El Salado

Un corregimiento en los Montes de María

El Salado se ubica en el municipio de El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, dentro de la subregión de los Montes de María, un cordón montañoso de baja altura que separa la sabana caribeña de la depresión momposina y conecta el interior del país con el golfo de Morrosquillo. Esa condición de corredor geoestratégico —cruce natural entre el sur de Bolívar, Sucre, Córdoba y la costa— explica buena parte de su destino en la segunda mitad del siglo XX, cuando la topografía que había sido bendición campesina se volvió atractiva para guerrillas y paramilitares.

Antes de convertirse en referente nacional del horror, El Salado era un pueblo de trabajo. Su economía giraba alrededor del cultivo y comercio del tabaco, y esa producción, articulada con las compañías tabacaleras que operaban en la región, sostuvo durante décadas una prosperidad rural notable para los estándares del Caribe interior. Los ingresos del tabaco se traducían en calidad de vida material: en el casco del corregimiento funcionaban 33 tiendas, almacenes, depósitos y una droguería, un mapa comercial impensable para muchos pueblos vecinos, retrato de una economía viva, con circulación de dinero y densidad de intercambio.

La región alrededor operaba con la misma lógica de flujos. La vereda Guamito, por ejemplo, se articulaba comercialmente con El Carmen de Bolívar y con los departamentos de Sucre y Atlántico mediante recuas que transportaban panela y otros productos agrícolas. Los Montes de María no eran periferia aislada sino tejido activo entre subregiones. El Salado, en ese mapa, era nodo tabacalero.

Sobre ese sustrato económico se levantó una organización social propia. La Junta de Acción Comunal jugó un papel central en la vida del corregimiento y contribuyó a que sus habitantes, salvo en lo relativo al mejoramiento de la carretera que los comunicaba con El Carmen de Bolívar, no reclamaran mayormente por la ausencia del Estado. Esa frase, aparentemente inocua, encierra una tensión que sería trágica una década después: El Salado había aprendido a resolverse sin el Estado, y el Estado, cuando la violencia llegó, cumplió con no aparecer.

La guerra que fue llegando

Los Montes de María fueron escenario de presencia guerrillera desde los años ochenta. Se instalaron allí el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la Corriente de Renovación Socialista (CRS) y, en menor medida, el Ejército Popular de Liberación (EPL). A comienzos de los años noventa, el PRT y la CRS se desmovilizaron, y el ELN ocupó progresivamente el espacio dejado. Las FARC llegaron después: hacia 1994 establecieron presencia mediante el Frente 35, al que se sumaría el Frente 37, ambos adscritos al Bloque Caribe. La intensificación de su accionar transformó la subregión.

La ofensiva guerrillera contra los hacendados tradicionales de los Montes de María —secuestros, extorsiones, ataques a fincas— produjo, a su turno, la reacción que se volvería paradigma nacional. En 1997, en la hacienda Las Canarias, una cumbre reunió a élites políticas y ganaderas de la región y dio origen al Bloque Héroes de los Montes de María, la estructura paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operaría desde entonces sobre la subregión. Investigaciones periodísticas posteriores señalaron el papel de hacendados de familias como los Méndez, los Meza y los Cohen en los orígenes del paramilitarismo local, aunque el detalle de esas responsabilidades sigue siendo, en buena parte, materia pendiente de la justicia.

Las cifras del período trazan la magnitud de lo que ocurrió. Entre 1996 y 2003, los Montes de María registraron 42 masacres, perpetradas principalmente por grupos paramilitares. Solo entre 1999 y 2001, esas masacres dejaron 354 víctimas fatales. Chengue, en el municipio de Ovejas (Sucre), en enero de 2001, sería una de las más recordadas; El Salado, en febrero de 2000, la más emblemática. Las masacres iban acompañadas de torturas, destrucción de bienes civiles y desplazamiento forzado, y se dirigían contra pobladores señalados como colaboradores de la guerrilla o rivales de los aliados políticos de los paramilitares. En pocos años, los Montes de María pasaron a figurar entre las tres primeras subregiones del país más afectadas por el desplazamiento.

