Ejecución y descuartizamiento de José Antonio Galán (1782)

Ejecución y descuartizamiento de José Antonio Galán (1782)

El 1.º de febrero de 1782, en la plaza mayor de Santa Fe de Bogotá, cuatro hombres fueron arrancados a golpes de la cárcel, arrastrados por el suelo hasta el patíbulo, ahorcados, decapitados y descuartizados. Uno de ellos, José Antonio Galán Zorro —natural de Charalá, cabecilla de la fracción intransigente del alzamiento comunero de 1781—, vio además cómo su sentencia ordenaba distribuir sus cuartos por cinco poblaciones neogranadinas, declaraba infame a su descendencia, confiscaba sus bienes al real fisco y mandaba asolar su casa y sembrarla de sal. Junto a él murieron con protocolo semejante Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz. La ejecución cerró la Insurrección Comunera del Socorro y, más aún, exhibió la manera en que el absolutismo borbónico tardío gobernaba: articulando el hacha del verdugo con la pluma del escribano, la horca con el recibo, el suplicio arcaico con la contabilidad administrativa. Este artículo reconstruye ese acto —proceso, protocolo, cartografía punitiva y consecuencias— como una pieza central de la crisis colonial que anticipó, en negativo, la independencia.

El mundo del que brota el escarmiento

La ejecución de Galán no se entiende sin el ciclo fiscal que la precedió. Desde su llegada como Regente Visitador, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres había aplicado en la Nueva Granada el paquete de reformas borbónicas con una diligencia que exasperó a la sociedad colonial: restablecimiento del impuesto de la Armada de Barlovento, extensión de la alcabala a productos antes exentos, apretamiento de los estancos de tabaco y aguardiente. En mayo de 1780 duplicó el precio al detalle de los tabacos y aguardientes; simultáneamente, los guardas de rentas destruían las siembras "ilegales" de tabaco fuera de las áreas monopolizadas y encarcelaban a los infractores. La carga tributaria del virreinato, que antes de las reformas rondaba el 2,9% del producto, saltó hasta cerca del 10% en los años de mayor presión, y aún hacia 1810 se sostenía en el 8,4%. En la última década colonial, los estancos de tabaco y aguardiente aportarían por sí solos unos 770.000 pesos —el 32%— de los 2,4 millones que en promedio ingresaba anualmente la Corona.

Los golpeados por ese régimen no eran únicamente los criollos hacendados: en los distritos comuneros, pobres, mestizos y mulatos eran quienes con mayor frecuencia veían destruidos sus cultivos y quienes iban a parar a la cárcel por sembrar tabaco donde no debían. La resistencia venía de lejos: motines en 1752, 1764 y 1767; expulsión de los guardias del estanco en Mogotes en febrero de 1778; una sublevación de mil indígenas en 1779; nuevos disturbios en Mogotes y Simacota en octubre de 1780 y en Charalá en diciembre del mismo año. Cuando el 16 de marzo de 1781 Manuela Beltrán rompió en El Socorro el edicto que anunciaba los nuevos impuestos, no encendió una chispa aislada: prendió una mecha larga.

De aquel gesto salió una marcha que, en pocas semanas, reunió cerca de cuatro mil hombres en dirección a Santa Fe: criollos, mestizos, indígenas, mulatos pobres, artesanos, pequeños propietarios, comerciantes. En Zipaquirá, con la capital sin tropas suficientes para contener el avance, el arzobispo Antonio Caballero y Góngora salió a negociar. El 5 de junio de 1781, en el campamento comunero, Juan Francisco Berbeo suscribió como principal cabecilla las Capitulaciones de Zipaquirá: reducciones al impuesto sobre licores, límites a la alcabala, alivios en las contribuciones de indios y mulatos. A cambio, los comuneros iniciaron el retorno a sus pueblos y Berbeo fue nombrado corregidor con sueldo anual de mil pesos.

