Racismo estructural

Racismo estructural en Colombia

El racismo estructural en Colombia es el dispositivo histórico —de larga duración, anclado en la jerarquía colonial de castas y reproducido por los sucesivos proyectos de Estado— que organiza el acceso desigual a la tierra, a la ciudadanía plena y a la protección jurídica según la clasificación racial de las personas. No es un prejuicio residual ni un remanente que el tiempo iría diluyendo: es un ordenamiento activo que se ha reformateado en cada época sin cambiar su función. En su versión republicana adoptó el lenguaje del blanqueamiento y del mestizaje como ideal nacional; en la Constitución de 1991 fue formalmente cuestionado por el giro multicultural; y entre 2002 y 2010, bajo la Política de Defensa y Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez, se reactivó al superponer sobre el mapa racial heredado una gramática antiterrorista que codificó como zonas de sospecha los territorios afrodescendientes e indígenas del Pacífico, el Atrato y el norte del Cauca.

La forma del dispositivo

Lo que llamamos racismo estructural en Colombia no se reduce al insulto ni a la exclusión puntual. Es un ensamblaje de tres capas que operan simultáneamente. La primera es normativa: desde finales del siglo XVI, las disposiciones españolas exigieron acreditar nacimiento legítimo y pureza de sangre para acceder a la educación universitaria y a cargos públicos, incluido el de notario, y el registro parroquial fijó la casta del bautizado como marca vitalicia. La segunda es demográfica y territorial: la clasificación produjo geografías —el Pacífico como región paradigmáticamente negra, la Alta Guajira como territorio wayuu, el Chocó como sinónimo de miseria y raza— y esas geografías, una vez fijadas, orientaron dónde llegaba el Estado y dónde llegaban la carretera, la escuela y el juez. La tercera es discursiva: la nación se pensó a sí misma como mestiza, y ese mestizaje operó no como reconocimiento de la mezcla sino como promesa de blanqueamiento progresivo.

El resultado, medido en cifras del propio Estado, no es coyuntural. En el censo de 2018, aproximadamente el 14% de la población se autorreconoció como étnicamente diferente de la mayoría mestiza o blanca, y esa población concentra los indicadores más adversos de asistencia escolar, mortalidad materna y desplazamiento forzado. Entre 1985 y 2019, los departamentos con mayor número de víctimas afrocolombianas de desplazamiento masivo fueron Nariño (206.186), Valle del Cauca (189.659) y Chocó (186.060) —los tres en la costa Pacífica—, y Buenaventura, con 167.300 víctimas registradas, fue el municipio más golpeado, seguido de San Andrés de Tumaco (102.940), Quibdó (28.282) y Riosucio (28.131). No hay azar en esa geografía.

Los cimientos coloniales

El censo colonial de 1778 clasificaba la población del Nuevo Reino de Granada en categorías socio-raciales precisas: 26% blancos, 19,5% indios, 46,4% libres —principalmente mestizos—, 7,8% esclavos y 0,3% eclesiásticos. En Santafé de Bogotá, hacia finales de ese siglo, la composición era aproximadamente 32% blancos, 53,2% mestizos, 2,8% indios y 3,3% esclavos negros. Estas proporciones importan porque revelan que el orden colonial no era una dualidad blanco-indio con esclavos al margen: era una escala fina, jerarquizada, en la que cada casilla implicaba derechos y prohibiciones distintos.

El mestizaje —que la mitología republicana idealizaría después como fusión armónica— fue producto de una demografía forzada. El número reducido de expedicionarios españoles y la estricta regulación de la inmigración de vecinos propiciaron el contacto entre conquistadores y población indígena en un territorio despoblado por la violencia y las enfermedades. La reducción secular de la población indígena, estimada en torno al 10% o menos de su nivel original, erosionó la dualidad tributaria sobre la que se sostenía la dominación colonial, y en el siglo XVIII el orden social tuvo que reacomodarse a la realidad del mestizaje sin renunciar a la jerarquía.

