Dumar Aljure Nassif

El país que lo formó: hato, jerarquía y frontera

Para entender a Aljure hay que entender primero el mundo del hato llanero, porque de allí salieron tanto sus soldados como sus enemigos, y porque él mismo, aunque hijo de comerciantes libaneses y no de peones, aprendió a leer y a manejar esa jerarquía como quien maneja un ganado ajeno. La estructura social del Llano no era la del latifundio andino sino una jerarquía escalonada de oficios rurales. En la base estaba el conuquero, la figura más despreciada del hato, sin ganado propio y siempre sospechoso de cuatrerismo a ojos del dueño; ese conuquero, expulsado luego por la Violencia hacia el Ariari, sería más tarde el material humano con el que Aljure levantaría su república. Un escalón arriba, el veguero cultivaba en las riberas y era pagado con vacas viejas por su plátano y su yuca, un intercambio deliberadamente desigual que enseñaba desde temprano cómo funcionaba el poder en el llano: no por contrato sino por dependencia. El caballicero, casi siempre un adolescente, se levantaba a las dos de la mañana a revisar las brigadas de caballos y hacía las veces de correo entre los puntos dispersos del fundo; su oficio, hecho de recados y de silencios, era la escuela informal de la intermediación, ese arte que Aljure ejercería después entre hacendados y colonos, entre políticos de Villavicencio y guerrilleros del Guayabero. Y arriba de todos, el vaquero, dueño de su caballo, su silla y sus aperos, gozaba de una categoría honorífica que ninguno tenía: era el llanero por antonomasia, el que a las élites les gustaba invocar cuando hablaban del potencial de la región, y el que Aljure sabría convertir en soldado cuando la política del llano dejó de hacerse con papeletas.

Ese llanero fue construido discursivamente como una figura ambivalente. Se lo celebraba por sus aptitudes guerreras —la guerra de independencia había dado testimonio de ello— y por su destreza ganadera, pero al mismo tiempo se lo representaba como conflictivo, tendiente a la guerra, producto de un mestizaje entre blanco e indio que las élites querían instrumentalizar para el control laboral. La participación de las milicias casanareñas en los levantamientos contra el régimen colonial desde finales del siglo XVIII, y luego en la independencia, había fijado esa imagen: el llanero como soldado natural y como problema latente.

Los gobiernos de Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo alcanzaron cierto fervor cuando proclamaron el potencial económico de los Llanos, pero hacia los años cuarenta el impulso integrador se apagó. Algunos territorios cambiaron sustancialmente, otros permanecieron en 1948 casi idénticos a como estaban en 1930. En los hatos, mientras tanto, la vida seguía su ritmo: los conucos daban topocho y yuca, había trapiche, la comida era abundante, y el ganado se llevaba hasta Nunchía para venderlo a comerciantes de Sogamoso, que pagaban una parte en dinero y otra en mercancías. Ese era el mundo que la Violencia iba a romper, y era el mundo que Aljure, ubicado por origen familiar en el escalón comercial y no en el peonaje, observaba con la ventaja de quien puede mirar el hato desde afuera sin dejar de pertenecerle.

Los orígenes: apellido libanés en la frontera colombiana

Aljure era hijo de la migración libanesa que se dispersó por el Caribe y el interior colombiano entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Ese origen no es un dato de color: en los Llanos, una familia sirio-libanesa se instalaba casi siempre en el comercio y en la mediación entre el hato y el pueblo, ocupando un lugar de movilidad que ningún llanero raso podía aspirar a tener. De ahí quizás la mezcla que caracterizaría toda su vida adulta: sabía moverse entre mundos, negociar con hacendados y con peones, con políticos de Villavicencio y con colonos del Guayabero. En una región donde la identidad se leía en el apellido y en el caballo, el suyo era un apellido que no encajaba con ninguno de los bandos hereditarios, y esa extranjería lateral —ni oligarca andino ni peón llanero— acabó siendo una forma de libertad.

Antes del 9 de abril de 1948 Aljure había ingresado al ejército colombiano, del cual desertó. Ese acto, casi rutinario en la biografía de tantos hombres armados de la época, terminaría siendo la marca jurídica decisiva de su vida: era lo que años después le impediría acogerse a la amnistía de Rojas Pinilla y lo condenaría a permanecer, hasta su muerte, fuera del alcance de cualquier proceso de pacificación formal. Un delito administrativo, cometido antes incluso de que empezara la guerra que lo definiría, terminó valiendo más que quince años de política armada.

