Madres de Soacha y el movimiento de víctimas (2008–2010)

Madres de Soacha

En septiembre de 2008, un grupo de mujeres de un municipio conurbado al sur de Bogotá descubrió, por coincidencias en los expedientes de la Fiscalía y de Medicina Legal, que los cuerpos de sus hijos —jóvenes desaparecidos semanas antes tras aceptar promesas de trabajo— habían aparecido a cientos de kilómetros de distancia, en fosas de Norte de Santander y Santander, reportados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate. De ese hallazgo, y del rechazo a la versión oficial que las convertía en madres de delincuentes, nació el Colectivo de Madres de Soacha: un actor político que, entre 2008 y 2010, transformó un patrón de crímenes encubiertos bajo la lógica de la «baja en combate» en un escándalo de Estado, forzó destituciones militares al más alto nivel y abrió el camino jurídico y simbólico que la Jurisdicción Especial para la Paz reconocería más tarde como el Macro Caso 03.

El territorio del engaño: Soacha en la primera década del siglo XXI

Soacha no era en 2008 un municipio cualquiera. Su periferia —Altos de Cazucá, Ciudadela Sucre, los bordes donde termina Bogotá y empieza Cundinamarca— concentraba una acumulación de precariedades que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo venía registrando desde hacía años: desplazamiento forzado intraurbano, discriminación contra población desplazada y afrodescendiente, sicariato al alza, control paramilitar sobre rutas de transporte disfrazado de cobros de seguridad. La expansión de la estrategia paramilitar hacia el mundo urbano había convertido esos barrios en corredores logísticos hacia el Meta, el Tolima, el Huila y Cundinamarca, y en escenarios donde grupos armados posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia hostilizaban la participación política de partidos de izquierda estigmatizándolos como colaboradores de la guerrilla.

Allí vivían familias llegadas del Cauca, del Tolima, del Valle, en muchos casos huyendo de la violencia rural, en condiciones materiales extremas —una familia intercambió un televisor por un lote, cifra elocuente de lo que significaba asentarse en esos barrios—. Los hijos de esas familias, jóvenes de veinte y pocos años, trabajadores informales, algunos con discapacidad cognitiva como Fair Leonardo Porras, eran el perfil exacto que los reclutadores civiles pagados por el Ejército buscarían. La marginalidad que los volvió blancos fáciles del engaño laboral —la oferta de un trabajo lejos, en fincas de café, con pago inmediato— fue también la que, cuando las madres empezaron a hablar en público, dotó a sus reclamos de una legitimidad moral difícil de refutar: no eran combatientes, eran muchachos pobres a los que alguien había prometido jornal.

Antes de 2008, esas mujeres no se conocían entre sí, pese a habitar el mismo municipio. Sus hijos habían salido de casa avisando que iban a trabajar; nadie, en las primeras horas, sospechó. Cuando las horas se volvieron días, empezaron los recorridos por hospitales, morgues e inspecciones de policía. En al menos un caso documentado, la inspección de Soacha se negó a recibir la denuncia argumentando que debían transcurrir setenta y dos horas antes de registrar el reporte —un procedimiento que no existe en la norma pero que funcionó, en la práctica, como muro—. Las madres emprendieron búsquedas por cuenta propia: llamadas, mensajes en emisoras de radio, avisos en internet, redes vecinales. Fue ese trabajo artesanal de la búsqueda el que empezó a producir coincidencias.

Del expediente a la asamblea: cómo se reconocieron

El hilo que las juntó no fue una consigna política sino un dato forense. En septiembre de 2008, pruebas de ADN identificaron los cuerpos de varios jóvenes de Soacha en fosas comunes de Ocaña, Norte de Santander, y en otros parajes del nororiente del país. El Ejército los había reportado como guerrilleros dados de baja en combate apenas días después de su desaparición, a más de cuatrocientos kilómetros de sus casas. La distancia geográfica era la primera obscenidad; la segunda era la temporalidad: muchachos que habían salido de Soacha el lunes aparecían el jueves como bajas en combate en un departamento donde nunca habían estado.

Los informes de Medicina Legal y de la Fiscalía empezaron a producir encuentros. Una madre reconocía a otra en la sala de espera; un vecino le decía a una tercera que había oído en la radio un caso idéntico al suyo. La Personería Municipal de Soacha convocó una reunión que operó como primera asamblea reconocible: allí, mujeres que ya se habían cruzado durante la búsqueda pusieron en común los relatos y descubrieron que no eran hechos aislados sino la misma historia repetida. El tránsito de la experiencia individual al reconocimiento colectivo —de «mi hijo desapareció» a «a nuestros hijos los desaparecieron»— fue el gesto fundacional.

