Leticia

Un puerto en el Trapecio

Leticia se ubica sobre la orilla izquierda del río Amazonas, en el vértice del llamado Trapecio Amazónico, esa cuña meridional que Colombia proyecta entre Brasil y Perú para alcanzar el gran río. El departamento del Amazonas, del que es capital, tiene una superficie de 109.665 kilómetros cuadrados: casi una décima parte del territorio colombiano y, sin embargo, uno de los rincones más despoblados y menos integrados a la nación. La ciudad linda al oriente con Tabatinga, en Brasil, con la que forma prácticamente un mismo continuo urbano cruzado por una frontera invisible; y frente a su malecón, sobre el propio Amazonas, se levanta la isla de Santa Rosa, en jurisdicción peruana. En pocos kilómetros conviven tres soberanías, tres monedas, tres códigos y dos idiomas oficiales.

El paisaje que la envuelve es el de la selva húmeda ecuatorial pluriestratificada, con suelos mal drenados y lluvias que oscilan entre los 3.000 y los 4.000 milímetros anuales sobre el conjunto del Trapecio. En el vecino Parque Nacional Natural Amacayacu, que pertenece al municipio de Leticia, se registran 2.836 milímetros anuales y una temperatura media de 26,4 grados; octubre es el mes más lluvioso y julio el más seco. La geografía se divide en tres unidades reconocibles: la selva alta sobre suelos frágiles, las extensas llanuras de inundación —várzeas fertilizadas cada año por el limo que los ríos arrastran desde los Andes— y las serranías bajas de forma tabular, con escarpes abruptos, avanzada meridional del Escudo Guayanés.

El río marca el ritmo de todo. A la altura de Leticia, a unos 3.200 kilómetros de su desembocadura en el Atlántico, el Amazonas alcanza cerca de 1.600 metros de ancho, y crece y baja marcadamente con las estaciones, impulsado por lluvias que caen muy lejos, en los Andes peruanos, ecuatorianos y colombianos. En temporada alta, la planicie amazónica se convierte en un verdadero mar de agua dulce; en junio, las canoas cargadas de pescado, yuca, frutas silvestres y plátanos formaban un mercado flotante que pasaba de la orilla a tierra firme según el nivel del agua. A esa lógica fluvial se suma, ocasionalmente, un fenómeno insólito: el friaje, masas de aire frío subtropical que penetran desde el sur durante el invierno antártico y hacen descender la temperatura hasta 15 o 18 grados en plena selva ecuatorial, un recordatorio de que la Amazonía colombiana está conectada, por vías atmosféricas, con la Patagonia.

Fundación peruana y herencia colonial

El nombre de Leticia y su fundación misma delatan que la ciudad no nació colombiana. Fue establecida en el siglo XIX como puesto peruano sobre el Amazonas, en un momento en que las fronteras entre las jóvenes repúblicas suramericanas eran todavía líneas trazadas sobre mapas apenas explorados. Detrás de esa indefinición había un largo problema colonial. La cédula real de San Ildefonso de 1739 había restablecido el Virreinato de la Nueva Granada, anexándole territorios adicionales; sobre esos títulos coloniales se apoyarían, un siglo y medio después, las reclamaciones colombianas en la Amazonía. Cuando en 1821 se conformó la Gran Colombia, el territorio del actual departamento del Amazonas quedó incluido en los departamentos del Azuay y de Boyacá, y se entendía que la nueva república se extendía —al menos sobre el papel— desde el alto Amazonas hasta el norte de Veraguas, en el istmo centroamericano.

La disolución de la Gran Colombia en 1830-1831 dejó a la selva austral en un limbo administrativo. El territorio pasó por sucesivas dependencias: primero como parte del territorio nacional del Caquetá; luego, en 1857, integrado a uno de los estados federales del régimen radical; y desde 1886, con la Regeneración, adscrito al departamento del Cauca, cuya capital, Popayán, estaba a miles de kilómetros de cualquier orilla del Amazonas. Fue una pertenencia nominal: Bogotá y las capitales regionales miraban hacia los Andes y las costas, y la selva quedaba librada a las misiones religiosas, a los caucheros y, sobre todo, a la iniciativa peruana y brasileña que avanzaba por los ríos.

