Soberanía estatal

La soberanía estatal en Colombia

En el vocabulario político colombiano del siglo XIX, "soberanía estatal" no designa la potestad de la nación frente a otras naciones —el sentido que hoy nos resulta natural— sino la de cada estado federado frente al gobierno central. Es un concepto interior, doméstico, que nombra la capacidad de los territorios que componen la república para gobernarse a sí mismos, levantar milicias, fijar tributos, decidir quién vota y hasta emitir sellos postales. Su formulación jurídica más pura está en la Constitución de Rionegro de 1863, que unió a perpetuidad a nueve estados soberanos bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia; pero la idea venía madurando desde el 20 de julio de 1810, cuando la disolución de la soberanía real dejó a las provincias del Nuevo Reino de Granada reconociéndose entre sí como cuerpos libres, independientes y autónomos. Durante casi un siglo, la política colombiana giró alrededor de una pregunta que no admitía respuestas templadas: ¿dónde reside efectivamente el poder de mandar dentro del territorio? La Regeneración de 1886 impuso una respuesta centralista, pero no clausuró la disputa: la fragmentación del monopolio de la fuerza y la lealtad divergente de los poderes locales sobrevivieron al aparato jurídico que pretendía suprimirlas y quedaron inscritas como rasgo persistente del Estado colombiano.

Un concepto fracturado desde 1810

La soberanía como problema colombiano nace de una ausencia. Cuando Napoleón invadió España y Fernando VII quedó cautivo, las juntas americanas de 1810 no se alzaron contra la monarquía sino contra su usurpación: declararon lealtad al rey ausente y, en su nombre, asumieron el gobierno. El detonante fue una protesta, no una revolución. Pero el hueco dejado por la Corona no se llenó con una autoridad única: se fragmentó en tantas soberanías como ciudades y provincias tuvieron la ambición de reclamarla.

La Junta Suprema de Santa Fe, instalada el 20 de julio de 1810, se disolvió al promulgarse la Constitución de Cundinamarca en abril de 1811. Esa carta —seguida de cerca por la de Tunja el mismo año y por la de Antioquia en 1812— es el laboratorio donde el vocabulario republicano empieza a instalarse bajo forma monárquica. Cundinamarca declaró que "la soberanía reside esencialmente en la totalidad de sus ciudadanos" y organizó una monarquía constitucional con separación de poderes y derechos del hombre; reconocía a Fernando VII, sí, pero le imponía condiciones que hacían inviable su gobierno efectivo. La de Antioquia fue más lejos: condicionó el retorno del rey a que los ciudadanos de la provincia participaran en la sanción de su constitución. Subordinaba, en la letra, los poderes realistas a la voluntad popular. Cuando llegó la reconquista en 1816, esa habilidad para blindarse jurídicamente resultó insuficiente frente a la fuerza militar; pero el precedente quedó fijado: la soberanía se había hecho plural, provincial, ciudadana.

Las nuevas instituciones no rompieron categóricamente con las coloniales. En buena medida fueron adecuaciones semánticas de estructuras previas, cambios de nombre más que de arquitectura. Aun así, la fragmentación era real y tenía consecuencias inmediatas. Las provincias que se declararon soberanas se enredaron en un tejido de rivalidades: Mompox contra Cartagena, Girón contra Pamplona, Sogamoso contra Tunja. Las "Ciudades Amigas y Confederadas del Valle" se organizaron desde febrero de 1811 como una liga entre subalternas. La Confederación no logró definir competencias entre los estados y el poder común, y los colegios electorales entre 1811 y 1815 funcionaron como corporaciones sui generis en las que se mezclaban funciones electivas, constituyentes y deliberativas: asumían la soberanía popular a su manera, sin marco común.

Ese primer ensayo terminó mal —con la reconquista y el paredón—, pero legó al siglo XIX un mapa y una gramática. Las provincias que se habían proclamado soberanas en la Patria Boba constituyeron la matriz territorial que, medio siglo después, delimitaría los ocho estados que integraron en 1861, junto con Panamá, los Estados Unidos de Colombia. La discusión sobre dónde reside el poder de mandar no era retórica: se sobreponía a las divisiones administrativas heredadas del virreinato, a las élites locales que las controlaban y a las rivalidades entre ciudades que ninguna constitución logró borrar.