El Salado ya había sido tocado por esa violencia antes de 2000. Una masacre previa, en marzo de 1997, provocó la salida de las compañías tabacaleras, aunque el cultivo del tabaco continuó: los habitantes empezaron a comercializarlo en El Carmen de Bolívar a través de intermediarios, con márgenes menores pero con la economía aún de pie. Lo que ocurriría tres años después no sería una etapa más en esa erosión, sino un intento deliberado de acabar con el pueblo.

Febrero de 2000: tres días

La masacre de El Salado se cometió entre el 18 y el 20 de febrero de 2000. Los perpetradores pertenecían al Bloque Norte y al Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, en el marco operativo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). La cifra exacta de víctimas fatales varía: los informes jurídicos hablan de aproximadamente 46 personas; el Centro Nacional de Memoria Histórica documentó 60. La disparidad no atenúa el hecho; lo enmarca en el problema estructural de contar los muertos de una guerra que también quiso borrar sus cuentas.

Lo que distingue a El Salado de otras masacres del período es la modalidad. Al menos treinta personas fueron degolladas. Hubo torturas, golpizas hasta la muerte y ejecuciones con arma de fuego. Las víctimas fueron elegidas por sorteo, un procedimiento que convertía la muerte en un rito colectivo y aleatorio, y obligaba al pueblo entero a asistir a su propio exterminio sin saber quién seguía. Durante los tres días, los paramilitares tocaron instrumentos musicales mientras masacraban a la población civil: la crueldad se escenificó en la cancha de fútbol del corregimiento, con público forzado, en una coreografía diseñada para que el terror no fuera solo experimentado sino visto y oído.

La violencia sexual formó parte central del repertorio. Al menos siete mujeres ejecutadas fueron violadas antes de morir. Sobrevivientes también fueron violadas. Algunas mujeres fueron obligadas a comer cactus antes de ser agredidas sexualmente, en un acto de sevicia sobre el cuerpo que anticipaba la humillación posterior. Se victimizó a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. La masacre no distinguió edades ni funciones: distinguió únicamente el objetivo de arrasar la comunidad como comunidad.

Los tres días transcurrieron sin que la fuerza pública apareciera. Los paramilitares tuvieron pleno acceso al territorio y transitaron sin encontrar resistencia. Esa ausencia —judicialmente no imputada de forma individualizada, pero establecida como patrón regional del período— fue percibida por las comunidades como omisión del Estado en la protección de la población civil. A ello se sumaron indicios pendientes de esclarecimiento: información sobre una posible reunión, días antes de la masacre, entre el comandante paramilitar alias Amaury y la empresaria Enilce López, y sobre el sobrevuelo de un helicóptero durante los hechos. Ninguno de estos elementos ha sido establecido judicialmente con la contundencia que la memoria pública les atribuye, pero pesan sobre el caso.

La lógica de la masacre no fue la del exceso ni la del descontrol. El propio Centro Nacional de Memoria Histórica la inscribió en una convergencia de objetivos: por un lado, la expansión estratégica de las AUC a nivel nacional; por otro, los intereses de grupos paramilitares locales que buscaban enfrentar la ofensiva de las FARC contra los hacendados tradicionales. En el patrón macrocriminal de la Casa Castaño —el clan de Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, arquitectos del proyecto paramilitar—, El Salado fue un hito fundacional del dominio paramilitar en Bolívar: un acto de terror espectacular destinado a vaciar el territorio, a demostrar la impotencia de la guerrilla para proteger a sus supuestas bases y, no menos importante, a instalar la certeza de que el orden armado en los Montes de María sería en adelante paramilitar.

El pueblo abandonado

Después de los tres días, El Salado se vació. Los sobrevivientes salieron por los caminos hacia El Carmen de Bolívar, hacia las ciudades del Caribe, hacia cualquier lugar donde el miedo pesara menos que la pertenencia. Durante aproximadamente dos años el corregimiento permaneció deshabitado. La vegetación de los Montes de María, densa y rápida, invadió las construcciones hasta ocultarlas. Las 33 tiendas, la droguería, las viviendas, la escuela, la iglesia, la cancha donde se había cometido la masacre: todo desapareció bajo el monte. El pueblo tabacalero se convirtió, literalmente, en ruina cubierta.

