Manuela Beltrán

La semblanza: una mujer sin biografía y con acto

En el mapa de figuras fundacionales de la historia colombiana, Manuela Beltrán ocupa un lugar peculiar: es al mismo tiempo célebre e ignota. Su nombre aparece en manuales escolares, en placas conmemorativas, en denominaciones de universidades y calles, y sin embargo nadie ha podido reconstruir su vida más allá del episodio del 16 de marzo. No hay retrato contemporáneo, no hay firma, no hay expediente judicial que la mencione entre los procesados por la insurrección. Las autoridades coloniales, que persiguieron con minucia a los cabecillas comuneros y ordenaron descuartizar a José Antonio Galán y a sus compañeros, no la incluyeron en el escarmiento. Ese silencio es en sí mismo un dato: sugiere que su gesto, aunque simbólicamente decisivo, no fue leído por los funcionarios españoles como el de una líder organizadora, sino como el chispazo de una multitud en la que ella era una entre muchos.

Lo que sobrevive de Beltrán, entonces, no es una persona sino una escena. Y esa escena —una mujer del común rompiendo en la plaza el bando del Regente Visitador— condensa con precisión notable las tensiones que estallarían en las semanas siguientes: la presión fiscal borbónica sobre los sectores medios-populares del Socorro, la circulación de rumores y protestas previas, la fragilidad de la autoridad colonial cuando la muchedumbre ya se había reunido con consignas propias, y la capacidad de un acto público y visible para transformar el descontento acumulado en insurrección abierta.

Los orígenes: lo que no se sabe

De Manuela Beltrán no se conoce con certeza la fecha ni el lugar de nacimiento, aunque la tradición la sitúa en El Socorro o sus alrededores hacia mediados del siglo XVIII. Nada se sabe de su origen familiar, su condición étnica, su estado civil, su nivel de instrucción o su edad al momento del acto que la haría célebre. Las descripciones que ofrecen las crónicas comuneras oscilan entre dos formulaciones: "vendedora de la plaza" y "comerciante". Ambas la sitúan en la esfera del pequeño comercio urbano, en un rango social que no es el de la élite criolla ni el de la peonada rural, sino el de los sectores medios-bajos que hacían funcionar el mercado interno del Socorro.

Esa ubicación económica, aunque imprecisa, no es indiferente. La provincia del Socorro tenía en el último cuarto del siglo XVIII una estructura social distinta a la del resto del virreinato: una división del trabajo más desarrollada, con especialización incipiente entre artesanía y agricultura, y una producción y circulación mercantil superiores a las de las economías dominadas por la hacienda. Los observadores decimonónicos —Ancízar, Samper, Vergara y Vergara— describirían a la población santandereana como predominantemente mestiza, con un componente español que atribuían a colonos aragoneses y catalanes, y con aptitudes marcadas para la agricultura, la minería y la fabricación de tejidos. Esa caracterización, cargada de la racialización propia de la época, servía a los cronistas para explicar por qué el Socorro había sido cuna de la insurrección comunera y, más tarde, semillero de tropas republicanas.

En ese paisaje social —pequeñas parroquias rodeadas de agricultura de medianos propietarios blancos, con numerosos artesanos y una vida mercantil activa— la figura de una vendedora de plaza no es excepcional sino representativa. Manuela Beltrán, cualquiera fuese su condición precisa, pertenecía al tejido humano que las reformas fiscales borbónicas estaban golpeando con más dureza: el de quienes vivían del comercio menudo, el hilado, la venta de tabaco, aguardiente y géneros gravados. Su gesto no vino de la nada: vino de la posición exacta donde la presión fiscal se sentía todos los días.

