Misael Pastrana Borrero

Un conservador ilustrado en la cúspide del bipartidismo

Pastrana pertenece a esa estirpe de dirigentes colombianos formados en la doble disciplina del derecho y la diplomacia, para quienes la política era menos un arte de multitudes que una gestión de acuerdos entre élites. Nacido en Neiva, en el departamento del Huila, en 1923, y muerto en Bogotá en 1997, encarnó al conservador urbano, católico y europeísta que se movía con soltura entre el Vaticano, las cancillerías y las oficinas de planeación económica. Su ascenso al poder no obedeció al carisma popular —del que carecía— sino a la mecánica interna del Frente Nacional: fue el candidato del establecimiento en un momento en que ese establecimiento se enfrentaba, por primera vez en más de una década, a un desafío electoral serio desde fuera del bipartidismo.

Esa condición de hombre del sistema explica tanto su fortaleza como su debilidad. Fortaleza, porque contaba con el respaldo del ospinismo —una de las cuatro familias políticas que dominaban la vida partidista del país— y con la maquinaria conjunta de los dos partidos tradicionales, la totalidad de la prensa liberal y conservadora y el músculo financiero de la coalición bipartidista. Debilidad, porque frente a un caudillo como Rojas Pinilla, que capitalizaba el descontento popular con las promesas de la Anapo, Pastrana aparecía como lo que era: el continuador de un pacto de élites que se acercaba a su fecha de caducidad y cuyos beneficios los sectores populares urbanos ya no reconocían como propios.

Neiva, Roma y los pasillos del poder

Pastrana Borrero pertenecía por nacimiento a la Colombia provincial ilustrada. Neiva, capital del Huila, era en los años veinte una ciudad pequeña donde las familias notables se dedicaban al comercio, la política regional y la exportación de productos agrícolas. De ahí saltó a Bogotá, y de Bogotá a Roma: su formación jurídica y su temprana vinculación con el servicio diplomático lo llevaron a la Santa Sede, donde forjó los vínculos con la Iglesia católica que marcarían su vida entera. La relación con Juan Pablo II —posterior a su presidencia, pero significativa como emblema de su identidad pública— reforzó la imagen de un político para quien el catolicismo no era retórica de campaña sino sustancia biográfica.

Su ingreso a la primera línea del conservatismo colombiano se produjo en la órbita de Mariano Ospina Pérez, jefe histórico del ospinismo y expresidente de la República. En el mapa de familias políticas que estructuró el Frente Nacional —los Lleras y los López por el liberalismo, los Ospina y los Gómez por el conservatismo—, Pastrana quedó adscrito con nitidez a la casa ospinista, la vertiente más pragmática y menos doctrinaria del conservatismo, distanciada del laureanismo intransigente que encarnaban Laureano Gómez y su hijo Álvaro Gómez Hurtado. Antes de la presidencia acumuló responsabilidades ministeriales y diplomáticas que lo prepararon técnicamente para el cargo, pero que también lo confirmaron como un hombre de gabinete más que de plaza pública.

El camino a la presidencia

El Frente Nacional había nacido de dos documentos fundacionales. El primero, la Declaración de Benidorm del 26 de julio de 1956, firmada en el exilio español por Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, afirmó el principio de cooperación política entre los dos partidos históricos tras la violencia bipartidista y bajo la dictadura de Rojas Pinilla. El segundo, el Pacto de Sitges de 1957, estableció que el poder se repartiría por partes iguales y que la presidencia alternaría cada cuatro años durante cuatro elecciones consecutivas. La paridad se extendió a los cuerpos legislativos, a la administración pública y a la magistratura. Ningún partido distinto a los dos tradicionales podía acceder legalmente a la presidencia ni a cuotas de representación fuera del esquema bipartidista.

