Multiculturalismo constitucional y derechos étnicos en Colombia (1991–1997)
Entre 1991 y 1997, Colombia reconoció por primera vez su carácter pluriétnico y multicultural en la Constitución, expidió la Ley 70 de 1993 que otorgó propiedad colectiva a comunidades negras del Pacífico, e inició la titulación masiva de territorios ribereños; al mismo tiempo, la apertura económica neoliberal, el paramilitarismo y el conflicto armado avanzaban sobre las mismas cuencas, generando una paradoja fundacional entre reconocimiento étnico y despojo territorial.
Ficha del acontecimiento
Síntesis
- Cuándo
- 1991–1997
- Dónde
- Chocó, Buenaventura, Cauca, Quibdó, Tumaco, Nariño, Urabá, Pacífico colombiano, Curvaradó, Río Atrato, Guapi, Jiguamiandó
- Protagonistas
- Lorenzo Muelas, César Gaviria, Ernesto Samper, Carlos Castaño, Orlando Fals Borda, Francisco Rojas Birry, ACIA / COCOMACIA (Asociación Campesina Integral del Atrato / Consejo Comunitario Mayor del Atrato), Proceso de Comunidades Negras (PCN), Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Movimiento Armado Quintín Lame, Diócesis de Quibdó, INCORA
Lectura causal
Causas, hecho y consecuencias
Causas
- Décadas de organización étnico-territorial en las cuencas del Pacífico, lideradas desde 1982 por la ACIA con apoyo de la Diócesis de Quibdó, que construyeron una identidad étnico-territorial ribereña y un modelo de manejo colectivo del territorio antes de cualquier reconocimiento constitucional.
- Presión y cabildeo intenso de organizaciones afrodescendientes e indígenas desde fuera del recinto constituyente, ante la imposibilidad de elegir representantes propios a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
- Giro discursivo de las comunidades negras del Pacífico desde la identidad campesina genérica hacia una identidad étnico-territorial articulada en prácticas tradicionales de producción y manejo colectivo del territorio, que dotó de sustento conceptual al reconocimiento jurídico.
- Contexto de apertura económica neoliberal del gobierno Gaviria que, al transformar el modelo agrario y abrir fronteras internas, hizo más urgente la protección jurídica de territorios colectivos frente al avance de monocultivos, megaproyectos y actores armados.
- Antecedente del Acuerdo de Buchadó y Bellavista (1982–1986), mediante el cual el Estado ya había reconocido a las comunidades del medio Atrato 800.000 hectáreas para manejo especial, sentando precedente institucional para la titulación colectiva.
Consecuencias
- Expedición de la Ley 70 de 1993 (8 capítulos, 68 artículos), que reconoció propiedad colectiva inalienable, inembargable e imprescriptible sobre territorios ribereños del Pacífico, y creó los consejos comunitarios como autoridades administrativas étnico-territoriales.
- Reglamentación de la titulación colectiva mediante el Decreto 1745 de 1995, que estableció requisitos y procedimientos para la constitución de consejos comunitarios y la solicitud de títulos colectivos.
- Titulación masiva de territorios: el Banco Mundial y otras instituciones aportaron 65 millones de dólares para registrar y titular 497 comunidades negras en la Costa Pacífica, alcanzando 2,36 millones de hectáreas de títulos colectivos; el primer título del Pacífico sur se otorgó en 1999.
- Transformación de la ACIA en COCOMACIA en 1995, y proliferación de organizaciones étnico-territoriales en el Pacífico, con tensiones entre el modelo rural de la ley y las realidades urbanas, caribeñas y del piedemonte caucano que quedaron fuera del marco jurídico.
- Desplazamiento forzado masivo y despojo de territorios titulados, especialmente en el Bajo Atrato, como resultado de la Operación Génesis (febrero de 1997), la expansión paramilitar, los monocultivos de palma africana y los megaproyectos, evidenciando la brecha entre reconocimiento jurídico y protección efectiva.
- Reglamentación incompleta de la Ley 70 más de dos décadas después de su expedición, limitando la autonomía cultural y política de las comunidades negras en los capítulos sobre desarrollo económico e identidad cultural.
- Reducción del ritmo de recuperación de tierras indígenas en el Cauca tras la desmovilización del Quintín Lame en 1991 (de 43.701 ha en 1981–1990 a 17.490 ha en 1991–1996), mostrando que el nuevo marco constitucional no se traducía automáticamente en más tierra recuperada.
La clave interpretativa
Por qué importa
El ciclo 1991–1997 estableció el único marco jurídico de propiedad colectiva étnica que ha existido en Colombia, convirtiendo a la Ley 70 en el instrumento central —y también en el límite— de los derechos territoriales afrocolombianos durante las décadas siguientes. Su importancia radica en que nació de una movilización real de décadas, no de una concesión estatal, lo que le dio legitimidad social, pero también en que su diseño geográfico y organizativo dejó fuera a millones de afrocolombianos urbanos, caribeños y del interior. La paradoja fundacional del período —reconocimiento étnico simultáneo a apertura económica, paramilitarismo y despojo— no fue un accidente sino la condición estructural en que operó el multiculturalismo colombiano, y explica por qué los títulos colectivos coexistieron desde el principio con el desplazamiento forzado sobre los mismos territorios.
Desarrollo histórico
La historia completa
Multiculturalismo constitucional y derechos étnicos en Colombia (1991–1997)
Entre julio de 1991 y febrero de 1997, Colombia se dio una Constitución que por primera vez la definió como nación pluriétnica y multicultural, expidió una ley —la 70 de 1993— que reconoció a las comunidades negras del Pacífico el derecho a la propiedad colectiva sobre los territorios que habitaban, y comenzó a titular esas tierras en grandes extensiones ribereñas. En ese mismo lapso, y a menudo sobre las mismas cuencas, avanzaron la apertura económica del gobierno de César Gaviria, la confederación paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá bajo los hermanos Castaño, y una ofensiva militar y contrainsurgente que culminó en la Operación Génesis del 24 al 27 de febrero de 1997 y en el desplazamiento masivo del Bajo Atrato chocoano. El multiculturalismo constitucional colombiano nació atravesado por una paradoja que definiría su primera década: fue conquista real de las organizaciones étnico-territoriales y, al mismo tiempo, quedó inscrito en un país que abría sus mercados y sus fronteras internas a la guerra por la tierra.
Los ríos antes de la ley: la movilización que hizo posible el reconocimiento
El reconocimiento étnico-territorial de 1991 no cayó del cielo constituyente. Venía de una década larga de organización en las cuencas del Pacífico, con la Iglesia católica como catalizador inicial y el campesino ribereño como sujeto que mutaba, poco a poco, hacia una identidad étnica reivindicada.
En 1982 se constituyó, a lo largo del río Atrato, la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), como parte del proceso de concientización emprendido por la Diócesis de Quibdó. Entre 1982 y 1986, la ACIA sostuvo un diálogo con el gobierno que derivó en el Acuerdo de Buchadó y Bellavista: el Estado reconoció a las comunidades del medio Atrato 800.000 hectáreas para manejo especial. Ese antecedente, siete años antes de la Asamblea Constituyente, es decisivo: prueba que la reivindicación territorial de las comunidades negras del Pacífico tenía lógica propia, anterior e independiente de cualquier giro multiculturalista impuesto desde arriba. En 1987 la ACIA obtuvo personería jurídica; hacia 1985 sus comunidades ya delimitaban territorios y regulaban internamente la explotación de ciénagas, bosques y minas.
El desplazamiento discursivo fue tan importante como el avance jurídico. En la segunda mitad de los ochenta, el lenguaje de la ACIA y de las organizaciones hermanas dejó de apoyarse solo en la figura del campesino sin adjetivos y se articuló en torno a prácticas tradicionales de producción y manejo colectivo del territorio: una identidad étnico-territorial construida desde el río. Ese giro sería la base conceptual sobre la que se levantaría la Ley 70. La ACIA operó, en la práctica, como proceso piloto de lo que la ley codificaría después.