Los desplazados de El Salado dibujaron dos rutas. El 55,2% priorizó el entorno próximo como territorio de refugio, y El Carmen de Bolívar fue el destino más mencionado: la esperanza de reconstruir la cotidianidad en un medio conocido. El 44,6% restante se dirigió a las grandes ciudades del Caribe —Sincelejo, Barranquilla y Cartagena—, donde ya se estaban formando los cordones de recepción de desplazados. Cartagena, en particular, se había vuelto un receptor mayor: el sistema RUT de la Conferencia Episcopal registró 41.630 desplazados llegados entre enero de 1996 y junio de 2000, y en algún momento posterior se estimaron unos 62.000 en el Distrito, con barrios receptores como Nelson Mandela y El Pozón.

El asentamiento en El Carmen de Bolívar, sin embargo, resultó transitorio para muchos. La presencia paramilitar en el casco urbano de ese municipio generó un entorno amenazante que provocó un segundo desplazamiento: sobrevivientes de El Salado que habían buscado refugio a pocos kilómetros de su pueblo debieron partir nuevamente, hacia destinos que las cifras oficiales no capturan bien. En 2002, la Defensoría del Pueblo constató la alta concentración de población desplazada de El Salado en El Carmen de Bolívar, y advirtió al mismo tiempo que la cifra no equivalía a un destino definitivo. El desplazamiento en los Montes de María no era un movimiento, era una cadena.

El retorno de noviembre de 2001

En noviembre de 2001, poco más de veinte meses después de la masacre, un grupo de habitantes de El Salado decidió regresar. El conflicto armado no había cesado; el acompañamiento institucional era precario; el pueblo era una ruina vegetal. La Defensoría del Pueblo produjo posteriormente una Resolución Defensorial, la número 008, sobre el proceso de retorno, un gesto de seguimiento institucional cuya oportunidad y suficiencia siguen siendo materia de debate.

El retorno fue una decisión colectiva sin garantías. Los primeros que llegaron encontraron la vegetación crecida sobre las casas, los objetos donde habían quedado, el silencio. Fueron ellos quienes rehicieron los caminos, quienes limpiaron las construcciones, quienes volvieron a habitar la cancha de fútbol que había sido el escenario del horror. La reconstrucción material fue trabajo comunitario, no política pública.

Pero el retorno reveló una fractura menos visible que las paredes carcomidas. Durante los dos años de abandono, algunas personas se habían quedado en el territorio, en veredas dispersas o en el pueblo mismo, en soledad y aislamiento. Cuando los retornados regresaron, quienes habían resistido experimentaron una sensación de extrañeza hacia ellos, expresada en la percepción de que ellos ya no son como nosotros. Los que se habían ido traían otros modos, otros gestos, otras palabras aprendidas en las ciudades. Los que se habían quedado habían pasado dos años en un pueblo fantasma. La comunidad se recompuso sobre esa asimetría.

Los daños colectivos rebasaban lo económico y lo demográfico. El efecto más palpable de la masacre no fue solo la desaparición física del pueblo, sino la disolución de tramas sociales y culturales, la pérdida del sentido de pertenencia comunitaria, la afectación de la identidad colectiva de quienes se fueron y de quienes permanecieron. Los jóvenes desplazados perdieron el vínculo con las tradiciones campesinas. La habitabilidad colectiva, hecha de vecindad, oficios y rutinas compartidas, había sido específicamente el objetivo de la violencia paramilitar. La violencia posterior al retorno, aunque menos documentada, no cesó: El Salado siguió siendo territorio en disputa, y algunos de sus habitantes continuaron pagando ese precio.

La vida después del retorno

La reconstrucción del corregimiento tras noviembre de 2001 no siguió un cronograma institucional, sino los ritmos disparejos de una comunidad que iba recuperando funciones a medida que las necesidades apremiaban. La escuela volvió a abrir con maestros que en muchos casos eran los mismos que habían tenido que salir. La iglesia, la capilla, las tiendas más pequeñas fueron rehaciéndose una a una, casi siempre con recursos de los propios habitantes, ocasionalmente con apoyos puntuales de organizaciones sociales, iglesias o cooperación internacional. La presencia estatal, cuando llegó, lo hizo primero por la vía asistencial y sólo después con programas más estructurados de reparación colectiva.

