Socorro

Una villa de tejedores en la Cordillera Oriental

Comprender el Socorro exige verlo primero como economía antes que como escenario. La región que hoy conforman los dos Santanderes fue poblada durante el periodo colonial por oleadas de inmigrantes españoles que fundaron parroquias, sitios y villas en los pliegues templados de la cordillera. A diferencia de las tierras dominadas por la gran hacienda esclavista o por la mita minera, en la provincia de Vélez y en el corredor Socorro-San Gil se consolidó una estructura agraria de pequeños y medianos propietarios blancos y mestizos, con la tierra más equitativamente distribuida que en el resto del país. Sobre esa base rural se levantó, con el correr del siglo XVIII, una densidad artesanal sin equivalente en el virreinato.

La villa producía y remitía a todo el reino algodones en rama —con pepita y sin ella—, lienzos, paños de manos, colchas y otras piezas útiles. Por tierra viajaban los tercios hacia Santa Fe y Popayán; por los puertos de Opón y Pedregal, sobre el Magdalena, bajaban hacia Cartagena, Antioquia, Santa Marta y Riohacha. Esa geografía comercial es decisiva: el Socorro no era una aldea autosuficiente sino un nodo mercantil, engarzado al Caribe por el río y al interior andino por los caminos de la cordillera. El centro manufacturero textil de la faja oriental, que había tenido su asiento inicial en Tunja, se desplazó con el tiempo hacia esta villa y sus aledaños.

La división del trabajo era, para los estándares neogranadinos, notablemente avanzada. Hilado, tejido y tintorería se practicaban como oficios separados, con especialistas independientes en cada fase; los tintoreros no eran los mismos que los tejedores, y la producción y circulación mercantiles superaban las de otras regiones dominadas por la hacienda tradicional. El algodón hilado llegó a funcionar como medio de pago corriente: un acuerdo del cabildo de San Gil del 2 de enero de 1694 alude a esta práctica, que hacía de la manta y la madeja algo más parecido a una moneda popular que a una simple mercancía. En los partidos del Socorro y San Gil el algodón se cultivaba con cuidado y se empleaba en tejidos bastos destinados al vestuario de los pobres del reino; desde 1798 comenzó a exportarse también al exterior, sumándose al que ya salía de Barranquilla y Soledad.

La economía interior del país, centrada en Bogotá, el Socorro y Popayán, dependía de una circulación interna todavía incipiente y de lánguida actividad, en contraste con las plazas costeras orientadas a los mercados atlánticos. Aun así, los antioqueños gastaban anualmente unos 200.000 pesos en Bogotá en géneros del Socorro y otras mercancías —estas últimas, extranjeras, en cantidades pequeñas—, cifra que da la escala de la manufactura socorrana en el comercio interior. Tierra repartida, especialización artesanal, rutas fluviales al Caribe, mercado interno amplio: esa combinación produjo una villa con muchos vecinos libres cuya reproducción material dependía directamente del precio de los textiles, del algodón, del tabaco y del aguardiente. Cuando la Corona tocó esos precios, tocó una nervadura completa.

Del sitio al fuero: fundación y consolidación

La dominación española en el Nuevo Reino de Granada se expresó a través de la fundación de ciudades y villas, desde las cuales se organizaba la explotación de las regiones y se administraban las unidades económicas. Las normas coloniales prescribían para los pueblos de indios una plaza mayor de 180 varas en cuadro, calles rectas de catorce varas de ancho, manzanas cuadradas de ochenta varas de lado, iglesia, casa del cacique y hospital, con trescientos vecinos como base y previsión de crecimiento. En la práctica, esas fundaciones formales no siempre se llevaron a cabo, y en amplias zonas del oriente neogranadino la organización territorial adoptó la forma del resguardo indígena, que reemplazó a la encomienda como institución fiscal y comunitaria.

