Gustavo Petro

La semblanza

Petro pertenece a una generación que se politizó en el cruce de tres crisis colombianas: el agotamiento del Frente Nacional, la irrupción de las guerrillas urbanas de los años setenta y la larga transición que va del asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, en 1990, hasta el reordenamiento del sistema de partidos tras la Constitución de 1991. Su figura pública se ha construido sobre una combinación poco frecuente en la política colombiana: militancia insurgente en la juventud, formación económica y académica en Europa, capacidad parlamentaria para instalar en la agenda nacional debates que otros preferían silenciar —la infiltración paramilitar del Estado, la contratación irregular en Bogotá, el modelo extractivista— y un pulso mediático que le ha valido tanto adhesiones fervorosas como rechazos igualmente intensos.

El resultado es una figura polarizante en el sentido literal: un político que organiza el campo electoral por su sola presencia. Ese rasgo, ya registrado por la prensa en agosto de 2017 como definitorio, explica tanto sus derrotas anteriores como el desenlace de 2022, cuando la polarización dejó de ser un obstáculo para volverse el terreno natural de su campaña.

Los orígenes: Ciénaga de Oro, Zipaquirá y el M-19

Petro nació en 1960 en Ciénaga de Oro, un municipio del departamento de Córdoba, en la llanura caribeña. La familia se trasladó pronto a la sabana cundiboyacense, y fue en Zipaquirá —la ciudad de las minas de sal al norte de Bogotá— donde el adolescente hizo la secundaria y entró en contacto con la política. A comienzos de los años setenta, Zipaquirá era todavía una ciudad de tamaño medio con vida universitaria, tradición sindical minera y presencia de grupos de estudio marxistas: el caldo apropiado para que un joven de clase media provinciana se afiliara a la izquierda organizada.

La izquierda a la que Petro se acercó no era la del monte. Era el Movimiento 19 de Abril, el M-19, una guerrilla recién fundada que rompía con los códigos de las FARC y del ELN. Su primera dirección se había constituido en una conferencia realizada en Cali en 1973, con cerca de veinticinco personas alrededor de Jaime Bateman Cayón, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad, Hélmer Marín, Andrés Almarales y Carlos Toledo Plata. Varios de esos fundadores venían de las FARC o habían sido expulsados del Partido Comunista y del ala socialista de la ANAPO; se habían separado, entre otras razones, porque querían trasladar la lucha del campo a las ciudades y chocaban con la orientación rural y la disciplina rígida de las FARC. El M-19 se dio a conocer al país el 17 de enero de 1974 con el robo de la espada de Simón Bolívar de la Quinta de Bolívar en Bogotá, precedido por una campaña publicitaria en la prensa que anunciaba, en tono enigmático, la llegada del movimiento.

Aquella guerrilla era universitaria, ilustrada, de clase media, y hacía del nacionalismo y de la retórica democrática su bandera, distanciándose de los debates dogmáticos marxistas que caracterizaban al resto de la izquierda armada colombiana. Reclutaba jóvenes universitarios y, con frecuencia, hijos de familias con raíces en el sistema que decían querer derrocar —el caso más célebre es el de Pizarro Leongómez, hijo de un almirante de la Marina—. Petro se sumó a esa organización en su adolescencia y militó en el frente urbano, en particular en la región del Magdalena Medio y en Zipaquirá.

Cárcel, tortura y clandestinidad

A comienzos de los años ochenta, la militancia costó cara. Petro fue detenido y sometido a tortura por el Ejército —episodio que él mismo situó en el centro del capítulo "Cárcel y tortura" de sus memorias— y pasó por prisión antes de reincorporarse a la vida clandestina de la organización. Su capítulo "La clandestinidad en Santander" alude al período en que operó en el nororiente del país, en la región del Magdalena Medio, y "Adiós en Barrancabermeja" cierra ese ciclo con la referencia al puerto petrolero que fue durante décadas uno de los epicentros del conflicto armado colombiano.

