Carlos Rosero

La semblanza

En un movimiento social donde los liderazgos suelen personalizarse en figuras de gran visibilidad, Rosero ha ocupado un lugar distinto: el del estratega y articulador conceptual. Habla en nombre del PCN en primera persona del plural, remite las decisiones a procesos colectivos y evita la retórica del caudillo. Esa reticencia no es cosmética. Corresponde a una convicción de fondo: el sujeto político legítimo de la lucha afrocolombiana son las comunidades organizadas en sus territorios, no los intelectuales urbanos que interpretan sus reclamos. De esa premisa se derivan tanto sus aportes como sus tensiones con otras corrientes del movimiento negro colombiano.

Su gravitación se explica por tres razones simultáneas. Fue uno de los protagonistas del giro estratégico que, en la coyuntura constituyente de 1990-1991, desplazó el eje del discurso afrocolombiano desde el antirracismo urbano heredado de los años sesenta y setenta hacia una plataforma centrada en el territorio, la identidad cultural y el derecho al desarrollo propio. Ese giro se cristalizó en herramientas jurídicas —el Artículo Transitorio 55 y la Ley 70 de 1993— que aún hoy constituyen la columna vertebral del reconocimiento estatal a las comunidades negras. Y, en el ciclo largo del conflicto armado que siguió, sostuvo una lectura sobre la relación entre guerra, megaproyectos y despojo territorial que se volvió referencia obligada en el análisis del impacto diferencial de la violencia sobre los pueblos afrocolombianos.

Los orígenes: Buenaventura, el Pacífico y la ruptura de los años ochenta

La trayectoria de Rosero se inscribe en un movimiento organizativo cuya cuna fue Buenaventura y cuyo tejido se formó por la confluencia de tres corrientes: los colectivos juveniles y estudiantiles afrocolombianos, los procesos comunitarios de base y los sectores urbanos de militancia política de izquierda. En el puerto vallecaucano, círculos de estudio como el Centro de Pastoral Afrocolombiana (CEPAC), el Círculo de Estudios Afrocolombianos Soweto y el colectivo Cimarrón —asociado a la figura de Juan de Dios Mosquera— constituyeron los primeros espacios de formación política de una generación que, hacia el final de los años ochenta, comenzaría a pensarse ya no como parte de una lucha antirracista general, sino como pueblo con derechos específicos.

La ciudad no era un escenario neutral. Buenaventura arrastraba una tradición organizativa que enlazaba con figuras como monseñor Gerardo Valencia Cano, obispo del Vicariato Apostólico que, junto al líder comunitario Manuel Bedoya, había impulsado las primeras organizaciones de pescadores del puerto. Ese sustrato pastoral y popular convivía con la militancia de izquierda en la que varios de los futuros fundadores del PCN se formaron políticamente antes de virar hacia un marco étnico-territorial. La coexistencia de esas dos genealogías —la eclesial y comunitaria, y la de la izquierda organizada— dio al proceso una particular densidad: los cuadros que emergieron sabían tanto de trabajo de base con comunidades ribereñas como de análisis político estructural.

El desplazamiento decisivo ocurrió hacia mediados de los años ochenta. Un sector de activistas con formación universitaria y origen rural rompió con la lucha urbana por la igualdad racial —el paradigma dominante hasta entonces— para volcarse a las luchas territoriales de sus comunidades de origen, amenazadas por la expansión de actores capitalistas sobre las selvas y ríos del Pacífico. El giro no fue teórico. Respondía a un hecho material: la titulación de baldíos, la extracción maderera, la minería y los primeros proyectos agroindustriales de gran escala comenzaban a presionar sobre territorios que las comunidades negras habían habitado durante siglos sin títulos formales. Defenderlos exigía un lenguaje jurídico y político que la reivindicación antirracista clásica no proporcionaba.

Rosero forma parte de esa generación bisagra. Su itinerario intelectual y organizativo se despliega en esa transición: del activismo urbano de igualdad racial hacia una política de reconocimiento territorial anclada en el Pacífico. Esa doble pertenencia —urbana en la formación, rural y ribereña en el compromiso— explica su capacidad posterior para traducir entre mundos: el de las comunidades de base, el de las ONG y la academia, y el del Estado y sus mesas de negociación.

