Ensayo · Transversal · —
Las reformas agrarias en Colombia (1936–2016)
Durante un siglo, Colombia promulgó cinco marcos legales sucesivos para redistribuir la tierra —desde la Ley 200 de 1936 hasta el Punto 1 del Acuerdo de 2016— sin lograr romper una concentración rural con índice de Gini cercano a 0,9. La pregunta es por qué cada ciclo reformista fue neutralizado o revertido.
Orientación para entrar
La respuesta en breve
El fracaso no fue inercia técnica sino derrota activa: una coalición mutante de terratenientes, gremios ganaderos, congresistas regionales, paramilitares y narcotraficantes capturó el aparato legislativo y burocrático para vaciar cada reforma, y cuando el bloqueo institucional resultó insuficiente lo reforzó con violencia armada directa. La Ley 200 de 1936 fue revertida por su propio decreto reglamentario y por la Ley 100 de 1944; la Ley 135 de 1961 fue desviada hacia colonización de frontera sin tocar el interior andino; el Pacto de Chicoral de 1972 y las Leyes 4 y 6 desmontaron explícitamente lo poco avanzado; y entre 1998 y 2008 el paramilitarismo y el narcotráfico desplazaron por la fuerza casi el 80% de los 6,6 millones de hectáreas perdidas en tres décadas. Las tres hipótesis —inercia, veto político y contrarreforma armada— no se excluyen: operaron sucesivamente y por capas, siendo la violencia el recurso de última instancia cuando el bloqueo legislativo resultaba insuficiente.
La historiografía divide sus explicaciones en tres posiciones en tensión real. La primera, de corte institucionalista, atribuye el fracaso a la debilidad técnica del Estado: catastros desactualizados, presupuestos insuficientes —en 1963 el INCORA no figuró en el presupuesto ordinario— y rotación de funcionarios sin mística reformista; esta lectura despolitiza el problema y es rechazada por quienes señalan que un Estado que sabotea sus propias herramientas no es incompetente sino dirigido. La segunda, de economía política, identifica un veto deliberado de coaliciones contrarreformistas que capturaron el Congreso, el INCORA y los juzgados departamentales: la evidencia más nítida es el Pacto de Chicoral de 1972, donde las élites actuaron a cara descubierta y escribieron la Ley 4 de 1973 para hacer prácticamente imposible la expropiación; el debate interno a esta posición gira en torno a si el Frente Nacional fue condición estructural del bloqueo o si la captura habría operado igualmente bajo otro régimen. La tercera lectura, la más radical, sostiene que desde los años ochenta el paramilitarismo y el narcotráfico convirtieron la guerra en instrumento agrario directo —no daño colateral sino producto deliberado—, revirtiendo en una década más tierra que un siglo de legislación había redistribuido; el punto de tensión con las dos primeras hipótesis es si la violencia fue autónoma respecto de las élites terratenientes o si fue su brazo armado funcional, cuestión que el proceso de Justicia y Paz documentó parcialmente pero no resolvió.
Ensayo completo
La lectura
¿Por qué fracasaron todas las reformas agrarias en Colombia?
Entre 1936 y 2016, el Estado colombiano promulgó cinco marcos legales sucesivos para redistribuir la tierra: la Ley 200 de la Revolución en Marcha, la Ley 135 del Frente Nacional, la Ley 160 del gobierno Gaviria, la Ley 1448 de restitución bajo Santos y el Punto 1 del Acuerdo Final de La Habana. Cada uno prometió corregir una estructura agraria de concentración extrema. Cada uno fue neutralizado. El resultado, tras un siglo, es un índice de Gini rural cercano al 0,9 —el más alto de América Latina, una región cuya media (0,70) ya duplica la del sudeste asiático (0,33)— y una estructura bimodal en la que sobreviven, uno junto al otro, el latifundio ganadero de la Costa y los Llanos y una nube de minifundios sin títulos. La explicación no está en la torpeza administrativa: la reforma agraria colombiana fue derrotada activamente, ciclo tras ciclo, por una coalición mutante que combinó captura legislativa, bloqueo burocrático, desactualización catastral funcional y, desde los ochenta, violencia armada directa como instrumento agrario.
¿Es Colombia realmente una excepción latinoamericana?
Colombia es una anomalía comparada. México procesó su cuestión agraria mediante una revolución que, con todos sus límites, refundó la propiedad rural a partir de 1917. Bolivia lo hizo tras 1952. Perú intentó una reforma masiva bajo Velasco. Incluso Brasil, con su latifundio persistente, generó movimientos sociales —el MST— capaces de imponer una agenda pública sobre la tierra. Colombia, en cambio, atravesó el siglo XX legislando reforma tras reforma sin ejecutar ninguna. Entre 1962 y 1978, menos del 1% de la superficie total del país fue afectada por la reforma agraria; hacia finales de los setenta solo el 2% de la tierra agrícola había sido expropiada; la concentración de la propiedad aumentó entre 1960 y 1970 pese a la prolija legislación aprobada. Las reformas fueron legales pero no reales.
¿Qué está en juego al responder esta pregunta?
Lo que se juega al responder la pregunta excede el balance historiográfico. Si el fracaso agrario colombiano fue inercia técnica o subdesarrollo estatal, la salida es capacidad institucional: mejor catastro, más presupuesto, más funcionarios. Si fue bloqueo político deliberado, la salida exige redistribuir poder antes que suelo. Y si —la lectura más incómoda— fue una contrarreforma armada donde la guerra misma sirvió como mecanismo de concentración, entonces el conflicto colombiano deja de ser un problema separado de la cuestión agraria y se revela como su instrumento. Esa última lectura tiene consecuencias inmediatas para el Punto 1 del Acuerdo de 2016 y para la restitución en curso bajo la Ley 1448.
¿Cuáles son las tres hipótesis en disputa?
Tres explicaciones compiten. La primera lee el fracaso como inercia técnico-administrativa: un Estado débil, con catastros desactualizados, sin funcionarios suficientes, sin recursos, incapaz de ejecutar sus propias leyes. Es cómoda porque despolitiza el problema: la reforma no habría fallado por resistencia sino por incompetencia. Tiene un asidero real —en 1963 el presupuesto del INCORA no entró siquiera en el presupuesto ordinario sino solo en el extraordinario— pero explica poco. Un Estado que reduce presupuestos, sabotea catastros y rota funcionarios no es un Estado incompetente: es un Estado dirigido.
La segunda explicación identifica un veto político deliberado: coaliciones contrarreformistas —terratenientes, gremios ganaderos, congresistas regionales— que capturaron el aparato legislativo y burocrático para vaciar cada reforma. La evidencia es contundente: las élites terratenientes usaron su representación directa en el Congreso para reducir el alcance redistributivo de las reformas, disminuir su financiación e incrementar las barreras legales para la expropiación; cabildearon exitosamente al INCORA para que concentrara su actividad en proyectos que no perturbaban la tenencia existente; y utilizaron el clientelismo para socavar el apoyo campesino a la reforma. Durante el Frente Nacional, la distribución paritaria de cargos entre liberales y conservadores facilitó que ambos partidos respondieran a los mismos intereses agrarios.
