Idea · Constitución de 1991

Soberanía limitada

Patrón estructural de la historia colombiana por el cual el Estado nunca ha ejercido plenamente el monopolio de la violencia legítima sobre su territorio: cedida hacia arriba al derecho internacional, negociada hacia afuera con Estados Unidos y disputada hacia adentro por guerrillas, paramilitares y narcotraficantes que administraron justicia, cobraron impuestos y gobernaron franjas enteras del país.

4.292 palabras80 documentos89 fragmentos citados

Trayectoria de una idea

1863
Constitución de Rionegro: neutralidad codificada
1903
Separación de Panamá: primera gran evidencia de debilidad territorial
1991
Constitución del 91: soberanía formalizada en su fractura
1995
Proceso 8.000: captura narco del poder político
1998
Zona de despeje del Caguán: cesión territorial formal al actor armado
2000
Plan Colombia: soberanía negociada con Washington
2002
Derrumbe parcial del Estado: tres actores armados disputan la Amazonia

La lectura

La soberanía limitada no es en Colombia una anomalía coyuntural sino la forma efectiva en que el Estado ha existido desde el siglo XIX: un Estado que codificó por ley su propia neutralidad ante conflictos armados internos, que perdió Panamá por incapacidad de proyectar fuerza sobre su periferia y que en 1991 inscribió en su Constitución más avanzada una cláusula redactada bajo la presión directa del narcotraficante más buscado del mundo. El concepto no equivale a Estado fallido: el Estado colombiano ha conservado casi siempre su capital simbólico —la autoridad para categorizar la violencia, otorgar amnistías y negociar rendiciones— incluso cuando cedía el monopolio material de la fuerza en franjas enteras del territorio. Esa asimetría entre capital simbólico conservado y monopolio material cedido es lo que hace del caso colombiano un objeto teóricamente denso: no un simple déficit de capacidad sino, como sugiere Jenny Pearce, una posible tecnología de gobierno que tolera actores armados ilegales porque de esa tolerancia se benefician élites regionales, militares y económicas. El período 1991-2002 llevó el patrón a su máxima visibilidad: una Constitución que cedía soberanía hacia arriba al derecho internacional, un Plan Colombia que la negociaba hacia afuera con Washington y una zona de despeje de 42.000 kilómetros cuadrados que la entregaba hacia adentro a las FARC. Entender la soberanía limitada colombiana es entender por qué el Estado más antiguo de Suramérica sigue sin ejercer, en el sentido clásico weberiano, el monopolio de la violencia legítima sobre su propio territorio.

En Colombia, la soberanía nunca ha sido un atributo pleno del Estado sino una condición fracturada: hacia arriba, cedida a organismos internacionales que califican al Estado colombiano por sus violaciones de derechos humanos; hacia afuera, negociada con Estados Unidos en materia antidrogas y militar; hacia adentro, disputada por guerrillas, paramilitares y narcotraficantes que durante décadas administraron justicia, cobraron impuestos y regularon la vida en franjas enteras del territorio. La expresión soberanía limitada nombra ese patrón estructural —no una anomalía coyuntural, sino la forma efectiva en que el Estado colombiano ha existido desde el siglo XIX— y encuentra en el período 1991-2002 su momento de mayor visibilidad: la Constitución del 91 formalizó jurídicamente lo que ya era una realidad territorial, y el escalamiento del conflicto en la década siguiente lo llevó al extremo, con una zona de despeje de 42.000 kilómetros cuadrados entregada a las FARC, un Plan Colombia diseñado en Washington y coordinado por el Comando Sur, y una responsabilidad internacional del Estado declarada una y otra vez por la Corte Interamericana. Entender la soberanía limitada colombiana es entender por qué el Estado más antiguo de Suramérica sigue sin ejercer, en el sentido clásico weberiano, el monopolio de la violencia legítima sobre su propio territorio.

Qué nombra el concepto

Soberanía, en la teoría clásica liberal, articula tres dimensiones: independencia externa frente a otros Estados, coherencia interna del orden político y supremacía de la ley sobre el territorio. Colombia, al menos desde finales de los años setenta, sufre problemas serios en las dos últimas: la coherencia interna se erosionó con la expansión simultánea de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, y la supremacía de la ley cede en regiones enteras a legalidades alternativas impuestas por actores armados. La tasa de homicidios más alta del mundo durante buena parte de las décadas de 1980 y 1990 no fue un dato marginal sino el síntoma más visible de esa fractura.

El concepto no equivale, sin embargo, a "Estado fallido". Autores como Pierre Bourdieu ofrecen una clave más precisa: el capital estatal —la autoridad para validar o invalidar otras formas de autoridad, para calificar la violencia como legítima o criminal, para declarar beligerantes o rendidos— puede conservarse incluso cuando el monopolio material de la fuerza está fragmentado. El Estado colombiano ha retenido casi siempre ese capital simbólico: negoció con Pablo Escobar, con las FARC en el Caguán, con los paramilitares en Justicia y Paz, con los guerrilleros del M-19 en la Constituyente. En cada una de esas negociaciones, los actores armados reconocieron implícitamente la autoridad del Estado para categorizar la violencia y otorgar amnistías o penas alternativas, aun cuando el Estado no controlara los territorios donde esos actores operaban. Esa asimetría —capital simbólico conservado, monopolio material cedido— es lo que hace de la soberanía colombiana un caso teóricamente denso, no un simple déficit.

Jenny Pearce ha formulado una pregunta más incómoda: ¿y si la fragmentación no fuera fracaso sino una forma "perversa" del Estado, una tecnología de gobierno que tolera actores armados ilegales porque de esa tolerancia se benefician élites regionales, militares y económicas? La pregunta desplaza la explicación desde la carencia —lo que al Estado le falta— hacia la agencia —lo que el Estado hace o deja hacer—. Y en Colombia ambas explicaciones se enredan: hay estructura de larga duración y hay decisiones contingentes de élites que reprodujeron activamente el patrón.

El molde del siglo XIX: neutralidad codificada y Panamá

La renuncia al monopolio de la violencia tiene fecha temprana. Bajo la Constitución de Rionegro de 1863, el Estado nacional carecía de ejército propio y no tenía derecho a intervenir en asuntos internos de los estados federales. La Ley 20 de 1867 fue más lejos: obligó al gobierno de la Unión a observar "la más estricta neutralidad" cuando ciudadanos de un estado se levantaran contra su gobierno departamental. Dicho de otro modo, el Estado central se comprometía por ley a no ejercer soberanía sobre conflictos armados internos. La ley fue derogada en 1880, pero su espíritu —la idea de que el centro puede desentenderse de la violencia periférica— sobrevivió como práctica.

El costo de esa arquitectura se cobró en 1903. La separación de Panamá no fue solo obra de Theodore Roosevelt y la Panama Railroad Company: fue también la consecuencia acumulada de guerras civiles internas, del abandono administrativo de Bogotá hacia el istmo y del rechazo del Senado colombiano al Tratado Herrán-Hay en agosto de ese año. La Guerra de los Mil Días, concluida apenas en noviembre de 1902 con el Tratado del Wisconsin, había dejado al país en la ruina; la pérdida de Panamá fue su doloroso epílogo. Estados Unidos impidió con buques de guerra el desembarco de tropas colombianas tanto en Colón como en la Ciudad de Panamá, y el 4 de noviembre de 1903 la nueva república designó a Philippe Buneau-Varilla —un francés— como su ministro plenipotenciario. Colombia tardó casi dos décadas en reconocer los hechos: el Tratado Urrutia-Thompson se firmó en Bogotá el 6 de abril de 1914, fue ratificado por Colombia el 22 de diciembre de 1921 y el canje de ratificaciones se hizo el 1 de marzo de 1922.

Panamá no fue un episodio aislado sino la primera gran evidencia de una debilidad militar estructural que también se manifestó en la pérdida de porciones de la Amazonia. Ese patrón —incapacidad para sostener soberanía territorial— no se corrigió en las décadas siguientes: se administró.

La Constitución de 1991: soberanía formalizada en su fractura

La Asamblea Nacional Constituyente convocada por el gobierno de César Gaviria no nació de un ejercicio sereno de deliberación republicana. Nació del asesinato de tres candidatos presidenciales entre 1989 y 1990 —Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez—, de la iniciativa ciudadana conocida como la Séptima Papeleta, y de dos decretos de Estado de Sitio —uno de Virgilio Barco, otro de Gaviria— validados por la Corte Suprema. Nació del terror del narcotráfico y de la urgencia por refundar un Estado que ya no controlaba ni sus calles ni sus jueces.