En Nariño, la Iglesia fue el principal agente de divulgación del futuro Artículo Transitorio 55, tarea que luego relevó la organización étnico-territorial Palenque; ambas hicieron llegar el texto a las comunidades rurales ribereñas y ayudaron a conformar organizaciones campesinas. En el Cauca, Junpro fue el núcleo dinamizador en los ríos del municipio de Guapi, la primera en llegar a la parte baja del río Guapi para explicar el Transitorio 55 y en respaldar la creación de las primeras organizaciones étnico-territoriales locales. En Buenaventura, la confluencia de organizaciones juveniles, populares y culturales —entre ellas CEPAC—, sumada a la militancia previa de algunos de sus líderes en fuerzas de izquierda, cristalizó en el Proceso de Comunidades Negras (PCN), orientado por la discusión preconstituyente sobre el papel de la población negra en la nueva carta.
Esa trama —Atrato, Nariño, Guapi, Buenaventura— explica por qué el reconocimiento constitucional fue una conquista y no una concesión. Explica también su carácter obligadamente indirecto: las comunidades afrodescendientes no lograron elegir ningún constituyente propio, y su inclusión en la Constitución se obtuvo mediante presión y cabildeo desde fuera del recinto.
La Constitución de 1991 y el Artículo Transitorio 55
La Constitución promulgada en 1991 reconoció la diversidad étnica y cultural de la nación y asignó dos escaños senatoriales permanentes a las comunidades indígenas. Los pueblos indígenas —representados en la Asamblea por figuras como Lorenzo Muelas por los guambianos y el delegado del Movimiento Armado Quintín Lame— habían llegado con silla propia. Las comunidades negras, no.
De esa asimetría de origen nació el Artículo Transitorio 55. En lugar de un articulado permanente, el reconocimiento territorial de las comunidades negras quedó consignado como mandato al Congreso: expedir, en un plazo de dos años, una ley que reconociera a las comunidades negras que ocupaban tierras baldías en zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico el derecho a la propiedad colectiva sobre esas áreas. El AT55 ordenó, además, la creación de una comisión especial del gobierno encargada de estudiar y elaborar el proyecto.
La formulación misma del transitorio inscribía tres restricciones que marcarían todo lo que vino después: hablaba de comunidades rurales, no urbanas; de ríos de la Cuenca del Pacífico, no del Caribe ni del interior; y remitía la operación jurídica concreta —qué comunidad, qué hectárea, qué procedimiento— a una ley y a una reglamentación posteriores. El reconocimiento pluriétnico, en el caso afrocolombiano, quedaba condicionado a una geografía y a un desarrollo legislativo por venir.
Durante los debates de la comisión que redactó el proyecto, el antropólogo Jaime Arocha sostuvo que los afrocolombianos eran, sin duda, un grupo étnico y que la Comisión debía corregir las asimetrías entre grupos étnicos que la propia Constitución había dejado abiertas. La discusión sobre en qué medida las comunidades negras podían ser equiparadas a los pueblos indígenas —con territorios ancestrales, autoridades propias, prácticas culturales diferenciadas— atravesó todo el proceso y dejó su huella en la ley resultante.
La Ley 70 de 1993: arquitectura de un reconocimiento
La Ley 70 de 1993 desarrolló el Artículo Transitorio 55 con ocho capítulos y sesenta y ocho artículos. Los primeros cinco se dedicaron a la delimitación, constitución y manejo de los territorios colectivos en el Pacífico ribereño rural. Los tres restantes abordaron, en un registro más general, los derechos, la identidad cultural y el desarrollo económico y social de las comunidades negras. La estructura misma del articulado revela el énfasis: la ley fue, ante todo, un instrumento territorial dirigido a un espacio geográfico preciso.
El régimen jurídico creado sobre esos territorios fue robusto. La propiedad se concibió como comunitaria, con carácter inalienable, inembargable e imprescriptible: los territorios no podían venderse ni ser sometidos a gravámenes ni a limitaciones de dominio. Se establecía, además, la figura del consejo comunitario como autoridad administrativa: solo constituyendo un consejo podía una comunidad solicitar el título colectivo. La reglamentación llegó dos años después, con el Decreto 1745 de 1995, que fijó los requisitos y procedimientos para la titulación.
La ley impuso también obligaciones ambientales especiales. El artículo 22 estableció limitaciones al uso de recursos naturales en los territorios colectivos y contempló, incluso, la posibilidad de reubicar comunidades cuando sus prácticas tradicionales no fueran compatibles con los usos permitidos en el Sistema de Parques Nacionales Naturales. El sujeto étnico reconocido cargaba, así, con obligaciones ecológicas no exigidas al resto de los ciudadanos: se lo protegía como guardián de un ecosistema y, en la misma jugada, se lo sometía a las cargas de ese papel.
Con la Ley 70 en la mano, la ACIA se reorganizó en 1995 como Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA), traduciendo al lenguaje de la ley el modelo organizativo que ya venía practicando: comunidades de una misma cuenca con sentidos compartidos de pertenencia al río, movilidad territorial entre parientes, autoridad ejercida colectivamente. Fue el mejor ajuste posible entre la forma jurídica y la trama social real. En otras regiones, ese ajuste sería mucho más forzado.
Los límites del molde: lo urbano, el Caribe, la reglamentación incompleta
El diseño de la Ley 70 dejó fuera de foco a las comunidades negras que no cabían en el molde del Pacífico rural ribereño. Las comunidades urbanas —Cali, Buenaventura, Cartagena, Bogotá—, las de la Costa Caribe con posesión individual consolidada, las del piedemonte caucano y las de Urabá quedaron en zonas grises. En regiones como Urabá y la costa Caribe, donde la propiedad estaba concentrada en pocas manos y no había baldíos ocupados colectivamente en el sentido de la ley, la titulación colectiva era jurídicamente inviable: haría falta un programa especial de dotación y adquisición de tierras para comunidades que habían perdido sus territorios ante el avance del monocultivo agroindustrial, programa que la ley no articuló.
A esto se sumó una reglamentación crónicamente incompleta. Más de dos décadas después de expedida, la Ley 70 sigue sin reglamentarse en su totalidad: los capítulos sobre desarrollo económico, identidad cultural y participación han quedado en gran parte como enunciados sin instrumentos. La ley fue, en la práctica, mucho más un mecanismo de titulación de tierras del Pacífico que el instrumento integral de reconocimiento étnico que anunciaba.
La concentración de la interlocución institucional en los consejos comunitarios locales también generó tensiones organizativas. Las organizaciones de base venían mostrando reticencia a coordinarse con activistas urbanos sin representatividad en las comunidades; la ley, al fijar al consejo local como única puerta de entrada al Estado, tendió a consolidar esas fracturas. La proliferación de organizaciones étnico-territoriales que la Ley 70 produjo en el Pacífico fue simultáneamente un florecimiento y una atomización: mucho consejo, poca coordinación nacional del movimiento negro. La capacidad política agregada para defender los títulos frente al Estado y frente a los actores armados que ya llegaban a las cuencas no logró construirse al ritmo del avance jurídico.
El Cauca: dos luchas por la tierra en un mismo departamento
El Cauca funcionó, durante todo el ciclo, como laboratorio de la política étnica del país. Allí coexistían dos grandes conflictos territoriales: el de los pueblos indígenas paeces y guambianos contra los grandes hacendados por la defensa y expansión de resguardos, y el que enfrentaba a campesinos, afrocolombianos y grandes propietarios en los valles planos del Cauca y el Patía.