En 1970 tocaba turno conservador. Pastrana llegó a la candidatura tras superar la competencia interna con Belisario Betancur, referente del sector antioqueño del conservatismo, y Evaristo Sourdis, candidato de la Costa Atlántica. La división del conservatismo en tres candidaturas amenazaba la unidad del oficialismo, pero fue Pastrana quien logró proyectarse como el nombre de consenso del Frente Nacional. Del otro lado, la Anapo —Alianza Nacional Popular— presentó al general Gustavo Rojas Pinilla, el mismo dictador depuesto en 1957, ahora reconvertido en tribuno populista con un discurso que apelaba a los sectores urbanos empobrecidos, a los migrantes recientes del campo a la ciudad y al resentimiento contra la exclusión bipartidista.

La campaña fue asimétrica. La maquinaria de los dos partidos, la prensa liberal y conservadora en pleno y el dinero de la coalición se alinearon detrás de Pastrana. Rojas, en cambio, corría por fuera del sistema, con recursos limitados pero con un caudal de simpatías populares que las encuestas y los sondeos tendían a subestimar. La elección del 19 de abril de 1970 mostraría hasta qué punto el sistema había subvalorado el descontento acumulado.

La noche del 19 de abril

Los primeros escrutinios parciales de aquella noche favorecían a Rojas Pinilla. Durante horas, las cifras que llegaban desde las regiones daban ventaja al candidato de la Anapo, y en las sedes de campaña de ambos bandos empezó a instalarse la certeza —jubilosa para unos, angustiante para otros— de que el general regresaba al poder por la vía del voto. Entonces la transmisión pública de los resultados se interrumpió. Distintas versiones circularon después sobre lo ocurrido: unas atribuyeron al presidente Carlos Lleras Restrepo la decisión de suspender las informaciones parciales; otras hablaron de una intervención televisada del ministro de Gobierno interpretada como anuncio de fraude; una tercera evocó un apagón masivo sospechosamente oportuno. El resultado, en todo caso, fue el mismo: cuando el conteo se reanudó y se proclamó el veredicto oficial, Pastrana Borrero era el nuevo presidente electo con 1.625.025 votos contra 1.561.468 de Rojas Pinilla, una diferencia de poco más de sesenta y tres mil sufragios.

La reacción fue inmediata. En varias ciudades del país estallaron manifestaciones, apedreamientos del transporte público y saqueos al comercio. María Eugenia Rojas, hija del general y figura central de la Anapo, llamó al ministro liberal Alfonso López Michelsen amenazando con "incendiar el país" si no se reconocía el triunfo de su padre. El propio Rojas Pinilla, sin embargo, optó por la contención: envió mensajes a sus partidarios pidiendo calma, se abstuvo de reclamar públicamente la victoria y descartó cualquier llamado a la resistencia armada. Justificó esa decisión como una forma de evitar derramamientos de sangre —el mismo argumento que había esgrimido al entregar el poder en 1957— pero, para los sectores más radicales de su movimiento, esa prudencia fue una traición.

El fraude nunca fue probado de manera concluyente. La convicción de que había ocurrido —alimentada por la suspensión del conteo, la estrechez del margen y la beligerancia con que el sistema había cerrado filas contra Rojas— se convirtió en verdad política. Numerosos analistas y amplios sectores de la opinión pública dieron por hecho que la elección le había sido arrebatada al general, y que el aparato del Frente Nacional había orquestado la operación para entregarle la presidencia a Pastrana. En la izquierda colombiana, esa lectura generó una desconfianza duradera en el valor del voto y alimentó consignas como "abstención revolucionaria" y "el poder sale del fusil".

De ese sedimento nació, cuatro años después, el Movimiento 19 de Abril. Sus fundadores —Jaime Bateman, Álvaro Fayad y Carlos Pizarro provenientes de las FARC; Carlos Toledo Plata, Israel Santamaría y Andrés Almarales desde la Anapo; militantes de la Juventud Comunista, del ELN y cristianos revolucionarios— tomaron la fecha del presunto fraude como nombre y bandera. El origen del M-19 fue heterogéneo y no se redujo a la elección de 1970: la crisis interna de las FARC, el auge del movimiento estudiantil y la influencia de las guerrillas latinoamericanas del Cono Sur pesaron como factores concurrentes. Pero fue el 19 de abril lo que articuló en un símbolo compartido la frustración de actores muy diversos, y lo que dotó al nuevo movimiento de un relato fundacional capaz de justificar la lucha armada en un país donde, hasta entonces, las guerrillas habían sido fenómenos rurales de raíz campesina o comunista. Cuando el M-19 irrumpió públicamente en enero de 1974 con el robo de la espada de Bolívar del Museo Quinta de Bolívar, el gobierno de Pastrana estaba terminando; el problema, apenas comenzaba.