La insurgencia llanera: entre el estallido y la Ley del Llano

El 9 de abril de 1948, el mismo día del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, Eliseo Velásquez —un tolimense de Líbano perteneciente a una familia liberal— encabezó un grupo de guerrilleros que atacó Puerto López, derrocó brevemente a las autoridades municipales y mató a diez policías. El episodio marcó el inicio simbólico de la insurgencia llanera. Muy pronto los alzamientos se multiplicaron por el piedemonte y el llano adentro, y de esa efervescencia emergieron los nombres que definirían la guerra en el oriente: Guadalupe Salcedo, el más destacado y convertido con el tiempo en símbolo nacional de la resistencia armada; Eduardo Franco Isaza, cronista y jefe militar del movimiento; Eduardo Nossa, Bernardo Giraldo, José Alvear Restrepo, Plinio Murillo. Y entre ellos, Dumar Aljure.

Los chulavitas —la policía conservadora reclutada en Boyacá y enviada a los Llanos para "conservatizar" pueblos de mayoría liberal— llegaron a San Martín con el mismo mandato que en otras poblaciones: someter, castigar, imponer el color del gobierno. Fue allí donde Aljure, junto con Guadalupe Salcedo y con el apoyo de hacendados liberales, resistió sistemáticamente el avance conservador. Atacaron, replegaron al adversario y consolidaron un dominio guerrillero sobre una franja del llano adentro. Los hacendados liberales financiaban y protegían inicialmente esa resistencia porque era, para ellos, una defensa partidista de su propio poder regional.

Esa alianza se fue resquebrajando. Hacia 1952, un sector importante de las guerrillas llaneras había declarado su lucha como una revolución con miras a derrocar al Gobierno, y algunos jefes —Salcedo entre ellos— se distanciaron de la línea hacendataria. Cuando las guerrillas empezaron a levantar banderas de defensa de la tierra y de los peones, dejando de ser meramente partidistas, los hacendados retiraron su respaldo. Estimaciones máximas sitúan hasta veinte mil hombres en armas en las zonas guerrilleras del país, con aproximadamente la mitad en los Llanos Orientales. Las guerrillas llegaron a tomarse pueblos como Orocué en Casanare y bases militares como la de Palanquero, en Cundinamarca.

El 18 de junio de 1953, jefes guerrilleros reunidos en congreso suscribieron la llamada Segunda Ley del Llano, titulada Ley que organiza la Revolución en los Llanos Orientales de Colombia. Con 224 artículos, organizaba aspectos militares y civiles de las zonas bajo control insurgente, formalizaba a Guadalupe Salcedo como Comandante en Jefe y a Franco Isaza como Jefe del Estado Mayor. Constituía un avance sobre una ley anterior, la primera del Llano, y era el intento más elaborado de dotar a la insurrección de una estructura de gobierno propio.

Con todo, la insurgencia llanera fue una insurrección campesina típica, compuesta por grandes y pequeños propietarios, ganaderos, ex militares y campesinos, que reaccionó a la represión con retaliación violenta pero careció de programa revolucionario político-económico. No propuso una organización alternativa del poder ni una transformación del orden agrario. Cuando cesó, la estructura de la tierra quedó intacta. Aljure aprendería esa lección: la política del llano no era la política de las ideas, era la política del control efectivo del territorio.

La amnistía que no lo cubrió

El 13 de junio de 1953, Gustavo Rojas Pinilla depuso a Laureano Gómez y ofreció, apenas asumido el poder, una amnistía general a las guerrillas. Entre agosto y octubre de ese año, el grueso de la insurgencia llanera entregó las armas. Guadalupe Salcedo persuadió a sus cerca de cinco mil hombres de deponerlas, confiando en las promesas del Estado. En seis semanas, unos 3.220 guerrilleros rindieron sus armas en todo el país, incluyendo una contraguerrilla conservadora. Rojas prometió tierras y titulación de baldíos; para ejecutarlo creó, mediante el Decreto 1894 de julio de 1953, el Instituto de Colonización e Inmigración (ICI).

Nada de eso alcanzó a Aljure. Su deserción del ejército —un delito militar que las amnistías políticas no cubrían— lo dejó fuera del arreglo. Mientras Salcedo caminaba hacia el rendimiento formal y hacia el destino trágico que le esperaba —la caída de Rojas el 10 de mayo de 1957 lo dejaría expuesto, convertido en símbolo del insurrecto amnistiado y traicionado por el poder bipartidista—, Aljure comprendió que su suerte era distinta. No podía volver: legalmente no había manera. Tampoco podía continuar la guerra que ya no existía. Solo quedaba otra opción, y la tomó.

