Piedad Córdoba

La formación de una liberal antioqueña

Nació en Medellín en 1955, hija de Zulema Ruiz Lozano, una mujer chocoana que trasplantó a la capital antioqueña una identidad afrocolombiana que Piedad reivindicaría en la vida pública sin ambages. Creció en una ciudad donde la negritud era rareza en los espacios de poder, y esa desigualdad de origen —ser mujer, ser negra, ser hija del Pacífico en la Medellín paisa— marcó desde el principio su manera de entender la política como confrontación con un orden establecido.

Se hizo abogada y militó desde joven en el Partido Liberal, la vieja maquinaria bipartidista que en Antioquia disputaba palmo a palmo el terreno con el conservatismo. Su entrada al Congreso fue por la puerta liberal, no por vía de un movimiento alternativo: entendió pronto que en Colombia el ingreso al poder legislativo pasaba por las estructuras tradicionales, y desde dentro de una de ellas construyó una voz propia que terminaría desbordándola.

En 1992 llegó a la Cámara de Representantes y en 1994 dio el salto al Senado, donde permanecería, con reelecciones sucesivas, hasta 2010. Fueron los años del samperismo, del Proceso 8.000, de la crisis del Caguán, del ascenso paramilitar, de la elección y consolidación de Uribe: sobre ese tablero se movió una senadora que fue asumiendo con creciente peso las banderas que le darían perfil internacional —los derechos humanos, la salida negociada al conflicto, la denuncia del paramilitarismo—.

El secuestro de 1999 y el punto de inflexión

El 21 de mayo de 1999, Piedad Córdoba fue sacada de una clínica de Medellín donde acababa de ser operada. Presidía entonces la Comisión de Derechos Humanos del Senado y venía organizando audiencias en las que los militares eran obligados a escuchar directamente a la ciudadanía sobre denuncias de abusos. Esa fue, según sus propias palabras, "la copa que rebosó el vaso": las audiencias, sumadas a su defensa pública de la negociación con los grupos armados, convirtieron a la senadora en objetivo.

El cautiverio duró dieciséis días. Los responsables fueron las Autodefensas Unidas de Colombia bajo el mando de Carlos Castaño, quien años después reconocería la autoría en el libro Mi confesión y que, de acuerdo con la propia Córdoba, llegó a visitarla durante el encierro. El episodio se inscribía en un patrón: entre mayo de 1997 y abril de 1998, estructuras paramilitares vinculadas a Castaño habían asesinado a los defensores de derechos humanos Elsa Alvarado y Mario Calderón, al abogado antioqueño Jesús María Valle Jaramillo y al penalista Eduardo Umaña Mendoza. Córdoba sobrevivió, pero salió del cautiverio con la certeza de que su vida estaba marcada.

Ese secuestro fue el punto de inflexión biográfico. La radicalizó en la defensa de la salida negociada, la ató emocional y políticamente al trabajo con los familiares de secuestrados, y le enseñó de primera mano lo que significaba estar en la lista negra del paramilitarismo. Todo lo que vino después —su empeño en el intercambio humanitario, su cercanía con Caracas, su tolerancia a la exposición mediática hostil— se entiende mejor a la luz de esos dieciséis días.

La facilitadora humanitaria

En 2007, con Uribe en su segundo mandato y el conflicto atascado en la exigencia guerrillera de un despeje territorial que el presidente había jurado no conceder, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, autorizó formalmente a Piedad Córdoba para adelantar contactos con las FARC. La autorización tenía respaldo legal explícito en la Ley 1106 de 2006 y contaba con el aval de la Presidencia. Restrepo lo dijo con todas las letras: la senadora tenía "pleno respaldo regulatorio" de la Oficina del Alto Comisionado para llevar a cabo cuanto considerara pertinente en el marco de la facilitación humanitaria. La figura del gestor humanitario, tal como Córdoba la ejerció, estaba estipulada legalmente, condición que después ratificaría el Consejo de Estado.

El dato es capital, porque contradice la narrativa posterior que la presentó como una operadora rebelde por fuera del Estado: Córdoba fue mediadora por encargo del gobierno colombiano, con papel firmado. Y fue el propio Restrepo quien, ante la falta de avances, decidió reorientar la estrategia: en una carta a la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, comunicó que el canal de comunicación con "Pablo Catatumbo" quedaba suspendido para darle prioridad a la labor facilitadora de Córdoba con el apoyo del presidente venezolano Hugo Chávez. El Estado colombiano, en suma, cerró sus otros canales para apostar por ella.

