Lorenzo Muelas

Un dirigente de Guambía

Para entender a Muelas hay que entender el resguardo del que proviene. Guambía se levanta en las tierras altas de Silvia, en la vertiente occidental de la cordillera Central, donde el pueblo misak —que se autonombra Wan o Misak— fue arrinconado a lo largo de siglos de despojo iniciado con la conquista española y continuado por colonos, terratenientes y órdenes religiosas. Ese confinamiento a zonas montañosas de escasa tierra cultivable es la herida original que atraviesa toda la trayectoria política de Muelas: hablar de derechos en su boca no es una abstracción jurídica, es la memoria concreta de una comunidad que fue empujada cerro arriba durante generaciones.

Al mismo tiempo, los misak nunca fueron un pueblo replegado sobre sí mismo. Adoptaron con notable rapidez fertilizantes químicos, trilladoras, cultivos de clima cálido como café, plátano y naranja; en veredas de municipios como Morales y Caldono ocuparon posiciones de liderazgo comunitario y fueron buscados por campesinos mestizos como referentes de organización. Alguna vez se calificó la suya como una de las culturas más maleables de América, expresión que capta mal —porque suena a plasticidad pasiva— lo que en realidad es una capacidad de absorber, transformar y devolver al mundo circundante bajo términos propios. Muelas es hijo directo de esa doble condición: pueblo despojado y comunidad con vocación de liderazgo regional.

Su figura pública se consolida en el largo proceso que va de las recuperaciones de tierras de los setenta a la formalización del primer Plan de Vida del Cabildo de Guambía en 1994. En ese arco, Muelas transita del activismo local al escenario nacional sin cambiar de registro: en cada intervención aparece hablando en nombre de su pueblo, articulando categorías guambianas, invocando una historia de treinta mil años como fundamento de la autoridad política que ejerce.

El aprendizaje en las recuperaciones

La generación política a la que pertenece Muelas se formó en la escuela dura de las recuperaciones territoriales del Cauca. A comienzos de los setenta, el movimiento indígena caucano se organiza en paralelo a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos —la ANUC—, y en 1971 se funda el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, que institucionaliza un largo pasado de resistencia comunitaria. La lucha por la tierra, la negativa a pagar terraje y la recuperación de haciendas usurpadas al resguardo fueron la consigna central de esos años.

Líderes guambianos como Javier Calambá y Trino Morales tuvieron un papel decisivo en la conformación del CRIC. Trino Morales fue, además, el primer secretario de Asuntos Indígenas de la ANUC en el Cauca, prueba de que la organización campesina fue durante un tiempo el contexto natural en el que los misak y los nasa ensayaron su acción política moderna. Muelas se forma en ese ambiente: el de una dirigencia joven que combinaba la gestión ante el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria —el INCORA— con el trabajo comunitario local y, sobre todo, con las recuperaciones nocturnas, esas incursiones organizadas en las que grupos de indígenas entraban a las haciendas, se asentaban y comenzaban a cultivar la tierra que reclamaban como propia.

Es una escuela política en el sentido literal. Se aprende a leer títulos coloniales, a discutir con funcionarios, a movilizar comunidades, a resistir la represión. Pero también se aprende a distinguir. Muy pronto, los dirigentes indígenas del Cauca advirtieron que los grupos revolucionarios externos —urbanos, mestizos, marxistas— proponían consignas campesinas genéricas como "tierra para quien la trabaja" o "tierra sin patrones" que no coincidían con lo que ellos reclamaban. Los misak y los nasa no querían simplemente tierra: querían su tierra, la del resguardo, con sus autoridades, sus formas de gobierno, su lengua. Los enfrentamientos con esos aliados incómodos empujaron a la dirigencia indígena a reconocer, sin decirlo todavía en voz alta, que necesitaban una unidad indígena propia. De esa intuición saldrán, años después, tanto la ruptura con la ANUC como la deriva particular de los misak dentro del propio movimiento indígena.

Ese trasfondo es esencial para leer a Muelas. Cuando habla en la Constituyente o en el Senado no está improvisando: enuncia aprendizajes decantados durante dos décadas de trabajo comunitario, gestión institucional, ocupaciones de hecho y confrontación con actores externos que pretendían hablar por los indígenas.