La tercera lectura —la más radical— sostiene que el bloqueo político fue insuficiente y hubo que reforzarlo con contrarreforma armada. Desde los años ochenta, el paramilitarismo y el narcotráfico operaron como instrumentos agrarios directos: no solo defendieron el statu quo sino que profundizaron la concentración mediante despojo violento. Los 6,6 millones de hectáreas perdidas o abandonadas entre 1980 y 2010, concentradas en casi cuatro quintas partes durante 1998-2008 —justamente los años de consolidación y desmovilización de las AUC—, no son un daño colateral del conflicto: son su producto agrario.
Las tres explicaciones no son mutuamente excluyentes, y ahí está la clave. Operaron sucesivamente y por capas: cuando el bloqueo legislativo fue suficiente, bastó con él; cuando la presión campesina desbordó los cauces institucionales, entró la violencia paraestatal.
¿Qué hizo realmente la Ley 200 de 1936?
La Ley 200 de López Pumarejo suele presentarse como la primera reforma agraria colombiana. Fue algo más ambiguo. Introdujo el principio de la función social de la propiedad y estableció que un predio sin destinación económica revertiría al Estado tras diez años. Reconoció al colono que hubiera explotado un predio por cinco años el derecho a adquirir su dominio. Pero simultáneamente resolvió el problema de los grandes propietarios frente a la llamada "prueba diabólica" que la Corte Suprema exigía desde 1926: sustituyó la exigencia de títulos originarios impecables por el criterio, mucho más laxo, de la destinación económica. La ley ofrecía en el mismo texto dos vías para el capitalismo agrario: distribución de tierras inexplotadas entre pequeños propietarios, o transformación capitalista de la hacienda mediante trabajo asalariado. Se prefirió la segunda.
El efecto no previsto fue devastador. Para evitar conflictos con arrendatarios y aparceros que pudieran alegar derechos como colonos, muchos propietarios convirtieron sus predios a ganadería extensiva —el decreto reglamentario aceptaba una cabeza de ganado por hectárea en tierras buenas como prueba de explotación económica—. La Ley 200, pensada como redistributiva, empujó la expansión ganadera a costa de la agricultura. Ocho años después, la Ley 100 de 1944, sancionada durante el segundo gobierno de López, defendió expresamente a los terratenientes frente a los arrendatarios, reglamentó la aparcería para garantizar el control patronal de la tierra y estimuló el trabajo campesino en formas no asalariadas. En doce años, la reforma se había invertido.
Un mecanismo adicional operó en paralelo. Muchos títulos de fincas superiores a 500 hectáreas eran, en los años posteriores a 1936, sentencias judiciales de pertenencia obtenidas ante jueces civiles. La vía judicial privada funcionó como circuito paralelo a la adjudicación administrativa de baldíos y permitió consolidar como propiedad privada extensiones que probablemente eran baldíos nacionales. La Ley 200 fue capturada en el Congreso y también en los juzgados departamentales.
¿Por qué la Ley 135 terminó promoviendo colonización en vez de redistribución?
Enrique Peñalosa, economista de 31 años que había sido asistente de Currie y funcionario del BIRF, asumió la dirección del INCORA el 29 de diciembre de 1961. La Ley 135, sancionada dieciséis días antes bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo, contemplaba mecanismos de expropiación de tierras. En la práctica fueron letra muerta. La agencia concentró su actividad en la colonización de baldíos fuera de la frontera agrícola: el piedemonte oriental de la cordillera Oriental, el Magdalena Medio, la altillanura entre Meta y Vichada, el sur de Córdoba, subregiones de Antioquia como el Bajo Cauca, el Nordeste y Urabá.
Este desplazamiento hacia la frontera respondió a un diseño político. Las élites terratenientes capturaron el INCORA mediante representación en el Congreso, clientelismo y cabildeo burocrático, y lograron que la agencia hiciera cualquier cosa menos tocar el interior andino. La colonización dirigida operó como sustituto estructural de la redistribución: en lugar de repartir las tierras fértiles del interior, el Estado empujó a los campesinos hacia selvas y sabanas periféricas. El efecto redistributivo real fue casi nulo. Y hubo un efecto adicional, de largo plazo, decisivo para entender la geografía posterior del conflicto: las zonas de colonización dirigida —Meta, Caquetá, Urabá, Magdalena Medio— se convirtieron en las mismas donde las guerrillas encontrarían su base territorial y donde el paramilitarismo desplegaría luego su ofensiva contra los colonos.
¿Qué pasó con la ANUC y el Pacto de Chicoral?
La respuesta campesina al vaciamiento de la Ley 135 fue la ANUC, creada por decreto durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo el 2 de mayo de 1967. Para 1970 contaba con cerca de 845.000 usuarios inscritos. Bajo la consigna "la tierra para el que la trabaja", promovió tomas de tierras que alarmaron a las élites. El gobierno de Misael Pastrana Borrero calificó las tomas de "plan subversivo" e "intento coordinado de perturbación del orden público" e incrementó la represión desde finales de 1971.
El desenlace llegó con el Acuerdo de Chicoral en 1972 y su materialización en la Ley 4 de 1973. Chicoral fue una contrarreforma frontal: estableció barreras de protección de 160 hectáreas contra la afectación por reforma agraria e introdujo criterios laxos para clasificar predios como adecuadamente explotados, haciendo prácticamente imposible la expropiación. La Ley 6 de 1975 remató el desmonte. La ANUC entró en descomposición: en 1971-1972 se dividió entre la línea Sincelejo, autónoma, y la línea Armenia, cercana al gobierno; cerca de 500.000 campesinos abandonaron sus filas. En su cuarto Congreso, celebrado en Tómala, Córdoba, en febrero de 1977, el movimiento marcó su reflujo definitivo.
Chicoral es la evidencia más nítida contra la hipótesis de la inercia técnica. No hubo torpeza administrativa allí: hubo un pacto explícito de las élites terratenientes con el gobierno Pastrana para revertir la reforma. La coalición contrarreformista actuó a cara descubierta, escribió una ley y la aprobó.
¿Qué hicieron Barco y Gaviria con la reforma?
La Ley 30 de 1988, sancionada bajo Virgilio Barco, mantuvo el espíritu de la Ley 135 y se propuso modificar obstáculos legales y procedimentales sin cambiar la concepción de fondo. Barco propuso incluso agilizar la titulación de baldíos a personas naturales que no necesariamente fueran ocupantes de los predios —una disposición cuya lógica redistributiva es difícil de sostener—. La Ley 160 de 1994, del gobierno de César Gaviria Trujillo, dio el paso siguiente: sustituyó la lógica de expropiación por la de mercado de tierras. La idea era que el Estado subsidiara la compra por parte de campesinos a propietarios dispuestos a vender. La fórmula, coherente con la apertura económica, fue un fracaso reconocido: se convirtió en un intento fallido de reformar la estructura agraria y de garantizar acceso a la tierra a los sectores menos favorecidos.
¿Cómo se convirtió la violencia armada en instrumento agrario?