La lucha indígena tenía tres componentes entretejidos: uno institucional, vía Instituto Colombiano de la Reforma Agraria; uno de organización comunitaria local, articulado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); y uno de acción directa, la ocupación nocturna de haciendas. El CRIC había surgido de dinámicas vinculadas a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, con la participación de líderes guambianos como Trino Morales —primer secretario de Asuntos Indígenas dentro de la ANUC en el Cauca— y Javier Calambá. En julio de 1988, el Movimiento Armado Quintín Lame había presentado una propuesta de paz con tres ejes regionales: desmilitarización de zonas indígenas y campesinas, acuerdo político con todas las fuerzas sociales del Cauca y un proyecto de desarrollo regional inclusivo. Esa plataforma alimentaría la participación indígena en la Constituyente. Entre 1970 y 1996, las comunidades indígenas del departamento recuperaron algo más de 74.000 hectáreas, con la mayor concentración en la década de mayor actividad del Quintín Lame; tras su desmovilización en 1991, y pese al nuevo marco constitucional, el ritmo se redujo a menos de la mitad. El nuevo marco jurídico no se traducía automáticamente en más tierra recuperada.
Para las comunidades negras del norte del Cauca y del Pacífico caucano, el proceso adoptó la forma de lo que se llamó Ruta de Reafirmación Étnica: conformación de consejos comunitarios, elaboración de reglamentos internos para el manejo del territorio colectivo, reconocimiento de estructuras culturales propias —desde el manejo de plantas medicinales hasta el uso del entorno físico— como base de la organización política. La identidad cultural se articulaba con la territorialidad, justo el gesto que la Ley 70 pedía; el problema era que, en el Cauca plano y en los alrededores azucareros, la tierra ya estaba concentrada y la titulación colectiva resultaba imposible.
La apertura, el ajuste, la paradoja
Mientras se organizaban las cuencas y se legislaba en Bogotá, Colombia entraba en una transformación económica de fondo. César Gaviria Trujillo, posesionado el 7 de agosto de 1990 tras heredar la candidatura liberal del asesinado Luis Carlos Galán, encabezó el giro al modelo neoliberal: privatización de empresas estatales, reducción de tarifas arancelarias, impulso a la competitividad. La apertura golpeó de inmediato al sector agropecuario, cuyo crecimiento quedó muy por debajo del PIB general durante el cuatrienio y llegó a contraerse en 1992. El dinamismo del período se apoyó más en consumo suntuario, construcción y finanzas que en industria o agricultura, mientras la flexibilización laboral introducía inestabilidad para los trabajadores.
La Constitución de 1991 —convocada originalmente por la Séptima Papeleta ciudadana y formalizada por decretos de Estado de Sitio bajo los gobiernos de Virgilio Barco y Gaviria, avalados por la Corte Suprema— se pactó, así, en el mismo momento en que el país cambiaba su modelo económico. La carta reconoció la diversidad étnica y cultural, incluyó a las guerrillas del EPL, el PRT y el Quintín Lame en el proceso constituyente —las tres se habían desmovilizado durante los gobiernos de Barco y Gaviria— e introdujo mecanismos de descentralización fiscal que transfirieron recursos significativos a municipios y departamentos. Buena parte de esos recursos no fue bien administrada por las autoridades locales.
La violencia no cedió. Durante el gobierno Gaviria se registraron más muertes violentas asociadas al conflicto que en el gobierno Barco, y en 1994, entre los hechos de violencia política con autor identificado, la abrumadora mayoría fue atribuida a agentes directos del Estado, seguidos a distancia por paramilitares y, en último lugar, por la insurgencia. Las FARC y el ELN, que no participaron del pacto constituyente, siguieron fortaleciéndose militarmente mientras dialogaban intermitentemente. Los grupos paramilitares arreciaron sus ataques contra la población civil en paralelo a las negociaciones.
La Constitución nació como instrumento de paz e inclusión pluralista, pero el conflicto armado se reconfiguró y se intensificó justo cuando el Estado terminaba de escribir los derechos. Que el reconocimiento étnico-territorial ocurriera en ese preciso momento —cuando la apertura debilitaba el agro y la guerra se desplazaba hacia nuevas fronteras— no fue diseño maquiavélico, pero tampoco casualidad neutra. El multiculturalismo constitucional entró en vigor sobre un país que estaba, al mismo tiempo, redistribuyendo territorios y liberando fuerzas que iban a disputarlos.
Urabá y el Bajo Atrato: la contraofensiva paramilitar
Mientras se titulaba en el Pacífico sur, en el noroccidente se forjaba el instrumento que anularía muchos de esos títulos. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) fueron creadas por Fidel Castaño Gil, con base territorial en Córdoba y Urabá; sus hermanos Carlos y Vicente participaron en su consolidación. Desde 1994, la casa Castaño inició un proceso de confederación y unificación de estructuras paramilitares en Urabá, norte y Bajo Cauca antioqueño, Córdoba y el Darién bajo esa denominación. En marzo de 1995 las ACCU quedaron formalmente constituidas.
La desmovilización del EPL en febrero de 1991 —el mismo mes en que se instalaba la Asamblea Constituyente— produjo un efecto colateral decisivo en Urabá: los excombatientes conocidos como "esperanzados" fueron perseguidos por las FARC y, ante el riesgo fatal, una parte se rearmó como Comandos Populares aliados con los Castaño. La paz parcial del proceso constituyente alimentaba, en la región, a un nuevo actor armado.
En 1997, jefes de nueve organizaciones paramilitares del país se reunieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia, con dirección única y estado mayor conjunto. Carlos Castaño desempeñó un papel central en ese proceso, apoyado en una estrategia mediática de proyección contrainsurgente. Las ACCU habían operado en el norte de Urabá y el sur de Córdoba desde mediados de los noventa, logrando marginar a las FARC de parte de la región; la experiencia acumulada allí resultaría relevante para las expansiones posteriores. En Urabá, Bajo Atrato y Darién, los paramilitares persiguieron sistemáticamente a los pueblos indígenas mediante asesinato de líderes tradicionales, homicidios selectivos, desaparición forzada, bloqueos de alimentos y medicinas, restricciones a la movilidad entre resguardos y desplazamiento forzado.
Génesis: febrero de 1997
Entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 la Brigada XVII del Ejército ejecutó la Operación Génesis contra el Frente 57 de las FARC en el Bajo Atrato. La operación se condujo por aire y tierra y contó, al parecer, con la participación paralela de fuerzas irregulares de las ACCU. El resultado inmediato fue un desplazamiento masivo de las comunidades ribereñas de la cuenca del Cacarica y aledañas.
El desplazamiento no fue enteramente sorpresivo. Desde 1996, según el testimonio de una habitante del Cacarica, había comenzado una restricción de alimentos en esa comunidad. La violencia dirigida contra líderes afrodescendientes precedió al vaciamiento del territorio: Ricardina Perea, fundadora de Acamuri e impulsora de la Ley 70 en la cuenca del río Truandó, fue asesinada por las FARC en 1996. Cuando llegaron después los títulos colectivos al Truandó, buena parte de la población ya estaba fuera del territorio. El título llegaba a comunidades que ya no estaban.
Tras el desplazamiento, en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó comenzó a instalarse un negocio muy distinto. El INCORA había expedido los títulos colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, con extensiones superiores a las 46.000 y las 54.000 hectáreas respectivamente. En Belén de Bajirá, los jefes paramilitares Castaño y Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, despojaron de tierras a agricultores para establecer proyectos empresariales de palma de aceite. Una de las piezas de ese entramado fue Asoprobeba, asociación cuya representación legal ejerció Sor Teresa Gómez —cuñada de los Castaño y luego condenada por despojo—: la organización compró un predio de 1.000 hectáreas en Caño Manso, Curvaradó, sobre el que se instalaron cultivos de palma. El discurso de las "tierras baldías" y la "frontera agraria" sirvió a actores empresariales y estatales para legitimar el acaparamiento: la ausencia de formación catastral permitía reinterpretar los linderos de las fincas una vez llegaba el proyecto palmero.