En ese punto —cuando el grueso del movimiento aceptó las promesas del arzobispo y desmovilizó— José Antonio Galán tomó la decisión que lo llevaría al patíbulo. Desconfió del pacto. Le parecía apurado, y le parecía inverosímil que las autoridades coloniales lo cumplieran. Con un pequeño contingente marchó hacia el Magdalena medio —Honda, Ambalema, Purificación— agitando a poblaciones esclavizadas y a peones de haciendas, extendiendo la rebelión más allá de las provincias del Socorro y San Gil. Entre el 20 de junio y el 11 de septiembre de 1781, en la propia provincia del Socorro, estallaron varios motines por el incumplimiento de las capitulaciones. El 2 de septiembre Galán llegó a Mogotes y convocó una segunda marcha sobre Santa Fe para el 15 de octubre.

No llegó a partir. Dos días antes de la fecha prevista —el 13 de octubre de 1781—, Galán fue aprehendido con nueve compañeros en un paraje cercano a Onzaga. Mientras tanto, desde Cartagena, el virrey Manuel Antonio Flórez había improbado las Capitulaciones esgrimiendo un argumento que la doctrina borbónica preservaba en la manga precisamente para casos como este: eran nulas porque habían sido negociadas bajo amenaza de violencia. Y, todavía más importante para lo que vendría, refuerzos de tropa habían empezado a subir desde Cartagena a Santa Fe. Cuando Galán entró preso a la capital, ya no era el jefe temible de un ejército de cuatro mil hombres, sino un cabecilla suelto en una plaza militarmente asegurada.

El proceso: la sentencia de la Real Audiencia

Entre finales de octubre de 1781 y comienzos de febrero de 1782, la maquinaria judicial de la Real Audiencia de Santa Fe trabajó sobre Galán, Molina, Alcantuz y Ortiz con esa lentitud administrativa que en el Antiguo Régimen distinguía la venganza plebeya de la justicia soberana. La sentencia, pronunciada el 30 de enero de 1782, llevaba las firmas de cinco integrantes del tribunal: Juan Francisco Pey Ruiz, Juan Antonio Mon y Velarde, Joaquín Vasco y Vargas, Pedro Catani y Francisco Javier de Serna.

Ese detalle —quiénes firmaron— importa más de lo que parece. Vasco y Vargas, uno de los jueces, había suscrito meses antes, como comisionado de la Audiencia, la aceptación de las Capitulaciones de Zipaquirá. Berbeo, el jefe comunero que presentó el pliego, había recibido el cargo de corregidor; Caballero y Góngora, que ofició el juramento en Zipaquirá, recorrió después el Socorro para pacificarlo. La sentencia contra Galán fue, así, un acto de recomposición de la élite colonial: el pacto entre criollos ricos y burocracia peninsular, roto por la marcha plebeya de la primavera de 1781, se reanudó sobre el cuerpo del cabecilla que no había querido plegarse. La presencia de Vasco y Vargas entre los firmantes enlazaba el pacto de Zipaquirá con la condena del capitán que lo había rechazado.

La forma jurídica de la condena hundía sus raíces en el derecho penal castellano: ahorcamiento, decapitación, descuartizamiento y exhibición pública de los cuartos eran fórmulas codificadas siglos atrás para castigar la rebelión y la fuga armada de esclavos, con el propósito explícito de producir terror general. Nada en ellas era invención ilustrada. Pero el modo en que se aplicaron en 1782 —con protocolo notarial minucioso, con distribución cartográfica precisa de los restos, con anexos administrativos sobre confiscación de bienes y declaración de infamia— sí revelaba el peso del reformismo borbónico, empeñado en racionalizar hasta las viejas prácticas de terror. El resultado fue un suplicio arcaico en su forma y burocrático en su ejecución: el hacha guiada por el expediente.

