Pacificación

La pacificación

En el vocabulario político colombiano, pocas palabras cargan tanto peso como pacificación. Nombra, en su acepción más cruda, la campaña con que el mariscal Pablo Morillo intentó restaurar el dominio español sobre la Nueva Granada entre 1815 y 1816: un aparato de consejos de guerra, secuestros de bienes y ejecuciones que operó desde Santafé de Bogotá y dejó en el patíbulo, entre otros, al sabio Francisco José de Caldas. Pero la palabra es más antigua que Morillo y más larga que él. Antes de 1815 había designado las campañas borbónicas para reducir a pueblos dispersos y castigar comuneros; después de 1819 fue reapropiada por los propios republicanos para nombrar sus operaciones de sometimiento interno, y sobrevivió como eufemismo de larga duración —hasta bien entrado el siglo XX— para describir el uso de la fuerza estatal contra poblaciones marcadas como rebeldes. Este artículo sigue esa palabra como se sigue una moneda que pasa de mano en mano: la que la acuñó primero y la que la gastó después, la doctrina que la sostuvo y las resistencias que la desmintieron.

Una palabra con filo

Pacificar supone que hay una guerra, una alteración del orden, un cuerpo social enfermo al que hay que devolver la salud. En el léxico imperial español de finales del siglo XVIII, la palabra ya había perdido inocencia: llamaba pacificación a la reducción de indios y arrochelados, al desmonte de palenques, al escarmiento de comuneros. En 1815, cuando Fernando VII envió a Nueva Granada el ejército expedicionario más grande que había cruzado el Atlántico hacia América hasta entonces, la palabra se cargó de una densidad nueva. La corona no hablaba de conquista, porque estos territorios ya eran suyos; hablaba de pacificación, porque asumía que la insurrección era una enfermedad transitoria del cuerpo colonial. Pablo Morillo, el mariscal designado, recibió el título de el Pacificador, y con él una licencia moral y jurídica para hacer lo que hizo.

La palabra encubría, en su elegancia latinizante, un aparato muy concreto: consejos de guerra que dictaban penas capitales, juntas que confiscaban propiedades, cadalsos levantados en plazas públicas, cabezas exhibidas en palos. Historiadores del siglo XIX —el venezolano Rafael María Baralt, el chileno Diego Barros Arana— documentaron una conducta que uno de ellos resumió como "cruel por sistema". Los propios archivos de Morillo conservan órdenes de decapitar cadáveres para exhibirlos. Y sin embargo la palabra oficial era pacificación, no represalia ni castigo ni terror. Esa distancia entre el nombre y la cosa es lo que hace de pacificación un objeto histórico de primer orden: no un simple eufemismo accidental, sino una técnica de gobierno que necesita nombrarse a sí misma de un modo particular para funcionar.

Los antecedentes borbónicos

La pacificación de Morillo no cayó del cielo en 1815; heredó una gramática. Durante el siglo XVIII tardío, la corona borbónica había desplegado en la Nueva Granada una política sistemática de reducción y control social, financiada por un aparato fiscal cada vez más pesado. La carga tributaria pasó, entre mediados del siglo XVIII y comienzos del XIX, de cerca del 2,9% del PIB a alrededor del 10,4% —más de tres veces su nivel inicial—. Ese esfuerzo extractivo se apoyó en los estancos de tabaco y aguardiente, y en un cuerpo de funcionarios dispuestos a cobrar con severidad.

