardía, impulsada sobre todo por la difusión que hizo Marta Traba en la segunda mitad del siglo XX. Un cuadro puede pasar un siglo largo sin ser icono y volverse icono después. Las imágenes de los héroes, especialmente las de Bolívar, se exhibían en hogares de todas las clases sociales junto a las estampas religiosas: el culto cívico se acopló al culto devocional y tomó prestada su liturgia doméstica.

Que las imágenes cargaban poder simbólico real lo demuestra la violencia ejercida sobre ellas. Adeptos de Bolívar apuñalaron un retrato de Santander; en 1830 se fusilaron en Bogotá dos retratos de Bolívar. Se atacaba la imagen porque golpear la imagen equivalía a golpear al hombre y a lo que él encarnaba. El culto tenía costo político.

El taller de próceres: Bolívar, Santander y la disputa por el fundador

Esa violencia contra los retratos no era anecdótica: cifraba la disputa que estructuró la memoria republicana durante casi dos siglos. Bolívar y Santander se convirtieron en emblemas de proyectos políticos rivales, y la comparación entre ambos organizó la manera en que Colombia se contó a sí misma. La Regeneración consagró a Bolívar como portaestandarte, incorporó su desconfianza hacia el pueblo y lo hizo compatible con la exaltación del ejecutivo fuerte y de la religión. Los liberales, por contraste, tendieron a levantar a Santander como emblema del legalismo, la instrucción pública y el civismo republicano.

La disputa fue tan intensa que produjo su propia bibliografía polémica. En 1966, Laureano Gómez publicó en segunda edición El Mito de Santander, título que dice todo sobre el modo en que el debate se planteaba: cada bando denunciaba la construcción mítica del héroe del otro sin advertir siempre la propia. El culto a Bolívar se sostuvo con soportes materiales muy sólidos: la repatriación de sus restos a Caracas, la publicación de sus documentos, la multiplicación de estatuas, la casa museo de la Quinta de Bolívar en Bogotá.

Encarnar en un individuo las cualidades geniales de toda una época —el gesto retórico que hace del hombre el sinónimo del acontecimiento— constituye una verdad incompleta: impone la semidivinidad de unos pocos a expensas del reconocimiento de la obra colectiva. Y en el caso colombiano, ese tropo tuvo consecuencias precisas. Al elevar a Bolívar y a un puñado de generales a la categoría de padres fundadores, se relegó al margen a los Comuneros de 1781 —cuya gesta permaneció en la sombra historiográfica durante más de un siglo, hasta que el primer texto importante al respecto apareció en 1880—, a los pardos que combatieron en las campañas de independencia, a las mujeres que actuaron en la trastienda de las conspiraciones, y a las masas indígenas y afrodescendientes de las provincias periféricas.

Las exclusiones estructurales

Esas ausencias no fueron accidentes de la memoria: fueron su cimiento. A comienzos de los años ochenta, un análisis de los textos escolares de historia mostraba con claridad lo que ya venía de lejos: los relatos consagraban una patria del criollo, y era pertinente preguntarse qué podía significar esa narrativa para otros grupos igualmente nacionales, indios y negros, y si no constituía una visión estrecha de la nación.

La exclusión racial tuvo su capítulo más duro en la Gran Colombia. Bolívar escribió cartas ofensivas sobre negros y mulatos, y su ideal de gobierno era el régimen aristocrático inglés. No se trata de anacronismos suavizables: el temor a una guerra racial inspirada en el ejemplo haitiano —llamado guerra de clases o guerra de colores— condicionó de manera directa las políticas hacia afrodescendientes y pardos. En el proceso que llevó al fusilamiento del almirante José Prudencio Padilla, hombre pardo y héroe naval de la independencia, ese temor pesó de manera decisiva. La correspondencia de las élites lo muestra: se temía que Padilla encabezara a los pardos, y el juicio militar hizo el resto. Un héroe naval de la independencia terminó fusilado por el color de su piel y por el pánico de clase de quienes lo habían combatido junto a él.

Los indígenas, por su parte, entraron al relato de manera intermitente y ambigua. La élite criolla no exaltó las cualidades indígenas porque hacerlo habría contradicho su estrategia de mantener nexos culturales con Europa como marca de distinción social. En la historiografía revisionista de fines del XIX y comienzos del XX —construida en función de preocupaciones por la integración nacional—, lo negro no existe como tal: fue registrado de forma contrastada y fragmentaria, y las primeras reflexiones académicas al respecto vinieron sobre todo de investigadores extranjeros.