Mientras las reformas legales se vaciaban, la reconcentración operaba por otra vía. La inserción de la familia Castaño Gil en el sur de Córdoba desde comienzos de los ochenta respondió simultáneamente a objetivos antisubversivos y a la apropiación de tierras para lavar dinero del narcotráfico, ganar aceptación social entre los ganaderos regionales y asegurar territorios para la cadena productiva de la droga. En Urabá y Córdoba, desde finales de los ochenta, se articularon fuerzas mafiosas ligadas al Cartel de Medellín, la ofensiva contraguerrillera de las Fuerzas Militares y el apoyo activo de hacendados y ganaderos resentidos por la actuación guerrillera; el resultado fueron masacres contra campesinos y trabajadores agrícolas considerados base social del EPL.
El mecanismo del despojo combinó testaferrato, transferencia de parcelas a familiares de comandantes a través de instituciones como el Incoder —el caso del Frente Mártires del Cesar está documentado— y presión armada. Yolanda Izquierdo, líder de víctimas que reclamaba tierras en Córdoba, fue asesinada; su caso está entre los que investigaron a exdirectivos de Funpazcor. Los líderes que reclamaban restitución fueron blanco sistemático durante Justicia y Paz. Las cifras cierran el argumento: 6,6 millones de hectáreas perdidas o abandonadas por desplazamiento forzado entre 1980 y 2010, con casi el 80% concentrado en la década 1998-2008. En una sola década, y por vía armada, se movió mucha más tierra que la que un siglo de reforma agraria legal había logrado redistribuir.
¿Por qué la Ley 1448 tampoco alcanza?
La Ley 1448 de Juan Manuel Santos definió como víctimas a quienes hubieran sufrido daño desde el 1 de enero de 1985 y estableció una fase judicial de restitución mediante jueces especializados. Fue una política inédita: se inició antes de la firma del acuerdo de paz, cuando normalmente los procesos comparables —el sudafricano, por ejemplo— comienzan tras la aclimatación del posconflicto. Pero enfrentó dos obstáculos estructurales. Primero, el corte temporal: la ley solo cubre despojos ocurridos desde 1991, dejando fuera las adquisiciones fraudulentas de los años ochenta, incluidas varias haciendas de los Castaño. Segundo, la desactualización catastral: los datos disponibles no coinciden con la realidad predial, y la Unidad de Víctimas debe rehacer casi desde cero la tarea catastral en cada microzona. El asesinato sistemático de reclamantes durante y después de Justicia y Paz mostró que la coalición del despojo no se desmovilizó cuando lo hicieron formalmente las AUC. El bajo número de solicitudes recepcionadas frente a la magnitud documentada del despojo revela una brecha estructural: la restitución avanza donde la coalición contrarreformista ha perdido presencia local, no donde el despojo fue mayor.
¿Por qué el catastro es el corazón invisible del bloqueo?
Ningún elemento revela mejor la naturaleza del bloqueo que el catastro. En 1947 Colombia dio un paso atrás decisivo: retornó a la visión fiscalista y autorizó el reajuste de avalúos mediante incrementos porcentuales o autoestimaciones, revirtiendo los esfuerzos previos de tecnificación. Desde entonces, la desactualización catastral opera como maquinaria de reproducción del latifundio.
El mecanismo tiene tres efectos combinados. Primero, los municipios no pueden cobrar impuesto predial sobre valores reales, lo que erosiona su base fiscal —la más estable de cualquier ente territorial— y los hace dependientes del gobierno central. Segundo, las entidades encargadas de asignación de baldíos y restitución de tierras deben rehacer el catastro cada vez que quieren usarlo, lo que multiplica los costos y ralentiza cualquier proceso redistributivo. Tercero, y quizá el más revelador, los datos del IGAC muestran que entre más pequeño es el predio, mayor es su avalúo catastral por hectárea: el pequeño propietario paga proporcionalmente más impuesto por hectárea que el gran propietario. La estructura tributaria del suelo penaliza al minifundio y subsidia al latifundio.
Un catastro desactualizado es un instrumento de gobierno: permite que los grandes propietarios paguen poco, que la información necesaria para la reforma no exista, y que el municipio dependa de transferencias en lugar de gravar a sus élites locales. Es un bloqueo político disfrazado de deficiencia administrativa.
¿Cómo se articularon las capas del fracaso?
El fracaso agrario colombiano fue una contrarreforma activa y mutante, que operó por capas superpuestas y evolucionó en sus instrumentos. En una primera capa, las reformas nacieron ambiguas por diseño. La Ley 200 ofrecía dos vías y el propio López prefirió la capitalista-terrateniente. La Ley 135 contemplaba expropiación pero canalizaba su acción hacia la colonización de baldíos. La Ley 160 sustituyó redistribución por mercado. La coalición contrarreformista no siempre bloqueó desde afuera leyes redistributivas sólidas: participó en redactarlas, dejando en el texto las salidas conservadoras que luego usaría. No hubo aquí fracaso técnico, sino captura del proceso legislativo antes de que la ley exista.
En una segunda capa, las reformas fueron vaciadas en la implementación. El INCORA fue cabildeado hacia proyectos que no tocaban la tenencia existente. Los jueces civiles emitieron sentencias de pertenencia que legalizaron baldíos como propiedad privada. El catastro se mantuvo desactualizado. El presupuesto se recortó. Ya en 1963 el propio gobierno que había sancionado la reforma mostraba falta de mística e interés en ejecutarla. La captura burocrática fue estrategia, no error.
En una tercera capa, cuando la presión campesina desbordó los cauces institucionales —como ocurrió con la ANUC hacia 1970— la coalición pasó de la captura al ataque frontal: Chicoral en 1972, Leyes 4 y 6 en 1973-1975. La contrarreforma se hizo explícita cuando lo necesitó.
En una cuarta capa, y decisivamente, cuando el conflicto armado ofreció instrumentos más eficaces, la coalición los incorporó. El narcotráfico y el paramilitarismo introdujeron una lógica de reconcentración que superó en velocidad e intensidad a la contrarreforma terrateniente clásica. La compra masiva de tierras por narcotraficantes creó una nueva clase propietaria ilegal; el despojo paramilitar movió millones de hectáreas en una década. Y esa nueva clase capturó también, cuando llegó el momento, los mecanismos de restitución: por eso los reclamantes fueron asesinados.
¿Qué lugar ocupa Colombia en la historia comparada del capitalismo agrario?
Mientras México procesó su cuestión agraria mediante revolución burguesa, y Bolivia, Ecuador y Perú desde la institucionalidad política —partidos, elecciones, resistencias comunales—, Colombia inventó su política desde la guerra. El resultado fue una vía heterodoxa al capitalismo agrario: un régimen terrateniente en el que los excedentes fluyeron desde la industria al agro, no al revés, y que desde los años ochenta se acopló con narcotráfico y paramilitarismo para producir un orden excluyente bajo fachada democrática formal. La singularidad no es folclore: ningún actor —ni el Estado, ni el campesinado, ni la burguesía industrial— tuvo capacidad hegemónica suficiente para imponer una reforma completa, y esa incapacidad dejó abierto un espacio que la coalición contrarreformista ocupó recurrentemente.
¿Y la guerrilla, qué papel jugó en esta ecuación?
