Gustavo Rojas Pinilla

Un boyacense en el ejército de los años treinta

Gustavo Rojas Pinilla nació el 12 de marzo de 1900 en Tunja, capital de Boyacá, en una Colombia que apenas se reponía de la Guerra de los Mil Días y que iniciaría, con la Hegemonía Conservadora, un ciclo de estabilidad institucional a la sombra del café. A los veinte años egresó como subteniente de la Escuela Militar de Cadetes de Bogotá, en un ejército profesional todavía joven que buscaba desprenderse de sus herencias decimonónicas y consolidarse como institución nacional. Su trayectoria, sin embargo, no fue lineal: se retiró temporalmente del servicio, viajó a Estados Unidos y en 1927 obtuvo el título de ingeniero civil, credencial insólita entre los oficiales colombianos de su generación que marcó, en su vocabulario y en su gestión posterior, una inclinación por la obra pública, el hormigón y la técnica como sinónimo de progreso.

Ese doble perfil —el uniforme y la regla de cálculo— lo distinguió en un cuerpo militar que durante los años treinta y cuarenta osciló entre la neutralidad formal frente al conflicto de los partidos y la lealtad implícita a los gobiernos conservadores. Cuando estalló la crisis del 9 de abril de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, Rojas Pinilla era comandante en el Valle del Cauca. Allí protagonizó una represión que le ganó reputaciones opuestas: para el gobierno de Mariano Ospina Pérez, servicio ejemplar; para el liberalismo, mano dura y arbitrariedad. En Cali expidió una orden que impedía a los oradores liberales hablar libremente en reuniones políticas, gesto que sus adversarios no olvidarían.

Ospina Pérez lo recompensó nombrándolo transitoriamente ministro de Correos y Telégrafos, cargo modesto en la nomenclatura ministerial pero decisivo en la biografía política del general: allí quedó sellado su vínculo de lealtad personal con el ospinismo, la corriente conservadora moderada que años después lo empujaría al poder y luego, cuando dejara de serles útil, le retiraría el respaldo. En 1949, con el liberalismo ya en abierta oposición y la violencia partidista escalando en el campo, Rojas Pinilla alcanzó el grado de general, pese al bloqueo parlamentario que los liberales intentaron oponer a su ascenso por su actuación en el Valle.

Del alto mando al Palacio de la Carrera

La llegada de Laureano Gómez a la presidencia en 1950 profundizó las fracturas del conservatismo. Frente al doctrinarismo intransigente de Gómez, los ospinistas y los alzatistas representaban un conservatismo más pragmático, dispuesto a pactar con sectores del liberalismo para contener la violencia rural que ya devoraba a Tolima, los Llanos y buena parte del interior. En abril de 1951, en el marco de una reorganización del mando militar, Rojas Pinilla asumió un papel central en la cúpula castrense, y en 1952 fue nombrado comandante general de las Fuerzas Armadas. Su ubicación era estratégica: hombre del ospinismo dentro de un gobierno laureanista cada vez más aislado, con lealtades cruzadas y con la mayor institución armada del país bajo su mando.

El 13 de junio de 1953 encabezó el golpe que derrocó al presidente encargado Roberto Urdaneta Arbeláez, quien reemplazaba a un Laureano Gómez debilitado por la enfermedad y por sus propias intransigencias. No fue una asonada de cuartel al estilo latinoamericano clásico: fue un golpe con aval civil. Lo respaldaron ospinistas y alzatistas, el liberalismo en su conjunto y la jerarquía eclesiástica; solo el ala laureanista del Partido Conservador quedó afuera de la coalición. La frase que circuló en Bogotá aquellos días —"golpe de opinión"— resumía bien la anomalía: un país exhausto de La Violencia recibía al militar como salida honorable de un callejón partidista sin retorno. Amplios sectores llegaron a llamarlo el segundo Libertador.