De la República unitaria al ensayo federal

Entre 1821 y 1855, el proyecto centralista dominó las cartas colombianas. La Gran Colombia de Bolívar, la Nueva Granada de Santander, las reformas de mediados de siglo: todas apostaron por una república unitaria, aunque los gobernantes tuvieran cada vez menos capacidad de imponer sus leyes en las regiones. La contradicción se hizo insostenible hacia 1850, cuando el liberalismo triunfante empezó a demoler la herencia colonial —abolición de la esclavitud en 1851, libertad de imprenta, desamortización de resguardos indígenas, expulsión de los jesuitas— y a rediseñar la relación entre el Estado y la Iglesia. La Constitución de 1853 otorgó ciudadanía activa a los hombres mayores de 21 años y se inscribió en un proceso de creciente ruptura con la Iglesia católica que incluyó la desamortización y la tuición de cultos.

El giro decisivo fue el de 1855: el Congreso reformó la Constitución para dotar a Panamá de estatuto federal, y de paso abrió la puerta para que otros estados se crearan por simple ley. En 1856 se creó el Estado Federal de Antioquia; en 1857, los de Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Magdalena, Santander y Bogotá, completando el esquema antes de que existiera una constitución federal formal. Esa constitución llegó en 1858, con la Confederación Granadina promulgada bajo la presidencia del conservador Mariano Ospina Rodríguez. Ocho estados federales, gobierno central con competencias sobre el crédito nacional, el ejército y las relaciones exteriores. La sorpresa histórica es que el federalismo colombiano no fue una invención liberal: los conservadores lo pactaron, o al menos lo administraron en su primera versión constitucional.

Pero el modelo de 1858 duró poco. La incapacidad del gobierno de Ospina para controlar el territorio nacional —con leyes ignoradas en regiones lejanas y poder real en manos de élites locales como Mosquera en el Cauca— desembocó en la guerra civil de 1860-1862. La ganó Tomás Cipriano de Mosquera al frente de los liberales radicales, y de esa victoria salió, tras una constituyente instalada en Rionegro el 4 de febrero de 1863, la carta más extrema del siglo XIX colombiano.

Rionegro: la soberanía llevada al extremo

La Constitución de 1863 abrió con una fórmula que rompía casi cuatro siglos de continuidad: por primera vez, una carta colombiana no comenzaba invocando el nombre de Dios, sino "En nombre y por autorización del pueblo y de los Estados Unidos Colombianos". La declaración era programática. El nuevo Estado se pensaba laico, popular y federal, y consagraba la unión a perpetuidad de nueve estados soberanos bajo un régimen que reducía al mínimo la autoridad central.

La arquitectura era tan sencilla como radical: los estados podían ejercer cualquier función que la Constitución no reservara expresamente al gobierno común. Y las prohibiciones expresas fueron ostentosamente pocas: no podían enajenar territorio a gobiernos extranjeros, aprobar la esclavitud, intervenir en asuntos religiosos, impedir el comercio de armas y municiones, imponer contribuciones sobre comercio exterior o sobre artículos consumidos en otro estado, legislar sobre privilegios ya concedidos, usar escudo o bandera distintos a los de la nación, ni gravar bienes de la confederación. Todo lo demás quedaba en manos de los nueve. Podían levantar milicias propias, emitir sus sellos postales, definir soberanamente quién tenía derecho al voto. La Constitución no estableció un ejército nacional, y el Estado central no tenía derecho a intervenir en los asuntos internos de los estados. Para completar la coraza, la carta solo podía enmendarse con el consentimiento unánime de todos los estados: un solo veto bastaba para congelar cualquier reforma.

En materia de libertades, el catálogo era el más generoso de la historia constitucional colombiana. La Constitución consagró la inviolabilidad de la vida humana —lo que suponía la abolición de la pena de muerte—, la libertad religiosa y la libertad de prensa y expresión. Los prohombres de Rionegro —Manuel Murillo Toro, Aquileo Parra, Salvador Camacho Roldán, Santiago Pérez Manosalbas, José María Samper en su fase radical— pensaban un ciudadano adulto capaz de gobernarse sin tutela: ni la del cura, ni la del gendarme, ni la del gobierno central.

