El conflicto colombo-peruano por Leticia (1932–1934)

El conflicto colombo-peruano por Leticia (1932-1934)

En la madrugada del 1 de septiembre de 1932, unos doscientos cincuenta peruanos armados entraron a Leticia, un caserío ribereño de menos de mil habitantes en el vértice sur de Colombia, arriaron la bandera colombiana e izaron la del Perú. El incidente —una toma casi civil, sin resistencia, protagonizada por vecinos de Loreto más que por tropa regular— desató el único conflicto armado internacional que Colombia libró en el siglo XX. Duró veinte meses, costó diez millones de dólares, obligó al primer gobierno liberal en medio siglo a comprar aviones alemanes y a purgar su cuerpo de oficiales, y terminó, el 24 de mayo de 1934, con la firma del Protocolo de Río de Janeiro, que devolvió Leticia a Colombia. Su verdadera consecuencia, sin embargo, fue otra, más honda y menos visible: por primera vez el Estado colombiano miró hacia su periferia amazónica no como un vacío cartográfico sino como territorio propio, amenazado y recuperable. La Amazonía, hasta entonces tierra de todos y de nadie, entró al imaginario nacional por la vía de la guerra.

La frontera de papel: el Tratado Salomón-Lozano y una década de abandono

El punto de partida jurídico del conflicto está en un tratado firmado diez años antes. El 24 de marzo de 1922, en Lima, el ministro colombiano Fabio Lozano Torrijos y el canciller peruano Alberto Salomón Osorio suscribieron el instrumento que definiría la frontera entre los dos países. Por el Tratado Salomón-Lozano, Colombia cedió al Perú las vastas extensiones entre los ríos Putumayo y Napo —territorios colombianos desde el período colonial— y obtuvo a cambio una salida al río Amazonas: el llamado Trapecio Amazónico, una cuña de selva de aproximadamente cien kilómetros de fachada fluvial cuyo vértice oriental limita con Brasil entre Leticia y Tabatinga.

El tratado llevaba el sello de dos padrinos silenciosos: Estados Unidos, que lo respaldó por razones geopolíticas y —según se creyó ampliamente en el Perú— para compensar a Colombia por la pérdida de Panamá en 1903, arrancada por Theodore Roosevelt; y el Vaticano, que veía en la integración del territorio a Colombia la oportunidad de una influencia católica más eficaz sobre las poblaciones indígenas de la selva. El presidente peruano Augusto B. Leguía firmó bajo presión, y en amplios sectores de la opinión peruana el acuerdo quedó marcado como imposición extranjera y cesión ilegítima. En Loreto, la región amazónica del Perú, el rechazo fue especialmente vivo: allí no se aceptó nunca que un caserío a orillas del Amazonas hubiera pasado a manos colombianas por la firma de dos diplomáticos en Lima.

Ecuador, por su parte, rompió relaciones diplomáticas con Colombia en 1925: consideraba que el tratado violaba un acuerdo previo de 1916 y lo dejaba, de un plumazo, con trescientas millas de frontera común con su enemigo peruano en lugar de con el vecino colombiano. El Trapecio Amazónico nacía como una geografía inflamada.

El problema no era solo diplomático. Colombia no ocupaba lo que había recibido. Durante toda la primera mitad del siglo XX, la Amazonía colombiana fue, en la fórmula que circuló en la época, "tierra de todos y tierra de nadie": múltiples países limítrofes reivindicaban porciones del territorio, Colombia reclamaba una zona mayor que la que hoy conserva, y el control estatal era prácticamente nulo. La tradición era la del abandono. El territorio del actual departamento del Amazonas había pasado, a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, de una jurisdicción a otra —el Azuay, Boyacá durante la Gran Colombia, el Territorio Nacional del Caquetá desde 1857, el departamento del Cauca desde 1886— sin que ninguna de esas asignaciones burocráticas se tradujera en presencia efectiva. La Comisaría del Amazonas se creó apenas en 1928, y su elevación a Intendencia ocurrió entre 1930 y 1931.

Cuando los peruanos entraron a Leticia en septiembre de 1932, la guarnición colombiana más cercana estaba en Caucaya, sobre el Putumayo, a mil millas de distancia. Los reportes desde Leticia tardaban entre diez días y seis semanas en llegar a Bogotá. La soberanía colombiana sobre el Trapecio existía sobre el papel del tratado firmado en Lima; sobre el terreno era una ausencia.

