Trujillo

Un municipio en la cordillera

Trujillo se ubica en la vertiente andina del Valle del Cauca, en un tramo de la cordillera Occidental que desciende hacia el río Cauca y asciende, hacia el occidente, hacia el cañón del río Garrapatas, en la frontera selvática con el Chocó. Su territorio combina las condiciones típicas del cinturón cafetero vallecaucano —laderas de clima medio, minifundio, corregimientos dispersos entre veredas— con la presencia de resguardos indígenas: el municipio forma parte del conjunto de 27 resguardos del departamento, adscritos principalmente a los pueblos Embera, Nasa y Wounaan.

La geografía no es un dato ornamental en la historia local. El territorio de Trujillo se prolonga hacia el occidente en zonas selváticas del cañón del Garrapatas, corredor natural que comunica el Chocó con los municipios vallecaucanos de El Cairo, El Dovio, Trujillo y Riofrío. Ese corredor, difícilmente accesible y de escasa presencia estatal permanente, fue en los años ochenta base de operaciones del ELN, que lo utilizaba como retaguardia y ruta de movilidad. La condición fronteriza del municipio —parte cafetera del Valle, parte selva del Pacífico— es la clave para entender por qué su territorio se convirtió en un campo de disputa entre guerrillas, narcotraficantes y fuerza pública. Los corregimientos donde tuvieron lugar los hechos más graves de finales de los ochenta y comienzos de los noventa, en particular La Sonora y las veredas altas, forman parte de ese pliegue de cordillera donde el Estado llegaba tarde y otros actores llegaban antes.

Trujillo no pertenece a la subregión sur del Valle, la que orbita alrededor de Cali. Su vecindad económica y social es la del norte cafetero: Riofrío al sur, Bolívar al norte, y no muy lejos, hacia la planicie, las ciudades intermedias de Tuluá, Buga y Cartago, capitales regionales del comercio, del transporte y también, en el mismo período, del poder narcotraficante.

El campesinado organizado y la cuestión de la tierra

Antes de la masacre, hubo un campesinado organizado. En la década de los setenta se consolidó en el Valle del Cauca un movimiento campesino que reclamaba atención estatal en zonas montañosas de colonización, apoyado en buena medida por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Esa organización lideró entre 1979 y 1982 una serie de invasiones y recuperaciones de tierras en Riofrío, municipio vecino a Trujillo con dinámicas agrarias entrelazadas: la ocupación del predio Calabazas/Corozal/Buenos Aires en 1979, con 122 hectáreas para 35 familias; la toma de las tierras dejadas por el Ingenio La Carmela ese mismo año; la ocupación en 1981 del predio La Liberia, en las veredas Santa Rita y Fenicia, con 32 hectáreas iniciadas por 47 familias; y en 1982 la del predio La Siria, de 150 hectáreas, en la que llegaron a concentrarse 150 familias antes de ser desalojadas.

La historia de La Liberia condensa lo que pasaba: de las 47 familias iniciales, la represión redujo la ocupación a 25, y para 1987 apenas 9 tenían títulos, con procesos aún abiertos en el Incora. Más al norte, en el municipio de El Águila, hubo también recuperaciones documentadas: el predio Zuluaga en 1975, con 410 hectáreas y 30 familias apoyadas por la Acción Comunitaria Campesina; el predio Picaderos en 1979, con 50 hectáreas y 5 familias. En todas esas invasiones se dibuja una cartografía de conflicto agrario que precede en una década a la masacre.

Ese sujeto campesino organizado —Juntas de Acción Comunal, líderes agrarios, familias con memoria de haber peleado por la tierra— fue el que, años después, quedó atrapado entre el ELN que operaba en el cañón del Garrapatas, los narcotraficantes que empezaron a comprar y a arrebatar tierras en el norte del Valle, y las fuerzas militares que llegaron con la doctrina antisubversiva bajo el brazo. La conflictividad agraria previa explica en parte por qué la violencia de finales de los ochenta se ensañó con líderes comunitarios: no era una violencia que llegara sobre un territorio vacío, sino sobre uno organizado.

La aparición del narcotráfico y el ELN

Hacia la mitad de la década de los ochenta, dos actores armados terminaron de configurar el mapa. Por un lado, el ELN, cuya presencia en el Valle del Cauca se había conformado con estudiantes, obreros y perseguidos políticos de Cali, tomó como base de operaciones el cañón del río Garrapatas y se movió por el corredor selvático entre Chocó y los municipios vallecaucanos de El Cairo, El Dovio, Trujillo y Riofrío. Su presencia era, en términos militares, marginal frente a otros teatros del conflicto, pero suficiente para instalar en la zona la lógica del enemigo interno: un pretexto, una etiqueta.

