Altillanura

La Altillanura

Al oriente del río Manacacías, entre el Meta que corre hacia el norte y el Vichada que baja hacia el Orinoco, se extiende una planicie de casi diez millones de hectáreas que la geografía colombiana llama Altillanura. No es la sabana inundable de Arauca y Casanare ni el piedemonte que trepa hacia la cordillera: es una mesa alta, plana y disectada, de suelos ácidos y horizontes rojizos, que durante siglos fue territorio indígena y ganadería extensiva, y que en las dos últimas décadas se convirtió en el laboratorio agroindustrial más ambicioso —y más disputado— de Colombia. Palma, soya, caucho y caña se plantan hoy sobre tierras que fueron primero sabana de achaguas y sikuanis, luego hato de vaqueros llaneros, después zona de colonización campesina, después corredor paramilitar, y finalmente activo de fondos de inversión con sede en Minneapolis y de petroleras registradas en Toronto. La Altillanura no se abrió: se reescribió por capas, cada una sobre la anterior, sin que ninguna borrara del todo a la precedente.

Un territorio con nombre técnico

La Altillanura tiene una definición geográfica precisa que conviene fijar antes de cualquier otra cosa. Es la franja de la Orinoquía colombiana comprendida entre los ríos Meta y Vichada, con topografía plana o levemente ondulada, temperatura media anual uniforme y régimen de lluvias que concentra en un período seco de dos a cinco meses la sequía que define la vegetación. A diferencia de las sabanas del norte del Meta —las de Arauca y Casanare, que se inundan masivamente entre abril y septiembre y dejan afuera del agua solo los bancos altos, muchos de ellos médanos depositados en los períodos glaciales secos del Pleistoceno—, las sabanas al sur del río Meta no sufren esas grandes inundaciones estacionales. Esa condición de tierras altas, sabaneras y no anegadizas dio origen al nombre y, con el tiempo, definió el destino económico de la región.

El corredor administrativo que hoy se identifica con la Altillanura comprende siete municipios: Puerto Gaitán, Puerto López y Mapiripán en el Meta, y Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo en el Vichada. El río Meta, con sus 1.000 kilómetros de recorrido, es navegable desde Puerto López y funciona como el principal eje fluvial de los Llanos Orientales. El Vichada nace en el mismo llano, corre unos 700 kilómetros —más de la mitad navegables— y desemboca en el Orinoco. Más al sur, el Guaviare, de unos 1.200 kilómetros, fue considerado desde tiempos coloniales una posible fuente del Orinoco. Entre esos ríos, la sabana se extiende con una monotonía visual engañosa: la vegetación herbácea es zonal —determinada por la humedad—, pero cada tipo de sabana responde a factores edáficos, hidrológicos e ígneos distintos, y la polémica clásica sobre si las sabanas de la Orinoquía son naturales o resultado de tala y quema antigua se resuelve, sin resolverse, admitiendo que hay muchas sabanas y que cada una tiene su propia historia.

Ese matiz importa porque durante décadas la Altillanura se describió como un ecosistema uniforme y pobre —"tierras marginales", "sabanas ácidas"— para justificar su reconversión industrial. La realidad es más compleja: son suelos oxisoles ácidos, saturados de aluminio y con baja fertilidad natural, pero son también un mosaico de bancos, bajos, morichales y bosques de galería donde cada tipo de suelo sostiene una comunidad vegetal distinta y una economía indígena distinta. Reducirla a "tierra que hay que corregir" fue, y sigue siendo, un gesto político.

Antes del hato: los pueblos de la sabana

Cuando los primeros españoles descendieron desde Tunja hacia los Llanos en el siglo XVI, la Altillanura y sus alrededores estaban habitados por una constelación de pueblos indígenas que hoy sobrevive, diezmada y reagrupada, en ochenta resguardos. Achaguas, sálibas, guahibos, sikuanis, piaroas, piapocos, kurripakos, masiguares y otros grupos coexistían entre los ríos Meta y Vichada con economías que combinaban horticultura, cacería, pesca y recolección. Los achaguas y los sálibas —agricultores más sedentarios, con religiones que reconocían dioses del monte, del agua y de la sabana— fueron los primeros disputados por los conquistadores. Los guahibos y los cuibas, más móviles, resistieron con el nomadismo hasta muy tarde: los cuibas mantuvieron esa forma de vida hasta hace pocas generaciones.