Un ejército de utilería

A esa fragilidad territorial se sumaba una debilidad militar que rozaba lo caricaturesco. En vísperas del conflicto, el ejército colombiano no tenía artillería. Escaseaban las municiones, las monturas, los caballos, los equipos de campaña, los uniformes. No había ametralladoras ni depósitos organizados de armamento. Nadie había realizado un estudio serio de los posibles teatros de guerra, y la noción misma de reservas movilizables era ajena a la institución. El servicio militar obligatorio, mediado por párrocos regionales y por los caprichos políticos de los alcaldes, incorporaba a personas con limitaciones físicas y enfermedades mentales; la Escuela Militar de Aviación había sido cerrada en 1928 y reabierta al año siguiente con oficialidad francesa, en un vaivén que reflejaba la indiferencia estructural del poder civil hacia la defensa.

Peor aún: los oficiales estaban más al servicio de la política que de su oficio. Durante la larga hegemonía conservadora, la tropa y la oficialidad habían sido instrumento electoral: votaban por los candidatos señalados por la jerarquía católica y participaban en el sufragio a favor del partido en el poder. El Estado adeudaba durante meses los salarios al ejército y a la policía. La institución que debía defender la frontera amazónica era una institución politizada, mal pagada y mal armada, cuya cadena de mando obedecía más a los cálculos de Bogotá que a la lógica militar.

Cuando el presidente Enrique Olaya Herrera —un liberal moderado que había llegado al poder en 1930 en coalición con sectores conservadores, inaugurando la República Liberal tras casi medio siglo de hegemonía conservadora— recibió la noticia de la toma de Leticia, no tenía prácticamente nada con qué responder. Ni fuerza aérea propia digna del nombre, ni marina fluvial capaz de operar en el Amazonas, ni tropas cerca. Ni siquiera claridad inicial sobre lo ocurrido: la prensa colombiana anunció el incidente, en un primer momento, como un supuesto levantamiento comunista, error que se corrigió en los días siguientes.

La toma: 1 de septiembre de 1932

Los invasores entraron a Leticia a las cinco y media de la mañana. La operación no fue una invasión militar en sentido estricto sino un acto ejecutado por civiles armados de la región de Loreto, apoyados por el clima nacionalista que Luis Sánchez Cerro había cultivado desde el gobierno peruano tras derrocar a Leguía. La memoria del Tratado Salomón-Lozano como agravio nunca se había apagado en la selva peruana, y el nuevo gobierno populista de Lima ofreció el marco simbólico para que el resentimiento cristalizara en acción. La intendencia colombiana estaba desguarnecida: el intendente Alfredo Villamil Fajardo fue arrestado, los pocos funcionarios fueron intimidados y la bandera peruana ondeó sobre el caserío antes del mediodía.

El gobierno de Sánchez Cerro reaccionó con la ambigüedad calculada de quien no ha dado la orden pero se beneficia del hecho consumado: no reconoció oficialmente la operación como acto de Estado, pero tampoco reprimió a los ocupantes ni ordenó la restitución de la ciudad. En los meses siguientes, tropas regulares peruanas se desplegarían para consolidar la ocupación, extendiéndola a otros puestos del Trapecio y del Putumayo.

En Bogotá, la reacción tardó en llegar, pero una vez asimilada resultó transformadora. Olaya Herrera comprendió de inmediato dos cosas: que no podía ceder sin abrir la puerta a la pérdida definitiva del Trapecio, y que el incidente le ofrecía una oportunidad política que su gobierno, hundido en la crisis, no podía desperdiciar.

El salvavidas político

El gobierno de Olaya Herrera había arrancado en 1930 en el peor momento posible. La Gran Depresión golpeó a Colombia con dureza: hasta ciento cincuenta mil obreros quedaron desocupados, la delincuencia creció, hubo marchas de desempleados y despidos masivos en las haciendas cafeteras. La coalición liberal-conservadora que sostenía al presidente crujía por dentro. Las reformas laborales y sociales que Olaya intentó impulsar —leyes sobre sindicalización, regulación de huelgas, jubilaciones— tropezaban con la agitación política y con la resistencia de los sectores conservadores que aún dominaban buena parte del aparato estatal.