Por otro lado, en el mismo norte del Valle emergía uno de los aparatos criminales más poderosos del país. El Cartel del Norte del Valle tuvo como precursores y jefes máximos a Orlando Henao Montoya e Iván Urdinola Grajales, ambos muertos en prisión en los años noventa. Junto a ellos aparecen en el período Henry Loaiza Ceballos, alias 'el Alacrán', y Diego León Montoya Sánchez, alias 'don Diego', ambos vinculados a los crímenes de Trujillo. La particularidad de este cartel, respecto al de Medellín o incluso al de Cali, fue su relación intensa con la tierra: sus jefes compraban predios, expropiaban por vía violenta, controlaban corredores rurales y conformaban grupos armados propios orientados a definir quién podía permanecer en el territorio y quién no. Esas estructuras armadas, destinadas a contener la expansión guerrillera en la región, tenían también el encargo de eliminar a quienes se consideraba apoyo de la insurgencia.

De esa convergencia nació lo que ocurriría en Trujillo entre 1988 y 1994. No fue un enfrentamiento clásico entre Estado y guerrilla, ni tampoco una campaña estrictamente contrainsurgente. Fue una alianza entre narcotraficantes con intereses económicos y territoriales concretos y sectores de la fuerza pública que encontraron en la retórica antisubversiva una justificación operativa para acompañar esos intereses. El proyecto territorial del cartel necesitaba cobertura estatal; ciertos oficiales del Ejército y de la Policía necesitaban un enemigo etiquetable. La imbricación de ambos vectores explica tanto la escala de la violencia como la profundidad de la impunidad que vino después.

El ciclo de la masacre

Entre 1986 y 1994 se desarrolló en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar la serie de hechos que la historiografía y los tribunales han agrupado bajo el nombre de Masacre de Trujillo. Fue una violencia acumulativa: no un solo día ni un solo operativo, sino una sucesión de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, torturas y desmembramientos, sostenidos a lo largo de casi una década. La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (CIJP) documentó 63 víctimas entre el 28 de octubre de 1988 y el 5 de mayo de 1991. Otras estimaciones, manejadas por organizaciones de víctimas, elevan la cifra a más de 300 personas asesinadas y desaparecidas en el período completo. En cualquiera de los rangos, la magnitud es la de un crimen sistemático.

El momento más intenso, y el más documentado, corresponde a marzo y abril de 1990. La Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (CISVT), conformada posteriormente para esclarecer los hechos, concentró su estudio en ese arco de pocas semanas e identificó 34 víctimas con conexidad probada, limitación derivada de restricciones logísticas y, sobre todo, del testimonio central de Daniel Arcila Cardona, sobreviviente cuya declaración se convirtió en el eje probatorio del caso.

El 29 de marzo de 1990 ocurrió en el corregimiento de La Sonora uno de los episodios que marcaron el sentido de todo el ciclo. La versión del Ejército lo describió como un combate y una emboscada de un grupo del ELN a una patrulla del Batallón de Artillería n.º 3 Batalla de Palacé. La CIJP contradijo esa versión: sostuvo que los militares atacaron a trabajadores civiles que estaban en la vía después de que un grupo del ELN intercambiara saludos con ellos en un convite. Guillermo Antonio Betancourth, agricultor de la zona, fue reportado por el Ejército como guerrillero 'dado de baja'; para la CIJP había sido retenido y maniatado antes de ser asesinado. La discrepancia entre las dos versiones es central: revela cómo la presencia real, aunque limitada, del ELN en el cañón del Garrapatas fue instrumentalizada para presentar como bajas de combate lo que eran ejecuciones de civiles.

Menos de tres semanas después, el 17 de abril de 1990, fue asesinado, torturado y descuartizado el sacerdote Tiberio de Jesús Fernández Mafla, párroco de Trujillo, junto con otras tres personas. El padre Tiberio había acompañado el trabajo comunitario en las veredas, había denunciado los abusos y se había convertido en una figura de referencia moral en la región. Su asesinato —por la forma en que fue perpetrado, por la investidura de la víctima, por la coincidencia temporal con las demás desapariciones— condensó todo el horror del ciclo y quedó como su símbolo. Otro sacerdote que trabajaba en Trujillo debió exiliarse en 1998 como consecuencia de la misma violencia.

La lógica interna de los crímenes fue la de la desaparición y el desmembramiento: víctimas capturadas, torturadas, en algunos casos arrojadas al río Cauca. Los seguimientos, las intimidaciones a grupos comunitarios y a líderes campesinos, las detenciones arbitrarias que precedieron a los asesinatos, muestran que no se trataba de una acción reactiva contra combatientes, sino de un plan de eliminación de un sector organizado del campesinado y de sus referentes sociales.