Las Cuatro Estrategias: la ciudad como motor

La política económica del cuatrienio 1970-1974 llevó el sello de Lauchlin Currie, el economista canadiense que llevaba décadas proponiendo en Colombia un modelo de desarrollo distinto al cepalino. Pastrana lo llamó a diseñar el plan de gobierno, y el resultado fue Las Cuatro Estrategias, formalizado en 1971. La apuesta era clara: identificar un sector líder de la economía capaz de arrastrar al conjunto del aparato productivo, y ese sector sería la construcción de vivienda urbana. La financiación se articuló mediante el sistema de Unidad de Poder Adquisitivo Constante —el UPAC—, un mecanismo de indexación que permitía que los ahorros y los créditos hipotecarios se ajustaran a la inflación, incentivando el depósito en el sistema financiero y canalizándolo hacia la construcción.

El giro respecto al gobierno anterior fue nítido. Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), predecesor liberal, había intentado aplicar recomendaciones cepalinas: buscar —aunque de manera evasiva— una reforma agraria, regular el comercio exterior con el Decreto Ley 444 de 1967, articular la política económica con la Alianza para el Progreso. Pastrana se distanció de ese enfoque. Bajo la influencia de Currie, el desarrollo dejó de pensarse desde el campo hacia la ciudad y pasó a pensarse desde la ciudad como espacio autosuficiente de acumulación. La modernización sería urbana, financiera y constructiva; el campo se dejaría a las fuerzas del mercado y a la agricultura capitalista.

El contexto macroeconómico era exigente. El déficit fiscal, que había pasado del 3,6% del PIB en 1967 al 7,8% en 1969 bajo Lleras, se mantuvo alto durante el gobierno Pastrana: 7,7% en 1971 y en torno al 6,3% en 1973-1974, con una inflación que superaba los niveles medios del 12% de la década anterior. El UPAC, al indexar los ahorros, protegía a los depositantes de la erosión inflacionaria, pero también ligaba estructuralmente el crédito hipotecario al comportamiento de los precios: un mecanismo brillante en teoría, pero que sembraría, décadas después, las semillas de la crisis financiera de finales de los noventa.

Los resultados inmediatos fueron visibles. Bogotá, Medellín y Cali vivieron un auge constructor sin precedentes. Los edificios de apartamentos comenzaron a definir el paisaje de las capitales, la clase media accedió a la propiedad urbana en escalas antes impensables, y el sector financiero se consolidó como núcleo del capitalismo colombiano. El modelo Currie-Pastrana ancló la modernización del país en la urbanización, y esa apuesta —cualquiera sea su valoración— se volvió irreversible.

Contrarreforma en el campo: la Operación Colombia

El reverso del modelo urbano fue el abandono del campo. El componente agrario de la estrategia de Currie, conocido como Operación Colombia, centraba la modernización rural en tres pilares: estímulo a la agricultura capitalista, seguridad jurídica sobre la gran propiedad rural y proteccionismo arancelario frente a la competencia externa. Nada allí de reforma agraria, redistribución de tierras o fortalecimiento del campesinado como sujeto económico autónomo. La lógica era la contraria: si el campo estaba superpoblado y era económicamente atrasado, la solución era acelerar la migración a la ciudad —donde el sector líder de la construcción absorbería la mano de obra— y consolidar en el campo un modelo empresarial capaz de producir para el mercado interno y la exportación.

