Sucre

La sabana antes del nombre: el sustrato zenú

Cuando los españoles llegaron al bajo Sinú y al San Jorge en el siglo XVI, encontraron el territorio dividido en tres cacicazgos zenúes: Fincenú, en el valle del Sinú, con centro ceremonial en la laguna de Betancí; Pancenú, en la hoya del río San Jorge, que corresponde en buena medida al actual sur de Sucre; y Cenúfana, en el bajo Cauca y el Nechí. Esa tripartición canónica, que los cronistas Pedro y Alonso de Heredia despacharon con la brevedad propia de quien busca oro más que etnografía, cubría una organización territorial probablemente más compleja, articulada en torno a lo que Clemencia Plazas y Ana María Falchetti de Sáenz consideran "el delta interno más altamente desarrollado para la pesca en América del Sur".

El logro más notable de esa civilización fue la ingeniería del agua. En la depresión momposina, los panzenúes construyeron un sistema hidráulico monumental de canales de desagüe, terraplenes, represas y canales de irrigación que cumplía una doble función: evacuar el exceso de agua en los seis meses de inundación y almacenarla y conducirla en los seis de sequía. Las huellas del sistema son todavía legibles desde el aire: los camellones dispuestos en espina de pescado forman una retícula que se extiende sobre La Mojana y buena parte de la depresión, y el geógrafo James Parsons observó que pocos lugares en la tierra reúnen mayor abundancia de aves acuáticas durante todo el año. Leroy Gordon calculó que este tipo de economía habría permitido sostener una población cercana al millón de habitantes en la región del Sinú, cifra que sigue en debate pero que revela la escala del entramado.

Queda una pregunta abierta que la arqueología no termina de resolver: quién coordinó semejante obra. Los entierros muestran rangos sociales bien diferenciados, pero la evidencia de una estructura de poder centralizada capaz de dirigir la construcción y el mantenimiento del sistema es exigua. Para los zenúes, la tierra era el tapiz de la imaginación: los dibujos tejidos en textiles y redes de pesca, o grabados en cerámica, forman un universo simbólico que integra lo funerario, lo ritual y lo político. Ese sustrato no desapareció con la Conquista. Censos modernos siguen registrando comunidades zenúes en el territorio, y el resguardo de San Andrés de Sotavento, en la frontera con Córdoba, mantiene una continuidad demográfica que atraviesa cinco siglos.

Conquista, reducciones y el arrochelamiento sabanero

Pedro de Heredia, fundador de Cartagena en 1533, avanzó al año siguiente desde Calamar por los Montes de María hacia el Finzenú, atraído por el oro de las tumbas indígenas. La expedición se orientó al sur, hacia Faraquiel y Betancí, dejando por entonces intocado el Panzenú norteño, es decir, el corazón de las actuales sabanas de Sucre. La conquista de esta franja fue más lenta y más ambigua que la del Sinú central: no hubo una capital ceremonial que arrasar, y el territorio se pobló poco a poco de estancias, hatos y poblados dispersos.

De esa lentitud proviene una característica sabanera duradera: la mezcla. En 1675 las autoridades coloniales prohibieron a los indios el juego del montucuy en la región de sabanas, por considerarlo ocasión de borracheras —con vino de palma, aguardiente y chicha— y de exceso en el baile de gaitas. La medida no cuajó, y no porque los indios se resistieran solos: en las fiestas participaban españoles que llegaban a pintarse y vestirse como indígenas, y a jugar piquerías con ellos. Esa permeabilidad, más que anécdota costumbrista, describe una sociedad que se estaba haciendo por abajo, al margen de las jerarquías formales, y que fundaría la matriz cultural sabanera —música de gaitas, cantos de vaquería, fiestas patronales sincréticas— que sigue distinguiendo a Sucre del Caribe cartagenero.

Ese mundo disperso empezó a incomodar a la Corona en el siglo XVIII. Entre 1774 y 1778, Antonio de la Torre y Miranda, oficial naval español al servicio de la gobernación de Cartagena, recorrió la provincia fundando y organizando comunidades. Su empresa formaba parte de la política borbónica de reducción de arrochelados: reunir en poblados formales a la población dispersa para someterla al control fiscal, sacramental y policial del Estado y la Iglesia. La campaña contó con el respaldo activo de la aristocracia local terrateniente —José Fernando de Mier, entre otros hacendados— y ese respaldo no era gratuito: concentrar la población en pueblos despejaba el campo para el hato y ordenaba la mano de obra en torno a los cascos urbanos que los grandes propietarios controlaban. Muchos de los municipios que hoy dan estructura al departamento —Corozal, Sampués, San Onofre, Tolú, Sincelejo entre ellos, con orígenes de distinta profundidad— consolidaron su forma en esta ola tardía de reordenamiento colonial.

