Lorenzo Muelas

Un dirigente de Guambía

Muelas nació en El Gran Chimán, dentro del resguardo de Guambía, en el municipio caucano de Silvia. Su autobiografía reconstruye el despojo territorial y la terrajería desde la experiencia de una familia obligada a trabajar para hacendados a cambio de ocupar una parcela. Ese testimonio permite relacionar su posterior acción política con una historia concreta de subordinación agraria, sin convertir en biografía individual toda la historia colonial del pueblo Misak.

Fue el hijo mayor de Juan Bautista Muelas y Benilda Hurtado. Pasó por la escuela solo durante los primeros años y trabajó desde niño como terrajero, jornalero y agricultor. Las fuentes difieren entre dos y tres años de escolaridad, por lo que el dato seguro es su educación primaria incompleta. Su formación posterior fue comunitaria y autodidacta, vinculada al trabajo, a los cabildos y a la movilización por la tierra; no es necesario explicarla mediante generalizaciones sobre una supuesta adaptabilidad cultural de todo el pueblo.

Su trayectoria pública puede seguirse mediante hitos verificables: participó en las luchas territoriales del suroccidente; fue gobernador de Guambía en 1985; trabajó con Autoridades Indígenas del Suroccidente; resultó elegido a la Constituyente en 1990 y al Senado en 1994. En esos espacios habló desde la experiencia misak y defendió territorio, autonomía y autoridad propia. La referencia a una historia de treinta mil años aparece en su propio lenguaje político y debe leerse como una afirmación de antigüedad y precedencia, no como una cronología arqueológica establecida.

De la terrajería a la recuperación territorial

Las recuperaciones de tierras del Cauca retomaron una larga historia de defensa de resguardos y rechazo del terraje. En la década de 1970 confluyeron el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), creado en 1971, sectores de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y procesos comunitarios con trayectorias propias. Muelas vivió ese ciclo desde Guambía. Las fuentes revisadas permiten situarlo en las luchas territoriales, pero no fijan cada una de sus actuaciones en 1971 ni justifican atribuirle individualmente la fundación de todas esas organizaciones.

En Guambía, la movilización combinó memoria oral, documentos de propiedad, acción del cabildo y ocupación comunitaria. El Manifiesto guambiano de 1980 condensó principios como «recuperar la tierra para recuperarlo todo» y vinculó territorio, autoridad y cultura. Muelas fue parte de esa generación política, aunque el manifiesto es un texto colectivo y no una obra personal suya. Esta distinción permite reconocer su papel sin absorber en una sola biografía el trabajo de mayores, cabildantes y comunidades enteras.

La experiencia de la recuperación exigía tratar con funcionarios, discutir títulos y sostener decisiones de asamblea, además de enfrentar desalojos y represión. También produjo debates con organizaciones campesinas y corrientes de izquierda que formulaban el problema principalmente como acceso a la tierra. En los procesos indígenas, la reivindicación incluía el resguardo, el cabildo y la continuidad cultural. Esa diferencia ayuda a comprender la política posterior de Muelas, pero no debe presentarse como una ruptura simple y simultánea de todos los pueblos con la ANUC o el CRIC.

En 1985 Muelas fue elegido gobernador del cabildo de Guambía y ejerció el cargo durante un año; después se integró al consejo de mayores. Ese gobierno ofrece un punto comprobable entre la acción territorial local y la representación nacional que vendría después. Su voz en la Constituyente no surgió de una improvisación, pero tampoco puede reconstruirse cada etapa anterior como si hubiera sido preparación deliberada para 1991.

AISO, AICO y una candidatura propia

A comienzos de la década de 1980 tomó forma Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO), articulación ligada a autoridades misak y pastos que buscaban una vía política propia. La investigación de Ángela Santamaría sitúa su creación entre 1982 y 1983 y documenta el trabajo de Muelas en Nariño durante la segunda mitad de esa década. Esta corriente coexistía y debatía con otras organizaciones indígenas; no puede reducirse a una separación entre misak y nasa ni a una estructura hecha a la medida de un solo pueblo.

La denominación y la cronología de AISO/AICO varían en las reconstrucciones históricas: algunas sitúan el uso del nombre Autoridades Indígenas de Colombia antes de la Constituyente y otras lo asocian con la expansión nacional de 1990-1991. Hay un dato jurídico firme: el Consejo Nacional Electoral reconoció la personería del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia mediante la Resolución 20 del 15 de agosto de 1991. Por tanto, es incorrecto afirmar que AICO se constituyó en 1995.