El 1.º de febrero de 1782

El día del suplicio, el protocolo se cumplió al pie de la letra. Los cuatro condenados fueron arrancados a golpes de la cárcel —"arrancados" es la palabra exacta que quedó en los papeles— y arrastrados por el suelo hasta el lugar del cadalso. Se les ahorcó, se verificó la muerte, se descolgaron los cuerpos de la horca, se les cortó la cabeza y se seccionaron los cadáveres en cuatro cuartos, según la vieja partición del cuerpo humano en piezas transportables. La sentencia de Galán fue la más detallada, la más severa y la única cuya distribución territorial se especificó pieza por pieza; las de Molina, Alcantuz y Ortiz siguieron el mismo patrón general —horca y descuartizamiento— con menor pormenor en las actas.

El cuerpo de Galán fue entonces empaquetado según instrucciones precisas. La cabeza, envuelta y sellada, salió con destino a Guaduas. La mano derecha fue enviada a El Socorro, plaza donde había comenzado el alzamiento y donde Manuela Beltrán había roto el edicto. La mano izquierda partió hacia la Villa de San Gil, otra de las capitales del movimiento. El pie derecho fue despachado a Charalá. El pie izquierdo, a Mogotes, el pueblo desde donde el propio Galán había convocado la segunda marcha en septiembre. Cada envío iba acompañado de instrucciones notariales para su recepción, exhibición en la picota local y constancia administrativa del acto.

No hay imagen más precisa de la lógica borbónica que esa: un cuerpo cortado según los cinco focos geográficos del alzamiento, cada fragmento anclado en un pueblo con historia propia de motines, cada pueblo obligado a firmar la recepción de su cuota de terror. La cartografía punitiva reproducía, en negativo, la cartografía de la insubordinación. El Estado colonial no pegó los cuartos al azar en cualquier camino real: los distribuyó como quien archiva copias de un mismo documento, una por cada oficina territorial. En esa precisión administrativa el suplicio dejaba de ser exceso barroco para volverse tecnología de gobierno.

La sentencia añadía disposiciones que trascendían la muerte física. Los bienes de Galán fueron ocupados y aplicados al real fisco. Su descendencia fue declarada infame, es decir, jurídicamente inhabilitada para cargos y honores durante generaciones. Su casa debía ser asolada —derribada hasta los cimientos— y el suelo sembrado de sal, en un gesto que remite al derecho romano tardío y a los viejos rituales de extinción de linaje. Y, coronando el conjunto, la orden explícita de dar olvido a su nombre, borrar su memoria del registro público. El expediente no solo mataba al hombre: pretendía suprimir su rastro civil, familiar y simbólico.

Esa cláusula de damnatio memoriae, seguida por los oficios que registraron el traslado de los restos, es la prueba más clara del carácter administrativo del terror. Se ordenaba borrar la memoria como se ordena archivar un expediente: por escrito, con protocolo, con constancia. La contradicción íntima del acto está ahí, en la letra: la única manera que tenía el Estado colonial de suprimir el nombre de Galán era escribirlo en el documento que ordenaba suprimirlo. La sentencia, al querer extinguirlo, lo fijó para siempre en el archivo.

La cartografía de los restos como acto de gobierno

Conviene detenerse en la geografía del descuartizamiento porque ahí se ve, con crudeza, la mecánica del absolutismo tardío. Guaduas, El Socorro, San Gil, Charalá y Mogotes no son cinco pueblos escogidos por casualidad: son los cinco nodos de la Insurrección Comunera, los mismos donde ya en 1778, 1779 y 1780 habían estallado motines contra los guardas de rentas y contra el estanco del tabaco. El Estado sabía perfectamente en qué picotas colgar cada pieza; sus escribanos habían llevado el registro de los disturbios previos. La distribución de los restos era la respuesta institucional a un mapa que la propia administración fiscal había construido.

