Capital transnacional

El capital transnacional en Colombia

El capital transnacional no llegó a Colombia con la apertura económica de 1990. Llevaba aquí, por lo menos, desde que la United Fruit Company convirtió la zona bananera del Magdalena en un enclave con ferrocarril propio, comisariatos que pagaban en vales y once kilómetros de plantación a cada lado de la vía. Lo que ocurrió entre 1990 y 2002 —bajo los gobiernos de César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana Arango, y culminado por Álvaro Uribe Vélez— fue otra cosa: una reconfiguración jurídico-institucional que reformateó las condiciones de su expansión. La desregulación laboral abarató la fuerza de trabajo, la Constitución de 1991 otorgó autonomía al Banco de la República y la apertura arancelaria abrió la economía a una nueva escala de inversión extranjera. Esa reconfiguración coincidió —y en varios sectores se entrelazó— con el escalamiento paramilitar más severo de la historia colombiana. Entre 1986 y 2006 fueron asesinados más de 2.500 sindicalistas y desposeídas o abandonadas cerca de 8,3 millones de hectáreas. Entender el capital transnacional en Colombia exige, por tanto, sostener a la vez la larga duración del enclave y la especificidad del giro neoliberal: una constante estructural que la década del noventa amplió geográficamente y reencuadró jurídicamente.

La forma del enclave: 1900-1930

La primera oleada masiva de capital extranjero coincidió con lo que la historiografía llamó la Danza de los Millones. Los años veinte combinaron un aumento sostenido de las exportaciones cafeteras con un fuerte influjo de créditos estadounidenses, canalizados hacia ferrocarriles, cables aéreos, servicios urbanos de energía eléctrica, teléfono, alcantarillado y edificios públicos. Fue en ese contexto que se consolidaron los dos enclaves fundacionales del capitalismo extractivo colombiano: el bananero, en el Magdalena, y el petrolero, en el Magdalena Medio.

La United Fruit Company organizó su operación alrededor de Santa Marta con una lógica de control total. Dominaba el ferrocarril, el transporte marítimo, la exportación y extensas tierras entre Ciénaga y Fundación, aunque parte de la producción provenía de cultivadores colombianos vinculados a la compañía como contratistas indirectos. Las cifras de crecimiento son elocuentes: de 275.000 racimos exportados en 1900 a 6,5 millones en 1915 y 10,3 millones en 1929, año en que Colombia se ubicó como tercer abastecedor mundial de banano y el producto alcanzó el 7% de las exportaciones nacionales. En 1928, la compañía obtenía una ganancia del 100% por cada racimo, empleaba unos 30.000 trabajadores y pagaba mediante vales canjeables solo en sus propios comisariatos.

Ese modelo produjo la huelga bananera de noviembre-diciembre de 1928. Los trabajadores exigían salarios en dinero en vez de vales, servicios médicos, mejoras habitacionales y la abolición de los contratos indirectos que fragmentaban su condición jurídica. La huelga terminó en la masacre de Ciénaga, en diciembre de ese año, cuando el Ejército disparó contra los huelguistas concentrados en la plaza. Aquel episodio inauguró en Colombia un patrón que se repetiría durante casi un siglo: la eliminación física de la organización obrera en enclaves controlados por capital extranjero, con concurso —activo u omisivo— de la fuerza pública.

El petróleo siguió una trayectoria paralela. Las concesiones De Mares, sobre Barrancabermeja, y Barco, sobre el Catatumbo, fueron declaradas caducas y luego traspasadas a la Tropical Oil Company y a la Compañía Colombiana de Petróleos, esta última controlada por accionistas norteamericanos que cedieron sus derechos a la Colombian Petroleum Company de Delaware. El presidente José Vicente Concha aprobó el traspaso de la concesión De Mares a Tropical Oil en un contexto en que la política petrolera estaba condicionada por el interés colombiano en firmar el tratado con Estados Unidos sobre el canal de Panamá. Ese entrelazamiento entre concesiones extractivas y política exterior sería una constante.

En Barrancabermeja, la Unión Obrera —después Unión Sindical Obrera, USO— se fundó en 1923 con participación del Partido Socialista Revolucionario. Las huelgas petroleras de 1924 y 1927 y la bananera de 1928 compartieron pliegos casi idénticos: salarios atrasados, vivienda, salud, abolición del pago en vales. Los enclaves habían generado, en menos de dos décadas, una clase obrera consciente de que sus contrapartes no eran patrones locales sino corporaciones extranjeras, y de que el conflicto laboral en Colombia tenía, desde el origen, una dimensión de soberanía.