En la base de la escala quedaron los negros y zambos libres, valorados principalmente como fuerza de trabajo. Los esclavizados accedieron a la libertad por vías variadas antes de la abolición formal: la compra de su propia manumisión, la concesión de sus amos, las revueltas —especialmente en el valle del Cauca y la costa Caribe— y, probablemente con más frecuencia que ninguna otra, la fuga. Los cimarrones fundaron asentamientos propios en tierras no colonizadas de la cuenca del Pacífico, y de esa geografía de fuga procede buena parte del poblamiento afrodescendiente que la Constitución de 1991 reconocería, dos siglos después, como titular de derechos territoriales colectivos. San Basilio de Palenque, en los Montes de María, se convertiría con el tiempo en emblema de esa historia.

La abolición formal llegó tarde: la ley del 21 de mayo de 1851 declaró libres a todos los esclavos a partir del 1 de enero de 1852, equiparándolos en derechos y obligaciones a los demás granadinos. El proceso había empezado con la ley de vientre libre de 1821, pero durante treinta años el país mantuvo la esclavitud aun después de proclamarse república. Esa distancia entre el ideario liberal y la práctica —ciudadanía para unos, propiedad para otros— es el molde en el que se fundirá la vida institucional del siglo siguiente.

Contra la narrativa persistente de que la colonización ibérica fue benignamente mestiza y libre de prejuicio racial, la investigación histórica ha mostrado que el trato dado a indios y esclavos se explica mejor por una racionalidad económica y un tratamiento legal pragmático que por una supuesta tolerancia étnica. Las jerarquías coloniales sobrevivieron al mestizaje precisamente porque el mestizaje no las contradecía: las administraba.

El racismo republicano y la ideología del blanqueamiento

Suprimidas formalmente las leyes coloniales sobre castas, el discurso republicano del siglo XIX mantuvo actitudes paternalistas y segregacionistas hacia mulatos, indios y negros, a quienes se adjudicaba un carácter indolente y una incapacidad natural para gobernarse. El liberalismo prometía igualdad ante la ley; la sociedad reproducía la desigualdad por otros medios.

En la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX se libró en el pensamiento colombiano una batalla intelectual sobre el fundamento racial de la nación. Manuel Uribe, en su Compendio histórico del departamento de Antioquia, defendió la inferioridad de la raza indígena y la superioridad del elemento mestizo como predominante en la nación colombiana. Vicente Restrepo, en 1895, atacó frontalmente la exaltación de la cultura muisca argumentando que lo que se sabía de ese pueblo era pura conjetura y que no podía ser pilar de la nacionalidad por ser apenas uno más de los innumerables grupos que ocupaban Colombia a la llegada de los españoles. Contra esas posiciones, Rafael Uribe Uribe presentó argumentos a favor de los nativos y resaltó el vasto mestizaje de la población colombiana, apoyándose en planteamientos darwinianos para fundamentar una política de poblamiento e incorporación productiva de tierras baldías y de frontera a partir de la asimilación de la población indígena y mestiza. El debate no se resolvió: siguió abierto en las primeras décadas del siglo XX, con posiciones divergentes entre intelectuales como Zerda, Uribe y Restrepo.

En 1928, Laureano Gómez ofreció en sus conferencias Interrogantes sobre el progreso de Colombia un diagnóstico pesimista sobre la realidad y el futuro del país, coincidente con posiciones que atribuían inferioridad a los componentes indígena y negro de la mezcla racial colombiana. Luis López de Mesa, por su parte, describió la mezcla racial colombiana como una anarquía biológica de elementos yuxtapuestos sin núcleo común, y sostuvo que la raza blanca era biológicamente la más fuerte, con el proceso de mestizaje revirtiendo progresivamente hacia el tipo blanco-castellano. En esa fórmula —el mestizaje como camino hacia el blanqueamiento— quedó cifrada la ideología racial dominante de la Colombia burguesa del siglo XX: no la exclusión abierta del negro y el indio, sino la promesa de que irían desapareciendo estadísticamente.