Charalá recibió el pie derecho de su hijo. Mogotes, el pie izquierdo del hombre que allí había convocado la segunda marcha. El Socorro, la mano derecha del segundo comunero después de Berbeo. San Gil, la mano izquierda. Guaduas, la cabeza. La lógica del reparto era simultáneamente ejemplarizante —cada plaza vería con sus ojos el precio de la rebelión— y contable: a cada foco su cuota, a cada motín pasado su respuesta anatómica. En el papel, ese reparto debió tener su tabla, sus firmas de recepción, sus fechas de exhibición. La violencia pública del Antiguo Régimen siempre había sido teatral; lo específico del momento borbónico fue convertirla también en trámite.

Comparado con el modelo penal clásico, en el que la exhibición del cuerpo del ajusticiado se dejaba al arbitrio de la costumbre local, el descuartizamiento de Galán operó como un dispositivo racionalizado: un solo cuerpo, cinco destinos, un documento maestro, un cronograma. El terror ganaba en cobertura geográfica lo que ganaba en tramitación administrativa. Y perdía, es cierto, algo del pathos único del cadalso: el suplicio dejaba de ser un acontecimiento y se convertía en una operación distribuida.

Causas: por qué la Corona escogió el escarmiento máximo

Preguntarse por qué se eligió esta forma extrema de castigo, y no otra, obliga a distinguir capas. En el fondo estaba el nuevo régimen fiscal borbónico, que había roto un equilibrio de larga data entre la Corona y sus vasallos americanos y que necesitaba reafirmarse tras la humillación de las Capitulaciones. Un virreinato donde miles de hombres armados habían obligado a un arzobispo a jurar concesiones era, para el reformismo ilustrado, un fracaso de soberanía. Anulados los pactos, apresados los cabecillas, la Corona no podía limitarse a colgar en silencio: necesitaba una operación que devolviera a la geografía comunera el signo visible de la autoridad real.

En un plano más inmediato, pesaba la lectura de Flórez desde Cartagena y de la Audiencia desde Santa Fe: la rebelión había sido posible porque la capital estaba desguarnecida y porque el arzobispo había carecido de otra herramienta que la negociación. Con los refuerzos ya en Santa Fe y con la Audiencia respaldada por bayonetas, el error no debía repetirse. La sentencia contra Galán tenía, entonces, una función pedagógica hacia adentro del propio aparato colonial: recordarles a los futuros gobernadores que la primera respuesta a un alzamiento popular no es la mesa de negociación sino la horca.

Y en la lógica de la élite criollo-peninsular reunida en Santa Fe, había además una razón de clase. Galán no era Berbeo. Berbeo era un hidalgo local, propietario, jefe natural del descontento comunero de las capas medias criollas; con él se podía pactar y a él se le podía dar un cargo con sueldo. Galán, en cambio, había ido río Magdalena abajo agitando a esclavos, peones y castas, ensanchando la rebelión hacia una zona social que amenazaba con desbordar el marco político original del movimiento. Que la sentencia lo declarara infame en su descendencia y sembrara sal sobre su casa no era gratuito: era el mensaje explícito de que ciertos umbrales sociales no se cruzaban sin que la Corona respondiera con el escarmiento máximo. El pacto que la Audiencia y la élite criolla sellaron sobre el cuerpo de Galán fue, en última instancia, un pacto contra la posibilidad de que la rebelión colonial se plebeyizara.

Faltaría una causa técnica: la tradición jurídica castellana ofrecía a la mano el instrumental exacto —horca, decapitación, cuartos, picotas, siembra de sal, infamia de sangre—. La Corona no tuvo que inventar nada; se limitó a activar, con administración borbónica, un repertorio de terror penal que llevaba siglos en los códigos. Lo específico de 1782 no fue la crueldad, sino la eficiencia protocolaria con que se aplicó.