La Danza de los Millones se cortó abruptamente. Los intereses norteamericanos suspendieron los créditos internacionales a Colombia antes del crack de 1929, en parte como reacción a los intentos del gobierno de Miguel Abadía Méndez de controlar las explotaciones petroleras. La lección quedó grabada en la memoria política del país: la financiación externa podía apagarse como respuesta a decisiones soberanas sobre el subsuelo.

Del régimen de concesiones al contrato de asociación: 1969-1983

Durante décadas, el debate sobre el petróleo giró en torno a un dilema técnico y político: cómo capturar más renta pública sin ahuyentar la inversión que Colombia no podía sustituir con capital propio. La Ley 20 de 1969 marcó el primer intento serio. Pretendió abolir la propiedad privada del subsuelo como sistema de contratación petrolera, respetando los derechos ya adquiridos sobre yacimientos descubiertos, y sentó las condiciones para entregar a Ecopetrol —creada en 1951 con la reversión de la concesión De Mares— zonas para exploración y explotación directa o bajo un nuevo esquema.

En 1974 se dio el paso decisivo: se abolió el sistema de concesiones y se orientaron todas las nuevas contrataciones petroleras hacia el sistema de asociación. Bajo ese modelo, la empresa extranjera asumía los costos de exploración y, si encontraba crudo, Ecopetrol entraba a participar en la extracción con derecho al 50% de las rentas. Era, en la práctica, un compromiso: el Estado colombiano no renunciaba a la inversión foránea, pero exigía asociarse a ella. El país había pasado, además, a ser importador neto de petróleo, condición que arrastraría durante más de una década.

La transformación llegó desde Arauca. En julio de 1983, Occidental Petroleum descubrió petróleo en Caño Limón tras una inversión de 70 millones de dólares; en noviembre se confirmaron reservas de hasta mil millones de barriles, uno de los hallazgos más importantes en el mundo en los quince años anteriores. La producción comenzó hacia finales de 1985 o inicios de 1986, tras la construcción en tiempo récord —dos años— del oleoducto Caño Limón-Coveñas de 800 kilómetros. Colombia dejó de ser importador y volvió a exportar en 1986. La producción nacional se duplicó, de aproximadamente 265.000 a 480.000 barriles diarios, y el petróleo pasó del 3% de las exportaciones en 1980 al 25% en 1989.

Caño Limón no era solo un descubrimiento geológico. Era una infraestructura crítica que atravesaba territorios de presencia guerrillera consolidada, en particular del ELN en Arauca y el Norte de Santander, y de las FARC en el piedemonte llanero. La coincidencia entre la nueva escala de la renta petrolera y la geografía del conflicto armado definiría las dos décadas siguientes.

La reconfiguración de los noventa: apertura, Constitución y ley

El gobierno de César Gaviria Trujillo, con Rudolf Hommes como ministro de Hacienda, impulsó desde 1990 el paquete que se conoció como Apertura Económica: privatizaciones y liquidación de empresas estatales, apertura del sistema de salud y pensiones al capital privado, reducción del sistema proteccionista de aranceles y flexibilización del mercado laboral. Fue una versión colombiana de las reformas que en esos mismos años atravesaban América Latina, con las particularidades del momento: la Asamblea Nacional Constituyente sesionaba en paralelo, y el país acababa de salir del quinquenio más violento del narcotráfico contra el Estado.

La Constitución de 1991 aportó dos piezas centrales al andamiaje neoliberal, aunque contuviera también un extenso catálogo de derechos sociales y una vocación garantista que jugaría contra ese mismo andamiaje. Por un lado, reformó el Banco de la República otorgándole autonomía e independencia, con el objetivo explícito de disminuir la inflación y preservar el poder adquisitivo de la moneda —la Corte Constitucional precisaría después que esa independencia no era absoluta, pues el Banco debía considerar también los efectos sobre empleo y crecimiento—. Por otro, estableció un marco general de garantías a la inversión que, sumado a las reformas legales del período, favoreció un crecimiento aproximado del 55% en la inversión extranjera directa entre 1992 y 1997.

La paradoja jurídica del proceso constituyente merece nombrarse. La Asamblea fue convocada mediante decretos de Estado de Sitio —uno bajo el gobierno de Virgilio Barco Vargas y otro bajo Gaviria— amparados en el decreto 1038 de 1984, y fue sometida a revisión de la Corte Suprema de Justicia, que terminó avalándola pese a la oposición del procurador general. Una constitución democrática nacida de un instrumento de excepción: el gesto fundacional del nuevo régimen jurídico se hizo con las herramientas del viejo.