La primera ciudad española en los Llanos fue Santiago de las Atalayas, fundada en el siglo XVI por el capitán Pedro Daza tras descender desde Tunja. Detrás de los conquistadores llegaron los misioneros —agustinos y jesuitas, sobre todo en el Casanare— y los ganaderos, que arreaban ganado cimarrón hacia la cordillera para venderlo en las ciudades andinas. La disputa entre misioneros y colonos por el control de los pueblos achagua, sáliba y guahibo definió buena parte del período colonial: los primeros buscaban reducirlos en pueblos de misión y convertirlos al catolicismo; los segundos, incorporarlos como mano de obra al sistema de hato. En 1767, la expulsión de los jesuitas por las reformas borbónicas desmontó el brazo misional más organizado del llano y dejó el terreno a los ganaderos.

La violencia de esa colonización no fue solamente material. La religión sáliba, con su cosmovisión de dioses vinculados a los ecosistemas del llano, fue desplazada por la imposición del catolicismo, primero misional y después estatal. Los achaguas, hacia el siglo XIX, ya estaban diezmados: fueron absorbidos por la población mestiza llanera y por la propia guahiba, y sufrieron además agresiones directas de los guahibos, quienes en la segunda mitad de ese siglo expandieron su presencia hacia los bordes del río Meta y adoptaron una estrategia semisedentaria. En 1781, cuando estalló el movimiento comunero, un grupo de unos 1.500 indígenas montados a caballo —cuya identidad étnica como guahibos es incierta— engrosó las filas rebeldes en Támara, Pore, Morcote, Paya y Pisba al grito de "¡Viva el rey inca y muera el rey de España!". Es una de las pocas escenas en que las sabanas irrumpen, armadas y a caballo, en la historia política del país.

El hato y la invención del llanero

De ese cruce entre ganado cimarrón, mano de obra indígena y misión católica salió la institución que estructuró socialmente la Altillanura durante casi tres siglos: el hato. La fundación de San Martín y San Juan de los Llanos en el siglo XVI, y la apertura por parte de los jesuitas del camino sanjuanero que conectó esas poblaciones con lo que hoy es Villavicencio, impulsaron la ocupación ganadera de las sabanas naturales del Meta. El hato no era una hacienda cerrada al estilo andino: era una empresa extensiva, con ganado semisalvaje, escasa infraestructura y una división del trabajo característica compuesta por vegueros, vaqueros, caballiceros, mayordomos, caporales y sirvientes concertados.

Cada uno de esos cargos tenía un peso social propio. El vaquero era propietario de su caballo, su silla, su soga y sus implementos: los instrumentos de producción le pertenecían al trabajador, y eso le confería un estatus reconocido en la sociedad llanera. El caballicero, casi siempre un adolescente, se levantaba a las dos de la mañana para atender los caballos del hato y cumplía además la función de correo de la pampa. El caporal organizaba los rodeos, la marcación y la matanza del ganado. El mayordomo administraba el hato, vivía en él con su familia y cobraba salario mensual, aunque los demás miembros de su familia trabajaban gratis para el amo. En el fondo de la escala estaban los concertados, sujetos a formas de trabajo servil que la historiografía tarda en llamar por su nombre.

De esa estructura salió el llanero como figura mítica y como categoría laboral. La élite criolla y luego republicana lo construyó discursivamente como un tipo humano específico —hombre de a caballo, aguerrido, ligado a la sabana— valorado para el trabajo ganadero pero también asociado a la conflictividad y la guerra. Esa dualidad tenía una función práctica: la "llanerización" fue el mecanismo por el cual las élites locales sujetaron a los indígenas al sistema de hato, incorporándolos como mano de obra bajo una identidad supuestamente compartida que en realidad los subordinaba. El llanero era útil en la guerra —lo probaron las campañas de independencia— y útil en el trabajo, pero siempre marginal en la política. La fama que le dio La vorágine de José Eustasio Rivera, y antes las gestas de los ejércitos de Páez y Bolívar, no se tradujo nunca en poder territorial real para los propios llaneros.