La apuesta rindió. Chávez y Córdoba lograron en 2008 la liberación por vía humanitaria de Clara Rojas y Consuelo González, entregadas con participación de delegados venezolanos, y abrieron un ciclo de gestos que el analista Alfredo Rangel —difícilmente sospechoso de simpatía con la izquierda— reconoció en su momento como una "dinámica fluida" que las conversaciones no habían tenido antes. Las FARC llevaban años acumulando secuestrados de la fuerza pública y políticos con la intención declarada de forzar un intercambio: en los años noventa habían llegado a mantener más de quinientos soldados y cuarenta y dos políticos en cautiverio, saldo de las tomas de bases militares en Patascoy, Mitú, Miraflores, La Uribe, Pavarandó, Puerto Rico y otras poblaciones entre 1997 y 2000. Ese arsenal humano les daba capacidad de presión, y la exigencia de despejar dos municipios como precondición del acuerdo se mantuvo prácticamente hasta mediados de 2008, cuando la Operación Jaque —el rescate militar de Ingrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y otros once secuestrados— dejó a la guerrilla sin sus rehenes "canjeables".

La operación Jaque tuvo un efecto ambivalente sobre la figura de Córdoba: mostró que la vía militar podía obtener lo que la negociación no había conseguido, y desactivó buena parte del capital político que la senadora había acumulado como mediadora. Uribe, que había ganado la presidencia en 2002 oponiéndose al proceso del Caguán y prometiendo no despejar "ni un centímetro" del territorio nacional, tenía todo el interés en que fuera el ejército, y no la senadora liberal opositora, quien resolviera el problema de los secuestrados. La mediación humanitaria, que en 2007 le había resultado útil al gobierno, comenzó a estorbar.

El eje Caracas y sus costos

La relación con Hugo Chávez fue el otro gran capítulo de esos años y también el más ambiguo. Chávez fue el eslabón sin el cual las liberaciones de 2008 no habrían ocurrido, y su interlocución con la comandancia de las FARC —Manuel Marulanda hasta su muerte ese mismo año, Raúl Reyes hasta el bombardeo colombiano en Ecuador en marzo de 2008, luego Alfonso Cano e Iván Márquez— le dio a Córdoba un acceso que ningún colombiano tenía. Pero esa alianza le impuso costos que se harían visibles con el tiempo.

Las relaciones colombo-venezolanas entre Uribe y Chávez atravesaron años de tensión estructural marcada por dos hechos: la ambigüedad venezolana frente a la presencia guerrillera en su territorio y la "diplomacia del micrófono", que sustituyó los canales institucionales por declaraciones cruzadas ante cámaras. En julio de 2010, en el tramo final de su mandato, Uribe presentó ante la OEA evidencias de que Venezuela albergaba campamentos de las FARC y el ELN, llevando las relaciones bilaterales a su punto más bajo. La llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia en agosto de ese año permitió el restablecimiento inmediato de las relaciones y una etapa de cooperación en seguridad y crimen transfronterizo.

Córdoba quedó vinculada, para bien y para mal, a ese eje. Su cercanía con Chávez la convirtió en interlocutora reconocida por las FARC y en figura de proyección internacional; pero también en objeto de sospecha permanente para el uribismo, que la acusaba de ser algo más que mediadora. La cuestión de si la senadora había cruzado la línea entre facilitar y colaborar sería el nudo del proceso que terminaría con su carrera formal.

La destitución de 2010

En septiembre de 2010, el procurador general Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó a Piedad Córdoba por dieciocho años, argumentando que había promovido y colaborado con las FARC más allá de los límites de su condición de facilitadora. La sanción se apoyaba en el material atribuido a los computadores de Raúl Reyes, incautados en el bombardeo de marzo de 2008 al campamento del guerrillero en territorio ecuatoriano, donde figuraban comunicaciones que la Procuraduría interpretó como pruebas de una relación orgánica, no meramente humanitaria, con la organización armada.

La decisión fue jurídicamente frágil y políticamente eficaz. Frágil, porque una destitución disciplinaria por conductas de esa naturaleza, adoptada por un órgano administrativo contra una congresista de elección popular, planteaba problemas de competencia y de garantías que años después la propia Corte Interamericana señalaría en otros casos colombianos, entre ellos el de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Eficaz, porque sacó a Córdoba del Senado, la privó del fuero parlamentario y desactivó su capacidad de intermediación pública justo cuando el gobierno Santos comenzaba a explorar en secreto los contactos que llevarían al proceso de paz de La Habana.

El procurador que firmó la sanción tenía perfil propio. Alejandro Ordóñez, conservador de convicciones ultramontanas, había sido reelegido para el cargo con el respaldo de una operación que años más tarde el Consejo de Estado juzgaría irregular: la Procuraduría había nombrado a parientes de magistrados de la Corte Suprema que participaban en la definición de su continuidad. Ordóñez terminó destituido por nepotismo y se postuló luego como precandidato presidencial por el conservatismo. Que el mismo funcionario que había expulsado a Córdoba del Congreso fuera después echado del suyo por conductas propias no le devolvió a ella la curul, pero sí puso en evidencia la asimetría con que operaron los órganos de control durante el ciclo uribista.