En el Bajo Magdalena y en la provincia de Cartagena, la reducción tomó la forma de fundación de pueblos. Entre 1744 y 1770, el rico hacendado y comandante de milicias José Fernando de Mier fundó unos veintidós pueblos, en parte para poner fin a los ataques indígenas contra haciendas y embarcaciones del río Magdalena. Entre 1774 y 1778, Antonio de la Torre y Miranda, antiguo oficial naval, organizó comunidades en la misma provincia. En 1787, al franciscano José Palacios de la Vega se le confió la misión de reducir a los indios de San Cipriano y terminar los palenques de Carate, Lorenzana y Las Catas. Hasta la década de 1770, unos sesenta mil "arrochelados" vivían en bosques, cerros y ciénagas de la costa caribeña, relativamente fuera del control de la Iglesia y el Estado. La empresa borbónica buscaba concentrarlos, censarlos, cristianizarlos, gravarlos. Se justificaba oficialmente como obra de orden social y progreso material; en su ejecución, coincidió con los intereses de los grandes propietarios, que veían con buenos ojos la formación de mano de obra disponible y la seguridad de los caminos.

La otra cara de esa gramática fue la respuesta a la protesta. La Revolución de los Comuneros de 1781, desencadenada por el peso creciente de los estancos y la severidad recaudatoria, ilustra el patrón. Los rebeldes negociaron con el arzobispo, obtuvieron concesiones, se desmovilizaron. Y entonces el gobierno colonial procedió a imponer castigos ejemplares, incumpliendo lo pactado. La lección quedó escrita en el archivo: la corona podía transar bajo presión y castigar en cuanto la presión cediera. Cuando Morillo llegó a Cartagena en 1815, esa lógica ya estaba disponible como método: negociar si es necesario, escarmentar cuando sea posible.

La Patria Boba como condición de posibilidad

Ninguna reconquista se explica solo por la fuerza del reconquistador. Cuando el ejército expedicionario español desembarcó en Santa Marta en 1815, encontró una Nueva Granada profundamente fracturada. Varias provincias —Panamá, Santa Marta, Riohacha, Pasto, Popayán— eran abiertamente realistas y rodeaban como tenaza el corazón del territorio patriota. El resto se debatía entre modelos incompatibles de independencia: las Provincias Unidas defendían una fórmula federal; Cundinamarca apostaba por un centralismo con capital en Santafé. Entre 1811 y 1816 esa disputa degeneró en guerra civil. El 12 de diciembre de 1814, tropas federalistas atacaron Santafé y forzaron la renuncia del dictador centralista Álvarez; un año después, mientras Morillo cerraba el cerco sobre Cartagena, la ciudad vivía enfrentamientos internos, disputas electorales y sitios previos impuestos por facciones patriotas rivales.

Simón Bolívar, recién llegado de Venezuela con el prestigio maltrecho por sus fracasos, se enredó en esas rivalidades. En lugar de marchar contra los españoles de Santa Marta según las órdenes del Congreso de Tunja, sitió Cartagena a causa de su encono contra el comandante Manuel del Castillo y Rada, sumando así un asedio patriota al que preparaba Morillo. Cuando el bloqueo español se cerró finalmente sobre la ciudad, esta ya venía agotada por sus propios sitiadores. Cartagena cayó el 6 de diciembre de 1815. Antes de que Morillo diera un solo consejo de guerra, la Nueva Granada patriota se había debilitado a sí misma.

Antonio Nariño lo había advertido en sus Noticias muy gordas: los reconquistadores no distinguirían entre patriotas y neutrales, y todos caerían bajo su represalia. La advertencia fue leída como panfleto faccioso; los hechos de 1816 la confirmaron. Aun así, buena parte de la población, desilusionada por la ineptitud republicana, recibió inicialmente a los españoles con alivio. Ese apoyo se disolvió con rapidez ante lo que vino después.

Morillo en Santafé: la arquitectura del terror

Tomada Cartagena, la expedición avanzó hacia el interior. En los primeros días de octubre de 1816, la reconquista estaba consumada. Santafé de Bogotá se convirtió entonces en el centro administrativo del régimen, y desde allí Morillo desplegó el aparato que dio a la pacificación su forma institucional.