Sobre el sufragio, sin embargo, la lógica federal produjo un resultado paradójico. Como cada estado determinaba quién podía votar, más de la mitad utilizó esa autoridad para retroceder respecto al sufragio universal masculino que había estado vigente. Cauca lo abrazó abiertamente; Santander y Tolima introdujeron restricciones crecientes. La devolución de la soberanía electoral a los estados no amplió democráticamente el cuerpo político: en varios casos lo redujo. La libertad de los estados chocaba, en la práctica, con la libertad de los ciudadanos individuales.

Esta es la tensión constitutiva del proyecto radical, y no puede esquivarse como si fuera un detalle. Los arquitectos de Rionegro creían que la libertad se garantizaba mejor desde abajo, contra un Estado central visto históricamente como opresor y clerical. Pero al dejar en cada estado la decisión soberana sobre casi todo, blindaron una arquitectura donde las oligarquías regionales podían restringir derechos con impunidad. La rigidez de la reforma unánime —una decisión contingente, deliberada, que ningún actor regional había demandado— convirtió al sistema en un texto sagrado imposible de corregir. Rafael Núñez lo diría con lucidez años después: la Constitución era una fuente de rigidez institucional, y ese diagnóstico no era propaganda conservadora sino observación técnica.

El programa radical y la guerra con la Iglesia

La Constitución de 1863 fue el techo jurídico de un programa más amplio, en el que la disputa por la soberanía estatal se libró tanto contra el poder central como contra un adversario mucho más antiguo: la Iglesia Católica. La debilidad fiscal y administrativa del Estado republicano contrastaba con la sólida situación financiera de la Iglesia, su amplia aceptación entre las masas populares y la presencia del clero en los lugares más apartados del país. Para las élites políticas radicales, ese poderío eclesiástico era un rival de soberanía: dos jurisdicciones competían por gobernar las conciencias, las escuelas y buena parte de la economía rural.

El primer golpe lo dio Mosquera. El 9 de septiembre de 1861, en pleno tramo final de la guerra civil, decretó la desamortización de bienes de manos muertas: propiedades de comunidades religiosas, cofradías y capellanías fueron expropiadas por el Estado. La motivación primaria era fiscal —amortizar la deuda interior—, pero también apuntaba al corazón económico del poder eclesiástico. Los resultados variaron por región. En Antioquia, la aplicación fue muy limitada: la mayor parte de los bienes de manos muertas eran censos, pocos fueron redimidos en el tesoro nacional, la Iglesia local no había acumulado riqueza en la misma escala que en otras regiones, y los propietarios temían la desaprobación eclesiástica más que la sanción estatal. En otros estados, la desamortización sí reconfiguró la propiedad rural.

La ofensiva no terminó con el decreto de 1861. Durante los años setenta, los liberales radicales instituyeron la educación laica y obligatoria. El Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 —promovido por Eustorgio Salgar y su ministro Dámaso Zapata— fue el instrumento central: escuela obligatoria, textos fijados por el Estado, curricula que incluían obras como la Ideología del filósofo francés Destutt de Tracy para los cursos de filosofía. La reforma provocó una polémica intelectual y política de gran calibre: ¿tenía el Estado derecho a fijar los textos con los que se educaba a los niños?, ¿podía la escuela pública prescindir de la religión católica? Los clérigos de Palmira, Cartago y Tuluá abanderaron la causa antirreformista, y la disputa escaló hasta la guerra civil de 1876-1877, librada principalmente en el Cauca y el Tolima, que costó el 118% del presupuesto nacional aprobado para 1878.

La libertad religiosa consagrada por la Constitución de 1863 y el conjunto de reformas anticlericales conformaban, en la lógica radical, un mismo movimiento: recortar la jurisdicción de la Iglesia para agrandar la del Estado laico. Pero como los estados eran soberanos y la Iglesia operaba territorialmente a través de parroquias y diócesis que no se plegaban a las fronteras federales, la guerra se libró en un tablero desigual: la Iglesia tenía red y presencia; el Estado radical, decretos y ejércitos convocados con dificultad.

La renuncia al monopolio de la fuerza

Si un solo artículo del ordenamiento federal condensa la peculiaridad del experimento colombiano, es la Ley 20 de 1867. Su texto obligaba al gobierno de la Unión a observar "la más estricta neutralidad" cuando en algún estado se levantara una porción de ciudadanos para derrocar el gobierno existente. Codificado así, el principio era claro: el Estado central renunciaba formalmente al monopolio de la violencia legítima dentro de su territorio. Si en el Cauca o en Antioquia o en Bolívar una facción se alzaba contra el gobierno del estado, la Unión no podía —no debía— intervenir.