La Ley 50 de 1990, aprobada aún antes de la Constitución, materializó la desregulación laboral. Aumentó la flexibilidad en la contratación y el despido, aunque introdujo también algunos avances —ampliación de derechos de maternidad y vacaciones— que suelen omitirse en las lecturas más rígidas. En conjunto, la reforma modificó la relación de fuerzas: abarató la fuerza de trabajo formal, empujó la informalización y debilitó estructuralmente al sindicalismo justo en el momento en que el paramilitarismo entraba en su fase de expansión nacional.

El costo social de la apertura fue más nítido en el campo. El PIB agropecuario creció apenas 2,52% entre 1990 y 1994 frente al 4,26% del PIB general, y llegó a caer al -2,0% en 1992. La importación masiva de trigo, cebada y otros productos afectó gravemente a productores campesinos —especialmente en la cordillera nariñense—, que quedaron sin mercado para sus cultivos y con deudas bancarias impagables. Ese colapso agrícola tuvo una consecuencia territorial de fondo: contribuyó al crecimiento de los cultivos ilícitos de coca al dejar a franjas enteras del campesinado sin alternativa económica legal, y propició su migración hacia Caquetá y Putumayo, regiones que en la década siguiente serían el epicentro de la guerra.

La reducción de controles de capital, además, aceleró la entrada y salida de dinero líquido. La desregulación sobre inversiones de portafolio generó un aumento de flujos de corto plazo que en otros países latinoamericanos derivó en crisis bancarias severas durante la década. Colombia atravesó su propia versión al final del período, con la crisis financiera y de vivienda de finales de los noventa.

La geografía del capital y la geografía de la guerra

Entre 1992 y 1997, la inversión extranjera directa se diversificó respecto a los años ochenta, cuando petróleo y minería concentraban más del 80% del total. Pero los sectores extractivos y agroindustriales siguieron siendo los ejes de la penetración territorial: Occidental y BP en los llanos petroleros, Drummond y las operadoras del Cerrejón en el Cesar y La Guajira, Chiquita Brands —heredera directa de la United Fruit tras su fusión con AMK Corporation en 1970 y su rebautizo en 1990— en el Urabá antioqueño y chocoano, y una constelación de palmicultores que desde 1998 se instalaron en el Bajo Atrato con apoyo del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Este mapa importa porque coincide, casi milimétricamente, con la expansión paramilitar de la segunda mitad de los noventa. El fenómeno de despojo que había arrancado en Urabá, sur de Córdoba y Magdalena Medio se extendió hacia los Montes de María, el corredor minero del Cesar, las zonas bananeras del Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta. La violencia fue funcional a la transferencia de tierras: existe una correlación documentada entre masacres, desplazamiento forzado y saltos inexplicables en el recaudo del impuesto predial —indicador de movimientos excepcionales en los registros de propiedad—, especialmente en la región Caribe, donde la informalidad en la tenencia agravaba la vulnerabilidad de las comunidades campesinas.

En el Bajo Atrato, la industria de la palma de aceite se introdujo en los territorios colectivos de Curvaradó, Jiguamiandó y Pedeguita y Mancilla desde 1998, respaldada por el Bloque Elmer Cárdenas, comandado por Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán. Entre 2002 y 2006, el control territorial de ese bloque en el Urabá-Chocó estuvo directamente asociado a la consolidación de agronegocios de palma, banano y plátano, ganadería extensiva, explotación maderera y concesiones mineras. Maderas del Darién S.A. aportó al Bloque entre veinte y treinta millones de pesos desde el año 2000, además de permitirle utilizar las frecuencias de sus antenas repetidoras. Comunidades campesinas y afrodescendientes fueron forzadas a vender predios o descubrieron que sus tierras habían sido transferidas mediante compraventas irregulares. En el Pacífico nariñense, la titulación colectiva de comunidades negras se dio en medio de conflictos territoriales que afectaron el proceso mismo de posicionamiento de sus nociones de territorio.