Sobre ese vacío se fundó Leticia. Nacida como puesto peruano, la aldea creció al ritmo del auge cauchero de finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando el látex silvestre convirtió la cuenca amazónica en una de las regiones económicamente más febriles del mundo. Alrededor había caucheros, comerciantes, misiones capuchinas y comunidades indígenas —witotos, boras, muinanes, andoques, mirañas, tikuna— sometidas por los patrones a un régimen de endeudamiento y violencia. Los indígenas producían fariña de yuca brava para su subsistencia, pero debían venderla a los comerciantes vinculados a las casas caucheras a cambio de monedas, en un ciclo de especulación y esclavizamiento económico imposible de romper para quienes quedaban atrapados en él. La Peruvian Amazon Company, del cauchero Julio César Arana, ejerció durante años un dominio brutal sobre la región del Putumayo, y sus intereses proyectaban una sombra larga sobre cualquier discusión de fronteras.

La cuestión de límites y el tratado de 1922

Durante el primer cuarto del siglo XX, Colombia, Perú, Brasil y Ecuador libraron una guerra de tinta y mapas por la propiedad de esos territorios remotos. Colombia reivindicaba, apoyándose en los títulos del antiguo Virreinato, una extensión mucho mayor que la que finalmente conservaría. El tratado Vázquez Cobo-Martins, firmado con Brasil en 1907, adoptó como límite la línea propuesta en 1869 por el plenipotenciario brasileño Nascentes de Azambuja, la llamada línea Apaporis-Tabatinga, y con ello Colombia cedió inmensos territorios respecto de sus pretensiones coloniales. Un tratado previo con el Perú, el de Guayaquil de 1829, había hecho referencia a esa misma línea, pero nunca alcanzó plena vigencia.

La pieza decisiva llegó el 24 de marzo de 1922, con la firma del Tratado Lozano-Salomón entre Colombia y Perú. El texto puso fin a un litigio de casi un siglo: Colombia cedió las extensas zonas comprendidas entre los ríos Putumayo y Napo, pero conservó, como compensación, un acceso al río Amazonas —el Trapecio Amazónico— con Leticia como puerto principal. La negociación no fue puramente bilateral. Contó con el apoyo diplomático de Estados Unidos y del Vaticano, y en la percepción peruana fue vista como una imposición: se creía que Colombia no tenía título legítimo sobre lo cedido y que Washington había presionado al presidente Augusto B. Leguía para compensar a Colombia por la separación de Panamá en 1903. Esa lectura tenía nombre propio en la política peruana: Julio César Arana, entonces senador y con intereses caucheros directos en el territorio disputado, lideró la oposición al tratado.

El acuerdo también tuvo un costo regional. Ecuador, que reclamaba tierras sobre las que Colombia ahora reconocía soberanía peruana, rompió relaciones diplomáticas con Bogotá en 1925: consideraba que el Lozano-Salomón violaba un tratado colombo-ecuatoriano de 1916 y lo dejaba, además, con una frontera directa con su enemigo Perú, en vez de con Colombia. La ratificación del tratado tardó años; en Perú, la impopularidad fue tan honda que arrastró consigo la política interna, y sobre ese resentimiento cabalgaría luego el nacionalismo que hizo estallar la crisis de 1932.

La guerra de 1932-1934

El 1º de septiembre de 1932, un grupo de aproximadamente 250 peruanos —civiles armados, muchos de ellos loretanos vinculados a los intereses caucheros y comerciales del alto Amazonas— ocupó Leticia, izó la bandera peruana y desconoció de hecho el tratado Lozano-Salomón. La operación no fue una decisión formal del gobierno de Lima, pero el clima populista y nacionalista del régimen de Luis Sánchez Cerro la toleró, la alentó y, con el correr de las semanas, terminó respaldándola. Colombia no estaba preparada. Su fuerza aérea contaba con aviones de escuela viejos, el ejército era pequeño y disperso, y años de indiferencia política habían dejado a las fronteras australes prácticamente sin presencia estatal.

La respuesta política, sin embargo, fue rápida. El presidente Enrique Olaya Herrera, que ya venía impulsando una política de integración territorial y había creado la Intendencia del Amazonas en 1931, convirtió la afrenta de Leticia en una causa nacional. El país entero, atravesado por el bipartidismo, se unió en un raro consenso patriótico. Se abrieron suscripciones públicas para financiar la guerra, se compraron barcos y aviones en el exterior y el gobierno organizó a marchas forzadas una fuerza expedicionaria que debía remontar los ríos amazónicos para recuperar el territorio ocupado.