En términos prácticos, esto se tradujo en una contrarreforma agraria. La Ley 100 de 1944, que había implementado la aparcería como forma de tenencia, fue revivida durante este período, revirtiendo los avances tímidos que Lleras Restrepo había intentado desde el INCORA. La aparcería devolvía al gran propietario el control sobre la tierra y sobre el trabajo campesino, precarizando de nuevo relaciones que la reforma agraria había pretendido transformar.

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos —la ANUC—, creada durante el gobierno Lleras como instrumento de organización del campesinado, tuvo protagonismo en los primeros años setenta como plataforma de reclamación agraria, con movilizaciones y tomas de tierra que se enfrentaron abiertamente al cambio de rumbo del gobierno Pastrana. Con el correr de las décadas, la ANUC entraría en resistencia frente al paramilitarismo de los ochenta —que incluyó a sus líderes entre sus blancos principales— y sería finalmente diezmada por las medidas económicas de los noventa. Pero su ciclo ascendente coincidió, y chocó, con el gobierno Pastrana.

La consecuencia estructural de esta apuesta fue una desigualdad rural que ninguna modernización urbana podía compensar. Al concentrar la tierra, blindar la gran propiedad y renunciar a democratizar el campo, el modelo Pastrana-Currie consolidó las condiciones que, durante los siguientes cincuenta años, alimentarían el conflicto armado colombiano y la persistencia de las guerrillas rurales.

Estado de sitio, huelgas y Anorí

El cuatrienio de Pastrana fue también, sin sorpresa dado el ambiente electoral de partida, un período de tensión permanente en el frente del orden público. En 1971, disturbios en Cali llevaron al gobierno a decretar el estado de sitio, mecanismo constitucional que le permitía gobernar por decreto con facultades excepcionales. Ese mismo año, una toma sindical de la planta petrolera de Barrancabermeja terminó con 36 líderes de la huelga —integrantes de la junta directiva de la Unión Sindical Obrera entre ellos— enjuiciados y condenados en un consejo verbal de guerra. La respuesta del gobierno a la protesta obrera se militarizó, en un patrón que anticipaba las formas de gestión del conflicto social de las décadas siguientes.

En el frente guerrillero, el hito del período fue la Operación Anorí, ejecutada entre 1972 y 1973 en el nordeste de Antioquia. El Ejército golpeó duramente al Ejército de Liberación Nacional, dando muerte a los hermanos Manuel y Antonio Vásquez Castaño, dos de sus principales cuadros dirigentes. El ELN quedó reducido a sus remanentes, que se replegaron a las montañas de San Vicente y El Carmen de Chucurí, en Santander, para reorganizarse. Anorí no exterminó a la guerrilla —el ELN sobreviviría y volvería a crecer en las décadas siguientes— pero sí demostró la capacidad del Estado colombiano para dar golpes decisivos cuando concentraba recursos militares y de inteligencia. Fue, en cierto sentido, la única gran victoria militar del gobierno Pastrana en su relación con la insurgencia.

Mientras tanto, en los sótanos de la política, la Anapo se fracturaba y el sector más radical —integrado por estudiantes universitarios y obreros, junto con los cuadros provenientes de las FARC y del ELN— tejía las bases del M-19. El gobierno no percibió la gestación del movimiento con la claridad que tendría en retrospectiva. Su irrupción, en enero de 1974, con el robo de la espada de Bolívar, sorprendió a un país que asociaba la subversión con el monte y el fusil, no con la clandestinidad urbana y el gesto simbólico.

Familias políticas, ideas y aliados

Pastrana se movió toda su vida dentro del entramado de familias políticas que estructuraba el bipartidismo colombiano. En el conservatismo, la ruta ospinista lo diferenciaba de los seguidores de Laureano y Álvaro Gómez Hurtado —el ala más doctrinaria e intransigente del partido— y de figuras como Belisario Betancur, que representaba una vertiente antioqueña más popular y que llegaría a la presidencia en 1982. En el liberalismo, la nomenclatura estaba marcada por la rivalidad entre los Lleras —Alberto y luego Carlos— y los López —Alfonso López Pumarejo y su hijo Alfonso López Michelsen, quien sucedería a Pastrana en 1974 tras la primera elección post-Frente Nacional.