El acto: 16 de marzo de 1781

Para entender lo que Beltrán hizo aquella mañana hay que reconstruir la presión acumulada durante los tres años previos. Desde 1778, cuando el rey Carlos III nombró a Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres regente visitador de Nueva Granada, la Corona había emprendido una reorganización fiscal agresiva destinada a financiar la guerra contra Inglaterra. Gutiérrez de Piñeres restableció el impuesto de la Armada de Barlovento, aumentó la alcabala y la extendió a productos antes exentos, encareció la sal, reforzó los controles del monopolio del tabaco y del aguardiente, y en mayo de 1780 duplicó el precio al detalle de estos dos últimos. En el Socorro y su hinterland, donde el cultivo del tabaco y el hilado del algodón eran actividades centrales, las medidas se traducían en menos ingresos para los productores, más precios para los consumidores y una vigilancia asfixiante de los guardas de la renta.

La reacción no esperó a 1781. Ya en febrero de 1778 había estallado un motín en Mogotes contra las restricciones al cultivo del tabaco; en octubre de 1780 se repitieron los disturbios en Mogotes y Simacota; en diciembre protestaron los de Charalá. Cuando el 16 de marzo de 1781 apareció fijado en el Socorro el bando que ratificaba los nuevos gravámenes —incluida, con especial resonancia, la Armada de Barlovento—, la villa llevaba meses hirviendo. Una concentración popular se había formado frente al edicto, gritando la consigna que se haría emblema del movimiento: "Viva el rey y muera el mal gobierno. No queremos pagar la Armada de Barlovento". El alcalde prometió llevar los reclamos al cabildo. No fue escuchado.

Fue entonces cuando Manuela Beltrán se acercó al bando y lo arrancó. Las versiones discrepan sobre el lugar exacto: unas la sitúan en la plaza pública donde estaba fijado el edicto, otras en la oficina de impuestos de la villa. La diferencia es menor: el acto ocurrió en un espacio abierto y a la vista de una multitud ya congregada. El gesto —físico, brevísimo, irreversible— transformó la protesta en amotinamiento. La muchedumbre asaltó los almacenes de los estancos, invadió los depósitos de aguardiente, persiguió a los funcionarios de la renta del tabaco, saqueó casas, forzó las cárceles. En cuestión de horas, la autoridad española en el Socorro había dejado de existir.

José Manuel Restrepo señalaría después que desde ese día cesó la obediencia a las autoridades legítimas en el Socorro y en San Gil, y que "gentes de la plebe" tomaron el control de las calles. La expresión, cargada del desdén decimonónico hacia los sectores populares, describe con exactitud lo ocurrido: entre el 16 y el 17 de marzo el poder efectivo pasó de los recaudadores borbónicos a una multitud sin jerarquía formal. Esa multitud incluía artesanos, pequeños comerciantes, campesinos venidos de las parroquias vecinas, y muy pronto también a los notables locales perjudicados por las nuevas medidas.

Nada de lo que hizo Manuela Beltrán después del 16 de marzo aparece en el registro. No consta que participara en las juntas del "común" organizadas en las semanas siguientes, ni que acompañara la marcha comunera hacia Santafé, ni que interviniera en las Capitulaciones de Zipaquirá firmadas dos meses más tarde. Su figura desaparece de la historia con la misma abruptez con que había irrumpido.

La red: Berbeo, Galán y el reparto de papeles

Lo que Beltrán detonó fue asumido casi de inmediato por otros. La élite socorrana, encabezada por Juan Francisco Berbeo y Antonio Monsalve, hombres también afectados por las reformas fiscales pero de perfil social muy distinto al de la vendedora de plaza, se unió a la muchedumbre en los días siguientes y le imprimió una dirección. En torno a ellos se articularon los "capitanes" del común, entre los cuales figuraban artesanos y comerciantes locales —Ignacio y Pablo de Ardila, Miguel de Uribe, José Tavera, Isidro Molina, Roque Cristancho— que combinaban legitimidad popular con vínculos con los notables. Ese reparto de papeles definió el movimiento: la insurrección tenía cabeza criolla y cuerpo mestizo.

