Titulación colectiva

La titulación colectiva es la figura jurídica por la cual el Estado colombiano reconoce a comunidades étnicas la propiedad comunitaria, inalienable, inembargable e imprescriptible sobre territorios que habitan según sus prácticas tradicionales de producción. Aunque sus raíces se hunden en los resguardos indígenas coloniales, su formulación moderna cristalizó entre 1991 y 1993, cuando la nueva Constitución y la Ley 70 abrieron por primera vez ese régimen a las comunidades negras del Pacífico. En apenas doce años —entre la sanción de la ley y 2005—, el país tituló más de cinco millones de hectáreas a comunidades afrocolombianas, un resultado sin parangón en América Latina. La conquista, sin embargo, se produjo en el mismo momento en que el conflicto armado y las economías extractivas escalaban sobre esos mismos territorios, y su historia no puede contarse sin esa simultaneidad: el título llegó como escudo, pero se levantó bajo fuego.

Qué es y por qué pesa

En su núcleo, la titulación colectiva desmonta el supuesto liberal clásico de que la propiedad plena es individual y transable. Reconoce, en cambio, que ciertos grupos —indígenas primero, negros después— sostienen con la tierra un vínculo cultural, productivo y ancestral que no se agota en la lógica del mercado. Por eso los territorios adjudicados no se pueden vender, no admiten hipoteca ni embargo, no prescriben por abandono ni por ocupación de terceros y no son expropiables por el Estado en los términos ordinarios.

Ese régimen, aplicado a las comunidades negras del Pacífico, hizo de Colombia un caso pionero. Mientras Brasil bloqueaba mayoritariamente el reconocimiento de títulos colectivos afrodescendientes, el Estado colombiano —forzado por una movilización étnica sostenida desde los años ochenta— produjo un marco jurídico robusto y un aparato administrativo para expedir títulos a escala. La titulación colectiva se convirtió, en la práctica, en la forma más ambiciosa de reforma agraria étnica del país: no redistribuyó latifundios, pero sustrajo del régimen de mercado enormes extensiones de selva húmeda tropical, poniéndolas bajo gobierno comunitario.

Pesa, entonces, en tres planos. Jurídicamente, redefinió qué puede ser propiedad en Colombia y quién puede serlo. Políticamente, consolidó a las comunidades negras como sujeto étnico de derechos, no solo como colectivo racial discriminado. Territorialmente, dibujó de nuevo el mapa del Pacífico y de zonas del Caribe y el Atrato, oponiendo a la lógica de la frontera extractiva la lógica del consejo comunitario. Que ese dibujo haya resistido —o no— la violencia paramilitar, la palma de aceite y la minería es la otra mitad de la historia.

Los resguardos como matriz

Antes de que existiera la titulación colectiva afrocolombiana existió, durante casi cuatro siglos, el resguardo indígena. La figura, establecida sobre todo entre 1595 y 1642 en el Nuevo Reino de Granada, organizaba a las comunidades indígenas dentro de un territorio de posesión comunitaria, aunque en la práctica los indígenas solo gozaban del usufructo de las parcelas que cultivaban. Las ventas, incluso con consentimiento del común, fueron prohibidas en el siglo XVII: la tierra del resguardo pertenecía a un cuerpo colectivo que precedía y sobrevivía a sus miembros.

Esa matriz institucional legó a la titulación colectiva del siglo XX dos rasgos que hoy parecen obvios: la titularidad grupal y la inalienabilidad. Pero legó también una tensión estructural que atraviesa todo el siglo XIX y buena parte del XX: la del reconocimiento formal desbordado por la desposesión real. Desde el siglo XVIII se intensificó el ataque contra los resguardos —reducción de extensiones, venta de "sobrantes", traslado de comunidades a tierras más pobres, disolución pura y simple—, y el pensamiento liberal republicano temprano los vio como obstáculo al desarrollo manufacturero y agrícola, por limitar la libre disposición de la tierra y la movilidad del trabajo indígena.

El siglo XIX republicano perfeccionó los mecanismos de liquidación. Uno de los más eficaces consistió en declarar que un resguardo carecía de titulación notarial y, por tanto, sus tierras eran baldías y sus habitantes simples ocupantes o colonos: un artificio jurídico que despojaba mediante el archivo. El proceso se prolongó hasta bien entrado el siglo XX. El resguardo de Anganoy, en Nariño, fue extinguido apenas en 1948, con hondas consecuencias sobre la estructura del minifundio nariñense que Orlando Fals Borda y otros investigadores documentaron.