Las relaciones entre estas casas eran complejas. Pastrana gobernó con la sombra permanente de Carlos Lleras Restrepo, cuya política económica había repudiado y cuyo nombre quedaría asociado a las versiones sobre el 19 de abril. Al mismo tiempo, mantuvo diálogo con López Michelsen, ministro suyo y sucesor liberal, en un tránsito de mando que confirmó el funcionamiento del bipartidismo hasta el final. Julio César Turbay Ayala, presidente entre 1978 y 1982, gobernaría ya bajo el desmonte gradual del Frente Nacional, pero todavía dentro del esquema de participación paritaria heredado.

Tecnocráticamente, la figura clave del gobierno fue Lauchlin Currie. Economista formado en Harvard, asesor del New Deal de Roosevelt y establecido en Colombia desde los años cincuenta, Currie encontró en Pastrana al presidente dispuesto a aplicar el conjunto de ideas que llevaba dos décadas proponiendo sin éxito. La colaboración fue tan estrecha que el sello del gobierno —el UPAC, la construcción como sector líder, la Operación Colombia— es indisociable del pensamiento del economista.

Familiarmente, Pastrana se casó con María Cristina Arango Vega, con quien tuvo varios hijos, entre ellos Andrés Pastrana Arango, que llegaría a la presidencia de Colombia en 1998. La continuidad del apellido en la primera magistratura convirtió a los Pastrana en una de las pocas dinastías presidenciales del país en el siglo XX, junto con los Lleras y los López.

El desmonte del Frente Nacional y la reforma del 68

La presidencia de Pastrana cerró el ciclo institucional del Frente Nacional, pero no su lógica política. La reforma constitucional de 1968, aprobada bajo Lleras Restrepo, había preparado el desmonte gradual del pacto: fortalecía el poder presidencial, incorporaba la emergencia económica como situación de excepción, prolongaba el período de los representantes al Congreso y —lo más significativo— extendía la paridad entre liberales y conservadores cuatro años más allá del fin formal del Frente, es decir, hasta 1978.

El parágrafo clave establecía que, a partir del 7 de agosto de 1978, el nombramiento de funcionarios del Ejecutivo debía dar participación adecuada y equitativa al partido mayoritario distinto al del presidente. Si ese partido decidía no participar, el presidente podía constituir libremente su gobierno, incluso llamando a otros partidos o a miembros de las Fuerzas Armadas. El diseño reflejaba la desconfianza recíproca entre las élites bipartidistas sobre cómo actuarían los gobiernos una vez terminada la paridad estricta.

En la práctica, Pastrana fue el último presidente elegido bajo la alternancia obligatoria, pero el bipartidismo continuó capturando el aparato del Estado durante otro decenio. La transición no fue una ruptura sino una prolongación velada: López Michelsen (1974-1978), Turbay Ayala (1978-1982) y Betancur (1982-1986) gobernaron todos con gabinetes de participación bipartidista, y el sistema no admitió realmente competencia externa hasta la Constitución de 1991.

La consecuencia de esta prolongación fue doble. Por un lado, la estabilidad institucional del país se mantuvo, evitando los quiebres constitucionales que sí padecieron otros países latinoamericanos en los mismos años. Por otro, la exclusión política se cronificó, alimentando durante todo ese tiempo la percepción —recogida por el M-19, por sectores del ELN, por las FARC en su expansión— de que el sistema colombiano no ofrecía espacios reales para la disidencia. El fraude atribuido a 1970 se convirtió, en esa lectura, en la prueba más citada del carácter cerrado del régimen.

