Comisión de la Verdad

En julio de 2022, tras cuatro años de trabajo, once tomos y cerca de catorce mil entrevistas, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición entregó a Colombia un informe titulado Hay futuro si hay verdad. Presidida por el jesuita Francisco de Roux, la CEV fue el mecanismo extrajudicial nacido del Acuerdo Final de 2016 para responder una pregunta que el país llevaba medio siglo aplazando: por qué, pese a los múltiples acuerdos y procesos de paz, el conflicto armado no logra cerrarse y en cambio se recicla. No era una fiscalía ni un tribunal, sino un dispositivo distinto, encargado de escuchar, ordenar y devolverle al país un relato de sí mismo que sirviera como base para no repetir. Su singularidad —y también su tragedia institucional— es que tuvo que hacer ese trabajo mientras la guerra que investigaba seguía en curso, y bajo un gobierno que, cuando llegó el momento de recibir el resultado, prefirió una gira europea a la ceremonia de entrega.

Qué fue la Comisión de la Verdad

La CEV fue una entidad temporal, extrajudicial y autónoma, creada como uno de los tres mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) establecido en el punto 5 del Acuerdo Final firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), integraba el andamiaje institucional destinado a atender los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Su misión era ambiciosa y deliberadamente amplia: esclarecer patrones y causas del conflicto, promover el reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades, favorecer la convivencia en los territorios y formular recomendaciones para la no repetición. Al no tener función judicial, no podía dictar condenas ni acusar; su fuerza radicaba en la escucha, la investigación cualitativa y la construcción pública de un relato colectivo. Esa aparente debilidad era también su libertad: sin la coacción del proceso penal, podía llegar donde la justicia rara vez llega —a la palabra de la víctima, del combatiente arrepentido, del testigo silenciado— y hacer con esa palabra un archivo.

El plazo original de su labor de esclarecimiento fue de tres años y medio, aunque la vida institucional efectiva llegó a cuatro años. En ese tiempo se dispuso a documentar más de seis décadas de guerra: desde la Violencia conservadora de mediados del siglo XX hasta el conflicto contemporáneo con las FARC-EP, el ELN, los paramilitares y los actores armados que sobrevivieron o emergieron tras la firma del Acuerdo. Entre sus mandatos específicos figuraba, con nombre propio, el esclarecimiento del paramilitarismo: causas, orígenes, formas de manifestación, financiación e impacto.

Los orígenes: La Habana, el Acuerdo y una decisión metodológica

La CEV es hija directa del proceso de La Habana. El Acuerdo Final que la creó contempló un sistema integral en el que verdad, justicia y reparación se pensaron como piezas complementarias: la JEP juzgaría a los máximos responsables bajo condiciones especiales, la UBPD buscaría a los desaparecidos y la CEV construiría el relato explicativo del conflicto. Esa arquitectura tripartita respondía a un aprendizaje acumulado. Colombia ya había ensayado antes formas parciales de esclarecimiento —el Centro Nacional de Memoria Histórica, con sus informes emblemáticos sobre Trujillo, Bojayá, La Rochela, El Salado y Bahía Portete, publicados entre 2008 y 2011— y contaba con el referente latinoamericano de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú y de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, cuyo informe Guatemala, memoria del silencio había sentado precedente regional.

La CEV heredó y radicalizó esa tradición. Su decisión metodológica fundacional fue adoptar un enfoque inductivo: en lugar de partir de hipótesis explicativas construidas desde Bogotá y comprobarlas en los territorios, resolvió partir de la escucha —abierta, sin formulario— y dejar que de ahí emergieran los patrones, las categorías y las conclusiones. La opción tenía un supuesto ético: los sujetos del conflicto son también sujetos epistémicos del pasado, y la explicación de la guerra colombiana no puede formularse sin ellos.

La estructura de gobierno quedó organizada en torno a un cuerpo colegiado de once comisionados presidido por Francisco José de Roux Rengifo, jesuita con larga trayectoria de trabajo en el Magdalena Medio, y una secretaría general a cargo de Mauricio Katz García. Bajo esa cabeza operaban direcciones temáticas —conocimiento, pueblos étnicos, diálogo social, territorios— que articulaban el trabajo de investigación con el despliegue en el país.