El fracaso del programa de tierras de Rojas confirmó, además, que la amnistía había sido cosmética. El ICI fue liquidado apenas un año y medio después de su creación; sus funciones, bienes y deudas fueron transferidos a la Caja Agraria en marzo de 1956. En 1955 el ejército retomó operaciones militares contra ex guerrilleros y atacó zonas campesinas como Sumapaz, lo que llevó a Gonzalo Sánchez a caracterizar el régimen de Rojas como "otro capítulo de La Violencia" más que como una transición real. Para los campesinos, la paz de 1953 había significado el reconocimiento formal de su condición de ocupantes de sus tierras, pero la estructura social quedó igual: los grandes hacendados conservaron su posición dominante, los trabajadores rurales no mejoraron su situación, y cuando el ejército volvió a los campos perdió cualquier resto de confianza popular. En septiembre de 1954, con el argumento propio de la Guerra Fría, el gobierno logró que la Asamblea Constituyente ilegalizara al Partido Comunista, profundizando la división entre las guerrillas liberales que habían colaborado y las autodefensas campesinas de orientación comunista, que se negaron a entregar las armas. Los comunistas llenaron el vacío dejado por las guerrillas liberales en varias regiones, desarrollando la estrategia de la autodefensa. Aljure quedó, geográfica y políticamente, en un tercer espacio.

Rincón de Bolívar: la construcción de una república

En 1957, para escapar de la custodia policial que lo perseguía, Dumar Aljure se estableció en Rincón de Bolívar, en el corazón del Ariari, en el departamento del Meta. Allí montó lo que sería descrito como su "república independiente": un territorio en el que gobernaba con autonomía virtual del gobierno central, ejerciendo como jefe político regional, con fuerza armada propia. Los analistas posteriores lo situarían dentro de una categoría más amplia, la del "bandido con poder político local", que floreció en varias regiones colombianas durante los años del Frente Nacional.

El plebiscito del 1 de diciembre de 1957 —el mismo que inauguró el voto femenino en Colombia— aprobó el pacto entre liberales y conservadores que se conocería como Frente Nacional: alternancia presidencial cada cuatro años durante dieciséis años (1958–1974) y reparto igualitario de cargos públicos y legislativos entre ambos partidos. Alberto Lleras Camargo, liberal, inauguró el ciclo entre 1958 y 1962. El acuerdo desmovilizó a la mayoría de las fuerzas guerrilleras liberales y conservadoras, pero fue también profundamente excluyente: al repartir el poder solo entre los dos partidos tradicionales, cerró el acceso a terceros partidos y minorías políticas, dificultó la expresión de demandas populares y dejó fuera, en particular, a las guerrillas comunistas, que se mantuvieron armadas al iniciar la década de 1960.

Aljure estaba en un lugar aún más específico: no era comunista, seguía siendo liberal, pero legalmente no había amnistía posible para él. Su solución fue política antes que militar. Estableció con Hernando Durán Dussán, el político liberal más prominente del Meta, una alianza que sería el eje de su supervivencia. Durán Dussán necesitaba votos; Aljure controlaba territorio, gente y, por tanto, votos. La transacción era sencilla y, por eso, duradera: Aljure movilizaba electoralmente al Ariari en favor de las listas de Durán Dussán, y Durán Dussán —desde Villavicencio y desde Bogotá— aseguraba que la persecución al desertor fuera, en la práctica, letra muerta.

Ese pacto ilustra una lógica más amplia del Frente Nacional en los territorios del oriente colombiano, extensos y escasamente poblados: los dirigentes de los partidos nacionales establecían acuerdos con estructuras de poder local controladas por bandidos, mientras existiera conveniencia mutua. No era un fenómeno secreto ni excepcional; era el modo en que la política liberal se hacía viable en zonas donde el aparato estatal apenas llegaba. Aljure fue, durante una década, el rostro más visible de esa política.

