El Carmen de Chucurí

Un municipio de ladera, cacao y frontera

El Carmen de Chucurí ocupa la vertiente oriental de la serranía de los Yariguíes —también llamada, en una duplicidad toponímica que la cartografía califica de extraña, serranía de Los Cobardes—, en la provincia santandereana que hace un siglo y medio era todavía frontera indígena y selva. Se despliega entre alturas medias de vertiente andina y las tierras cálidas que caen hacia el río Magdalena, cruzada por afluentes del Chucurí y del Opón, ríos de altas pendientes, cañones profundos y flujos estacionales que impiden la navegabilidad y que históricamente aislaron la comarca de los grandes circuitos comerciales.

Esa condición de ladera intermedia define el tipo de economía y de sociedad que allí se asentó. Los cultivos permanentes tradicionales del país —plátano, caña panelera, yuca— y, sobre todo, el cacao encontraron en estas vertientes un nicho ideal, y a su alrededor se construyó una estructura agraria de fincas pequeñas y medianas. Los colonos combinaban pancoger —maíz, yuca, plátano, fríjol, caña—, café y arroz para consumo, con excedentes de cacao para el mercado. La ganadería doméstica de pequeña escala complementaba el efectivo. Es el modelo clásico de colonización campesina de vertiente: disperso, poco urbanizado, con caseríos débilmente articulados a una cabecera lejana. Los caminos, más de arriería que de vehículo, y la estacionalidad de los ríos marcaban el ritmo del contacto con el mundo exterior. Las noticias, los precios del cacao y los funcionarios llegaban con retraso, cuando llegaban.

Al fondo del retrato hay que colocar la escala nacional del cultivo: el cacao pasó de unas 32.000 hectáreas sembradas en 1950 a alrededor de 72.000 en 1976, y los cultivos permanentes tradicionales llegaron a representar el 60 por ciento del área permanente del país. Chucurí es uno de los territorios que sostuvo esa expansión, y el cacao no es aquí un accesorio pintoresco: es la columna material de una identidad campesina, el producto que ata al colono a su parcela y que, décadas más tarde, será uno de los bienes que el desplazamiento forzado obligará a abandonar. Un cacaotal no se improvisa. Entre la siembra y la cosecha estable median cuatro o cinco años de trabajo paciente, y esa temporalidad larga —que fija a la familia al predio— explica también por qué el despojo en estas veredas resultó especialmente violento en su forma y devastador en sus consecuencias.

Alrededor del cacao se organizaba también la sociabilidad. Las cosechas convocaban jornaleros y compadres, los patios de secado marcaban el ritmo semanal, y la comercialización —a veces a lomo de mula, a veces en camión por caminos apenas practicables— tejía redes que unían a las veredas con los mercados de San Vicente, Barrancabermeja o Bucaramanga. Esa economía, aparentemente modesta, sostuvo durante generaciones a familias numerosas y produjo un tipo de campesino con arraigo profundo, con memoria genealógica de cada linde y cada árbol, con un vínculo material y afectivo con el predio que ninguna indemnización posterior podría equiparar.

El vaciamiento indígena y la llegada de los colonos

Antes de los colonos hubo otro poblamiento, y su desaparición es la precondición silenciosa de todo lo que vino después. La región del Magdalena Medio, desde la irrupción de Gonzalo Jiménez de Quesada en 1536, fue territorio de resistencia indígena: los Yariguíes, los Carares y los Opones sostuvieron durante siglos una guerra de defensa de sus territorios y sementeras contra la invasión española, guerra que dificultó el sometimiento colonial y dejó a la zona relativamente al margen de la administración virreinal.

Esa larga resistencia se derrumbó en menos de tres generaciones. Entre 1860 y 1925, la población Yariguí pasó de unos 15.000 individuos a apenas dos docenas. El despoblamiento se atribuye a la acción de quineros, cazadores y compañías de colonización. En 1924 se registró una masacre de indígenas en el Opón perpetrada por una compañía de colonización, episodio que apenas asoma en el registro pero que sugiere la escala de la violencia fundacional. Cuando los campesinos que fundarían las veredas de El Carmen empezaron a asentarse, lo hicieron sobre un territorio recientemente vaciado, cuyos antiguos habitantes habían sido reducidos a un puñado de sobrevivientes.