Chiquita Brands: la continuidad del enclave

Ningún caso ilustra mejor la larga duración del capital transnacional en Colombia que el de la sucesora de la United Fruit. La compañía se instaló en Urabá en la década de 1960 bajo el nombre Compañía Frutera de Sevilla, y su filial colombiana Banadex realizó pagos a grupos guerrilleros —al menos a las FARC— entre 1989 y 1997, y posteriormente a las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 2004. Los pagos a las AUC se canalizaron inicialmente a través de la llamada Casa Castaño —la estructura de mando de Carlos Castaño Gil y su hermano Vicente—, luego mediante la Convivir Papagayo, que entre 1998 y junio de 2003 recibió 7.036.793.917 pesos, y finalmente a través de una cuenta del Banco Ganadero de la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada.

En 2007, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó a Chiquita ante una corte federal de Washington. La empresa confesó su alianza con las AUC entre 1997 y 2004 —organización clasificada como terrorista por el gobierno estadounidense desde 2001— y fue declarada culpable. En Colombia, en cambio, Chiquita no ha recibido ninguna sanción administrativa o judicial firme, aunque la Fiscalía adelantó investigaciones contra exdirectivos por financiamiento a grupos paramilitares.

El argumento central de las demandas civiles contra Chiquita presentadas en Estados Unidos es analíticamente decisivo: los pagos no fueron extorsiones sino pagos voluntarios a cambio de seguridad y de lo que las demandas llamaron un "ambiente laboral favorable". Ese ambiente se entendía como la restricción práctica de libertades básicas de asociación, expresión y negociación colectiva mediante intimidación de sindicalistas y la expulsión o asesinato de líderes sindicales, hechos que habrían beneficiado a la multinacional. Es la formulación jurídica más precisa que se ha logrado del vínculo estructural entre acumulación transnacional y violencia antisindical en Colombia.

La Comisión de la Verdad, en su informe final, documentó que Chiquita estuvo vinculada con la financiación de grupos guerrilleros y paramilitares en Urabá al menos desde 1989 hasta 2004. La línea que va de la masacre de Ciénaga en 1928 a los pagos de la Convivir Papagayo en 2003, pasando por la fusión de la United Fruit con AMK en 1970 y su rebautizo como Chiquita en 1990, dibuja un patrón que resiste tanto la lectura que reduce todo al momento neoliberal como la que lo diluye en la larga duración: una constante que la apertura de los noventa amplió geográficamente y radicalizó en sus formas de violencia.

Petróleo, carbón y contratos de seguridad

En el sector energético, la articulación entre capital transnacional y actores armados adoptó formas paralelas pero distintivas. Drummond Company Inc., la carbonífera de Alabama que opera la mina La Loma en el Cesar y un puerto de embarque en el Magdalena, fue señalada por presuntamente financiar al Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las AUC al menos entre 1996 y 2001. El excontratista Jaime Blanco Maya declaró ante una corte federal de Alabama haber pagado cerca de 900.000 dólares a las AUC entre 1997 y mediados de 2001. Blanco sostuvo que quienes planearon el asesinato de los líderes sindicales de Sintraminenergética —Valmore Locarno y Víctor Orcasita— fueron Adkins y Jairo de Jesús Charris, empleado de la minera y de las AUC, y que haber eliminado a esos sindicalistas "benefició indirectamente a la multinacional" porque en el departamento de seguridad de Drummond se creía que los sindicalistas tenían vínculos con las FARC.

En el Putumayo, empresas petroleras firmaron con unidades de la fuerza pública convenios de cooperación o colaboración —contratos de seguridad, en el lenguaje corriente— con unidades sindicadas de graves violaciones a los derechos humanos y de alianzas comprobadas con grupos paramilitares. La lógica se replicaba: el Estado subcontrataba con la fuerza pública la protección de infraestructura crítica de propiedad transnacional, en zonas donde esa misma fuerza pública operaba en tándem con estructuras paramilitares.

El Bloque Central Bolívar, por su parte, ejerció control sobre la asignación de contratos y empleos en empresas contratistas vinculadas a Ecopetrol, utilizando ese mecanismo para colocar personas que realizaban labores de inteligencia o encubrían acciones criminales. Conviene una distinción precisa: no está documentado que las contratistas conocieran explícitamente el origen paramilitar del mecanismo, ni que el arreglo funcionara como una bolsa de empleo formalmente estructurada. Pero el hecho de que un bloque paramilitar controlara efectivamente la puerta de entrada al empleo en contratos de la petrolera estatal revela hasta qué punto el andamiaje del capital energético estaba capturado, en el terreno, por actores armados ilegales.