Tres cuerpos organizaron la represión. El Consejo de Purificación procesaba a quienes se consideraba desleales al rey; su nombre importaba: no castigo sino purificación, como si la insurrección fuera una mancha que se lava. La Junta de Secuestros confiscaba bienes y propiedades de los insurgentes, no solo de los líderes sino también de seguidores pasivos y emigrados. El Consejo de Guerra Permanente juzgaba y condenaba a muerte por rebelión e infidencia. Los tres alimentaban una tesorería militar centralizada que sostenía al ejército expedicionario: la represión política era, además, un mecanismo de financiamiento de la guerra. El Virreinato de Nueva Granada se convirtió así en la principal región de extracción de recursos —humanos y materiales— para la corona.

Las ejecuciones tejieron el año más oscuro de la revolución americana. Francisco José de Caldas, el sabio del Semanario del Nuevo Reino de Granada, cartógrafo, astrónomo, discípulo intelectual de Mutis, fue fusilado. Camilo Torres Tenorio, autor del Memorial de agravios, corrió la misma suerte. Antonio Villavicencio, el comisionado regio cuya llegada había detonado el 20 de julio de 1810, fue ejecutado. Más tarde, en 1817, Policarpa Salavarrieta fue fusilada en la plaza mayor de Santafé después de haber trabajado como espía para la causa patriota. Cadalsos en las plazas, cárceles llenas, campesinos organizados en cuadrillas de trabajo forzado para abastecer al ejército, haciendas requisadas, ganados y esclavos incautados: la colonia entera fue reordenada como base logística de la reconquista, y ese reordenamiento pasó por el vocabulario judicial de la purificación y el secuestro.

El régimen tenía a Juan Sámano como uno de sus ejecutores clave; en 1818, al partir Morillo hacia Venezuela con el grueso de la tropa, Sámano quedó como virrey, endureciendo aún más el clima represivo. Pascual Enrile había sido el jefe del estado mayor de Morillo durante la campaña. Y en la retaguardia, la máquina jurídica seguía funcionando con procedimientos excepcionales, ajenos a las formas ordinarias del derecho indiano.

El efecto contraproducente

La pacificación produjo su propio antídoto. Lo que se presentaba como restauración del orden convirtió a una sociedad ambivalente en una sociedad enemiga. Las simpatías coloniales —que existían y eran importantes— se transformaron en animadversión hacia España; los indecisos empujaron hacia la resistencia armada; las guerrillas de los Llanos del Casanare, comandadas por jefes como Juan José Rondón, se nutrieron de fugitivos y de una rabia acumulada. El terror judicializado, lejos de disolver la rebelión, la profundizó.

La onda expansiva cruzó el Atlántico. Las noticias sobre las tácticas de Morillo llegaron a Gran Bretaña y Estados Unidos, donde encontraron un terreno preparado por los tropos de la leyenda negra española. La indignación pública en Londres y en Washington coincidió con la llegada de apoyo monetario y logístico a la causa independentista: legiones británicas e irlandesas, empréstitos, armas. La relación causal es difícil de aislar con precisión, pero el clima moral favorable a los patriotas fue en parte una respuesta a los cadalsos de Santafé.

A esto se sumó un factor menos visible pero decisivo: la enfermedad. De los doce mil efectivos que llegaron a América en 1815 con el ejército expedicionario, en 1820 sobrevivían menos de tres mil. El paludismo y la fiebre amarilla hicieron por los patriotas más que muchas batallas. La pacificación, que había desembarcado como fuerza abrumadora, se fue consumiendo desde dentro por los trópicos y por la resistencia que ella misma había fabricado.

La reversión: de Angostura a Boyacá

Mientras el aparato represivo funcionaba en Santafé, Bolívar reconstruía la guerra desde el oriente. El 17 de julio de 1817 tomó control del territorio de Angostura, en el Orinoco, y el 24 de julio se declaró Jefe Supremo del Ejército. El 15 de febrero de 1819 inauguró allí el Congreso de Angostura, restableciendo simbólicamente la República ante audiencias locales e internacionales; su discurso de apertura circuló por el continente como manifiesto político.