El proceso formal de reparación colectiva se activó en el marco de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas incluyó a El Salado entre los sujetos de reparación colectiva y adelantó un plan integral con medidas materiales, simbólicas y de reconstrucción del tejido social. La restitución de tierras, competencia de la Unidad de Restitución, tramitó solicitudes de predios de la zona con resultados desiguales: buena parte de las tierras de los Montes de María estuvo sometida durante los años posteriores a la masacre a compras masivas, muchas veces bajo presión, y esa reconfiguración de la propiedad rural desbordó los alcances de la política pública de restitución.

En paralelo, se levantaron infraestructuras cuyo propósito articulaba la reconstrucción con la memoria. La Casa del Pueblo, inaugurada en 2011 con recursos de la Fundación Semana y una alianza público-privada amplia, se convirtió en el equipamiento comunitario más visible del retorno: un espacio para reuniones, actividades culturales y encuentros conmemorativos. Los debates sobre esa clase de proyectos —cuánto convocan a la comunidad, cuánto la representan, cuánto dependen de agentes externos— acompañaron desde el inicio la vida del corregimiento reconstruido. Nada en el nuevo Salado escapó del todo a la tensión entre lo que necesitaban sus habitantes y lo que quienes llegaban a ayudarlos creían que necesitaban.

Economía y demografía del presente

La población actual de El Salado es sensiblemente menor a la que tenía antes de febrero de 2000. Las cifras varían según la fuente y el año, y oscilan por debajo de los 4.500 habitantes que llegó a tener el corregimiento en su época de mayor prosperidad tabacalera. No todos los desplazados retornaron: muchos rehicieron su vida en Cartagena, Barranquilla, Sincelejo o El Carmen de Bolívar, y sus hijos ya crecieron en contextos urbanos. Quienes regresaron y quienes nunca se fueron han tenido que reconstruir el pueblo con una demografía distinta, más envejecida en algunos segmentos, con una franja de jóvenes que enfrenta las limitaciones estructurales del campo colombiano.

La economía del tabaco, columna vertebral del viejo Salado, no recuperó su escala anterior. La salida definitiva de las compañías tabacaleras tras la masacre de 1997 y el impacto sostenido de la violencia sobre el tejido productivo empujaron a los cultivadores a esquemas menos rentables, dependientes de intermediarios y sujetos a la volatilidad de los precios. Junto al tabaco persisten cultivos de pancoger, aguacate, ñame, yuca y maíz, en unidades productivas familiares, así como una ganadería en pequeña escala. El corregimiento no ha vuelto a tener la densidad comercial de las 33 tiendas de finales del siglo XX; el mapa de negocios locales es hoy más disperso y menos capitalizado.

Los Montes de María, en conjunto, viven una transición económica que también incide sobre El Salado. La expansión de proyectos agroindustriales, en particular de palma de aceite y forestales, ha modificado la estructura de la propiedad rural en la subregión y presiona sobre la vocación tradicional campesina. Organizaciones de víctimas y de segundos ocupantes disputan predios adquiridos en años de violencia. Ese pulso territorial —menos visible que la masacre pero de largo aliento— es una de las claves para entender el futuro material del corregimiento.

La justicia parcial

La respuesta judicial a la masacre de El Salado ha sido fragmentaria. El 16 de diciembre de 2010, el Juzgado Único Especializado de Sincelejo profirió sentencia anticipada contra Edwar Cobos Téllez, alias 'Diego Vecino', uno de los principales comandantes del Bloque Héroes de los Montes de María, condenándolo a 20 años y 10 meses de prisión por homicidio agravado y desaparición forzada agravada. Cobos Téllez aceptó responsabilidad y atribuyó las decisiones de cometer los crímenes a Rodrigo Antonio Mercado Peluffo, alias 'Cadena', comandante militar del Bloque. Junto a ellos, la cadena de mando incluía a Huber Enrique Bánquez Martínez, alias 'Juancho Dique', y a Marco Tulio Pérez, alias 'El Oso'; la imputación específica por El Salado y las condenas correspondientes siguieron caminos desiguales dentro del proceso de Justicia y Paz.