El resultado fue un mito con centro andino, criollo y masculino, en el que Policarpa Salavarrieta cumplía el papel de excepción heroica que confirmaba la regla, y en el que las provincias caribeñas, pacíficas, orientales y amazónicas quedaban en la periferia narrativa aunque hubieran sido decisivas en el proceso material de la Independencia.

La impugnación desde adentro: historiografía crítica del siglo XX

El mito no se sostuvo sin resistencias. Luis Eduardo Nieto Arteta abrió la primera grieta en 1941, con un libro pionero de historia económica que aplicaba de forma incipiente el método marxista al pasado colombiano. La obra tuvo poca resonancia inmediata; sus lectores llegaron una generación después. En los años sesenta, los primeros historiadores profesionales del país la rescataron del olvido y la pusieron a dialogar con la de Luis Ospina Vásquez, de 1955, sobre industria y protección.

En ese mismo movimiento entró Indalecio Liévano Aguirre. Sus Grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia no aparecieron primero en libros de biblioteca sino por entregas en las revistas Semana y Nueva Prensa, donde los leyeron estudiantes universitarios que empezaban a hacerle preguntas incómodas al manual escolar. La interpretación de Liévano desplazó el foco del prócer individual hacia los conflictos estructurales entre clases, regiones y proyectos económicos, y esa lectura caló. Poco después, Mario Arrubla publicó en la revista Estrategia una serie de artículos sobre la caracterización y evolución de la economía colombiana, luego recogidos en libro. Junto con Darío Mesa y otros, esa cohorte formó el primer núcleo de historiadores profesionales del país, y le hizo al Henao y Arrubla del centenario lo que ningún debate parlamentario había logrado: sacarlo del pupitre.

El efecto fue lento pero profundo. La Historia de Colombia de Henao y Arrubla dejó de ser el manual único; el pupitre se abrió a otras lecturas; el mito centenarista perdió la exclusividad. En las décadas siguientes, los estudios coloniales de Germán Colmenares y de una nueva generación universitaria completaron el desplazamiento: la historia dejó de ser el catálogo de las virtudes de los próceres para volverse el análisis de estructuras, procesos, mentalidades y actores anónimos.

Los mitos alternativos: guerrillas, memoria, violencia

Mientras la historiografía profesional erosionaba el mito oficial desde las aulas, otros actores lo impugnaban desde la calle y la selva, no para reemplazarlo con verdad histórica sino para construir mitos alternativos igualmente eficaces. La Colombia de la segunda mitad del siglo XX es, en buena medida, un país donde varios relatos fundacionales compiten, y esa competencia se libra con los mismos materiales simbólicos —próceres, fechas, objetos— que había forjado el Estado en el siglo XIX.

Las FARC construyeron el suyo con precisión. Según su versión, no surgieron por iniciativa propia sino como respuesta defensiva al cerco militar del Estado contra Marquetalia: fue el Estado quien declaró la guerra, no la organización guerrillera. La estructura narrativa era clásica —agresión externa, resistencia justa, comunidad que se arma para no perecer— y resultó lo bastante sólida como para sobrevivir a los propios cambios de la organización. Cuando en la VII Conferencia de 1982 se añadió al nombre la sigla EP, Ejército del Pueblo, marcando el paso de una estrategia defensiva a una ofensiva total hacia la toma del poder, el mito de la resistencia inicial se mantuvo intacto; hasta el nombre del órgano de expresión de la organización —Resistencia— conservaba el núcleo defensivo del relato de origen. La distancia entre el relato fundacional y la práctica presente no debilitó el primero: lo blindó.

El M-19 eligió otra vía, quirúrgica y publicitaria. Su primera acción pública fue el robo de la espada de Bolívar, precedido de avisos en los principales periódicos como parte de una estrategia mediática calculada. La gramática de la operación era transparente: apropiarse del objeto del prócer para legitimar un proyecto revolucionario contemporáneo. En lugar de rechazar el mito bolivariano, el M-19 lo reciclaba a su favor, y mostraba con ello algo que las élites tardarían en asimilar: la materia simbólica del Estado podía ser expropiada por sus adversarios con la misma facilidad con que se apropia un bien mueble.

Estas construcciones no ocurrieron en un vacío. Colombia fue caracterizada, con motivo, como una nación signada por la violencia desde su nacimiento republicano: una sucesión de guerras civiles del siglo XIX que decantaron entre modelos centralistas y federalistas de Estado, y luego el largo período de La Violencia entre liberales y conservadores del que emergieron algunas de las condiciones que dieron lugar a las guerrillas. La relación entre violencia bipartidista y violencia insurgente es materia de debate, pero la continuidad estructural del conflicto armado ofreció el trasfondo sobre el cual los mitos alternativos encontraron audiencia.