El poblamiento campesino avanzó a lo largo del siglo XIX y consolidó, hacia 1920-1930, cerca de 100.000 habitantes en el conjunto del Magdalena Medio santandereano. Fue una colonización libre en el sentido de que no la organizó ni la tuteló el Estado central: colonos que talaban, aserraban abarco y tagua, tumbaban monte para el pancoger, lavaban oro en las quebradas y montaban ranchos que luego serían veredas. La fundación de pueblos hacía las veces de aparato mínimo de institucionalidad: alcaldía, juzgado, notaría y mercado se concentraban en la cabecera, y era esa presencia limitada lo que permitía hablar de "República" en lugares donde el Estado nacional apenas llegaba en forma de sello y de párroco.

El Carmen fue erigido como municipio en 1887, en pleno arranque de la Regeneración, cuando el país volvía a ordenar administrativamente su territorio bajo la Constitución del 86. La erección municipal separaba a la comarca del vecino y mayor San Vicente de Chucurí, con el que compartía cuenca, cultivo y matriz social, y le daba una cabecera propia en la que se instalarían las instituciones básicas. Pero el municipio como forma jurídica siempre iría por detrás del municipio como sociedad real: veredas como La Fortuna, Santo Domingo o Yarima, y decenas más regadas por la ladera, quedarían durante décadas fuera del alcance efectivo de la alcaldía y la fuerza pública. Los conflictos por linderos, aguas y herencias se resolvían por acuerdo vecinal, por la mediación del cura o por la fuerza; y en ese vacío se fue formando una cultura política acostumbrada a arreglárselas sin recurrir al Estado, o a temerlo cuando aparecía.

La provincia de Mares y la frontera petrolera

El Carmen de Chucurí pertenece administrativamente a la provincia de Mares, cuya cabecera es Barrancabermeja y cuyo destino, desde la segunda década del siglo XX, quedó marcado por el petróleo. La concesión De Mares, la refinería de Barrancabermeja, la Tropical Oil Company y luego Ecopetrol convirtieron a la orilla del Magdalena en un enclave industrial y obrero radicalmente distinto de las laderas cacaoteras, pero conectado a ellas por caminos, ríos y migraciones estacionales.

Esa vecindad importa por dos razones. Primero, porque el sindicalismo petrolero de Barrancabermeja fue uno de los focos culturales y políticos que irradió a las provincias vecinas, incluida la de Chucurí. Y segundo, porque la cercanía con Bucaramanga, sede de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y de organizaciones estudiantiles como AUDESA, agregó al paisaje regional un tejido urbano-intelectual que jugaría un papel central en la aparición de las guerrillas. El Carmen de Chucurí, con sus veredas de cacaoteros dispersos y su cabecera modesta, quedaba en el vértice de un triángulo cuya otra punta era la ciudad universitaria y cuya base era la refinería obrera. Peones que bajaban a jornalear a Barranca en temporada baja, hijos de finqueros que se iban a estudiar a Bucaramanga y volvían con ideas nuevas, curas rurales que leían a Camilo Torres, comerciantes que traían y llevaban noticias con el cacao: por ahí circulaba, en pequeño, un mundo mayor que el de la vereda.

El contraste entre las dos economías —cacao de ladera y petróleo de orilla— también produjo tensiones. Barrancabermeja era ciudad de salarios y sindicatos, con culturas obreras aguerridas y una vida urbana intensa; Chucurí, en cambio, era comarca de propietarios pequeños, con jornadas marcadas por el ciclo agrícola y por las fiestas patronales. Que las dos realidades quedaran en la misma provincia administrativa alimentó, durante décadas, un intercambio desigual pero constante, del que salieron dirigentes, ideas políticas y también sospechas mutuas.

El ELN y la primera irrupción armada

En algún momento de mediados de los sesenta, en las zonas rurales de San Vicente de Chucurí y Simacota, se instaló la primera guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Las raíces del ELN están ahí: en una franja selvática próxima a San Vicente, con proyecciones hacia El Carmen y hacia el Opón, sostenida logísticamente por redes urbanas que venían de antes. En Bucaramanga, jóvenes vinculados a AUDESA y a la UIS habían tejido los primeros núcleos; en Barrancabermeja, el sindicalista petrolero Juan de Dios Aguilera aportó la conexión obrera; en Bogotá, líderes estudiantiles de la Universidad Nacional completaban el circuito. La guerrilla que tomó Simacota en 1965 y difundió su manifiesto fundacional venía de esas redes.

El ELN se definió como movimiento de liberación nacional inspirado por la Revolución cubana, distinto en genealogía y en tono de las FARC marxistas-leninistas: mientras estas últimas hundían sus raíces en las autodefensas campesinas comunistas del sur, el ELN nacía de una hibridación entre estudiantes, sacerdotes influidos por la teología de la liberación y campesinos de Chucurí. La elección de la zona no fue casual: la matriz campesina dispersa, con veredas fuera del control estatal, ríos infranqueables, serranía tupida y proximidad a Bucaramanga y Barrancabermeja, ofrecía a la vez retaguardia y logística.