El proceso de Justicia y Paz, creado por la Ley 975 de 2005 para tramitar la desmovilización de las AUC, fue el marco principal en el que se ventilaron judicialmente los hechos de El Salado. La lógica del procedimiento —penas alternativas a cambio de verdad, reparación y no repetición— permitió recoger versiones libres de comandantes desmovilizados que aportaron elementos sobre la planeación, la ejecución y los apoyos recibidos. Las versiones dieron cuenta de rutas de entrada al corregimiento, de la composición de los grupos que participaron, de los mandos intermedios que operaron sobre el terreno. Al mismo tiempo, las limitaciones del proceso quedaron a la vista: la extradición a Estados Unidos, en mayo de 2008, de varios de los principales comandantes paramilitares —entre ellos Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo Bejarano (alias 'Don Berna') y Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'— por delitos de narcotráfico interrumpió el flujo de versiones y desplazó el eje de sus procesos judiciales hacia jurisdicciones extranjeras, con consecuencias directas sobre la verdad disponible para las víctimas colombianas.

Por encima de la comandancia regional operaban las jefaturas nacionales de las AUC: Carlos Castaño Gil, comandante en jefe hasta su muerte en 2004; Salvatore Mancuso, jefe militar y firmante del proceso de desmovilización; Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', al frente del Bloque Norte que también participó en la masacre; e Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', vocero ideológico. Su responsabilidad política y militar sobre El Salado se inscribe en el conjunto de crímenes de las AUC, aunque las imputaciones individualizadas por el caso específico siguen incompletas.

Los vacíos más notorios apuntan a los terceros. La participación de agentes del Estado no ha sido establecida de manera individualizada, pese a que el patrón regional del período la documenta como probable. La eventual reunión previa entre alias Amaury y Enilce López, empresaria conocida como La Gata, no ha sido esclarecida. El helicóptero que sobrevoló durante los hechos no ha sido identificado. El caso de El Salado es completo en el terreno de los perpetradores armados y radicalmente incompleto en el de quienes financiaron, permitieron o coordinaron desde otros lugares del poder. La Jurisdicción Especial para la Paz, creada en 2017 tras el Acuerdo Final con las FARC, tiene competencia sobre crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, incluido eventualmente el papel de terceros civiles y agentes del Estado; a la altura de los últimos avances públicos, el caso de El Salado no ha ocupado en la JEP un lugar tan central como el que le correspondería por su gravedad, aunque figura en el universo de hechos bajo estudio en macrocasos vinculados al accionar paramilitar y a la respuesta estatal en zonas de conflicto.

El Salado como lugar de memoria

En 2009, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a través de su Grupo de Memoria Histórica, publicó el informe La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra. Fue uno de los primeros grandes ejercicios de memoria histórica del país sobre un caso singular y funcionó como plantilla para los que vendrían. Dirigido por Gonzalo Sánchez Gómez y con la participación de investigadoras como María Emma Wills, el informe reconstruyó los hechos, los contextos y los daños con una densidad documental que le dio al caso el estatuto de emblema.

El informe hizo dos cosas de manera simultánea. Por un lado, sacó a El Salado del anonimato regional y lo instaló en la conversación nacional sobre el conflicto armado: la masacre se volvió referencia obligada al hablar del paramilitarismo, del desplazamiento forzado, de la violencia sexual como arma de guerra, de la escenificación pública del horror. Por otro, ese mismo proceso convirtió al corregimiento en un lugar de memoria, con todo lo que la expresión implica: visitas, conmemoraciones, guías pedagógicas, ejercicios académicos, presencia intermitente de instituciones. Soraya Bayuelo, comunicadora de los Montes de María y una de las figuras centrales del Colectivo de Comunicaciones Montes de María, ha sido parte del trabajo sostenido por dar a la memoria un vehículo que no dependa solo del Estado.

La memorialización, sin embargo, tiene sus propias trampas. Cuando un pueblo se vuelve símbolo de una tragedia, corre el riesgo de que su identidad quede fijada en ella. Las guías pedagógicas construidas sobre el caso de El Salado —diseñadas para analizar la estigmatización, los estereotipos y sus consecuencias violentas en el marco del conflicto armado— cumplen una función educativa valiosa, pero también reproducen una imagen del corregimiento centrada en su herida. La casa de la cultura, las conmemoraciones anuales, los actos institucionales: todo lo bueno de esas iniciativas convive con el riesgo de que la comunidad no pueda ya ser vista fuera de la masacre.