Los comisionados y la marca de las ausencias

El equipo combinó trayectorias del periodismo, la academia, los derechos humanos, la salud pública, las víctimas y los pueblos étnicos. Además de De Roux, integraron la Comisión Alejandro Castillejo Cuéllar, antropólogo especializado en violencia y memoria; Saúl Franco Agudelo, salubrista con obra sobre las dimensiones sanitarias del conflicto; Lucía González Duque, gestora cultural; Carlos Martín Beristain, médico y experto internacional en comisiones de la verdad; Alejandra Miller Restrepo, investigadora del enfoque de género; Marta Ruiz Naranjo, periodista con décadas de cobertura del conflicto; Patricia Tobón Yagarí, abogada indígena embera; y Alejandro Valencia Villa, jurista especializado en derecho internacional humanitario.

Dos ausencias marcaron el proceso. Alfredo Molano Bravo, cronista mayor de las regiones olvidadas de Colombia y elegido comisionado antes de fallecer, alcanzó a formar parte del cuerpo pero murió durante el mandato. María Ángela Salazar Murillo, lideresa afrocolombiana del Chocó, falleció en agosto de 2020, también en pleno ejercicio; su lugar lo ocupó Leyner Palacios Asprilla, sobreviviente y líder de la comunidad de Bojayá. Ambos comisionados fallecidos figuran en los créditos del Informe Final con la fórmula "q. e. p. d.", una marca gráfica del costo humano del propio trabajo. En mayo de 2022, a pocas semanas de la entrega, renunció el comisionado Carlos Ospina. En el escenario de la entrega final, De Roux presidió acompañado por diez comisionados sentados detrás.

El equipo directivo incluyó, entre otros nombres, a Gerson Arias Ortiz al frente del diálogo social, a Diana Britto Ruiz en la dirección de conocimiento y a Sonia Londoño Niño en la dirección de pueblos étnicos. La composición del cuerpo colegiado y de las direcciones reflejaba una apuesta consciente por la pluralidad regional, étnica y disciplinaria.

El método: escuchar un país

El trabajo de campo de la CEV constituye uno de los ejercicios más ambiciosos de investigación cualitativa emprendidos en Colombia. En cuatro años realizó cerca de 14.000 entrevistas y estableció conversaciones con más de 30.000 personas de todos los sectores sociales, regiones e identidades étnicas, dentro y fuera del país. Para lograrlo, la Dirección de Territorios abrió 28 Casas de la Verdad, sedes físicas en ciudades y municipios que iban desde Aguachica hasta Yopal, pasando por Apartadó, Arauca, Barrancabermeja, Buenaventura, Cúcuta, Florencia, Ibagué, La Dorada, Mocoa, Puerto Asís, Quibdó, San José del Guaviare, Tumaco y Valledupar. Junto a ellas operaron equipos de investigación territoriales en las mismas localidades más Bogotá y la zona Cundinamarca-Boyacá.

La cobertura no fue solo cartográfica; fue logística. Los equipos se movieron en lanchas, canoas, mulas, camiones, aviones, chivas, buses escalera y motos para llegar a comunidades a las que el Estado central rara vez había llegado. Esa dimensión física del trabajo —el traslado como parte del método— materializaba una idea explícita: la escucha no era recolección de datos, sino encuentro humano. Los equipos aprendieron a dejar de lado guías y formularios cuando el testimoniante lo requería, a construir confianza antes que información, a reconocer la emoción como parte del contenido.

Esa opción tuvo consecuencias concretas al investigar violencias específicas. Para el trabajo con población LGBTIQ+, la Comisión diseñó instrumentos que preguntaban explícitamente por orientación sexual e identidad de género, y desagregaban entre lesbianas, bisexuales, gais, personas trans e intersexuales —un nivel de precisión inédito en la documentación del conflicto colombiano—. Para la violencia sexual contra mujeres, se implementaron talleres grupales con enfoque psicosocial que priorizaban la generación de confianza y solidaridad entre las participantes, de modo que pudieran narrar sus experiencias individuales y colectivas sin repetir la lógica del interrogatorio judicial que tantas víctimas habían sufrido antes.

La pregunta macro que ordenó ese despliegue —por qué el conflicto se recicla— tenía una implicación práctica: no bastaba con documentar hechos; había que explicar la reproducción del patrón. Esa exigencia empujó a la CEV a examinar los múltiples acuerdos de paz previos, las condiciones estructurales de exclusión regional, las economías de guerra, las redes de complicidad y los factores culturales que permitieron que sucesivos ciclos de violencia se sostuvieran durante más de medio siglo.