De la unidad regional a la afirmación misak

Las diferencias con el movimiento campesino no fueron el único motor de decantación. Dentro del propio movimiento indígena caucano, los misak fueron construyendo una identidad organizativa cada vez más diferenciada. El CRIC, aunque compuesto por varios pueblos, se sostuvo sobre todo en los nasa —el pueblo indígena mayoritario del departamento— y centró su acción en la recuperación de la tierra y, en cierta medida, en la preservación cultural. Los misak, minoritarios pero políticamente muy activos, empezaron a percibir que necesitaban un cauce propio.

Ese cauce comenzó a abrirse en la década de los ochenta. Los guambianos se hermanaron con el pueblo Pasto, del sur, en un proceso lento de reconocimiento mutuo que buscaba una unidad indígena tejida desde adentro, sin la mediación de estructuras regionales dominadas por otros pueblos. Ese hilo desembocó en 1995 en la constitución de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, plataforma organizativa alternativa. La creación de AICO no debe leerse como cisma con el CRIC —los cruces siguen siendo múltiples— sino como afirmación de una especificidad: los misak querían un movimiento hecho a su medida, con sus autoridades tradicionales, sus tiempos, sus categorías.

Muelas se mueve exactamente en ese eje. La entera cronología misak que va de los setenta a los noventa puede leerse como la de un pueblo que aprende a diferenciarse hacia afuera —del campesinado mestizo, de los revolucionarios armados, de otros pueblos indígenas— para afirmarse hacia adentro. En cada uno de esos pliegues, Muelas es una de las voces que sostiene el ejercicio de distinción sin caer en el aislamiento.

Esa tensión no se resolvió limpiamente. La identidad política misak es un sitio de disputa moldeado tanto por las acciones de los propios indígenas como por las intervenciones de actores externos: el Estado, las iglesias, la cooperación internacional. Dentro del territorio existe hasta hoy una discusión abierta entre quienes consideran que acceder a financiamiento público es la mejor manera de hacer efectivos los derechos constitucionales, y quienes prefieren el autofinanciamiento y prácticas autónomas de facto para evitar cualquier intervención estatal en asuntos indígenas. Muelas participó y sigue participando en esa discusión desde el ala que apostó por entrar al Estado sin ser absorbido por él, una apuesta que exige un equilibrismo permanente.

El Quintín Lame como sombra y como puerta

En paralelo al trabajo organizativo civil, una parte del movimiento indígena caucano tomó las armas. Entre 1984 y 1991 operó en el departamento el Movimiento Armado Quintín Lame, MAQL, grupo guerrillero que tomó su nombre del célebre líder nasa de la primera mitad del siglo XX y cuyo legado político —recuperación de tierras de resguardo, autonomía de los cabildos, defensa cultural— fue reivindicado tanto por él como por el CRIC.

La relación entre el movimiento armado y el movimiento indígena civil fue compleja y costosa. Antes incluso de la formación del MAQL, el movimiento caucano y el M-19 habían realizado escuelas conjuntas de formación político-militar; en una de ellas, armas procedentes del Cantón Norte —el mismo cuartel al que el M-19 sustrajo un arsenal a comienzos de 1979— llegaron a manos de indígenas. El precio fue alto: buena parte de la dirigencia fue capturada y procesada en el Consejo Verbal de Guerra iniciado en La Picota, en Bogotá, en noviembre de 1979.

El MAQL, ya como organización propia, buscó desde temprano una salida política. En julio de 1988 emitió un comunicado con su propuesta de paz que incluía tres demandas regionales: desmilitarización de las zonas indígenas y campesinas, un acuerdo político con participación de todas las fuerzas sociales del Cauca y un proyecto de desarrollo regional. Esas demandas dibujan bien el horizonte del grupo: no la toma del poder, sino condiciones de vida y autonomía territorial. Fue uno de los grupos que se acogieron al proceso de paz que condujo a la Asamblea Nacional Constituyente, junto con el M-19 —que firmó su acuerdo en 1990—, el EPL y el PRT.

De ese proceso emergió Alfonso Peña Chepe, exintegrante del Estado Mayor del MAQL, quien participó en la Constituyente en nombre del Movimiento Indígena Quintín Lame y presentó allí un proyecto de reforma constitucional. Peña Chepe y Muelas encarnan dos vías del ingreso indígena al escenario constituyente: la del grupo armado desmovilizado y la del movimiento civil electo. No fueron rivales sino piezas complementarias de una misma inflexión histórica. La Constituyente sería impensable sin la desmovilización de las guerrillas menores, y la voz civil de Muelas ganó peso precisamente porque el momento del país reclamaba integrar a los sectores que habían quedado por fuera del pacto político tradicional.