La constelación en la que se movía tenía tres ejes, y su fortaleza consistía en manejarlos a la vez sin quedarse pegado a ninguno. Con el mundo insurgente liberal —Salcedo, Franco Isaza— compartía origen y memoria, pero también una distancia crucial: ambos habían creído en la amnistía y él no, y esa incredulidad, que en 1953 parecía terquedad, en 1957 se veía como lucidez, cuando el asesinato de Salcedo en Bogotá confirmó que la palabra empeñada por el Estado no había valido nada. Con el mundo político nacional se relacionaba a través de Durán Dussán, que era su puente y su escudo, pero también a través de una sucesión presidencial que decidió, uno tras otro, no tocarlo: Lleras Camargo entre 1958 y 1962 heredó el problema y lo dejó donde estaba; Guillermo León Valencia, conservador, entre 1962 y 1966, tenía otras prioridades militares —Marquetalia, Riochiquito— y prefirió no abrir un frente adicional en el Ariari; Carlos Lleras Restrepo, cuyo gobierno coincidió con el final de Aljure, tampoco actuó abiertamente hasta que las condiciones locales cambiaron. Con el mundo insurgente emergente su interlocutor fue Manuel Marulanda Vélez, y ahí la lógica se invertía: no había pasado compartido, había competencia territorial. Uno venía de las autodefensas comunistas del sur del Tolima; el otro, de la insurgencia liberal del llano. Sus mapas se superponían; sus lealtades no.

La tierra que no llegó: el Ariari como frontera abierta

La consolidación del poder de Aljure fue posible porque el Ariari era, en los años cincuenta y sesenta, un territorio en formación acelerada. La Violencia bipartidista había expulsado a miles de campesinos del interior andino hacia zonas de frontera agraria —la Amazonia occidental, los Llanos Orientales—, y los municipios del Ariari-Guayabero, entre ellos El Castillo, Vistahermosa, Puerto Rico, La Macarena y Granada, recibieron oleadas de colonos que desmontaban selva, sembraban parcelas y aspiraban a titularlas.

El proceso era estructuralmente precario. Los colonos iniciales tumbaban la selva y hacían el trabajo más duro, pero eran desplazados casi enseguida por grandes compradores de mejoras que concentraban la tierra para ganadería extensiva. El campesino vendía su mejora, se internaba más hondo en la frontera y volvía a empezar. La incertidumbre sobre los títulos —qué era baldío, qué estaba adjudicado, qué era ocupación de hecho— era permanente, y constituía un factor estructural del conflicto agrario. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) abandonó hacia 1971 los programas de vías, crédito y asistencia técnica en la región, conservando apenas la titulación de baldíos por fuera del área reservada de La Macarena.

En ese vacío, Aljure funcionaba como una especie de autoridad de hecho. Nada permite atribuirle un programa agrario, y ciertamente no era un reformador. Pero su control territorial ofrecía a los colonos algo que el Estado no ofrecía: una interlocución continua, una jerarquía reconocible, un orden mínimo. Ese orden era violento y arbitrario, pero era orden. Y en la frontera, un orden imperfecto vale más que ningún orden.

Sería simplificador tratarlo como sustituto funcional del Estado o como una forma involuntaria de reforma agraria: no lo fue. Pero también sería reductor tratarlo apenas como bandido residual de una guerra terminada. Su poder se sostuvo en la intersección de tres condiciones que se reforzaban entre sí: la exclusión jurídica que le impedía volver al orden legal, la conveniencia electoral que hacía que el liberalismo metense prefiriera tenerlo aliado a tenerlo perseguido, y las condiciones estructurales de la colonización que reproducían continuamente la demanda de un poder local capaz de arbitrar disputas. Quitada cualquiera de las tres, su república se caía; sostenidas las tres, duró once años.

El congreso de La Perdida y la llegada de Marulanda

Uno de los datos más reveladores de la autoconciencia política de Aljure es la manera en que fundamentaba su derecho al territorio. Cuando, hacia mediados de los años sesenta, una comisión de las FARC encabezada por el Mono Mejías se acercó al Alto Guayabero para explorar la incorporación de Aljure a la nueva organización que Manuel Marulanda Vélez estaba construyendo, Aljure les respondió con un argumento territorial preciso: los territorios del Guayabero le habían sido asignados desde el Congreso guerrillero de La Perdida en 1953, y los recién llegados eran intrusos.

El argumento era extraordinario. Aljure invocaba, quince años después, un acto de organización interna de la insurgencia liberal llanera —una asignación territorial dentro del movimiento— como título jurídico frente a otra fuerza armada. Estaba diciendo, en efecto, que su poder no era pura fuerza sino continuidad legítima de una autoridad guerrillera anterior a la amnistía. Que la Ley del Llano y los congresos que la acompañaron no habían muerto en 1953; que su república era su heredera.