Solo en la región suroccidental los resguardos mantuvieron mayor continuidad. Allí, la Ley 89 de 1890, sancionada el 25 de noviembre por el presidente encargado Carlos Holguín en pleno auge de la Regeneración, permitió que numerosos resguardos —sobre todo los del Cauca— sobrevivieran, y sirvió después, ya en el siglo XX, para defender derechos indígenas sobre tierras invadidas también en la Costa. Esa ley, pensada en un lenguaje decimonónico paternalista, terminó siendo, paradójicamente, uno de los cimientos sobre los que el movimiento indígena caucano —del que Manuel Quintín Lame es figura fundadora— construiría su lucha durante la primera mitad del siglo XX.

La lección de esa historia larga es la que heredarán, sin saberlo del todo, los redactores del Artículo Transitorio 55 y de la Ley 70: la propiedad colectiva puede constitucionalizarse con las mejores garantías, pero su vigencia real depende de una correlación de fuerzas que la letra por sí sola no resuelve.

La ACIA, el Atrato y la invención de una etnicidad

La titulación colectiva afrocolombiana no nació de un decreto: nació de un proceso organizativo que arrancó a fines de los años setenta y se consolidó en el medio Atrato durante los ochenta. Los primeros núcleos de reafirmación étnica y denuncia de la discriminación aparecieron en los setenta en grupos de estudiantes e intelectuales negros en Bogotá, Medellín y Cali, con figuras como Juan de Dios Mosquera que articularon un pensamiento negro colombiano en diálogo con los movimientos afroamericanos y africanos. Pero fue en el Chocó, y no en las ciudades, donde ese discurso se volvió estrategia territorial.

En 1982 se fundó la Asociación Campesina Integral del Atrato, la ACIA, como parte del proceso de concientización y formación emprendido por la Diócesis de Quibdó a lo largo del río. La presencia católica progresista —heredera de la teología de la liberación— facilitó una infraestructura de reuniones, cartillas y encuentros de cuenca que fue tejiendo, río abajo y río arriba, una identidad común entre campesinos negros que hasta entonces se pensaban antes como pobladores del Atrato o del San Juan que como miembros de un grupo étnico. La ACIA fue, más que una organización, un laboratorio: allí se ensayó la traducción del modelo indígena —identidad, tierra, cultura— al mundo afrocampesino del Pacífico.

Ese giro tuvo un costo teórico y una ganancia política. El costo fue desplazar la denuncia racial —la lucha contra la discriminación como eje— hacia la reivindicación del derecho a la diferencia cultural. La ganancia fue enorme: al presentarse como grupo étnico, y no solo como comunidad discriminada, las organizaciones negras podían reclamar el mismo trípode de derechos que el movimiento indígena había venido consolidando desde los setenta con el CRIC caucano y otras experiencias. La negridad se etnizaba, y en ese movimiento adquiría potencia jurídica.

En paralelo, en Buenaventura, se formaban los núcleos que darían origen al Proceso de Comunidades Negras. Allí la genealogía fue distinta: confluyeron organizaciones juveniles, populares y culturales —el CEPAC entre ellas— con la militancia de izquierda de líderes fundadores como Carlos Rosero y Libia Grueso. El discurso preconstituyente, estimulado por ONG y por el debate abierto hacia 1990, encaminó estos núcleos hacia una posición política étnica negra que se articularía luego con la del Atrato para presionar dentro y fuera de la Asamblea Nacional Constituyente.

1991: la conquista dentro de la Constituyente

La Asamblea Nacional Constituyente reunida en 1991 no incluyó de forma automática a las comunidades negras entre los sujetos del nuevo pacto multicultural. Los constituyentes indígenas —Lorenzo Muelas, en representación de las autoridades indígenas del Cauca, y Francisco Rojas Birry por la OEBSCO— tenían silla propia y una plataforma consolidada. Las comunidades negras, en cambio, entraron al debate desde afuera, presionando a través de aliados, movilizaciones y trabajo de incidencia.

La resistencia fue transversal. Para Libia Grueso, la izquierda, los conservadores y los liberales compartían reticencias a incluir a las comunidades negras en el pacto étnico, argumentando que un reconocimiento especial podría generar conflictos interétnicos en un país ya desgarrado por la guerra. El argumento se disfrazaba de prudencia, pero encubría una operación más profunda: mientras a los indígenas se les reconocía sin gran discusión como pueblos con territorio, cultura y organización propias, a los negros se les seguía viendo como parte del mestizaje nacional, no como grupo étnico. Los afrocolombianos, en otras palabras, tuvieron que demostrar su aptitud para el multiculturalismo antes de que el multiculturalismo les fuera concedido.