El pensamiento racial de esos años incluyó también un antisemitismo casual, manifestado en la prensa mediante asociaciones de los judíos con la Crucifixión, el control bancario internacional y rasgos negativos estereotipados. La pureza de sangre colonial se había secularizado, pero su gramática persistía.

Este orden no era simétrico. Entre 1850 y 1950, la discriminación racial operó con mayor severidad en la sociedad civil —la exclusión de negros de colegios elegantes, de clubes sociales, de matrimonios con blancos, del sacerdocio— que en las entidades públicas, donde era posible encontrar generales, congresistas, gobernadores y ministros negros. Esa asimetría es reveladora: el Estado admitía individuos que la sociedad rechazaba, y a la vez toleraba que la sociedad rechazara a quienes el Estado admitía. La incorporación individual convivía con la exclusión colectiva, y esa convivencia estabilizaba el sistema.

La geografía del despojo y el turno multicultural

A finales del siglo XX, dos hechos reordenaron el mapa. El primero fue la profundización de un proceso de despojo territorial que en el Valle del Cauca hunde raíces en la expansión agroindustrial de la caña de azúcar desde finales del siglo XIX, la cual transformó a propietarios afros en trabajadores asalariados. El segundo fue el giro multicultural de la Constitución de 1991, que reconoció por primera vez la naturaleza multiétnica de Colombia y abrió espacio institucional a las reivindicaciones de comunidades negras e indígenas.

El Artículo Transitorio 55 de la Carta ordenó al Congreso expedir, dentro de los dos años siguientes, una ley que reconociera a las comunidades negras que ocupaban tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico el derecho a la propiedad colectiva sobre esas áreas. De ese mandato nació la Ley 70 de 1993, con 8 capítulos y 68 artículos: los primeros cinco dedicados a la delimitación, constitución y manejo de los territorios colectivos en el Pacífico; los restantes, a las comunidades negras en términos más generales de derechos, identidad cultural y desarrollo económico y social. La ley estableció los consejos comunitarios como instancias de organización sobre los territorios colectivos, con funciones de manejo del territorio y protección de los recursos naturales.

Fue, en el papel, una revolución jurídica. Detrás estaba un movimiento negro que desde mediados de los ochenta había virado discursivamente: de reclamos por inclusión y ciudadanía igualitaria hacia reclamos por legitimación de la diferencia étnica y cultural, definiendo la identidad afrocolombiana por su singularidad, su ancestralidad africana y sus prácticas territoriales tradicionales. En septiembre de 1993, más de trescientos activistas se reunieron en Puerto Tejada en la Tercera Convención Nacional de Comunidades Negras y acordaron como meta la consolidación de un movimiento social negro de alcance nacional. Líderes como Juan de Dios Mosquera, Zulia Mena y Libia Rosario Grueso encarnaron esa transición, y en el Medio Atrato Cocomacia diseñó una estrategia de titulación colectiva articulando comunidades negras en torno a cuencas hidrográficas y relaciones de parentesco, buscando convertir la movilidad y territorialidad afro en potencialidad política ante el Estado.

Pero el reconocimiento contenía una trampa. La formalización de la titulación colectiva tuvo el efecto no previsto de facilitar la introducción del extractivismo a gran escala en el Pacífico: las comunidades invirtieron tiempo y recursos en el trabajo local que resultó en la formalización, y la consulta previa —diseñada como salvaguarda— se convirtió en muchos casos en un trámite en el que empresas y gobierno subcontrataban antropólogos para llenar formularios y convencer a las comunidades de que no podían detener el progreso. Bajo ese esquema se aprobaron proyectos hidroeléctricos, minería a gran escala y explotación maderera. A esto se sumó una fragmentación organizativa: las múltiples instancias de participación creadas por la Ley 70 dispersaron la energía militante, y las organizaciones del sur del Pacífico, reticentes a ceder autonomía a activistas urbanos sin representatividad de base, se apartaron del intento de crear una coordinación nacional. Más de dos décadas después de expedida, la Ley 70 no ha sido reglamentada en su totalidad. El reconocimiento multicultural, celebrado como ruptura con el pasado excluyente, terminó administrando una nueva forma de exclusión: la que consiste en dar títulos sobre tierras que otros están dispuestos a tomar por la fuerza.

