Infraestructura femenina en la guerra de independencia (1815–1819)

Infraestructura femenina en la guerra de independencia (1815–1819)

Entre el 6 de diciembre de 1815, cuando Pablo Morillo tomó Cartagena tras ciento dos días de asedio, y el 7 de agosto de 1819, cuando el Ejército Libertador rompió la línea realista en el Puente de Boyacá, la resistencia patriota en la Nueva Granada se sostuvo sobre una trama que ninguna gaceta oficial nombró en su momento: mujeres de todas las condiciones —modistas, cocineras, hacendadas, esclavas domésticas, viudas de comerciantes, hermanas de cuartel, campesinas del Socorro, mulatas del Patía— que alimentaron guerrilleros, ocultaron fugitivos, transportaron correspondencia entre las provincias ocupadas, financiaron partidas, hilaron ropa para el ejército, curaron heridos en casas particulares y operaron redes de inteligencia dentro de los cuarteles del virrey Juan Sámano. Esa infraestructura operó en el interior mismo de la maquinaria represiva. La memoria republicana que se consolidó después de 1819 la comprimió, sin embargo, en una sola figura —Policarpa Salavarrieta, fusilada el 14 de noviembre de 1817 en la Plaza Mayor de Santafé—, convirtiéndola en la mártir única cuyo cuerpo colgado servía tanto para honrar el sacrificio pasado como para clausurar la pregunta por la ciudadanía de las mujeres vivas. Reconstruir aquellas cuatro estaciones de guerra desde la perspectiva de esa infraestructura no es un ejercicio de compensación historiográfica: es restituir el mecanismo material que sostuvo la resistencia neogranadina cuando el aparato militar patriota había sido barrido y el país estaba, hasta la última parroquia, bajo régimen de terror.

El mundo que Morillo encontró: la Patria Boba y sus mujeres

La sociedad neogranadina que la expedición de Morillo empezó a "pacificar" en 1815 salía de casi seis años de ensayo republicano fracasado. La Primera República —la llamada Patria Boba— había disipado su propia legitimidad en disputas entre centralistas y federalistas, y el desembarco español encontró, en amplias franjas de la población, un alivio inicial. Ese punto de partida es decisivo: el terror morilista no cayó sobre un país previamente unánime en el patriotismo, sino sobre un territorio dividido, agotado y con lealtades ambiguas. Las mujeres que después sostendrían la resistencia clandestina no venían de una tradición política articulada. Venían de casas, talleres, cocinas y haciendas donde la guerra ya había pasado una vez —bajo la forma de reclutamientos, requisas y muertes cercanas— y donde los oficios femeninos habituales, en apariencia domésticos y menores, se habían vuelto, sin proponérselo todavía, dispositivos aprovechables para la clandestinidad.

La costura, por ejemplo. Una modista entraba a las casas principales de Santafé sin levantar sospechas: medía, ajustaba, oía. Los conventos y beaterios eran depósitos de correspondencia y refugio de perseguidos. Las pulperías y tiendas de las plazas menores concentraban rumores, itinerarios de tropa, nombres de delatores. Las haciendas ganaderas del Socorro y de Charalá alojaban peones y arrieros que sabían caminos ocultos. Las cocinas de las casas patricias despachaban raciones a familiares "escondidos en el campo" que a veces eran, en efecto, guerrilleros. Nada de esto era todavía una red. Lo sería cuando la brutalidad del régimen de ocupación forzara a que lo fuera.

La Reconquista: consejos de guerra, secuestros y purificación

La caída de Cartagena el 6 de diciembre de 1815 —tras un asedio que mató por hambre y epidemias a cerca de la tercera parte de sus habitantes— abrió el camino tierra adentro. En los primeros días de octubre de 1816 Morillo completó la reconquista neogranadina con una campaña rápida que aplastó los últimos reductos republicanos. Ese año fue calificado, con razón, como el más negro de la revolución americana. En Santafé, convertida en capital administrativa de la "pacificación", se instalaron tres instituciones excepcionales que definirían la vida cotidiana bajo la ocupación: los consejos de guerra, que juzgaban por rebelión y podían imponer la pena capital; el consejo de purificación, destinado a procesar a los desleales al rey, es decir, a quienes habían colaborado con los insurgentes; y la junta de secuestros, encargada de incautar y vender los bienes de los acusados de traición. La tesorería del ejército expedicionario centralizaba los recursos y los volcaba al esfuerzo bélico.