El resultado de esa presión fue el Artículo Transitorio 55, incluido casi en la recta final del proceso constituyente. Su fórmula era, en apariencia, modesta: mandaba al Congreso expedir, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la Constitución, una ley que reconociera a las comunidades negras que venían ocupando tierras baldías en zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que esa misma ley demarcaría.

La modestia era, en realidad, un límite. El artículo circunscribía a los beneficiarios en términos geográficos —Pacífico, zonas ribereñas, ocupación de baldíos— y dejaba fuera al vasto mundo negro urbano, a los diseminados del interior, a las comunidades del Caribe y del Patía, a los raizales de San Andrés y Providencia. Los comisionados representantes de las comunidades que después participarían en la elaboración de la ley reglamentaria lo sabían, y desde el primer momento trabajaron para ampliar el alcance del transitorio 55 más allá de su literalidad geográfica.

Ley 70 de 1993: el andamiaje

La Ley 70 se sancionó en agosto de 1993, cumpliendo apenas dentro del plazo constitucional. Sus 68 artículos, distribuidos en 8 capítulos, articulan dos gramáticas superpuestas. Los primeros cinco capítulos —el núcleo territorial— desarrollan la delimitación, constitución y manejo de los territorios colectivos del Pacífico. Los tres restantes abordan derechos, identidad cultural, participación y desarrollo económico y social de las comunidades negras en un registro más general y nacional.

Ese diseño refleja la victoria parcial de los comisionados: consiguieron que la ley reconociera el derecho a la propiedad colectiva no solo a las comunidades ribereñas de la Cuenca del Pacífico, sino también a aquellas que, en otras zonas del país, tuvieran prácticas tradicionales de producción y ocuparan baldíos rurales ribereños. La ventana quedó entreabierta hacia el Caribe, el Patía, el Magdalena Medio.

El régimen jurídico que la ley y sus desarrollos consolidan es estricto. La propiedad colectiva se define como inalienable —no se vende—, inembargable —no se grava— e imprescriptible —no la ganan terceros por ocupación—. La ocupación de territorios colectivos por personas ajenas al grupo étnico se presume de mala fe, lo que reduce sus posibilidades de reclamar mejoras o adjudicación. Cada territorio debe organizarse a través de un consejo comunitario, autoridad administrativa que reúne a los pobladores en un área delimitada y ejerce funciones de representación, manejo y control territorial según sus prácticas culturales y formas de producción.

El Decreto 1745 de 1995 reglamentó los requisitos y procedimientos para la titulación colectiva. Fijó los pasos —conformación del consejo, elaboración de censo poblacional, descripción del territorio, presentación al INCORA, visita técnica, resolución de adjudicación— y aterrizó lo que hasta entonces era declaración de principios en un procedimiento burocrático capaz de expedir títulos a escala. A esa arquitectura interna se sumó la protección internacional: el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, cobija a las comunidades afrocolombianas bajo la categoría de grupo tribal, y la Ley 70 y la Ley 99 —ambas de 1993— reconocen expresamente los derechos allí consagrados, incluyendo la consulta previa. Cuando se trata de grandes proyectos de inversión o explotación de recursos naturales en territorios étnicos, la consulta debe ser previa, culturalmente adecuada y buscar el consentimiento libre, informado y previo según las costumbres de las comunidades.

Sobre el papel, entonces, la titulación colectiva ofrecía protección jurídica de primer orden: derecho real inalienable, autoridad interna reconocida, protección internacional, obligación estatal de consulta. Sobre el papel.

El terreno: 1993-2005

El despliegue de los títulos empezó con parsimonia y aceleró rápidamente. Los primeros años se dedicaron a difundir la ley entre comunidades que muchas veces no la conocían, a organizar consejos comunitarios en cuencas donde antes no existían y a formar los cuadros técnicos capaces de acompañar los trámites. El PCN —con base urbana en Buenaventura— y las organizaciones del Chocó lideradas por la COCOMACIA (heredera y ampliación de la ACIA) desempeñaron papeles diferenciados pero convergentes.