La Constituyente fue copresidida por Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolff y Horacio Serpa Uribe, tres figuras que representaban el arco político posible: el conservatismo disidente del Movimiento de Salvación Nacional, la guerrilla desmovilizada del M-19 y el liberalismo oficial. Se sumaron minorías indígenas y negras, y por primera vez la política colombiana pareció ensanchar sus márgenes. Pero dos ausencias marcaron el resultado: las FARC y el ELN rechazaron los acuerdos de paz que exigían su desarme y no participaron. Esa ausencia —de un sector con enorme poder territorial— quedó como cicatriz de origen: la Constitución que se proclamaba pluralista no incluyó a los actores armados que efectivamente disputaban el territorio.

Sancionada el 4 de julio de 1991, la nueva Carta creó la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura y la acción de tutela, este último uno de los mecanismos más transformadores en la historia jurídica del país. Restringió los estados de excepción, que durante décadas se habían usado sin consecuencias jurídicas para los presidentes que los declaraban. Amplió los derechos sociales y consagró a la vez la autonomía del banco central y la participación privada en servicios públicos, una coexistencia de principios que sus propios redactores reconocieron. Y, sobre todo, incorporó el bloque de constitucionalidad: los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia adquirieron jerarquía constitucional, lo que abrió la puerta a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos pudieran revisar la actuación del Estado colombiano y declarar su responsabilidad internacional. Fue una cesión voluntaria de soberanía hacia arriba —hacia el derecho internacional— que en las décadas siguientes se llenaría de contenido con condenas cada vez más severas.

Pero la Constitución también formalizó otra cesión, esta vez bajo coacción abierta. El artículo 35, que prohibía la extradición de nacionales, fue aprobado el 19 de junio de 1991 con 51 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones. Al día siguiente, 20 de junio, Pablo Escobar se entregó en La Catedral, la prisión que él mismo había hecho construir en lo alto de una montaña de Envigado, cerca de Medellín. La secuencia no admite eufemismos: Escobar sobornó a constituyentes para asegurar el resultado, y aun quienes rechazaron los sobornos terminaron votando a favor. La Constitución más avanzada de la historia colombiana incluyó, en su articulado fundamental, una cláusula redactada bajo la presión directa del hombre más buscado del mundo. La soberanía jurídica se rindió, en ese punto exacto, ante la soberanía del narco.

Escobar se fugó de La Catedral el 21 de julio de 1992 y reanudó el narcoterrorismo hasta su muerte el 2 de diciembre de 1993. La prohibición de la extradición, sin embargo, sobrevivió varios años como norma constitucional, hasta que fue removida por reforma. El precio pagado por desactivar temporalmente el terror había sido inscribir en la Carta la pretensión más ambiciosa del narcotráfico: sustraer a sus jefes de la justicia estadounidense.

Un episodio adicional muestra hasta qué punto la Constituyente actuó como poder soberano paralelo. En un acuerdo entre Antonio Navarro Wolff, Alfonso López Michelsen y el presidente Gaviria, se decidió adelantar las elecciones al Congreso e inhabilitar a los propios constituyentes para participar en ellas; los nuevos comicios se fijaron para el 9 de diciembre de 1991. La Asamblea, elegida para redactar una Carta, terminó redistribuyendo el mapa parlamentario del país.

El narcotráfico como poder constituyente informal

La estrategia de sometimiento a la justicia que Gaviria construyó alrededor del artículo 35 fue presentada como pragmatismo. Ante la imposibilidad de derrotar militarmente al Cartel de Medellín en el corto plazo, se ofrecieron beneficios procesales a cambio de rendiciones. Escobar aceptó; su cartel se desintegró tras su muerte. Pero el modelo dejó un aprendizaje: el Estado colombiano estaba dispuesto a negociar porciones sustanciales de su soberanía punitiva a cambio de reducir la violencia visible.

El Cartel de Cali, dirigido por los hermanos Rodríguez Orejuela, absorbió la lección con inteligencia distinta. Su método no fue el narcoterrorismo sino la corrupción sistemática de la clase política. En 1994 entregó alrededor de seis millones de dólares a la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano, del Partido Liberal, y ese hecho, cuando salió a la luz, desató el Proceso 8.000, iniciado formalmente en julio de 1995. La investigación alcanzó a unos cien políticos nacionales, incluidos congresistas, dos contralores —David Turbay y Manuel Francisco Becerra— y el procurador Orlando Vásquez Velásquez, la mayoría del liberalismo. En junio de 1996, el Comité de Acusaciones de la Cámara de Representantes absolvió definitivamente al presidente Samper de los cargos.

El Proceso 8.000 demostró dos cosas simultáneamente. Primero: el narcotráfico había penetrado el poder político hasta un punto que ningún país democrático había admitido en su historia reciente. Segundo: el sistema institucional colombiano —Cámara, Fiscalía, medios— absorbió el escándalo sin colapsar, aunque a un costo enorme. La soberanía política no estaba fallida, pero sí capturada en su capa superior. Y esa captura tuvo consecuencias inmediatas en la política exterior: Estados Unidos descertificó a Colombia, retiró la visa al propio Samper y alteró la relación bilateral de manera profunda. El financiamiento militar estadounidense, sin embargo, no se cortó: se redirigió por otros canales, como el programa de Control Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado. La descertificación fue simbólica y punitiva; la injerencia se mantuvo intacta. Durante ese mismo gobierno, para intentar recuperar la certificación, Colombia fumigó 516 hectáreas en Puerto Guzmán en 1997 y 3.950 hectáreas en Putumayo en 1998. La agenda antidrogas de Washington seguía dictando las prioridades internas.

Los territorios donde el Estado nunca llegó

Mientras la Constituyente sesionaba en Bogotá, en amplias regiones del país otros actores ejercían soberanía cotidiana. En el Putumayo, las FARC dominaban desde antes de 1999 varias zonas rurales, cobraban impuestos, desplazaban a otros grupos armados y actuaban como fuente alternativa de autoridad. En el Medio Atrato chocoano, la precariedad estatal había generado "legalidades alternativas" que convertían el territorio en refugio del contrabando y en corredor de exportación de cocaína hacia el Pacífico. En el Caquetá, poblaciones enteras acudían a la guerrilla para resolver disputas civiles porque el sistema judicial estatal no llegaba o no funcionaba. En Urabá y buena parte del Pacífico, bloques paramilitares como el Bloque Pacífico administraban justicia, imponían sanciones, regulaban accesos a municipios y veredas y establecían toques de queda.

No eran episodios excepcionales. Eran, literalmente, formas de gobierno. La literatura académica ha caracterizado el fenómeno como un derrumbe parcial del Estado: en amplias regiones el aparato estatal dejó de prestar servicios elementales —seguridad, justicia, registro— y esas funciones fueron asumidas por actores armados que ofrecían, a cambio, orden y protección con costos sociales devastadores. Hacia 2002, en la Amazonía, tres actores —las FARC-EP, las AUC y la fuerza pública— se disputaban abiertamente el control territorial: las FARC consolidadas en la Amazonía oriental, las AUC dominando cabeceras urbanas del occidente. La economía de la cocaína financiaba a todos y ataba a la población civil al conflicto en un contexto de desprotección estructural del campesinado y las comunidades indígenas.

La historia larga confirma que este patrón no era nuevo. Dumar Aljure controló porciones del departamento del Meta durante quince años, hasta 1968, como jefe de una guerrilla convertida en poder local sin línea clara entre política y bandolerismo. La soberanía limitada colombiana tiene, en ese sentido, una genealogía prolongada: no es un producto exclusivo del narcotráfico ni del conflicto contemporáneo, sino la forma histórica de gobernar un país cuyo Estado central nunca completó la tarea de integrar sus periferias.

El Caguán: 42.000 kilómetros cuadrados de soberanía cedida

Cuando Andrés Pastrana Arango llegó a la presidencia en 1998, la promesa central de su campaña era negociar con las FARC. Cumplió al costo más alto imaginable. En octubre de 1998 estableció una zona de distensión de 42.000 kilómetros cuadrados que comprendía cinco municipios: San Vicente del Caguán, en Caquetá; y La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en el Meta. El despeje se concedió antes de que los diálogos comenzaran y sin que se hubiera acordado la agenda. El sociólogo Daniel Pécaut lo describió con precisión brutal: el Gobierno "de entrada quemó todas sus naves".