Mientras Petro cumplía tareas menores en el aparato del M-19, la organización caminaba hacia su catástrofe. El 6 y 7 de noviembre de 1985, un comando dirigido por Luis Otero y Andrés Almarales ocupó el Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con la intención declarada de someter al presidente Belisario Betancur a un juicio político por presunto incumplimiento de los acuerdos de paz suscritos meses antes. La retoma militar convirtió el edificio en ruina humeante: murieron once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además de decenas de empleados judiciales, guerrilleros, miembros de la fuerza pública y civiles. El testimonio posterior de Virginia Vallejo sostuvo que Pablo Escobar había financiado la operación, y hacia 2009 la Comisión de la Verdad confirmó la mayoría de los episodios descritos por ella. Entre 2010 y 2011 la justicia colombiana condenó a un exgeneral y a un alto oficial del Ejército a treinta y treinta y cinco años de prisión, respectivamente, por la desaparición de detenidos tras la retoma.

El Palacio destruyó al M-19 como fuerza militar. La guerrilla fue hostigada sin tregua en los núcleos urbanos y obligada a replegarse al suroccidente colombiano, en el Cauca. La convicción de que la vía armada estaba agotada empezó a abrirse camino en la dirección política del movimiento, y la negociación con el Estado dejó de ser una eventualidad para volverse la única salida.

De la desmovilización a la Constituyente

El proceso de paz se inició formalmente el 2 de abril de 1988, cuando el M-19 declaró un cese unilateral del fuego durante el gobierno de Virgilio Barco. Un año y medio más tarde, en noviembre de 1989, gobierno y guerrilla suscribieron el llamado Pacto político por la paz. Ante el fracaso de la reforma constitucional propuesta para dar cauce al acuerdo, el M-19 convocó a rehacer el pacto directamente con el pueblo mediante una Asamblea Constituyente: una jugada audaz que convergió con la iniciativa ciudadana de la Séptima Papeleta y se formalizó a través de dos decretos de Estado de Sitio —uno del gobierno Barco, otro del gobierno Gaviria— avalados por la Corte Suprema de Justicia.

El 9 de marzo de 1990, en Santo Domingo, Cauca, Carlos Pizarro Leongómez y cerca de novecientos combatientes del M-19 depusieron las armas tras casi diecisiete años de lucha, en el marco del Acuerdo de Corinto. La demanda central del movimiento en la mesa había sido integrarse con plenos derechos a la vida política del país, y esa integración fue casi inmediata: el acuerdo devolvió al M-19 una favorabilidad pública que la toma del Palacio le había arrebatado, y lo convirtió en símbolo visible de la transición política colombiana. Pizarro, que se lanzó a la presidencia con la etiqueta de la Alianza Democrática M-19, fue asesinado poco después en un contexto de violencia sistemática contra líderes políticos —Luis Carlos Galán había sido asesinado en 1989; Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, semanas antes que Pizarro—.

Petro no participó en la Asamblea Constituyente como firmante del texto de 1991, pero sí llegó a la Cámara de Representantes por Cundinamarca en representación de la Alianza Democrática M-19, la coalición que lideraba Antonio Navarro Wolff y que incorporaba al Partido Revolucionario de los Trabajadores —desmovilizado con doscientos combatientes el 25 de enero de 1991— y a otras vertientes de la izquierda. La AD M-19 buscaba, en palabras de sus propios documentos, crear una dinámica política amplia para contribuir desde la sociedad civil a resolver los problemas que habían incentivado la respuesta armada. Navarro realizó con notable desenvoltura la transición de líder guerrillero a personaje del poder, aspiró a la Presidencia y ocupó cargos en el Ejecutivo; la organización, sin embargo, se disolvió electoralmente en pocos años, arrastrada por la fragmentación de la izquierda y por la violencia contra sus cuadros.

Petro tomó entonces el camino más largo. Salió del país al exilio —la etapa que sus memorias titulan "La derrota y el exilio"— y en Europa completó su formación como economista, con estudios en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y una estancia diplomática menor en Bruselas. Ese paso por la academia europea le proporcionó el instrumental técnico que después sostendría sus debates parlamentarios: la capacidad de leer presupuestos, contratos y balances con la misma precisión con la que otros leían discursos.

El Congreso: parapolítica y contratación

De regreso en Colombia, Petro reingresó a la Cámara de Representantes y luego pasó al Senado, esta vez ya no bajo la marca del M-19 —extinguida electoralmente— sino como figura del Polo Democrático, la coalición que agrupó a la izquierda colombiana en la primera década del siglo XXI. En el Congreso construyó el capital político que sostendría todo lo demás.