El poblamiento de la zona del Socorro se remonta al siglo XVI en su fase temprana, pero la villa como tal nació de un proceso paulatino: primero sitio, luego parroquia, finalmente villa con cabildo propio. Los cargos locales —regidores, alcaldes— se proveían entre los vecinos principales, en una sociedad jerarquizada que distinguía al menos entre españoles o blancos, aborígenes, mestizos y negros libres, mulatos y zambos, con una jerarquía social que no siempre coincidía con la legal. Esa doble jerarquía es importante para entender el Socorro del XVIII: la villa reunía a comerciantes acomodados —criollos que aspiraban a los cargos y honores reservados a los peninsulares— y a una vasta población libre de artesanos y campesinos cuyo estatus social era bajo pero cuya autonomía económica, sostenida por la tierra propia y el taller, era mayor que la de sus contemporáneos en otras regiones del virreinato.

Las fundaciones coloniales, en cualquier caso, no respondían a las necesidades de los pobladores originarios sino a las de la extracción colonial, y el Socorro no fue excepción: nació como pieza de una arquitectura administrativa diseñada para canalizar riqueza hacia la metrópoli. Que esa pieza terminara, dos siglos después, encabezando la mayor revuelta contra esa misma metrópoli es la ironía histórica que la villa lleva incrustada en su acta.

La presión borbónica y el detonante fiscal

La Revolución de los Comuneros no fue un accidente. Fue la respuesta colectiva y súbita a una política fiscal que, en menos de tres años, alteró las condiciones de vida de la mayoría de los vecinos socorranos. En 1778 llegó a Nueva Granada Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, designado Regente Visitador con el encargo explícito de aumentar los ingresos de la Corona en el marco de las reformas borbónicas y de la guerra que España sostenía contra Inglaterra. El diagnóstico metropolitano era simple: el virreinato pagaba poco. La ejecución fue implacable.

Gutiérrez de Piñeres restableció el impuesto de la Armada de Barlovento, extendió la alcabala a productos que hasta entonces la evadían y, en mayo de 1780, duplicó el precio al detalle de los tabacos y aguardientes que expendía el estanco. La reorganización del monopolio del tabaco fue especialmente minuciosa: mediante nuevas ordenanzas se fijaron cuatro zonas de cultivo permitidas —Ambalema, Girón, Pore-Nunchía y Palmira— y seis administraciones de distribución, consolidando un sistema de exclusión que había iniciado el virrey Solís en 1774. Los guardias del monopolio arrancaban las plantas sembradas fuera de esas áreas y encarcelaban a los cultivadores clandestinos. El mecanismo era doble y devastador: la Corona pagaba menos por la hoja al campesino, cobraba más por el producto terminado y perseguía toda producción no autorizada. En una región donde el tabaco y el aguardiente eran renglones cotidianos, la ecuación no dejaba respiro.

A esa presión se sumó el aumento de la alcabala sobre los textiles y el algodón —justamente los géneros de los que vivía el Socorro—, así como gravámenes sobre la sal. La presión fiscal en Nueva Granada saltó de niveles equivalentes a cerca del 2,9% del producto a más del 10% en algún momento del período. Los estancos de tabaco y aguardiente representaban, hacia el final del siglo, alrededor del 32% de los ingresos reales, unos 770.000 pesos anuales: se comprende por qué la Corona no quería ceder terreno en ese frente.

En el Guanentá y el Socorro, el impacto fue inmediato. A la política fiscal se sumaron una escasez de alimentos y una epidemia de viruela que causó unas seis mil muertes en la región. Los primeros disturbios estallaron antes del 16 de marzo de 1781: en febrero de 1778, los vecinos de Mogotes habían expulsado a los guardias del monopolio; en octubre de 1780 hubo motines en Mogotes y Simacota; en diciembre, en Charalá. Cada uno de esos episodios era, en su escala, una respuesta local; leídos en serie, dibujan la acumulación de una furia que esperaba su expresión general.