Cuatro años bajo asedio: el contexto Duque

La CEV desarrolló casi todo su mandato bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022), elegido con la promesa explícita de "hacer trizas" el Acuerdo. El resultado fue un mandato ejercido en condiciones estructuralmente adversas. Desde su inicio, la Comisión identificó como desafíos la persistencia de la inseguridad territorial y la continuidad de la guerra pese al Acuerdo, con actores armados nuevos, disidencias y grupos residuales que llenaron los espacios que las FARC-EP dejaron.

Más grave aún: altos tomadores de decisiones del Estado se arrogaron el derecho de cambiar unilateralmente lo acordado, y en muchas ocasiones lo lograron. El caso más significativo fue el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que había incorporado a decenas de miles de familias campesinas bajo el compromiso de sustitución voluntaria. El gobierno reorientó la política de drogas hacia un enfoque más represivo, alineado con la administración Trump, y desplazó el eje hacia la erradicación forzada. Ese giro no fue un ajuste técnico: fue la vulneración del principio según el cual el Acuerdo no podía modificarse de forma unilateral, y produjo consecuencias directas —muerte de líderes sociales, reactivación de economías ilegales, ruptura de la confianza en las comunidades— sobre el mismo territorio que la Comisión intentaba escuchar.

La CEV y la JEP fueron, además, blanco constante de críticas desde posiciones de derecha, que cuestionaron su legitimidad, sus enfoques y hasta la composición de sus equipos. En ese ambiente hostil, la Comisión mantuvo su trabajo de campo, cerró su investigación y llegó a la fecha de entrega. El 28 de junio de 2022, en un acto público, Francisco de Roux presentó el Informe Final. Duque se negó a asistir y en su lugar emprendió una gira europea de veinte días. Al escenario sí acudieron el presidente electo Gustavo Petro y la vicepresidenta electa Francia Márquez, cuya posesión estaba prevista para agosto. El gesto era doble: el rechazo del Estado saliente y el reconocimiento del entrante. Una imagen que resumía la pregunta central sobre el destino del Informe.

Hay futuro si hay verdad: la arquitectura del Informe Final

El Informe Final, publicado en Bogotá en 2022 bajo el título Hay futuro si hay verdad, se compone de once tomos organizados en 24 volúmenes, con ilustraciones, diagramas, fotografías y mapas a color. El ISBN de la obra completa en formato digital es 978-628-7590-18-2. Su magnitud lo convierte, sin exageración, en el ejercicio de esclarecimiento histórico más amplio jamás producido sobre el conflicto colombiano.

El Tomo 1, Convocatoria a la paz grande: declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, opera como pórtico: es la síntesis interpretativa y el llamado público. Otros tomos abordan los impactos y afrontamientos —incluido Sufrir la guerra y rehacer la vida: impactos, afrontamientos y resistencias—, las causas, los actores y las recomendaciones. Los tomos temáticos con enfoque diferencial ocupan un lugar central: el Tomo 8, No es un mal menor: niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado; el Tomo 9, Resistir no es aguantar: violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia, dedicado a pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rrom; y el tomo Mi cuerpo es la verdad: experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado, que visibiliza las violencias —en particular sexuales— sufridas por mujeres y personas LGBTIQ+.

Un componente distintivo es el Tomo 11, Colombia adentro: relatos territoriales sobre el conflicto armado, subdividido en al menos trece volúmenes bajo la colección "Colombia adentro". Cada volumen construye un relato regional: Amazonía, Antioquia, Caribe, Eje Cafetero, Frontera nororiental, Magdalena Medio, Nariño y sur de Cauca, Orinoquía, Región Centro, Valle y norte del Cauca, además de volúmenes específicos sobre Dinámicas urbanas de la guerra y El campesinado y la guerra. Los volúmenes territoriales comparten una arquitectura común —"Relatos territoriales del conflicto armado", "La búsqueda de la verdad en los territorios", "Las historias territoriales del conflicto", "El territorio"— y luego se especializan según la región.

Cada volumen regional traza una genealogía histórica larga. El de la región Centro arranca en la Violencia conservadora de 1946 y sigue la formación de las FARC y del paramilitarismo. El de la Amazonía retrocede a la época del caucho y avanza por la colonización, la economía de la cocaína, la llegada de las guerrillas y la toma de Mitú. El del Caribe aborda violencias desde la primera mitad del siglo XX. La opción fue evitar la trampa de leer el conflicto solo desde el fusil: nombrar el territorio, la historia agraria, las economías extractivas, los ciclos de despojo. En ese Tomo 11 se juega buena parte de la originalidad interpretativa de la Comisión: la guerra colombiana no es un fenómeno nacional homogéneo sino un mosaico de guerras regionales entrelazadas.