Dos debates lo definieron. El primero, la parapolítica: la denuncia sistemática de los vínculos entre congresistas, gobernadores y alcaldes con las Autodefensas Unidas de Colombia. Las acusaciones surgieron desde la oposición parlamentaria —el Polo Democrático y Petro en particular— antes de que el escándalo adquiriera plena dimensión judicial, en el contexto de los debates de la agenda electoral de 2006. Aquellas denuncias, que empezaron como intervenciones minoritarias en el hemiciclo, terminaron sosteniendo procesos ante la Corte Suprema de Justicia que llevaron a prisión a decenas de congresistas, sobre todo del bloque uribista. Petro, que había sido militante del M-19 y hablaba desde una biografía marcada por la lucha armada, se convirtió así en el interlocutor incómodo de la mayoría gobernante: el hombre que exhibía, con documentos y nombres, la infiltración paramilitar del Estado.

El segundo debate fue el del carrusel de la contratación en Bogotá. Alrededor de 2011 y 2012, el escándalo por los sobornos y las adjudicaciones amañadas de obras públicas en la capital estalló públicamente y arrastró a figuras como Iván Moreno —senador y hermano del entonces alcalde Samuel Moreno Rojas— y al contratista Emilio Tapia. Petro había advertido sobre esas irregularidades desde el Senado, y la caída del clan Moreno dejó vacante el liderazgo de la izquierda bogotana en un momento en que la Alcaldía de la capital se había convertido en el segundo cargo más importante del país.

El contexto ayudaba. Para 2006, la izquierda se había convertido en la segunda fuerza política de Colombia y el bipartidismo tradicional —liberales y conservadores— había dejado de organizar la contienda. Álvaro Uribe fue reelegido de manera contundente ese año, pero el reordenamiento subterráneo del sistema de partidos avanzaba: el período 2006-2010 marcó un momento crucial para la democracia colombiana, con clases medias urbanas y rurales de creciente peso cuantitativo que empezaron a alimentar movilizaciones a favor de la paz, de la financiación de la educación pública y contra diversas políticas gubernamentales.

La Bogotá Humana

En octubre de 2011 Petro ganó la elección para la Alcaldía de Bogotá y tomó posesión el 1 de enero de 2012 con el programa que llamó Bogotá Humana. Su gestión concentró la atención nacional en pocos meses: la reorganización del esquema de recolección de basuras en diciembre de 2012 —cuando se sacó del negocio a los operadores privados y se le trasladó la operación a la empresa pública de acueducto— desencadenó una crisis operativa de tres días que se convertiría en el expediente central del proceso disciplinario en su contra.

El 9 de diciembre de 2013, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó a Petro por quince años. La sanción, tomada por un funcionario administrativo contra un mandatario elegido por voto popular, colocó a Colombia en tensión con el régimen internacional de derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en marzo de 2014 y el episodio fue leído por observadores externos como un movimiento del Gobierno colombiano en dirección contraria al cumplimiento de sus obligaciones internacionales, en contraste con la exclusión del país del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH en 2012. Petro estuvo ausente del cargo durante algunos meses a raíz del proceso, pero regresó y completó el período hasta el 31 de diciembre de 2015.

La Alcaldía dejó dos herencias en su biografía. La primera, una experiencia de gobierno urbano en la ciudad más grande y compleja del país, con gestión de servicios públicos, seguridad y política social a gran escala. La segunda, la comprobación de que la maquinaria institucional colombiana podía activarse para expulsar a un mandatario de izquierda por vía administrativa: una lección política que orientaría sus siguientes movimientos, sobre todo la insistencia en construir una coalición amplia capaz de blindarlo en el Congreso y frente a los órganos de control.

Las candidaturas presidenciales

Petro había intentado la Presidencia por primera vez en 2010 con el Polo Democrático, en una elección que ganó Juan Manuel Santos. Volvió a intentarlo en 2018, esta vez con más fuerza. Llegó a la segunda vuelta contra Iván Duque, el candidato del uribismo, y perdió; pero la campaña reveló que la izquierda podía competir por el poder nacional y no solo por bastiones locales. En aquel balotaje, Antanas Mockus —el matemático y filósofo que había sido dos veces alcalde de Bogotá y candidato presidencial en 2010— decidió apoyar públicamente a Petro pese a la presión de sus cercanos, que le pedían neutralidad. Ese gesto, minoritario pero simbólicamente potente, prefiguró la coalición que se ampliaría en 2022.