La Asamblea Nacional Constituyente

La ANC de 1991 fue el escenario que catapultó a Muelas al espacio nacional. Convocada originalmente a través de la llamada séptima papeleta en las elecciones de marzo de 1990 y formalizada mediante sucesivos decretos de estado de sitio —uno bajo el gobierno de Virgilio Barco y otro bajo el de César Gaviria, ambos avalados por la Corte Suprema de Justicia—, la Asamblea se instaló el 4 de febrero de 1991 en el salón Elíptico del Congreso y proclamó la nueva Constitución el 4 de julio del mismo año. Su presidencia fue colegiada: Álvaro Gómez Hurtado por el conservatismo y el Movimiento de Salvación Nacional, Antonio Navarro Wolff por la Alianza Democrática M-19 y Horacio Serpa Uribe por el liberalismo, los tres elegidos copresidentes el día de la instalación.

Muelas llegó a esa asamblea como voz del pueblo misak y del movimiento indígena. Junto a Francisco Rojas Birry —representante de las comunidades afrocolombianas e indígenas del Pacífico— y al ya mencionado Alfonso Peña Chepe, en representación del Quintín Lame desmovilizado, configuró la presencia indígena en el órgano constituyente. La distribución era eficaz: dos indígenas provenientes del mundo organizativo civil y uno de la reciente reinserción armada, cubriendo un abanico político que iba de las cordilleras del Cauca al Chocó y el Pacífico.

La ANC fue el momento en que se volvió visible una nación indígena que había permanecido marginada por más de un siglo bajo un régimen legal cuya expresión más elocuente era la Ley 89 de 1890, ese texto que se proponía regular "cómo deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada". Es una ironía de la historia que esa misma ley, pensada como instrumento tutelar y civilizatorio, hubiera sido durante décadas utilizada estratégicamente por las organizaciones indígenas como escudo para defender los resguardos: un régimen concebido para asimilar terminó protegiendo por defecto la excepcionalidad indígena. Muelas y los suyos entraron a la Constituyente con la intención de sustituir esa arquitectura anacrónica por un reconocimiento sustantivo.

En el marco mismo del proceso constituyente, Colombia ratificó el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales, ratificación que quedó expresada en la Ley 21 de 1991. Ese instrumento se convirtió en columna del andamiaje de derechos con el que Muelas y sus aliados trabajaron dentro y fuera del salón Elíptico.

Lo que quedó en la Constitución

El resultado, en el texto de 1991, es visible aunque incompleto. El artículo 7 establece que "el Estado reconoce y protege la diversidad étnica de la nación colombiana", fórmula que rompe con la ficción de homogeneidad cultural en la que se había fundado el país desde el siglo XIX. La Constitución concibió, además, las Entidades Territoriales Indígenas —las ETI—, que en su diseño garantizarían autonomía territorial y presupuestal a los pueblos indígenas conforme a sus prácticas culturales.

Este segundo logro es también la principal frustración del proyecto. Tres décadas después de promulgada la Constitución, las ETI permanecen sin plena implementación. La promesa de un ordenamiento territorial que hiciera efectiva la autonomía indígena quedó en suspenso, y el reconocimiento simbólico convivió con una autonomía material siempre en negociación. Muelas ganó la palabra dentro del Estado; el Estado no cumplió con la letra completa del texto que ayudó a redactar. Esa brecha entre el reconocimiento formal y la soberanía territorial efectiva es la nota de fondo que atraviesa toda su obra posterior.

Hay, con todo, un desplazamiento cultural más profundo cuya medición no se agota en las leyes. Los procesos de fortalecimiento identitario indígena que habían comenzado en los años setenta se consolidaron tras la Constitución de 1991 y se expresaron de manera elocuente en el censo nacional de 2005, cuando un número significativamente mayor de colombianos se reconoció como indígena. Ese cambio en la autopercepción es también legado de la Constituyente: al declarar la diversidad étnica un valor protegido, el Estado devolvió a millones de personas la posibilidad de nombrarse.

El derecho mayor y la voz misak en el Congreso

Tras la ANC, Muelas siguió en la vida pública. Fue senador de la República, ejerciendo desde ese escaño lo que había hecho desde el cabildo y desde la Constituyente: hablar como misak en el idioma del Estado. Su intervención más reconocible es la elaboración del concepto de derecho mayor.