En 1816 fueron fusilados los principales líderes intelectuales y políticos de la Primera República: Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell. Las ejecuciones no se detuvieron en la primera línea de dirigentes. Bajaron por el escalafón hasta secretarios, correos, financistas menores, comerciantes que habían prestado dinero, curas de pueblo. La categoría de "rebelde", como ya había ocurrido en Venezuela en 1815, se definió con amplitud deliberada para incluir a líderes, simpatizantes, seguidores pasivos y emigrados. El resultado material fue una reasignación masiva de propiedades y una desarticulación de las unidades productivas: muchos propietarios vendieron ganados, esclavos y semovientes precipitadamente, en un pánico económico que anticipaba la confiscación. Los campesinos fueron reclutados en cuadrillas para construir caminos y puentes al servicio del ejército de ocupación. Rafael María Baralt y Diego Barros Arana caracterizarían después a Morillo como cruel por sistema más que por inclinación: los ahorcamientos y decapitaciones —incluida la del cadáver del teniente coronel Fernando Carabaño— eran política de Estado, no exceso individual.

Aquí es donde las mujeres entran en la ecuación no ya como testigos, sino como operadores. El terror morilista tuvo un efecto contraproducente que sus propios contemporáneos advirtieron: convirtió en animadversión las simpatías que amplios sectores neogranadinos habían mostrado hacia los españoles tras el colapso de la Patria Boba. La resistencia armada inicial fue dispersa, individualista, guerrillera. Y esa forma de resistencia —fragmentaria, urbana en un extremo y montaraz en el otro, dependiente de casas seguras y correos privados— necesitaba precisamente el tipo de infraestructura invisible que las mujeres estaban en condiciones de proveer.

Policarpa Salavarrieta: la modista que era una red

Policarpa Salavarrieta llegó a Santafé desde Guaduas y se instaló bajo tapadera de modista de oficio. La cobertura era funcional: le permitía entrar a las casas de las familias afectas al régimen realista, medir, coser, esperar en salas mientras se hablaba, escuchar. Su verdadera ocupación era otra. Operaba como enlace urbano entre las guerrillas patriotas de los llanos y el interior de la ciudad. Sus misiones incluían averiguar secretos militares, ofrecer apoyo logístico a guerrilleros que entraban clandestinamente, infiltrar los cuarteles del virrey y —lo más audaz— reclutar soldados criollos del ejército realista para convertirlos a la causa revolucionaria, alimentando un servicio de inteligencia sobre movimientos de tropa. No era una espía solitaria: era el nudo visible de una red que incluía a su pareja Alejo Sabaraín, oficial preso, y a otros enlaces cuya identidad no siempre trascendió.

La red fue descubierta. El 14 de noviembre de 1817, Policarpa fue conducida al patíbulo en la Plaza Mayor de Santafé. Antes, el 18 de agosto, Sabaraín había figurado entre los condenados a muerte en un sorteo de quintamiento aplicado a oficiales presos —una lotería de la muerte que decidía por sorteo cuáles de cada cinco serían fusilados—. El fusilamiento de Policarpa quedó como uno de los episodios más conmovedores de la represión realista, y con razón: una mujer joven, no combatiente en el sentido militar clásico, ejecutada por operar una infraestructura que el régimen no había sabido desarticular sino con su cuerpo.

Lo decisivo, sin embargo, no es el destino individual. Es lo que la existencia misma de esa red revela sobre la textura de la ocupación. Para que una modista pudiera infiltrar los cuarteles del virrey, hacían falta modistas cómplices, casas cómplices, criadas dispuestas a callar, arrieros que llevaran mensajes de Santafé a los llanos, cocinas donde recalar. La operación de Policarpa no fue una anomalía heroica; fue un fragmento visible —el que la delación y el archivo judicial permitieron reconstruir— de un tejido más amplio del que la mayoría de las hebras no dejó rastro.