La geografía que impuso una vocación

La divergencia entre las tierras sucreñas y el resto de Bolívar no era, en el fondo, política sino ecológica. El departamento se recuesta entre el mar Caribe al oeste y el río Cauca al este, con los Montes de María —serranía de San Jacinto para unos autores, de San Jerónimo para otros, ramal septentrional de la cordillera Occidental— alcanzando hasta 700 metros de altitud en su núcleo. Detrás de la serranía, el relieve desciende a un plano de unos 100 metros surcado de arroyos y ciénagas: la sabana propiamente dicha, con Sincelejo y Corozal como centros. Al sur, el terreno se hunde en la depresión momposina y da paso a La Mojana, donde el ciclo hidrológico impone seis meses de inundación y seis de sequía, y donde la gente organiza su vida en la alternancia entre pesca y ganadería en lo que los geógrafos llaman una cultura anfibia.

Cada una de estas franjas produjo su propia economía: pesca y agricultura de vega en La Mojana; ganadería extensiva en las sabanas; agricultura campesina y trapiches en los Montes de María; comercio marítimo y sal en el golfo de Morrosquillo, con Tolú como puerto y, más tarde, Coveñas como terminal petrolera. Nada de esto conectaba naturalmente con la Cartagena caribeña, cuyo horizonte era el Atlántico y la carrera de Indias. Ya en el siglo XIX, hacia 1908, Francisco Javier Vergara y Velasco cartografiaba estas tierras con criterio de geógrafo moderno y las inscribía en un conjunto sabanero distinto del núcleo cartagenero: la evidencia de una diferencia territorial que la administración tardaría medio siglo más en reconocer.

Esa vocación pecuaria, hoy consolidada, es abrumadora: para 2008, el 84 % del suelo del departamento —748.930 hectáreas— correspondía a actividades pecuarias y apenas el 10 % a agrícolas. En los Montes de María, el municipio de San Onofre concentraba el 28 % del inventario bovino regional, seguido por Toluviejo con 12 %, María la Baja con 11 %, San Juan de Nepomuceno con 9 % y Los Palmitos con 8,5 %. Los números documentan un desenlace, pero no lo explican por sí solos: para entender por qué la sabana se llenó de vacas y no de cultivos hay que mirar la hacienda.

La hacienda ganadera y la geometría del poder

La ganadería sabanera nació con la Colonia y creció en la República como una institución primitiva en el sentido técnico: baja inversión productiva, escasa transformación técnica, expansión por acumulación de tierra antes que por intensificación. Sus dueños, sin embargo, no eran primitivos en absoluto: entendieron pronto que el negocio no era solo el ganado, sino el control simultáneo de la tierra, el agua y el Estado local.

El mecanismo estrella de esa expansión fue la aparcería con siembra de pastos. El campesino recibía una parcela sin pagar renta con la contraprestación de dejarla sembrada de pastos al terminar el ciclo. Cuando el suelo se agotaba para el cultivo pero quedaba en condiciones para el hato, el aparcero debía buscar otra parcela más adentro de la frontera, y en la que abandonaba, ya empastada, entraba el ganado del propietario. El resultado era un traslado silencioso pero implacable del costo de la praderización al trabajador, y una expansión continua de la frontera ganadera a expensas de la tierra campesina. Sumado a la concentración progresiva de la propiedad, ese modelo desembocó en cifras extremas: en zonas del departamento estudiadas por informes de la región, el índice de Gini de propiedad alcanzó 0,87, casi siete puntos por encima del ya alto promedio de la Costa Atlántica. Las tres cuartas partes de la tierra sucreña quedaron en manos de menos del 2 % de la población.