La transformación fue rápida. En pocas semanas la protesta se extendió a Simacota, Charalá, San Gil, Mogotes, y de allí a Vélez, Pamplona, Cúcuta y a los llanos orientales, formando "comunes" locales en decenas de pueblos. El 8 de mayo de 1781, las escasas tropas enviadas por el gobierno de Santafé fueron derrotadas por unos quinientos hombres al norte de Tunja. Cundió el pánico en la capital: el virrey Manuel Antonio Flórez se encontraba en Cartagena atendiendo la amenaza de corsarios ingleses, y Gutiérrez de Piñeres, el mismo regente cuyas medidas habían encendido la revuelta, huyó hacia la costa. La ciudad quedó en manos del arzobispo Antonio Caballero y Góngora, a quien la Real Audiencia encargó negociar con los sublevados.

Berbeo, ya reconocido como comandante del ejército comunero, encabezó la delegación que se encontró con Caballero y Góngora en Zipaquirá a comienzos de junio. Allí se firmaron las Capitulaciones: reducción del precio del aguardiente, ajustes a la alcabala, reversión de varias medidas fiscales, fijación de la contribución anual de indígenas en cuatro pesos y de mulatos en dos, exención a los sacerdotes de cobrar derechos por bautismos, entierros y bodas. Junto a Berbeo firmaron por los sublevados otros notables como Salvador Plata, alineados con la política de contemporización con la Corona. Y en el paisaje simbólico de la insurrección apareció una figura singular: Ambrosio Pisco, el cacique de Bogotá a quien los comuneros proclamaron "Príncipe del Nuevo Reino y Señor de Chía". Su papel, más ornamental que efectivo, muestra hasta qué punto el movimiento intentó, sin conseguirlo, articular el descontento mestizo urbano con las demandas de las comunidades indígenas: convocar al cacique era invocar una legitimidad prehispánica capaz de dar profundidad al reclamo fiscal, pero la dirección real siguió en manos de los notables criollos. Con el pacto en mano, los comuneros se desbandaron y regresaron a sus pueblos. Berbeo fue nombrado corregidor con un sueldo anual de mil pesos.

Fue en ese momento cuando el movimiento se rompió en dos. Mientras la élite del Socorro aceptaba el arreglo, José Antonio Galán, un jornalero que había militado en las filas más plebeyas de la insurrección, rechazó las Capitulaciones desde el primer momento. Le parecían aprobadas con demasiada rapidez, no confiaba en las promesas del arzobispo y sospechaba —con razón— que serían desconocidas apenas llegaran refuerzos militares. Continuó la rebelión intentando provocar un nuevo alzamiento, extendiendo la protesta por el valle del Magdalena y buscando aliados entre esclavos e indígenas. Fue apresado hacia el 13 de octubre de 1781 en un paraje cercano a Onzaga, dos días antes de la marcha que había convocado para el 15. Conducido a Santafé y juzgado sumariamente, fue ejecutado el 1 de febrero de 1782 junto con Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz, ahorcado y descuartizado. La sentencia ordenó que su cabeza fuera enviada a Guaduas, la mano derecha al Socorro, la izquierda a San Gil, el pie derecho a Charalá y el pie izquierdo a Mogotes; se declaró infame a su descendencia, se confiscaron sus bienes, se demolió su casa y se sembró sal en el solar, con el propósito explícito de borrar su memoria.

En ese mapa de destinos —Berbeo cobrando sueldo real, Plata reintegrado al orden colonial, Pisco desactivado como símbolo, Galán descuartizado— Manuela Beltrán no aparece. Ni entre los premiados ni entre los castigados. La ausencia refuerza la hipótesis de que las autoridades españolas no la consideraron una líder, sino una entre muchos rostros de la multitud del 16 de marzo. Su gesto había sido decisivo simbólicamente, pero no la había convertido en cabecilla de nada.

La huella: del silencio al mito

Tras la firma de las Capitulaciones y la llegada de refuerzos desde Cartagena, el arzobispo Caballero y Góngora restableció el orden. El virrey Flórez desaprobó las Capitulaciones alegando que habían sido negociadas bajo amenaza de violencia, lo que en la práctica supuso su desconocimiento. Entre junio y septiembre de 1781 hubo nuevos motines en la provincia del Socorro por el incumplimiento de lo pactado, y se llegó a convocar una segunda marcha hacia Santafé, que no prosperó. Caballero y Góngora fue premiado por la Corona con el nombramiento de virrey: durante algunos años reunió en su persona el poder eclesiástico y el civil, encarnando la fórmula del "arzobispo-virrey" cuyo eco seguiría resonando en los relatos del período tardocolonial.