Las multinacionales de seguridad privada, que crecieron exponencialmente en el período, reclutaban preferentemente a oficiales militares retirados, cuya experiencia previa y relaciones personales con los altos mandos del Ejército les permitían ocupar posiciones privilegiadas. Ese circuito de personal entre fuerza pública, seguridad privada y estructuras irregulares operaba, en la práctica, como el sistema nervioso de la protección extractiva.

La violencia antisindical como sistema

Los números condensan lo que las historias particulares desarrollan. Entre 1986 y 2006, más de 2.500 sindicalistas fueron asesinados en Colombia. En el año 2000, de 140 sindicalistas víctimas de asesinato o desaparición forzada en el mundo, Colombia registraba 76 —además de 676 amenazas, 13 intentos de asesinato, 22 secuestros, 28 exilios forzosos y 418 detenciones, principalmente en contextos de represión a huelgas—. En 2001 y 2002 los picos fueron extremos: 125 sindicalistas asesinados en los primeros diez meses de 2001 y 146 en los mismos meses de 2002.

Colombia se consolidó, durante casi dos décadas, como el país más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical. Esa condición no era un accidente ni un efecto lateral de un conflicto que ocurría al margen. Era, en sectores concretos —bananero, carbonífero, palmicultor, petrolero—, un componente estructural de la forma en que operaba el capital transnacional: el "ambiente laboral favorable" que las demandas contra Chiquita definirían con precisión jurídica.

La USO fue uno de los blancos permanentes. Sus dirigentes fueron sometidos a procesos ante la Justicia Sin Rostro; la Procuraduría comprobó la clonación de testigos y sancionó a los funcionarios responsables. El abogado Eduardo Umaña Mendoza, defensor de los sindicalistas, logró desmontar acusaciones en varios de esos procesos antes de ser asesinado en 1998. En el sector eléctrico, Edulfo Zambrano, presidente del sindicato, fue asesinado el 27 de octubre de 1997, y Adán Alberto Pacheco, fiscal de Sintraelecol, el 2 de mayo de 2005; este último figuraba en listas proporcionadas por el DAS al Bloque Norte de las AUC.

Plan Colombia: la protección internacional del capital

En 2002, el gobierno de Estados Unidos solicitó a su Congreso un suplemento adicional de cerca de 100 millones de dólares específicamente para la seguridad del oleoducto Caño Limón-Coveñas, motivado en parte por las pérdidas que los ataques al oleoducto generaban a empresas estadounidenses con inversiones en el sector. Esa cifra —una línea presupuestal explícita para proteger infraestructura petrolera de una compañía privada extranjera— es la formulación más nítida de la política que se materializó en el Plan Colombia.

El plan fue concebido por Andrés Pastrana hacia junio de 1998 como una iniciativa que combinaba componentes sociales, económicos y de paz dentro de su Plan de Desarrollo, con énfasis en cooperación internacional, sustitución de cultivos y proceso de paz. Con la acogida del presidente Bill Clinton en diciembre de 1998 y la posterior aprobación de ayuda estadounidense, el plan fue adquiriendo un perfil predominantemente militar y contrainsurgente, coordinado por el Comando Sur. Bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ese perfil se profundizó: la política de Seguridad Democrática continuó recibiendo ayuda para la modernización de las Fuerzas Armadas y la lucha antinarcóticos, e incluyó un componente específico de protección de infraestructura petrolera que benefició directamente a las empresas del sector.

La respuesta institucional al narcotráfico bajo el Plan Colombia tuvo éxito principalmente en los centros urbanos. En las zonas rurales de cultivo y transformación —las mismas hacia donde había migrado el campesinado desplazado por la apertura agrícola de los noventa— el Estado no logró imponerse. La pugna territorial entre narcotráfico, guerrilla y paramilitares derivó en masacres y desplazamiento forzado a escala masiva. Los actores económicos aprovecharon o soportaron esa pugna según su posición: algunos, como las palmicultoras del Bajo Atrato o Chiquita en Urabá, se beneficiaron de la reconfiguración territorial que la violencia produjo; otros, como los campesinos cocaleros del Putumayo, fueron su cara desechable.

Desde al menos la administración de Misael Pastrana Borrero en los años setenta puede trazarse un patrón continuo en el que Estados Unidos presionaba sus políticas antidrogas y los sucesivos gobiernos colombianos intentaban satisfacerlas, con desacuerdos ocasionales. El Plan Colombia fue la fase más intensa de esa dinámica, y su rasgo definitorio fue haber articulado, en un mismo instrumento, la lucha antinarcóticos, la contrainsurgencia y la protección de intereses económicos transnacionales.