En junio de 2005, la Defensoría del Pueblo emitiría la Resolución Defensorial No. 39, titulada "Violación de Derechos Humanos por siembra de palma africana en territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó", documentando oficialmente el despojo. Para entonces, la palma llevaba años creciendo sobre tierras cuya propiedad colectiva era —según la Ley 70— inalienable, inembargable e imprescriptible.
Las comunidades desplazadas, al regresar, se organizaron en formas de resistencia civil conocidas como Comunidades de Paz y Zonas Humanitarias, declarando su neutralidad frente a todos los actores armados, incluida la fuerza pública. El primer título colectivo del Pacífico sur, otorgado en 1999 al Consejo Comunitario Veredas Unidas Un Bien Común, en Tumaco y Mosquera, cuenca del río Guandipa, afluente del Patía, marcó el comienzo formal de una fase de titulación masiva que continuaría bajo presión constante.
Causas: por qué el reconocimiento y el despojo coincidieron
La coincidencia entre reconocimiento y despojo tuvo raíces estructurales, coyunturales y militares que se enredaron en el mismo territorio.
En el plano estructural y de largo plazo, décadas de movilización étnico-territorial en el Pacífico, articuladas por la Iglesia y organizaciones como la ACIA, el PCN, Palenque y Junpro, habían acumulado suficiente presión para arrancar al Estado un marco jurídico específico. Sin esa presión no habría habido AT55 ni Ley 70. El reconocimiento fue conquistado.
En el plano coyuntural, la Asamblea Constituyente de 1991 se convocó como salida a la crisis del régimen, incorporó a guerrillas desmovilizadas y a movimientos étnicos, y se pactó en simultáneo con la apertura económica del gobierno Gaviria. El multiculturalismo constitucional no fue impuesto por el neoliberalismo, pero se instaló sobre el mismo suelo, en el mismo momento y con las mismas contradicciones no resueltas: el Estado reconocía identidades y territorios mientras liberaba mercados y perdía capacidad regulatoria sobre grandes zonas del país. Esa mezcla se hizo tangible en la financiación misma de la titulación: el Banco Mundial aportó, a través de su Programa de Manejo de Recursos Naturales, 65 millones de dólares en préstamos para el registro y titulación de comunidades en la Costa Pacífica, con los que se beneficiaron cerca de 500 comunidades negras y más de dos millones de hectáreas. El reconocimiento colectivo se financió con recursos y lógicas de la misma arquitectura internacional que empujaba la apertura.
En el plano militar, la desmovilización del EPL alimentó a los Comandos Populares y a la alianza con los Castaño; la confederación de las ACCU y la formación de las AUC crearon un actor armado con proyecto contrainsurgente, económico y territorial explícito. La operación de vaciamiento del Bajo Atrato en febrero de 1997 respondió a una lógica de control territorial que habría avanzado con o sin Ley 70. Pero encontró, en las cuencas titulables, un mapa recién cartografiado de quién ocupaba qué: el título colectivo, pensado como escudo, funcionó también como catastro de un territorio identificado.
Consecuencias: la brecha entre el papel y la selva
Las consecuencias inmediatas se midieron en hectáreas, títulos y desplazamientos. La titulación avanzó de manera masiva en el Pacífico centro y sur mientras, en el Bajo Atrato, otras cuencas se vaciaban por la fuerza. Al mediano plazo, la brecha entre reconocimiento legal y práctica territorial se ensanchó: el conflicto armado, la expansión de la palma africana y otros monocultivos, los megaproyectos y los asesinatos sistemáticos de líderes territoriales empujaron un desplazamiento masivo y un despojo que corrió en paralelo al avance de los títulos.
El paramilitarismo vació territorios en la frontera con Panamá, en Urabá, en los Montes de María, en el Cesar y el Magdalena. Las víctimas llegaron a las capitales y a las periferias urbanas con necesidades básicas insatisfechas y expuestas a nuevos hechos victimizantes. La hermana Yolanda Cerón, asesinada por paramilitares en Tumaco, quedó como una de las figuras emblemáticas de la ofensiva contra quienes defendían los derechos territoriales del pueblo afrocolombiano.
En las cuencas caucanas, la titulación se topó con la concentración de la propiedad; en Urabá y en la costa Caribe, con la imposibilidad jurídica misma del molde. La reglamentación incompleta de la Ley 70, la fragmentación entre consejos comunitarios locales y activistas urbanos, y la dificultad para construir una coordinación nacional del movimiento negro debilitaron la capacidad política agregada justo cuando más se necesitaba. Entre 2016 y 2019, tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, los asesinatos de líderes afrocolombianos se triplicaron respecto a los niveles de comienzos de la década. La violencia contra el liderazgo étnico no se cerró con la Constitución ni con la desmovilización guerrillera; siguió siendo el precio corriente del ejercicio del derecho territorial.
El ciclo 1991–1997 dejó a Colombia con dos legados simultáneos y contradictorios. Por un lado, un cuerpo jurídico —Constitución, Artículo Transitorio 55, Ley 70, Decreto 1745— que consagró por primera vez el carácter pluriétnico de la nación y reconoció derechos territoriales colectivos a las comunidades negras. Por otro, una realidad de despojo violento sobre esos mismos territorios, avalado o tolerado por sectores del Estado y protagonizado por un paramilitarismo que se organizaba, precisamente en esos años, como fuerza nacional. La Ley 70 fue un acto de justicia histórica; fue también un acto que, sin quererlo, cartografió para otros el terreno de la guerra por venir. El reconocimiento legal —incompleto, rural-céntrico, sin blindaje institucional efectivo— operó como catastro del despojo antes que como escudo contra él.