Baldíos, bonos y comerciantes bogotanos

La república heredó del período colonial una idea peligrosa: la de que los Llanos, y en particular la Altillanura, eran territorios "vacíos" susceptibles de adjudicación. Esa ficción jurídica —que ignoraba a los pueblos indígenas y a los propios llaneros— fue el instrumento con que las élites urbanas del siglo XIX se apropiaron de enormes extensiones de sabana sin poner un pie en ellas.

Entre 1865 y 1899, diez comerciantes bogotanos —siete de los cuales figuraban entre los cuarenta propietarios de finca raíz más ricos de la capital— adquirieron cerca de 200.000 hectáreas de baldíos en Pandi, los llanos de San Martín y el Tolima Grande. El instrumento fue financiero, no colonizador: usaron bonos territoriales de deuda pública que se cotizaban a treinta centavos por hectárea, y vales de la Independencia que en Londres se compraban a 12 o 14 peniques por hectárea. Tierra barata, papel devaluado, escrituras inatacables. Hacia 1890, el Estado adjudicó en el sur del Meta, entre los ríos Ariari y Caguán, baldíos a la Hacienda Colombia —sucesora de la firma Montoya, Uribe y Lorenzana— a cambio de la construcción de una trocha. Esa fue la lógica del siglo XIX: el Estado no colonizaba, entregaba, y entregaba a quienes ya tenían capital.

La Ley 55 de 1905 formalizó el despojo de comunidades indígenas al adjudicar como "baldíos" territorios de posesión ancestral a terceros. Décadas después, la Ley Segunda de 1959 declaró vastas extensiones baldías como zonas de reserva forestal, medida que en teoría protegía los ecosistemas pero que en la práctica dejó a comunidades enteras en una situación jurídica precaria: seguían allí, pero sin título posible. La política de tierras colombiana estimulaba al mismo tiempo la inversión capitalista y la colonización campesina, y esa contradicción —dos programas superpuestos, uno para los ricos y otro para los pobres, sobre el mismo territorio— generó tensiones que estallaron con violencia a lo largo del siglo XX.

Colonización, Violencia y frontera

La Violencia de los años cincuenta desplazó cientos de miles de personas desde el interior andino hacia las fronteras del país. Muchas de esas familias, empujadas por la estrechez territorial y el miedo, bajaron por el piedemonte hacia los Llanos y de allí siguieron internándose en la Orinoquía y la Amazonía. La colonización campesina de la Altillanura no fue un movimiento planeado sino una acumulación de oleadas: guerrilleros liberales replegados, familias huyendo de la guerra bipartidista, colonos atraídos por la promesa —casi siempre falsa— de baldíos disponibles.

En esa frontera, los colonos chocaron con los indígenas que ya la habitaban. En octubre de 1978 hubo negociaciones en Cumaribo, en el Vichada, con mediación del ejército, para intentar resolver conflictos entre colonos y comunidades indígenas por el uso de la tierra. El dato es revelador: casi un siglo después de la primera oleada de adjudicaciones, la Altillanura seguía siendo un territorio en disputa activa, donde ni el Estado había impuesto un orden claro, ni los colonos habían logrado consolidar propiedad estable, ni los indígenas habían dejado de resistir.

La legislación sobre baldíos y adjudicaciones, casuística y oscura, contribuyó a esa indeterminación. La documentación acumulada entre 1830 y 1930 en la Correspondencia de Baldíos muestra un patrón: cada gobierno inventaba una modalidad nueva de adjudicación, cada modalidad generaba fraudes, cada fraude quedaba consolidado por el gobierno siguiente. La concentración de la tierra y la pobreza rural de la Altillanura contemporánea tienen sus raíces en esa acumulación de decisiones administrativas más que en un plan explícito.