Marulanda buscaba integrarlo al proyecto comunista que en 1966 se formalizó como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Aljure rechazó. Las razones reconstruibles no son ideológicas explícitas: no consta que denunciara al comunismo con argumentos doctrinarios. Sí consta su lealtad al Partido Liberal —lealtad que era, a la vez, el fundamento de su alianza con Durán Dussán— y su reivindicación de una autonomía territorial que ninguna estructura vertical estaba dispuesta a respetar. Unirse a las FARC habría implicado someterse a una jerarquía nacional; permanecer independiente le permitía seguir siendo el jefe único del Ariari.

El Mono Mejías adoptó una postura conciliadora durante ese encuentro. Las FARC, sin poder incorporarlo, establecieron su capital en el municipio de Uribe, en un enclave conocido como Casa Verde, desde el cual pudieron proyectarse hacia el oriente y el centro del país. Aljure quedó controlando la mayor parte del Ariari; las FARC quedaron en Uribe y en las estribaciones. El equilibrio se mantuvo mientras Aljure vivió.

Marzo de 1968: la ruptura y el fin

En las elecciones parlamentarias de marzo de 1968, algo cambió. Aljure no respaldó las listas de Durán Dussán. Movilizó sus votos, en cambio, en favor de las listas patrocinadas por Daniel Arango Jaramillo, otro liberal oficialista. El resultado fue directo: la lista de Durán Dussán a la Cámara de Representantes fue derrotada.

Las razones de la ruptura no están documentadas con precisión, y quizás no eran una razón sino muchas: rivalidades locales, ofertas mejores, un cálculo de Aljure sobre qué facción liberal le convenía más. Lo que sí resulta claro, en retrospectiva, es lo que significó. Aljure había roto la única transacción que sostenía su república. Durante once años —desde su llegada a Rincón de Bolívar en 1957— su supervivencia había dependido de ser electoralmente útil a Durán Dussán. En marzo de 1968 dejó de serlo. Hizo, en realidad, algo peor: le costó una elección.

Unos meses después fue asesinado. Las circunstancias exactas —fecha precisa, lugar, ejecutores materiales— quedan envueltas en la bruma característica de estos hechos en la periferia colombiana. Pero el sentido político del crimen se estableció casi como consenso interpretativo entre quienes lo miraron de cerca: venganza del anterior protector, que acababa de perder las elecciones por su traición. Durán Dussán no aparece nombrado como autor en ninguna pieza documental, y nada permite atribuirle un discurso ni una insinuación explícita. La lectura, sin embargo, circuló, y circuló porque encajaba: el patrón del poder liberal en la periferia era ese, y Aljure había violado su regla fundamental. Fue útil hasta que dejó de serlo.

Su muerte abrió, casi mecánicamente, un vacío en el Ariari. Las FARC, que hasta entonces operaban desde Casa Verde en Uribe manteniendo un equilibrio con la república independiente, pudieron proyectarse hacia el Ariari en los años posteriores. La causalidad no está establecida de manera explícita —nadie dice "Aljure muerto, las FARC entraron"—, pero la coincidencia estructural es evidente: el único poder local que había rechazado incorporarse a Marulanda y controlaba la mayor parte de la región dejó de existir en 1968; en los años siguientes, las FARC se expandieron por el sur del Meta, el Guaviare y el piedemonte amazónico. Lo que Aljure había obstaculizado, su desaparición lo hizo posible.

La huella: entre el bandido y el político local

Su memoria quedó atrapada entre dos categorías que no le hacen justicia. Para una tradición, fue un bandido: un desertor que aprovechó el desorden del llano para construir un feudo violento, cobrar tributos y ejercer autoridad ilegítima. Para otra, más generosa, fue el último guerrillero liberal, el que se negó a la trampa de la amnistía y sostuvo, contra el bipartidismo, una forma de soberanía popular en la frontera agraria. Ninguna captura la complejidad. Aljure vivió quince años en la intersección de tres fracasos —una amnistía que fue jurídica antes que política, un pacto bipartidista que delegó su presencia en cacicazgos armados, una colonización que absorbió desplazados sin garantizarles títulos ni infraestructura— y su república duró exactamente lo que duró la conveniencia mutua entre él y el liberalismo metense. Cuando esa conveniencia se rompió, murió. Y cuando murió, la región no volvió al Estado: pasó a otras manos armadas, en una secuencia que ya no tendría fin claro. El Estado nunca se propuso procesarlo; y cuando finalmente se rompió el equilibrio, no fue el Estado el que lo rompió, ni fue una operación militar, ni una redada, ni una comisión de paz. Fueron unas papeletas contadas en marzo de 1968, en unas mesas del Meta, en una elección de Cámara que a nadie fuera del Ariari le importó mucho, y que a Dumar Aljure le costó la vida.