La época alrededor
Este hecho no ocurrió solo
Conexiones del archivo
Personas, lugares e ideas
Protagonistas
Archivo documental
Documentos y fragmentos citados
01La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 571 cita
[1]de organizaciones sociales a través de los consejos comunitarios, para la protección y utilización sustentable de los recursos naturales (Grueso, 2000). Estos consejos comunitarios son las instancias de organización de los pobladores dentro de un área delimitada del terri- torio que han ocupado de acuerdo a sus…p. 57
02Raza y derechos humanos en Colombia: Informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombianaCésar Rodríguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra, Isabel Cavelier Adarve · 2009 · p. 116, 3172 citas
[2]sancione los actos de discriminación racial y que cumpla con los estándares internacionales en la materia. Por otro lado, la legislación que se dirige a la población afrocolombiana intenta de- sarrollar y garantizar los derechos culturales de dicha población y atacar algunos as- pectos puntuales en los que las…p. 317
[9]55 de la Constitución Política de 1991 y, posterior- mente, fue desarrollado en la Ley 70 de 1993. Esta última fue reglamentada por el Decreto 1745 de 1995, en lo relativo a los requisitos y procedimientos para la titulación colectiva de los territorios ancestrales en la cuenca del Pacífico y en otras regiones del…p. 116
03Representaciones y epistemes locales sobre la naturaleza en el Pacífico sur de ColombiaCarlos Enrique Osorio Garcés · 2018 · p. 64, 682 citas
[3]parque naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Artículo 70. El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los…p. 68
[41]de cada Consejo Comunitario, que tiene como propósito establecer las formas de manejo del territorio colectivo de los consejos comunitarios. EBSCOhost: eBook Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:26:13 PM UTC via UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use. 65 E l e m e n t…p. 64
04Bojayá: La guerra sin límitesGrupo de Memoria Histórica, Martha Nubia Bello Albarracín, Pilar Riaño Alcalá, Gonzalo Sánchez G. · 2010 · p. 154, 2752 citas
[4]2009. Sobre el despojo de tierras, ver: Machado, Absalón, et al. 2009. El Despojo de Tierras y Territorios: aproximación conceptual. Bogotá D.C.: Línea de Investigación Tierra y Conflicto, Área de Memoria Histórica, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación - CNRR -. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones…p. 154
[14]que asumió la defensa de la autonomía y la autode- terminación de sus comunidades. 409 Por su parte, la ACIA se constituyó en el año 1982 como par- te del proceso de concientización y formación emprendido por la Diócesis de Quibdó a lo largo del río Atrato; en el 95 pasó a llamarse COCOMACIA y ha promovido el…p. 275
05Liberty and Equality in Caribbean Colombia, 1770-1835Aline Helg · p. 161 cita
[5] - This page intentionally left blank In Colombia adopted a new democratic and pluralistic constitution that recognizes the ethnic and cultural diversity of the coun- try, protects minorities, and acknowledges the existence of Indians in the nation by…p. 16
06Liberty and Equality in Caribbean Colombia, 1770-1835Aline Helg · 2004 · p. 161 cita
[6] - This page intentionally left blank In Colombia adopted a new democratic and pluralistic constitution that recognizes the ethnic and cultural diversity of the coun- try, protects minorities, and acknowledges the existence of Indians in the nation by…p. 16
07Histories of Perplexity: Colombia, 1970s–2010sLina Britto, A. Ricardo López-Pedreros · 2024 · p. 1811 cita
[7]Tribal Peoples. Together with Law 21 of 1991, Colombia produced the broadest legal setting in the con - tinent to guarantee indigenous rights. 13 Afro-Colombians, in contrast, did not manage to elect a single representative to the Constitutional Assembly; yet, through intense lobbying, Afro-Colombian leaders managed a…p. 181
08Movimientos sociales, Estado y democracia en ColombiaMauricio Archila, Mauricio Pardo (Editores) · 2001 · p. 243, 2572 citas
[8]se habían apartado del intento de crear una coordinación nacional del movimiento ne- gro, reticentes a ceder autonomía a grupos de activistas de sede urbana pero carentes de representatividad en el seno de las or- ganizaciones de base. En torno al movimiento negro en Colombia i 337 ] La Ley 70 contiene 8 capítulos y…p. 257
[18]nuevos actores políticos, entre los que han sido no- torios los movimientos locales por servicios o atención estatal, movimientos por los derechos humanos, movimientos por la res- tauración democrática, movimientos de mujeres, movimientos barriales de solidaridad en la crisis, movimientos cristianos de base,…p. 243
09Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y Memoria en el Cauca indígenaDaniel Ricardo Peñaranda Supelano (coordinador), Graciela Bolaños, Víctor Daniel Bonilla, Jorge Caballero Fula, Myriam Amparo Espinoza, Vianney Judith García, Jorge Hernández Lara, Pablo Tattay, Libia Tattay Bolaños · 2012 · p. 1571 cita
[10]se considera- ran nacionalidades distintas y por tanto se declarara al Estado co- lombiano como plurinacional, (() que la propiedad del subsuelo en los territorios indígenas perteneciera a las comunidades asen- tadas en ellos, (') que se concediera nacionalidad colombiana por nacimiento a todos los miembros de pueblos…p. 157
10Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 3361 cita
[11]política, creó una circunscripción nacional para elegir un senado de numerus clausus: 100 miembros, más dos indígenas. Antes de esbozar las grandes líneas de la constitución de 1991, conviene subrayar el silencio en relación con el estatuto de los mi- litares y de la policía y sus relaciones con el poder civil. Las…p. 336
11Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 921 cita
[12]pluricultural: «El Estado reconoce y protege la diversidad étnica de la nación colom- biana» 219. También dispuso la creación de los departamentos, distritos y municipios, estos últimos definidos como la «entidad fundamental de la división político-admi- nistrativa del Estado» 220. Respecto de los territorios…p. 92
12Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 421, 5872 citas
[13]la flora, la fauna y el ecosistema. En él se habita. De él se come y en él construimos las diferentes relaciones. Por eso es tan valioso cuidarle y conservarle» 1532. Resistencias por el reconocimiento de los derechos étnicos y territoriales Desde la década de los setenta, han nacido en Colombia organizaciones…p. 587
[67]de El Tambo, Buenos Aires y López de Micay 984. Por su parte, el proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG, encontró que entre 2016 y 2019, tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, aumentaron los asesinatos a líderes afrocolombianos, pasando de alrededor de 10 asesinatos en 2013 a alrededor de…p. 421
13Antropología hecha en Colombia. Tomo IEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 572, 5782 citas
[15]se llenan de largas redes de nylon, en los bosques la motosierra aterra con su ruido y los motores fuera de borda rápido conectan los mercados (Villa 1989, 1995, 1996). Las formas solidarias de trabajo se van llenando de fisuras y una nueva normatividad regula las relaciones. Todo parece haberse desbordado y ante ello…p. 572
[25]largo del Pacífico, y que necesariamente, permitió decantar una serie de instituciones propias y formas de interacción contextualizadas desde su historia particular. En este nuevo espacio la familia negra deja de ser el segmento que se regula en función del parentesco, aparece la estratificación social propiciada por…p. 578
14Etnización de la negridad: La invención de las 'comunidades negras' como grupo étnico en ColombiaEduardo Restrepo · 2013 · p. 90, 289, 2943 citas
[16]a las específicas sedimentaciones de la alteridad. Y esto no es un asunto únicamente del presente. Para poner un ejemplo, las disímiles maneras en que el racismo científico se materializa en debates y medidas eugenésicas en Argentina o Colombia se comprenden en relación con el lugar de la diferencia en las dos…p. 294
[17]s.f.: 11). Es evidente que en el bajo Atrato, el multiculturalismo expresado en el proceso que lleva a la Ley 70, propició la articulación de una serie de tensiones en las expresiones y dinámicas organizativas que no existían antes de la etnización. Las disputas entre negros y chilapos a propósito de la Ley 70 no eran…p. 289