La campaña libertadora comenzó el 15 de junio de 1819. El ejército patriota cruzó los Andes por el páramo de Pisba, considerado inaccesible, con enormes dificultades: las bajas temperaturas diezmaron a soldados llaneros acostumbrados al calor. Al descender al altiplano, los habitantes de Socha los auxiliaron con ropa y alimento. La sorpresa estratégica funcionó: el ejército realista de José María Barreiro fue derrotado primero en el Pantano de Vargas —donde la carga de Rondón se volvió leyenda— y luego, definitivamente, el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá. Barreiro fue capturado por el adolescente boyacense Pedro Pascasio Martínez. El combate se libró en torno a un puente sobre el río; días después, las tropas patriotas entraban en Santafé.

A fines de 1819, el ejército realista aún contaba con al menos cuatro divisiones —Morillo en la costa venezolana, La Torre amenazando Cúcuta, Calzada en el sur, Sámano en las costas neogranadinas—, pero el centro político estaba perdido. Bolívar dejó a Francisco de Paula Santander encargado del gobierno como vicepresidente de Cundinamarca y regresó a Angostura, donde el Congreso creó oficialmente la República que unía Venezuela y la Nueva Granada. Nacía la Gran Colombia.

La herencia del vocabulario: la República se apropia de la palabra

Aquí está lo que la historia canónica suele omitir. La caída del régimen de Morillo no significó la desaparición del vocabulario de la pacificación; significó su transferencia. Los republicanos, enfrentados a resistencias internas —realistas rezagados, poblaciones renuentes, provincias enteras hostiles como Pasto—, heredaron el problema y también las palabras.

En el Archivo General de la Nación se conserva un documento del capitán interino Francisco del Pino, fechado hacia 1820 o 1821, en el que expone medidas para la pacificación en el marco de operaciones militares republicanas en el Cauca. El detalle es menor pero revelador: apenas terminada la reconquista española, oficiales patriotas usaban ya el mismo término para nombrar sus propias campañas contra poblaciones marcadas como rebeldes. La palabra había cambiado de bando sin cambiar de función. Y no era un uso aislado: el léxico de pacificación circuló en documentos militares republicanos del teatro caucano durante todo ese período.

En paralelo, la práctica de los secuestros de bienes —que la Junta de Morillo había institucionalizado— tenía ya una tradición patriota. Durante la Primera República, hacia 1814, los gobiernos patriotas también habían incautado bienes de sus enemigos realistas. Después de 1819, con la República restaurada, la confiscación operó en sentido inverso: españoles y realistas perdieron patrimonio en beneficio del nuevo Estado. La lógica extractiva del Consejo de Purificación no era, entonces, un invento español; era una técnica de guerra que ambos bandos manejaban, y que la República heredó como instrumento fiscal.

El Congreso de Cúcuta y la gramática del orden republicano

El 6 de mayo de 1821 se instaló en Villa del Rosario de Cúcuta el Congreso General de Colombia, presidido por el general Antonio Nariño, con cincuenta y siete diputados de Cundinamarca y Venezuela. Allí se debatió el modelo de integración política de la Gran Colombia. Los centralistas —Vicente Azuero, Francisco Soto, Pedro Gual, Fernando Peñalver— defendieron una república unitaria con gobierno fuerte. Los federalistas argumentaron que la diversidad de provincias hacía indispensable un sistema federal. Ganaron los centralistas.

La Constitución de Cúcuta de 1821 atribuyó al Congreso de la República la facultad exclusiva de "decretar lo conveniente para la administración, conservación y enajenación de los bienes nacionales", incluyendo las tierras baldías. Ese lenguaje, aparentemente administrativo, sentaba las bases legales para una política agraria de Estado: quien controla las tierras vacantes controla el poblamiento del territorio, la recompensa a los militares, la financiación del gobierno. La gramática del orden colonial —reducir población, concentrar recursos, controlar territorio— se traducía a un vocabulario republicano.