Un corolario incómodo se sigue de esta lectura. Si la guerrilla fue en parte síntoma de una reforma agraria continuamente postergada, entonces la propia insurgencia funcionó, sin quererlo, como coartada de la contrarreforma. Cada avance guerrillero legitimó la militarización rural; cada militarización abrió espacio para el paramilitarismo; cada avance paramilitar concentró más tierra. El conflicto colombiano tiene una lógica agraria autónoma que atraviesa las etiquetas ideológicas: el campesinado precario alimentó a todos los ejércitos —guerrilla, ejército, paramilitares— sin que ninguno le devolviera la tierra. En las regiones y períodos donde la reforma agraria pudo haber avanzado, la violencia paraestatal apareció con precisión para impedirlo.
¿Qué queda hoy de la coalición contrarreformista?
Un siglo después de la Ley 200, la coalición contrarreformista sigue en pie —desplazada, fragmentada, con nuevos rostros: sucesores del paramilitarismo, disidencias armadas, redes de testaferros, congresistas regionales que heredaron circunscripciones capturadas—. La pregunta ya no es si Colombia puede hacer una reforma agraria, sino si puede desmontar la coalición que durante cien años se ha organizado precisamente para impedirla. El Punto 1 del Acuerdo Final de 2016 fue la enésima oportunidad, y su suerte se decide menos en el texto legal que en el terreno donde el catastro se actualiza, los jueces de restitución fallan y los reclamantes son o no asesinados. La tierra, en Colombia, se ha redistribuido siempre en la dirección de quien controla la violencia.
Archivo documental
Documentos usados en esta lectura
65 documentos · 82 fragmentos de referencia01Enciclopedia de ColombiaCamilo Calderón Schrader · 2002 · p. 2542 fragmentos
[1]de la intervención del Es- tado como regulador de las condiciones sociales. En 1820 se tomaron medidas tendientes al re- parto de las tierras, especialmente la retribución a los soldados de la guerra de Independencia; hasta 1870 el comercio de tierras se vio afectado por la especulación de tierras baldías. La ley 51…
p. 254
[2]de la intervención del Es- tado como regulador de las condiciones sociales. En 1820 se tomaron medidas tendientes al re- parto de las tierras, especialmente la retribución a los soldados de la guerra de Independencia; hasta 1870 el comercio de tierras se vio afectado por la especulación de tierras baldías. La ley 51…
p. 254
02Nueva Historia de Colombia, Vol. III: Relaciones Internacionales, Movimientos SocialesÁlvaro Tirado Mejía, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Cepeda Ulloa, Rodrigo Pardo García-Peña, Germán Zea Hernández, Luis Vitale, Malcolm Deas, Catherine LeGrand, Mauricio Archila Neira, Rocío Londoño Botero, Pierre Gilhodes, Myriam Jimeno Santoyo · p. 341, 3492 fragmentos
[3]el resto los te- rrenos de rastrojo. Son muchas las tierras, inclusive en el centro del país, que escapan a la apropiación privada, pero las tierras baldías pueden ser ocupadas por co- lonos, ocupantes precarios de peque- ñas o grandes superficies. La ley 200 de 1936, de haberse aplicado, hubiera podido resolver estos…
p. 341
[26]oriente del To- lima, fue visto como el preludio a una grave agitación agraria. A pesar de la oposición laureanista dirigida en la Cámara por Hugo Es- cobar Sierra, el proyecto fue aprobado el 23 de noviembre y sancionado por el presidente el 13 de diciembre como ley 135 de 1961, base de toda la polí- tica agraria de…
p. 349
03Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la colonia a la creación del Frente NacionalAbsalón Machado Cartagena · 2009 · p. 1831 fragmento
[4]Amaneceres. Historia de tos agrarios de Sumapa^j Oriente del Tolima. Alcaldía Local de Sumapaz, Fondo Editorial UAN, Bogotá, 2007. 71 Sobre los conflictos en las haciendas cafeteras ver Absalón Machado (1988), son innumerables las referencias sobre estos conflictos en los treinta; en el libro de Catherine LeGrand hay…
p. 183
04La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 611 fragmento
[5]se aborda la «cuestión agraria» desde el concepto de estructura agraria, definida como «un conjunto de relaciones endógenas y exógenas cuyo núcleo central es la propiedad sobre la tierra y sobre los medios de producción, y cuya dinámica depende de los diferentes modos como se inserta en la economía capitalista de…
p. 61
05De la derecha a la izquierda: La Iglesia Católica en la Colombia contemporáneaMichael J. LaRosa · 2000 · p. 961 fragmento
[6]dispu- ta entre propietarios y arrendatarios. Pierre Gilhodés, experto en política agraria colombiana, ha descrito este proceso de la siguiente manera: «Poco a poco. uno puede ver la expansi6n de movimientos que tomaron varias formas: quejas, ocupa- ciones y luchas armadass-". Fals Borda señala cómo, durante la década…
p. 96
06Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 21, 312 fragmentos
[7]propiedad y reforma agraria biando la tendencia hacia una mayor equidad en la distribución de la tierra (CNMH, 2016, página 154). El rezago secular en la tarea de adjudicar los baldíos se puede ver al comparar las adjudicaciones de la primera mitad del siglo, pues entre 1902 y 1953 solo se adjudicó el 6 por ciento del…
p. 31
[10]títulos de las fincas superiores a 500 hectáreas eran sentencias judiciales de pertenencia obtenidas ante los jueces civiles en los años que siguieron a la Ley 200 de 1936 (Reyes Posada, 1976). Las adjudicaciones de baldíos durante el periodo liberal de 1930-1946 tendieron a corregir el sesgo a favor de las grandes…
p. 21
07Manual de Historia de Colombia, Tomo IIIJaime Jaramillo Uribe (director científico), Jesús Antonio Bejarano, Darío Mesa, Miguel Urrutia Montoya, Germán Téllez Castañeda, Germán Rubiano, Rafael Gutiérrez Girardot · 1980 · p. 641 fragmento
[8]í a distributiva. Juzgada por estos prop ó sitos, la ley 200 efectivamente fue eficaz, casi.totalment é en cuanto al segundo de los prop ó sitos y un poco menos en cuanto al primero. El primer efecto fue propi ciar, a costa de las tierras agr í colas, la expansi ó n de la ganader í a como forma de “ ocupaci ó n econ ó…
p. 64
08El poder de la carne. Historias de ganaderías en la primera mitad del siglo XX en ColombiaAlberto G. Flórez-Malagón (ed.), Luis Guillermo Baptiste, Ingrid Johanna Bolívar, Stefania Gallini, Shawn Van Ausdal · 2008 · p. 341 fragmento
[9]en los años 20, Absalón Machado y otros afirman que Colombia nunca realmente ha tenido una revolución burguesa (únicamente en los años cincuenta, el país comenzó a adoptar el llamado camino junker del desarrollo agrario capitalista desde arriba)"'. En los años 30, apunra Gómez, el latifundio ganadero estaba al frente…
p. 34
09Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 761 fragmento
[11](15,3 por ciento); Tolima (6,8 por ciento); Caquetá (5,4 por ciento); Cesar (5,4 por ciento); Chocó (5,1 por ciento); y Córdoba (5 por ciento). El mayor porcentaje de títulos se distribuyó así: Valle del Cauca (23,2 por ciento); Caldas (11 por ciento); Tolima (8 por ciento); Cundinamarca (6,4 por ciento) y Caquetá…
p. 76
10Introducción a la historia económica de ColombiaÁlvaro Tirado Mejía · 2019 · p. 445, 4752 fragmentos
[12]situación de los últimos en la medida en que la Corte Suprema de Justicia por sentencia de 1926, reiterada en 1934, había establecido que en caso de litigio, quien pretendiera ser propietario de un predio debía exhibir títulos que se remontaran a concesión de la Corona o de la República, y muchísimos terratenientes…