Muelas fue candidato a la Cámara de Representantes en marzo de 1990 sin resultar elegido. Meses después encabezó la lista de Autoridades Indígenas para la Asamblea Constituyente. La campaña se apoyó en redes comunitarias del suroccidente y logró una representación nacional con una votación modesta frente a las listas partidistas. Esa elección, más que una supuesta capacidad personal de encarnar toda la cronología misak, explica su entrada al escenario constitucional.

El acceso a instituciones estatales no eliminó las discusiones sobre autonomía, recursos públicos y formas de representación. Esas tensiones han variado entre comunidades, organizaciones y momentos históricos. Las fuentes revisadas muestran que Muelas optó por disputar espacios electorales y jurídicos desde una organización indígena, pero no permiten ubicarlo de manera permanente en una de las posiciones actuales sobre financiación o atribuirle todas las decisiones posteriores de AICO.

Paz con el Quintín Lame y representación constituyente

El Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) actuó en el Cauca durante la década de 1980 y firmó un acuerdo final de paz con el Gobierno el 27 de mayo de 1991. Su incorporación a la Asamblea perteneció al diseño de participación de organizaciones desmovilizadas. El MAQL compartía referentes y territorios con movimientos indígenas civiles, pero tuvo estructura y recorrido propios; no fue el brazo armado de Muelas ni de su candidatura.

El acuerdo de paz incluyó dejación de armas, garantías políticas y compromisos regionales. Fue firmado cuando la Constituyente ya estaba sesionando. Esa cronología obliga a separar dos procesos que convergieron en 1991: Muelas había sido elegido por voto popular en diciembre de 1990, mientras el Quintín Lame obtuvo una vocería como organización en proceso de paz. No se necesita reconstruir escuelas armadas o arsenales para explicar la representación de Muelas.

Alfonso Peña Chepe participó como vocero del MAQL con derecho a voz y sin voto. La documentación revisada no lo presenta como tercer constituyente indígena elegido ni respalda aquí el cargo específico de exjefe del Estado Mayor. Su presencia amplió la deliberación indígena, pero su condición jurídica fue distinta de la de Muelas y Francisco Rojas Birry, quienes sí obtuvieron escaños mediante votación popular.

Las trayectorias de Muelas, Rojas Birry y Peña Chepe llevaron a la Asamblea experiencias organizativas distintas. Pueden estudiarse como voces convergentes en varios derechos, no como piezas diseñadas de una estrategia unificada. La elección de Muelas se explica por la candidatura de Autoridades Indígenas y su respaldo electoral; atribuirle un peso derivado de la desmovilización guerrillera convertiría una coyuntura nacional en una causalidad que las fuentes no demuestran.

La Asamblea Nacional Constituyente

Muelas fue elegido el 9 de diciembre de 1990. Una reconstrucción académica basada en los resultados electorales registra 20.083 votos para su lista; Francisco Rojas Birry obtuvo 25.880. La Asamblea se instaló el 5 de febrero de 1991, no el 4, y sesionó hasta julio. Su presidencia colegiada estuvo integrada por Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolff y Horacio Serpa Uribe.

Muelas y Rojas Birry fueron los dos representantes indígenas elegidos. Rojas, embera chamí y candidato de la ONIC, no debe describirse como representante de las comunidades afrocolombianas del Pacífico. Peña Chepe fue un vocero adicional del MAQL con voz y sin voto. Esta diferencia entre escaños electos y vocería designada es necesaria para medir la representación sin inflarla ni reducirla.

La investigación de Santamaría contabiliza cincuenta y una intervenciones de Muelas durante la Constituyente, dieciocho de ellas centradas en asuntos indígenas. El 8 de marzo de 1991 presentó ante la Comisión Segunda el proyecto 83, Propuesta indígena de reforma constitucional, dedicado a autonomía regional. El original conservado permite estudiar sus posiciones sobre pueblos, territorios y autoridades sin atribuirle en solitario cada artículo aprobado por una asamblea de setenta miembros electos y varios voceros.

La Ley 21 del 4 de marzo de 1991 aprobó en el derecho colombiano el Convenio 169 de la OIT. La ratificación internacional no ocurrió por la sola expedición de la ley: Colombia depositó su ratificación el 7 de agosto de 1991 y el convenio entró en vigor para el país un año después. El instrumento reforzó el marco de derechos colectivos y consulta, pero su aprobación fue obra del Congreso y del Ejecutivo, no un resultado personal de Muelas.

Lo que quedó en la Constitución

El artículo 7 de la Constitución establece que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Otros artículos reconocen lenguas en sus territorios, jurisdicción especial, representación y propiedad colectiva. Los artículos 286, 329 y 330 contemplan territorios indígenas y su gobierno conforme a la Constitución y la ley. Muelas defendió autonomía y territorio, pero el texto final fue producto de deliberaciones, ponencias y acuerdos colectivos.