La trayectoria: constituyente, Ley 70 y consolidación del PCN

Entre 1990 y 1991, el proceso de reforma constitucional abrió una ventana política que las organizaciones afrocolombianas convirtieron en oportunidad. Estimuladas por algunas ONG y por una discusión preconstituyente que empezó a plantear el papel de la población negra en la nueva Carta, los núcleos de trabajo juvenil y comunitario del Pacífico se encaminaron hacia un discurso político étnico. Rosero, junto con otros dirigentes, participó en una decisión estratégica que él mismo explicaría más tarde, en junio de 2006, con una claridad poco frecuente en la retórica del movimiento: el discurso del racismo y la discriminación racial —el del movimiento negro previo, el de los sesenta y setenta— seguía siendo válido; pero, en la coyuntura constituyente, se optó por priorizar el reconocimiento de derechos específicos en torno a tres ejes: territorio, identidad y desarrollo.

La distinción no era menor. Reclamar la igualdad implicaba pedir integración a la sociedad mayor; reclamar el reconocimiento étnico implicaba exigir la especificidad, con territorios propios, formas culturales protegidas y proyectos de desarrollo definidos desde adentro. El Estado colombiano de comienzos de los noventa, en transición hacia un marco constitucional multicultural, resultaba más permeable al segundo lenguaje que al primero. Rosero y los suyos leyeron esa oportunidad y actuaron sobre ella.

El resultado inmediato fue el Artículo Transitorio 55 de la Constitución de 1991, que ordenó al Congreso expedir, dentro de los dos años siguientes, una ley que reconociera a las comunidades negras que ocupaban tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico el derecho a la propiedad colectiva sobre esos territorios. Aquel artículo transitorio fue el primer reconocimiento jurídico explícito de la población afrocolombiana en la historia constitucional del país. No cayó del cielo: fue arrancado mediante una movilización sostenida de espacios intelectuales, políticos negros y académicos, en un cabildeo que combinó presencia en Bogotá, articulación con delegados constituyentes y trabajo comunitario en el Pacífico.

El período 1991-1993 fue el de la traducción del artículo transitorio en ley. En septiembre de 1993, en la Tercera Convención Nacional de Comunidades Negras celebrada en Puerto Tejada, más de trescientos activistas venidos de todo el país acordaron una meta que hasta entonces no tenía cuerpo organizativo: consolidar un movimiento social de comunidades negras de alcance nacional, capaz de asumir la reconstrucción y afirmación de la identidad cultural negra. De esa convención emergió, con perfil consolidado, el Proceso de Comunidades Negras. Rosero se contaría entre sus articuladores principales, junto a figuras como Libia Grueso.

En agosto de ese mismo año, el Congreso aprobó la Ley 70 de 1993, conocida como Ley de las Comunidades Negras. La norma, con ocho capítulos y sesenta y ocho artículos, hizo dos cosas simultáneas. Los primeros cinco capítulos regularon la delimitación, constitución y manejo de los territorios colectivos en el Pacífico; los tres restantes abordaron derechos, identidad cultural y desarrollo económico y social de las comunidades negras en términos más generales. La ley cargó al Estado con la obligación de apoyar la identidad cultural de las comunidades y de reformar los currículos educativos para incluir historia y cultura afrocolombianas. Aunque su núcleo territorial se concentró en la cuenca del Pacífico, sus disposiciones más generales han sido invocadas también por comunidades del Caribe.

La autoría de la Ley 70 fue —y sigue siendo— disputada. Quienes conocen de cerca el proceso reconocen a la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) del Chocó como el proceso organizativo pionero, que sirvió de piloto para su elaboración. Otros actores reivindican distintos grados de participación. El PCN, del que Rosero era una de las voces, se movió con habilidad entre esas paternidades múltiples: menos interesado en clavar una bandera de autoría que en asegurar que la ley encarnara un marco político —territorio, identidad, desarrollo propio— que le sobreviviera.

El Decreto 1745 de 1995 reglamentó los procedimientos para la titulación colectiva y estableció que las comunidades debían constituir consejos comunitarios como autoridad administrativa de sus territorios. Ese instrumento, aparentemente técnico, tuvo consecuencias estructurales: creó una figura de autoridad étnica territorial reconocida por el Estado y obligó a las comunidades a organizarse en clave formalizada. Rosero y el PCN dedicaron años, en la segunda mitad de los noventa, a acompañar procesos de titulación, participar en la recién conformada Comisión Consultiva de Alto Nivel y difundir los contenidos de la ley en el Pacífico y más allá.