Cintas azules, cocinas y correos: la operación diaria de la resistencia

En las calles de Santafé, bajo el régimen de Morillo, las mujeres empezaron a adornar sus cabellos con cintas azules como señal cifrada de oposición. El gesto parece menor y no lo es. Es la punta visible de una gramática política que la represión no podía procesar porque no cabía en las categorías del consejo de guerra: ¿cómo fusilar a una mujer por una cinta? La resistencia simbólica funcionaba como marcador de reconocimiento mutuo —quién era de los nuestros— y como afirmación pública en un espacio, la plaza y la calle, donde el terror pretendía imponer silencio.

Debajo de esa capa simbólica corría la operación material. Las casas de Guaduas, Villa de Leyva, Tunja y el Socorro sirvieron como estaciones de un correo clandestino que unía las guerrillas de los llanos con los enlaces urbanos. La correspondencia se cosía en dobladillos, se escondía en trenzas, se transportaba en el interior de panes o de canastos de mercado. Las cocinas domésticas duplicaron su función: alimentaban a la familia y, en paralelo, preparaban raciones para combatientes escondidos en trojes, sótanos y patios traseros. La logística guerrillera —que en apariencia solo requería fusiles y caballos— dependía en realidad de una cadena de suministro doméstica: sal, panela, tabaco, ropa, medicinas robadas de los boticarios, hilas para vendajes.

En el Socorro y Charalá, provincias de temprana tradición insurreccional, la resistencia tuvo una textura más rural. Antonia Santos Plata, hacendada de Pinchote, aportó recursos y coordinación a las guerrillas de los Comuneros de la Coromoto y de las montañas circundantes. La lógica era la misma que en Santafé, transpuesta al campo: la hacienda como base logística, la casa como refugio, el conocimiento del terreno y de los peones como capital operativo. La represión respondió con idéntico método: identificar el nudo visible, ejecutarlo, dispersar la red por el terror. Las viudas y hermanas de los ejecutados en 1816 —las de Camilo Torres, las de Caldas, las de Lozano— constituyeron por su parte una cadena silenciosa de duelo activo que preservaba archivos, correspondencia y memoria en un momento en que poseer un papel comprometido bastaba para ir al patíbulo.

En las haciendas cercanas a Zipaquirá y Nemocón, donde en 1814 José Acevedo y Gómez había sido nombrado subpresidente y jefe superior político para regular el abasto y asegurar los bienes de los enemigos, la administración cotidiana del alimento —quién comía, cuánto, de dónde salían las reses— dependía en la práctica de las mujeres que llevaban las despensas. La intendencia militar patriota, cuando existió, se sostuvo sobre esa base doméstica que no aparece en los partes de guerra y sin la cual los partes no habrían tenido tropa que registrar.

Popayán, el Patía y el sur: la geografía incómoda

La reconstrucción anterior corre el riesgo de proyectar una unidad que no existió. El sur de la Nueva Granada complica —y en parte contradice— la imagen de una infraestructura femenina patriota generalizada. En los altiplanos de Pasto, Túquerres e Ipiales, de fuerte fisonomía indígena, y en el valle del Patía, de poblamiento afrodescendiente, las lealtades populares se inclinaron mayoritariamente hacia el rey. Las guerrillas que capturaron a Antonio Nariño en 1814 en los alrededores de Pasto estaban compuestas por indígenas, negros y mestizos que defendían la región en favor del bando realista. La aristocracia payanesa —propietarios de haciendas, minas y esclavos vinculados al Chocó y a Barbacoas— combatió por el rey o se mantuvo al margen, y solo se convirtió al republicanismo después del triunfo patriota en Boyacá.