Los diálogos formales se desplegaron entre 1999 y 2002. El 6 de mayo de 1999 se firmó la Agenda Común para el Cambio hacia una Nueva Colombia en Paz, un documento que ponía en discusión el marco normativo entero del país, incluidas sus estructuras socioeconómicas. Nada quedaba fuera. Manuel Marulanda Vélez, jefe histórico de las FARC, aceptó reunirse con Pastrana, pero también dejó plantada la mesa en actos deliberadamente humillantes. En los municipios desmilitarizados, la presencia guerrillera se hizo masiva, incluso en cascos urbanos; hubo denuncias de amenazas a funcionarios locales y a pobladores, y las FARC expidieron normas propias, entre ellas la Ley 002 de 2002, que imponía un "impuesto" obligatorio a patrimonios altos en sus áreas de influencia. Era, sin metáfora, un ejercicio de soberanía paralela: normas legislativas, cobro tributario, control territorial armado.

Diversos sectores reclamaron a lo largo del proceso que la zona no había sido objeto de una reglamentación pública y formal. No es que no existiera acuerdo —las propias FARC exigían el cumplimiento de lo pactado—, sino que ese acuerdo nunca fue transparentado ni sometido a control democrático. Y mientras tanto, la guerra escalaba. La tendencia de intensificación del conflicto que venía desde 1996 no se revirtió con los diálogos: las FARC aprovecharon la zona para entrenar reclutas, reagrupar tropas y consolidarse militarmente. El Plan Colombia se diseñaba en paralelo.

La zona de distensión fue levantada el 21 de febrero de 2002, tras un proceso acumulado de deterioro y de incumplimientos por parte de las FARC. Años después, en 2008, la guerrilla logró incluso que el presidente venezolano Hugo Chávez solicitara a la Asamblea Nacional de Venezuela el reconocimiento de las FARC como fuerza beligerante, un gesto que buscaba internacionalizar su estatus político. El Caguán quedó como el episodio más nítido de soberanía cedida hacia adentro: un gobierno legalmente constituido entregó, sin agenda ni reglamento público, un territorio del tamaño de un país mediano europeo a un actor armado no estatal, y firmó ese acto como política de paz.

El Plan Colombia: soberanía negociada hacia afuera

En paralelo al despeje, Pastrana concibió el Plan Colombia el 8 de junio de 1998, como pieza de su Plan de Desarrollo. Bill Clinton lo acogió en diciembre del mismo año y prometió aumentar la ayuda militar para combatir las drogas y "fortalecer la democracia". La versión implementada desde 1999 quedó ligada de manera predominante a la guerra contra el narcotráfico y a la erradicación de cultivos ilícitos, sin consulta con las comunidades campesinas que serían afectadas. En septiembre de 2000, el Congreso de Estados Unidos aprobó una asignación de 4.400 millones de dólares para invertir en cinco años, con dos objetivos declarados: reducir la producción de cocaína y combatir a las guerrillas.

La coordinación operativa quedó bajo el Comando Sur de Estados Unidos, con sede en Florida, que estableció un grupo militar dedicado a Colombia encargado de acompañar, formar, asesorar y fortalecer a las Fuerzas Armadas. La politóloga Arlene Tickner lo llamó intervención por invitación: Estados Unidos se convirtió en actor directo del conflicto armado colombiano, no ya como potencia externa sino como socio operativo del Estado. Las aspersiones aéreas con glifosato durante la primera fase (2000-2004) apuntaron centralmente al Putumayo. El plan lograba reducir cultivos, pero también arrasaba economías campesinas, desplazaba poblaciones y consolidaba al Estado colombiano en una dependencia estratégica de Washington para asuntos que iban mucho más allá del narcotráfico.

La soberanía cedida hacia afuera no era exactamente la de 1903, con marines desembarcando en Colón. Era una forma más sofisticada: doctrina militar compartida, entrenamiento coordinado, condicionamiento de la ayuda a metas antidrogas fijadas en Washington, presencia de asesores en bases colombianas. Y era una cesión aceptada por las élites colombianas como parte de un intercambio útil: recursos, tecnología y respaldo militar a cambio de subordinación estratégica. La Constitución del 91 había abierto el país al derecho internacional; el Plan Colombia lo abrió, con menos protocolos, a la política exterior estadounidense.

Paramilitarismo y responsabilidad internacional: soberanía comprometida desde adentro

Mientras el Estado negociaba con las FARC en el Caguán y con Washington en el Plan Colombia, en las regiones se consolidaba un tercer actor cuya relación con el aparato estatal era ambigua por diseño. El artículo 6 del decreto 2266 de 1991 adoptó como legislación permanente disposiciones del decreto legislativo 1194 de 1989, y el decreto 2254 de 1991 incorporó una expresión reveladora: "escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares". El propio Estado reconocía institucionalmente la existencia del fenómeno como criminal, y sin embargo la relación entre miembros de las Fuerzas Militares y esos grupos siguió siendo densa durante toda la década.

La masacre de La Rochela, ocurrida en Santander, fue el punto de inflexión judicial. La Comisión Interamericana sometió el caso a la Corte IDH el 10 de marzo de 2006, tras una denuncia original del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentada el 8 de octubre de 1997. El 28 de septiembre de 2005, en un acto público con participación del Vicepresidente y la Ministra de Relaciones Exteriores, el Estado colombiano aceptó por primera vez el amangualamiento —el enredo cómplice— entre miembros del Estado, narcotraficantes y paramilitares: al menos cuarenta miembros del grupo "Los Masetos", con cooperación y aquiescencia de agentes estatales, habían retenido a los quince integrantes de una Comisión Judicial que investigaba homicidios en el Magdalena Medio, causando la muerte de varios de ellos. El reconocimiento fue histórico porque el Estado dejó de sostener, al menos en ese caso, la ficción de que los paramilitares eran actores privados ajenos a su aparato.

La masacre de Mapiripán, perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1996, siguió una lógica similar. Grupos paramilitares operaron durante días en un municipio del Meta bajo la mirada de fuerzas estatales que no intervinieron; se reportaron inicialmente 49 asesinatos y centenares de desplazados, aunque investigaciones posteriores de la Fiscalía detectaron al menos nueve casos falsos dentro del proceso. La Corte IDH condenó al Estado colombiano el 7 de marzo de 2005 por acción y omisión.

El patrón se repitió en múltiples sentencias durante la década siguiente. La Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias, masacres y torturas, y por la existencia de marcos jurídicos que facilitaron, promovieron, apoyaron y toleraron la actuación paramilitar. La mecánica se repetía: cuando aparecía un militar involucrado en delitos graves ante la jurisdicción ordinaria, los fiscales enviaban automáticamente el proceso a la justicia penal militar, garantizando la impunidad. Once capitanes y cinco mayores dados de baja del Ejército en octubre de 2000 por violaciones de derechos humanos se habrían incorporado luego a las AUC, sin que la institución tomara medidas para impedirlo.

La hipótesis de Pearce sobre el Estado "perverso" se lee aquí en su forma más literal: no es que el Estado no pudiera controlar a los paramilitares, sino que buena parte de sus agentes se benefició activamente de que operaran. La soberanía no estaba comprometida por ausencia sino por complicidad. Y sin embargo el Estado conservó su capital simbólico: fue él quien, años después, diseñó la Ley 975 de 2005 —Justicia y Paz— para negociar con paramilitares acusados de crímenes de lesa humanidad e infracciones graves al DIH, delitos imprescriptibles e inamnistiables, mediante el mecanismo de alternatividad penal. Los paramilitares, al aceptar someterse, reconocieron esa autoridad estatal para calificar sus crímenes y otorgar reducciones de pena.

La huella larga: posacuerdo y soberanía inconclusa

El Acuerdo Final con las FARC-EP, negociado en La Habana desde 2012 y firmado en el Teatro Colón de Bogotá en noviembre de 2016 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, constituyó el marco de transición política más amplio de todos los procesos de paz que Colombia ha tenido. Creó un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición cuyo componente judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz, fue puesto en marcha el 15 de enero de 2017 con la posesión de treinta magistrados y magistradas por parte de Santos.

Pero el patrón de soberanía limitada no cerró con el Acuerdo: se reconfiguró. Entre 2012 y 2016, mientras las FARC negociaban en Cuba, el ELN y grupos armados organizados de distintos niveles ganaron protagonismo territorial en las zonas que las FARC abandonaban. Y desde la firma, más de trescientos exmiembros de las FARC-EP han sido asesinados, en muchos casos por estructuras armadas herederas del paramilitarismo o vinculadas a economías ilegales. El uribismo, con respaldo del presidente Iván Duque Márquez, ejerció presión constante para excluir a la guerrilla desmovilizada de la competencia política y lanzó campañas que apuntaban indirectamente a los exguerrilleros. La implementación se hizo en medio de fuerzas activas que se oponían a la paz.