La ley orgánica de ordenamiento territorial prevista para conformar entidades territoriales indígenas no ha culminado el diseño constitucional. Sin embargo, tampoco es exacto afirmar que nada se implementó. El Decreto 1953 de 2014 creó un régimen especial transitorio para poner en funcionamiento territorios respecto de sistemas propios y funciones públicas, y el Decreto 632 de 2018 reguló territorios en áreas no municipalizadas de Amazonas, Guainía y Vaupés. La autonomía territorial sigue siendo parcial y desigual, no enteramente inexistente.

La Constitución de 1991 marcó una ruptura jurídica con el ideal estatal de homogeneidad, pero los procesos de autoidentificación indígena también responden a movilizaciones, censos, cambios metodológicos y dinámicas comunitarias de largo plazo. No hay base suficiente para presentar el aumento registrado en el censo de 2005 como efecto directo de Muelas o de una sola disposición constitucional. Su contribución verificable estuvo en la deliberación que amplió el reconocimiento jurídico y político.

El derecho mayor y la voz misak en el Congreso

El 13 de marzo de 1994 Muelas fue elegido senador por la circunscripción especial indígena para el período 1994-1998, con más de veintisiete mil votos según la síntesis biográfica de Banrepcultural. Su paso por el Senado prolongó la representación electoral iniciada en la Constituyente. Entre sus intervenciones públicas más identificables está la defensa del derecho mayor, aunque esa noción pertenece a tradiciones jurídicas indígenas y no fue una invención individual del senador.

En el ensayo El derecho mayor no prescribe, publicado en 2000, Muelas explica que los derechos de los pueblos indígenas no nacen de una concesión estatal: son anteriores a la conquista y se apoyan en autoridades, normas y relaciones territoriales propias. Allí invoca diez, veinte o treinta mil años para expresar esa precedencia. La cifra debe atribuirse a su argumento político e histórico, no presentarse como datación neutral. Su tesis central sí es clara: la Constitución reconoce derechos preexistentes; no los crea desde cero.

Muelas llevó esa posición a debates nacionales e internacionales sobre territorio, biodiversidad y derechos colectivos. En textos de 2000 criticó la apropiación externa de conocimientos y recursos de los pueblos y expresó solidaridad con los U'wa frente a proyectos petroleros. Estas intervenciones muestran una vocería que excedió a Guambía, pero no autorizan a tratar una voz individual como portavoz permanente de todos los pueblos indígenas.

La obra personal comprobada incluye el proyecto constitucional de 1991, ensayos como El derecho mayor no prescribe y textos sobre derechos indígenas y biodiversidad. En 2005 publicó, con colaboración editorial, La fuerza de la gente, una extensa reconstrucción autobiográfica de la terrajería y las luchas en Guambía. El documento de 2009 citado anteriormente fue escrito por Floro Tunubalá y Juan Bautista Muelas Trochez; no se encontró evidencia de que Lorenzo Muelas fuera coautor, por lo que esa atribución se retira.

El Plan de Vida como proyecto colectivo

El Plan de Vida de Guambía fue un proceso comunitario que articuló territorio, autoridad, educación, salud, producción y cultura. Las fuentes lo sitúan en 1994 y lo describen como trabajo del cabildo, mayores, comisiones y comunidad. Dialoga con antecedentes como el Manifiesto guambiano de 1980, pero no es un documento técnico aislado ni la obra de un solo dirigente. Su valor reside precisamente en la deliberación colectiva y en la formulación de prioridades propias.

Una reconstrucción universitaria atribuye la propuesta y formulación inicial de 1994 al gobierno de Segundo Tombé Morales, con trabajo de Óscar Agredo y Estela Marulanda; una nota de 1995 presenta al cabildo y sus cabildantes como responsables del plan entonces divulgado. Esas referencias pueden corresponder a momentos o versiones del mismo proceso, pero coinciden en su carácter institucional y comunitario. No respaldan presentar a Muelas como autor central ni atribuir a 1994 formulaciones textuales documentadas en planes posteriores.

El derecho mayor y el Plan de Vida pueden relacionarse como expresiones de autonomía, pero tienen autorías y géneros diferentes. Muelas desarrolló públicamente el primero desde su experiencia y pensamiento misak; el segundo fue construido por autoridades y participantes comunitarios. Las fuentes revisadas no permiten afirmar que él dio forma verbal al Plan de 1994 ni que existiera una división personal de funciones entre ambos conceptos.