El grito y la marcha

El 16 de marzo de 1781, Manuela Beltrán —mujer del pueblo vinculada al comercio en la plaza de la villa, descrita según las versiones como vendedora o comerciante— arrancó en el Socorro el edicto que anunciaba los nuevos tributos: la Armada de Barlovento, la alcabala, la sal, el tabaco, los textiles. El gesto no inauguró una idea; le dio cuerpo. En cuestión de horas, la multitud asaltó los almacenes del estanco, persiguió a los funcionarios, forzó las cárceles y tomó las administraciones del tabaco, del aguardiente y de las alcabalas. Ante el alcalde del Socorro se pronunció una frase que resume el temperamento del momento: "no queremos pagar la Armada de Barlovento". No era una declaración de independencia; era un rechazo puntual y colectivo a un tributo puntual y odiado.

El 30 de marzo, apenas dos semanas después, fue pregonado en los lugares públicos del Socorro, al son del tambor, un pasquín en octavas reales atribuido al lego fray Ciriaco de Arcila, con el grito "¡Viva el Socorro y muera el mal gobierno!". La formulación es reveladora: el rey no aparecía cuestionado, pero sí "el mal gobierno", esa capa de virreyes, visitadores, oidores y guardaestancos que operaba entre el monarca y sus vasallos. En decenas de pueblos comenzaron a formarse grupos del "común" —de allí el nombre— que se armaban con lo que tuvieran a mano y exigían el cambio de los impuestos. La revuelta se extendió con rapidez a Pamplona, Vélez y Cúcuta, y alcanzó el oriente y los llanos.

La conducción del movimiento la asumió Juan Francisco Berbeo, miembro de la élite socorrana, quien se alió con la muchedumbre y con sus representantes más influyentes. Este es el rasgo estructural que define el episodio: la revuelta popular fue encabezada por un notable de la villa. La combinación —masa artesana y campesina, dirección criolla acomodada— explica tanto la fuerza inicial del movimiento como su desenlace. Bajo Berbeo, los comuneros emprendieron la marcha hacia Santa Fe, engrosándose con contingentes de cada pueblo por el que pasaban.

Zipaquirá: la capitulación negociada

El virrey Manuel Antonio Flórez se encontraba en Cartagena, atento al frente marítimo contra Inglaterra, y Santa Fe quedó políticamente en manos de la Real Audiencia y, sobre todo, del arzobispo Antonio Caballero y Góngora, designado para negociar la pacificación. En Zipaquirá, a las puertas de la capital y con la fuerza comunera acampada en su territorio, se redactaron las Capitulaciones hacia el 5 de junio de 1781. El texto fue obra de Agustín Justo de Medina y Juan Bautista de Vargas, delegados de Tunja, con modificaciones que Berbeo acordó con Jorge Lozano de Peralta.

Las Capitulaciones incluyeron demandas fiscales concretas —regulación del precio del aguardiente, ajustes a la alcabala— y, según la tradición historiográfica, la eliminación del impuesto de Barlovento, la reducción del precio de la sal, la supresión o alivio del monopolio del tabaco y la preferencia de americanos en los cargos del virreinato. El arzobispo, para evitar la toma de Santa Fe, accedió a lo pactado y persuadió a los rebeldes de retornar a sus pueblos. Berbeo fue nombrado corregidor con un sueldo anual de mil pesos: la revuelta, para su cabeza visible, terminó en un cargo administrativo. En ningún momento los comuneros habían proclamado la independencia; sus agravios eran fiscales y sociales, no una ruptura con el rey.

La resolución duró lo que tardaron en llegar las tropas. Recibidas las Capitulaciones en Cartagena, el virrey Flórez las improbó de inmediato, alegando que tenían "un defecto incorregible": haber sido negociadas bajo amenaza de violencia. Con las tropas ya en camino, la Real Audiencia expidió el acuerdo formal de anulación, firmado por Gutiérrez de Piñeres, Pey Ruiz, Mon y Velarde, Vasco y Vargas y Catani. Las promesas que habían desmovilizado a la multitud comunera resultaron papel mojado; entre el 20 de junio y el 11 de septiembre de 1781 se produjeron nuevos motines en la provincia del Socorro por incumplimiento de lo pactado. Caballero y Góngora, elevado luego al cargo de virrey, decretaría una amnistía total, pero para entonces la maquinaria represiva ya había hecho su trabajo sobre quienes no aceptaron la traición.