[19]Obapo y la Ocaba. Entonces hacíamos la propuesta y la llevaba a discutir a otros departamentos. Entonces lo que hacían los otros departamentos era anexar algunos conceptos y validar la propuesta que nosotros llevábamos. Porque tampoco allá habían procesos organizativos […] A raíz del 91, del 93, inician a nacer…p. 90
15Panorámica afrocolombiana. Estudios sociales en el PacíficoMauricio Pardo Rojas, Claudia Mosquera, María Clemencia Ramírez · 2004 · p. 344, 3732 citas
[20]Consejo Comunitario Acapa la idea era desarrollar la relación entre liderazgo y Ley 70. En este caso, el objetivo es mirar las generalidades de la forma en que llega la Ley 70 en dos ríos de Nariño y cómo la gente la acoge. 376 Panorámica afrocolombiana. Estudios sociales en el Pacífico El proceso de Ley 70 en Nariño,…p. 373
[33]tierra y con prácticas de producción que dependen completa- mente de la relación con el territorio. Debido a la concentración de la propiedad, posesión individual y control sobre las áreas productivas, no es posible la titulación colectiva. En estas condiciones es urgente el recono- cimiento de un programa especial de…p. 344
16Gente negra en Colombia. Dinámicas sociopolíticas en Cali y el PacíficoOlivier Barbary, Fernando Urrea · 2004 · p. 3121 cita
[21]eran la de recopila- ción de las historias de poblamiento y un inventario de posibles títulos de pro- piedad o documentos con los que disponían las comunidades acerca de su pose- sión de las áreas ocupadas. Mientras en Bogotá se reunía la comisión especial, en los ríos del municipio de Guapi continuaba el trabajo de…p. 312
17Buenaventura: un puerto sin comunidadConstanza Millán Echeverría, Ludivia Serrato Martínez, Oscar Pérez, Clara Castro, Danelly Estupiñán, Adriel Ruiz · 2015 · p. 82, 3742 citas
[22]derecho al territorio y la explicitación de una identidad cultural afro desde el modelo de la región rural del Pacífico. Aunque el elemento ra- cial (denuncia de la discriminación) no desaparece si pierde fuerza frente a la reivindicación del derecho a la diferencia y la exigencia de su reconocimiento desde el trípode…p. 82
[23]lantado por monseñor Valencia Cano y por el líder comunitario Manuel Bedoya 129, se comenzaron a consolidar las primeras orga- nizaciones de pescadores en Buenaventura: Hicimos la primera cooperativa pesquera del Pacífico en el Muro Yusti. Íbamos a Punta Soldado y todos esos caseríos los sá- bados. Él [monseñor…p. 374
18Vivir sabroso. Luchas y movimientos afroatrateños en Bojayá, Chocó, ColombiaNatalia Quiceno Toro · p. 951 cita
[24]Bojayá, Chocó, Colombia Manejar la relación FOUSFSÎPTZQBSJFOUFTIBQFSNJUJEPRVF$PDPNBDJBTJHB SFTJTUJFOEP QFTFBMBTBNFOB[BTFJODVSTJPOFTEFOVFWPTBDUPSFTFOFMQBOPSBNB QPMÎUJDPMPDBM/FWBMEPBđSNBRVFMBFTUSBUFHJBEJTFÒBEBQBSBBSUJDVMBSFMUFSSJUPSJP DPMFDUJWPTFJOTQJSÓFOMBTGPSNBTEFSFMBDJÓOFOUSFQBSJFOUFTFOFM.FEJP"USBUP es decir,…p. 95
19La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 138, 2082 citas
[26]colectivos y expidió el de Curvaradó, con un área de 46.048 hectáreas, y el de Jiguamiandó, con 54.973 hectáreas." 6. Artículo 1. Capítulo 1. Objeto y Definiciones. Ley 70 de 1993, por e! cual se desarrolla e! artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Ver en Cartilla Consecutiva dela Jurisprudencia y Marco…p. 208
[54]desarrollo del proyecto rebelde. La masacre de 13. Uribe, M. T., Urabá: ¿región o territorio? op. cit. Garda, C. 1,. Urabá. Región, actores y conflicto, op. cit. 14. Uribe de Hincapié, María Teresa, Nación, ciudadanoy soberano, Corporación Región, Medellin, 2001. 277 LA ECONOMÍA DE LOS PARAMILITARES Brisas" dio inicio…p. 138
20Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. PacíficoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 911 cita
[27]Afrocolombiana, enfocada en asesorar y acompañar la reivindicación del territorio de las comunidades negras. La conformación de la Pastoral Afro fue incentivada por la eventual llegada de megaproyectos a la zona, y entre sus objetivos estaba la protección del territorio y el reconocimiento de la etnicidad 257. ACAPA,…p. 91
21Becoming Black Political Subjects: Movements and Ethno-Racial Rights in Colombia and BrazilTianna S. Paschel · 2016 · p. 2031 cita
[28]law.” The only silver lining has been Colombia’s record on land titling of black rural communities, which is impressive, especially when you compare it to Brazil, where efforts to recognize collective titles have largely been crip- pled. In the mid-1990s, Colombia began to aggressively title indigenous and black…p. 203
22Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 1251 cita
[29]negras contemplados en la L ey 70 de 19 93, una ley que, a pesar de tener más de 20 años, aún no ha sido reglamentada en su totalidad. Este desconocimiento tuvo consecuencias en las dinámicas culturales de estas comunidades 315, que fueron violentadas al negarles la capacidad de gestionar y ordena r su vida con…p. 125
23Estado crítico de la propiedad en ColombiaDelgado Castaño, P. · 2018 · p. 212 citas
[30]través no solo del desplazamiento de los pueblos tradicionales hacia zonas con escasas posibilidades de cultivo y acceso al agua, sino también con la creación de zonas de reserva forestal y parques nacionales que se traslapan con las zonas de resguardo y territorios colectivos. Esto impone a las comunidades…p. 21
[31]través no solo del desplazamiento de los pueblos tradicionales hacia zonas con escasas posibilidades de cultivo y acceso al agua, sino también con la creación de zonas de reserva forestal y parques nacionales que se traslapan con las zonas de resguardo y territorios colectivos. Esto impone a las comunidades…p. 21
24Historia contemporánea de Colombia (1920-2010)José Ricardo Arias Trujillo · 2011 · p. 167, 1772 citas
[32]participado de una manera más directa en sus propios asuntos, lo que se ha traducido en la consolidación de algunas de sus tradiciones más significativas. No menos importante ha sido la titulación colectiva de varios millones de hectáreas a favor de las dos comunidades. Sin embargo, los derechos de las minorías…p. 177
[83]de la sociedad colombiana. La represión hizo del negocio de las drogas una actividad enormemente lucrativa, sólo comparable al tráfico de armas y de rentas petroleras, y sus astronómicos ingresos alimentaron la violencia, aumentaron la corrupción, exten- dieron los cultivos ilícitos y provocaron mayores daños…p. 167
25Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El Movimiento Armado Quintín LameDaniel Ricardo Peñaranda Supelano · 2015 · p. 308, 3902 citas
[34]impreso (s.f.). Ministerio de Gobierno, Comisión de Asuntos Indígenas del Cau- ca, Informe sobre la ejecución de los ingresos corrien tes de la Nación que correspondió a los resguardos indígenas del Cau- ca, vigencia fiscal 1994. Oficina de Reinserción, Cuadro resumen de los primeros 84 en- cuestados del MQL, Pueblo…p. 390
[36]Cauca (1970 – 1996) MUNICIPIO 1970-1980 1981-1990 1991-1996 TOTAL Belalcázar - 417.1 - 417.1 Buenos Aires - 1.137.1 818.1 1.955.2 Caldono 291.2 3.065.0 208.3 3.564.5 Caloto 882.8 3.418.7 4.315.1 8.616.6 Corinto 1.925.2 475.1 115.0 2.515.3 Inzá 74.2 1.592.2 46.9 1.713.3 Jambaló 761.4 4.048.9 916.5 5.726.8 Morales - -…p. 308
26Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 189, 1932 citas
[35]Parque ie Naciones Unidas en Medellín. E l Q u i n t í n L a m e y e l C o n s e j o M u n d i a l d e P u e b l o s I n d íg e n a s Según Ricardo Peñaranda, el itinerario que condujo al maql a la nrma del acuerdo de paz en 1991 había comenzado tres años antes, en julio de 1988, con un comunicado en el cual este…p. 189
[79]el país. A pesar de lo corto del tiempo, su coordinador, Ricardo Santamaría, sostiene que hubo mucho interés, el cual se vio reflejado, por ejemplo, en el Una de las mayores paradojas de la Constitución de 1991 fue que esta nació con base en la controvertida figura del “estado de sitio”. En efecto, el presidente…p. 193
27Crecer como un río. Jornaliando cuesta arriba por vida digna, integración regional y desarrollo propio del Macizo Colombiano, Cauca, Nariño y Colombia. Volumen 1John Jairo Rincón García, Camilo López Pérez, Nancy Celia Navarro Rojas, Wilder Jamith Meneses Bolaños, Víctor Hugo Buesaquillo, Camilo Ernesto Muñoz Meneses, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2017 · p. 951 cita