En su formulación, los pueblos indígenas poseen derechos propios, autónomos y preexistentes a la colonización, fundados en una historia y cultura de treinta mil años. Los guambianos llaman a esos derechos derecho mayor; otros pueblos hablan de ley natural, ley de origen o derecho ancestral. El punto no es solo terminológico. Al hablar de derecho mayor, Muelas afirma que la juridicidad indígena no es una concesión del Estado colombiano, sino una realidad que antecede al Estado y que este debe reconocer sin arrogarse el poder de otorgarla. Es una tesis fuerte: implica que la Constitución de 1991 no crea derechos indígenas, sino que —tardíamente— los reconoce.

Desde ese lugar conceptual, Muelas ejerció una vocería que trascendió al pueblo misak. Expresó solidaridad con el pueblo U'wa, del oriente andino, frente a lo que describió como colonización e intrusión en territorios indígenas, en años en los que el debate sobre exploraciones petroleras en zonas de resguardo tensó la relación entre el Estado, las corporaciones y las autoridades tradicionales. La solidaridad con los U'wa no fue anecdótica: mostró que la voz misak podía articular una posición pan-indígena sin renunciar a la especificidad étnica de la que provenía.

Junto a su acción parlamentaria, Muelas coescribió con Floro Tunubalá —el otro gran dirigente misak de la generación, elegido en 2000 primer gobernador indígena del departamento del Cauca— un documento publicado en 2009 que sistematiza el pensamiento político del pueblo misak sobre derechos a la tierra, la justicia, la educación, la salud y la lengua. Ese texto, elaborado con Juan Bautista Muelas Trochez como coautor, es una de las piezas fundamentales para leer la evolución del pensamiento propio misak durante las dos primeras décadas de vida de la Constitución que Muelas ayudó a redactar.

El Plan de Vida como proyecto colectivo

Nada de lo anterior se entiende sin el proceso del Plan de Vida, esa construcción intelectual y política que el pueblo misak inició a comienzos de los años ochenta y formalizó por primera vez en 1994, con la elaboración del primer Plan de Vida del Cabildo de Guambía. El Plan de Vida no es un documento técnico al estilo de los planes de desarrollo municipales, aunque dialoga con ellos: es la reconstrucción del pensamiento y la historia propios, un pensamiento político elaborado sobre los derechos a la tierra, la justicia, la educación, la salud, la lengua materna y las costumbres.

Su premisa central es una ruptura. El Plan de Vida misak propone una concepción de "desarrollo" basada en la pervivencia y el crecimiento en armonía con la naturaleza y el cosmos, en oposición explícita al modelo de desarrollo material, lineal e indefinido propio del capitalismo. Esa formulación, que hoy podría sonar cercana a los debates globales sobre el buen vivir, fue elaborada en Guambía a partir de la propia experiencia comunitaria mucho antes de que esos debates circularan como discurso académico.

Muelas es figura central de ese proceso. No como autor único —el Plan de Vida es por definición un ejercicio colectivo, elaborado en asambleas, con la mediación de las autoridades tradicionales del cabildo y con la participación de mayores, mujeres y jóvenes— sino como uno de los intelectuales orgánicos que dieron forma verbal a la elaboración comunitaria. La articulación entre Plan de Vida y derecho mayor es completa: el Plan de Vida es el proyecto positivo que se levanta sobre el derecho mayor como fundamento. Uno dice qué queremos ser; el otro dice desde dónde tenemos el derecho a ser.

En años posteriores, otros resguardos misak, como el de La María, incorporaron a la construcción del Plan de Vida estrategias que refuerzan su carácter deliberativo: el aprovechamiento de los espacios de concertación entre las diferentes instancias de autoridad y de poder en el cabildo, la obtención de resultados progresivos, la evaluación permanente de las actividades realizadas. Son procedimientos que traducen a lo cotidiano el pensamiento político que Muelas y su generación llevaron al escenario nacional.

Autonomía en medio de la violencia

La trayectoria de Muelas discurrió en un país en guerra. El Cauca ha sido durante décadas uno de los territorios más disputados por los grupos armados —guerrillas, paramilitares, ejército, bandas del narcotráfico— y los resguardos misak no han estado al margen de esa violencia. Ante ese escenario, el pueblo misak y las organizaciones caucanas desarrollaron una forma de resistencia con rasgos singulares: no armada, anclada en tradiciones propias, movilizada de manera masiva y directa, orientada tanto a defender la vida como a preservar la autonomía territorial frente a las imposiciones de todos los actores en conflicto.