Nada de esto habría sido posible sin el control del Estado local. El hacendado sabanero articulaba desde el hato una red que incluía a letrados, comerciantes y burócratas pueblerinos, y que se prolongaba hacia las alcaldías, las notarías, las juntas electorales y la representación parlamentaria. Los peones de las haciendas fueron —en la fórmula que Salomón Kalmanovitz recogió de Alejandro López— "carne de las urnas" en las elecciones y "carne de cañón" en las guerras civiles del siglo XIX, invistiendo a los terratenientes del poder político local y nacional. Ese gamonalismo no era una desviación del orden republicano sino su forma efectiva en la periferia: el Estado central, débil frente a la fuerza centrífuga de las provincias, negociaba con los poderes locales en lugar de imponerse sobre ellos. La identificación popular, desde los inicios mismos de la independencia, se orientaba antes hacia la provincia y la región que hacia una nación abstracta que a duras penas llegaba a la sabana.

Un siglo de mapas cambiantes: de Bolívar a Sincelejo y de vuelta

En términos administrativos, las sabanas sucreñas formaron parte del Estado Soberano de Bolívar durante el federalismo radical (1857-1886) y, tras la Regeneración de Rafael Núñez, del departamento de Bolívar bajo la Constitución de 1886. La ordenación político-administrativa de estas subregiones cambió con frecuencia, reflejando la fuerza localista de los cacicazgos municipales más que caos o incompetencia administrativa.

El intento más notable de reconocer institucionalmente la diferencia sabanera se produjo bajo el gobierno de Rafael Reyes, cuya política de desintegración territorial dividió el país en 34 departamentos mediante la ley 1 de 1908. En ese reparto se erigió, efímero, un departamento de Sincelejo que anticipó por más de medio siglo el mapa de 1966. La reforma de Reyes se desmontó parcialmente en 1910, y la sabana volvió a Bolívar. Lo notable es que la posibilidad ya estaba planteada: la existencia legal —aunque breve— de un ente administrativo con capital en Sincelejo sirvió como precedente y como argumento en las décadas siguientes, cada vez que las élites sabaneras insistieron en que su territorio merecía autonomía.

La razón por la que Reyes exploró y luego retrocedió, y por la que hubo que esperar hasta 1966, se entiende en el mismo movimiento: la debilidad del Estado central retroalimentaba las tendencias localistas, pero la ausencia de una clase dominante enraizada específicamente en la subregión —distinta del bloque de comerciantes y hacendados de Cartagena— dificultaba articular una ideología regionalista sólida. La élite sabanera existía, pero estaba en formación; necesitaba todavía el siglo XX para consolidarse como bloque diferenciado.

1966: la creación del departamento

El decreto que creó Sucre el 18 de agosto de 1966 llegó bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, tercer presidente del Frente Nacional, y en un momento particular del pacto bipartidista. Lleras enfrentaba una crisis interna del Frente —más por fallas de funcionamiento que por oposición organizada— y tenía enfrente, como principal bastión disidente, a la Alianza Nacional Popular (ANAPO) de Gustavo Rojas Pinilla. El contexto económico era áspero: parálisis industrial, caída de precios del café, estancamiento agrario. Lleras apostó por la industrialización por sustitución de importaciones y rechazó abiertamente los consejos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, pero también entendió que sostener el Frente exigía nuevas bases institucionales y clientelas rurales.

La creación de Sucre encajaba en esa estrategia. Por una parte, respondía a una presión regional legítima que las élites sabaneras habían acumulado durante décadas: la sensación —fundada— de que Cartagena drenaba los recursos y que las ganaderías, ciénagas y sabanas del sur bolivarense necesitaban un aparato administrativo propio. Por otra, permitía al liberalismo costeño abrir un nuevo espacio de burocracia, gobernación, asamblea, contratación y patronazgo, en una región donde el partido controlaba con solvencia la maquinaria electoral. La figura clave del liberalismo caribeño en esos años era Alfonso López Michelsen, quien ejercería sobre la Costa una influencia política persistente y para quien la reorganización territorial de la región formaba parte del rediseño del poder liberal en la periferia.

Sincelejo se consolidó como capital: ciudad de ferias ganaderas, corralejas, comercio de sabana y encrucijada de caminos entre Cartagena, Montería y La Mojana. Corozal, su vecina, quedó como segunda cabeza urbana. En torno a esos dos centros se ordenaron las subregiones: los Montes de María al norte, con San Onofre, Tolú, Coveñas, San Juan de Nepomuceno, Ovejas y Colosó; las Sabanas al centro, con Corozal, Sincelejo, Sampués, Los Palmitos y Sincé; el San Jorge y La Mojana al sur, con San Marcos, Majagual, Sucre-Sucre y Guaranda como puertos fluviales. El golfo de Morrosquillo, con Tolú y Coveñas, dio al departamento un frente marítimo modesto pero estratégico: la terminal petrolera de Coveñas, inaugurada en 1972 para exportar el crudo de los Llanos y del Magdalena Medio, convertiría con los años a la costa sucreña en un nodo de la economía nacional.