Entre 2018 y 2022, Colombia atravesó su crisis más profunda del siglo. La pandemia de covid-19, desde marzo de 2020, agravó una situación social ya tensa por la implementación desigual del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC y por el descrédito acumulado de la clase política. El estallido social de abril y mayo de 2021 —el llamado paro nacional, con semanas de bloqueos, movilización juvenil masiva y represión policial documentada por organismos internacionales— dejó al gobierno Duque debilitado y al país polarizado. Sobre ese trasfondo se construyó el Pacto Histórico, la coalición que Petro armó absorbiendo a los remanentes del Polo, a sectores del liberalismo, a movimientos indígenas y afrocolombianos, y a nuevas figuras urbanas.

La incorporación de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial fue el gesto decisivo. Márquez, defensora ambiental y de derechos humanos originaria del norte del Cauca, ganó una consulta interna atípica y aportó a la coalición una plataforma de justicia social construida desde la reivindicación de los sectores más marginados de la sociedad colombiana. Su irrupción no era un añadido cosmético: la victoria electoral de 2022 se construyó sobre décadas de movilización de comunidades negras e indígenas por justicia racial, derechos territoriales y paz, y esa acumulación política preexistía al liderazgo de Petro y no derivaba de la herencia del M-19.

2022: la primera vuelta y el balotaje

El 29 de mayo de 2022, en primera vuelta, Petro obtuvo 8.541.617 votos, equivalentes al 40,34 por ciento del total. El resultado fue histórico —la mejor votación jamás alcanzada por un candidato de izquierda en Colombia—, pero no bastaba. La sorpresa la dio Rodolfo Hernández, un empresario santandereano y exalcalde de Bucaramanga, que con una campaña de bajo costo basada en redes sociales, escasos recursos organizativos y un discurso antipolítico de estirpe populista, obtuvo 5.965.335 votos y el 28,17 por ciento, desplazando a Federico Gutiérrez —el candidato del establecimiento y del uribismo residual— y a Sergio Fajardo, que representaba a la centroizquierda tecnocrática.

La segunda vuelta se convirtió en un plebiscito atípico: no ya izquierda contra derecha en el eje clásico, sino cambio contra cambio, con dos candidatos que se presentaban como rupturistas y que se disputaban al electorado descontento. Petro venció a Hernández y se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia; Francia Márquez, en la primera vicepresidenta afrocolombiana del país. La ceremonia de posesión, el 7 de agosto de 2022 en la Plaza de Bolívar de Bogotá, incluyó la presencia simbólica de la espada de Simón Bolívar —la misma que el M-19 había robado en 1974 y que se había convertido en emblema de la organización— traída al acto por orden del propio Petro, en un gesto que cerraba un círculo de casi medio siglo.

Su red: quiénes lo rodean, contra quiénes se define

La política de Petro se ha construido en un mapa denso de aliados y adversarios. En la genealogía interna del M-19, sus referentes son Jaime Bateman Cayón —el fundador que murió en 1983, antes del Palacio de Justicia— y Carlos Pizarro Leongómez, el comandante desmovilizado y asesinado. La sombra de Pizarro atraviesa buena parte del relato personal: la idea de un liderazgo político-militar que se transforma en dirigencia democrática, truncado por la violencia y retomado, décadas más tarde, por quien había sido su subalterno.

En la política institucional posterior a la Constituyente, Antonio Navarro Wolff fue durante años la figura más visible de la izquierda posguerrillera, y su relación con Petro ha combinado convergencia y distancia. Álvaro Leyva Durán, exministro conservador y negociador de paz, se sumó a la coalición de 2022 y ocupó la cancillería en los primeros dos años del gobierno. En el terreno técnico, la formación económica de Petro en Lovaina lo conectó con corrientes heterodoxas europeas que rara vez habían tenido presencia en la conducción económica colombiana.

Sus adversarios principales han sido, en secuencia, Álvaro Uribe Vélez y el bloque político que representa; Juan Manuel Santos, con quien mantuvo una relación ambivalente durante el proceso de paz con las FARC; Iván Duque, a quien enfrentó dos veces —en las urnas de 2018 y en la oposición legislativa de 2018 a 2022—; y el conjunto de órganos de control que en 2013 le retiraron la Alcaldía. Alrededor suyo también han orbitado tensiones familiares: la más notoria, la protagonizada por su hijo Nicolás Petro Burgos, diputado del Atlántico investigado desde 2023 por presunta financiación irregular de la campaña presidencial, un episodio que introdujo en el gobierno una fractura íntima difícil de administrar. Su esposa, Verónica Alcocer, ha ocupado el rol de primera dama con perfil discreto.