El teatro de operaciones era imposible. Los combates se libraron a lo largo del Putumayo, en cañoneras que remontaban afluentes desconocidos, con aeronaves que aterrizaban sobre pistas rudimentarias abiertas a machete en medio de la selva. El uso masivo de la aviación fue tal que crónicas de la época llegaron a calificar al conflicto como la primera guerra aérea de la historia —hipérbole reveladora del papel que los aviones tuvieron en el transporte de tropas, armamento y heridos entre puntos que ningún camino podía unir. El 26 de marzo de 1933, las fuerzas colombianas tomaron el fuerte peruano de Güepí, en el Putumayo, en una acción combinada de infantería, aviación y las cañoneras Cartagena y Santa Marta. Fue el hecho de armas más notorio de la campaña.

La mediación brasileña, aunque bienintencionada, encontró serios obstáculos: Perú proponía que Leticia quedara temporalmente en manos brasileñas mientras se revisaba el Lozano-Salomón, y que, si en sesenta días no había acuerdo, Brasil la devolviera al Perú. Colombia no podía aceptar semejante fórmula, que equivalía a poner en duda un tratado ya ratificado. La muerte de Sánchez Cerro, asesinado en abril de 1933, y el ascenso del general Óscar Benavides a la presidencia peruana cambiaron el tono. Benavides, más pragmático y con vínculos personales con Olaya Herrera, buscó una salida. El 25 de junio de 1933, las fuerzas peruanas se retiraron de Leticia, que quedó bajo administración de una comisión de la Liga de Naciones. El 24 de octubre de ese año se firmó el armisticio, y las negociaciones diplomáticas culminaron con el Protocolo de Río de Janeiro del 24 de mayo de 1934, que devolvió plena soberanía colombiana sobre Leticia y el Trapecio.

La guerra fue corta y, en términos militares, modesta, pero sus efectos sobre Colombia fueron profundos. Avivó el nacionalismo, obligó al Estado a mirar hacia sus periferias y marcó el fin de una tradición de abandono. Los gobiernos de Olaya Herrera y, después, de Alfonso López Pumarejo impulsaron reformas administrativas, subsidios y políticas de colonización orientadas a extender el control efectivo sobre los territorios remotos. En términos militares y logísticos, la crisis consolidó la aviación como herramienta estratégica del Estado colombiano; en términos simbólicos, hizo de Leticia —un puerto lejanísimo que la mayoría de los colombianos no habría podido situar en un mapa— el emblema de una soberanía redescubierta.

La ciudad después de la guerra

Recuperada Leticia, la pregunta que quedaba era qué hacer con ella. La ciudad seguía siendo minúscula, aislada, dependiente del río y de las escasas embarcaciones que la conectaban con Iquitos, Manaos y —en el mejor de los casos— con el interior colombiano por vías indirectas. A mediados del siglo XX, en la época que retratan los primeros misioneros protestantes llegados a la región, Leticia carecía de teléfonos, contaba con muy pocos radios y su planta de energía eléctrica —cuando funcionaba— alumbraba apenas entre las seis y las diez de la noche. La comunidad se organizaba en torno al río: pescadores, comerciantes, misiones capuchinas, algunas familias colombianas trasladadas para poblar el enclave, y una población flotante que iba y venía entre las tres orillas.

El tejido social tenía sus tensiones. La misión católica capuchina, encabezada durante años por figuras como el padre Luis, había ejercido un monopolio religioso sobre la ciudad y su hinterland. Cuando en noviembre de 1944 llegaron los misioneros protestantes Orville y Helen Floden, ese monopolio se cuarteó. El padre Luis, curtido en años de trato con la debilidad humana en el trópico, veía con paciencia lo que los Floden, más dogmáticos, desaprobaban sin matices. Esa pequeña guerra teológica en el confín amazónico era, en escala local, el mismo enfrentamiento que atravesaba a la Colombia de mediados de siglo entre una hegemonía católica y las nuevas confesiones protestantes que empezaban a extenderse por el país.

Más profundo, y más antiguo, era el problema de la relación con los pueblos indígenas. La región amazónica colombiana albergaba —y alberga— una población indígena numerosa y diversa: witotos, boras, muinanes, andoques, mirañas, tikuna, tukanos y otros grupos, hablantes de familias lingüísticas tan distintas como la tukano, la witoto y la arawak. La economía cauchera los había endeudado y esclavizado; las misiones les habían impuesto una escolarización castellanizadora; los tratados internacionales habían trazado fronteras sobre sus territorios ancestrales sin consultarlos. En el mercado de Leticia, donde en junio se juntaban las canoas cargadas de fariña y pescado, indígenas y colonos negociaban en un intercambio desigual que reproducía, en versiones más suaves pero persistentes, la lógica extractiva del auge cauchero.