Consecuencias inmediatas: pacificación, amnistía, ascensos

Ejecutado Galán, la rebelión quedó formalmente cerrada. La Real Audiencia procedió entonces a la parte más incómoda del expediente: anular las Capitulaciones de Zipaquirá, juradas por los comisionados de la Audiencia ante Caballero y Góngora. El acuerdo formal de anulación fue expedido el 18 de marzo de 1782, retomando literalmente el argumento que Flórez había esbozado desde Cartagena: las capitulaciones adolecían de un vicio incorregible por haber sido negociadas bajo amenaza de violencia. La operación completa —firma bajo presión, cumplimiento parcial, ejecución del disidente, anulación jurídica— constituyó una secuencia casi perfecta desde el punto de vista del gobierno colonial: se ganó tiempo con el pacto, se desmovilizó al ejército comunero, se aisló al ala intransigente, se la reprimió con protocolo y se derogó por escrito la palabra dada.

En junio de ese mismo 1782, Caballero y Góngora asumió el virreinato interino, sumando el poder político al eclesiástico. Uno de sus primeros actos de gobierno fue conceder una amnistía general a los comuneros que no habían persistido en armas. La combinación —escarmiento máximo sobre Galán y sus tres compañeros, indulto amplio sobre el grueso del movimiento— completaba la doctrina: la Corona podía ser terrible con quien no aceptaba el pacto y magnánima con quien lo aceptaba. Poco después, el nuevo virrey viajaría a Cartagena y Turbaco para atender la política de fronteras del Darién. La biografía de Caballero y Góngora quedaría marcada por su mediación en Zipaquirá y la posterior pacificación del Socorro, antes de asumir el gobierno virreinal.

El corregimiento de Berbeo, por su parte, fue suprimido en marzo de 1782. La élite criolla del Socorro consolidó posiciones en la administración local, integrada en el pacto colonial hasta la crisis independentista que estallaría veintiocho años después. El nombre de Gutiérrez de Piñeres, cuya política fiscal había sido el detonante, quedó difuminado en el relato oficial de los hechos: fue el joven de Charalá el que cargó con toda la culpa exhibida en las picotas.

La eficacia parcial del olvido

Hay un plano en el que la sentencia del 30 de enero de 1782 fracasó. La cláusula que ordenaba dar olvido al nombre de Galán se cumplió a medias: la gesta comunera permaneció en la sombra durante más de un siglo, sí, pero no se extinguió. Ninguna carta importante de Antonio Nariño la reivindicó, ninguna proclama fundacional de la Primera República la citó como precedente, ningún prócer canónico de la independencia se declaró heredero de El Socorro. La historia oficial que la Nueva Granada empezó a escribir después de 1810 pasó junto a la Insurrección Comunera casi como si esta hubiera pertenecido a otro país.

Y sin embargo, el nombre sobrevivió. Francisco de Miranda, años más tarde, usó la sublevación del Socorro como argumento ante potencias extranjeras para demostrar que los suramericanos estaban dispuestos a la revolución. La memoria oral en los pueblos del oriente, más resistente que el archivo, conservó fragmentos del episodio. Y en 1880, en Bogotá, Manuel Briceño publicó Los comuneros, el primer libro de peso sobre el movimiento: casi cien años exactos después del alzamiento, el archivo devolvía al espacio público lo que la sentencia había ordenado suprimir.

Esa recuperación tardía tuvo consecuencias en el siglo XX. Cuando el Ejército de Liberación Nacional se organizó en los años sesenta, escogió el nombre de "Frente José Antonio Galán" para una de sus estructuras. El testimonio de Ricardo Lara Parada dejó constancia de que el bautizo fue un homenaje explícito al comunero descuartizado en 1782. La "Unión de Pioneros José Antonio Galán", vinculada al ambiente del comunismo colombiano, retomó también el nombre. Sin haber sido incorporado al panteón liberal decimonónico, Galán reapareció en el siglo XX como referente de la izquierda insurgente: una figura que la memoria oficial no había querido tocar y que la memoria alternativa podía adoptar sin disputa.