Caracas figura de otro modo en el mapa: Petro es hablante de un español costeño con vecindades caribeñas y venezolanas, y su gobierno restableció las relaciones diplomáticas con el vecino país que Duque había roto, marcando así una diferencia estratégica con la orientación de la política exterior colombiana de los quince años anteriores.

Un vector, no un desenlace

Petro escribió su autobiografía, Una vida, muchas vidas, publicada por Planeta en octubre de 2021, ocho meses antes de la elección. El libro, organizado en capítulos que van desde los orígenes familiares y "Cárcel y tortura" hasta "La toma del Palacio", "La Constituyente", "La derrota y el exilio", "El Congreso" y "La Bogotá Humana", pasando por episodios controvertidos como "Mi reunión con Carlos Castaño" —una referencia a un encuentro personal con el jefe paramilitar— y "Un presidente paramilitar", construye deliberadamente el relato que la campaña de 2022 usaría como base: la trayectoria de un hombre que atravesó todas las estaciones del conflicto colombiano y salió del otro lado con la propuesta de gobernar.

Ese relato tiene la fuerza de las biografías que sí atravesaron lo que cuentan. Pero también tiene los riesgos de las autobiografías políticas: unificar en una sola línea de sentido lo que fueron desvíos, azares y decisiones contingentes. La lectura histórica más sobria de la trayectoria de Petro no lo convierte ni en el heredero natural del M-19 ni en la culminación necesaria de un ciclo. La desmovilización de 1990 no produjo una izquierda hegemónica sino marginal durante tres décadas; el verdadero quiebre del sistema político colombiano ocurrió más tarde, hacia 2006, cuando la izquierda se volvió segunda fuerza y el bipartidismo colapsó; y la victoria de 2022 dependió tanto de la persistencia individual de Petro como de una convergencia contingente —pandemia, estallido social, descrédito del uribismo, irrupción de Francia Márquez y de las comunidades afro e indígenas— que amplió la coalición mucho más allá de los límites históricos de la izquierda heredera del M-19.

Petro es, en ese sentido, el vector más visible de una mutación que su generación insurgente inició sin poder completarla: el desplazamiento de la disputa política colombiana desde el fusil hacia la urna, forzado por el fracaso militar y político de la vía armada. Que ese desplazamiento haya culminado en 2022 con un triunfo presidencial no lo hace un desenlace lógico; lo hace, más bien, el punto donde una trayectoria personal empeñada y una crisis sistémica se encontraron.

La huella

Cualquier juicio de largo alcance sobre el gobierno de Petro pertenece a un balance que solo podrá hacerse cuando termine el período 2022-2026. Lo que ya está establecido, en cambio, es su lugar en la línea histórica: es el primer presidente de izquierda de Colombia, y ese hecho no admite calificación. En un país donde la izquierda fue perseguida, asesinada —el genocidio de la Unión Patriótica en los años ochenta y noventa es el caso más doloroso—, marginada de las instituciones y confinada a bastiones locales durante generaciones, que un exmilitante del M-19 haya llegado al Palacio de Nariño por vía electoral modifica la memoria política del país.

También modifica el modo en que Colombia se piensa a sí misma. La conjunción entre un presidente proveniente de la insurgencia urbana y una vicepresidenta afrocolombiana venida del activismo territorial rompe con la imagen andina, blanca y bipartidista que el poder colombiano proyectó durante casi doscientos años. Que la ruptura sea sólida, que produzca reformas duraderas, que sobreviva a la alternancia y que no repita los errores de otros experimentos regionales latinoamericanos, es una pregunta abierta.

Petro pertenece a una generación cada vez más escasa: la que empuñó armas contra el Estado y terminó, décadas después, gobernándolo. Su lugar en la historia de Colombia no dependerá solo de lo que haga en el Palacio de Nariño entre 2022 y 2026, sino de si la mutación que él encarna —de la insurgencia armada a la disputa institucional, del margen al centro, de la clandestinidad al gobierno— logra estabilizarse en el sistema político colombiano o se revela, con el tiempo, como un episodio singular y no repetible. Lo primero convertiría a Petro en el fundador tardío de un ciclo. Lo segundo, en su figura más lograda y también más solitaria.