La invasión de Leticia cambió el paisaje. El historiador Terrence Horgan la ha llamado, con exactitud, un "salvavidas político" para Olaya: obligó a los colombianos a posponer sus disputas sectarias frente a un agresor extranjero y ofreció al primer gobierno liberal en décadas el pegamento simbólico que ninguna reforma podía darle. La respuesta popular fue extraordinaria y, en buena parte, espontánea. Municipios, agremiaciones y clubes ofrecieron fondos. Familias enteras entregaron joyas y anillos nupciales para financiar la defensa: solo en Bogotá, mil cien familias entregaron quince kilos de oro. La imagen —el matrimonio que desprende su alianza para fundirla en cañones para el Amazonas— se convirtió en el emblema del momento.

Conviene, sin embargo, no mitificar el gesto. Al menos un testimonio oral de la época describe la entrega de oro no como un aporte patriótico voluntario sino como una confiscación forzosa por parte del gobierno. La movilización tuvo, con toda seguridad, ambos componentes: un entusiasmo genuino en las capas medias urbanas y una presión estatal más áspera sobre otros sectores. Pero el saldo político fue inequívoco: la guerra dominó los pensamientos del presidente durante los últimos dos años de su administración, lo llevó a recortar iniciativas legislativas y a canalizar hacia la defensa un capital político que no habría podido gastar en reformas internas.

Olaya, ante el desastre militar heredado, decidió también algo que iba más allá del conflicto inmediato: purgar el ejército. Los oficiales conservadores ineptos fueron desplazados, y en su lugar ascendieron oficiales jóvenes, en su mayoría de filiación liberal. La guerra ofreció la coartada perfecta para despolitizar —o repolitizar, según se mire— la institución armada, alineándola con el nuevo poder liberal.

Hacer la guerra en la selva

El desafío militar era extraordinario. Colombia debía proyectar fuerza a un territorio al que apenas sabía cómo llegar. La ruta principal de abastecimiento hacia Leticia no era continental sino oceánica y fluvial: los barcos salían de Barranquilla, cruzaban el Atlántico, entraban por la desembocadura del Amazonas en Pará, Brasil, y remontaban el río mil setecientas millas hasta el Trapecio. Un frente militar al que se llegaba dando la vuelta por el océano.

Ante la imposibilidad de mover tropas por tierra a través de la selva del Putumayo y el Caquetá, el gobierno recurrió a una improvisación pionera: los aviones de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, SCADTA, la aerolínea comercial fundada por inmigrantes alemanes en 1919. Por primera vez en la historia colombiana, aviones civiles fueron requisados para transportar tropas y suministros hacia un teatro de operaciones. La aviación, hasta entonces curiosidad urbana, se convirtió en instrumento de proyección soberana.

Alfredo Vásquez Cobo, veterano militar y político conservador, fue puesto al mando de una expedición naval que partió por el Amazonas. Bogotá, mientras tanto, encargó al general Efraín Rojas y a otros oficiales la organización de una fuerza expedicionaria propiamente dicha. Se compraron o alquilaron cañoneras —la Cartagena, la Santa Marta— y planchones semiblindados que remontarían los ríos.

El primer choque significativo ocurrió el 18 de febrero de 1933, cuando la guarnición colombiana en la isla de Chavaco repelió un asalto peruano y derribó dos hidroaviones de combate enemigos. El episodio, modesto en escala, tuvo un valor simbólico enorme: demostraba que la aviación era ya factor decisivo en un teatro selvático, y que Colombia —contra todo pronóstico— podía sostener posiciones. El conflicto fue uno de los primeros del mundo en el que la aviación tuvo un papel operativo relevante en un enfrentamiento internacional latinoamericano.

El punto álgido de la campaña llegó el 26 de marzo de 1933, cuando las fuerzas colombianas tomaron el puesto peruano de Güepí, sobre el Putumayo. La orden de atacar había sido despachada desde Bogotá el 1 de marzo; en el ataque participaron las cañoneras Cartagena y Santa Marta y tres planchones semiblindados. Güepí cayó, y con ella se rompió la línea defensiva peruana en el Putumayo.

Cinco semanas después, el 30 de abril de 1933, el presidente Sánchez Cerro fue asesinado en Lima. Su sucesor, el general Óscar R. Benavides, viejo amigo personal de Olaya Herrera, tenía interés en desactivar el conflicto. Para mayo de 1933, la Sociedad de las Naciones había logrado imponer un cese al fuego.