Ese acompañamiento no fue una actividad de escritorio. Uno de los casos emblemáticos es el de la Asociación Campesina del Patía Grande (ACAPA), que, con el apoyo de la hermana Yolanda Cerón de la Pastoral Afro, logró la titulación colectiva de 95.000 hectáreas en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro y Mosquera, en el Pacífico nariñense. La titulación no era el fin: era el comienzo. Como Rosero advertiría con creciente insistencia a partir de comienzos de la década siguiente, los procesos de reconocimiento territorial coincidieron con la irrupción del conflicto armado en regiones antes marginales al gran teatro de la guerra, y ese cruce se volvió trágico.

La red: comunidades, aliados y adversarios

El proyecto político de Rosero se sostiene sobre un tejido de relaciones que atraviesa el Pacífico, la capital y los circuitos intelectuales internacionales. En el interior del PCN, su nombre suele aparecer asociado al de Libia Grueso, con quien ha compartido durante décadas la doble tarea de la elaboración conceptual y la representación política. En el mapa más amplio del movimiento afrocolombiano, su generación convive con otras trayectorias que trazan a veces rutas paralelas y a veces divergentes: Zulia Mena, dirigente chocoana que llegaría al Congreso; Piedad Córdoba, política de proyección nacional; Juan de Dios Mosquera, figura histórica del movimiento Cimarrón y del discurso antirracista; Manuel Zapata Olivella, intelectual y escritor que había sembrado, décadas antes, la reflexión sobre la africanía colombiana. Con esas figuras Rosero comparte una causa común y, a veces, divergencias sobre el énfasis correcto: si el eje debe ser la lucha contra el racismo estructural o la defensa del territorio étnico. Más recientemente, Francia Márquez —cuya trayectoria emerge desde el norte del Cauca— ha encarnado una síntesis generacional de esas dos vertientes, aunque su ascenso pertenece a un ciclo posterior al del núcleo fundacional del PCN.

Fuera del movimiento, la red se ha extendido hacia sectores de la Iglesia católica —particularmente la Pastoral Afrocolombiana, cuya presencia en Tumaco y en el Pacífico fue decisiva—, hacia ONG nacionales e internacionales que acompañaron la difusión de la Ley 70, y hacia una comunidad académica de Colombia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos que produjo, sobre el proceso organizativo negro, un creciente número de artículos, tesis doctorales y libros. Con esa academia Rosero ha mantenido una relación productiva pero exigente: colabora, escribe, participa en volúmenes colectivos, y recuerda con frecuencia que la voz autorizada sobre las comunidades es la de las comunidades mismas. Su texto de 2002, Los afrodescendientes y el conflicto armado en Colombia: la insistencia en lo propio como alternativa, publicado en el volumen colectivo Afrodescendientes en las Américas: Trayectorias sociales e identitarias editado por Claudia Mosquera, Mauricio Pardo y Odile Hoffman, es muestra clara de esa doble presencia: analista al lado de los académicos, y a la vez portador de una posición política desde la organización.

Del otro lado del mapa, los adversarios de Rosero y del PCN cambiaron con el tiempo. En los años noventa se trataba, sobre todo, de los actores capitalistas —empresas madereras, mineras, agroindustriales— que disputaban a las comunidades el control de sus territorios ancestrales. A partir de fines de esa década y comienzos de la siguiente, se sumaron los actores armados: paramilitares, guerrillas y, en ciertos escenarios, la fuerza pública. Y de fondo, un adversario estructural más elusivo: un Estado que reconoció los derechos en el papel pero no reglamentó la Ley 70 en su totalidad, dejando a las comunidades atrapadas en la brecha entre la norma proclamada y la práctica truncada.