La ANUC y el estallido agrario

El propio gobierno que creó Sucre creó también, en mayo de 1967, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, mediante la Resolución 061 y el Decreto 755 del 2 de mayo. La ANUC nació como un instrumento oficial de organización rural, pensado para dotar a Lleras Restrepo de una base social propia con la cual empujar la reforma agraria contra la resistencia del Congreso conservador y de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Para 1970, al terminar su mandato, la asociación contaba con unos 845.000 usuarios inscritos —cerca del millón según algunas fuentes— en asociaciones repartidas por todo el país.

La ley 135 de 1961, firmada por Alberto Lleras Camargo en diciembre de aquel año, había fijado ya el marco: expropiación pagada de latifundios improductivos, colonización de tierras de frontera, dotación a arrendatarios y aparceros. Bajo el gobierno de Lleras Restrepo el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria recibió recursos y orientación política para actuar. La muerte, en febrero de 1966 en los montes de Santander, del sacerdote Camilo Torres Restrepo —quien había sido representante del cardenal en la directiva del INCORA antes de sumarse al Ejército de Liberación Nacional— señalaba de modo trágico el margen estrecho en el que se movía la reforma: entre la insurgencia armada que la desbordaba por la izquierda y el poder terrateniente que la bloqueaba por la derecha.

En Sucre, la ANUC no fue una filial más: fue el epicentro nacional del ala radical. La línea Sincelejo, autónoma y de izquierda, defendía la toma directa de tierras bajo el lema "la tierra pa'l que la trabaja"; la línea Armenia, cercana al gobierno, prefería la vía institucional. La escisión, hacia 1971-1972, dejó a Sincelejo como capital simbólica del campesinado insurgente colombiano. Las invasiones se multiplicaron en el departamento a comienzos de los setenta, y el INCORA, ante el fracaso de la entrega individual de parcelas, giró hacia la adjudicación en grupo y en proindiviso, dando origen a empresas comunitarias que combinaban tierras invadidas, distritos de aparceros y arrendatarios, y proyectos de adecuación.

Las cifras dimensionan el fenómeno. Para 1973 existían en Colombia unas 850 empresas comunitarias o mixtas que ocupaban 207.000 hectáreas. Los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre —los cinco con más invasiones— concentraban 81.162 hectáreas, el 40 % del total nacional. Sucre solo, con las acciones más radicales del país, reunía cerca de 35.000 hectáreas. En un territorio con un Gini de propiedad de 0,87, ese porcentaje representaba un asalto frontal al orden hacendil.

No es casual que la ANUC estallara con más fuerza en Sucre. El propio orden agrario que la hacienda había construido —aparcería con siembra de pastos, arrendamiento precario, expulsión progresiva de los campesinos hacia márgenes cada vez más pobres— producía la clase movilizada que ahora reclamaba la tierra. La segregación de 1966 había reconocido institucionalmente a la subregión, pero había puesto la gobernación en manos de las mismas familias que controlaban los hatos; el nuevo aparato departamental, en lugar de mediar el conflicto, funcionó como escudo de la propiedad concentrada. Al finalizar el gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974), y con el Pacto de Chicoral de 1972 que enterró la reforma, la ANUC oficial se desinfló, pero la línea Sincelejo prolongó una resistencia que dejaría huella durante toda la década.

Red de personas, lugares y palabras

La identidad sabanera de Sucre se sostiene en un tejido de nombres y lugares que conviene enunciar con precisión. Del sustrato prehispánico sobrevive la memoria del cacique Sincelejo, epónimo de la capital, cuya figura mezcla historia y leyenda en los relatos de fundación. De la Colonia queda Antonio de la Torre y Miranda, arquitecto involuntario del sistema de pueblos sabaneros contemporáneos. Del siglo XIX y comienzos del XX, la geografía de Francisco Javier Vergara y Velasco fija en el mapa las diferencias que la administración tardaría en reconocer. Del siglo XX republicano, Carlos Lleras Restrepo firma la creación del departamento y la ANUC en el mismo movimiento, y Alfonso López Michelsen encarna al liberalismo costeño que ordena la política caribeña de la segunda mitad del siglo.