Y ese ciclo tuvo un patrón. En 2009, un año antes de la destitución de Córdoba, los medios revelaron que el DAS —el organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia— había realizado interceptaciones ilegales contra magistrados, periodistas y opositores del gobierno, incluidos el magistrado auxiliar Iván Velásquez, que lideraba la investigación de la parapolítica, y presuntamente figuras del sistema interamericano. La primera reacción del gobierno fue minimizar el escándalo como acción de "manzanas podridas"; después del impacto de los audios interceptados a Velásquez, Uribe anunció la liquidación de la agencia, que fue efectivamente sustituida a comienzos de 2012 bajo el gobierno Santos. La crisis del DAS y el escándalo de la parapolítica que estalló en 2006 —con decenas de congresistas, en su mayoría de la coalición uribista, procesados por vínculos con jefes paramilitares como Salvatore Mancuso— dibujaron el trasfondo de una época en la que el Estado y sus organismos de fuerza operaron, en no pocos casos, al servicio de intereses mafiosos. Córdoba había denunciado ese entramado durante años; la destitución llegó, entre otras cosas, contra la voz que más lo había señalado.

Ser negra y mujer en el Senado

La biografía de Piedad Córdoba no puede leerse sin la doble marca de la raza y el género. El sufragio femenino en Colombia había sido reconocido apenas en 1954, durante la Asamblea Nacional Constituyente convocada bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, con la elaboración del acto legislativo encomendada a Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia. Las primeras senadoras fueron elegidas a partir de 1958, con el inicio del Frente Nacional, y la representación femenina creció con lentitud durante la segunda mitad del siglo XX, con figuras como María Eugenia Rojas —candidata presidencial por la Anapo— o mujeres del MRL y el sindicalismo. Cuando Córdoba llegó al Senado en 1994, ser mujer seguía siendo rareza; ser mujer negra, casi una excentricidad institucional.

En el marco político colombiano, la lucha contra el racismo había sido asociada mayoritariamente a proyectos de movilidad social de una élite afrodescendiente que accedía a espacios de poder apoyando tratados de libre comercio y participando acríticamente en gobiernos neoliberales. Esa era la negritud aceptable: la que equiparaba empoderamiento con crecimiento de clase media y política. Córdoba hizo lo contrario. Levantó banderas afrodescendientes, feministas y de izquierda a la vez, y cuestionó el modelo económico y de seguridad que el país había asumido como consenso.

El precio fue una hostilidad diferenciada. Los ataques contra ella arrastraban con frecuencia una carga racial que no aparecía en la crítica a otros congresistas: se la señalaba por el color de su piel, por el turbante que llevaba, por la manera de hablar. Otros parlamentarios podían ser cuestionados por sus posiciones o sus alianzas sin que su cuerpo entrara en la conversación; en ella, el cuerpo estaba siempre en escena. Esa violencia simbólica, tolerada durante décadas en el debate público colombiano, fue parte del ambiente en el que la Procuraduría la destituyó y en el que buena parte de la opinión aplaudió la sanción sin examinar sus fundamentos.

Colombianos y Colombianas por la Paz

Sacada del Senado, Córdoba no se retiró. En los años inmediatamente posteriores a la destitución articuló la plataforma Colombianos y Colombianas por la Paz, una red de activistas y personalidades que mantuvo abiertos canales con la guerrilla y con familiares de secuestrados. La organización tuvo un papel discreto en la fase inicial de los diálogos exploratorios que el gobierno Santos adelantó con las FARC y que se harían públicos a finales de 2012 con el anuncio del proceso de paz de La Habana.

En La Habana, sin embargo, Córdoba no ocupó un lugar formal. El proceso lo condujeron negociadores designados por Santos —Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, Frank Pearl, entre otros— y el diseño excluyó a los mediadores que habían acompañado las liberaciones humanitarias del ciclo anterior. Álvaro Leyva, otro veterano de las mediaciones, tampoco entró al equipo oficial. Que la mesa de La Habana prescindiera de quienes habían mantenido vivos los contactos en los años más duros dice algo sobre la incomodidad que su figura seguía generando incluso en un gobierno que se proponía negociar. La paz se hizo, pero se hizo sin ella en el papel principal.

Durante esos años, Córdoba mantuvo residencia y actividad frecuente en Caracas y en La Habana, sostuvo su cercanía con Nicolás Maduro tras la muerte de Chávez en 2013, y se convirtió en una voz que la opinión colombiana, mayoritariamente hostil al chavismo, escuchaba con desconfianza. La firma del Acuerdo Final entre el gobierno y las FARC en noviembre de 2016 y su refrendación tras el estrecho triunfo del No en el plebiscito de octubre de ese año la encontraron en la periferia del proceso que ella misma había ayudado a hacer posible.