Planes posteriores y procesos de otros cabildos han desarrollado metodologías propias de diagnóstico, concertación y evaluación. Esa circulación muestra la vitalidad del concepto, pero cada plan responde a autoridades, territorios y coyunturas específicas. El caso de La María no debe usarse como prueba retrospectiva de la participación de Muelas en Guambía ni como extensión automática de su pensamiento.

Autoridad, escritura y vida pública posterior

La actividad de Muelas no terminó con el Senado. Continuó interviniendo como autoridad y autor en debates sobre territorio, propiedad colectiva, biodiversidad y consulta. Su autobiografía de 2005 recuperó voces, lugares y episodios de la terrajería desde una perspectiva declaradamente situada. Es una fuente excepcional para su experiencia, aunque, como toda memoria retrospectiva, debe contrastarse cuando fija fechas o describe actuaciones de terceros.

Su recorrido combina cargos estatales con autoridad comunitaria, una relación que no estuvo libre de tensiones. Participar en elecciones y normas nacionales podía ampliar el reconocimiento, mientras la autonomía cotidiana seguía dependiendo de cabildos, asambleas y control territorial. Esa tensión es visible en su obra; no implica que Muelas dirigiera guardias, alcaldías o todas las formas de resistencia indígena mencionadas en relatos generales sobre el Cauca.

La elección de Floro Tunubalá como gobernador del Cauca en 2000 perteneció a otra trayectoria y a una coalición política amplia. Muelas compartió con él espacios del movimiento de Autoridades Indígenas, pero las fuentes consultadas no permiten afirmar que la victoria hubiera sido imposible sin su intervención ni que Muelas actuara como arquitecto intelectual de esa campaña. La relación organizativa debe conservarse sin convertirla en causalidad personal.

Los límites y la disputa

La investigación sobre AISO/AICO muestra desacuerdos internos, relaciones cambiantes con el Estado y diferencias sobre representación, recursos y autonomía. Muelas fue una figura influyente dentro de esa historia, no su único conductor. También cambiaron las condiciones entre su gobierno de Guambía, la Constituyente, el Senado y los debates posteriores. Una biografía rigurosa debe registrar esas variaciones sin asignarle una posición inmutable durante cuatro décadas.

Sus resultados también fueron colectivos. Muelas presentó propuestas y participó en la deliberación constitucional; la Asamblea aprobó el texto. El Congreso expidió la Ley 21; Colombia depositó la ratificación del Convenio 169; gobiernos posteriores dictaron normas de desarrollo. AICO obtuvo personería en 1991 y otros dirigentes ganaron elecciones en coyunturas propias. Distinguir esas agencias no reduce su importancia: permite localizarla en intervenciones, proyectos, cargos y argumentos realmente suyos.

La entrada al Estado fue una de las vías escogidas por Muelas, pero no significó abandonar el cabildo ni aceptar que los derechos provinieran del Estado. Ahí radica una tensión central de su pensamiento: usar elecciones, leyes y foros internacionales para defender una autoridad que considera anterior a esas instituciones. El balance permanece abierto porque el reconocimiento jurídico avanzó más que varias transformaciones territoriales y porque las comunidades siguen definiendo sus propias estrategias.

Herencia

El legado documentable de Muelas combina cuatro dimensiones: el testimonio sobre la terrajería y las recuperaciones; el gobierno del cabildo de Guambía; la representación electa en la Constituyente y el Senado; y una obra escrita sobre autonomía, territorio y derecho mayor. El proyecto 83 y sus intervenciones permiten observar qué propuso en 1991; sus ensayos y autobiografía muestran cómo explicó después esa experiencia. El Plan de Vida forma parte del mundo político misak en el que actuó, pero no debe sumarse a su bibliografía personal.

Su presencia en la Asamblea hizo audible una voz misak en una institución nacional que antes casi no había incorporado representantes indígenas elegidos. Habló como agricultor, exgobernador y dirigente de Autoridades Indígenas, y no como autor solitario de la nueva Carta. El valor histórico de esa intervención está en haber llevado propuestas propias a una negociación plural, no en la imagen imposible de una persona que «coescribió» por sí misma la Constitución.

La promesa territorial de 1991 sigue incompleta. La ley orgánica prevista por el artículo 329 no ha resuelto integralmente la conformación de las entidades territoriales indígenas, aunque existen regímenes transitorios y desarrollos parciales desde 2014 y 2018. Persisten conflictos por tierra, recursos y control armado que exceden la capacidad de cualquier dirigente. Muelas no cerró esas disputas; contribuyó a modificar el vocabulario jurídico y los canales de representación con los que continúan tramitándose. Ese alcance, preciso y comprobable, es también el límite de su legado individual.