El bicentenario y la política de la memoria

El segundo centenario, en 2010, ocurrió en un país muy distinto al de 1910. La Ley de Justicia y Paz 975 de 2005 había convertido la memoria histórica en una cuestión pública enunciada con fuerza en la esfera política. A diferencia de otros países latinoamericanos donde las luchas por la memoria comenzaron tras el fin de dictaduras o conflictos armados, en Colombia los agentes de memoria iniciaron su lucha en medio de un conflicto todavía en curso, y esa simultaneidad marcó el tono de la conmemoración: no era posible celebrar la Independencia sin nombrar la guerra que aún se libraba, ni levantar un monumento sin que otro monumento —el de las víctimas recientes— reclamara su lugar al lado.

El tratamiento del florero de Llorente ese año condensa el giro. En vez de restaurarlo con solemnidad o exhibirlo con más luz, se lo sometió a análisis técnicos que lo despojaban del aura y lo devolvían a su condición de pieza cerámica del siglo XVIII, fabricada probablemente en Madrid. El objeto seguía en la vitrina, pero rodeado ahora de la información que erosionaba su función de reliquia. Ese mismo espíritu recorrió el trabajo de historiadores y académicos que impugnaron la narrativa oficial mientras cuestionaban las fuerzas de jerarquía, elitismo y estratificación social que la sostenían. El mito no fue derribado; fue puesto en cuarentena.

En 2019, en el marco del bicentenario prolongado —doscientos años de la Campaña Libertadora y de la Batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819—, se produjeron documentales y materiales que revisaban el período fundacional. En el mismo tiempo se construyeron contramonumentos y museos de memoria que impugnaban la normalización de la violencia inscrita en los monumentos tradicionales. Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria, en Bogotá, se levantó con armas fundidas de las FARC-EP entregadas tras el acuerdo de paz de 2016. El gesto era simbólicamente el inverso del que había hecho el M-19: en lugar de robar la espada del prócer, se derretían los fusiles de la guerra para hacer con ellos un piso sobre el cual caminar. La pieza no se colgaba en la pared para ser admirada; se pisaba. El monumento tradicional exige alzar la mirada; el contramonumento exige bajarla. Doscientos años después del acta de Santafé, el país había cambiado incluso la dirección física del culto.

Un artefacto siempre incompleto

Hay una imagen que resume mejor que cualquier síntesis la historia del mito fundacional colombiano: la del piso de Fragmentos fabricado con los fusiles fundidos de una guerrilla que había robado la espada de Bolívar cuarenta y cinco años antes. En esos metros cuadrados de metal aplanado convergen todas las capas del artefacto: el prócer del bronce republicano, el objeto sustraído por sus impugnadores, el arma de la guerra que hizo posible impugnarlo, la ceremonia de paz que la fundió, el suelo pisable donde el visitante deja de mirar hacia arriba. El mito no fue derrotado por ninguna de esas operaciones; fue absorbido, reciclado, contradicho y vuelto a poner en circulación en un nivel distinto.

Esa es la naturaleza del artefacto. Cada régimen seleccionó sus próceres, canonizó sus fechas, elevó sus objetos y silenció a los actores populares y territoriales que no cabían en el marco; cada régimen fabricó, sobre esa selección, una liturgia cívica que naturalizaba el orden andino-centralista nacido de 1886 sobre las otras Colombias posibles. Y sin embargo, la operación nunca fue completa. Las disputas entre bolivarianos y santanderistas mostraron que el prócer principal era terreno movedizo. Los apuñalamientos y fusilamientos de retratos mostraron que las representaciones podían ser atacadas con la misma pasión con que eran veneradas. La historia profesional del siglo XX desmontó el manual escolar. La memoria negra e indígena empezó a exigir su lugar. Los actores armados construyeron sus propios mitos con la misma materia simbólica de la Independencia. Los contramonumentos del bicentenario reescribieron el espacio público con fragmentos de la guerra.

En un país fundado sobre exclusiones que se pretendieron condición del orden, el mito no cierra: se rehace, y cada rehacer deja a la vista las costuras del anterior. La próxima oleada vendrá —seguramente ya está en marcha en algún archivo, en algún taller, en alguna asamblea de comunidades cuyas historias todavía no se han escrito— y su interés no estará tanto en lo que consagre como en lo que se vea obligada a incluir. Un mito fundacional se mide, al final, no por la firmeza de su centro sino por la elasticidad de sus bordes; y los bordes del mito colombiano llevan doscientos años ensanchándose a la fuerza.