El Bloque Centauros y la bisagra violenta

Si el siglo XIX legalizó el despojo con bonos, el final del siglo XX lo ejecutó con fusiles. Entre las décadas de 1990 y 2000, la Altillanura fue escenario de una de las expansiones paramilitares más sistemáticas del país. El Bloque Centauros de las AUC —comandado en su fase final por Miguel Arroyave— desplazó a miles de campesinos, tomó predios, ejecutó opositores y consolidó un modelo de despojo que la Comisión de la Verdad describió después como sofisticado: no bastaba con desalojar a los ocupantes, había que legalizar el desalojo. Testaferros, abogados, funcionarios corruptos del INCODER, jueces, registradores y notarios integraron una cadena institucional que convertía las hectáreas usurpadas en propiedad legal, lista para ser explotada.

El predio El Brasil, en la vereda La Cristalina de Puerto Gaitán, fue base de los grupos de Víctor Carranza y sirvió como lugar de tortura y asesinato; hacia 1999 los paramilitares forzaron el abandono de los campesinos de la zona. Las tierras despojadas se valorizaron después con la explotación petrolera y la llegada de la agroindustria de biocombustibles: palma aceitera, caña. Ese fue el negocio de fondo. Las AUC no despojaron por despojar: despojaron para acumular activos que, una vez legalizados, entrarían al mercado formal de tierras y podrían ser vendidos a inversionistas legítimos que no habían estado presentes en la violencia original pero se beneficiaron de ella.

El Bloque Centauros no fue, sin embargo, una máquina monolítica. Tras el asesinato de Arroyave en septiembre de 2004, se fracturó en tres facciones: los Leales a Arroyave —el Bloque Centauros formal, que desmovilizó 1.135 integrantes el 3 de septiembre de 2005 en Yopal—, el Frente Héroes del Llano y el Frente Héroes de Guaviare, que desmovilizaron 1.765 miembros el 11 de abril de 2006 en Puerto Lleras. Los actores endógenos y exógenos que conformaron el Bloque nunca llegaron a constituir un grupo consolidado: la desconfianza entre urabeños y criollos se extendió desde las comandancias hasta la tropa, y esa fractura interna, más que la presión estatal, precipitó su reconfiguración.

La desmovilización no cerró el ciclo. El ERPAC —Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia—, heredero directo del despliegue paramilitar en la región, mantuvo hacia 2010 un control territorial significativo en los Llanos, en defensa del statu quo del despojo. Alias Cuchillo, mando desmovilizado que rechazó reincorporarse plenamente, fue una de sus figuras centrales. La lección era incómoda: la paz negociada de 2005-2006 no había desmontado la estructura económica que sostenía el paramilitarismo, y esa estructura —tierras despojadas, cadenas de testaferros, capital acumulado— seguía operando bajo nombres nuevos.

Petróleo, palma y capital transnacional

Sobre ese sustrato de tierras "limpias" —limpias en el sentido jurídico de tener títulos, y en el sentido brutal de haber sido vaciadas de sus ocupantes originales— llegó, a partir de la primera década del siglo XXI, el capital transnacional. La Altillanura se convirtió simultáneamente en frontera petrolera y en frontera agroindustrial, y las dos dinámicas se reforzaron mutuamente.

El caso emblemático es el campo Rubiales, en Puerto Gaitán. En 2013, Pacific Rubiales adquirió los activos colombianos de Petrobank después de que los accionistas de esta última obtuvieran 150 millones de dólares en dividendos desde 2002. Las operaciones de Pacific Rubiales en Colombia superaron ese año a las de todas las demás empresas extranjeras, principalmente por sus pozos en el Meta, que produjeron casi la mitad del crudo colombiano en 2012. Puerto Gaitán —un municipio que hasta hacía diez años era conocido sobre todo por la ganadería y por la presencia paramilitar— pasó a ser el centro petrolero más productivo del país. A partir de 2007, el ejército de Estados Unidos concentró esfuerzos en "consolidar" el control estatal en el Meta, especialmente en La Macarena, con gasto significativo de SouthCom y USAID orientado a producir estabilidad y gobernanza. El adjetivo importa: no se trataba de reparar el despojo sino de asegurar el entorno operativo para las inversiones que ya estaban entrando.