Seguridad Democrática: la superposición del mapa racial y el mapa de la amenaza

Cuando Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia en agosto de 2002, la titulación colectiva llevaba menos de una década de aplicación. El Consejo Comunitario de Curvaradó (46.048 hectáreas) y el de Jiguamiandó (54.973 hectáreas), en el Chocó, habían obtenido sus títulos; en esas mismas zonas se documentaron poco después graves violaciones de derechos humanos, desplazamiento forzado y presencia intensa del conflicto armado. Entre 2000 y 2001, en Buenaventura, la población de Bajamar y zonas aledañas había sufrido 46 masacres en el marco de la incursión de los bloques Calima y Frente Pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia. La expansión paramilitar en el Pacífico estuvo articulada con intereses sobre el narcotráfico y la ampliación del puerto de Buenaventura, y en el norte del Cauca los territorios con fuerte presencia paramilitar se convertirían después en escenarios de minería ilegal a gran escala con retroexcavadora protegida por grupos armados.

Sobre ese cuadro se montó la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Su rasgo doctrinal decisivo, para el problema que aquí importa, fue la subsunción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario bajo la lógica antiterrorista. El gobierno rechazó reconocer la naturaleza política de los grupos guerrilleros, los denominó terroristas y narcoterroristas y se negó a negociar sin un cese unilateral del fuego. El Decreto 2002 de 2002 creó las zonas de rehabilitación y consolidación con medidas que la Corte Constitucional declaró parcialmente inexequibles en noviembre de ese año; el Estatuto Antiterrorista de 2003 buscó otorgar a las Fuerzas Militares facultades de captura, allanamientos, registro e interceptación de comunicaciones, y también fue objeto de control constitucional. El aparato estatal completo —no solo la fuerza pública— quedó involucrado en el combate a los grupos armados ilegales, y esa fue una novedad respecto a administraciones anteriores.

Sobre el mapa racial heredado, esa doctrina produjo efectos precisos. La geografía de la guerra durante esos años se concentró en los mismos territorios donde el multiculturalismo había reconocido derechos colectivos: el Pacífico, el Atrato, el norte del Cauca, Urabá. La agenda de las organizaciones afrocolombianas centrada en derechos territoriales, identidad, participación y autonomía se trocó en agenda humanitaria —desplazamiento, ayuda humanitaria, líderes amenazados, misiones humanitarias— y eso significó un estancamiento en la implementación de los derechos colectivos. Líderes y representantes de comunidades interpretaron la violencia armada y la expansión del conflicto hacia regiones de presencia histórica afrocolombiana como una intención deliberada de revertir los logros de la Constitución de 1991, y esa lectura se sostuvo en hechos concretos: el asesinato selectivo de líderes territoriales como la hermana Yolanda Cerón, ejecutada por paramilitares en Tumaco.

La legislación de víctimas del período no estableció indicadores para campesinos ni información desagregada por pueblos indígenas, invisibilizando afectaciones diferenciales étnico-raciales relevantes. Y la alineación de la Seguridad Democrática con la guerra global al terrorismo posterior al 11 de septiembre de 2001 fusionó, en el marco binacional del Plan Colombia, la guerra antidroga y la contrainsurgencia, redefiniendo a las FARC como amenaza narcoterrorista y desdibujando en el discurso oficial las dimensiones sociales, étnicas y políticas del conflicto.

Falsos positivos: la vida racializada como cuota

El nombre popular es falsos positivos. La realidad técnica es la ejecución extrajudicial de civiles presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate. Los datos disponibles muestran una curva coincidente con el período de la Seguridad Democrática: las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a fuerzas de seguridad pasaron de aproximadamente 100 en 2002 a unas 220 anuales entre 2004 y 2006, y a alrededor de 330 en 2007. La mayoría de las víctimas eran campesinos o líderes comunitarios.