José Manuel Restrepo, nombrado ministro del Interior, lideró en esos años un esfuerzo simbólico paralelo: usar la Gaceta de Colombia, periódico oficial financiado por el gobierno, para legitimar la República centralista con capital en Bogotá. La operación incluyó recuperar la memoria de Caldas y de sus representaciones geográficas ilustradas y neutrales; el sabio ejecutado por Morillo se convertía así en emblema de una Colombia racional y letrada que la República venía a redimir. La misma pacificación de Morillo, releída, servía ahora como fondo negro sobre el cual brillaba el nuevo Estado.

La economía política de la pacificación

Detrás del vocabulario había siempre dinero, ganado y tierra. La pacificación —tanto la de Morillo como la republicana— fue, entre otras cosas, un modo de reasignar propiedad. Las haciendas coloniales, unidades de producción de mediana o gran escala, fueron especialmente golpeadas por las requisas de ganados, esclavos y alimentos con que ambos ejércitos se sostuvieron. La destrucción y confiscación de haciendas durante la guerra contribuyó a un deterioro económico generalizado: el comercio de exportación se contrajo, el capital huyó, los circuitos productivos coloniales se rompieron. Las exportaciones per cápita cayeron un 42% entre 1802 y 1850 —una brecha que la República tardó décadas en cerrar.

Bajo Morillo, campesinos fueron organizados en cuadrillas de trabajo forzado para convertir la colonia en base de abastecimiento militar. La represión política y la explotación económica se anudaron: quien perdía la libertad perdía también los medios de subsistencia, y quien perdía la propiedad quedaba disponible como mano de obra coactiva. La inestabilidad posterior a la Independencia amplificó ese efecto: los negocios existentes quedaron amenazados por riesgos de expropiación y sin reglas adecuadas, y la fuga de capital consolidó una economía tambaleante que ni la Gran Colombia ni sus repúblicas sucesoras lograron estabilizar en el corto plazo.

La pacificación, entendida así, no fue solo violencia ni solo eufemismo: fue una forma específica de gobernar los recursos escasos de una guerra prolongada. El Consejo de Purificación y la Junta de Secuestros no eran anomalías del régimen de Morillo; eran su condición material de existencia.

Los mártires y la memoria

Cuando la República buscó una fundación mítica para justificarse, encontró en la pacificación de Morillo el hito perfecto. La sangre derramada en Santafé —Caldas, Torres, Villavicencio, Salavarrieta— proveyó al nuevo Estado de un martirologio patrio: figuras nítidas, ejecutadas por un poder identificable, cuya memoria podía ordenarse en un relato de sacrificio y redención. La representación museográfica de la Independencia, articulada desde el siglo XIX, organizó los sucesos en tres periodos sucesivos: la creación de las Juntas, la pacificación, la Campaña Libertadora. El banco de purificación —el mueble sobre el cual, según la tradición, los procesados eran juzgados— se consagró como objeto emblemático de ese ciclo, condensando simbólicamente el sacrificio patriota.

Esa arquitectura narrativa era anterior a la selección de objetos memoriales; primero se estableció el relato, después se buscaron las reliquias que lo encarnaran. La Academia Colombiana de Historia, fundada a comienzos del siglo XX, y centros regionales como el Centro de Historia de Manizales (1911), consolidaron ese pasado. La historiografía liberal del siglo XIX construyó críticamente la herencia colonial como fondo tenebroso de sus proyectos revolucionarios; la conservadora, representada por autores como José Manuel Groot, rescató lo hispánico y católico para legitimar la Regeneración. Ambas necesitaron, sin embargo, la pacificación de Morillo. Para los liberales, era la prueba definitiva de la barbarie del régimen que había que superar. Para los conservadores, era una tragedia dentro de un legado por lo demás civilizador. En ambos casos, la palabra sobrevivía —como práctica y como relato— porque el nuevo Estado la necesitaba.