Esa resistencia se ejerce con herramientas comunitarias antes que jurídicas: el respeto a la diversidad étnica dentro del resguardo, la concertación entre instancias de autoridad del cabildo, la autogestión con evaluación permanente. La política así entendida no es un episodio de coyuntura sino una práctica sostenida, día a día, en la que participan las guardias indígenas, las asambleas comunitarias, las autoridades tradicionales. Que en el año 2000 un dirigente misak como Floro Tunubalá haya sido elegido gobernador del Cauca —el primer gobernador indígena del departamento— fue el fruto electoral de esa acumulación política: en la Asamblea departamental, en concejos municipales y en varias alcaldías, la presencia indígena venía preparando el terreno desde los años noventa.

Muelas, más veterano, no fue candidato a esa gobernación, pero sí protagonista del entramado organizativo e intelectual sin el cual la victoria de Tunubalá habría sido impensable. Su papel, en esa etapa, se parece cada vez más al de un mayor: el que articula memoria, marco conceptual y proyección política.

Los límites y la disputa

Sería injusto presentar la trayectoria de Muelas como un ascenso sin fisuras. El propio movimiento misak reconoce que las identidades indígenas han sido moldeadas también por la intervención de actores externos —el Estado, las iglesias, la cooperación internacional— y que esa intervención ha exacerbado conflictos políticos locales. La tensión interna entre quienes ven en el financiamiento público la mejor garantía de derechos y quienes prefieren la autonomía de facto no es una anécdota: es la discusión permanente sobre qué tan lejos se puede entrar en la institucionalidad estatal sin quedar preso de ella.

Muelas apostó por entrar. Fue constituyente, senador, coautor de documentos programáticos, vocero permanente en los espacios oficiales de discusión. Esa apuesta produjo resultados innegables —el reconocimiento constitucional de la diversidad étnica, la incorporación del Convenio 169, la elección de gobernadores y alcaldes indígenas— y también resultados incompletos: las Entidades Territoriales Indígenas siguen sin implementación plena, la autonomía material del resguardo no ha avanzado al mismo ritmo que la autonomía formal, y el despojo territorial no se ha revertido en la escala que la historia larga del pueblo misak exigiría.

Hay quienes, dentro del propio movimiento, preferían y prefieren una ruta más recogida sobre sí misma, con menos exposición al Estado y a las mediaciones institucionales. La existencia misma de AICO como plataforma diferenciada del CRIC forma parte de esa discusión sobre cómo se camina en los bordes del poder sin ser absorbido. Muelas eligió, dentro de su comunidad y con el respaldo del cabildo, la vía del ingreso al Estado hablando el idioma misak. El balance no es cerrado; sigue en disputa.

Herencia

Lo que Muelas deja es difícil de resumir sin traicionar la densidad del proceso. Deja, primero, un concepto —el derecho mayor— que ha permitido a las organizaciones indígenas colombianas fundamentar sus reclamaciones sobre una base filosófica y jurídica autónoma, no derivada del Estado. Deja, segundo, un modelo de participación política que combina la presencia en las instituciones nacionales con la fidelidad al cabildo y a la autoridad tradicional. Deja, tercero, la elaboración conjunta del Plan de Vida misak como matriz de pensamiento propio, con su ruptura frente al desarrollo capitalista y su apuesta por la pervivencia y el crecimiento en armonía con la naturaleza y el cosmos.

Deja, sobre todo, un modo de estar en la vida pública. Cuando Muelas habló en el salón Elíptico durante las sesiones de la Constituyente, no lo hizo como parlamentario aficionado a la retórica: lo hizo como taita, con la lengua namtrik detrás de cada frase en español, con treinta mil años de historia como el respaldo del que él mismo hablaba. Que ese registro cupiera en la política nacional colombiana —que un dirigente indígena pudiera coescribir la Constitución sin dejar de ser autoridad de su resguardo— es una de las mutaciones más importantes de la vida pública del país en el último medio siglo.

La promesa constitucional sigue incompleta. Las Entidades Territoriales Indígenas siguen sin ley que las active plenamente; los conflictos por la tierra, por la explotación de recursos, por el control armado del territorio continúan tensando la vida del Cauca. Muelas y su generación no cerraron esas heridas; abrieron un cauce por el que hoy corren las luchas de los pueblos indígenas colombianos con una legitimidad institucional que antes de 1991 no tenían. Ese es su hito, y su límite. En Guambía, donde los caminos suben hacia las montañas en las que su pueblo fue arrinconado, esa doble condición —logro y frontera— seguirá siendo materia de conversación y de trabajo colectivo por muchos años más.