Ninguna otra república decimonónica llevó tan lejos el principio federal. La ley respondía a una lógica coherente con Rionegro: si los estados son soberanos, sus conflictos internos son suyos. Pero la consecuencia práctica fue el desmonte gradual del ejército libertador y la proliferación de tropas paramilitares regionales. Caudillos, terratenientes y curas armaron sus propias fuerzas bajo el mando de "generales" designados por padrinazgo político, vínculos familiares o relación con el potentado regional. El grado militar dejó de ser una jerarquía del Estado y se convirtió en un título del poder local.

Los efectos fueron devastadores para la vida civil. Durante los aproximadamente veinticinco años de vigencia del federalismo radical, entre 1863 y 1885, se produjeron alrededor de cuarenta y dos constituciones o revueltas armadas de carácter local o estatal. La inestabilidad se convirtió en régimen. Las cuentas oficiales de todo el siglo XIX registran ocho grandes guerras civiles a las que se suman veintitrés contiendas y refriegas regionales, con estimados independientes que llegan hasta setenta conflictos.

La renuncia al monopolio de la fuerza tuvo, además, un correlato económico. Las rivalidades entre estados llevaron a la implantación de aduanas interiores que frenaban el comercio interno. Los peajes, los pontazgos, los gravámenes locales fragmentaron el mercado nacional. Aquileo Parra y Salvador Camacho Roldán, ambos radicales pero atentos a las cifras, empezaron a advertir que el proyecto tenía costos fiscales insostenibles: fuga de capitales hacia Europa, empobrecimiento general, debilitamiento del poder de compra, confianza minada. Algunos estados intentaron separarse de la Unión o anexarse a países vecinos: Antioquia y Panamá barajaron esa salida en distintos momentos.

La Ley 20 de 1867 fue derogada en 1880, pero su espíritu —la tolerancia estatal hacia actores armados no estatales— persistió como problema estructural. Cuando en la década de 1950, durante La Violencia, el Estado colombiano estuvo cerca del colapso y el Ejército y la Policía actuaron con parcialidad partidista, algunos autores vieron en esa parálisis institucional un eco de aquella renuncia formal de 1867. La línea no es directa ni exclusiva, pero la analogía tiene fundamento: en Colombia, la pregunta por quién puede legítimamente ejercer la violencia dentro del territorio nunca ha tenido una respuesta indiscutida.

Núñez y el vuelco de la Regeneración

Rafael Núñez venía del liberalismo. Había sido ministro, diplomático, funcionario radical. Pero desde Cartagena, y desde una lectura amarga del sistema al que había servido, empezó a construir a fines de la década de 1870 el programa que se conocería como la Regeneración: retorno a la autoridad, fortalecimiento del gobierno central, reconciliación con la Iglesia. En 1880 fue elegido presidente por primera vez, en alianza con conservadores y liberales independientes; volvería a serlo en 1884, 1886 y 1892, aunque en su último período prefirió gobernar desde Cartagena y murió en 1894 sin ejercer efectivamente el cargo.

Núñez había advertido desde 1882 que el fracaso de las instituciones liberales abriría camino a una poderosa reacción. La rebelión liberal radical de 1885 contra su gobierno fracasó, y esa derrota militar fue la partida de defunción del orden de Rionegro. Núñez pronunció entonces la frase que consagró el momento: "La Constitución de 1863 ha dejado de existir". Convocó un Consejo Nacional de Delegatarios compuesto por dieciocho miembros —conservadores e independientes—, que se instaló en Bogotá el 11 de noviembre de 1885 para redactar una nueva carta. Los liberales radicales, derrotados en el campo de batalla, quedaron fuera del diseño constitucional.

La Constitución de 1886 fue en gran medida obra de Miguel Antonio Caro, principal pensador conservador de la época y firme defensor de la Iglesia Católica. Su arquitectura invertía punto por punto la de Rionegro. Los estados soberanos fueron sustituidos por departamentos administrativos subordinados al poder central. La invocación de Dios volvió al preámbulo. La libertad de prensa se recortó, la pena de muerte reapareció para ciertos delitos, y el catálogo de libertades individuales se ajustó a lo que Caro consideraba compatible con el orden. Un año después, en 1887, el Concordato con la Santa Sede restableció las relaciones entre la Iglesia y el Estado, aunque no pudo revertir la desamortización ya adelantada.