Nombres empezaron a repetirse en los medios y en los estrados: Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras; María Sanabria; Carmenza Gómez; Jacqueline Castillo. Cada una traía su propia biografía del engaño, pero el patrón era idéntico: reclutador civil, promesa de trabajo, viaje al nororiente, cadáver con uniforme y botas nuevas, informe militar. La coincidencia era la prueba.

La provocación presidencial y la organización política

El escándalo estalló públicamente entre septiembre y octubre de 2008. Antes de que la Fiscalía estableciera los hechos, el presidente Álvaro Uribe Vélez declaró en público que los jóvenes de Soacha «habían sido reclutados con fines criminales» y que «habían salido de sus casas con propósitos delincuenciales y no de trabajar y recoger café». La frase, pronunciada por el jefe de Estado sin esperar el resultado de la investigación, tuvo un efecto opuesto al que perseguía: en lugar de acallar a las familias, las empujó a organizarse.

La provocación institucional funcionó como partera. Al negarles la condición de víctimas y devolverles la de madres de delincuentes, el Ejecutivo forzó una respuesta pública que ya no podía limitarse al duelo. Las madres necesitaban ahora limpiar el nombre de sus hijos, y esa tarea —individual en apariencia— era estructuralmente colectiva: solo juntas podían contradecir la voz del Estado.

El repertorio de acción se fue definiendo en las semanas siguientes. Plantones frente a la sede de la Fiscalía y en el propio municipio de Soacha. Batas blancas —el color de la inocencia, elegido deliberadamente para significar que los muchachos habían sido engañados y luego sindicados falsamente de pertenecer a grupos armados—. Pendones con las fotografías de los hijos, cada rostro con nombre, edad y fecha de desaparición. La consigna implícita era que no se podía discutir a un guerrillero abstracto: había que discutir a este muchacho, con esta cara, este nombre y esta madre. La bata blanca convertía a la mujer en portadora de una tarea moral pública —lavar el nombre—; el pendón devolvía al hijo su rostro concreto contra la abstracción del «dado de baja en combate».

La construcción de una identidad colectiva se apoyó en el lugar social de la maternidad. No fue una elección retórica: era el ángulo que las hacía inatacables en un país donde el estigma de la asociación con la guerrilla funcionaba como licencia social para validar la muerte. Cuando una madre decía «mi hijo no era guerrillero», ponía en juego una autoridad —la del vínculo original— que ningún comunicado militar podía disputar sin resultar obsceno. Con el tiempo, ellas mismas describirían al colectivo como «una familia».

El estigma como muro cotidiano

La organización política no eliminó el estigma; se enfrentó a él a diario. Cuando las víctimas quedaban asociadas —aun falsamente— a grupos armados, la respuesta social tendía a validar la muerte. Madres y hermanas escuchaban, en calles, tiendas, transporte público, expresiones como «se lo buscó» o «se lo ganó». Salir con la bata blanca a un plantón era, entre otras cosas, romper esa mordaza social, exponerse al comentario hostil de la vecina o del transeúnte, sostener en cuerpo el nombre del hijo contra la maquinaria discursiva que lo había convertido en enemigo.

El estigma tuvo también su versión institucional. Luz Marina Bernal relató que, durante la exhumación del cuerpo de su hijo Fair Leonardo, el Ejército irrumpió en el cementerio, la rodeó y le exigió responder preguntas. Un militar le preguntó si sabía que su hijo era guerrillero. Ella lo rechazó. El episodio condensa una operación: la diligencia forense, que debía servir a la víctima, se convirtió en interrogatorio a la madre, invirtiendo la relación entre institución y ciudadanía. Otras madres relataron interrogatorios similares por parte del Ejército y del CTI durante reconocimientos de cadáveres.

A eso se sumaron el miedo, la amenaza velada y, en algunos casos, el desplazamiento. La impunidad y la persistencia del conflicto armado apilaban capas nuevas sobre el dolor por la desaparición: el temor por los otros hijos, la sospecha del vecino, la mirada del funcionario, la certeza de que denunciar podía costar más que callar.