La aviación y la costura con el país

Sin carreteras, la Amazonía colombiana solo podía integrarse por aire. La lección de la guerra fue asimilada durante décadas y se tradujo en política pública. El 12 de abril de 1962, bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo, el Decreto 940 creó el Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, SATENA, como aerolínea estatal destinada a conectar las regiones subdesarrolladas del país. Sus primeras rutas fueron precisamente entre Bogotá y Leticia. En 1966, el jefe del Departamento Administrativo de los Territorios Nacionales, Fidel Cano Jaramillo, afirmaría sin exageración que sin los vuelos de SATENA las intendencias y comisarías —Amazonas entre ellas— habrían quedado totalmente aisladas del centro del país.

La aviación fue, así, la infraestructura fundamental de la soberanía. Lo que la geografía negaba —una carretera, un ferrocarril, un canal navegable hasta el Magdalena— lo suplían las pistas de aterrizaje. El aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, nombrado en honor al negociador del tratado limítrofe con Brasil, se convirtió en el auténtico centro de la ciudad: por allí entraban funcionarios, misioneros, mercancías, turistas y, más tarde, cargamentos que no aparecían en ningún manifiesto oficial. La perspectiva de sus habitantes se organizó en torno a esa dependencia: Leticia miraba a Bogotá por el aire y a sus vecinos, Tabatinga y Santa Rosa, por el agua.

Administrativamente, la ciudad también fue ganando peso. La Comisaría del Amazonas, creada en 1928, se convirtió en Intendencia hacia 1930-1931 tras la reorganización de los territorios nacionales dispuesta por la Ley 10 del 8 de octubre de 1930. Sesenta años después, la Constitución Política de 1991 elevó al Amazonas a la categoría de departamento, con Leticia como capital. El nuevo estatus vino acompañado de una particularidad: en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés se crearon las llamadas áreas no municipalizadas, figura atípica que reconocía que vastas extensiones habitadas mayoritariamente por pueblos indígenas no alcanzaban la densidad poblacional exigida para constituir municipios. Hoy, el Amazonas cuenta con apenas dos municipios —Leticia y Puerto Nariño—, nueve corregimientos y seis inspecciones de policía. El mapa administrativo es un reconocimiento tácito de que el Estado colombiano nunca terminó de cuadricular su selva.

Cocaína, río y frontera porosa

A partir de los años setenta, Leticia adquirió otra centralidad, esta vez subterránea. Según el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la pasta de cocaína comenzó a transportarse a través de Leticia en 1971; para 1973 ya se contrabandeaban anualmente más de mil kilos por el puerto amazónico. La ruta era lógica: Perú y Bolivia producían la pasta, la selva ofrecía cobertura, los tres países se encontraban en un mismo punto y desde Leticia el producto podía viajar por aire o río hacia Antioquia, y de allí a México y a Estados Unidos. La ciudad, que durante décadas había existido al margen del ciclo económico nacional, quedó insertada de golpe en un circuito global de tráfico que la conectaba con lugares insospechados.

La colonización histórica del Amazonas —ligada al caucho, a la quina, a las bonanzas breves y a la extracción sin arraigo— había preparado un terreno propicio. Poblaciones flotantes, débil presencia estatal, fronteras porosas, una vieja tradición de comercio no registrado a través de los ríos, comunidades desplazadas de otras regiones del país en busca de sustento: todos los ingredientes estructurales del enclave extractivo estaban en su sitio cuando llegó la cocaína. Leticia se convirtió, sin dejar de ser puerto legítimo, en nodo de una red ilegal que aprovechaba las mismas rutas fluviales por las que circulaban la fariña y el pescado. Perú, viejo adversario de 1932, pasó a ser proveedor. Y la triple frontera —Colombia, Brasil, Perú—, con sus jurisdicciones fragmentadas y sus policías incapaces de coordinarse, resultó ser el paraíso jurisdiccional de los intermediarios.

Ese doble estatus, de ciudad y de nudo ilícito, ha pesado sobre Leticia hasta el presente. La ciudad ha vivido bonanzas discretas y crisis silenciosas, oleadas de recursos que se disipan sin dejar infraestructura, y una convivencia difícil con actores armados que aparecen y desaparecen entre las orillas. Ninguna de esas dinámicas es exclusiva de Leticia, pero pocas ciudades colombianas condensan con tanta claridad la relación entre marginalidad estructural, frontera internacional y economías ilegales.