La Constitución de 1886 hizo algo más, menos visible pero significativo: suprimió el artículo de la carta anterior que acogía el derecho de gentes como regulador de los conflictos interiores de la nación colombiana, reservando su aplicación exclusivamente a las relaciones con otros estados nacionales. El gesto era conceptualmente denso. Rionegro había admitido que dentro del territorio podían darse conflictos que requerían marcos jurídicos de tipo internacional —reconocimiento implícito de que los estados soberanos eran cuasi-naciones—; la Regeneración cerró esa puerta. Colombia era una sola nación, con un solo derecho interno, y las disputas dentro de sus fronteras se resolverían por las leyes penales y no por las de la guerra.

Pero centralizar la soberanía jurídica no equivalió a centralizar el poder efectivo. La Regeneración estableció una descentralización administrativa fiscal que reconoció a los departamentos rentas de aguardientes, tabaco, degüello, peajes y pontazgos, además de rentas de importancia regional como las minas en Antioquia o las salinas marítimas en Magdalena. Las élites regionales, que habían sido cabeza de estado soberano, aceptaron el nuevo orden porque conservaron el control fiscal y clientelar de sus territorios. La renta del Ferrocarril de Panamá, tercer ingreso del Estado central durante parte del período federal, fue negociada por Núñez en 1880 con un anticipo de dos millones sobre veintisiete anualidades futuras para capitalizar el Banco Nacional: un ejemplo de cómo la Regeneración usó recursos que la propia geografía imperial de la república ponía a su disposición.

Entre 1886 y 1904, la exclusión del liberalismo y la eliminación en la práctica de sus derechos políticos fue más sistemática que bajo el régimen anterior. La intimidación a la prensa, las manipulaciones electorales, la retórica que Caro dirigía contra los liberales —a quienes llegó a declarar incompatibles con las elecciones ordenadas— produjeron un clima de tensión que desembocó en la Guerra de los Mil Días entre 1899 y 1902, y en la posterior pérdida del istmo de Panamá en 1903. El régimen conservador que la Regeneración inauguró resultó atípicamente perdurable en América Latina: dominó la política colombiana hasta 1930, cuando la hegemonía se rompió con la llegada del liberal Enrique Olaya Herrera.

La red: hombres, lugares e ideas

La disputa de la soberanía estatal en el siglo XIX colombiano tuvo protagonistas nítidos, y ninguno se entiende fuera de la red de complicidades y rivalidades en que se movió. Manuel Murillo Toro, dos veces presidente (1864-1866 y 1872-1874), fue el arquitecto político del federalismo radical: convencido de que el gobierno mejor era el que menos gobernaba, defendió la libertad de prensa con una consistencia que se hizo proverbial. Tomás Cipriano de Mosquera, cuatro veces presidente y militar veterano de la independencia, encarnó una versión más autoritaria y personalista del proyecto: fue él quien firmó la desamortización y ganó la guerra que condujo a Rionegro, pero también quien puso al descubierto que el federalismo podía convivir con el caudillismo.

Aquileo Parra, presidente entre 1876 y 1878, gobernó durante la guerra civil de aquellos años y encarnó la vertiente santandereana y comercial del radicalismo. Santiago Pérez Manosalbas, presidente entre 1874 y 1876, representó la vertiente intelectual y periodística: fundó y dirigió El Relator, y fue expulsado del país por la Regeneración. Salvador Camacho Roldán, ministro de Hacienda y periodista, fue el economista del grupo: sus escritos sobre política comercial y estadística siguen siendo referencia. José María Samper, converso: comenzó liberal radical y terminó apoyando la Regeneración, un tránsito que ejemplifica la fatiga del proyecto en la propia generación que lo había fundado. Florentino González y Ezequiel Rojas, en el arranque intelectual del liberalismo colombiano, habían sembrado en la década de 1840 las semillas doctrinales del librecambismo, el federalismo y el anticlericalismo que Rionegro llevaría a su formulación jurídica.

En el otro lado, Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro formaron el eje intelectual y político de la Regeneración. Núñez, el pragmático que había recorrido el liberalismo antes de renegar de sus excesos; Caro, el gramático humanista, católico militante, latinista, hijo del poeta José Eusebio Caro, que le dio a la Constitución de 1886 su prosa magistral y su armadura doctrinal.