Galán: el ala radical y el suplicio ejemplar

José Antonio Galán se separó tempranamente de la negociación de Zipaquirá. Sus razones fueron dos: la sospecha de que las Capitulaciones habían sido aprobadas demasiado rápido y la desconfianza radical hacia el compromiso del arzobispo de hacerlas cumplir. Persistió en la rebelión y organizó una segunda marcha hacia Santa Fe, prevista para el 15 de octubre de 1781. Llegó a Mogotes el 2 de septiembre. Dos días antes de la fecha fijada para la marcha —el 13 de octubre— fue apresado cerca de Onzaga, junto con nueve compañeros.

Conducido a Santa Fe, fue juzgado y condenado a muerte junto con Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz. La ejecución de Galán se llevó a cabo el 1 de febrero de 1782. El suplicio fue diseñado para borrar no solo al hombre sino su memoria: fue arrastrado por el suelo, ahorcado, decapitado y descuartizado en cuatro partes. Las porciones de su cuerpo se distribuyeron por la geografía de la rebelión con precisión pedagógica: la cabeza a Guaduas, la mano derecha expuesta en el Socorro, la mano izquierda en la Villa de San Gil, el pie derecho en Charalá, el pie izquierdo en Mogotes —los mismos pueblos donde había arraigado la revuelta—. La sentencia ordenó, además, declarar infame su descendencia, confiscar sus bienes al real fisco, asolar su casa y sembrarla de sal. Molina, Alcantuz y Ortiz recibieron pena similar.

El detalle del castigo importa porque revela cómo entendía la Corona lo que había sucedido: la memoria misma era un enemigo. Y la responsabilidad del suplicio no fue solo española. Se repartió entre los auditores de Santa Fe, el arzobispo-virrey Caballero y Góngora, los grupos de poder peninsulares y el corregidor Juan Francisco de Berbeo, es decir, el mismo hombre que meses antes había marchado al frente de los comuneros. Esa comunidad de firmas —peninsulares y criollos, oidores y arzobispo y ex jefe rebelde— define el desenlace social del movimiento: la élite socorrana usó la revuelta para renegociar su posición y luego colaboró en la eliminación de su ala radical. Galán fue ejecutado también por la clase social a la que había desbordado.

Por qué en el Socorro

La pregunta no es retórica: en el virreinato había muchas villas con nuevos impuestos y descontento. ¿Por qué la revolución cuajó y se articuló aquí? La respuesta está en la conjunción, poco frecuente, de tres condiciones.

Primero, una economía mercantilizada en manos de vecinos libres. Los textiles y el algodón del Socorro no se producían en talleres esclavistas ni en obrajes controlados por una élite hacendaria: eran obra de artesanos independientes, con oficios especializados y con acceso al mercado interior a través de rutas fluviales que llegaban al Caribe. El precio del algodón, el peso de la alcabala sobre los tejidos y el costo del aguardiente afectaban directamente al taller familiar, no a un patrón intermediario. Los nuevos gravámenes borbónicos no eran una molestia contable; eran una amenaza inmediata a la reproducción material de miles de hogares.

Segundo, una distribución agraria comparativamente equitativa en la provincia de Vélez y sus aledaños, sin la influencia opresiva de grandes capitalistas. Esa base de pequeños propietarios generó una densidad demográfica de vecinos libres —campesinos y artesanos sin la sujeción de la hacienda— que podían movilizarse con autonomía. En regiones dominadas por la gran propiedad, una revuelta popular tenía que sortear primero al patrón; en el Socorro, la villa entera podía marchar.

Tercero, la contingencia del momento borbónico. Sin la llegada de Gutiérrez de Piñeres en 1778, sin la duplicación del precio del tabaco en 1780, sin la epidemia de viruela y la escasez de alimentos que golpearon al Guanentá, la misma estructura económica socorrana habría permanecido políticamente inerte, como lo había estado durante décadas. La estructura hizo posible el estallido; la coyuntura fiscal lo detonó.