La mecánica está documentada. Testimonios de exmilitares describen un procedimiento estandarizado para legalizar muertes de civiles: portar armas no convencionales como fusiles AK-47 y uniformes camuflados adicionales para vestir al muerto y presentarlo como combatiente. Un testimonio sostiene que ese conocimiento se transmitía desde la Escuela Militar a los cadetes. Los programas Soldados Campesinos y las redes de informantes —en los que ingresaron integrantes de grupos paramilitares desmovilizados entre 2003 y 2006— fueron instrumentalizados para cometer desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, poniendo en riesgo a pobladores rurales y quebrando la confianza comunitaria.

Cuando estalló el caso de los jóvenes de Soacha, el presidente Uribe afirmó, antes de que la Fiscalía hubiera establecido las circunstancias de sus muertes, que habían sido dados de baja en combate y que iban con propósitos delincuenciales. La desacreditación pública de las víctimas se anticipó a la investigación judicial. Oficiales que intentaron trasladar casos a la justicia ordinaria enfrentaron amenazas y presiones institucionales crecientes, especialmente tras 2008, cuando las directivas que habían impulsado esos traslados se revirtieron y la situación se volvió insostenible para quienes insistían en dar traslado.

En el oriente antioqueño, las ejecuciones extrajudiciales fueron atribuidas principalmente al Batallón de Infantería n.° 4 Bajes (41 víctimas) y al Batallón de Caballería Mecanizada n.° 4 Juan del Corral (21 casos), unidades que realizaban operativos en los municipios de Granada, San Luis y Cocorná. El patrón no requiere una orden explícita de dirigirse contra población racializada: basta con que la doctrina antiterrorista estimule el cumplimiento numérico de bajas y que los cuerpos disponibles —los prescindibles a ojos del sistema— sean los de jóvenes pobres, campesinos, informales, muchos de ellos afrodescendientes o indígenas. El racismo estructural no necesita ser nombrado por sus operadores: se ejecuta a sí mismo cuando la protección jurídica y la visibilidad ciudadana están desigualmente distribuidas.

El DAS y la criminalización de la protesta étnica

Al mismo tiempo que las brigadas producían cuerpos, el Departamento Administrativo de Seguridad producía expedientes. El DAS ejecutó actividades ofensivas contra personas espiadas que iban más allá de la interceptación y el monitoreo: desprestigiar, presionar, intimidar, amenazar y sabotear a individuos y organizaciones. La Operación Transmilenio fue desplegada específicamente contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, con el objetivo declarado de restringir o neutralizar su accionar y realizar judicializaciones en su contra.

El Bloque Capital de las Águilas Negras amenazó mediante un panfleto a más de treinta organizaciones de derechos humanos, entre ellas a Yovana Sáenz, secretaria de género de Afrodes en Bogotá. El panfleto anunciaba que ubicaría a sus miembros en sus oficinas, casas y lugares de reunión. Afrodes, la organización de afrodescendientes desplazados, era simultáneamente objeto de amenazas paramilitares y de vigilancia estatal. Las respuestas del gobierno a las acusaciones sobre crímenes vinculados a su entorno consistían en ridiculizar a los acusadores y calificarlos de terroristas o guerrilleros, etiqueta amplificada por medios de comunicación aliados. Múltiples entrevistados sostienen, con base en evidencia circunstancial sobre el estilo de microgestión del presidente y su control sobre el nombramiento del director del DAS, que Uribe ordenó o al menos conoció las interceptaciones ilegales.

La operación conjunta de estos dispositivos —falsos positivos en los territorios, espionaje y estigmatización en las capitales— hizo que ser líder afrocolombiano, indígena o defensor de derechos humanos durante la Seguridad Democrática implicara habitar simultáneamente dos amenazas: la del actor armado y la del funcionario público que lo señalaba. Piedad Córdoba, senadora afrodescendiente, fue objeto sostenido de estigmatización política durante esos años. Francia Márquez Mina, líder ambiental del norte del Cauca cuya proyección nacional vendría después, se formó como activista precisamente en la geografía donde el paramilitarismo, la minería ilegal y la doctrina antiterrorista se superponían sobre territorios afrodescendientes.