La Tercera Convención Nacional de Comunidades Negras, celebrada en Puerto Tejada en septiembre de 1993 con más de trescientos activistas, acordó como meta la consolidación de un movimiento social afrocolombiano de alcance nacional. Pero el propio despliegue de la Ley 70 empezó a fragmentar esa aspiración. La ley multiplicó las instancias de participación y titulación, dando vida a decenas de organizaciones en zonas donde antes no existían procesos organizativos. Algunas —sobre todo del Chocó— se apartaron de los intentos de coordinación nacional, reticentes a ceder autonomía a grupos urbanos con menor representatividad de base. La conquista abría, por su propio éxito, nuevas fracturas.

La estrategia de COCOMACIA fue pionera. En lugar de aceptar pasivamente el molde jurídico de la "propiedad colectiva" pensado por el legislador, articuló el territorio por cuencas hidrográficas y parentelas, convirtiendo la movilidad y la territorialidad afro —el ir y venir por el río, la conexión entre troncos familiares dispersos— en una potencialidad política frente al Estado. El resultado fue un mapa donde los títulos no seguían la lógica del predio individual acumulado, sino la del sistema fluvial que había estructurado la vida negra del Atrato durante siglos.

La financiación externa aceleró el proceso. A mediados de los noventa, el Banco Mundial —a través de su Programa de Manejo de Recursos Naturales— y otras instituciones internacionales aportaron 65 millones de dólares en préstamos para el registro y la titulación de comunidades "minoritarias" en la costa Pacífica. Ese financiamiento benefició a 497 comunidades negras y contribuyó a la titulación de 2,36 millones de hectáreas. El BID sumó su propio programa de titulación de tierras. La articulación entre agencia étnica, marco constitucional y capital financiero internacional produjo una velocidad de titulación impensable para los procesos indígenas coloniales o republicanos: para 2005, Colombia había otorgado 149 títulos colectivos que cubrían más de cinco millones de hectáreas.

Los hitos concretos jalonan esa curva. El 26 de abril de 1999 se reconocieron 103.024 hectáreas al Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, en el Bajo Atrato chocoano. Ese mismo año, en el Pacífico sur, se otorgó el primer título de la región al Consejo Comunitario Veredas Unidas Un Bien Común, en los municipios de Tumaco y Mosquera, cuenca del río Guandipa. En 2000, el INCORA expidió los títulos de Curvaradó, con 46.048 hectáreas, y de Jiguamiandó, con 54.973 hectáreas, ambos también en el Bajo Atrato. Los nombres —Cacarica, Curvaradó, Jiguamiandó— entrarían muy pronto en el léxico del país por razones opuestas a la celebración.

La guerra sobre los títulos

La misma década que produjo la titulación produjo el escalamiento paramilitar en el Pacífico y el Bajo Atrato. Los dos procesos no fueron paralelos: se cruzaron, se anticiparon el uno al otro y, en algunos episodios documentados, se coordinaron entre actores estatales y armados ilegales.

Ricardina Perea, lideresa fundadora de Acamuri e impulsadora de la Ley 70 en la cuenca del río Truandó, fue asesinada por las FARC en 1996, antes del gran desplazamiento paramilitar del año siguiente. Ese asesinato temprano indica que la violencia sobre líderes territoriales precedió, acompañó y sobrevivió a la titulación, y que no provino de un solo actor armado. Desde 1996, además, se registran restricciones al paso de alimentos en la cuenca del Cacarica y homicidios de líderes comunitarios que preludian el desastre.

Entre el 24 y el 27 de febrero de 1997, la Brigada XVII del Ejército, con sede en Urabá, ejecutó la Operación Génesis sobre las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó. En paralelo —y, según la sentencia posterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en coordinación— operaron estructuras paramilitares del Bloque Chocó y el grupo Pedro Ponte, en lo que se conoce como Operación Cacarica. El resultado fue el desplazamiento de aproximadamente 4.000 afrocolombianos, 85 torturados y otros desaparecidos, sin que hubiera combate con guerrilla dentro de las comunidades afectadas. Se trataba, precisamente, de territorios en proceso de titulación colectiva.

En Curvaradó y Jiguamiandó la secuencia fue aún más elocuente. Desde 1997 —tres años antes de que el INCORA expidiera los títulos colectivos— el comandante paramilitar Rodrigo Zapata Sierra, alias 'Ricardo', se instaló en esas cuencas comprando tierras con pleno conocimiento de que estaban sometidas a trámite de adjudicación de territorios colectivos. El paramilitar sabía lo que el Estado iba a otorgar y compraba precisamente para dislocar ese otorgamiento. La titulación llegó en 2000 al mismo tiempo que llegó, sobre el terreno, la palma de aceite: agroindustria que se sembró sobre territorios colectivos con títulos de propiedad privada superpuestos.