Los lugares fueron tan importantes como los hombres. Rionegro, un pueblo del oriente antioqueño, se convirtió en sinónimo del proyecto radical por la convención de 1863. Bogotá siguió siendo la capital administrativa aunque el poder real se dispersara. Panamá fue la primera pieza federal desde 1855 y el ingreso económico que sostuvo décadas de finanzas magras. El Cauca fue el gran laboratorio de la política mosquerista y también el escenario militar de la guerra de 1876-1877. Antioquia mostró, en la resistencia a la desamortización, cómo un estado podía usar su soberanía para negar las reformas que en otras partes se imponían. Santander fue el corazón económico del comercio de exportación y la base de Murillo Toro y Parra. Bolívar, Magdalena, Boyacá y Tolima completaron un mapa donde cada estado tenía su tono, su elite, su Iglesia y su temperatura política.

La huella: qué dejó Rionegro

El primer instinto de la historiografía conservadora fue leer los Estados Unidos de Colombia como un experimento fallido, un exceso ideológico, una desviación patológica del curso lógico de la nación. Esa lectura, dominante durante buena parte del siglo XX, ha sido matizada: los EUC no fueron una anomalía sino la culminación jurídica de una tendencia real. Las provincias que se declararon soberanas en 1810 fueron, con nombres cambiados, los estados de 1863. Las élites regionales que dominaban Antioquia, el Cauca, Santander o Bolívar existían antes de Rionegro y sobrevivieron a la Regeneración. Lo que la Constitución de 1863 hizo fue codificar una fragmentación que ya operaba en los hechos.

Pero eso no absuelve a sus arquitectos. Los radicales tomaron decisiones deliberadas que llevaron la fragmentación a extremos jurídicamente insostenibles: la neutralidad del gobierno central ante los levantamientos internos, la unanimidad para reformar la carta, la disolución del ejército nacional, la libertad total de los estados sobre el sufragio. Ningún poder regional había demandado esos rasgos con la radicalidad con que fueron consagrados. Fueron opción ideológica, no inercia histórica. Y esa opción aceleró el colapso del sistema.

La Regeneración recentralizó el Estado nominal, pero no el monopolio efectivo de la fuerza ni la lealtad de los poderes locales. La Constitución de 1886 sustituyó estados por departamentos, pero las élites regionales conservaron su clientela, sus rentas y su capacidad de negociación con Bogotá. La Guerra de los Mil Días demostró que el orden centralista tampoco garantizaba la paz. Y a lo largo del siglo XX, la pregunta por quién manda dentro del territorio siguió abierta: en La Violencia de los años cincuenta, en la aparición de las guerrillas de izquierda desde los años sesenta, en el auge paramilitar y narcotraficante desde los ochenta. En las zonas donde el Estado colombiano no ha tenido presencia efectiva, poderes locales vinculados a las actividades económicas dominantes de la región han sustituido su autoridad e implementado formas propias de justicia privada. Que estos actores sean externos al Estado o mediaciones de un Estado precario es una cuestión abierta; lo que no admite duda es que la soberanía territorial completa siguió siendo, después de 1886 como antes, una aspiración más que un hecho.

Rionegro dejó, también, un archivo de libertades: la abolición de la pena de muerte, la libertad religiosa, la libertad de prensa. Fueron los años más libres del siglo XIX colombiano, y la Regeneración los recortó en parte. La Constitución de 1991 recuperaría buena parte de ese catálogo, y algunos comentaristas han visto en ella un eco tardío del espíritu radical, aunque su arquitectura política —Estado unitario con descentralización administrativa— se parezca más al modelo de 1886 que al de 1863.

Queda, por último, un legado conceptual. La palabra "soberanía", en el vocabulario político colombiano, no se despega de su sentido interno decimonónico. Cuando en el siglo XX y el XXI se discute sobre autonomía regional, sobre el papel de los gobernadores frente al presidente, sobre las jurisdicciones especiales de comunidades indígenas y afrocolombianas, sobre los espacios que ocupan actores armados en la periferia, se está retomando, sin siempre saberlo, la conversación que empezaron las juntas de 1810 y que Rionegro llevó a su formulación más pura. Los términos del debate colombiano sobre quién manda dentro del territorio los fijaron los radicales; y aunque su respuesta fuera derrotada en el campo de batalla y en el papel constitucional, la pregunta que su proyecto instaló sigue siendo, siglo y medio después, la pregunta central de la política colombiana.