Encrucijada indígena, encrucijada geopolítica

La historia contemporánea de Leticia se juega en dos planos simultáneos que la Constitución de 1991 dejó abiertos y que siguen sin cerrarse. Uno es el de los pueblos indígenas. La Carta reconoció y protegió la diversidad étnica de la nación y concibió las Entidades Territoriales Indígenas para garantizar autonomía territorial y presupuestal a los pueblos amazónicos y a los demás grupos originarios. Treinta años después, esas entidades siguen sin implementarse plenamente. Las áreas no municipalizadas —esa figura sui generis que gobierna la mayor parte del territorio del Amazonas— son un reconocimiento a medias: aceptan que la lógica municipal no aplica, pero no la reemplazan por una autonomía indígena real. La mirada dominante sobre los pueblos amazónicos, heredada del siglo XIX, sigue tendiendo a desvalorizar sus lenguas como dialectos, sus saberes médicos como supersticiones, sus prácticas religiosas como ritos y sus expresiones estéticas como artesanías. La brecha entre la Constitución y la administración cotidiana pasa por las oficinas de Leticia.

El otro plano es el internacional. En 2019, con la Amazonía envuelta en incendios que atrajeron la mirada del mundo y en pleno debate sobre el papel de la selva frente al cambio climático, se firmó en la ciudad el Pacto de Leticia por la Amazonía, un instrumento regional que suscribieron los países amazónicos para coordinar políticas de conservación. No era el primer intento: en 1978 se había firmado el Tratado de Cooperación Amazónica, del que nacería más tarde la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Pero el Pacto de 2019 tuvo un valor simbólico añadido: llevó el nombre de la ciudad, la hizo capital diplomática momentánea de la cuenca entera y confirmó una idea que la CEPAL había subrayado en 2013 —la de la Amazonía como región geopolítica de primer orden, en la que se juegan asuntos de soberanía, biodiversidad, clima y seguridad global.

Ese destino —ser capital simbólica de una región que la excede— es, seguramente, la identidad más consistente que Leticia haya tenido nunca. Su población es pequeña. Su economía es modesta. Su historia política nacional se resume en un tratado, una guerra y una elevación administrativa. Y sin embargo, cuando el mundo mira a la Amazonía, mira, entre otros puntos, a Leticia: porque allí el gran río deja de ser una idea y se vuelve orilla, muelle, mercado, aduana. Porque allí conviven, sin fundirse, tres estados nacionales y decenas de pueblos indígenas. Porque allí se puede tocar el hecho, esquivo en otras partes, de que la selva es también una geografía humana.

Una colombianidad excepcional

Leticia es, en el sentido más literal, una ciudad hecha por la diplomacia. Fundada peruana, integrada por tratado, defendida por guerra, administrada primero desde comisarías coloniales y luego por decretos y constituciones, su pertenencia a Colombia descansa sobre una arquitectura jurídica más que sobre una colonización orgánica. Nada en la geografía —el río corre hacia Brasil, el clima pertenece a la cuenca, las lenguas indígenas cruzan las fronteras sin pedir permiso— la vincula naturalmente al país andino que la reclama. Es una colombianidad excepcional, elegida en Ginebra, en Río de Janeiro y en Washington antes que construida a machete y a hacha.

Y sin embargo, esa condición jurídica frágil coexiste con una vida social densa que precede y desborda a los tratados. Los pescadores que salen antes del amanecer, las familias que cruzan a diario el límite invisible con Tabatinga para comprar más barato, los tikuna que sostienen sus lenguas contra siglos de castellanización, los pilotos de SATENA que aún hoy son el único puente con Bogotá, los estudiantes que se forman en la universidad frente al Amazonas: todos ellos son la respuesta cotidiana a la fragilidad de origen. Leticia existe porque, además de haber sido negociada, ha sido habitada.

Esa tensión —entre el accidente diplomático y la comunidad viva, entre la soberanía formal y la porosidad real, entre la mirada de Bogotá y la de las tres orillas— es el nervio de su historia. Ninguna ficha catastral la captura. Ninguna narrativa nacional la incorpora sin fisuras. Leticia sigue siendo, un siglo después del tratado que la hizo colombiana, la excepción productiva del mapa: el lugar donde el país reconoce, casi a su pesar, que su unidad es siempre un trabajo, una negociación, una costura sobre el río.