El volumen étnico documenta corredores territoriales del conflicto que articulan el Pacífico (Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño), la Amazonía (Putumayo, Caquetá, Vaupés), la Orinoquía (Meta, Guainía, Vichada), el Catatumbo (Norte de Santander) y las zonas fronterizas con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. El volumen testimonial Cuando los pájaros no cantaban recoge relatos de comunidades yurema, motilón barí, misak, wiwa y uitoto sobre impactos culturales, territoriales y espirituales del conflicto, cuya escala de daño rara vez cabe en las categorías jurídicas convencionales.

Los enfoques diferenciales: una apuesta epistémica

La decisión de dedicar tomos completos a pueblos étnicos, a mujeres y personas LGBTIQ+, y a niñez y adolescencia no fue cosmética. Respondió a un diagnóstico explícito: hay sectores que sufrieron la guerra de manera diferenciada y que suelen ser poco visibles en las políticas públicas, incluso en las diseñadas para implementar la paz. Documentarlos aparte era la única forma de reconocerlos como sujetos de una experiencia específica, no como subcategorías de una víctima genérica.

El caso de la población LGBTIQ+ ilustra el punto. Sin los instrumentos que preguntaran por orientación sexual e identidad de género, la violencia específica contra ese grupo —expulsiones territoriales por parte de actores armados, violencia sexual correctiva, asesinatos selectivos— habría quedado enterrada bajo categorías más generales. Lo mismo ocurre con las mujeres: los talleres grupales con enfoque psicosocial produjeron un tipo de narración que ni el proceso penal ni la entrevista individual permiten. Y con los pueblos étnicos: el daño espiritual, el daño al territorio como sujeto vivo, la ruptura de vínculos ancestrales no cabe en la contabilidad de víctimas por hechos discretos, sino que exige otras categorías de análisis que el Tomo 9 se esfuerza en construir.

Territorios y diálogo social: la Comisión que no cabía en el Informe

Además del Informe, la CEV impulsó procesos de diálogo social que produjeron acuerdos concretos de convivencia en distintas regiones: en torno al río Magdalena, en Micoahumado, en Colón (Nariño), y el Pacto Juvenil por la Verdad del Meta. En un caso especialmente significativo, el 27 de julio de 2021, en Sucre, la Comisión facilitó un encuentro entre once familias de jóvenes asesinados y presentados ilegítimamente como bajas en combate —las llamadas ejecuciones extrajudiciales— y sus responsables, bajo una metodología que la Comisión llamó "diálogo de improbables". Ese tipo de encuentros, difíciles de traducir a la lógica de un informe escrito, formaron parte esencial del trabajo: la verdad no era solo un contenido, era una práctica de encuentro.

La CEV también recopiló testimonios de un espectro amplio de perfiles: exparamilitares, exguerrilleros —incluidos exmilitantes del M-19—, víctimas, líderes sindicales, sacerdotes, abogadas, docentes y expertos ambientales. Esa diversidad respondía a la convicción de que la verdad del conflicto no está en un solo lado, y que reconstruir el patrón exigía cruzar voces que rara vez habían dialogado antes.

Red institucional y genealogía de la memoria

La CEV no operó en vacío. Formó parte, con la JEP y la UBPD, del SIVJRNR, y esos tres organismos se conciben como piezas complementarias de una arquitectura de justicia transicional: verdad, justicia y búsqueda. Pero la Comisión se inserta también en una genealogía nacional más larga. El Centro Nacional de Reparación y Reconciliación y su Grupo de Memoria Histórica (CNRR-GMH), y luego el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), habían acumulado durante más de una década una tradición de esclarecimiento por casos emblemáticos y por sujetos vulnerabilizados, con informes sobre Trujillo, Bojayá, La Rochela, El Salado, Bahía Portete y La tierra en disputa, entre otros. Ese trabajo previo aportó metodología, personal técnico y legitimidad pública sobre los que la CEV pudo apoyarse.