La lectura que Orlando Fals Borda dio del episodio matiza este renacer. Para el sociólogo, el esfuerzo de Galán —a quien consideraba el único dirigente comunero con alguna visión transformadora— fue sofocado en su cuna sin lograr un impacto de entidad en la sociedad colonial, por lo que la rebelión no puede catalogarse como una subversión fundamental. La observación es exacta en un plano y engañosa en otro. En el plano estructural, la ejecución cortó de raíz la posibilidad de que la Insurrección Comunera se convirtiera en un movimiento social ampliado. En el plano simbólico, el nombre que la sentencia quiso borrar acabó siendo, más de siglo y medio después, uno de los pocos referentes del siglo XVIII colombiano invocados por movimientos armados contemporáneos. El aparato burocrático del suplicio dominó el territorio físico con precisión geográfica —cada picota tuvo su fragmento—, pero no dominó con la misma eficacia el territorio del archivo.

Un acto de gobierno, no un exceso

La tentación historiográfica más fácil frente al 1.º de febrero de 1782 es leerlo como reliquia: el último estertor barroco del terror penal, una crueldad residual del Antiguo Régimen que la Ilustración pronto abolería. Esa lectura consuela y equivoca. El descuartizamiento de Galán no fue un anacronismo; fue el modo en que el absolutismo borbónico tardío, precisamente en el momento en que se autoconcebía como el más racional y administrativo de los regímenes, articuló la vieja violencia pública con las nuevas herramientas de gobierno: la sentencia firmada por los jueces de la Real Audiencia y un conjuez; la distribución cartografiada de los restos por los focos del alzamiento; el protocolo notarial de recepción en cada picota; la cláusula administrativa de extinción memorial. El hacha caía, pero caía dentro de un expediente.

Ese hecho ilumina algo estructural de la crisis colonial. La Nueva Granada de las últimas décadas del siglo XVIII estaba siendo gobernada por una Corona que había triplicado su presión fiscal, que había construido una densa red de estancos y guardas, que llevaba registros minuciosos de las siembras "ilegales" de tabaco y de los motines de cada pueblo. Ese mismo aparato burocrático, cuando la violencia popular lo desbordó, no cambió de lenguaje: administró la represión con los mismos formularios con que había administrado el estanco. La continuidad entre la contabilidad fiscal borbónica y la contabilidad del suplicio comunero es lo que hace de este caso una pieza central para entender el vínculo entre reforma imperial e insurrección americana.

Y ese vínculo prefigura, en negativo, el ciclo de 1810. Cuando las juntas criollas se reunieron en Santa Fe, El Socorro, Cali y Cartagena, lo hicieron en un territorio donde el pacto colonial había sido roto y remendado sobre el cuerpo de Galán, donde la memoria del descuartizamiento circulaba en voz baja por las poblaciones del oriente, donde la élite criolla —Berbeo incluido— sabía por experiencia propia hasta qué punto podía llegar la Corona cuando decidía escarmentar. La independencia no fue hija directa de la Insurrección Comunera —la distancia social, ideológica y política entre los cuatro mil hombres que marcharon a Zipaquirá y los abogados que redactaron el Memorial de Agravios es enorme—, pero se hizo sobre un suelo donde el Estado colonial ya había mostrado, en 1782, que su forma última de gobierno era este cruce específico entre el hacha y la pluma.

Ahí reside la importancia histórica del episodio. No en el número de muertos —cuatro—, ni en la magnitud militar de la represión —modesta comparada con lo que vendría en la Reconquista de 1816—, sino en la revelación institucional que produjo: mostró, con una nitidez que pocas fechas del siglo XVIII colombiano igualan, que el absolutismo tardío borbónico gobernaba tanto por la contabilidad como por el terror, y que ambas operaciones eran, en su cabeza y en su archivo, la misma. El cuerpo de José Antonio Galán, repartido en cinco pueblos con recibo de entrega, es el documento más completo que dejó ese sistema sobre sí mismo.