El post-acuerdo y las deudas abiertas

La Ley de Justicia y Paz de 2005, marco jurídico de la desmovilización paramilitar, generó un rendimiento inesperado en materia de responsabilidad empresarial. Las versiones libres de los jefes paramilitares produjeron casi 30.000 compulsas de copias que ordenaron investigar a terceros; entre los investigados figuran actores de los sectores ganadero, agroindustrial —banano y palma—, extractivo —carbón y petróleo—, además de dirigentes políticos y funcionarios. Actores económicos aparecen referenciados en sentencias de restitución de tierras y de Justicia y Paz en relación con presuntas violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, incluyendo financiación e instigación de grupos armados.

Los resultados judiciales han sido lentos y parciales. Chiquita fue sancionada en Estados Unidos, no en Colombia. Drummond enfrenta demandas civiles en cortes estadounidenses y ha sido declarada responsable en algunas instancias; en Colombia, las investigaciones avanzan sin sentencias condenatorias firmes contra la empresa. Los aportes empresariales al paramilitarismo —ya como inversión en seguridad, ya bajo extorsión— quedaron documentados por la Comisión de la Verdad, pero la traducción de ese hallazgo en responsabilidad jurídica sigue siendo una asignatura pendiente del sistema colombiano.

La Ley de Víctimas de 2011 contempló, entre sus instrumentos, la figura del contrato de transacción en el marco del programa de reparaciones administrativas —mecanismo que las organizaciones de víctimas identificaron como un obstáculo potencial para el ejercicio pleno del derecho a la justicia—. La tensión entre reparación y justicia, entre reconocimiento y sanción, atraviesa todo el diseño transicional colombiano; en el caso de los actores empresariales, esa tensión se agudiza porque la responsabilidad económica desborda el marco de la responsabilidad individual con el que la Ley de Justicia y Paz fue concebida.

Balance de una relación estructural

El capital transnacional operó en Colombia, durante todo el siglo XX y las dos primeras décadas del XXI, como una condición estructural que amplificó el conflicto sin ser su causa única ni su director. La apertura jurídica de los noventa creó incentivos para la expansión extractiva y agroindustrial en territorios disputados, y en esos territorios algunas empresas transnacionales financiaron actores paramilitares —documentadamente, no solo por extorsión sino como inversión en un "ambiente laboral favorable"—. Pero el paramilitarismo tenía bases autónomas en el narcotráfico y en alianzas políticas nacionales que exceden la demanda empresarial de seguridad: el Bloque Central Bolívar, la Casa Castaño, el Bloque Norte y el Bloque Elmer Cárdenas fueron aparatos con lógicas propias, no meros instrumentos del capital foráneo.

La continuidad histórica del enclave —de la United Fruit de 1928 a Chiquita de 2004, del petróleo de Barrancabermeja a Caño Limón, de las huelgas del veintitantos a los asesinatos de Sintraminenergética— sugiere, con todo, que el patrón de violencia antisindical y territorial no es un efecto lateral de la apertura neoliberal sino una constante estructural del capitalismo extractivo en Colombia, que la reconfiguración jurídica de los noventa actualizó, amplió geográficamente y dotó de nuevos instrumentos legales. La Constitución de 1991, en esa lectura, no fue la que introdujo el capital transnacional al país: fue la que le dio un marco jurídico modernizado —autonomía del Banco de la República, garantías a la inversión, apertura arancelaria— en el momento exacto en que ese capital estaba a punto de encontrarse, en el terreno, con el escalamiento paramilitar más severo de la historia colombiana.

Esa coincidencia temporal no fue una fatalidad ni un plan. Fue el resultado de decisiones tomadas en Bogotá, en Wall Street, en Houston y en las oficinas del Comando Sur, articuladas con dinámicas locales de despojo, narcotráfico y guerra irregular que ninguno de esos actores controlaba por completo pero de las que todos, en distinta medida, se beneficiaron. Entender el capital transnacional en Colombia es entender esa articulación: ni un fantasma foráneo que llegó con Gaviria, ni un actor omnipotente que dirigió la guerra desde afuera, sino una relación histórica de largo aliento que se reformateó entre 1990 y 2002 y que dejó, como saldo, ocho millones de hectáreas cambiadas de manos, más de dos mil quinientos sindicalistas asesinados y una asignatura de responsabilidad empresarial que la justicia colombiana apenas empieza a abrir.