La caja de resonancia: medios, ONU y campo previo de víctimas

La eficacia política de las Madres de Soacha se apoyó en una coyuntura que amplificó sus voces. La cobertura mediática sobre ejecuciones extrajudiciales creció exponencialmente en los doce meses siguientes a las revelaciones del caso. En menos de un mes desde el estallido del escándalo, los medios difundían otros casos similares y ya se hablaba de unos doscientos hechos ocurridos en distintas regiones del país. El caso de Soacha se convirtió en la puerta por la que entró un fenómeno nacional que había estado sucediendo, invisible, durante años.

El 28 de septiembre de 2008, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado sobre los casos colombianos. Organismos internacionales empezaron a señalar que no se trataba de casos aislados —como sostenía la versión oficial— sino de un fenómeno generalizado. La visita del relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, se inscribiría en esa línea de escrutinio internacional que las madres, desde Soacha, contribuían a legitimar poniendo rostros a las estadísticas.

Existía además un campo organizativo previo. Antes de 2008 operaban en Colombia organizaciones dedicadas a la desaparición forzada y a las ejecuciones extrajudiciales: la Fundación Nydia Erika Bautista, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado —cuya emergencia había sido favorecida por la coyuntura abierta con la Ley de Justicia y Paz de 2005— y una red de ONG con experiencia acumulada en documentación forense y jurídica, entre ellas Equitas, especializada en búsqueda de desaparecidos, y Vínculos, en acompañamiento psicosocial. Las Madres de Soacha no partieron de cero: encontraron interlocutores, asesores, plataformas de denuncia y espacios de articulación. En 2009 emergería además la Asociación de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública y Civiles Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad Cometidos por Agentes del Estado —Afusodo—.

Un rasgo distingue a este movimiento del de otros países latinoamericanos: las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado en Colombia comenzaron su lucha en medio de un conflicto armado en curso, no después de la caída de una dictadura ni tras la firma de un acuerdo negociado. Las Madres de Soacha se organizaron mientras la guerra continuaba, mientras el gobierno que había producido a los perpetradores seguía en el poder, mientras los operativos militares que generaban incentivos por bajas seguían vigentes. Esa condición explica tanto la valentía del gesto como su costo.

La caída de los uniformes: octubre-noviembre de 2008

La presión combinada —madres organizadas, cobertura mediática, pronunciamiento internacional, evidencia forense— produjo un quiebre institucional visible. En octubre de 2008, en pleno desarrollo del escándalo, el presidente Uribe destituyó a veintisiete oficiales militares, entre ellos tres generales. Las destituciones se produjeron a raíz de las denuncias sobre falsos positivos en Soacha, Cundinamarca, y en Ocaña, Norte de Santander, atribuidas a las II y VII Divisiones del Ejército Nacional. A principios de noviembre de 2008, el general Mario Montoya, comandante del Ejército, renunció.

El mismo Uribe, en un giro discursivo excepcional en su repertorio público, señaló tras el escándalo la obligación de los uniformados de respetar los derechos humanos. La frase era un reconocimiento tácito de que algo había ocurrido que no podía seguir describiéndose solo como acción de «grupos terroristas». Pero el reconocimiento fue parcial. El gobierno inició un proceso de admisión limitada de los hechos acompañado de maniobras que frustraron una investigación profunda y una respuesta estructural. La directiva permanente n.º 0142 del 4 de mayo de 2008, firmada por el general Montoya, había seguido delineando criterios para el otorgamiento de la medalla por servicios distinguidos en materia de orden público sobre la base de bajas en combate: los incentivos operacionales que producían el crimen no fueron desmontados en su lógica de fondo. Durante el período posterior, cuando Juan Manuel Santos dejó el Ministerio de Defensa y la comandancia militar cambió de manos, se siguieron emitiendo guías que consideraban las bajas en combate como criterio de reconocimiento.

En paralelo, las directivas que ordenaban trasladar los casos de falsos positivos a la justicia ordinaria —dictadas en 2008— fueron prácticamente revertidas poco después. Jueces penales militares que insistieron en el traslado fueron amenazados, presionados, en algunos casos declarados insubsistentes. La contradicción entre el reconocimiento público y la maniobra institucional silenciosa marcó la respuesta del Ejecutivo.

La estrategia paralela de estigmatización de las organizaciones de derechos humanos continuó. Uribe mantuvo el discurso de que esas organizaciones favorecían al terrorismo y atentaban contra el honor militar. La confrontación se dio en dos frentes: el reconocimiento parcial hacia afuera —hacia los medios y los organismos internacionales— y la deslegitimación hacia adentro, contra quienes habían hecho visible el problema.