Las mujeres del Patía, de Timbío, de Popayán, cuando participaron en la guerra, lo hicieron muchas veces del lado contrario al que la memoria republicana canonizaría. Las familias afrodescendientes que en el valle del Patía se apropiaban de predios vacíos entre las haciendas ganaderas, que establecían platanares domésticos a orillas de los ríos, que se concentraban en palenques de libertos y cimarrones, no compartieron el patriotismo criollo del interior andino. Su cálculo era otro. Bajo la Corona, las cédulas de libertad de esclavos podían tramitarse; bajo la república criolla, los grandes propietarios esclavistas conservarían su patrimonio humano por décadas más. La opción por el rey era, en ese sentido, una opción por un enemigo lejano contra un enemigo cercano. La historiografía posterior relegó a esas comunidades a categorías despectivas y sistemáticamente ocultó su participación, blanqueando el mapa de las lealtades reales.

La consecuencia para el argumento es directa: la infraestructura femenina de la guerra patriota fue geográficamente desigual y políticamente contingente. En Santafé, el Socorro, Tunja y los llanos criollos operó como red patriota; en el Patía, Pasto y Popayán, buena parte de la infraestructura doméstica y comunitaria femenina —cuando existió como tal— sirvió al rey, o a proyectos autónomos que no coincidían con ninguno de los dos bandos formales. Reconocer esa fractura no debilita la restitución de la agencia femenina; la vuelve más honesta.

Los llanos, Casanare y la campaña libertadora

Entre 1817 y 1819, mientras Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander articulaban la campaña que cruzaría los Andes desde Casanare, la infraestructura femenina cambió de escala. En los llanos, donde el ejército de Apure bajo José Antonio Páez llegó a contar con cerca de cuatro mil efectivos —tres mil de infantería y mil de caballería—, la logística dependió de las mujeres llaneras que cocinaban en los hatos, movían el ganado, atendían heridos en los descampados y viajaban con las tropas como parte inseparable de la columna. El paso de los llaneros de las filas realistas a las patriotas, bajo el mando de Páez, arrastró consigo esa infraestructura doméstica: no fue solo un cambio de bandera, fue un traslado de familias, hatos y economías enteras.

En Casanare, las casas de Pore y de otras poblaciones llaneras sirvieron como bases de operación donde Santander preparó el ejército que ascendería al altiplano. Mujeres como Estefanía Parra —guía en el paso del Pisba en la tradición boyacense— y las campesinas anónimas que abastecieron a la tropa hambrienta y descalza que descendía desde el páramo hicieron posible, en el sentido más literal, que hubiera un ejército al llegar a Tunja. La travesía del páramo de Pisba, en junio de 1819, dejó tropas exhaustas y enfermas; su recuperación en los pueblos boyacenses antes de las batallas del Pantano de Vargas (25 de julio) y de Boyacá (7 de agosto) dependió de una hospitalidad organizada que hoy llamaríamos logística de campaña y que entonces se llamaba, sin nombrarlo, el trabajo de las mujeres de la casa.

Andrea Ricaurte de Lozano en Santafé, Bernarda Silva y otras enlaces cuyos nombres han quedado documentados de manera fragmentaria coordinaron correos, alojaron patriotas, financiaron partidas. Cuando el 7 de agosto de 1819 Santander ejecutó la maniobra de flanqueo en el Puente de Boyacá y el adolescente boyacense Pedro Pascasio Martínez apresó al coronel José María Barreiro, y cuando el 10 de agosto Bolívar entró en Santafé, la ciudad que se abrió al Ejército Libertador era una ciudad que había sostenido durante casi cuatro años, en la sombra, una infraestructura de guerra que la historia oficial atribuiría casi exclusivamente a los hombres de uniforme.

Causas de fondo: por qué esta infraestructura fue posible

Que la resistencia patriota se sostuviera sobre una red femenina masiva no fue casualidad ni virtud excepcional. Respondió a condiciones estructurales precisas. La primera: el terror morilista fue el motor determinante. Sin las ejecuciones de 1816, sin las confiscaciones sin debido proceso, sin los trabajos forzados en caminos y puentes, sin el consejo de purificación y la junta de secuestros operando a plena presión, no habría existido una masa social empujada a la clandestinidad. La agencia femenina no brotó de una conciencia republicana previa —que en muchas mujeres populares simplemente no existía— sino como reacción a la violencia del Estado ocupante. Fue el régimen fernandino, y no una identidad patriota preformada, quien fabricó las condiciones para que las cocinas se volvieran cuarteles y las modistas espías.