La coartada antisubversiva

Los hechos fueron explicados oficialmente, desde las filas militares implicadas, como acciones defensivas o retaliativas contra 'auxiliadores y promotores de la ideología subversiva' del ELN, invocando presuntos nexos de las víctimas con esa guerrilla. La coartada tenía un asidero mínimo: el ELN existía en la zona, operaba en el cañón del Garrapatas y transitaba por los corregimientos altos. Pero esa presencia servía para lo contrario de lo que se decía: no explicaba la victimización, la producía. Al etiquetar como colaboradores a campesinos, líderes agrarios, catequistas y sacerdotes, se los volvía blanco legítimo en el marco de una lógica en la que el enemigo interno podía ser cualquiera.

La justificación antisubversiva no explicaba ni legitimaba los patrones que antecedieron a los crímenes: los seguimientos prolongados, las amenazas a organizaciones comunitarias, las desapariciones forzadas, las detenciones sin orden judicial. Esos elementos, verificados por las comisiones investigadoras posteriores, mostraron que la acción no era de combate sino de exterminio dirigido. Y detrás del argumento contrainsurgente estaba, además, un interés menos declarable: el de los narcotraficantes del Norte del Valle en controlar la tierra y los corredores del territorio, interés cuya expresión más brutal fue precisamente la eliminación de un campesinado organizado que estorbaba tanto por lo que era —sujeto político con historia— como por dónde estaba.

Las investigaciones y el reconocimiento

La construcción de verdad sobre Trujillo no vino del sistema judicial ordinario, sino de una acción combinada de la sociedad civil, comisiones especiales y organismos internacionales. La CIJP, que registró las 63 víctimas del período 1988-1991, fue la instancia demandante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CISVT, comisión mixta conformada para investigar los sucesos, se concentró en los hechos de marzo y abril de 1990 y probó la conexidad de 34 casos con base en el testimonio de Daniel Arcila Cardona.

En enero de 1995, en el 51.º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se presentó un informe que confirmó la participación de agentes del servicio militar de información, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de la Policía local y departamental, y de miembros del Ejército en la masacre, señalando expresamente que ésta sirvió a los intereses de narcotraficantes de la zona. Fue, en ese momento, uno de los reconocimientos más contundentes hechos por un organismo internacional a la responsabilidad de agentes del Estado colombiano en un crimen contra la población civil.

La resolución de la Organización de los Estados Americanos sobre el caso fue igualmente severa. Concluyó que los delitos permanecían en la impunidad, que existía violación al derecho a la justicia que asistía a las víctimas, que había dificultades estructurales para superar esa impunidad y —el hallazgo más incómodo— que algunos servidores públicos que habían participado en los sucesos permanecían vinculados a la Fuerza Pública. No era un problema de agentes históricos ya retirados: los responsables seguían en servicio.

Los procesos penales avanzaron con lentitud y con condenas parciales. Fueron condenados los jefes del Cartel del Norte del Valle Diego Montoya Sánchez, Henry Loaiza Ceballos e Iván Urdinola Grajales por su responsabilidad en las masacres, así como el mayor retirado Alirio Antonio Urueña Jaramillo, señalado como pieza militar clave en los hechos. Frente a la escala del crimen y al número de agentes públicos y privados involucrados, ese conjunto de condenas resultó insuficiente. La OEA lo dejó consignado con claridad: el caso Trujillo es, en gran medida, un caso de impunidad sostenida.

Un episodio recogido por la investigación ilustra la naturaleza del bloqueo: los comandantes de la III División y de la III Brigada del Ejército, consultados por la comisión investigadora, afirmaron no haber oído hablar de Helmer 'Pacho' Herrera, señalado por la DEA como uno de los gerentes del Cartel de Cali. Que altos oficiales del Ejército operando en el suroccidente colombiano declararan ignorar la existencia de una de las figuras centrales del narcotráfico nacional dice, sin necesidad de comentario adicional, cuál era el estado real de la relación entre fuerza pública y crimen organizado en la región durante esos años.

AFAVIT, el Parque Monumento y la memoria

Frente a la lentitud judicial, las víctimas construyeron una forma propia de duración. La Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT) organizó, en el propio municipio, un espacio conocido como el Parque Monumento, dedicado a preservar la memoria de los asesinados y desaparecidos. Ese lugar —hecho por las familias, en el territorio donde ocurrió el crimen— transformó al municipio en un sitio de peregrinación de la memoria colombiana. Cada nombre grabado, cada osario, cada fecha, es a la vez un homenaje y una denuncia de la impunidad no resuelta.