Falta una cuarta pieza para explicar la forma que tomó la rebelión: la existencia de una élite criolla local con capacidad de conducción. Berbeo y quienes lo rodearon no eran advenedizos; eran los mismos vecinos principales del cabildo, con recursos, redes y letras suficientes para redactar Capitulaciones, negociar con un arzobispo y aceptar después un cargo. Sin esa capa dirigente, la revuelta habría sido una jacquerie sin lenguaje político; con ella, produjo un texto pactado con la Corona. Pero esa misma capa fue la que se retiró cuando la Corona decidió no cumplir: la agencia decisiva en el desenlace perteneció a los criollos acomodados, no a la base artesana y campesina cuya presión estructural había hecho posible todo.

De 1810 a 1861: la villa como precedente

Que el Socorro precediera a Santafé en la instalación de una junta de gobierno no es coincidencia. Ya el 20 de octubre de 1809, el cabildo socorrano había firmado instrucciones a su delegado Narváez y Latorre ante la Junta de Sevilla, cargadas de propuestas de reforma e ideas ilustradas de gobierno. Cuando la crisis peninsular precipitó la formación de juntas americanas, la villa se adelantó: el 10 de julio de 1810 se creó su Junta de Gobierno; el 15 de agosto proclamó su independencia mediante un acta. La Junta Suprema de Santafé, del 20 de julio, asumió por su condición de capital la dirección del movimiento juntista, pero el Socorro había marchado primero.

En noviembre de 1811, cuando se firmó en Santafé el acta que constituyó las Provincias Unidas de Nueva Granada, los diputados suscriptores fueron los de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja. La provincia del Socorro estuvo representada en el congreso que adoptó el sistema federal, aunque no figura entre las firmantes de aquel pacto. La distinción importa menos que la orientación política: la villa había apostado desde el comienzo por una arquitectura federal, en la que las provincias fueran sujetos autónomos y no meras jurisdicciones de la capital.

Conviene, en este punto, no confundir declaración con transformación. Las actas de independencia y las constituciones provinciales de 1810-1815 declararon formalmente la ruptura, pero mantuvieron en gran medida las instituciones coloniales previas, adaptadas antes que refundadas. El Socorro republicano naciente fue, en su estructura administrativa cotidiana, muy parecido al Socorro borbónico tardío. La independencia fue, ante todo, un cambio de soberanía y un desplazamiento en la composición de las élites; la ruptura material con el esquema jurídico anterior tardaría décadas.

Aun así, el Socorro conservó y multiplicó su peso político en el nuevo país. El 12 de abril de 1861, el Estado de Santander se convirtió en el Estado Soberano de Santander y se trasladó la capital de Bucaramanga al Socorro por veinticinco años. La villa que había encabezado a los comuneros en 1781 y anticipado la independencia en 1810 fue así, entre 1861 y 1886, la sede de uno de los estados soberanos más influyentes de la Colombia federal, en una región cuya economía seguía siendo fundamentalmente rural, con centros urbanos que albergaban artesanos y comerciantes. El decreto del 7 de septiembre de 1886 devolvió la capitalidad a Bucaramanga, en el marco del paso a la organización centralista consagrada por la Constitución de ese año. El propio Estado Soberano de Santander fue suprimido con la Regeneración.

La red: personas, lugares e ideas

La biografía política del Socorro se teje con nombres y con geografías. Manuela Beltrán, mujer del pueblo, quedó fijada en la memoria como el gesto inaugural: arrancar el bando de los nuevos impuestos. Berbeo encarna la figura ambigua del criollo acomodado que dirige y luego capitula. Salvador Plata, Antonio Monsalve y Francisco Rosillo formaron parte del grupo dirigente que negoció con la Corona. Frente a ellos, Galán ocupa el lugar del intransigente, del que rechaza el pacto porque desconfía de sus términos; su muerte lo convertirá, mucho después, en el santo popular de la gesta.