Rojas se movió rápido para consolidar esa legitimidad de partida. Decretó una amnistía amplia para los alzados en armas y ordenó que aviones sobrevolaran los bastiones guerrilleros de los Llanos, Antioquia y Tolima lanzando panfletos firmados por su ministro de guerra, en los que se anunciaban la caída de Gómez y las garantías del nuevo gobierno para quienes depusieran las armas. Entre julio y septiembre de 1953, más de diez mil guerrilleros aceptaron los términos y entregaron sus fusiles; entre ellos, el legendario comandante llanero Guadalupe Salcedo. A finales de ese año, trabajadores de reasentamiento habían asistido a miles de desplazados por La Violencia, en el primer ensayo serio de política de reinserción que conoció el país.

El populismo militar: SENDAS, obras y televisión

El régimen que se instaló entre 1953 y 1957 fue, en su lenguaje y en sus gestos, algo más que una dictadura tradicional. Rojas invocaba la doctrina social católica y el legado bolivariano para postular una vía nacional entre la anarquía y la revolución; proclamaba justicia, libertad y orden como consignas contra la violencia; y buscaba, con desigual fortuna, construir una coalición de corte populista con inspiración explícita en el peronismo argentino. La identificación con el modelo de Buenos Aires fue tibia —lo suficiente para incomodar a la jerarquía eclesiástica y a la prensa estadounidense, insuficiente para consumar una ruptura con las élites—, pero dejó su marca institucional más visible en el Secretariado Nacional de Asistencia Social, SENDAS.

Creado con inspiración directa en la Fundación Eva Perón, SENDAS quedó bajo la dirección de María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, hija del general, quien se encargó personalmente del reparto de alimentos, ropa y juguetes navideños en los barrios pobres de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. El asistencialismo era palpable —esa palabra, palpable, resume bien su eficacia política— y construyó en los estratos bajos urbanos un vínculo de gratitud con la familia Rojas que sobreviviría, casi intacto, a la caída del régimen y reaparecería quince años después como columna vertebral de la ANAPO.

A ese asistencialismo lo acompañó un programa de obras públicas ambicioso: vivienda popular, centros de salud, caminos, carreteras, aeropuertos militares como el de Melgar. Los ingresos del ciclo cafetero alto, entre 1953 y 1955, financiaron un gasto que sus críticos denunciaron como despilfarro y mala gestión, pero que sostuvo, mientras duró la bonanza, salarios reales creciendo a una de las tasas más rápidas del siglo XX colombiano. En febrero de 1954, el gobierno autorizó la libre importación de alimentos para combatir la inflación; en octubre, ante la caída de reservas internacionales, aumentó aranceles y duplicó los depósitos de importación. La ortodoxia macroeconómica no era el fuerte del régimen, pero tampoco era ciego a las restricciones externas.

El gesto simbólicamente más recordado del período llegó el 13 de junio de 1954, primer aniversario del golpe: la inauguración de la televisión en Colombia. Rojas trajo los equipos, entrenó a los primeros técnicos y puso en el aire una señal que, más allá de su modestia inicial, marcaba una promesa de modernidad al alcance del salón. El país recibió la televisión de manos de un dictador, dato que la historia oficial del siglo XX prefiere mencionar en voz baja y que dice algo esencial sobre el carácter modernizador —y no meramente autoritario— del régimen.

En política exterior, Colombia mantuvo la participación en la guerra de Corea iniciada bajo Laureano Gómez: el Batallón Colombia y la fragata Almirante Padilla combatieron bajo bandera de Naciones Unidas, con un saldo de 163 muertos en combate, 448 heridos, 28 prisioneros canjeados y 47 desaparecidos. En 1954, en línea con el macartismo estadounidense de la Guerra Fría, Rojas declaró ilegales todas las actividades del Partido Comunista y creó el Servicio de Inteligencia Colombiano, SIC, especializado en espionaje anticomunista. El régimen combinaba, sin contradicción interna evidente, redistribución populista y represión ideológica.

Junio de 1954: la primera grieta

La luna de miel duró un año. El 8 y 9 de junio de 1954, coincidiendo con las conmemoraciones del asesinato de un estudiante en 1929 y del primer aniversario del régimen, estudiantes universitarios salieron a las calles de Bogotá en las primeras protestas urbanas antigubernamentales desde el 9 de abril de 1948. El Ejército disparó: trece manifestantes muertos, entre ellos Uriel Gutiérrez, cuyo nombre lleva hoy el edificio central de la Universidad Nacional. Fue la primera grieta pública en la legitimidad del régimen y el gobierno lo entendió así.