El regreso y el último acto

En 2020, el Consejo de Estado anuló la sanción disciplinaria que la Procuraduría le había impuesto en 2010, en línea con la jurisprudencia interamericana que había cuestionado la facultad de un órgano administrativo para inhabilitar a funcionarios de elección popular. La decisión llegó tarde para restituir los años perdidos, pero le devolvió el derecho a participar en política. Córdoba se sumó al Pacto Histórico, la coalición de izquierda que Gustavo Petro había venido armando desde los restos del Polo Democrático y otras fuerzas.

El Polo, que en la primera década del siglo había representado la esperanza de una izquierda democrática con capacidad de gobierno tras la llegada de Lucho Garzón a la Alcaldía de Bogotá en 2004, se había fragmentado hacia 2009 entre pugnas internas y rupturas por la izquierda y por el centro. La reconfiguración del espacio progresista tomó una década larga y desembocó en el Pacto Histórico que llevó a Petro a la Presidencia.

En la primera vuelta del 29 de mayo de 2022, Gustavo Petro obtuvo 8.541.617 votos —el 40,34% del total— y en la segunda vuelta se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Córdoba fue elegida senadora por el Pacto Histórico en esa misma elección, doce años después de haber sido expulsada del Congreso. Regresó a un Senado transformado, en un país donde la agenda de paz, la política antidrogas y la relación con Venezuela —que Petro se apresuró a restablecer plenamente— ocupaban el centro del debate en términos que le eran, por fin, favorables.

Ese retorno fue breve. Piedad Córdoba murió en Medellín, la ciudad donde había nacido y donde la habían secuestrado, el 20 de enero de 2024, cinco días antes de cumplir sesenta y nueve años. Su muerte encontró al país en pleno gobierno Petro, con el proceso de "paz total" en curso, con la negociación abierta con el ELN y con disidencias de las FARC, con Colombia y Venezuela otra vez cooperando en la frontera. Buena parte del terreno político sobre el que se movía tenía nombres y rostros que ella había conocido desde antes que fueran gobierno.

La red y la huella

Piedad Córdoba se entretejió con nombres muy distintos. En el liberalismo, con César Gaviria y Ernesto Samper, los dos expresidentes que marcaron el partido en su tiempo. En la mediación humanitaria, con Álvaro Leyva, otro veterano del oficio, y con las comandancias sucesivas de las FARC, desde Marulanda hasta Iván Márquez. En Caracas, con Hugo Chávez primero y con Nicolás Maduro después. En la contraparte que la persiguió, con Álvaro Uribe como adversario político y con Alejandro Ordóñez como firmante de su destitución. En la nueva etapa, con Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Y siempre, en los márgenes, con los familiares de secuestrados, con las organizaciones afrocolombianas del Chocó y el Pacífico, con los defensores de derechos humanos que compartían con ella la lista de amenazados por el paramilitarismo.

Su huella es disputada, como corresponde. Para una parte del país fue la mediadora indispensable que hizo posibles las liberaciones humanitarias más importantes del ciclo Uribe y que mantuvo abierta la puerta de una salida negociada cuando el discurso dominante clamaba por la solución militar. Para otra parte fue una figura demasiado cercana a la guerrilla y al chavismo, cuya destitución en 2010 estaba justificada. Ambas lecturas conviven y probablemente seguirán conviviendo, porque encarnan las dos maneras en que Colombia se contó a sí misma durante veinte años.

Hay, sin embargo, hechos que el tiempo ha decantado. Que la mediación de Córdoba fue autorizada por el Estado colombiano, no adelantada por su cuenta, es un dato documentado. Que la sanción de la Procuraduría en 2010 fue anulada en 2020 por el Consejo de Estado, también. Que las liberaciones humanitarias de 2008 no habrían ocurrido sin ella y sin Chávez, tampoco se discute con seriedad. Que su cercanía con Caracas la ató a un régimen que se deterioraba y que esa atadura tuvo costos políticos y morales, es igualmente cierto. La biografía cabal de Piedad Córdoba no elige entre esas afirmaciones: las sostiene juntas.

Su lugar en la historia de Colombia queda fijado en una intersección. Practicó la mediación humanitaria como oficio riesgoso y necesario. Encarnó un antirracismo político que no se conformaba con la movilidad de una élite. Llevó al Senado un feminismo que llegaba desde el liberalismo y terminaba desbordándolo. Y sostuvo una izquierda que aprendió a hablar con los actores armados sin volverse su portavoz, o que al menos lo intentó. Que muriera cuando el país por fin gobernaba desde una coalición que reivindicaba buena parte de esas causas tiene algo de justicia circular, aunque haya llegado tarde.