[37]está vivo su fundador –era un indígena guambiano−, Javier Calambá se llama él. Él vive en Las Delicias, con él trabajamos, él fue de la ANUC también. Con él trabajamos la parte de la ANUC y él tuvo que ver con la con- formación más adelante del CRIC, y Trino Morales, que también era guambiano, también tuvo que ver…p. 95
28Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 3191 cita
[38]menos abiertos, tal como ha ocurrido en varios momentos a lo largo de las últimas décadas en el departamento del Cauca. No por casualidad el corazón de la resistencia indígena, bajo la modalidad de movilizaciones directas de la población para contener la acción de los grupos armados, está localizado en esta región,…p. 319
29Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 58, 1472 citas
[39]la confrontación armada, en el cual la común identidad cultural de los actores sociales y los combatientes permitió sellar la paz entre el Gobierno y el movimiento guerrillero, mediante un pacto que garantizaba nuevas condiciones sociales para la población. El grupo Quintín Lame acordó, en negociación con el Gobierno,…p. 58
[42]liderado por Pablo Escobar, y orientado a forzar al Gobierno a suspender la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. El sucesor de Barco, César Gaviria, ofreció como alternativa a la confrontación terrorista la política de sometimiento a la justicia y aceptó prohibir la extradición en la reforma…p. 147
30Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Valle y norte del CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 631 cita
[40]fortalecimiento de las autoridades tradicio- nales y la restauración de valiosos rasgos culturales, como la lengua, las creencias, las costumbres y la historia 98. La lucha indígena por la tierra tuvo tres componentes: primero, uno institucional, bajo el cual se buscó la reforma agraria a través de los marcos…p. 63
31La maldita tierra. Guerrilla, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento de CesarCésar Molinares Dueñas, Nathan Jaccard · 2016 · p. 431 cita
[43]enviados a Cesar por el ganadero cordobés Sal- vatore Mancuso, cumplían órdenes de René Ríos, alias Santiago Tobón y del exguerrillero Baltazar Mesa Durango (Verdadabier- ta.com, 22 de agosto de 2013, “La historia del “Juan Andrés Ál- varez””). En 1996 el paramilitarismo iniciaba una expansión sin precedentes bajo la…p. 43
32Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 311 cita
[44]aspectos, el ca- pítulo ofrece los antecedentes de formación de los paramilitares y brinda elementos para comprender la manera como a partir de 1997 aplicaron un plan que buscaba constituirlos en un actor polí- tico de orden nacional y convertirlos en autoridades indisputadas en regiones de su interés. 1. La…p. 31
33Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 2631 cita
[45]Esperanza, Paz y Libertad, con sus familias. Los hombres armados masacraron a 35 personas, entre ellos una mujer y dos niños. Fue la peor de las 18 masacres que, según una investigación del Centro de Memoria Histórica, hubo en el Urabá en esos años, cuando la disidencia del EPL que no se había desmovilizado se unió a…p. 263
34¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 1071 cita
[46]de 1997), 9A. 160 INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica En 1995 se fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU –, y en 1997 se dieron cita en un lugar de la región los jefes de nueve organizaciones paramilitares de distintos puntos de la geografía nacional para conformar las…p. 107
35Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo I. Bloque Central Bolívar: origen y consolidaciónCentro Nacional de Memoria Histórica, Alberto Santos Peñuela · 2021 · p. 139, 1522 citas
[47]el sur del Cesar, San Vicente de Chucurí y el valle del río Cimitarra. La consolidación de las ACCU bajo una estrategia similar ya había facilitado cierta hegemonía paramilitar en zonas limítrofes entre los departamentos de Antioquia, Sucre y el sur de Bolívar. Esto permitió establecer una especie de perímetro sobre…p. 139
[48]informó a los asistentes, entre los cuales se encontraba Javier Montañéz, que en virtud de la ordenada vinculación a las ACCU, a partir de ese momento quedábamos bajo las órdenes de Carlos Castaño Gil. (FGN, 2007b, p. 11) A principios del año 1997, el señor VICENTE CASTAÑO citó a los líderes y comandantes de estas…p. 152
36Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 431 cita
[49]tener tanto la Fuerza Pública, especialmente en el departamento de Córdoba, como muy especialmente la acción paramilitar de las embrionarias ACCU en la región de Urabá. Hacia finales de 1990 se comienza a negociar, pues, una desmovilización que se materializa en febrero de 1991, con más de 2.500 combatientes y una…p. 43
37Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 771 cita
[50]luego en las AUC. A comienzos de los años noventa, la desmovilización del EPL, y de los grupos armados del Clan Castaño en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente, parecían representar el princi- pio del viraje hacia el fin de la violencia política en la región. Sin embargo, a pesar de este panorama…p. 77
38Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 210, 2664 citas
[51](alias 88 Glenda Martínez, Salvatore, 111. 89 Glenda Martínez, Salvatore, 109-110. 266 James D. Henderson H. H.), comandante del Bloque Bananero de las ACCU con base en Urabá, se trasladaron hacia el sur a través de pueblos y aldeas dispersos en medio de las plantaciones de banano a lo largo de la orilla oriental del…p. 266
[52](alias 88 Glenda Martínez, Salvatore, 111. 89 Glenda Martínez, Salvatore, 109-110. 266 James D. Henderson H. H.), comandante del Bloque Bananero de las ACCU con base en Urabá, se trasladaron hacia el sur a través de pueblos y aldeas dispersos en medio de las plantaciones de banano a lo largo de la orilla oriental del…p. 266
[69]Con el final de la Guerra Fría, y al presenciar una importante reforma política, los colombianos comenzaron a pensar que la paz podría regresar pronto al país. La paz y la prosperidad parecían ser el camino que tomaba el mundo a comienzos de los años noventa, época en la que los líderes de todo el mundo predicaban el…p. 210
[70]Con el final de la Guerra Fría, y al presenciar una importante reforma política, los colombianos comenzaron a pensar que la paz podría regresar pronto al país. La paz y la prosperidad parecían ser el camino que tomaba el mundo a comienzos de los años noventa, época en la que los líderes de todo el mundo predicaban el…p. 210
39Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1311 cita
[53]coordinación opera- tiva de estructuras paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 347 Entrevista 077-VI-00002. Hombre, víctima, Consejo Comunitario, región del Urabá antioqueño. 348 Informe 119-CI-00686, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz et al, «Van por nuestras tierras a sangre y fuego».…p. 131
40Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 1841 cita
[55]aproximadamente el 11 por ciento de la población víctima de desplazamiento registrada en el RUV en estos años. A partir de 1997, la disputa territorial por el control de esta estratégica región continuó la tendencia evidenciada en los periodos anteriores y las distintas formas de violencia siguieron afectando…p. 184
41Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo ILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · 2022 · p. 115, 4112 citas
[56]la cuenca del río Truandó, entonces yo recuerdo al párroco que estaba allí, venir llorando y diciendo: “Tanto querer, ahora que te- nemos precisamente, los títulos, no tenemos a la gente”. La gente ha tenido que salir. (CNMH, CV, miembros de la Diócesis de Apartadó, 2018, 18 de octubre) Uno de los homicidios más…p. 115
[68]para la guerra por su localización o por su alto potencial económico asociado a la producción agropecuaria. Además, los pueblos indígenas fueron altamente perseguidos por los paramilitares, incluyéndose dentro de su accionar prácti- cas como asesinato a sus líderes tradicionales; homicidios selectivos; desapa- 13 8 1…p. 411
42Regiones y conflicto armado. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoClara Inés García · 2018 · p. 2151 cita