Ginebra, Río de Janeiro y el retorno de Leticia

La mediación internacional fue el otro escenario decisivo. La Sociedad de las Naciones, creada tras la Primera Guerra Mundial y siempre precaria como árbitro, encontró en el conflicto amazónico una oportunidad rara de eficacia. Con el cese al fuego de mayo de 1933 y el armisticio formal pactado el 24 de octubre del mismo año, se abrió una fase de administración internacional inédita: tras la retirada peruana el 25 de junio, Leticia quedó bajo la administración de una comisión de la Sociedad de las Naciones mientras se negociaba la solución definitiva. Fue la única vez en la historia en que la Liga administró directamente un territorio en América Latina.

Las negociaciones se trasladaron a Río de Janeiro, con la mediación brasileña y el respaldo diplomático de Estados Unidos, que durante el conflicto había vendido municiones a Colombia. El acuerdo final se firmó el 24 de mayo de 1934. El Protocolo de Río de Janeiro ratificó, esencialmente, los términos del Tratado Salomón-Lozano de 1922: Leticia y el Trapecio Amazónico volvían a la plena soberanía colombiana. Perú aceptaba, esta vez tras haber intentado revertirlo por la fuerza, lo que había firmado doce años antes.

El costo para Colombia fue considerable. La defensa y recuperación de Leticia consumió alrededor de diez millones de dólares —una cifra enorme para las finanzas de un país que apenas salía de la Gran Depresión— y el gasto militar contribuyó, entre otros factores, a que el gobierno declarara moratoria sobre el pago de su deuda externa. La compra de armamento a Estados Unidos y de aviones Junkers JU-52 trimotores a Alemania, destinados a la Fuerza Aérea en formación, drenó recursos que la Colombia de la crisis no podía sustituir con facilidad.

Las causas: un tratado en falso, una geografía sin dueño

Detrás del incidente del 1 de septiembre se cruzan tres capas de causalidad que conviene no confundir.

La causa estructural fue la ilegitimidad social del Tratado Salomón-Lozano en el Perú. Firmado bajo presiones externas —el interés estadounidense por compensar a Colombia por Panamá, la búsqueda del Vaticano de un interlocutor católico para la evangelización amazónica— y ratificado por un gobierno, el de Leguía, cuya legitimidad interna se erosionaba, el tratado nunca fue asimilado por Loreto. La cesión de Leticia se veía en la Amazonía peruana como una entrega inaceptable de territorio propio. La toma de 1932 fue el estallido tardío de esa herida no cerrada.

La causa coyuntural fue el ascenso de Sánchez Cerro y el nacionalismo populista que su gobierno cultivó desde Lima. El clima ideológico que legitimó a los invasores de Loreto no habría existido bajo un régimen más cauteloso; el hecho de que Sánchez Cerro no ordenara la retirada inmediata cuando conoció el incidente convirtió una acción de particulares armados en un contencioso de Estado.

La causa habilitante —y la más incómoda para la historia oficial colombiana— fue el propio vacío colombiano. El Estado no ocupaba Leticia en ningún sentido sustantivo: no había allí guarnición, no había vías, no había registro cartográfico moderno, no había economía integrada al resto del país. La Amazonía colombiana era una posesión formal sobre una ausencia real, y esa ausencia fue lo que hizo pensable, para los vecinos de Loreto, que el Trapecio pudiera recuperarse con doscientos cincuenta hombres al amanecer.

Consecuencias: el Estado descubre su Amazonía

Las consecuencias inmediatas fueron militares y diplomáticas. El Protocolo de Río confirmó la frontera colombiana. El ejército, purgado y reorganizado, presionó con éxito por mayor presupuesto, expansión institucional y mejores condiciones salariales. En 1936 se abrieron escuelas de infantería, caballería y artillería. Los aviones Junkers JU-52 traídos de Alemania se convirtieron en el núcleo inicial de la aviación militar colombiana. La institución armada que salió de Leticia en 1934 no se parecía a la que había recibido la noticia de la invasión en 1932: era menos numerosa que la que Colombia habría querido, pero era, por primera vez, una institución con planificación, con doctrina en formación y con oficialidad joven no adscrita mecánicamente al Partido Conservador.