La respuesta combinó conciliación selectiva y endurecimiento. El propio 13 de junio de 1954 —fecha simbólica— Rojas firmó un decreto que extendía el indulto a presos por delitos "explicables por extralimitación en el apoyo o adhesión al gobierno", un guiño a los laureanistas encarcelados o exiliados. Al mismo tiempo, nombró a un coronel como rector de la Universidad Nacional, gesto que ya anunciaba el viraje autoritario frente a los opositores civiles. La legitimidad de origen —la pacificación, la amnistía llanera— empezaba a agotarse, y el régimen no supo o no quiso reemplazarla por una legitimidad de ejercicio construida sobre reglas, contrapesos y libertades públicas.

En 1955, el régimen clausuró los tres principales diarios políticos del país: El Tiempo y El Espectador, liberales, y El Siglo, órgano del laureanismo, este último en agosto. Los dos periódicos liberales reaparecerían más adelante bajo los nombres de Intermedio y El Independiente entre 1956 y 1958, en un juego de sustituciones que preservaba la voz sin el nombre. La censura consolidó frente al régimen un frente inesperado: gremios empresariales, intelectuales, jerarquía eclesiástica y jefes de los dos partidos tradicionales se hallaron progresivamente en la misma orilla.

Benidorm, la caída del café y el aislamiento

Dos golpes decisivos se dieron en 1956. El primero, económico: el precio internacional del café, que había financiado la fiesta reformista, empezó a caer desde 1955, y hacia 1956 el estrechamiento fiscal era ya estructural. El segundo, político: el 24 de julio de 1956, Alberto Lleras Camargo, jefe del liberalismo, y Laureano Gómez, jefe del laureanismo, se reunieron en Benidorm, en la costa española, y firmaron un acuerdo que proponía "el regreso a la normalidad jurídica". Era el embrión del Frente Nacional y, más inmediatamente, la sentencia política del régimen: los dos partidos tradicionales, enemigos irreconciliables apenas ocho años antes, habían encontrado en la salida de Rojas un objetivo común.

A fines de 1956, el ospinismo —última facción conservadora que respaldaba al gobierno— retiró también su apoyo. Rojas quedó con burocracias militares y civiles, algunos funcionarios y unos pocos políticos socialistas sin arraigo popular. Su respuesta fue una huida hacia adelante que agravó su aislamiento: proclamó la creación de una Tercera Fuerza como partido obrero, iniciativa que le costó la desaprobación de la Iglesia católica, y en marzo de 1957 hizo que la Asamblea Nacional Constituyente decretara su propia disolución para dar paso a una nueva Asamblea, diseñada a la medida, con delegados afines encargados de reelegirlo para el período 1958-1962.

Fue demasiado. El 10 de mayo de 1957, tras una semana de paro cívico convocado por la naciente coalición bipartidista, con estudiantes en las calles, comerciantes con las cortinas bajas y la jerarquía eclesiástica en abierta oposición, Rojas Pinilla entregó el poder a una Junta Militar encabezada por Gabriel París Gordillo. Salió del país rumbo a España, luego a Estados Unidos, en un exilio que sus enemigos consideraron holgado y sus partidarios humillante. La transición pactada entre liberales y conservadores desembocaría, en 1958, en el Frente Nacional y en la presidencia de Alberto Lleras Camargo.

El juicio del Senado y la rehabilitación

El primer gobierno del Frente Nacional decidió ajustar cuentas en el terreno judicial. En enero de 1959 se abrió en el Senado el juicio político contra Rojas Pinilla por delitos cometidos durante su dictadura. La imputación formal fue penal; el propósito, también político: desacreditar al general y sacarlo del tablero antes de que su regreso —anunciado desde el exilio— tuviera consecuencias electorales. Rojas compareció, se defendió con vehemencia y aprovechó la tribuna para evocar los Llanos Orientales, describir la violencia que existía antes de su llegada al poder y expresar su admiración por los llaneros que había amnistiado. Fue una defensa que apelaba menos al derecho que a la memoria popular.