p. 445
[81]del nivel de vida del campesino. La división de la tierra es apenas una de las herramientas a utilizar en la lucha por elevar el nivel de vida nacional. Los estudios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Incora) pueden haber sorprendido a más de un técnico de escritorio, al encontrar que la situación de México en…
p. 475
11Nueva Historia de Colombia, Vol. I: Historia Política 1886-1946Álvaro Tirado Mejía (director científico), Jorge Orlando Melo, Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, Eduardo Lemaitre Román, Alfonso López Michelsen, Humberto Vélez Ramírez, Germán Colmenares, Mario Latorre Rueda, Germán Arciniegas, Gustavo Humberto Rodríguez R. · 1989 · p. 3641 fragmento
[13]I nómicamente explotados. Quien com- probara que por cinco años había ex- plotado económicamente un predio, tenía derecho a adquirir el dominio, si había obrado de buena fe. A su vez, y en desarrollo del principio de la fun- ción social de la propiedad y de que ésta implicaba obligaciones, si un pro- pietario no daba…
p. 364
12Economía y Nación: una breve historia de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1994 · p. 3372 fragmentos
[14]y cómo se indemnizaba a los propietarios por la pér- dida de sus rentas. Nunca se pretendió eliminar a los terratenien- tes como clase, lo cual desentraña a cabalidad el alcance de la reforma vislumbrada por la "Revolución en Marcha". Se dirimía, además, la vía para el desarrollo del capitalismo en el campo; con base…
p. 337
[15]y cómo se indemnizaba a los propietarios por la pér- dida de sus rentas. Nunca se pretendió eliminar a los terratenien- tes como clase, lo cual desentraña a cabalidad el alcance de la reforma vislumbrada por la "Revolución en Marcha". Se dirimía, además, la vía para el desarrollo del capitalismo en el campo; con base…
p. 337
13No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 45, 1232 fragmentos
[16]las tierras improductivas, sus alcances estaban diri- gidos a estimular la productividad y la modernización rural, pero no a «adelantar una reforma agraria redistributiva» 50, lo que permitió con el tiempo perpetuar el modelo de acumulación de tierra. La aplicación de esta Ley 200, como ocurrió a lo largo del siglo…
p. 45
[39]de julio de 1970, a un mes de que se terminara el gobierno de Lleras, se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Para entonces, había casi un millón de hombres y mujeres afiliados a las asociaciones campesinas, y un empoderamiento que se reflejaba en las palabras del líder agrario sucreño Francisco…
p. 123
14Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 50, 882 fragmentos
[17]jueces agrarios y estableció mecanismos para evitar la acumulación ociosa de baldíos, lo que a la larga les permitió a muchos campesinos hacerse con la propiedad de la tierra que ocupaban. Así se inició una tradición en el modelo de garantía del derecho a la tierra del campesinado que privilegió la entrega de baldíos…
p. 50
[42][...] Era un movimiento de mucha fuerza en el suroeste, [de Antioquia] entoes había un ejercicio de solidaridad para recuperar esas tierras. Yo recuerdo que siendo muy niño yo iba y me trasnochaba en todo ese asunto porque nos metíamos a una finca en la noche, ¿cierto?; en una noche todo lo teníamos ya muy planeado,…
p. 88
15Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 2011 fragmento
[18]cam bios no fueron muy dr á sticos. Entre é stos estuvieron una reforma constitucional que dio otra vez el voto a pobres y analfabetos. El sufragio universal estuvo acompa ñ ado de la movilizaci ó n del elec torado, que se acostumbr ó a hacer manifestaciones callejeras para respaldar un gobierno que promet í a educaci…
p. 201
16El Desarrollo de la Agricultura en ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1982 · p. 2861 fragmento
[19]hubieran proporcio- nado apreciables excedentes económicos y transferencias para la acumulación industrial y no al contrario como evidentemente sucedió, donde los excedentes tuvieron que venir de la acumula- ción industrial para soportar y apoyar el desarrollo capitalista por la vía terrateniente. En el plano político…
p. 286
17Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 22, 312 fragmentos
[20]Depresión que, al aumentar los precios de los productos importados, los había puesto por fuera del alcance de la 1nayoría de los consu1nidores y estünuló así la demanda de productos locales, disponibles a precios mucho más b~jos. Es de anotar que el Par- tido Conservador ejercía un proteccionisn1o con1ercial que rigió…
p. 22
[30]Aproximadan1ente 76,9% de los conflictos de tierras en 1971 ocu- rrieron en los latifundios de la costa atlántica, en los valles interandinos y en los Llanos Orientales, donde se desarrollaban los grandes latifun- dios ganaderos y el capitalisrno agrario 49. Los restantes conflictos terri- 62 Sistemas de guerra…
p. 31
18Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950)Catherine LeGrand · 2016 · p. 3001 fragmento
[21]agudos que el Gobierno consideró necesario adoptar ciertas medidas. El segundo estatuto agrario importante adoptado en el curso de ocho años, la Ley 100 de 1944, suministra evidencias que corroboran los procesos descritos atrás. La ley se proponía defender a los terratenientes contra los arrendatarios y aparceros que…
p. 300
19Nueva Historia de Colombia, Vol. V: Economía, Café, IndustriaÁlvaro Tirado Mejía (Director Científico y Académico), Jesús Antonio Bejarano Ávila, Jorge Orlando Melo, Bernardo Tovar Zambrano, José Antonio Ocampo Gaviria, Juan Manuel Santos Calderón, Charles Bergquist, Alberto Mayor Mora, José Olinto Rueda Plata, Carlos Esteban Posada Posada, Juan José Echavarría Soto, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Guillermo Eduardo Perry Rubio · p. 1291 fragmento
[22]que se ex- presó en un sensible crecimiento de los precios desde 1934, testimoniaban a su turno la decadencia de la inver- sión agrícola, que se prolongó prácti- camente hasta fines de los años cua- renta. De acuerdo con la información de la CEPAL, el capital existente en maquinaria y equipo en la agricultura, que…
p. 129
20Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 57, 622 fragmentos
[23]El llanto del arpa», 25. 125 Molano, Fragmentos de la historia del conflicto armado, 38. 126 Medina Gallego, FARC-EP y ELN. 127 Entrevista 150-PR-03306. Compareciente. Bloque Sur FARC, Columna Teófilo Forero. 58 fiflćflThffifffj fjfl. flffflfj Tercera oleada: colonización dirigida o institucional Un tercer tipo de…
p. 57
[29]cercano al poder, y quien fuera uno de los más grandes tenedores de tierra del conti- nente, llegó a poseer para principios de la década del sesenta entre 35.000 y 72.000 hectáreas en el Caquetá, incluyendo varias decenas de miles en los llanos del Yarí 139. Un campesino relata: «Coparon prácticamente todo el…
p. 62
21Territorial Rule in Colombia and the Transformation of the Llanos OrientalesJane M. Rausch · 2013 · p. 1001 fragmento
[24]excess population from the Departments of Santander, Norte de Santander, and Boyacá was the piedmont region on the eastern side of the Andes, or, in other words, the territories of Caquetá, Arauca, and the Depart- ment of Meta. Lleras Camargo accepted Lebret’s recommendations and began to implement them. 30 The first…
p. 100
22La tierra no basta. Colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el CaquetáCentro Nacional de Memoria Histórica, Erika Andrea Ramírez Jiménez · 2017 · p. 1211 fragmento