La segunda: la invisibilidad social de las mujeres las volvió operativas. Precisamente porque el orden colonial no las contaba como sujetos políticos —no votaban, no firmaban, no aparecían en los partes—, podían moverse por los intersticios del sistema represivo con un margen que los hombres, obligados a mostrar cédula, oficio y filiación, no tenían. La misma discriminación que las excluía de la vida pública las volvía difíciles de vigilar. Los consejos de guerra, diseñados para procesar rebeldes armados y funcionarios desleales, tardaron en calibrar que la infraestructura decisiva pasaba por talleres de costura y despensas.

La tercera: la persistencia de redes familiares y parroquiales de alcance regional. Las élites criollas neogranadinas eran una red de parentesco extendida por matrimonio, compadrazgo y negocios. Las mujeres de esas familias —esposas, hermanas, hijas, cuñadas de los ejecutados en 1816— constituían un sistema de comunicación preexistente que la clandestinidad activó sin tener que construirlo. Y en los estratos populares, las cadenas de servidumbre doméstica, arriería y comercio menor cumplían función análoga.

La cuarta: el detonante concreto. Cada red se activó a partir de un hecho específico —la ejecución de un padre, un hermano, un marido; la confiscación de una hacienda; la llegada de un guerrillero a la puerta— que convertía la simpatía difusa en participación concreta. La política del terror generó, por acumulación de agravios personales, una masa crítica que ninguna proclama patriota había logrado producir antes.

Consecuencias inmediatas: 1819 y el silencio que sigue

La victoria de Boyacá y la entrada en Santafé abrieron paso a la fase de organización republicana. Y allí empezó, casi de inmediato, la operación de olvido. El ejército libertador entró en la ciudad; las mujeres que habían sostenido la clandestinidad volvieron a sus casas. No hubo desfiles para las modistas, no hubo pensiones para las cocineras, no hubo grados para las correos. Los honores públicos —ascensos, sueldos, tierras, cargos— se distribuyeron entre oficiales criollos. La república nacía con un vocabulario ciudadano estrictamente masculino, hijo del liberalismo europeo que la élite criolla adoptaba mientras conservaba las jerarquías "civilizatorias" del continente.

El caso de Policarpa Salavarrieta fue elaborado a lo largo del siglo XIX como emblema. El óleo de José María Espinosa —testigo directo de la época, autor de las Memorias de un abanderado— y más tarde el óleo Policarpa Salavarrieta marcha al suplicio de García Hevia, hoy en el Museo Nacional de Colombia, fijaron una iconografía en la que la heroína aparece camino al patíbulo: no en acción, sino en tránsito hacia la muerte. Esa elección iconográfica es reveladora. Se honra a la mujer patriota en el momento en que deja de operar; se la fija en la imagen del sacrificio, no de la agencia. La red que ella había coordinado desaparece del cuadro. Quedan la joven, los soldados, el patíbulo. La modista, la enlace, la reclutadora quedan fuera de encuadre.

La historiografía nacional del siglo XIX consolidó ese gesto. La escritura de la historia estuvo ligada a la política y participó en la construcción de la institucionalidad estatal, con énfasis en la unidad nacional y en los temas fundacionales que los hombres de letras consideraron pertinentes: héroes epónimos, batallas, presidentes, constituciones. Las mujeres, con Policarpa como excepción estilizada, quedaron fuera del canon. Cuando aparecieron —Antonia Santos, Manuela Beltrán retrospectivamente asociada al movimiento comunero, Manuela Sáenz vinculada a Bolívar— fue en dosis controladas, como confirmación de la regla: la política es de hombres, salvo casos singulares que la ratifican por su misma singularidad.

Consecuencias de largo plazo: la mártir y la ciudadana

La operación simbólica sobre Policarpa tuvo consecuencias que se extendieron por más de un siglo. La república colombiana honró a la mártir fusilada y negó ciudadanía política a las mujeres vivas hasta 1954, cuando el voto femenino fue finalmente reconocido —y ejercido por primera vez en 1957—. Ese desfase de ciento treinta y siete años entre el fusilamiento de la Pola y el sufragio femenino no es una casualidad cronológica: es la duración exacta de una operación política. Se puede honrar a las muertas porque no reclaman. Se puede fijarlas en el óleo, en el monumento, en el billete, en el nombre de la calle, precisamente en la medida en que su cuerpo ya no ocupa espacio ni exige derechos. La mártir es la ciudadana admisible porque es la ciudadana imposible.