El pensamiento: territorio, identidad y desarrollo propio

La contribución conceptual de Rosero puede resumirse en la tríada que él mismo formuló: territorio, identidad, desarrollo. No son tres reivindicaciones separadas, sino una arquitectura política única. El territorio es la base material sin la cual la identidad cultural pierde su soporte de reproducción y el desarrollo propio no tiene dónde desplegarse. La identidad es lo que convierte a un grupo humano en sujeto de derechos específicos, distinguibles de las políticas universales de igualdad. El desarrollo propio es la afirmación de que las comunidades tienen el derecho a definir, desde sus prácticas, saberes y proyectos, qué significa vivir bien, sin que ese contenido les sea impuesto por modelos externos.

Esa tríada tuvo un adversario conceptual explícito: la lógica de integración a la sociedad mayor que había dominado el discurso del movimiento negro colombiano de los sesenta y setenta. Aquel movimiento, más urbano, más ligado a la lucha antidiscriminatoria y a la reivindicación de igualdad de acceso a mercados —vivienda, educación, trabajo—, había construido su plataforma en torno a la experiencia histórica compartida de la discriminación. Rosero no la negó nunca; al contrario, insistió en que ese discurso seguía siendo válido. Pero sostuvo que el marco de derechos étnicos ofrecía un lenguaje jurídico y político más potente para enfrentar las amenazas concretas que las comunidades del Pacífico enfrentaban en 1991: no la exclusión de la ciudad, sino la expropiación del río.

La operación intelectual involucrada fue considerable. Implicó una reinterpretación del pasado negro colombiano —una relectura de la trayectoria histórica de las comunidades en clave de territorialidad ancestral—, una invención en presente de la categoría "comunidad negra" como sujeto político y una proyección de futuro anclada en la autonomía territorial. Esa triple operación —reinterpretar el pasado, construir el presente, proyectar el futuro— es lo que hace del PCN, y del pensamiento de Rosero dentro de él, una elaboración política de alcance mayor y no una simple plataforma reivindicativa.

El propio marco, sin embargo, generó tensiones que Rosero conoce bien y no ha eludido. La movilización afrocolombiana contemporánea se articula en torno a dos tipos de reivindicaciones en tensión: la especificidad ecológica, económica y cultural de las comunidades rurales tituladas, por un lado, y el acceso igualitario a los mercados urbanos —vivienda, educación, trabajo— para las poblaciones negras urbanizadas, por otro. La primacía del eje étnico-territorial en el marco jurídico colombiano dejó a las segundas en una situación de menor visibilidad política: sus demandas no encajan fácilmente en el paradigma de la especificidad cultural anclada al territorio. Esa tensión estructural es una de las herencias irresueltas del giro de los noventa.

Otro elemento del pensamiento rosariano se cristalizó en organizaciones de base del Pacífico como Cococauca, que desarrollaron lo que denominan la Ruta de Reafirmación Étnica: una articulación entre el reconocimiento cultural y el manejo del territorio colectivo. Ese trabajo demuestra que la tríada no era abstracción de escritorio, sino guía operativa para consejos comunitarios que debían gobernar sus territorios en condiciones cada vez más adversas.

El conflicto armado y la insistencia en lo propio

Desde comienzos de los años dos mil, el análisis de Rosero se concentró en un fenómeno que se había vuelto ineludible: la coincidencia entre los procesos de titulación colectiva y la intensificación de la guerra en el Pacífico. La secuencia era demasiado nítida para ser casualidad. Una vez comenzaron las titulaciones, la llegada de megaproyectos —cultivos de palma aceitera, extracción minera, corredores estratégicos— y la disputa por territorios geoestratégicos coincidieron con el involucramiento pleno de las comunidades étnicas en la geografía del conflicto armado. El desplazamiento forzado masivo se convirtió en la forma más devastadora de esa violencia: no solo destruía vidas y comunidades, sino que vaciaba territorios recién titulados, revirtiendo en la práctica los logros formales de la Constitución de 1991 y de la Ley 70.

En su ensayo de 2002, Rosero propuso una lectura que sería influyente: frente a la guerra, la respuesta de las comunidades afrocolombianas no debía consistir en asimilarse a la lógica de los actores armados ni en abandonar los territorios, sino en insistir en lo propio —los proyectos comunitarios, las autoridades étnicas, los planes de vida, la autonomía territorial— como alternativa política. La fórmula era tanto un diagnóstico como una consigna. Reconocía que los actores armados perseguían precisamente destruir esos proyectos, y sostenía que la única resistencia eficaz de largo plazo consistía en fortalecerlos.