Lecturas más recientes, como la de Orlando Fals Borda, matizaron el mito: la Independencia, argumentó, no fue una subversión social fundamental, porque sus líderes solo cuestionaron algunas normas del orden señorial sin transformarlo profundamente. El martirologio patriota, en esta lectura, tapaba tanto como iluminaba: enfocaba las víctimas ilustres y dejaba en la sombra las continuidades estructurales.

Ecos: el largo siglo de la palabra

La pacificación sobrevivió al ciclo de Independencia como categoría disponible. Tras la guerra de los Supremos (1839–1842), el presidente Pedro Alcántara Herrán firmó una amnistía general en Sitionuevo el 19 de febrero, en el marco de un proceso de pacificación que incluyó mediaciones como la del cónsul británico en Santa Marta. La lógica seguía siendo la misma: someter primero, perdonar después, dejar abierta la amenaza para el futuro.

Más de un siglo después, el término reapareció con toda su carga. Entre 1953 y 1957, el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla llamó pacificación a su política sobre los Llanos Orientales, y el propio Rojas invocó en sus discursos la tradición histórica de los llaneros en la Independencia. En mayo de 1955, Sumapaz fue declarada Zona de Operaciones Militares y la palabra volvió a emplearse, ahora como sinónimo de devastación, ametrallamientos y bombardeos; la operación involucró aproximadamente un tercio de la fuerza del ejército —al menos seis batallones— y un centro de tortura conocido como el campo de concentración de Cunday. Con la instalación del Frente Nacional en 1958, la violencia no cesó: las autodefensas comunistas que se habían acogido a la pacificación sin dejar las armas mantuvieron enfrentamientos constantes con los grupos liberales "limpios", mostrando que el término, como en 1816, no implicaba el fin real del conflicto.

Aún más adelante, en discusiones contemporáneas sobre los territorios donde ha prosperado el narcotráfico, ha vuelto a aparecer el léxico de espacios "vacíos, salvajes" que habilitan acciones "civilizatorias, pacificadoras, colonizadoras". La continuidad no es solo semántica; es la persistencia de una manera de mirar ciertos territorios y ciertas poblaciones como objetos legítimos de intervención armada.

Balance

La pacificación funcionó en la historia colombiana como un dispositivo duradero, pero no porque hubiera un plan coherente transmitido de régimen en régimen. Funcionó porque respondía a una lógica estructural que sucesivos órdenes políticos necesitaron: someter poblaciones marcadas como rebeldes mediante la combinación de excepción jurídica y fuerza militar, financiando la operación con los propios bienes de los sometidos. El aparato específico de Morillo —Consejo de Purificación, Junta de Secuestros, Consejo de Guerra Permanente— fue una versión particularmente refinada de esa lógica, pero no la inventó ni la agotó.

Al mismo tiempo, la palabra falló siempre en el mismo punto. La represión de Morillo produjo la resistencia que decía extinguir. La pacificación republicana en el Cauca no unificó al país. La pacificación de los Llanos bajo Rojas arrojó resultados calificados posteriormente como "más bien pobres". La de Sumapaz devastó sin ordenar. El dispositivo era, y siguió siendo, parcial en su eficacia y contradictorio en sus efectos: cada operación de sometimiento fabricaba una parte de la rebelión que las siguientes tendrían que enfrentar.

Ahí reside el filo particular de la palabra en la historia de Colombia. No es solo que pacificación haya sido un eufemismo de la violencia; es que el eufemismo mismo formó parte del funcionamiento del Estado. Nombrar al terror como pacificación permitía procesarlo jurídicamente, contabilizarlo fiscalmente, legarlo memorialmente. Y esa operación —dar a la fuerza el nombre de un remedio— es una de las gramáticas más persistentes con las que el país se ha gobernado a sí mismo. El sabio Caldas, fusilado en Santafé un día de octubre de 1816, es su primer nombre propio; los pueblos bombardeados en Sumapaz en 1955, uno de sus últimos. Entre unos y otros, la palabra sigue disponible.