La cifra exacta de jóvenes de Soacha y Bogotá cuyo caso detonó las destituciones se cuenta de manera variable: dieciséis según una fuente, once según otras. La discrepancia numérica no altera lo esencial: un puñado de casos concretos, con nombre y apellido, con madres organizadas que los reclamaban en la Plaza de Bolívar y frente a la Fiscalía, produjo la mayor sacudida institucional del Ejército colombiano en décadas.

Las causas del quiebre

El escándalo de Soacha se leyó a veces como el momento en que «se supo» lo que ocurría. La descripción es engañosa. Cuando aparecieron las noticias del caso, quienes investigaban las anomalías ya tenían elementos suficientes para reconocer que los falsos positivos eran un fenómeno real y no una invención de las ONG. La información existía; lo que faltaba era el punto de anclaje público que la volviera indiscutible.

Las madres proveyeron ese anclaje. Su función política fue convertir un dato disperso —informes, denuncias, sospechas de investigadores— en un acontecimiento con rostro, geografía y cronología reconocibles. Tres elementos hicieron posible el quiebre: un patrón criminal ya lo suficientemente extendido como para producir coincidencias forenses evidentes en Medicina Legal; una coyuntura mediática e internacional receptiva, con la ONU pronunciándose y los medios amplificando; y un colectivo de víctimas organizado que traducía el problema estadístico en un problema moral concreto.

Detrás del crimen operaba un ensamblaje de condiciones que las destituciones de 2008 no tocaron. La jerarquía militar estaba acostumbrada a medir el éxito por conteo de cuerpos; la justicia penal militar se resistía históricamente a ceder competencia sobre sus propios miembros; el mercado laboral informal dejaba a jóvenes de las periferias urbanas disponibles para ofertas fraudulentas; la desigualdad territorial hacía que la desaparición de un muchacho de Cazucá tardara semanas en registrarse como problema público. Cada una de esas capas sostenía a las otras. La reversión práctica de las directivas de traslado a la justicia ordinaria confirmó que el sistema resistió la reforma profunda. Pero el detonante coyuntural produjo un efecto en cascada irreversible en su dimensión simbólica: los falsos positivos ya no podrían volver a nombrarse como bajas legítimas en combate.

De Soacha al movimiento nacional: 2009-2010

Entre 2009 y 2010, las Madres de Soacha se articularon con el campo más amplio de organizaciones de víctimas. No lo hicieron por absorción sino por adyacencia: mantuvieron su identidad específica —la de madres de jóvenes ejecutados en el marco de un patrón concreto— y a la vez tejieron solidaridades con otros colectivos. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ofrecía un marco de acción más amplio; Afusodo se sumaba desde 2009; organizaciones especializadas como Equitas aportaban capacidad forense.

Cada organización mantenía sus particularidades. Los familiares de las víctimas de la masacre de La Rochela, por ejemplo, se mantenían afectivamente solidarios con el MOVICE pero sin articularse como activistas plenos, replegados en su propia comunidad de dolor. Algunas familias hacían del activismo público su lugar; otras preferían un duelo más contenido con apoyo puntual.

El caso de Soacha se convirtió en referencia. Las madres viajaron, testimoniaron ante instancias nacionales e internacionales, sostuvieron el trabajo de plantones y actos de memoria. Su presencia física —las batas blancas, los pendones— se volvió lenguaje reconocible del movimiento de víctimas colombiano. Fair Leonardo Porras, joven con discapacidad cognitiva reclutado con engaño y ejecutado como guerrillero muerto en combate, se convirtió en emblema por la obscenidad del contraste entre su vulnerabilidad real y la ficción militar que lo mató.

Durante 2009 y 2010, el Congreso avanzaba en las discusiones que desembocarían en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011. Las Madres de Soacha y las organizaciones aliadas participaron en ese proceso legislativo con reclamos específicos: reconocimiento de las ejecuciones extrajudiciales como crimen sistemático, no como conducta aislada de «manzanas podridas»; garantías de no repetición; verdad sobre los responsables intelectuales y no solo materiales.