El Senado lo despojó de todos sus derechos políticos. La sanción produjo el efecto opuesto al esperado por sus promotores: le entregó a Rojas la máscara de víctima que él supo usar mejor que cualquier otro político colombiano de su tiempo. El 20 de diciembre de 1966, el Tribunal Superior de Bogotá lo rehabilitó, devolviéndole sus derechos políticos; el 18 de octubre de 1967, la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia. Para entonces, Rojas ya había puesto en marcha, desde 1960, la Alianza Nacional Popular, ANAPO, el vehículo con el que planeaba volver al poder por la vía de las urnas.

La ANAPO: un tercero contra el Frente Nacional

La ANAPO nació con una intuición estratégica clara: entre un liberalismo y un conservatismo que se alternaban por acuerdo constitucional en el Frente Nacional, quedaba un espacio enorme para una tercería que interpelara a los excluidos del pacto. Rojas lo formuló con palabras propias: un partido de los desheredados de las dos colectividades tradicionales, integrado por grupos heterogéneos de condiciones menos favorecidas. La base social prevista y la real coincidieron: estratos bajos urbanos, desempleados, migrantes rurales, pobladores de tugurios en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. El recuerdo de SENDAS y de las obras del régimen, mantenido vivo por la propia María Eugenia Rojas, funcionó como capital político acumulado.

El general capitalizó la rehabilitación de 1966-1967 convocando multitudes que sorprendieron al Frente Nacional. Su discurso mezclaba nostalgia por el orden de los años cincuenta, denuncia del pacto bipartidista como reparto oligárquico, apelaciones a la doctrina social católica y una promesa vaga pero eficaz de gobierno para el pueblo. La ANAPO creció en las elecciones intermedias y llegó a los comicios presidenciales del 19 de abril de 1970 en condiciones de disputar seriamente el poder al candidato oficialista, el conservador Misael Pastrana Borrero.

El 19 de abril de 1970

Lo que ocurrió aquella tarde y aquella noche fue, en el sentido más literal, decisivo para las décadas siguientes. Los primeros reportes parciales de la Registraduría daban ganador a Rojas Pinilla. En algún momento, el presidente saliente Carlos Lleras Restrepo —o, según otras versiones, un corte masivo de energía eléctrica en Bogotá considerado sospechoso— suspendió las informaciones. Cuando el conteo se reanudó al día siguiente, el ministro del interior proclamó ganador a Pastrana Borrero por un margen estrecho. Miles de seguidores anapistas salieron a la calle en varias ciudades; hubo apedreamientos de buses y saqueos, aunque la magnitud de esos disturbios varía según quién los cuente.

Rojas Pinilla, bajo detención domiciliaria decretada como medida preventiva, hizo lo que menos esperaban sus bases: llamó a la calma. Argumentó que quería evitar un derramamiento de sangre. Días después se retiró a sus propiedades en España, dejando a sus colegas —Andrés Almarales, Carlos Toledo Plata, Israel Santamaría, la propia María Eugenia— recogiendo los pedazos del partido. Sectores radicales de la ANAPO interpretaron esa decisión como cobardía o traición: en palabras de uno de sus militantes, Rojas no evitó un derramamiento de sangre sino que evitó que el pueblo encontrara su alternativa política.

Ese juicio, injusto o no, iluminó una verdad estructural del rojismo. El vínculo del general con sus bases era carismático y clientelar, no orgánico: no había cuadros territoriales dispuestos a sostener una movilización prolongada, ni una doctrina política articulada que sobreviviera a la ausencia del líder, ni siquiera un plan B para el día después. El populismo autoritario modernizador que Rojas había ensayado en los años cincuenta con el aparato del Estado, y que quiso replicar en los años sesenta desde la oposición, chocaba con sus propios límites: dependía de él, y él no estuvo cuando había que estar.

De la ANAPO al M-19

El fraude alegado —así lo llamaron entonces y así lo llama la memoria— desacreditó la vía electoral entre la izquierda colombiana. Entre 1970 y 1978, casi todos los grupos de izquierda, con la excepción del Partido Comunista, promovieron la abstención revolucionaria, y el voto de izquierda cayó notablemente en las elecciones intermedias de 1972. Pero el efecto más duradero del 19 de abril de 1970 no fue la abstención: fue la fundación de una guerrilla.