El proceso judicial de reversión tardó años. Solo a comienzos de 2005 el INCODER reconoció formalmente los vicios de legalidad de los cultivos de palma sobre los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, iniciando el deslinde de 238 títulos de propiedad privada sobre baldíos superpuestos a los territorios y logrando la restitución jurídica de 29.343 hectáreas. En junio de ese mismo año, la Defensoría del Pueblo emitió la Resolución Defensorial No. 39, denunciando la violación de derechos humanos por la siembra de palma africana en ambos territorios.

El costo humano acompañó todo el proceso. El asesinato de la hermana Yolanda Cerón, religiosa de la Compañía de María y lideresa nariñense de la defensa territorial afrocolombiana, en 2001 en Tumaco, mostró que la represalia contra el liderazgo étnico era sistémica y no accidental. Los líderes comunitarios lo formularían con nitidez en años posteriores: la expansión del conflicto sobre las regiones de presencia histórica afrocolombiana buscaba revertir los logros de la Constitución de 1991.

Las comunidades respondieron desde su propio repertorio. Tras el desplazamiento de 1997, las del Cacarica retornaron y se organizaron en Zonas Humanitarias —Nueva Esperanza en Dios y Nueva Vida—, declarando neutralidad frente a todos los actores armados, incluyendo la fuerza pública. Era una forma de decir que el título, para servir, exigía inventar además figuras propias de protección que la ley por sí sola no proveía.

La red

Ningún hilo de esta historia se sostiene solo. La titulación colectiva se tejió en una red densa de personas, lugares e ideas que conviene nombrar con precisión.

Del lado del movimiento negro, las figuras centrales fueron Juan de Dios Mosquera desde Bogotá y el movimiento Cimarrón, y en el Pacífico Carlos Rosero, Libia Grueso, Zulia Mena —líder chocoana y luego representante a la Cámara— y los cuadros de la ACIA y del PCN. Del lado indígena, Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry en la Constituyente abrieron el marco al que luego se conectó la reivindicación negra. Piedad Córdoba, senadora liberal chocoana, acompañó desde la política electoral la incidencia legislativa de la Ley 70. Orlando Fals Borda —constituyente él mismo, sociólogo del despojo y de la resistencia campesina— proveyó buena parte del andamiaje conceptual desde el cual pensar la propiedad colectiva como continuidad y ruptura respecto a los resguardos.

Los lugares organizan geográficamente la historia. El Atrato medio como cuna organizativa; Quibdó como sede diocesana y capital simbólica; Buenaventura como núcleo urbano del PCN; el Bajo Atrato —Cacarica, Curvaradó, Jiguamiandó— como escenario del desplazamiento y la palma; Tumaco, Barbacoas y el río Guandipa como frente del Pacífico sur; el Urabá antioqueño y chocoano como zona de expansión paramilitar; el Cauca como fortín indígena histórico bajo la Ley 89 de 1890; Nariño como región donde los resguardos sobrevivieron hasta el siglo XX, con Anganoy como caso emblemático de extinción en 1948; la Sierra Nevada de Santa Marta y la Amazonía —con el Predio Putumayo indígena— como territorios donde la titulación étnica adoptó formas paralelas.

Las ideas son la trama menos visible pero más determinante. El trípode identidad-tierra-cultura heredado del movimiento indígena; la noción de propiedad colectiva como continuidad institucional del resguardo; la etnización como estrategia política antes que como esencia natural; la consulta previa como derecho procedimental derivado del Convenio 169; el multiculturalismo como marco estatal ambiguo que reconoce diferencias sin necesariamente redistribuir poder. Todas esas ideas circularon —discutidas, adoptadas, resistidas— entre las cuencas del Atrato, los foros de la Constituyente y los pasillos ministeriales durante toda la década decisiva.

Balance y huella

Tres décadas después del Artículo Transitorio 55, el balance de la titulación colectiva admite lecturas simultáneas que no se anulan.