[25]de la notable reducción que tuviera en la época de La Violencia. Este aumento de la adjudicación de tierras baldías se dio en el contexto de una relativa reducción de la violencia, propiciada por las expectativas de pacificación de Rojas Pinilla, las cuales al final no se cumplieron. Sin embargo, a los adjudicatarios…
p. 121
23Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 5011 fragmento
[27]élites terrate - nientes bloquearon la redistribución de tierras, usando la representación directa que tenían en la legislatura, además de la captura de una parte de los funcionarios elegidos, jueces o burócratas, que respondían a la distribución paritaria entre los partidos, y al uso del clientelismo para socavar el…
p. 501
24Revolutionary Social Change in Colombia: The Origin and Direction of the FARC-EPJames J. Brittain · 2010 · p. 831 fragmento
[28]130,000 people (Lindqvist, 1979: 102; see also INCORA, 1972). Scholars analytically studying Law 135 came to a different conclusion. They discovered that these numbers were not just greatly misleading, they contradicted the real conditions. Tad Szulc (1964: 245) noted that in its first year, the achievements of Law…
p. 83
25Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 461 fragmento
[31]Departamentos en los que la ANUC tenía una fuerza muy importante. En aplicación de la Ley 135 de 1961 el Incora dirigió durante los años sesenta la colonización del piedemonte oriental de la cordillera Oriental, el Magdalena Medio, la altillanura entre el oriente del Meta y Vichada, el sur de Córdoba y en varias…
p. 46
26Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 204, 2492 fragmentos
[32]puertas de crédito para la producción agraria, viéndose obligadas a acelerar los flujos migratorios campo-ciudad y a intensificar la ocupación de nuevos territorios. Machado indica que el grado de concentración de la propiedad aumentó entre 1960 y 1970 a pesar de la prolija legislación agraria promulgada alrededor de…
p. 249
[61]Fuente: SISDES, 1996 a 2000. CODHES. C U A D R O 4 Hogares desplazados con vínculo rural AÑO EXPULSIÓN % HOGARES VÍNCULO RURAL 1995 67,8 1996 60,3 1997 69,0 1998 90,6 1999 86,5 2000 83,5 Fuente: Para 1995-1997: Osorio, F. y Lozano, F. Horizontes de comprensión…, 412. Para 1998-2000: Datos preliminares, Osorio, Flor…
p. 204
27La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Esbozo de una memoria institucionalAbsalón Machado Cartagena · 2013 · p. 871 fragmento
[33]Esto es contrario a otras opiniones de que la ley era complicada e impedía el trabajo del Incora, tenía vicios de inconstitucionalidad, o definiciones confusas o contradictorias, etcétera. También hubo opiniones calificadas cuando empezaba el proceso reformista, como la de Antonio Posada [1965], quien después de…
p. 87
28Historia económica de ColombiaJosé Antonio Ocampo Gaviria (compilador), Germán Colmenares, Jaime Jaramillo Uribe, Hermes Tovar Pinzón, Jorge Orlando Melo González, Jesús Antonio Bejarano Ávila, Joaquín Bernal Ramírez, Mauricio Avella Gómez, María Errázuriz Cox, Carmen Astrid Romero Baquero · 2017 · p. 5371 fragmento
[34]1961 y 1971, el Instituto adecuó 178.000 ha. Solo el 35% de los beneficiarios de estos programas lo eran también de la reforma agraria, 50% minifundistas privados y 15% propietarios medianos y grandes. Con el Acuerdo de Chicoral, se inició el desmonte de la reforma agraria y el diseño de una política alternativa de…
p. 537
29Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Región CentroComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 92, 952 fragmentos
[35]de manera preponderante a élites agrarias. En Cundinamarca y Boyacá, por su parte, fueron preponderantes los cultivos de papa 267. En los dos casos, la dis- tribución implicó el fortalecimiento de sectores de la producción agrícola que serían determinantes en las décadas siguientes para la economía de estos…
p. 92
[43]indígenas Pijaos tam- bién denunciaron desalojos y afectaciones al trabajo que habían intervenido en las tierras tomadas: 45 familias estaban siendo reprimidas en la recuperación de 1.700 ha en terreno plano y 3.000 ha en loma aptos para la ganadería. La toma había empezado desde el año 1977, periodo en el que se…
p. 95
30Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 7251 fragmento
[36]con su hijo y hermano, el 5 de agosto de 1989 2476. Más adelante hubo allanamientos, amenazas y el desplazamiento forzado de la tesorera departamental de Anmucic-Atlántico; amenazas, hostigamien- tos, desplazamiento forzado y secuestro de una de la lideresa indígena de Anmucic-La Guajira en 2003; y amenazas,…
p. 725
31Historia doble de la Costa. Tomo 4: Retorno a la tierraOrlando Fals Borda · 2002 · p. 2501 fragmento
[37]la rutina teórica que ha surgido de los estudios generales de la Violencia y se adelanta en la comprensión de sus factores y condiciones reales. Puede ser que continúe esta saludable tenden- cia de regionalizar el estudio de tan importante proceso. Cf. Russell W. Ramsey, "Critical bibliography on La Violencia in…
p. 250
32Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa FeYamile Salinas Abdala, María Paula Hoyos, Ana María Cristancho · 2018 · p. 29, 372 fragmentos
[38]que se tradujo en la institucionaliza- ción del movimiento campesino bajo el lema “la tierra pa’l que la trabaja” (Archila, 2005, página 97). Con base en el Decreto 755 de 1967, el Ministerio de Agricultura realizó un “empadronamiento masivo de usuarios reales y potenciales de servicios agropecuarios estatales”…
p. 29
[53]a procesos de desalojos adelan- tados por alcaldes y policías 55, y a grupos armados conformados por vigilantes que desplazaron campesinos de las fincas. Tal es el caso de Rodríguez Fuentes que con apoyo de autoridades evitó la toma de su finca Nueva Dicha, antes de la incursión paramilitar en Agustín Codazzi (URT,…
p. 37
33Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 691 fragmento
[40]pequeño paso para la organización campesina, pero un gran salto para reformar con equidad la estructura agraria del país. La dureza del discurso del presidente Lleras no era nueva. Tampoco gratuita. En 1968, durante la entrega de títulos de propiedad a antiguos terrajeros y aparceros del bajo Sinú, dejaba un vehemente…
p. 69
34Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El Movimiento Armado Quintín LameDaniel Ricardo Peñaranda Supelano · 2015 · p. 1391 fragmento
[41]un énfasis en la dotación de tierras a los arrendata - rios y aparce ros, y la profun dización de la reforma por medio de la organiza ción de los campe sinos. Esta última medida condujo a la creación de la Asocia ción Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que constituía una osada respuesta al ascenso de los movi…
p. 139
35The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia: Struggles of the National Peasant Association, 1967-1981Leon Zamosc · 1986 · p. 1221 fragmento
[44]a moment and again later in this book. The second component of Pastrana's policy of restraint of the peasant movement was increasing repression, which, since late 1971 and early 1972, was directed especially to the areas that had been most affected by the land invasions. Repression, of course, was nothing new. There…
p. 122
36Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo ILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · 2022 · p. 771 fragmento