El Paro Nacional de 2021 mostró otra cara del problema. Entre el 28 de abril y el 23 de julio, la JEP y la CIDH registraron 84 personas asesinadas, las afectaciones al derecho a la vida más altas en la historia reciente. El Esmad, los GOES, el CTI, el Ejército y la Policía aparecieron comprometidos en 46 de esos 84 asesinatos; la mayoría de las víctimas eran civiles jóvenes de barrios populares. La violencia estatal desregulada sobre poblaciones marginadas confirmó que la soberanía limitada no es solo un problema de periferia rural: también atraviesa las periferias urbanas.

Hay, con todo, un dato que merece registrarse sin triunfalismo: el alcance territorial del Estado colombiano es hoy mayor que en cualquier momento histórico anterior. Por primera vez existe una estación de policía en todos los municipios del país. La soberanía limitada es un rasgo estructural, sí, pero también un proceso en transformación gradual, no un destino inmóvil.

Lo que viene después

La pregunta que abre el paisaje contemporáneo no es si Colombia superará su patrón de soberanía fracturada, sino qué forma tomará esa fractura cuando las viejas coordenadas ya no valgan. El narcotráfico se ha desagregado en decenas de estructuras medianas que operan sin la vocación pública de un Escobar ni la vocación política de las FARC; el paramilitarismo clásico dio paso a lo que la Fiscalía denomina, con eufemismo administrativo, grupos armados organizados; la injerencia estadounidense, mientras tanto, ha dejado de canalizarse por planes bilaterales de alto perfil y se ha diluido en formas menos visibles de cooperación en inteligencia, ciberseguridad y control migratorio.

En ese escenario, dos tentaciones simétricas empobrecen el análisis. La fatalidad geográfica, que atribuye el patrón a la selva, a la cordillera, al tamaño del país, exculpa a las élites de sus decisiones y convierte la historia en accidente topográfico. El voluntarismo institucional, que apuesta todo a una reforma legal, a un acuerdo de paz o a un nuevo cuerpo de policía, ignora los siglos de patrón acumulado y confunde el gesto con el resultado. Entre ambas, queda el trabajo más difícil: pensar la soberanía colombiana como una relación —no como un atributo— en la que la geografía pesa pero no decide, y en la que cada gobierno hereda un margen estrecho pero real de maniobra.

La Constitución del 91 sigue siendo la Carta más ambiciosa que Colombia se ha dado. Y sigue siendo, al mismo tiempo, el documento donde el país inscribió, como norma suprema, las fracturas de su propia soberanía. Su vigencia no dependerá de que esas fracturas desaparezcan, sino de que el Estado deje de administrarlas y empiece a repararlas. Ese es, en rigor, el asunto pendiente del siglo XXI colombiano: no completar la soberanía como quien remata una obra inconclusa, sino redefinirla en un país donde el monopolio de la violencia legítima ya no puede pensarse sin las víctimas que ese monopolio ausente produjo.

En el archivo

1 apariciones públicas, ordenadas por período y año.

Relaciones

Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.

Relaciones editoriales

01Constitución de 1991 — formalizó jurídicamente la fractura soberana al incorporar el bloque de constitucionalidad y aprobar la prohibición de extradición bajo presión del narcotráfico
02Plan Colombia — institucionalizó la dimensión externa de la soberanía limitada al subordinar la política antidrogas y militar colombiana a la agenda de Washington y el Comando Sur
03Pablo Escobar — demostró que el narcotráfico podía actuar como poder constituyente informal al imponer mediante sobornos y terror el artículo 35 de la Constitución de 1991
04FARC — ejercieron soberanía territorial de facto en regiones del Putumayo, Caquetá y Amazonia oriental, cobrando impuestos, administrando justicia y desplazando al Estado
05Paramilitarismo — bloques como el Bloque Pacífico suplantaron al Estado local al administrar justicia, imponer sanciones y regular la movilidad en territorios del Pacífico y Urabá
06Separación de Panamá — primera gran evidencia histórica de la debilidad estructural del Estado colombiano para sostener soberanía territorial frente a presiones externas e internas
07Proceso 8.000 — reveló la captura narco de la capa superior del poder político colombiano y desencadenó la descertificación estadounidense, mostrando la doble dimensión interna y externa de la soberanía limitada

Personas

Lugares

Ideas

Documentos y fragmentos citados

80 documentos · 89 fragmentos

01Historia de Colombia. La República de Colombia IRicardo Martín (dir.), Gonzalo Hernández de Alba (dir. científico), y colaboradores: Arturo Alape, Óscar Alarcón Núñez, Germán Arciniegas, Mauricio Archila, Antonio Caballero, Antonio Cacua Prada, Germán Cavelier, entre otros · 1988 · p. 481 cita

[1]
instante, Herrera comprende que todo esta perdido. Dolido en lo mas profundo de su ser, rompe sobre sus rodillas su es- pada victoriosa y capitula, dejando escapar aquella frase que se ha hecho célebre en los anales de nuestra historia: «La Patria por encima de los par- tidos». El tratado de paz se firma a bordo del…
p. 48

02Historia concisa de Colombia 1810-2017Michael J. LaRosa, Germán Mejía · 2017 · p. 1441 cita

[2]
casi nada de Bogotá en servicios sociales que mejoraran la vida de la gente (hospitales, escuelas, vías e infraestructura básica). Por lo tanto, en agosto de 1903, cuando el Senado colombiano rechazó unánimemente el Tratado Herrán-Hay y los planes para la construcción del canal se derrumbaron, algunos panameños se…
p. 144

03Presidentes de Colombia 1810-1990Ignacio Arizmendi Posada · 1989 · p. 1751 cita

[3]
norteamericanas. Lo que vino lue- go, la pérdida de Panamá, tuvo suficiente elo- cuencia para hablar por sí mismo. Dicho sector del territorio patrio había hecho parte desde los tiempos del virreinato de la Nueva Granada y se había integrado voluntariamente a Colombia desde la tercera década del siglo XIX. Tras la…
p. 175

04Enciclopedia de ColombiaCamilo Calderón Schrader · 2002 · p. 172 citas

[4]
popular cada cuatro años. Su denominación como República de Co- lombia fue propuesta por el general Simón Bolí- var durante el congreso de Angostura en 1819, como homenaje al descubridor Cristóbal Colón. Desde esa fecha hasta 1831 la República de Co- lombia comprendía todo el territorio que abarca- ba el antiguo…
p. 17

[5]
popular cada cuatro años. Su denominación como República de Co- lombia fue propuesta por el general Simón Bolí- var durante el congreso de Angostura en 1819, como homenaje al descubridor Cristóbal Colón. Desde esa fecha hasta 1831 la República de Co- lombia comprendía todo el territorio que abarca- ba el antiguo…
p. 17

05Colombia siglo XX: desde la guerra de los Mil Días hasta la elección de Álvaro UribeCésar Miguel Torres Del Río · 2015 · p. 261 cita

[6]
Su pasado. Su presente. Su Porvenir: Deseaba evitar toda participación de soberanía en la zona del canal […] Esa partici- pación era la debilidad del Tratado Herrán-Hay. Hice entonces una innovación en el derecho internacional. Decidí conceder a los Estados Unidos, en el interior de la zona, todos los derechos,…
p. 26

0630 hechos que cambiaron la historia de ColombiaRafael Pardo Rueda · 2022 · p. 1611 cita

[7]
de veintidós de diciembre de mil novecientos veintiuno, por las presentes ratifico y confirmo dicho Tratado ya modificado, en todos y cada uno de sus artículos. En fe de lo cual, he dispuesto que se fije en las presentes el sello de la República. Firmado y sellado de mi mano, en la ciudad de Bogotá, hoy primero de…
p. 161

07Nueva Historia de Colombia, Vol. II: Historia Política 1946-1986Alvaro Tirado Mejía (Director Científico y Académico), Catalina Reyes Cárdenas, Arturo Alape, Gonzalo Sánchez, Gabriel Silva Luján, Medófilo Medina, Alvaro Valencia Tovar, Fernán González · p. 3161 cita

[8]
nes se agregaron a los viejos Caudron, los Wild suizos. Cerrada de nuevo en 1928, reabierta en 1929 con oficialidad francesa, la Escuela registra oscilacio- nes similares a las que el ejército y la Armada hubieron de sufrir en un am- biente político de indiferencia por las necesidades de la defensa nacional y la…
p. 316