Del lado del poder, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres condensa la política borbónica en su forma más pura: fiscalidad implacable, ordenanzas minuciosas, guardias del estanco arrancando plantas de tabaco. Antonio Caballero y Góngora es la figura del negociador eclesiástico que salva a la capital, firma lo que puede y luego, ya virrey, decreta amnistías cuando el poder militar ha resuelto el problema. Manuel Antonio Flórez, virrey en Cartagena, aporta el gesto administrativo que anula lo pactado. Antonio Nariño, aunque no protagonista de los sucesos socorranos, pertenece al mismo horizonte ilustrado que hará suyas, décadas después, las banderas que la villa había alzado.

Los lugares tejen la otra malla. Vélez y San Gil son los referentes provinciales próximos; Simacota, Charalá y Mogotes, los pueblos donde germinaron los primeros disturbios contra el estanco del tabaco entre 1778 y 1780; Zipaquirá, el sitio del pacto y de su fracaso; Onzaga, el lugar de la captura de Galán; Guaduas, el destino simbólico de su cabeza. El río Suárez marca la villa; los puertos de Opón y Pedregal, sobre el Magdalena, la conectan al mundo. La Cordillera Oriental es el escenario general de todo el proceso: una geografía de tierras templadas donde el tabaco, el algodón y la manta produjeron una sociedad distinta a la del oro y la caña.

Francisco de Miranda, décadas más tarde, utilizaría el relato de la sublevación comunera del Socorro como prueba de la disposición de los suramericanos hacia la revolución, incorporándolo a los documentos con los que preparaba su expedición emancipadora. La villa se convirtió así, muy pronto, en argumento americano.

La huella y la memoria

La memoria de la gesta comunera y de Galán permaneció en la sombra durante más de un siglo. El primer texto historiográfico importante sobre el tema, Los comuneros de Manuel Briceño, se publicó en Bogotá en 1880 —casi cien años después de la ejecución—. Ese silencio tiene sentido: durante todo el siglo XIX, los grupos criollos que hicieron la independencia y construyeron la república eran los herederos directos de aquellos notables que habían negociado en Zipaquirá y firmado, con Berbeo, la sentencia de Galán. Recuperar plenamente la figura del ejecutado exigía distancia y un cambio de horizonte político.

Ese cambio llegó con el federalismo santandereano de la segunda mitad del siglo XIX, cuando el Socorro capital estatal encontró en la gesta de 1781 su relato fundacional. La coincidencia entre la geografía comunera y la geografía del liberalismo radical no fue casual: la misma región de pequeños propietarios, artesanos y librepensadores que había resistido a los Borbones producía ahora las élites federales que gobernaban desde la villa. El Socorro comunero y el Socorro capital soberana son dos escenas del mismo territorio.

En el siglo XX, la memoria comunera se popularizó. Publicaciones locales como Comuneros, aparecida en el Socorro en 1943, testimonian la pervivencia del símbolo en la prensa regional. El nombre de José Antonio Galán fue adoptado, ya en la segunda mitad del siglo, por un frente del ELN, en un uso que muestra cómo la figura del comunero radical —el que rechazó la capitulación y fue descuartizado por ello— podía ser leída como precedente de insurgencias contemporáneas. La instrumentalización política es evidente; también lo es que el suplicio de 1782, diseñado para borrar la memoria, terminó por producir exactamente lo contrario: un nombre que no se dejó enterrar.

El Socorro es hoy un municipio santandereano; pero no es solo eso. Es la villa donde una economía singular de tejedores libres produjo, en la coyuntura fiscal precisa, una revuelta que sacudió el orden colonial. Es el lugar donde una élite criolla ilustrada anticipó a la capital en la construcción del autogobierno. Es la capital de un estado soberano en la Colombia federal. Y es, sobre todo, el nombre bajo el cual la historia colombiana guardó la primera gran insurrección popular contra la arbitrariedad tributaria, con todos sus alcances y todas sus traiciones. La villa sigue siendo un dispositivo de memoria: cada generación vuelve a ella para preguntarse qué significan las palabras "común", "gobierno" y "mal gobierno" en la lengua de un país que hace más de dos siglos las escuchó, por primera vez, gritadas al son del tambor en una plaza santandereana.