Esta lectura no anula la grandeza del gesto de Policarpa. La confirma en su exactitud. Fue una mujer que operó, con conocimiento pleno del riesgo, una red de inteligencia contra la maquinaria más represiva de su tiempo. Su ejecución fue una decisión política del régimen realista, y su heroización fue una decisión política del régimen republicano posterior. Ambas la usaron. La primera la mató; la segunda la petrificó.

Las miles de mujeres que no fueron fusiladas, que sobrevivieron a la Reconquista, que después de 1819 volvieron al taller, a la cocina, al hato, a la hacienda, no encontraron ni patíbulo ni pedestal. Sus nombres se perdieron en los archivos parroquiales, en los testamentos, en los papeles de familia que nadie sistematizó. La memoria republicana las convirtió en fondo indiferenciado sobre el cual destacaba, sola, la figura de la Pola. En términos de infraestructura material, ellas habían sido el país en guerra; en términos de reconocimiento simbólico, fueron el anonimato del que la heroína se recortaba.

Ese mecanismo dejó huella en la historiografía posterior. Recién en las últimas décadas del siglo XX, con la emergencia de los movimientos sociales de mujeres —evocados en fórmulas como "las Policarpas de fin de siglo"—, la figura empezó a ser releída no como mártir excepcional sino como símbolo que apuntaba, precisamente por su solitaria visibilidad, hacia todo lo que había quedado invisible. Producciones audiovisuales como la serie Las heroínas (Promec, 1982) y Crónicas de una generación trágica (Audiovisuales, 1993) empezaron a introducir en la circulación pública una pluralidad de nombres. La operación de restitución sigue en curso.

Por qué este hecho sigue importando

Que la guerra de independencia se sostuviera materialmente sobre trabajo femenino no es una nota al pie de la historia militar. Es una corrección estructural al relato fundacional. La república colombiana no nació de la voluntad de un puñado de próceres a caballo; nació de una guerra prolongada cuya infraestructura material —el pan, el correo, el vendaje, el escondite, la moneda prestada, la información arrancada al enemigo— fue producida en su mayor parte por personas que la propia república excluyó de la ciudadanía que decía fundar. Reconocer esto no es hacer justicia retroactiva; es entender cómo funcionó, en la práctica, el proyecto criollo: honrar el sacrificio ajeno mientras se distribuye entre los propios el poder que ese sacrificio hizo posible.

La operación no fue exclusiva del caso femenino. Los llaneros que pasaron del rey a Páez, los indígenas de Pasto que resistieron por su cuenta, las comunidades negras del Patía que apostaron por la Corona con razones que la república no quiso escuchar, los campesinos boyacenses que alimentaron al ejército libertador antes de Boyacá: todos ellos fueron infraestructura de una guerra cuyos frutos políticos se concentraron después en manos ajenas. La invisibilización de la agencia femenina masiva es el caso más agudo, más documentable y más persistente de esa lógica, porque combinó la exclusión de género con la exclusión de clase y raza en un mismo dispositivo: la mártir única, blanca, joven, letrada, cuyo cuerpo servía para todo y no le debía nada a nadie.

Volver hoy sobre la infraestructura femenina de 1815 a 1819 no es reescribir la independencia; es leerla completa por primera vez. La Pola no fue una excepción heroica en un mar de pasividad. Fue la punta visible de una red que operó durante cuatro años bajo el régimen represivo más severo del período colonial tardío, y que sin ese sostén no habría tenido cómo llegar a Boyacá. Que la república haya elegido, después, honrar a la excepción y olvidar la red dice menos sobre las mujeres del período que sobre la república misma. Y explica, por vía indirecta, por qué el reconocimiento pleno de la ciudadanía femenina tardó tanto en llegar: no era una omisión pendiente, era una operación en curso.