Comparada con sus contrapartes latinoamericanas, la CEV se sitúa en una tradición reconocible pero singular. La Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú operó tras el fin del conflicto con Sendero Luminoso; la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala trabajó después de los Acuerdos de Paz de 1996. Ambas actuaron sobre conflictos cerrados. La CEV, en cambio, trabajó sobre una guerra que no había terminado: las FARC-EP se habían desmovilizado, pero el ELN seguía activo, las disidencias crecieron durante el mandato y el paramilitarismo se reorganizó bajo nuevos nombres. Esa condición —esclarecer un conflicto en curso— invierte la lógica clásica de las comisiones de verdad y define tanto la ambición como los límites de la colombiana.

La Comisión reconoció también que el exilio, como forma específica de violencia, requería atención propia, y en ese punto el legado de otras experiencias latinoamericanas —donde el exilio fue componente central del daño— sirvió como referencia. El punto 5 del Acuerdo Final ya había reconocido el gran número de víctimas que debieron abandonar el país por violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, y la CEV extendió su trabajo de escucha a la diáspora colombiana.

Legado: plataforma transmedia, informe como reparación, verdad como práctica continua

La CEV concibió su acontecimiento como un proceso que no termina con la entrega del Informe ni con el cierre institucional de la Comisión, sino como una construcción colectiva, plural e histórica que debe continuar en manos de la sociedad. Esa idea se materializó en varias decisiones concretas.

Primero, el Informe Final fue declarado obra de dominio público y medida de reparación del derecho a la verdad individual y colectiva de las víctimas, autorizada para su reproducción, comunicación y distribución por cualquier persona natural o jurídica. La declaración no es solo legal: implica que el Informe no pertenece al Estado ni a la Comisión, sino que es patrimonio del país.

Segundo, la CEV construyó una plataforma transmedia digital que reúne los contenidos escritos del Informe, documentales, expresiones artísticas, registros de los diálogos sociales, materiales audiovisuales publicados en YouTube y la memoria institucional de la Comisión: reconocimientos, encuentros y contribuciones públicas a la verdad. Ese archivo digital fue pensado como un espacio de acceso continuo, no como el complemento decorativo de un libro.

Tercero, el legado fue entregado a organizaciones e instituciones aliadas que se comprometieron a apropiarlo y a sostenerlo. Y cuarto, quedó formulada una apuesta pedagógica explícita: que la escuela acompañe a los jóvenes en la reflexión sobre esclarecimiento, convivencia y no repetición.

Pero el destino del legado depende, inevitablemente, de las condiciones políticas que la Comisión no podía garantizar. La ausencia de Duque en la entrega, la presencia de Petro, el sabotaje sostenido a la implementación del Acuerdo durante los años previos y la continuidad de la guerra en amplias regiones del país configuraban un escenario en el que el Informe podía ser recibido con solemnidad ceremonial pero sin traducción efectiva en política pública. La eficacia transformadora de la verdad exige que quienes gobiernan la reconozcan como autoridad; y aunque el Informe se convirtió, por su magnitud y su fuerza documental, en referencia obligada para cualquier discusión seria sobre el conflicto colombiano, su capacidad de disputar la memoria oficial quedó estructuralmente condicionada por la implementación incompleta del Acuerdo del que había nacido.

Un archivo-relato para un país que todavía se cuenta a sí mismo

La CEV existió cuatro años. Escuchó a 30.000 personas. Entrevistó a 14.000. Abrió 28 Casas de la Verdad. Publicó once tomos en 24 volúmenes. Documentó pueblos, regiones, cuerpos y experiencias que hasta entonces habitaban los márgenes del relato nacional. Y lo hizo bajo la mirada hostil o indiferente del poder ejecutivo, en un país que seguía —y sigue— matándose.

Su valor no está en haber cerrado el conflicto ni en haber producido un veredicto: no era esa su función. Está en haber construido, con método explícito y densidad inédita, un archivo-relato plural que pone a las víctimas, a los pueblos étnicos, a las mujeres y a las personas LGBTIQ+ como sujetos epistémicos de la historia colombiana. Que ese archivo se convierta en base para no repetir depende de la voluntad política, de la apropiación social y del sostenimiento del Acuerdo del que la Comisión emergió. Ninguna de esas tres condiciones estaba resuelta cuando el Informe se entregó; ninguna lo está aún. Pero el archivo existe, es público, es libre y es voluminoso. En un país que ha sabido olvidar sistemáticamente su propia historia, la existencia misma de ese archivo es un hecho político que costará borrar. La Comisión, que se sabía transitoria, dejó atrás un objeto que aspira a durar más que ella misma: una versión escrita del país que nunca terminó de contarse a sí mismo, y que sin ese ejercicio no podría comenzar siquiera a imaginar cómo dejar atrás su guerra.