En 1974, tras conversaciones iniciadas desde los meses posteriores a los comicios, Jaime Bateman, Álvaro Fayad y Carlos Pizarro —guerrilleros escindidos de las FARC que habían pasado antes por la Juventud Comunista— se aliaron con dirigentes anapistas como Carlos Toledo Plata, Israel Santamaría y Andrés Almarales, con militantes marxistas-leninistas, con algunos provenientes del ELN y con cristianos revolucionarios, para conformar el Movimiento 19 de Abril, M-19. El nombre era una tesis política en tres palabras: la vía electoral está cerrada, los votos pueden ser manipulados, el bipartidismo no aceptará una derrota en las urnas. La fecha del presunto fraude —el propio agravio infligido a Rojas Pinilla— fue elegida como identidad de un movimiento armado urbano que se distanciaba del origen rural de las FARC y adoptaba influencias de los Tupamaros uruguayos.

El primer acto público del M-19, el robo de la espada de Simón Bolívar en enero de 1974, ya inscribía a la nueva guerrilla en una gramática distinta a la del marxismo ortodoxo: bolivariana, nacionalista, teatral, urbana. Nada de eso habría existido sin Rojas Pinilla, sin la ANAPO y sin el 19 de abril; y sin embargo, nada de eso fue querido ni previsto por Rojas Pinilla. El legado más consecuente del general no fue una obra propia, sino una herida abierta en el sistema político que otros supieron habitar de un modo que a él le habría resultado ajeno.

Los últimos años y la muerte

Rojas Pinilla regresó de España al poco tiempo pero no volvió a protagonizar la escena. Envejeció rodeado por su familia y por los cuadros anapistas que aún le eran fieles, entre ellos su hija María Eugenia, quien tomaría en las décadas siguientes el liderazgo del movimiento y sería candidata presidencial en 1974. Murió el 17 de enero de 1975 en Melgar, Tolima, en la casa que había hecho de retiro. Su entierro convocó multitudes que confirmaron, más allá de las urnas y de los juicios del Senado, que el vínculo entre el general y ciertos sectores del pueblo colombiano nunca fue solo una construcción propagandística.

Un lugar en la historia

Rojas Pinilla no admite ser reducido a "el dictador de los años cincuenta" ni a "el benefactor injustamente derrocado". Fue ambas cosas y, más importante aún, fue el primer político colombiano del siglo XX en comprender que el bipartidismo dejaba fuera del sistema a una masa creciente de colombianos urbanos, empobrecidos, recién llegados a las ciudades por el desplazamiento de La Violencia, y en construir para ellos —desde el Estado primero, desde la ANAPO después— un lenguaje y una oferta de reconocimiento.

Ese ensayo tuvo límites severos que la propia biografía revela sin esfuerzo. La coalición que lo llevó al poder en 1953 fue una operación de facciones de élite —ospinistas, alzatistas, liberales, jerarquía eclesiástica— que lo ungieron cuando les fue útil y lo abandonaron cuando dejó de serlo. La bonanza cafetera financió el populismo mientras duró; cuando el precio del grano cayó y las reservas se estrecharon, la fiesta reformista se acabó. La amnistía llanera fue un logro real, pero no desmontó las causas estructurales de La Violencia, que reaparecerían en los años sesenta bajo formas nuevas. Y en el momento decisivo, el 20 de abril de 1970, cuando la movilización popular podía haber alterado el curso de la historia, Rojas eligió la casa antes que la calle.

Queda, pese a todo, lo que ninguna caída ni ningún juicio del Senado logró borrar: la televisión en los salones, las casas populares con techo propio, los diez mil guerrilleros que dejaron los fusiles en 1953, los niños que recibieron juguetes de SENDAS, las multitudes que en 1970 creyeron ganar por primera vez unas elecciones y descubrieron esa noche que el sistema no lo permitiría. Sobre esa creencia —y sobre el general que la encarnó— se construyó una parte central de la historia política colombiana del último medio siglo. El populismo autoritario modernizador que Rojas Pinilla inauguró en Colombia sigue esperando a alguien que consiga hacerlo, esta vez, sin la dictadura y con la República en pie.