En positivo, los números son elocuentes. Para 2005, cinco millones de hectáreas tituladas en 149 títulos colectivos. Colombia produjo, en apenas doce años, un régimen de propiedad étnica que Brasil no ha logrado consolidar hasta hoy. La titulación colectiva sustrajo del régimen ordinario de mercado enormes extensiones de bosque húmedo tropical y las puso bajo gobierno comunitario, con efectos —difíciles de cuantificar pero reales— sobre la conservación biogeográfica y sobre la agencia política afrocolombiana. La categoría de "comunidades negras" como sujeto étnico de derechos entró al léxico constitucional y al imaginario nacional, corrigiendo la vieja invisibilidad del mestizaje republicano.

En negativo, las brechas persisten. La Ley 70, a más de dos décadas de su sanción, no ha sido reglamentada en su totalidad: capítulos enteros sobre desarrollo económico, participación e identidad cultural quedaron sin reglamento. Amplias zonas del país donde también viven troncos familiares afrocolombianos —el Urabá agroindustrial, el piedemonte caucano, el Putumayo cocalero, tramos del Caribe— quedaron fuera del alcance práctico de la titulación colectiva porque la concentración de la propiedad, la posesión individual y el control agroindustrial sobre áreas productivas hicieron imposible su aplicación. Allí, donde antes hubo poblaciones negras, hoy hay banano, caña, palma de aceite, ecoturismo. En San Andrés, Providencia y Cartagena, la titulación colectiva no logró frenar la urbanización turística ni la desposesión de raizales. Y la superposición con otras figuras jurídicas —los parques naturales, por ejemplo— reveló sus límites: en el Parque Nacional Natural Sanquianga, la figura de área protegida opera por encima de los derechos otorgados por la Ley 70, imposibilitando la legalización de territorios para las comunidades que los habitan.

Pero el saldo más difícil de asimilar es el de la simultaneidad entre titulación y despojo. Que el Estado haya reconocido derechos con una mano mientras, en el mismo territorio y en la misma década, permitía —o participaba de— operaciones militares que desplazaban a las comunidades beneficiarias no es un accidente historiográfico: es la estructura del proceso. La titulación colectiva definió el campo de disputa sin resolverlo. Dio a las comunidades un instrumento jurídico —el título— y una figura organizativa —el consejo comunitario— para pelear por sus territorios, pero no les dio, ni podía darles, protección efectiva frente a la violencia armada y la expansión agroindustrial que operaban en paralelo.

Esa insuficiencia no invalida la conquista; la sitúa en su verdadera escala. La titulación colectiva del 91-93 fue una victoria de agencia étnica contra la resistencia transversal del sistema político —liberales, conservadores e izquierda incluidos—, financiada en parte por instituciones internacionales que encontraron en ella un mecanismo funcional a sus propios programas de gobernanza de recursos naturales, y ejecutada sobre un terreno donde el Estado carecía de voluntad, capacidad o interés para hacerla valer contra actores más poderosos. Es, a la vez, conquista real, marco jurídico pionero y escudo frágil.

La huella de largo plazo está por escribirse. Los consejos comunitarios siguen operando, muchas veces bajo amenaza, muchas veces con más autonomía real de la que el Estado central les reconoce. La consulta previa, aunque desnaturalizada en su aplicación cotidiana, es hoy un derecho firme en la jurisprudencia constitucional. El censo de 2005 reveló un aumento significativo de la autoidentificación étnica —los indígenas pasaron del 1,6 al 3,4 por ciento del total nacional— que fue leído como signo de la eficacia identitaria del modelo multicultural, aun cuando Peter Wade y Elisabeth Cunin advirtieron que el giro del mestizaje al multiculturalismo produjo más ambigüedad que ruptura en la marcación de la diferencia racial. El Acuerdo de Paz de 2016 incluyó un capítulo étnico que explícitamente retoma la Ley 70 como marco. Las comunidades siguen litigando, siguen retornando, siguen enterrando líderes.

La titulación colectiva quedó, así, como una de esas instituciones colombianas que son a la vez conquista y herida abierta: prueba de que la Constitución del 91 abrió un espacio real de reconocimiento, y prueba de que ese espacio no basta cuando la guerra y la economía operan en dirección contraria. Los resguardos coloniales sobrevivieron cuatro siglos a la desposesión sin ser abolidos por ella; los territorios colectivos afrocolombianos apenas cumplen tres décadas. Cuál será su curso —si el título terminará siendo garantía o simplemente cartografía de lo perdido— es una pregunta que ni la ley ni la Constituyente pudieron responder. Se responde, cuenca por cuenca, cada año.