La violencia contra líderes que difundían y encarnaban la Ley 70 confirmó, macabramente, esa lectura. El caso de Francisco Hurtado se volvió emblemático: fue asesinado, y sobre su cuerpo se dejó un letrero que decía "Pa que no sigas jodiendo con tu cuento de tu Ley 70". El mensaje era explícito hasta la brutalidad: la promoción del marco de derechos étnicos era, para ciertos actores, un objetivo militar. El asesinato de la hermana Yolanda Cerón en Tumaco, a manos de paramilitares, señaló la misma lógica desde el flanco eclesial: quienes acompañaban a las comunidades en la conquista de sus territorios pagaban con la vida.

Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP en 2016, la tendencia se agravó en lugar de aliviarse. Los asesinatos de líderes afrocolombianos pasaron de alrededor de diez en 2013 a alrededor de treinta y tres en 2018. Ese aumento confirmó una intuición que Rosero venía formulando desde hacía años: la firma con la guerrilla no bastaba para asegurar la vida de los liderazgos étnicos si no se atendían las causas estructurales del despojo —los intereses económicos y estratégicos sobre los territorios— y si el Estado no completaba la reglamentación de la Ley 70, que veinte años después de su promulgación seguía trunca.

La huella

El legado de Carlos Rosero no se mide por cargos ni por libros, aunque los tenga. Se mide por la persistencia de un marco. El lenguaje con el que hoy se hablan las políticas públicas afrocolombianas, los planes de vida de los consejos comunitarios, las sentencias de la Corte Constitucional sobre comunidades negras y las agendas del movimiento social —territorio, identidad, autonomía, desarrollo propio— es, en gran medida, el que Rosero y sus compañeros del PCN codificaron entre 1990 y 1995. Que ese vocabulario se haya vuelto natural, casi obvio, es la mejor prueba de su eficacia histórica.

Ese legado convive con sus propias sombras, que Rosero nunca ocultó. La Ley 70 no fue reglamentada en su totalidad; su aplicación se concentró en el Pacífico rural, dejando en penumbra a las comunidades negras del Caribe, de los valles interandinos y de las grandes ciudades. La descentralización del movimiento —algunas organizaciones se apartaron del intento de crear una coordinación nacional por reticencia a ceder autonomía— produjo una arquitectura plural pero también fragmentaria. Y el conflicto armado convirtió los títulos colectivos, ganados con años de lucha, en objetivos militares para los actores del despojo. Rosero conoce cada una de esas limitaciones. Ha escrito sobre ellas, las ha debatido, las ha llevado a las mesas de negociación con el Estado.

La disputa sobre su figura y la del PCN sigue abierta. Para algunos, Rosero y sus compañeros fueron los arquitectos de una conquista histórica sin precedentes en América Latina: dotaron a un pueblo antes invisible ante el Estado de un marco jurídico y político robusto. Para otros, la primacía del eje étnico-territorial fue una convergencia entre activistas, ONG, Iglesia y un Estado interesado en gestionar la diversidad en clave multicultural, que produjo reconocimiento formal a cambio de una reglamentación limitada y de la marginación de las agendas urbanas antirracistas. Ambas lecturas contienen verdad. Leer a Rosero con seriedad consiste en sostenerlas simultáneamente: reconocer la potencia del marco que ayudó a construir y admitir sus costos, sin reducir su trayectoria a hagiografía ni a fiscalía.

En el largo plazo, quizás lo más duradero de su aporte no sea la Ley 70 —cuya autoría fue disputada y cuya implementación quedó a medio camino—, sino la producción de un lenguaje de derechos específicos que dotó al movimiento afrocolombiano de una gramática política propia. Con esa gramática, las comunidades han resistido, al menos discursivamente, el despojo territorial acelerado por el conflicto; han negociado con el Estado sin diluirse en él; y han inscrito su historia en el imaginario de una nación que, apenas en 1991, admitió por primera vez ser pluriétnica y pluricultural. Que ese giro haya sido pensado, articulado y sostenido desde el Pacífico, y no impuesto desde Bogotá, es la señal más clara de que Carlos Rosero, junto con los suyos, cambió algo en la manera como Colombia se piensa a sí misma.