La represión fue eficaz. El descuartizamiento de Galán y sus compañeros, y la orden explícita de borrar sus nombres, produjeron un silencio que duró más de un siglo. La gesta comunera no encontró cronista temprano: entre 1782 y la publicación en Bogotá, en 1880, de Los comuneros de Manuel Briceño, la insurrección permaneció en la sombra, evocada de manera fragmentaria y sin obra de conjunto que le diera densidad histórica. La pintura colonial no la representó; la producción artística del período independentista tampoco. En las historias eclesiásticas y civiles del siglo XIX —como la de José Manuel Groot, escrita desde una óptica conservadora que valoraba positivamente el legado español— el episodio ocupa un lugar menor.

Fueron los liberales decimonónicos quienes rescataron a los comuneros y, con ellos, a Manuela Beltrán. La operación no fue neutral: necesitaban construir un pasado insurgente que legitimara sus proyectos del presente, y la insurrección de 1781 les ofrecía un antecedente casi providencial. La figura de Beltrán resultaba particularmente útil. Una mujer del común, un gesto físico y directo, un edicto rasgado en la plaza: la escena tenía potencia icónica y podía servir como origen dramático del ciclo revolucionario colombiano de un modo que la negociación de Zipaquirá —firmada por notables criollos y un arzobispo, resuelta con sueldos y cargos— nunca podría ofrecer. La escena entró así en los manuales escolares, se reprodujo en litografías tardías, se convirtió en escena cívica repetible en actos patrios. Manuela Beltrán empezó a existir con más fuerza en la iconografía nacional que en cualquier archivo real.

Esa recuperación tuvo un costo. Al convertirla en emblema, se renunció a buscarla como persona. La atención se concentró en el acto —repetido, dramatizado, ilustrado— y no en la mujer que lo había ejecutado. Su condición precisa, su etnia, su edad, su destino posterior, quedaron sin investigación seria, y con el tiempo ese vacío empezó a leerse como consustancial a la figura: Manuela Beltrán era el gesto, y averiguar más parecía innecesario. El mito se alimentaba del silencio.

Hay una posibilidad que conviene considerar: individualizar a Beltrán puede ser, en parte, un efecto retrospectivo. Al menos una de las descripciones contemporáneas del inicio de la revuelta habla de "campesinos y comerciantes" que en distintos lugares arrancaron los avisos de las nuevas reglas fiscales, sin nombrar a nadie en particular. Es posible que el arrancamiento del edicto haya sido una forma de protesta ejercida por varias personas en varias localidades, y que la fijación de la autoría en una mujer concreta —Manuela Beltrán, en el Socorro— sea en parte el resultado de la necesidad narrativa de un momento inaugural con nombre propio. Esa hipótesis no niega la existencia histórica del acto ni de la persona; sí sugiere que la individualización del gesto respondió a exigencias del relato tanto como al registro de los hechos.

En el siglo XX y en lo que va del XXI, la memoria de Beltrán se ha diversificado hasta volverse casi inabarcable. La Universidad Manuela Beltrán, fundada en Bogotá, lleva su nombre; también decenas de instituciones educativas de secundaria, calles, barrios, plazas, colegios distritales, monumentos en el Socorro y en otras localidades santandereanas. Ha sido invocada como precursora del feminismo colombiano en discursos de conmemoración del 8 de marzo, como figura popular frente a las élites de Zipaquirá en relatos de historia social, como símbolo santandereano de la insumisión ante el poder central en la retórica regionalista. Cada apropiación dice tanto de quien la invoca como de la propia Beltrán, y todas comparten un mismo procedimiento: proyectar sobre el vacío biográfico un contenido contemporáneo. Que la operación sea legítima —los símbolos históricos existen para eso— no cambia el hecho de que, del otro lado del emblema, sigue habiendo una mujer sin rostro.