La segunda consecuencia, más lenta y más profunda, fue territorial. El conflicto obligó al Estado colombiano a mirar seriamente hacia la Amazonía. Olaya Herrera había iniciado antes del conflicto un programa de integración: la creación de la Intendencia del Amazonas, la negociación de fronteras con Venezuela y Brasil, la Ley 10 del 8 de octubre de 1930, que reorganizó la estructura financiera de los territorios nacionales. Pero esa política era todavía burocrática y de baja intensidad, un asunto de gacetas oficiales más que de presencia estatal efectiva. La guerra la transformó cualitativamente. Lo que había sido un expediente administrativo en el escritorio del Ministerio de Gobierno se convirtió en imperativo nacional. La fragilidad del control colombiano sobre Caquetá, Putumayo y Amazonas, brutalmente expuesta por la invasión, dejó de ser tolerable.

Conviene aquí ser preciso. El conflicto no fundó de la nada el proyecto de integración amazónica —ese proyecto existía antes, aunque de manera tenue— pero sí produjo lo que ningún decreto habría producido: un imaginario geográfico. La Amazonía dejó de ser, en la conciencia nacional, un vacío. Se volvió territorio propio, amenazado, recuperado a costa de sangre, oro y aviones. Ese imaginario —la Amazonía como parte constitutiva de Colombia y no como frontera olvidada— es una de las herencias más duraderas de Leticia. Alfonso López Pumarejo, sucesor de Olaya, incorporaría después este impulso territorial en el marco más amplio de la Revolución en Marcha; pero el sustrato simbólico lo había fabricado la guerra.

Una tercera consecuencia, más contenida pero real, fue política interna. El conflicto suspendió temporalmente la conflictividad bipartidista y ofreció a la naciente República Liberal una legitimidad de defensa nacional que se sumó a la legitimidad electoral. Que ese efecto haya sido táctico o durable es discutible: la violencia partidista se reactivaría con fuerza en los años siguientes, y el consenso amazónico no se extendió al conjunto de la agenda liberal. Pero durante los años decisivos de 1932 a 1934, la guerra ofreció a Olaya el argumento con el que ningún opositor podía polemizar sin quedar en el bando incómodo.

El sentido de un conflicto pequeño

Visto desde lejos, el conflicto por Leticia es una guerra menor. No hubo grandes batallas campales, las bajas fueron limitadas, la extensión territorial disputada era pequeña, y el desenlace confirmó el statu quo jurídico previo. No es Chaco, no es la Guerra del Pacífico, no es siquiera comparable en escala militar a lo que Colombia había vivido internamente durante la Guerra de los Mil Días. En términos estrictamente bélicos, fue más un "conflicto" que una guerra propiamente dicha.

Y sin embargo, su peso histórico es desproporcionado a su escala militar. Es la única vez en el siglo XX que Colombia libró un enfrentamiento armado internacional. Es el momento en que la aviación entró al arsenal estatal. Es el episodio que forzó la modernización del ejército y su desvinculación del clientelismo conservador. Es el proceso que dio al primer gobierno liberal en décadas el capital simbólico que su agenda reformista no le podía dar por sí sola. Es la crisis que hizo que el Estado colombiano se descubriera —con retraso de un siglo respecto de los otros países americanos— dueño de una Amazonía real.

Su vigencia sigue siendo tangible. Leticia es hoy capital del departamento del Amazonas y la única salida fluvial de Colombia al gran río continental. El Trapecio Amazónico, cuyo perfil raro en el mapa nacional confunde a los estudiantes cada año, es la huella geométrica de aquel tratado de 1922 y de aquella guerra de 1932. La presencia estatal en la selva sur —siempre insuficiente, siempre disputada por economías ilegales, poderes armados y actores extranjeros— hunde sus raíces en las decisiones que se tomaron entre septiembre de 1932 y mayo de 1934. Y el imaginario según el cual la Amazonía es Colombia, y no una frontera prescindible, empieza a cristalizar con los quince kilos de oro que las familias bogotanas entregaron para financiar una guerra en un lugar que la mayoría de ellas no habría sabido señalar en un mapa antes del 1 de septiembre.

Que el aprendizaje haya sido incompleto —que el Estado siga, casi un siglo después, luchando por hacer efectiva su presencia en el sur amazónico— no cancela lo que aquel conflicto pequeño produjo. Enseñó al país que la soberanía no se firma en Lima ni se decreta en Bogotá: se ocupa. Y esa lección, aunque tarda en aplicarse, no se olvidó.