[45]septiembre). Las tomas de tierras eran antecedidas por la identificación de las veredas donde habitaban familias campesinas sin tierra, las zonas donde había fincas si ser trabajadas y su situación catastral. Estas indagaciones eran hechas por los mismos campesinos, vecinos, solidarios y abogados. Entonces, buscábamos…
p. 77
37"Patrones" y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012)Absalón Machado Cartagena, John Jairo Rincón García · 2014 · p. 1761 fragmento
[46]por jornaleros asalariados y minifundistas, que afectaron fi ncas de la zona plana. En la ocupación de tierras también participaron campesinos a fi lia- dos a Fanal, organización que años más tarde se distanció de los planteamientos radicales de la ANUC, línea Sincelejo. 176 “Patrones” y campesinos: tierra, poder y…
p. 176
38Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 3571 fragmento
[47]departamentos de Tolima, Antioquia, Huila, Cauca, Valle y Cundinamarca. Muy poco tiempo después, el gobierno de Pastrana iniciaría la contrarreforma agraria con la Declaración de Chicoral, un pacto bipartidista sobre el proyecto de modificación de la Ley de Reforma Agraria que fomentó la división del movimiento…
p. 357
39Un bosque de memoria viva, desde la Alta Montaña de El Carmen de BolívarCentro Nacional de Memoria Histórica, Carmen Andrea Becerra Becerra · 2018 · p. 1021 fragmento
[48]en comparación con la zona alta. En la zona baja las tierras no producían mucho y [con la reforma agraria] los terratenientes le proponen las tierras más malas al gobierno para comprar. Todas esas tierras que fue- ron las malas como Acetuna, San Rafael, Tacaloa, fueron fincas que fueron vendidas voluntariamente cuando…
p. 102
40Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 661 fragmento
[49]para seguir defendiendo nuestro territorio ancestral». 146 Informe 262-CI-00390. Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) y Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), «El genocidio silencioso del puebo Embera Chamí de Caldas». de las guerrillas liberales a la efervescencia social (1958-1977)…
p. 66
41Historia de Colombia. Colombia Contemporánea IArturo Alape, Antonio Caballero, Gonzalo Hernández de Alba, Mauricio Archila, Germán Arciniegas, Enrique Sánchez y otros (obra colectiva) · 1988 · p. 1101 fragmento
[50]se aisl6 practicamente de los sec- tores campesinos al crear la Organizacién Revolu- cionaria del Pueblo (ORP), un grupo mas del es- pectro politico de la Nueva Izquierda. A partir de aqui, el movimiento campesino se atomiza y la mo- vilizaci6n popular més importante de este siglo se desmorona, victima de sus propias…
p. 110
4225 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000Mauricio Archila Neira, Álvaro Delgado G., Martha Cecilia García V., Esmeralda Prada M. · 2002 · p. 1461 fragmento
[51]el 44.63% de la superficie ocupada 37 • Esto muestra que se fragmentó la pequeña propiedad y que los pequeños y medíanos campesinos perdíeron control sobre la tierra. mientras los gran- des propietarios lo aumentaron. Por otra parte, las leyes de reforma agraria han tenido escasos resulta- dos: han favorecido la…
p. 146
43Colombia: Essays on Conflict, Peace, and DevelopmentAndres Solimano (Editor) · 2000 · p. 1161 fragmento
[52]equality. Land access is iden- tified as a fundamental element in achieving these objectives. While this has been a recurrent issue, so too has society's failure to make progress in this area. Colombia, unlike many developing countries, did not carry out a process of agrarian reform in time. Perhaps there is no more…
p. 116
44Gran Enciclopedia de Colombia - Economía 2José Antonio Ocampo (Dirección Académica); Patricia Correa, Luis Nelson Beltrán, Roberto Steiner S. y otros (autores de capítulos) · 2007 · p. 1571 fragmento
[54]man- tuvo el espiritu de la ley 135 de 1961, por lo cual la reforma siguié siendo marginal. Con la ley 30 se trataba de modificar los obstaculos | gales y pro- cedimentales que hacian impracticable la reforma de los anos sesenta. No se trataba, pues, de una concepcién diferente en cuanto a su contenido y alcance. La…
p. 157
45Estado crítico de la propiedad rural y de las políticas agrarias en ColombiaDelgado Castaño, P. · 2018 · p. 132 fragmentos
[55]que tiene su origen en la libertad económica y que se sustenta en las políticas EBSCOhost: eBook Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:25:35 PM UTC via UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use. 48 rentabilidad que deben obtener los campesinos. Este círculo vicioso que…
p. 13
[56]que tiene su origen en la libertad económica y que se sustenta en las políticas EBSCOhost: eBook Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:25:35 PM UTC via UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use. 48 rentabilidad que deben obtener los campesinos. Este círculo vicioso que…
p. 13
46Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 5032 fragmentos
[57]otros bienes despojados. en la política de desmovilización y reinserción no se ha avan - zado en la construcción de acuerdos entre el Gobierno nacio - nal y los GAIML, particularmente con los grupos de auto - defensas, para que estos restituyan efectivamente los bienes a las víctimas, como condición indispensable para…
p. 503
[58]otros bienes despojados. en la política de desmovilización y reinserción no se ha avan - zado en la construcción de acuerdos entre el Gobierno nacio - nal y los GAIML, particularmente con los grupos de auto - defensas, para que estos restituyan efectivamente los bienes a las víctimas, como condición indispensable para…
p. 503
47La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 201 fragmento
[59]sobre tenencia de la tierra, entre 2002 y 2009 hubo un incremento del 2,5 por ciento, especialmente en 2005, en el 57 por ciento del territorio nacional (Ibañez y Muñoz, 2009, s.p.). Temporalmente estos datos coinciden con la consolidación de estructuras como el Bloque Norte, así como la fase de negociación y…
p. 20
48La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica, Lukas Rodríguez Lizcano · 2022 · p. 4691 fragmento
[60]parcelas fueron entrega- das a otros parceleros, algunos de ellos familiares y testaferros de comandan- tes paramilitares, para luego venderlas a las empresas multinacionales. La Fis- calía estableció que el Incoder traspasó las parcelas 6, 9, 1, 45 y 48 a familiares de David Hernández, alias Treintainueve, comandante…
p. 469
49El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 3111 fragmento
[62]temprano como en la célula inicial del Magdalena Medio. Pero solo se convirtió en un factor dominante a finales de la década de 1980, cuando los eos tos de mantener el aparato militar subieron de manera prohibitiva, Una economía tan ineficiente como la ganadería extensiva no podía ya sostener el esfuerzo. El…
p. 311
50Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 1181 fragmento
[63]De acuerdo con el CNMH (2018) la inserción de la familia Castaño a comienzos de los ochenta en el sur de Cór- doba no se interpreta únicamente a razón de objetivos antisubversivos, sino como parte de una etapa de la larga colonización empresarial antioqueña, con la diferencia de que “a los tradicionales hacendados…
p. 118
51Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y MéxicoGustavo Duncan · 2014 · p. 2681 fragmento
[64]de la droga, el ejercicio de la coerción privada era un mecanismo ideal para producir poder y para controlar el negocio. En el largo plazo, quienes hacían la guerra en el terreno se encontraron con que tenían los medios para imponer sus condiciones a quienes se dedicaban exclusivamente a la producción y el transporte…