Clientelismo y crisis del bipartidismo

El Frente Nacional intensificó una práctica que ya existía en la política colombiana pero que su lógica paritaria multiplicó: el clientelismo. Como los cargos públicos y las candidaturas estaban repartidos por ley entre los dos partidos, la competencia dejó de darse entre proyectos ideológicos y pasó a librarse dentro de cada partido, entre facciones y familias regionales, por el control de la burocracia. El resultado fue el deterioro progresivo de la calidad de la administración pública, el crecimiento de la corrupción y la conversión de los partidos en máquinas de reparto burocrático más que en organizaciones programáticas.

Pastrana, hombre de gabinete y tecnócrata en el fondo, gobernó dentro de este sistema pero también contra él, en la medida en que su plan económico apostaba por la racionalidad técnica y la planificación de largo plazo. La tensión entre las Cuatro Estrategias, diseñadas por economistas, y la lógica clientelar de un Congreso paritario obligado a alimentar sus redes, marcó el cuatrienio y explica muchas de sus limitaciones. Lo que en el papel era coherente, en el terreno se ejecutaba con las mediaciones —y las deformaciones— del reparto bipartidista.

Su programa de gobierno se llamó Frente Social, y el nombre revelaba la voluntad de incorporar una dimensión social al proyecto conservador. La realidad, sin embargo, mostró que ese énfasis estuvo mediado por el modelo económico de Currie, es decir, subordinado a la lógica de urbanización, construcción y acumulación financiera. La cuestión agraria, la desigualdad regional, la organización campesina —los frentes sociales genuinos del país— quedaron en un segundo plano o fueron abiertamente combatidos.

La última bisagra

La huella de Pastrana Borrero en la historia colombiana es doble y contradictoria. Como estadista, dejó un modelo económico que reorientó el desarrollo del país hacia la ciudad, consolidó el sistema financiero moderno y transformó el paisaje urbano de Colombia de manera irreversible. El UPAC, con todas sus consecuencias posteriores, fue una innovación institucional de largo alcance. Las Cuatro Estrategias sentaron las bases de un capitalismo urbano que sobrevivió a todos los gobiernos posteriores.

Como político, en cambio, quedó marcado por la sombra del 19 de abril. El fraude nunca probado se convirtió en el hecho fundacional de una nueva insurgencia y en el punto de quiebre de la legitimidad del Frente Nacional. Que él no ordenara personalmente ninguna manipulación es en cierto sentido irrelevante: fue el beneficiario del episodio, y quedó atado a él históricamente. La izquierda colombiana lo recordó como el presidente del fraude, y esa etiqueta pesó más, en la memoria popular, que todos sus logros macroeconómicos.

En el orden partidista, Pastrana consolidó al ospinismo como corriente principal del conservatismo durante los años setenta, y proyectó una influencia que se prolongaría dos décadas más. La elección de su hijo Andrés Pastrana Arango como presidente en 1998, con el Partido Conservador y en segunda vuelta frente al liberal Horacio Serpa, confirmó la continuidad de la casa política. El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) —marcado por el proceso de paz del Caguán con las FARC, considerado un fracaso, y por la reorganización de las Fuerzas Militares a exigencia de Washington— pertenece a otro capítulo de la historia colombiana. Pero la existencia misma de esa segunda presidencia Pastrana muestra cómo el capital político acumulado por Misael se transmitió, con toda la carga simbólica de un apellido presidencial, a la generación siguiente.

Murió en Bogotá el 21 de agosto de 1997, semanas antes de que su hijo iniciara la campaña que lo llevaría a la Casa de Nariño. Se fue sin ver la segunda presidencia de la familia, pero también sin haber presenciado el desmoronamiento definitivo del bipartidismo que él había representado en su fase terminal. Deja tras de sí la imagen del último presidente del Frente Nacional: un hombre de Estado ilustrado, católico y tecnocrático, sobre cuyos hombros se sostuvo, por un instante fugaz, el equilibrio de un sistema que no volvería a ser lo que fue. La bisagra final de un régimen que sobrevivió al precio de agrietarse por dentro, y cuyas grietas —el fraude imaginado o real, la contrarreforma agraria, la exclusión bipartidista— alimentarían durante medio siglo las guerras que Colombia no ha terminado de saldar.