08Testigos olvidados. Periodismo y paz en ColombiaAndrés Felipe De Pablos, Luisa Fernanda Gómez · 2017 · p. 12 citas

[9]
63 III. Bienvenidos al futuro (1990-1994) En los últimos días del gobierno de Virgilio Barco ya se habían iniciado diálogos de paz con las guerrillas, y Quintín PRT EPL Lame. Por esta razón, desde la hora cero del gobierno de César Gaviria, se buscó recobrar esos diálogos y reiniciar procesos de desmovilización y…
p. 1

[10]
63 III. Bienvenidos al futuro (1990-1994) En los últimos días del gobierno de Virgilio Barco ya se habían iniciado diálogos de paz con las guerrillas, y Quintín PRT EPL Lame. Por esta razón, desde la hora cero del gobierno de César Gaviria, se buscó recobrar esos diálogos y reiniciar procesos de desmovilización y…
p. 1

09¿Otra historia de Colombia? De tiempos prehispánicos a hoy: lo fundamental en 12 capítulosFelipe Arias Escobar · 2023 · p. 1011 cita

[11]
UP, luego de queJaime Pardo Leal también fuera asesinado; y Carlos Pizarro, excomandante de un M-19 que recogía un respetable apoyo popular tras su conversión en partido político. Al tiempo, el narcotráfico, en alianza con grupos políticos y paramilitares, venía de asesinar a los periodistas Guillermo Cano y Jorge…
p. 101

10Los López en la historia de ColombiaÓscar Alarcón Núñez · 2022 · p. 1731 cita

[12]
que sirviera para implantar la paz y afrontar el estudio de temas tan críticos como la reforma a la justicia. El estado de sitio dio para todo. Según Alfonso Gómez Méndez, fue reiterado el abuso que se hizo de la figura y “nunca se adelantó juicio de responsabilidad a presidente alguno por esa violación manifiesta y…
p. 173

11Enciclopedia de Colombia - Volumen 2Camilo Calderón Schrader · 2001 · p. 2641 cita

[13]
y judiciales tales como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura. Además, se puso en marcha la acción de tutela, mecanismo de protección de los derechos funda- mentales. Gobiernos posteriores al Frente Nacional EN Proclamación de la Constitución de 1991. En Pese…
p. 264

12Una conversación pendienteJuan Manuel Santos, Ingrid Betancourt, Juan Carlos Torres · 2021 · p. 851 cita

[14]
Era esperanzador ver a los tres copresidentes de la Asamblea, tan distintos, dándose la mano y liderando el proceso con convicción y convivencia. Nada menos que Álvaro Gómez, hijo del gran caudillo conservador Laureano Gómez, sentado al lado de Antonio Navarro, exguerrillero del M-19, la misma organización armada que…
p. 85

13Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 2711 cita

[15]
a c ó mo ofrecer a los grupos pol í ticos surgidos de la guerrilla condiciones favorables para el ejercicio democr á tico. La negociaci ó n llev ó, a comienzos de 1990, a la fir ma de la paz con el m -19 y otros grupos guerrilleros (el epl, el prt, el ind í gena Movimiento Armado Quint í n Lame), convencidos ya de la…
p. 271

14El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 1121 cita

[16]
idea de que solamente así se podría construir un sistema político moderno y le gítimo.96 Fue entonces cuando se acabaron por fin todas las restric ciones institucionales a la competencia política establecidas durante el Frente Nacional (paradójicamente, este era el momento más alto de votación para los partidos…
p. 112

15Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 2061 cita

[17]
necesidad de consolidar los acuerdos firmados con el M-19, abrieron la puer- ta a una reforma de la Constitución. Recién los narcotraficantes habían reconocido el triunfo del Estado, pero paradójicamente fue en buena medida la violencia generada por ellos lo que permitió el proceso que desembocó en la convocatoria de…
p. 206

16Historia económica de ColombiaJosé Antonio Ocampo Gaviria (compilador), Germán Colmenares, Jaime Jaramillo Uribe, Hermes Tovar Pinzón, Jorge Orlando Melo González, Jesús Antonio Bejarano Ávila, Joaquín Bernal Ramírez, Mauricio Avella Gómez, María Errázuriz Cox, Carmen Astrid Romero Baquero · 2017 · p. 5591 cita

[18]
principio según el cual el Estado debe promover el acceso de todos los colombianos a la propiedad y fomentar las formas solidarias y asociativas de ella y la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Creó, además, un complejo sistema de planeación nacional y regional. Algunos principios…
p. 559

17Una vida, muchas vidasGustavo Petro Urrego · 2021 · p. 1761 cita

[19]
convenía ni al Gobierno ni al Partido Liberal, porque esa alianza de fuerzas relativamente progresistas iba en contravía de la dimensión neoliberal de la Constitución del 91.· En ese momento, Navarro cometió un error histórico: rom- pió el acuerdo con Gómez sin decirle a nadie y aceptó un almuerzo con López Michelsen…
p. 176

18Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 1602 citas

[20]
samente a miembros de la Asamblea Constituyente para asegurarse de que aprobaran el artículo 35 del nuevo documento, que prohibía la extradición. El artículo fue aprobado con facilidad, con 51 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones. Los colombianos estaban tan hastiados del problema de la extradición y de la…
p. 160

[21]
samente a miembros de la Asamblea Constituyente para asegurarse de que aprobaran el artículo 35 del nuevo documento, que prohibía la extradición. El artículo fue aprobado con facilidad, con 51 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones. Los colombianos estaban tan hastiados del problema de la extradición y de la…
p. 160

19¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 1051 cita

[22]
fin del narcoterro- rismo. La prohibición constitucional de la extradición abrió el camino para la salida a la guerra del narcotráfico contra el Estado y viabilizó la implementación de la figura jurídica del sometimiento a la justicia como ruta para el desmantelamiento del Cartel de Medellín. Este aspecto será…
p. 105

20Democracia feroz. ¿Por qué la sociedad en Colombia no es capaz de controlar a su clase política?Gustavo Duncan · 2018 · p. 1841 cita

[23]
del Estado se centraban en neutralizar a Escobar, mientras que desde Estados Unidos y la sociedad colombiana se prefería pasar por alta la evidente infiltración de autoridades civiles y políticas. La depuración del sistema tendría que esperar al final de la guerra contra Escobar. A lo largo del proceso 8000 la…
p. 184

21Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 1471 cita

[24]
liderado por Pablo Escobar, y orientado a forzar al Gobierno a suspender la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. El sucesor de Barco, César Gaviria, ofreció como alternativa a la confrontación terrorista la política de sometimiento a la justicia y aceptó prohibir la extradición en la reforma…
p. 147

22Magdalena. Historias de ColombiaWade Davis · 2021 · p. 1701 cita

[25]
uno de ellos —al que tenía la fama de ser el más poderoso y rico de todos— a los sagrados recintos del Congreso nacional. En un gesto que le costaría la vida, Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia, se opuso abiertamente a Escobar, acusándolo en público de ser un narcotraficante y negándole el derecho a ocupar…
p. 170

23Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 2481 cita

[26]
aprovechada por el cartel de Cali. Esta organización evitó siempre enfrentarse directamente con el Estado; por el contrario, prefirió el dinero y la corrupción para impulsar sus intereses. En 1994, el cartel de Cali entregó seis millones de dólares a la campaña del liberal Ernesto Samper, quien fue electo presidente.…
p. 248

24Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 4291 cita

[27]
preliminar que, en poco tiempo, podría determinar su absolución. El Departamento de Estado de Estados Unidos y la propia fiscal Janet Reno, colocaron en cuestión el pro- cedimiento. En una misiva fechada el 10 de mayo de 1994, Reno denunció la “negativa” del fiscal general de Colombia, Gustavo De Greiff, “a afirmar la…
p. 429

25Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 2331 cita

[28]
de nacionalidad chilena, Guillermo Pallomari, vinculado al cartel de esta ciudad. Pallomari terminó en el programa de protección a testigos (“mtnessprotectionprogram ”) de los Estados Unidos. En los documentos se encontraron evidencias de recursos destinados a financiar distintas campañas electorales, incluida la de…
p. 233

26Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 341 cita

[29]
adinerada, establecieron un impuesto por gramo ('gramaje') a quienes participaban en el comercio de la droga, como fuente de financiación. No pocos militares pactaron con los narcotraficantes adoptar una posición de «ceguera voluntaria» frente a los cultivos y franco ilícito de drogas, a condición de millonarios…
p. 34

27Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 341 cita

[30]
adinerada, establecieron un impuesto por gramo ('gramaje') a quienes participaban en el comercio de la droga, como fuente de financiación. No pocos militares pactaron con los narcotraficantes adoptar una posición de «ceguera voluntaria» frente a los cultivos y franco ilícito de drogas, a condición de millonarios…
p. 34

28Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 2091 cita

[31]
y descuartizaron mi hermana, que no tenía nada que ver con esto» 232. Órdenes violentos guerrilleros y relaciones con la población civil En el caso colombiano, el Estado ha mostrado una incapacidad o limitación a la hora de integrar ciertos territorios y poblaciones, y sus políticas de integración o presencia han sido…
p. 209

29Antropología hecha en Colombia. Tomo IEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 6351 cita

[32]
e incluso la imprecisión, en las definiciones de los Estados fallidos, hay dos rasgos centrales que los definen: el no tener un control efectivo sobre el territorio y la pérdida del monopolio de la fuerza. De hecho, en Colombia la “ausencia del Estado” ha sido considerada como una de las características centrales de…
p. 635

30La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armadoCentro Nacional de Memoria Histórica, Rocío Martínez Montoya · 2017 · p. 941 cita

[33]
masculinidades guerreras y misóginas en estos actos. Se trata de una violencia generalizada que buscó rati fi car el pre- dominio de los paramilitares y la fuerza pública en las disputas diciéndole al grupo enemigo que ellos eran los vencedores, los más hombres, los más fuertes y agresivos. 1.2. Escenario de control…
p. 94

31La miseria en ColombiaJames A. Robinson · 2016 · p. 371 cita

[34]
de que sería bueno tener este monopolio. Esto no siempre ha sido así. Después de la Constitución de Rionegro de 1863, no había un ejército nacional y el Estado nacional no tenía el derecho de intervenir en las cuestiones de los departa- mentos que lo constituían. De hecho, la Ley 20 de 1867 declaraba: Artículo 1.…
p. 37

32¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 981 cita

[35]
estallido de violencia. Esta, a su vez, generó un "derrumbe parcial del Estado", tanto funcional como operacional. El Estado 69 Pécaut precedió a 1\Iigdal, pero no creo probable que este haya leído a a<¡uel. 98 Revisión de la literatura nacional e internacional dejó de prestar servicios clave (comenzando por la…
p. 98

33Colombia's Forgotten Frontier: A Literary Geography of the PutumayoLesley Wylie · 2013 · p. 251 cita

[36]
southern Colombia, including the Putumayo, remains largely outside state control with the FARC and, since the late 1990s, paramilitaries styling themselves as alternative sources of governance and justice in the region. The motif of the weak or absent state features in much contemporary journalism and human rights…
p. 25

34Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 3541 cita

[37]
de 1991, una parte sustancial de los ingresos financieros de esas zonas provienen de regalías pe- troleras y 1 o de traslados presupuesta les a los municipios. Este país es entonces un ent ramado permanente de " legitimidad y violencia" y aunque las instituciones sean fachadas, proveen recursos y re- glas de juego a…
p. 354

35El Placer: Mujeres, coca y guerra en el Bajo PutumayoMaría Clemencia Ramírez, María Luisa Moreno R., Camila Medina A. · 2012 · p. 792 citas

[38]
fl 4carrh a8 ag 9h12 mcicshfl2 Pues aquí hemos sufrido mucho con violencia, porque aquí han llegado muchos grupos, aquí llegó primero el M-19, luego el epl que estuvo operando en El Tigre, luego llegaron los Masetos, cuyo centro era la Dorada y tenían como radio de acción todo esto [Valle del Guamuez]; como Gacha se…
p. 79

[39]
fl 4carrh a8 ag 9h12 mcicshfl2 Pues aquí hemos sufrido mucho con violencia, porque aquí han llegado muchos grupos, aquí llegó primero el M-19, luego el epl que estuvo operando en El Tigre, luego llegaron los Masetos, cuyo centro era la Dorada y tenían como radio de acción todo esto [Valle del Guamuez]; como Gacha se…
p. 79

36Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 4451 cita

[40]
porque sacara los pescados, sino por seguridad de que no se hiciera pegar por ahí un tiro del vigilante, en- tonces era así más o menos. La pesca, la madera, pues… si la madera, digamos… para tumbar un árbol, pues, eso como era con permiso del… Los manes actuaban casi… como ley. Entr.: ¿Y esa era la ley? Edo.: Sí, era…
p. 445

37Caquetá: conflicto y memoriaHarley Enrique Gutiérrez Ñustez, Rubén Darío Polo Sierra, Cristian E Paredes González · 2013 · p. 91 cita

[41]
evitar los efectos inflacio - narios de la bonanza ilegal. Así mismo, ante las dificultades del sistema de justicia para reprimir el delito y mediar en la solución de todo tipo de con- flictos, la guerrilla se abroga sus funciones, condu - ciendo a que la población demande su presencia. Los procesos de paz con la…
p. 9

38Desplazamiento forzado en la Comuna 13: La huella invisible de la guerraLuz Amparo Sánchez, Marta Inés Villa, Pilar Riaño · 2011 · p. 141 cita

[42]
Estado y sus instituciones, configuraron un escenario conflictivo, inducido, explotado o aprovechado por múltiples actores armados. Entre la exclusión y la centralidad La miseria, las dificultades de acceso, la carencia de infraestruc- tura y de movilidad, los robos continuos, el expendio y consumo de drogas y la…
p. 14

39La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 1851 cita

[43]
días sube y me dice: “Vea, doctor. Ya me pagaron. Es que ustedes las entidades dan mucha vuelta pa’ las cosas. Uno pierde tiempo y plata. (CNMH, CV, 2021, 22 de febrero) Es en virtud de acciones como las señaladas que se podría afirmar que el Estado colombiano al menos en el nivel local fue suplantado por el Bloque…
p. 185

40Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1271 cita

[44]
el año 2002, el conflicto armado en la Amazonía estaba en su pico máximo con tres actores armados disputándose la región: las FARC-EP, consoli- dando su control sobre la Amazonía oriental y algunas zonas rurales de la Amazonía occidental; las AUC con un fuerte control de las áreas urbanas de la Amazonía occi- dental y…
p. 127

41Bojayá: La guerra sin límitesGrupo de Memoria Histórica, Martha Nubia Bello Albarracín, Pilar Riaño Alcalá, Gonzalo Sánchez G. · 2010 · p. 1621 cita

[45]
la Ciénaga de Bojayá, lo cual ha generado preocupación entre los habitantes del Medio Atrato y sus organizaciones. 215 La precariedad del Estado en su ejercicio de control en esta región ha creado condiciones para la conversión del territorio en zona de ilegalidad y refugio. La ilegalidad se presenta en una do- ble…
p. 162

42Colombia: A Concise Contemporary HistoryMichael J. LaRosa, Germán R. Mejía · 2017 · p. 2251 cita

[46]
for troops to move toward the Colombian border, but Colombia’s president Álvaro Uribe refused to take the bait, and the tensions diminished over time without what many feared might become a three-country war in northern South America. The 1990s were certainly hectic for Colombia. It was a decade that saw the demise of…
p. 225

43At the Margins of the Global Market: Making Commodities, Workers, and Crisis in Rural ColombiaPhillip A. Hough · 2022 · p. 2891 cita

[47]
the spraying of glyophosate killed staple food sources that were planted alongside the coca plants, poisoned the natural rivers and streams that provided them with fresh drinking water, and led to outbreaks of cancers and physical deformities in exposed local populations. 71 By 1996 and 1997, these aerial fumigations…
p. 289

44America's Other War: Terrorizing ColombiaDoug Stokes · 2005 · p. 1102 citas

[48]
taking ‘3000 casualties in this real war against these guerrillas and their drug trafficking allies’. The paper continued that the guerrillas have ‘shot down 5 Huey helicopters and some eradica- tion airplanes, as well’. 26 A more plausible explanation for the decertification is that when the USA was presented with…
p. 110

[49]
taking ‘3000 casualties in this real war against these guerrillas and their drug trafficking allies’. The paper continued that the guerrillas have ‘shot down 5 Huey helicopters and some eradica- tion airplanes, as well’. 26 A more plausible explanation for the decertification is that when the USA was presented with…
p. 110

45Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 651 cita

[50]
concebido por el propio Andrés Pastrana, el 8 de junio de 1998, se trataba de una iniciativa nuclear de su Plan de Desarrollo, resultando acogida por el presidente estadounidense Bill Clinton, en diciembre de 1998, cuando prometió destinar más ayuda militar a Colombia a fin de combatir las drogas y fortalecer la…
p. 65

46Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en PutumayoEdinso Culma Vargas, Juliana Guerra Rudas, Rocío Londoño Botero · 2015 · p. 1991 cita

[51]
erradicación de cultivos de coca vía fumigación con glifosato. En su afán por obtener de Estados Unidos la certi- ficación en la lucha contra el narcotráfico, en 1997 la administra- ción Samper había fumigado 516 hectáreas en Puerto Guzmán y, en 1998, 3.950 en todo Putumayo (Ramírez, 2001, página 19; Rivera, 2003,…
p. 199

47Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿cómo construir un posconflicto sostenible?María Alejandra Arias, Adriana Camacho, Ana María Ibáñez, Daniel Mejía, Catherine Rodríguez · 2014 · p. 1181 cita

[52]
y el 70 % de la cocaína consumida en el mundo se produce en Colombia. Los ingresos que se generan producto de este negocio ilegal son muy significativos. Se estima que en 2008 el tamaño de la producción y tráfico de la cocaína en Colombia fue de $13,6 billones de pesos, lo que equivale aproximadamente al 2,5 % de pib…
p. 118

48Violent Democratization: Social Movements, Elites, and Politics in Colombia's Rural War Zones, 1984-2008Leah Anne Carroll · 2011 · p. 1831 cita

[53]
paramilitary groups responsible for persecuting the Democratic Front and the Patriotic Union in Caquetá. 29 Tensions were increased by the contin- ued rapid expansion of kidnappings and the FARC’s manpower, from an estimated 16,000 in 1998 to a high point of almost 17,500 in 2000. 30 One of these kidnappings occurred…
p. 183

49Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, CatatumboYamile Salinas Abdala, María Fernanda Pérez Trujillo, Juan Pablo Luque, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 701 cita

[54]
La zona que fue establecida en octubre de 1988 y levantada el 21 de febrero de 2002, comprendía una superficie de 42.000 kilómetros cuadrados de los muni- cipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán en Caquetá. 48 Con mayor presencia en Tibú,…
p. 70

50Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 1511 cita

[55]
región; la conciliación con tal postura del presidente Pastrana, que lo llevó a insistir en la permanencia de las tropas en el Batallón Cazadores; la exigencia de las FARC-EP sobre el cumplimiento efectivo del compromiso de desmilitarizar la zona; el debate público ante contradictores del despeje; los reclamos de…
p. 151

51Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013Mario Aguilera Peña · 2013 · p. 2031 cita

[56]
que las muestra como una fuerza capaz de hacer presencia en todo el te- rritorio nacional, elevando su capacidad ofensiva y evidenciando la suficiente fortaleza para enfrentar las fuerzas guerrilleras. Sin embargo, su violencia no se dirige hacia los grupos insurgentes, sino a sus apoyos civiles. La disputa…
p. 203

52Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte (Editores) · 2009 · p. 401 cita

[57]
en el último año, calculado mes a mes. De esa manera, se logra conocer el nivel de la variable (el cual puede ser leído en el eje izquierdo) y las variaciones mensuales en este nivel. El agotamiento de la política de seguridad 39 Gráfico 2 Muertes directas del conflicto, Colombia 1988-2008 0 500 1.000 1.500 2.000…
p. 40

53Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1551 cita

[58]
saldo la muerte de 30 militares y 26 guerrilleros 612. El acuerdo para el cese al fuego de San Francisco de la Sombra, firmado el 5 de octubre de 2001, intentó superar las tensiones generadas tras el secuestro y asesi- nato de Consuelo Araujo, sucedido el 29 de septiembre en la región Caribe 613. El 7 de octubre, al…
p. 155

54Colombia, así en la guerra como en la pazJorge Giraldo Ramírez · 2018 · p. 301 cita

[59]
Extremadura que no podía ser objeto de acciones militares del Estado y el resto del país como terreno de guerra. Todo ello sin haberse iniciado los diálogos ni definido la agenda de los mismos. El decir del sociólogo franco-colombiano Daniel Pécaut fue que el Gobierno «de entrada quemó todas sus naves». Cuando, el 6…
p. 30

55Colombia: las razones de la guerraJorge Orlando Melo González · 2021 · p. 1611 cita

[60]
pidió excusas, pero insistió en que tenía derecho a definir las sanciones a los responsables, y que en este caso los indigenistas habían entrado a la “zona de distensión” controlada por las FARC sin pedirles permiso. Posteriormente, en 2008, lograron que el presidente Chávez le pidiera a la Asamblea de Venezuela que…
p. 161

56El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 1252 citas

[61]
obtenían del Estado colom- biano. Todo ello en el plano de la lucha por la satisfacción del derecho a la justicia. Así, durante este periodo, el Sistema Interamericano de De- rechos Humanos pro fi rió varias decisiones (particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos), en las que se re- conoció la…
p. 125

[62]
obtenían del Estado colom- biano. Todo ello en el plano de la lucha por la satisfacción del derecho a la justicia. Así, durante este periodo, el Sistema Interamericano de De- rechos Humanos pro fi rió varias decisiones (particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos), en las que se re- conoció la…
p. 125

57Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 1022 citas

[63]
Regional de Diálogo”, cuyo objetivo era “procurar una salida política al conflicto armado, y para ello se propiciaron encuentros, foros y debates en diferentes re- giones”. Por estos hecho Colombia será condenada años después (CIDH, 1994). En este mismo año se presentará la masacre denominada de La rochela, la cual…
p. 102

[64]
Regional de Diálogo”, cuyo objetivo era “procurar una salida política al conflicto armado, y para ello se propiciaron encuentros, foros y debates en diferentes re- giones”. Por estos hecho Colombia será condenada años después (CIDH, 1994). En este mismo año se presentará la masacre denominada de La rochela, la cual…
p. 102

58La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 1741 cita

[65]
organiza- 15 El 10 de marzo de 2006, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una demanda contra el Estado de Colombia. Dicha demanda se originó en la denuncia presentada el 8 de octubre de 1997 por el…
p. 174

59Trujillo: Una tragedia que no cesaGrupo de Memoria Histórica; Álvaro Camacho Guizado (relator); Gonzalo Sánchez G. (coordinador) · 2008 · p. 2801 cita

[66]
de los defensores de derechos humanos es más importante la búsqueda de mecanismos disponibles para proteger a las víctimas. 207 De acuerdo con Luz Marina Gil, “antes de dicha sentencia, cuando aparecía un militar involucrado en cualquier tipo de delito que llegara a la jurisdicción ordinaria, automáticamente los…
p. 280

60War in Colombia: Made in U.S.A.Teresa Gutierrez, Sara Flounders, Rebeca Toledo, Andy McInerney (eds.) · 2003 · p. 2391 cita

[67]
and trying to keep them from carrying out these atroci- ties. Yet they have almost no success. Also, while military forces are unable to legally commit these atrocities, they simply allow the paramilitaries to do it. They work closely together. 1 Eleven captains and five majors dismissed in October 2000 from the…
p. 239

61Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and BeyondJasmin Hristov · 2014 · p. 531 cita

[68]
apparatus, in order to ensure social order and security the state engages in direct coercion accompanied by the expansion of law and order policies that increase militarization and criminalize dissent. In the same vein, Huggins (1991) points out that Latin American justice systems still contain many structural…
p. 53

62Encuesta Nacional ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y Paz?Gonzalo Sánchez Gómez, Iván Orozco Abad, Álvaro Villarraga Sarmiento, Luis Carlos Sánchez Díaz, Patricia Linares Prieto, María Consuelo Ramírez Giraldo, Angelika Rettberg Beil, Laura Otálora Cuenca, Irina Mago Cordido, Paola Ximena Silva Cortés · 2012 · p. 871 cita

[69]
llevada a cabo por grupos paramilitares entre el 15 y el 20 de julio de 1996. El caso de Mapiripán es conocido como una masacre llevada a cabo por grupos paramilitares entre el 15 y el 20 de julio de 1996. En un principio, se reportaron 49 asesinatos y centenares de desplazamientos. El caso llegó a instancias de la…
p. 87

63Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997Centro Nacional de Memoria Histórica; Ronald Edward Villamil Carvajal, Vladimir Melo Moreno (relatores); Tatiana Rincón Covelli, Andrés Fernando Suárez (correlatores) · 2014 · p. 2831 cita

[70]
la CIDH orientó a los respectivos Estados investigar y sancionar a los autores de las violaciones de derechos y reparar a las víctimas. Con la entrada en vigencia de la CADH, la CIDH continuó consolidando y desarrollando estos estándares a la luz tanto de la Declaración como de la Convención. Pueden verse sus informes…
p. 283

64Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 1381 cita

[71]
mientras los comandantes del Bloque Norte construían retóricamente el escenario de sus desmovilizacio- nes presentándose a sí mismos como héroes y mártires sobre el fon- do de una tierra misti fi cada, la fi scal y su equipo instruían causas contra ellos por crímenes de lesa humanidad. No se debe olvidar, en efecto,…
p. 138

65Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica; Germán Lozano Villegas; Luz Janeth Forero M. · 2014 · p. 921 cita

[72]
te el decreto 2254 de 1991 con la incorporación de las expresio- nes “escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares”. De la misma forma, el artículo 6 del decreto 2266 emitido el 4 de octubre de 1991 adoptó como legislación perma-…
p. 92

66La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 2001 cita

[73]
poder proteger sus vidas. El Acuerdo de Paz más reciente fue negociado en La Habana, Cuba, en 2012, y firmado finalmente en el Teatro Colón en Bogotá, en noviembre de 2016, entre las FARC-EP y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (dos periodos, 2010-2018), y constituye el marco de transición política más…
p. 200

67¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia?Francisco Gutiérrez Sanín · 2020 · p. 731 cita

[74]
por las lógicas de la guerra, se han ido deteriorando significativamente. El uribismo ha ejercido una constante presión para sacar a la guerrilla desmovilizada de la competencia política. Su idea es que antes de tener sillas en el Congreso deberían pagar cárcel. Mientras tanto, el Centro Democrático lanzó, apenas…
p. 73

68JEP - Declaración de Patricia Linares en la instalación de la jurisdicción.htmlp. 11 cita

[75]
JEP - Declaración de Patricia Linares en la instalación de la jurisdicción Fuente oficial: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). URL: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Comunicado-de-prensa-005.aspx Fecha de consulta: 2026-08-10. Contenido de la página Declaración de la Presidente de la Jurisdicción…
p. 1

69JEP - Patricia Linares y los logros del Sistema Integral en 2020.htmlp. 11 cita

[76]
JEP - Patricia Linares y los logros del Sistema Integral en 2020 Fuente oficial: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). URL: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Destacan-logros-del-Sistema-Integral-de-Verdad%2C-Justicia%2C-Reparaci%C3%B3n-y-no-Repetici%C3%B3n-de-Colombia.aspx Fecha de consulta: 2026-08-10.…
p. 1

70Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 2191 cita

[77]
(2016-2021) 219 Aunque de las más de 12.000 acciones de movilización sólo un 11% derivaron en hechos violentos 733, los informes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentados entre la última semana de junio y la primera de julio, señalaron que «las…
p. 219

71Hacer memoria para recuperar el ser kamëntšá: raspachines víctimas y lecciones de la madre tierra para pervivirGrupo de Memoria Kamëntšá; William Caicedo Jamioy; Víctor Andrés Chasoy; Clementina Chicunque Chindoy; Wbeimar Arturo Jacanamejoy Chicunque; Judy Jaqueline Jacanamejoy Chicunque; Arturo Jacanamejoy Mavisoy; Jacinta del Rosario Jamioy; Aida Yuleni Juagibioy; Laura Guzmán Peñuela; Tania Helena Gómez Alarcón · 2020 · p. 231 cita

[78]
frontera con el Putumayo. Fue así como se debilita- ron algunas de sus estructuras, al tiempo que otras aumentaron su influencia (Gómez et al., 2017). Entre 2012 y 2016, se produjo un desescalamiento de los hechos violentos por parte de las FARC debido a las negociaciones del proceso de paz con el gobierno de Juan…
p. 23

72Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opcionesSara Victoria Alvarado, Eduardo A. Rueda Barrera, Pablo Gentili (editores) · 2016 · p. 1951 cita

[79]
eso no quieren que se acaben las Farc. 197 * Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Ciencia Polí- tica por la Universidad Católica de Lovaina. Profesor emérito y exrector de la Universidad Nacional de Colombia. mÁ s all Á del sÍ al a c U erdo f inal Víctor Manuel Moncayo C.* L AS…
p. 195

73Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opcionesMartha Nussbaum, Sara Victoria Alvarado (ed.), Eduardo A. Rueda Barrera (ed.), Pablo Gentili (ed.) · 2016 · p. 1951 cita

[80]
eso no quieren que se acaben las Farc. 197 * Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Ciencia Polí- tica por la Universidad Católica de Lovaina. Profesor emérito y exrector de la Universidad Nacional de Colombia. mÁ s all Á del sÍ al a c U erdo f inal Víctor Manuel Moncayo C.* L AS…
p. 195

74Orden y libertad. Economía política del castigo en Colombia y LatinoaméricaManuel Iturralde · 2022 · p. 1821 cita

[81]
Manuel Iturralde se aplicarían y se controlaría su cumplimiento; por lo tanto, no hay razón para creer que constituirían un castigo significativo a la luz de la gravedad de los crímenes. 41 Tanto los partidarios como los oponentes del acuerdo de paz emplearon el OJT antiimpunidad para cimentar sus posicio- nes, y…
p. 182

75Mayorías sin democracia. Desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia, 2002-2009Mauricio García Villegas, Javier Eduardo Revelo Rebolledo · 2009 · p. 761 cita

[82]
actual (ilegitimidad e ineficacia) hacen parte de los rasgos estructurales del Estado co- lombiano. El tercero (la ilegalidad) también se apoya en una lar- ga tradición social e institucional de complacencia con los acto- res ilegales, pero en la historia reciente del país este elemento no había adquirido las…
p. 76

76Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 2091 cita

[83]
y para de fi nir las categorías políticas. En este caso, el interés está en una situación en la cual la multiplicidad de actores capaces de utilizar la violencia no elimina la capacidad del Estado para ser reconocido como el espacio legítimo de su cali fi cación. Utilizando los términos de Pierre Bourdieu (1993), se…
p. 209

77Colombia: The Politics of Reforming the StateEduardo Posada-Carbó (editor) · 1998 · p. 321 cita

[84]
the world - and a rate nearly four times higher than that of the second, Brazil -- the state is far from performing its most basic duty: to guarantee the right to personal security. The problem has been aggravated since the Introduction 9 late 1970s, as the activities of guerrilla groups and drug traffickers ex-…
p. 32

78Los retos de la Colombia contemporánea. Miradas disciplinares diversas en las ciencias socialesMauricio Nieto Olarte (edición académica y compilación), Luis Javier Orjuela, Alix Catalina Rojas, Carlos Felipe Cantor, Juan Carlos Rodríguez, Andrés Guhl, Sandra Borda G., Mateo Morales, Ángela Iranzo Dosdad, Alejandro Castillejo Cuéllar, Juan Ricardo Aparicio, Alhena Caicedo, Pablo Jaramillo, Carlos A. Manrique, Laura Quintana · 2017 · p. 1442 citas

[85]
que, para él, constituye el primer espacio político en sentido propio. Al encontrar una correlación directa entre la figura de la soberanía y lo sagrado, concluye: “soberana es la esfera en que se puede matar sin cometer homicidio y sin celebrar sacrificio” (Agamben, 2003, p. 109). Por lo tanto, la nuda vida, la…
p. 144

[86]
que, para él, constituye el primer espacio político en sentido propio. Al encontrar una correlación directa entre la figura de la soberanía y lo sagrado, concluye: “soberana es la esfera en que se puede matar sin cometer homicidio y sin celebrar sacrificio” (Agamben, 2003, p. 109). Por lo tanto, la nuda vida, la…
p. 144

79Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 20, 262 citas

[87]
simultáneamente las localidades rurales y las ciudades que son los puntos de partida; sus actuales modalidades gansteriles tienen un antecedente en la se gunda ola de la Violencia en el cordón cafetero centrooccidental del país. Así, pues, el conflicto armado puede verse como un proceso continuado en la so ciedad y en…
p. 20

[88]
debe ser estatal. En esta clasificación, el colombiano es un conflicto armado interno menor. (Harbom & Wallens- teen, 2007). 2 Estas magnitudes son comparables a las de Afganistán, Sudán, Filipinas, Ruanda, Somalia o de Angola antes del fin de su larga guerra civil. Las organizaciones nacionales e internaciona- les de…
p. 26

80Violence and Resistance, Art and Politics in ColombiaStephen Zepke, Nicolás Alvarado Castillo · 2023 · p. 201 cita

[89]
of the State and of its bureaucratic apparatuses in the political instrumentalization of cruelty (a transversal fea - ture of clientelistic power or “indirect rule” that characterizes Colombia’s form of territorial control and uneven State presence and partially explains the collusion of economic, political, and State…
p. 20