p. 268
52Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC. Región Caribe, Departamento de Antioquia, Departamento de ChocóÁlvaro Villarraga Sarmiento, Alberto Santos Peñuela, Priscila Zúñiga Jiménez, Margarita Jaimes Velásquez, Lukas Rodríguez Lizcano, Gisela Andrea Aguirre García, Camilo Villamizar Hernández · 2014 · p. 241 fragmento
[65]por Fidel Castaño en el sur de Córdoba y Urabá, en los últimos años ochenta, de manera que su despliegue se relaciona con la compra de tierras e instalación de infraestructura del nego - cio ilegal de la coca por parte de reconocidos miembros del Car - tel de Medellín y por los propios Castaño, con la fuerte ofensiva…
p. 24
53Doble discurso, múltiples crímenes. Análisis temático de las ACMM y las ACPBCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández (coordinador) · 2021 · p. 4462 fragmentos
[66]se presentó por diversas razones. Entre ellas resaltan la expansión te- rritorial de los grupos paramilitares como castigo a la transgresión del orden impuesto y el despojo de tierras para fines económicos. El desplazamiento por expansión territorial de los paramilitares implicó el constante quebrantamiento de las…
p. 446
[67]se presentó por diversas razones. Entre ellas resaltan la expansión te- rritorial de los grupos paramilitares como castigo a la transgresión del orden impuesto y el despojo de tierras para fines económicos. El desplazamiento por expansión territorial de los paramilitares implicó el constante quebrantamiento de las…
p. 446
54Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en PutumayoEdinso Culma Vargas, Juliana Guerra Rudas, Rocío Londoño Botero · 2015 · p. 221 fragmento
[68]sus habitantes respecto de la sociedad nacional” (página 68). 23 Introducción Ese valor comercial que las economías de enclave le han dado históricamente a la tierra en Putumayo permite entender el papel del narcotráfico y los cultivos de coca en los fenómenos contem- poráneos de abandono forzado y despojo de tierras…
p. 22
55Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 3831 fragmento
[69]Inversiones Italia S.A.C. Las dos últimas constituidas meses después del allanamiento del Parqueadero Padilla que comparten el mismo domicilio con Guillermo Mass, exsecretario de Funpazcor, investigado por la muerte de Yolanda Izquierdo. 444 Murillo Bejarano entregó parte de Las Tangas –Sociedad E.U -Seguridad al Día,…
p. 383
56La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 2421 fragmento
[70]que haya reforma agraria". Estos datos excluyen los territorios colectivos, resguardos indígenas, los parques nacionales y en general zonas de reserva natural. Pero los datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) nos dan otra situación aún más complicada y es el tratamiento diferencial en impuestos. "Más…
p. 242
57Pueblos arrasados: Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión (relatores) · 2015 · p. 2731 fragmento
[71]de acciones que hayan transgredido la legislación penal, reali- zadas por grupos armados al margen de la ley, entre ellas las víctimas de desplazamiento forzado, adquirieron el derecho (que posteriormente la Corte Constitucional catalogó como fundamental) a la reparación. Este derecho a la reparación fue definido de…
p. 273
58Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 391 fragmento
[72]leyes y políticas públicas que protegen a las mujeres víctimas se pueden destacar la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforma el Código Penal de Procedimiento Penal y la Ley 294 de 1996, y se dictan…
p. 39
59Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2015 · p. 3091 fragmento
[73]hasta el momento recepcionadas es bajo si se compara con los índices de desplazamiento y vacia- miento. En cuanto se microfocaliza el municipio y se concreta la res- titución de tierras, se recomienda al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), a la…
p. 309
60Cuatro crisis que marcaron a Colombia: Memorias del fraude bancario de 1982, el apagón de 1992, la debacle financiera de 1999 y las negociaciones con el ELN en 2018Juan Camilo Restrepo · 2022 · p. 1501 fragmento
[74]La política de restitución de tierras, que a mi entender es la pieza de mejor implementación en cuanto toca con las políticas agrarias que ha tenido el país hasta el momento, busca fundamentalmente facilitar la recuperación de las tierras de quienes han sido despojados a sangre y fuego en las últimas décadas o por la…
p. 150
61Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 3301 fragmento
[75]las reclamaciones en el Registro de tierras despojadas, y la tarea judicial, que termina con el fallo de los jueces de restitución de tierras. La ley 1448 previó que el estudio de las reclamaciones procediera gradualmente, según fuera la densidad de despojos, las condiciones de seguridad para el proceso y las…
p. 330
62¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 4861 fragmento
[76]actualizado, cuando otras entidades como el Incoder o la Unidad de Víctimas tratan de usarlo, por ejemplo, para 486 Paz territorial, de lo nacional a lo local asignación de baldíos o restitución de tierras a víctimas, encuentran que los datos no coinciden con la realidad, lo cual los obliga a repetir o hacer de cero…
p. 486
63La tierra en ColombiaEstanislao Zuleta, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) · 1973 · p. 1171 fragmento
[77]al pro pio tiempo que la demanda para su producción se encontraba asegurada ya que, tratándose de un pro ceso de industrialización por sustitución de impor taciones, contaba con una demanda tradicional insa tisfecha, acrecentada por el ascendente volumeñ de población que se incorporaba a las actividades ur banas. De…
p. 117
64Estado crítico de la propiedad colectivaDelgado Castaño, P. · 2018 · p. 19, 213 fragmentos
[78]se convirtieron en entidades adscritas al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a excepción de las oficinas de catastro de Bogotá, EBSCOhost: eBook Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:25:19 PM UTC via UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use. 33 en esta anualidad cuando…
p. 21
[79]se convirtieron en entidades adscritas al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a excepción de las oficinas de catastro de Bogotá, EBSCOhost: eBook Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:25:19 PM UTC via UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use. 33 en esta anualidad cuando…
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[80]general sobre la consolidación de la propiedad en Colombia desde una perspectiva legal, y aunque estas páginas no se dedicarán in extenso al análisis de la regulación catastral, es un tema que no puede pasar desapercibido para el objetivo de esta investigación, en la medida en que el catastro, entre muchas otras…
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65Caminos de guerra, utopías de paz (Colombia: 1948-2020)Gonzalo Sánchez Gómez · 2021 · p. 621 fragmento
[82]democráticas contenidas en la Constitución, especialmente las relacionadas con los procesos de descentralización económica y administrativa. 22 Continuando con el ejercicio comparativo de Marie Danielle Démelas, que excluye a Colombia dada su atipicidad, y en el ejercicio de caracterizar el contraejemplo, se podría…
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