[57]modelos de explotación y ocupación territorial (específicamente los de la palma aceitera asociados a paras y testaferros). 1997 en ade- lante Comunidad de paz - zonas huma- nitarias A su regreso estas se organizaron en experiencias de resistencia civil conocidas como las Comuni- dades de Paz y las Zonas Humanitarias,…p. 215
43Nos matan y no es noticia. Parapolítica de Estado en ColombiaRicardo Ferrer Espinosa, Nelson J. Restrepo A. · 2010 · p. 681 cita
[58]que se describía la región noroccidental de Colombia como «la mejor esquina de América», a finales de 1996 e inicios de 1997 miles de habitantes de Córdoba, Urabá y el norte del Chocó sufrieron bombardeos, masacres, desapariciones de líderes co- munitarios y vecinos, asesinatos selectivos y desplazamiento for- zado.…p. 68
44Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 1301 cita
[59]haya habido amenazas, simplemente no había una formación catastral. Después viene el proyecto de palma y cogen la escritura de la fi nca y reinterpretan los linderos (León, 2005). Este discurso fue retomado por los actores involucrados en el acaparamiento de las tierras. La caracterización de la región como una…p. 130
45Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 1351 cita
[60]de tierras, tierras robadas a campesinos, indígenas y comunidades negras para el exclusivo sembrado de la palma con el total apoyo de la Presidencia de la República. A principios del 2003 la plantación ilegal de la palma de aceite o africana, avanzaba en el norte de Colombia en las regiones próximas al Darién,…p. 135
46Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 1351 cita
[61]de tierras, tierras robadas a campesinos, indígenas y comunidades negras para el exclusivo sembrado de la palma con el total apoyo de la Presidencia de la República. A principios del 2003 la plantación ilegal de la palma de aceite o africana, avanzaba en el norte de Colombia en las regiones próximas al Darién,…p. 135
47Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 941 cita
[62]de mucho tiempo atrás, cuando los Castaño, ‘El Alemán’ y otros jefes de las Autodefensas despojaron de sus tierras a agricultores que ocupaban las áreas rurales del municipio de Belén de Bajirá, entre otros, para establecer proyec- tos empresariales de palma de aceite 83. En esa época, Sor Teresa fi- guró como la…p. 94
48La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica, Lukas Rodríguez Lizcano · 2022 · p. 4391 cita
[63]Intereclesial de Justicia y Paz (2007), sus efectos nocivos se inscriben a partir de dos factores: el despojo territorial y la destrucción de ecosistemas. Desde el punto de vista de los derechos humanos, las empresas cultivadoras de palma llegan a los territorios ancestrales de comunidades nativas, des- pojando a…p. 439
49El desplazamiento en Colombia. Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez · 2005 · p. 1901 cita
[64]hasta Bogotá. Según ellas mucha gente se hace pasar por desplazado y en calidad de informantes llegan a Bogotá para dar con el paradero de personas sentenciadas de muerte. Es por eso que cuando se encuentran con gente de su región “no saben si alegrarse o salir corriendo”. Otros afirman que dicha red de informantes…p. 190
50El desplazamiento en Colombia: Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez (editoras) · 2005 · p. 1901 cita
[65]hasta Bogotá. Según ellas mucha gente se hace pasar por desplazado y en calidad de informantes llegan a Bogotá para dar con el paradero de personas sentenciadas de muerte. Es por eso que cuando se encuentran con gente de su región “no saben si alegrarse o salir corriendo”. Otros afirman que dicha red de informantes…p. 190
51Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 6741 cita
[66]años noventa dejaron un país convulsionado por la crudeza de la guerra. En las zonas donde el paramilitarismo fue ganando el pulso, los territorios fueron vaciados con desplazamientos masivos, como ocurrió en la frontera con Panamá, y el Caribe en las regiones de Urabá, Montes de María y los departamentos de Cesar y…p. 674
52Testigos olvidados. Periodismo y paz en ColombiaAndrés Felipe De Pablos, Luisa Fernanda Gómez · 2017 · p. 12 citas
[71]63 III. Bienvenidos al futuro (1990-1994) En los últimos días del gobierno de Virgilio Barco ya se habían iniciado diálogos de paz con las guerrillas, y Quintín PRT EPL Lame. Por esta razón, desde la hora cero del gobierno de César Gaviria, se buscó recobrar esos diálogos y reiniciar procesos de desmovilización y…p. 1
[72]63 III. Bienvenidos al futuro (1990-1994) En los últimos días del gobierno de Virgilio Barco ya se habían iniciado diálogos de paz con las guerrillas, y Quintín PRT EPL Lame. Por esta razón, desde la hora cero del gobierno de César Gaviria, se buscó recobrar esos diálogos y reiniciar procesos de desmovilización y…p. 1
53El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 2342 citas
[73]de crimina- lidad política a la que se llegó en Colombia durante cada uno de los gobiernos de Virgilio Barco Vargas y César Gaviria Trujillo: “[...]de la administración Gaviria queda un saldo de 14 856 muertes violen- tas relacionadas con el conflicto social y político, así como 5 043 El terrorismo de Estado en…p. 234
[74]de crimina- lidad política a la que se llegó en Colombia durante cada uno de los gobiernos de Virgilio Barco Vargas y César Gaviria Trujillo: “[...]de la administración Gaviria queda un saldo de 14 856 muertes violen- tas relacionadas con el conflicto social y político, así como 5 043 El terrorismo de Estado en…p. 234
5425 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000Mauricio Archila Neira, Álvaro Delgado G., Martha Cecilia García V., Esmeralda Prada M. · 2002 · p. 301 cita
[75]importaciones. pero desatendió la infraestructura. sobre todo la rural. que atravesó la peor recesión en muchos años. Mientras el PIB general creció en pro- medio 4,26% entre 1990 y 1994. el agropecuario lo hizo en 2,52% con cambios dramáticos como pasar de 5.9% en 1990 a -2.0% en 1992"". El crecimiento del PIB…p. 30
55Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 2741 cita
[76]firmadas y en parte incumplidas. Muchas de sus normas constitu í an una actualizaci ó n indispensable de una constituci ó n formalista, ya centenaria, convertida en obst á culo a la democracia: reemplaz ó a una constituci ó n que exist í a en buena parte en la medida en que su vigencia se suspend í a, de modo que se…p. 274
56Memorias dispersasHumberto De La Calle Lombana · 2021 · p. 2161 cita
[77]candidaturas? ¿No es improbable que el magro resultado de las fuerzas alternativas hubiese sido menos castigado por las urnas? ¿El propio Partido Liberal no se hubiese beneficiado si en el remezón hubiesen salido de la escena varios líderes paquidérmicos y hubiesen ingresado algunos de quienes descollaron en la…p. 216
57Colombia: A Country StudyRex A. Hudson (editor) · 2010 · p. 1521 cita
[78]down arms and pursue their objectives peacefully under its framework. Alas, no such thing happened. Neither did the drug problem go away; on the contrary, it returned to center stage when narco-traffickers made massive contributions to the campaign chest of Gaviria's successor, Ernesto Samper Pizano (president,…p. 152
58Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 9341 cita
[80]políticos y conexos que hubieren cometido antes de su vigencia; estableció además requisitos y procedimientos para evaluar la voluntad del solicitante de reincorporarse a la vida civil y su pertenencia a la organización insurgente, de conformidad con los listados previamente elaborados. 731 Texto completo del Acuerdo…p. 934
59El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 562 citas
[81]por un lado, dialogaban para conseguir la paz, mientras que por el otro se fortalecían 57 La renovación constitucional, la lucha por la justicia y los mecanismos para la búsqueda de la satisfacción del derecho a la justicia (1991-2004) en el plano militar (González, Bolívar y Vásquez, 2002). En el contexto de estas…p. 56
[82]por un lado, dialogaban para conseguir la paz, mientras que por el otro se fortalecían 57 La renovación constitucional, la lucha por la justicia y los mecanismos para la búsqueda de la satisfacción del derecho a la justicia (1991-2004) en el plano militar (González, Bolívar y Vásquez, 2002). En el contexto de estas…p. 56