Lo que las madres cambiaron

El trabajo iniciado en 2008 encontró décadas después un reconocimiento institucional formal: la Jurisdicción Especial para la Paz abrió el Macro Caso 03 sobre «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado», una categoría jurídica que existe en el ordenamiento colombiano en parte porque las Madres de Soacha volvieron indiscutible su realidad fáctica. En octubre de 2018, el general Mario Montoya firmó su sometimiento a la JEP; durante su comandancia se le atribuirían más de dos mil casos, cifra que permanece en discusión pero que da la escala del problema al que las madres se enfrentaron en 2008 con las fotografías de sus hijos en la mano. El propio Macro Caso ha ido incorporando testimonios de comparecientes que han admitido responsabilidad —soldados, suboficiales, oficiales— y ha producido versiones detalladas sobre el modus operandi: reclutadores civiles, entrega de los jóvenes a unidades militares, ejecución, montaje de la escena con armamento sembrado y uniformes, informe operacional. Cada una de esas admisiones convalida, décadas después, lo que las madres habían denunciado desde el primer día en la puerta de la Fiscalía.

Las Madres de Soacha establecieron también un precedente sobre cómo un colectivo de víctimas puede alterar la agenda pública en medio de un conflicto armado activo y frente a un gobierno hostil. Lo hicieron sin abandonar el lugar de la maternidad, pero cargándolo de un contenido político denso: la madre no como figura de duelo privado sino como sujeto de denuncia pública y de reclamo jurídico. La bata blanca no era un símbolo mariano; era un uniforme de trabajo cívico. La distinción importa: cuando Luz Marina Bernal o Jacqueline Castillo hablaban ante un micrófono, no lo hacían desde la resignación de la Piedad sino desde la exigencia expresa de justicia. El repertorio que ensayaron —fotografía del hijo, bata blanca, plantón sostenido, testimonio ante organismos internacionales— fue retomado por colectivos posteriores de familiares de desaparecidos y de víctimas de otros crímenes de Estado, dentro y fuera de Colombia.

Produjeron, además, una modificación duradera del vocabulario público. Antes de 2008, la expresión «falso positivo» circulaba entre investigadores, defensores de derechos humanos y algunos periodistas. Después, entró al habla común y al debate político como categoría corriente. Nombrar es la primera operación de justicia. Que hoy pueda decirse la frase sin necesidad de explicarla es efecto del trabajo hecho por las madres, sus aliados, los medios que las cubrieron y los organismos internacionales que las respaldaron. La categoría opera además como cortafuegos frente a los intentos de renombrar los hechos —«resultados operacionales», «bajas legítimas», «casos aislados»—: cada intento de rebautizarlos choca ahora contra una palabra ya instalada en el sentido común.

Queda una tensión sin resolver. Los incentivos estructurales que produjeron el crimen —la presión por bajas, la lógica de los reconocimientos militares atados a resultados letales— fueron modificados solo parcialmente. Las destituciones de octubre-noviembre de 2008 fueron respuestas al escándalo, no reformas de fondo del sistema. La caída de casos reportados a partir de 2009 se produjo, pero no permite afirmar que la práctica cesara por completo. La memoria del escándalo funcionó como disuasión, pero no reemplazó el rediseño institucional que las madres reclamaban.

Por eso el colectivo sigue vigente. Las Madres de Soacha continuaron —continúan— reclamando verdad y justicia porque el ciclo no se cerró en 2010. La Ley de Víctimas de 2011, la JEP a partir de 2017, el Macro Caso 03, el Informe Final de la Comisión de la Verdad —que señaló las ejecuciones extrajudiciales como un caso de especial importancia por magnitud y por impunidad persistente— son estaciones de un proceso más largo. El arco fundacional —del desconocimiento entre vecinas de Soacha en agosto de 2008 al colectivo articulado con el movimiento nacional de víctimas en 2010— sigue funcionando como referencia para las víctimas que llegaron después y para las que seguirán llegando mientras la impunidad no se cierre. Varias de las madres fundadoras han muerto sin ver condenas firmes contra los responsables intelectuales del patrón; otras siguen viajando, testificando, sosteniendo la fotografía del hijo en actos públicos casi veinte años después del hallazgo de los cuerpos.

Lo que las madres transformaron, en el fondo, no fue solo el estatus de un crimen. Fue la posición desde la que la víctima puede hablar en Colombia. Antes de ellas, el familiar de un muerto sospechoso de vínculos con la guerrilla debía justificarse antes de reclamar. Después, podía reclamar sin justificarse: la carga de la prueba se desplazó, aunque fuera parcialmente, hacia quien había disparado y hacia quien había ordenado disparar. Ocurrió porque un grupo de mujeres, en un municipio conurbado del sur de Bogotá, decidió no aceptar la versión oficial sobre la muerte de sus hijos y buscarse unas a otras hasta formar, con batas blancas y pendones fotográficos, una voz que el Estado no pudo seguir ignorando.