En paralelo, la agroindustria empezó a comprar en escala. Cargill, mediante su fondo Black River, creó 40 sociedades por acciones simplificadas —SAS, la figura jurídica más flexible del derecho societario colombiano— y adquirió 43 parcelas de tierra en Vichada que sumaban 61.000 hectáreas. La operación, denunciada después como un mecanismo para eludir los topes legales a la acumulación de baldíos originales, mostraba en su desnudez el modo en que la nueva frontera se levantaba: no con machete y colono, sino con notaría y estructura societaria. La legislación colombiana, al obligar a fomentar oleaginosas como materia prima para biocombustibles diésel, había creado el estímulo; las locomotoras del agro, la minería y la infraestructura anunciadas por el Gobierno nacional —y los ajustes a la Unidad Agrícola Familiar y a las zonas de desarrollo empresarial que las acompañaron— hicieron el resto.

El resultado, hacia mediados de la década de 2010, era paradójico. La Altillanura albergaba simultáneamente doce pueblos indígenas distribuidos en ochenta resguardos, con sus asociaciones de autoridades tradicionales; comunidades campesinas sobrevivientes de sucesivas oleadas de colonización y desplazamiento; empresarios petroleros, palmeros, cañeros y ganaderos; grupos armados posparamilitares como el ERPAC; y fondos de inversión con sede en Norteamérica que compraban tierras a través de arquitecturas jurídicas diseñadas para no dejar rastro. Todos en el mismo territorio. Ninguno reconociéndose plenamente al otro.

Carimagua y el pulso por el modelo

El pulso por definir qué es la Altillanura y para quién es tuvo un episodio revelador en el proyecto Carimagua. Carimagua es una estación experimental agropecuaria en el municipio de Puerto Gaitán, en tierras del Estado. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se propuso adjudicar esos terrenos —originalmente destinados a víctimas del desplazamiento— a empresarios agroindustriales, con el argumento de que solo el capital privado podía volver productivas las sabanas ácidas. La propuesta desató una controversia nacional que obligó al gobierno a retroceder, pero el debate dejó al descubierto la lógica de fondo: la Altillanura se concebía desde Bogotá como un activo subutilizado que había que "poner a producir", y los sujetos capaces de esa producción no eran los indígenas, ni los campesinos, ni los llaneros, sino las corporaciones.

Ese modelo tiene una genealogía intelectual que se remonta al gobierno de Alfonso López Michelsen en los años setenta, cuando se empezó a hablar del "Costa Rica colombiano" —una fantasía tropical de desarrollo agroindustrial en las tierras bajas del oriente— y se profundizó en las administraciones sucesivas. Juan Manuel Santos, con las locomotoras y con la promoción de las Zidres —Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social—, articuló un marco jurídico específico para consolidar la agricultura empresarial en la Altillanura. La lógica era clara: donde la tierra es baldía o incierta en su titulación, donde los campesinos y los indígenas no tienen fuerza suficiente para defender sus territorios, y donde el capital sí tiene músculo financiero y respaldo institucional, el Estado facilita la entrada del capital. Jorge Enrique Botero, entre otros periodistas, documentó cómo esa política se articulaba con el legado del paramilitarismo: no era necesario nombrarlo, bastaba con partir del mapa que había dejado.

Bonanzas seriales y ausencia acumulada

La historia económica de la Altillanura es la de una sucesión de bonanzas seriales: quinas, cauchos, pieles, maderas finas, ganado extensivo, petróleo, coca, palma aceitera, caña. Cada una vino con su promesa de desarrollo, cada una dejó tras de sí una capa de infraestructura precaria, población flotante y tejido social fragmentado. Los caseríos de la región crecieron y se despoblaron al ritmo de esas oleadas. Puerto Gaitán, Puerto López, Cumaribo: sus poblaciones oscilaron dramáticamente según la economía dominante en cada década, sin que ninguna bonanza dejara instituciones duraderas.