La vida cotidiana del racismo

El racismo estructural no vive solo en la doctrina ni en las masacres. Se ejerce a diario, en los mismos años, en gestos que ninguna Constitución alcanzó a modificar. Empleadores en Cali aplican la política NN —no negros— al momento de contratar. Porteros de discotecas en Bogotá y Cartagena niegan el acceso a clientes negros ante la pasividad de las autoridades locales y nacionales. Mujeres negras reportan ser reducidas socialmente a roles de servidumbre doméstica y objeto sexual mediante estereotipos racistas normalizados. Afrocolombianos de perfiles profesionales diversos —incluidos actores— enfrentan discriminación cotidiana en contextos urbanos.

La antropología ha descrito esta persistencia como una constitución espacial de la raza: el Pacífico, y en particular el Chocó, es imaginado como paradigmáticamente negro y asociado a evaluaciones negativas. Históricamente, los visitantes del Chocó asociaron la miseria y las condiciones adversas de la región con la predominancia de población negra, entrelazando raza y pobreza en una explicación que naturaliza la desigualdad convirtiéndola en atributo racial. Las tasas de asistencia escolar en el Chocó son más bajas que las nacionales, y para los jóvenes negros chocoanos en Bogotá la educación superior es percibida como la vía principal de movilidad social para superar la vulnerabilidad racial y ser reconocidos como personas con capacidades.

El desplazamiento forzado añadió a esa geografía una migración de la exclusión rural a la exclusión urbana. Población negra desplazada desde Tumaco, Jiguamiandó, Curvaradó, Guapi y el río Naya llegó a Bogotá y Medellín, donde testimonios recogidos describen personas en situación de mendicidad en semáforos. La misma comunidad que había obtenido títulos colectivos en 1993 encontraba, quince años después, que el reconocimiento jurídico de sus territorios no había impedido su expulsión, y que en la ciudad el racismo cotidiano —la portería, la entrevista de trabajo, el taxi— completaba el círculo. El censo de 1993 mostraba ya, mediante modelos estadísticos, que la región, el tamaño del municipio, el nivel educativo y la categoría sociocupacional se asocian de manera significativa con la probabilidad de autorreconocerse como afrocolombiano: la propia visibilidad estadística de la identidad étnica está condicionada por la posición social.

Huellas y disputas

Cinco siglos de racismo estructural no se cierran con una Constitución ni se agotan en una política de seguridad. Lo que la Seguridad Democrática dejó fue, ante todo, la evidencia de que el dispositivo puede reactivarse sin necesidad de nombrarse: basta con codificar territorios y poblaciones como zonas de sospecha, subsumir los derechos bajo la lógica de la amenaza y distribuir desigualmente la protección jurídica. La violencia sobre las comunidades afrocolombianas e indígenas de esos años no fue causada por la doctrina uribista —tenía motores económicos anteriores en el narcotráfico, la agroindustria, la minería y la expansión portuaria— pero fue amplificada por ella, en la medida en que el Estado dejó de ser un contrapeso a la desposesión racializada y se convirtió en uno de sus operadores.

Pensar hoy el racismo estructural exige sostener dos verdades a la vez. La primera, que Colombia no es una excepción de tolerancia mestiza en América Latina: es un país donde la jerarquía colonial de castas se secularizó en ideología del blanqueamiento, se administró como paternalismo republicano y se reactivó como sospecha antiterrorista sobre las mismas geografías. La segunda, que la respuesta de las comunidades afectadas —el movimiento negro que impulsó la Ley 70, las organizaciones que resistieron el despojo, los líderes asesinados, los que sobrevivieron y los que llegaron después— no es un capítulo cerrado sino un proceso vivo. La elección de Francia Márquez Mina como vicepresidenta en 2022, dos décadas después de que su territorio en el norte del Cauca hubiera sido escenario de las alianzas entre paramilitarismo y minería, pertenece a esa línea de continuidad. No cierra la historia del racismo estructural colombiano: la mantiene abierta, que es la única forma de seguir disputándola.