La figura de Galán tuvo un destino distinto. Aunque también sometido a la orden colonial de olvido, su ejecución brutal y la distribución geográfica de sus restos fueron un intento tan explícito de escarmiento que produjo el efecto contrario: fijaron su nombre en la memoria de los pueblos que recibieron los pedazos. En el siglo XX, cuando la izquierda armada colombiana buscó genealogías propias, el ELN nombró uno de sus frentes "José Antonio Galán" en homenaje al líder comunero. Beltrán no tuvo esa suerte —ni ese uso—: su figura permaneció en el ámbito de la conmemoración cívica oficial, menos disputada políticamente pero también menos viva, más apta para la placa municipal que para la consigna insurgente. La misma cualidad que la volvió útil al liberalismo decimonónico —su condición de gesto puro, sin programa, sin discurso, sin continuidad biográfica— la protegió de la apropiación radical y la condenó a un lugar cómodo, ceremonial, escolar.

Coordenadas de una historia mayor

El acto de Manuela Beltrán ocurrió, por coincidencia o por sincronía histórica, en el mismo año en que estallaba en el Perú la gran rebelión de Túpac Amaru II. Los observadores de la época no dejaron de notar el paralelo: un cronista llegó a calificar 1781 como año "cabalístico y antitiránico". En la provincia de Casanare, algunos sublevados invocaban órdenes del rebelde peruano para justificar la exención de tributos, prueba de que las noticias circulaban y de que los movimientos se sabían contemporáneos, aunque no coordinados. La poesía comunera atribuida al lego fray Ciriaco de Arcila reflejaría, según Briceño, el eco de las rebeliones del Perú y de las agitaciones novohispanas.

Es tentador leer 1781 como umbral de la Independencia. La tentación conviene resistirla. La insurrección comunera fracasó como subversión estructural: el único dirigente con proyecto transformador, Galán, fue liquidado antes de poder darle forma; los demás pactaron y se replegaron. En regiones como el Tolima, el levantamiento no produjo clamor antirrealista alguno: los tolimenses mostraron, tanto en 1767 como en 1781, aversión al delito de lesa majestad. La consigna comunera —"Viva el rey y muera el mal gobierno"— era, literalmente, una protesta monárquica. Cuando llegó la ruptura definitiva con España, tres décadas más tarde, la causa inmediata no fue la memoria comunera sino la invasión napoleónica de la península en 1808 y el vacío de poder que abrió. La Revolución francesa, con su proclamación de la libertad y la igualdad, tuvo entonces un peso ideológico que la revolución norteamericana, calificada por un observador de la época como "un tanto prosaica", nunca alcanzó entre los suramericanos.

Manuela Beltrán, con todo, sigue en pie donde la puso el 16 de marzo. Una vendedora de plaza en una villa mercantil del oriente neogranadino, en un momento en que las reformas borbónicas apretaban a los sectores medios-populares hasta el límite, arrancó un edicto real y con ese gesto abrió una fisura. Lo que después ocurrió —la marcha, las Capitulaciones, la traición, el descuartizamiento de Galán, el largo silencio, la recuperación liberal, el mito— tiene su propia lógica y sus propios protagonistas. Pero el instante inaugural fue suyo, y en ese instante hay algo que no se deja explicar del todo: por qué una mujer sola, o percibida como sola, se atrevió a hacer en público lo que muchos pensaban en privado.

Quizás la respuesta no está en ella sino en el Socorro: en una sociedad de artesanos y pequeños comerciantes, con circulación mercantil intensa, con motines fiscales acumulados desde 1778, con una plaza donde el edicto era leído por todos, el gesto estaba esperando a alguien. Manuela Beltrán fue ese alguien. Que su nombre haya llegado hasta nosotros y no el de otros —igualmente reales, igualmente audaces, igualmente ignorados— es una de las loterías de la memoria histórica, y también una de sus formas de justicia. Colombia recuerda un edicto rasgado en una plaza; olvida, porque nunca los supo, los detalles de la mujer que lo rasgó. El olvido, en su caso, no es fracaso del archivo: es la forma exacta en que su figura ingresa a la historia.