En 2008, el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR-GMH) publicó su primer informe, titulado Trujillo: una tragedia que no cesa. Que la primera producción del organismo estatal de memoria histórica del país tuviera como objeto precisamente a Trujillo no fue casual: reconocía implícitamente que este caso era el escenario paradigmático donde el Estado debía asumir su propia responsabilidad en un crimen de lesa humanidad. El informe fue presentado en presencia del Vicepresidente de la República, de la Procuraduría General de la Nación y de las víctimas organizadas en AFAVIT.

Tras esa presentación, el Vicepresidente señaló haber sugerido al Fiscal General el traslado de los procesos penales a Bogotá y haber solicitado al Consejo Superior de la Judicatura examinar la situación de los jueces relacionados con el caso. Décadas después de los hechos, la maquinaria estatal seguía intentando destrabar sus propios engranajes. La encuesta nacional sobre Justicia y Paz incluyó los asesinatos y desapariciones de Trujillo entre los hechos violentos sobre los que se preguntó a los encuestados, ratificando su lugar en la memoria colectiva de un país acostumbrado a olvidar rápido.

Por qué Trujillo importa

En la historia colombiana del último medio siglo hay masacres más numerosas en víctimas, más extensas en territorio, más mediáticas en el momento en que ocurrieron. La importancia particular de Trujillo no reside en la aritmética del horror, sino en tres elementos que lo vuelven singular.

El primero es la duración. No fue un episodio de un día ni de una semana; fue un ciclo de casi ocho años, entre 1986 y 1994, sostenido en un mismo territorio, con víctimas identificables, con agresores identificables, con una infraestructura de terror que operó de manera continua. Esa duración obliga a hablar no de un hecho sino de un patrón, y descarta la interpretación de excesos individuales.

El segundo es la naturaleza de la alianza. Trujillo mostró, con un nivel de documentación poco frecuente en Colombia, la imbricación operativa entre narcotráfico y sectores de la fuerza pública en la ejecución de crímenes contra la población civil. No fue una hipótesis de columnistas ni una denuncia aislada de organizaciones de derechos humanos: fue un hallazgo confirmado por comisiones nacionales, por la ONU y por la OEA. La retórica antisubversiva que envolvió la acción funcionó como cobertura ideológica de intereses económicos concretos —la tierra, los corredores del narcotráfico, el control territorial— y esa dinámica se replicaría, con variaciones, en muchos otros escenarios del conflicto colombiano en los años siguientes.

El tercero es el hito institucional. Trujillo obligó al Estado colombiano, por primera vez con esa profundidad, a reconocer formalmente su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Ese reconocimiento fue tardío, parcial, contradictorio con la permanencia de agentes implicados en la Fuerza Pública, pero fue reconocimiento al fin. La CNRR-GMH escogió a Trujillo para inaugurar el trabajo institucional de memoria histórica; la resolución de la OEA dejó constancia del incumplimiento estatal frente al derecho a la justicia; los procesos penales, aunque limitados, incluyeron condenas efectivas a jefes narcotraficantes y a un oficial militar. En términos jurídicos y simbólicos, Trujillo marca un antes y un después.

Detrás de esos tres elementos hay una tensión que la historia del municipio no permite disolver. El Estado colombiano se reconoció responsable, sí, pero al mismo tiempo se protegió: los procesos avanzaron poco frente a la escala de los hechos, los oficiales identificados por las comisiones no fueron todos judicializados, y la Fuerza Pública siguió albergando en su interior a quienes habían participado. Esa capacidad de absorber la responsabilidad sin trasladarla en consecuencias penales efectivas es, quizá, lo más revelador del caso. Lo que 'Trujillo' nombra en la historia colombiana no es solo un crimen atroz, sino la mecánica de una impunidad institucional que sobrevivió a su propio reconocimiento.

El municipio, mientras tanto, sigue existiendo. La gente cultiva café en sus laderas, camina las mismas veredas donde ocurrieron los hechos, mantiene el Parque Monumento y sus rituales de memoria, convive con los descendientes de las víctimas y, en algunos casos, con los descendientes de los agresores. Ese Trujillo cotidiano, agrario, andino, es el que da suelo real al Trujillo simbólico que aparece en informes internacionales y en fallos judiciales. Ambos son el mismo lugar: un municipio del norte del Valle donde la geografía de cordillera, la historia de un campesinado organizado y la convergencia entre narcotráfico y contrainsurgencia se cruzaron de tal modo que el nombre del municipio quedó, para siempre, ligado al nombre de una masacre.