Los lugares componen un mapa denso. Sincelejo, capital sabanera y sede de la Feria Ganadera y las corralejas del 20 de enero, es el centro; Corozal, su gemela colonial, aporta el segundo eje urbano. San Onofre, Tolú y Coveñas articulan la costa, con el terminal petrolero como puerta al mundo; los Montes de María —al sureste de Cartagena, a unos 50 km del Caribe— conforman el espacio agrícola y musical, con Ovejas, San Jacinto y San Juan de Nepomuceno como centros reconocidos de producción cultural costeña. Sampués, en las sabanas, mantiene la tradición artesanal zenú del sombrero vueltiao y la hamaca. San Marcos y Majagual, en La Mojana, son los puertos fluviales del San Jorge, y la palabra misma —Mojana— nombra a la vez una región, una cultura anfibia y una manera de estar en el mundo con el agua encima seis meses al año.

Las palabras completan el mapa: sabanero, sinuano, mojanero, montemariano designan identidades subregionales que anteceden al departamento y lo desbordan. La gaita, el porro, el fandango de vueltas, la vaquería y la corraleja componen un repertorio cultural que se despliega entre Córdoba, Sucre y el sur de Bolívar, y que no reconoce las fronteras administrativas de 1966.

La huella

Sucre nació en 1966 con dos herencias que pesarían distinto en las décadas siguientes. Recibió, por un lado, una identidad territorial genuina, con siglos de sedimentación zenú, colonial y republicana; una geografía inconfundible; una cultura musical, culinaria y festiva de espesor propio; y un núcleo urbano —Sincelejo— capaz de encarnar la nueva entidad. Recibió, por otro, una estructura agraria brutalmente concentrada, un aparato clientelar heredado del Bolívar liberal y una tensión social que la creación misma del departamento no supo canalizar y que estallaría a los pocos años en las tomas de tierra de la ANUC.

Los años ochenta y noventa mostrarían las consecuencias de esa fundación desequilibrada. El paramilitarismo, importado a Sucre desde Córdoba por políticos y ganaderos locales para respaldar sus negocios y defender los hatos, se implantó incluso en zonas donde la guerrilla apenas tenía presencia —la costa de Tolú, Coveñas y San Onofre—, lo que revela que su motor no era solo contrainsurgente sino de consolidación del orden hacendil. Entre 1999 y 2001, los paramilitares perpetraron en los Montes de María 42 masacres con 354 víctimas fatales. Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, oriundo de San Marcos en La Mojana, fue una de las figuras que articularon el bloque local con el patrocinio de élites regionales. Tras la desmovilización formal de las AUC, grupos posdesmovilización mantuvieron el control de rutas de narcotráfico y compra masiva de tierras en los Montes de María y La Mojana, especialmente por parte de inversionistas antioqueños atraídos por proyectos de palma, ganadería extensiva y minería. En la costa Caribe, esa violencia no produjo nuevos ricos: consolidó a las viejas élites regionales, y en el propio Sucre las redes contemporáneas de control de regalías y presupuestos municipales de Tolú, Coveñas y Sincelejo reprodujeron los patrones clientelares heredados del siglo XIX.

Contra esa deriva, Sucre también acumuló resistencias y creaciones. La ANUC-Sincelejo fue durante años el símbolo del campesinado organizado de Colombia. Los procesos de retorno y reparación en los Montes de María, la memoria de las masacres —El Salado en Bolívar, pero también Chengue, Macayepo y Pichilín en Sucre— y la vitalidad cultural de la gaita y el porro sostienen una identidad que no se reduce a la de sus élites. La Universidad de Sucre, creada en 1977 en Sincelejo, articuló un espacio de formación regional; los músicos de San Jacinto y Ovejas prolongaron un legado sonoro que hoy se reconoce como patrimonio nacional; la artesanía zenú de Sampués y San Andrés de Sotavento mantuvo vivo el hilo con el sustrato prehispánico.

El balance del departamento a más de medio siglo de su creación es ambivalente y honesto con su origen. Sucre fue, y sigue siendo, la cristalización de una identidad sabanera real, y también el marco institucional que congeló una estructura agraria injusta. Ambas cosas nacieron el mismo día de 1966, y ambas explican por qué este territorio —el que los zenúes moldearon con canales, el que los hacendados llenaron de pastos, el que los campesinos de la ANUC intentaron rehacer con invasiones, el que los paramilitares recorrieron con masacres— sigue siendo uno de los espejos más nítidos en los que se puede leer la historia larga de Colombia.