Esa lógica de enclave —extractiva, intensiva, orientada al mercado externo y desvinculada del desarrollo local— explica una paradoja de la Altillanura contemporánea: es una región con inversiones millonarias, con producción petrolera que sostiene buena parte de la balanza comercial colombiana, con agroindustria de exportación, y a la vez con indicadores sociales que la ubican entre las zonas más rezagadas del país. Los beneficios fluyen hacia afuera —hacia Bogotá, hacia Toronto, hacia Minneapolis— y los costos —ambientales, sociales, culturales— se quedan.

El corredor Meta-Vichada ha sido además utilizado por economías ilícitas: narcotráfico, tráfico de armas, cobro de impuestos a empresarios y transportadores. Esas economías coexisten con las legales en el mismo territorio, sin fronteras nítidas. En ochenta resguardos indígenas y con doce pueblos originarios que han consolidado sus propias formas organizativas —asociaciones de autoridades tradicionales, consejos comunitarios—, la disputa por el sentido y el uso del territorio se libra hoy en varios frentes simultáneos: en las notarías, en los juzgados, en las mesas de consulta previa, en las carreteras que atraviesan la sabana, en los caños donde se caza y se pesca cada vez menos.

Memoria y disputa

Nombrar la Altillanura hoy es entrar en un campo cargado. Para las corporaciones y para buena parte del Estado, es la última frontera agrícola de Colombia, la esperanza de una agricultura moderna capaz de competir en los mercados globales. Para las comunidades indígenas y campesinas, es un territorio ancestral y trabajado que fue sistemáticamente vaciado para ser entregado a otros. Para los historiadores y periodistas, es un caso de estudio del modo en que el capitalismo tardío se articula con la violencia paramilitar y con la debilidad institucional del Estado colombiano.

Las cifras del despojo dan una idea del tamaño del problema. Entre 1997 y 2010 se calcularon 8,5 millones de hectáreas despojadas en Colombia; entre 1980 y 2010, 6,5 millones según cálculos académicos independientes; el Gobierno nacional reconoció 6,65 millones y se comprometió a restituir cerca de 2,5 millones. Una parte significativa de esas hectáreas está en los Llanos Orientales, y una porción concreta en la Altillanura. La restitución, cuando ha avanzado, ha chocado con la estructura jurídica levantada durante los años del paramilitarismo: predios que pasaron por varias manos, sociedades por acciones simplificadas que fragmentaron la propiedad, testaferros que ya no aparecen, funcionarios que firmaron sin ver.

El palimpsesto sigue creciendo. Sobre la sabana de los achaguas se levantó el hato del vaquero, sobre el hato la finca del colono, sobre la finca del colono la base paramilitar, sobre la base paramilitar el pozo petrolero, sobre el pozo la plantación de palma, sobre la plantación la SAS que reporta a un fondo en Minneapolis. Cada capa borró parcialmente a la anterior sin llegar a eliminarla del todo: hay guahibos en resguardos que colindan con cultivos industriales, hay vaqueros que ahora son operarios, hay veredas que fueron desplazadas hace veinte años y cuyos habitantes todavía litigan por volver.

Lo que la Altillanura enseña, más que cualquier tesis general sobre la historia agraria colombiana, es que la frontera nunca se cerró. Sigue abierta, sigue disputada, sigue reproduciendo con instrumentos nuevos las lógicas viejas del despojo. La novedad del siglo XXI no fue la violencia —eso ya estaba— ni la concentración de tierras —eso también—, sino la sofisticación jurídica y financiera con que el capital transnacional se apropió de lo que el paramilitarismo había desalojado. Cargill no necesitó disparar un tiro. Solo necesitó llegar después, con abogados, y firmar donde otros habían firmado antes con sangre.

Esa continuidad es la memoria que la Altillanura obliga a construir. No la del héroe ni la del hito, sino la de un territorio que se ha ido reescribiendo en cada generación sobre las mismas ausencias: la del Estado que nunca llegó del todo, la de los pueblos indígenas que resistieron sin ser oídos, la de los campesinos que colonizaron sin recibir títulos, la de los llaneros que trabajaron sin acumular. Sobre esas ausencias se ha construido, con orden y con cálculo, la última frontera del capital agroindustrial colombiano. Y sobre ella, sin ruido pero sin descanso, se seguirá disputando lo que queda.