Ese riesgo es precisamente la razón por la que hace falta recordar lo demás. El Salado no fue destruido porque fuera insignificante, sino porque tenía suficiente entidad —económica, organizativa, comunitaria— como para que su exterminio funcionara como demostración. La prosperidad tabacalera, la Junta de Acción Comunal, los 33 establecimientos comerciales, la relativa autonomía frente al Estado: eso era lo que había, y eso, más que un descuido de la historia, es lo que la masacre buscó borrar. Contarlo hoy es una forma de no completar la operación paramilitar por la vía del olvido selectivo.

Lo que queda

El Salado del siglo XXI es un corregimiento habitado de nuevo, con menos población que antes de la masacre, con una economía tabacalera fragilizada y con un tejido social que ha tenido que reconstruirse sobre las fracturas del desplazamiento y el retorno. Sus habitantes viven simultáneamente dos temporalidades: la del pueblo que trabaja, cultiva, comercia, cría hijos y se organiza; y la del lugar de memoria que recibe visitantes, aloja conmemoraciones y aparece en informes. Ninguna de las dos alcanza, por sí sola, a describir lo que el corregimiento es.

La cotidianidad tiene sus propios ritmos. La cancha donde ocurrieron los peores episodios de febrero de 2000 se usa hoy para jugar fútbol; los niños de El Salado crecen sabiendo lo que pasó allí y usando el mismo espacio para lo que sirve una cancha. La iglesia se llena en misas y en actos conmemorativos. La casa de la cultura recibe grupos escolares y visitas de investigadores. Las conmemoraciones anuales de la masacre convocan a autoridades nacionales, a organizaciones de víctimas, a periodistas y a familiares; en los años entre conmemoración y conmemoración, el pueblo hace lo que hacen los pueblos: madruga, trabaja, se acuesta.

Persiste, sin embargo, una tensión no resuelta con la seguridad. La desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006 no cerró el ciclo de violencia, sino que lo transformó; grupos sucesores —bandas criminales, estructuras herederas del paramilitarismo, más recientemente el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia— continuaron operando en los Montes de María y ejerciendo control sobre economías legales e ilegales. Líderes sociales y reclamantes de tierras de la subregión han sido asesinados en distintos momentos posteriores al retorno, y aunque El Salado no concentra la mayor parte de esos hechos, la subregión que lo rodea sigue siendo un territorio en el que hacer política comunitaria implica riesgo.

El caso de El Salado condensa varias verdades del conflicto colombiano que no siempre caben en el mismo relato. Fue una violencia estratégica, no espontánea: los paramilitares no perdieron el control, lo ejercieron con precisión ritual, y el sorteo de las víctimas, los degollamientos al son de instrumentos musicales y las violaciones sexuales ritualizadas fueron técnicas de terror con propósito político y territorial. Fue también una violencia hecha posible por la ausencia del Estado, y esa ausencia sigue siendo la deuda pendiente del expediente judicial. Fue, además, una violencia que encontró resistencia: no la de una épica heroica, sino la resistencia menos visible de quienes se quedaron, de quienes regresaron, de quienes rehicieron una vida sin tutela suficiente.

Entre el 18 y el 20 de febrero de 2000, en un corregimiento tabacalero de los Montes de María, paramilitares del Bloque Norte y del Bloque Héroes de los Montes de María mataron a sesenta personas —o cuarenta y seis, según las cuentas—, violaron mujeres, degollaron al menos a treinta hombres, tocaron instrumentos mientras lo hacían, sortearon vidas, y no encontraron a nadie que se lo impidiera. Ese hecho es la razón por la que hoy conocemos el nombre del pueblo. Pero el pueblo existía antes, existe ahora, y su historia entera —la del tabaco, la de la Junta de Acción Comunal, la de las 33 tiendas, la del retorno de noviembre de 2001, la de los que se quedaron mirando a los que volvieron— es lo que la masacre quiso destruir y lo que su gente ha ido rehaciendo, casa por casa, cosecha tras cosecha, en el corregimiento del municipio de El Carmen de Bolívar donde hoy vuelve a haber niños, cancha, mercado y misa.