Los primeros años del ELN en la comarca dejaron una marca duradera. La guerrilla fue prácticamente aniquilada por el Ejército en 1973, en el norte de Antioquia, en la operación Anorí, y los sobrevivientes se refugiaron en la cordillera Oriental. Entre ellos, y luego durante casi tres décadas, sobresalió la figura del sacerdote español Manuel Pérez Martínez, el "cura Pérez", que llegaría a comandar la organización y a personificar su ala católica y radical. Cuando el ELN se reconstruyó en los años ochenta, El Carmen de Chucurí y su comarca volvieron a ser referencia, pero para entonces el territorio ya estaba en plena mutación: había aparecido un actor nuevo, decidido a disputar palmo a palmo la retaguardia guerrillera.

Los Sanjuaneros y el nacimiento de las autodefensas

Desde 1982, el Magdalena Medio ensayó un modelo temprano de paramilitarismo caracterizado por dos rasgos: patrullajes conjuntos entre unidades del Ejército y grupos paramilitares, y escuelas de entrenamiento militar a civiles a cargo de oficiales y exoficiales. En Puerto Boyacá, en el sur del Cesar, en el Carare-Opón y en la provincia de Chucurí se articuló ese ensayo, que no fue una insurrección campesina espontánea contra la guerrilla sino una construcción deliberada, con financiación de ganaderos y empresarios y con cobertura institucional.

En el corregimiento de San Juan Bosco de La Verde, en jurisdicción de Chucurí, tomó forma la estructura conocida como "Los Sanjuaneros". Su creador fue Isidro Carreño Estévez, alias Isnardo, líder paramilitar cuyo nombre quedaría atado a la primera fase del paramilitarismo chucureño. El grupo tomó su nombre del corregimiento donde estaban sus bases, y desde allí se proyectó a los municipios vecinos, imponiendo control social, listas de sospechosos, extorsiones y castigos. Isnardo, del que la historia local sabe menos de lo que debería, fue el hombre que dio forma cotidiana a esa primera estructura.

Los años decisivos fueron 1987 y 1988. En mayo de 1988 ocurrió la masacre de Llana Caliente, hito violento que precipitó una reorganización simbólica y militar del grupo. Ese mismo mes, el coronel Rogelio Correa Campos —oficial del Ejército aliado de los paramilitares en la región— fue asesinado. Cuando un nuevo mando, apodado Parra, se sumó a la estructura, propuso rebautizarla en homenaje al oficial caído: nació entonces el "Comando Coronel Rogelio Correa Campos", luego "Autodefensas Campesinas Coronel Rogelio Correa Campos". Un grupo civil armado que se reclama campesino y a la vez se autobautiza con el nombre de un coronel del Ejército señala sin recato la naturaleza mixta de la empresa.

En 1991 murió Isnardo Carreño, y con su muerte el grupo entró en una segunda fase. Al no estar ya integrado exclusivamente por gente de San Juan Bosco, se autodenominó en ocasiones ACC —Autodefensas de Carmen de Chucurí—, y ese cambio de nombre marca el momento en que el paramilitarismo dejó de ser un fenómeno de corregimiento para convertirse en un poder municipal. Para entonces, el proyecto del Magdalena Medio ya estaba articulado con figuras mayores del paramilitarismo nacional —Ramón Isaza consolidaba su feudo en las estribaciones antioqueñas del río Magdalena, e Iván Roberto Duque, "Ernesto Báez", aportaba discurso y estructura política—, y El Carmen se integraba a una red que en 1997 desembocaría en las Autodefensas Unidas de Colombia.

Una comarca entre dos fuegos

Entre mediados de los ochenta y mediados de los dos mil, El Carmen de Chucurí vivió el ciclo más agudo de su violencia. La aritmética era brutal en su simpleza: un territorio de veredas dispersas donde el ELN —y en menor medida las FARC— había construido bases sociales durante dos décadas, quedó sometido a la ofensiva de un paramilitarismo respaldado por el Ejército, con la misión explícita de vaciar el respaldo civil de la guerrilla. La distinción entre combatiente y colaborador se desdibujó, y la sospecha bastó para llenar fosas.

Los estudios sobre focalización espacial del paramilitarismo en el Magdalena Medio identifican a la provincia de Chucurí, junto con Puerto Boyacá, el sur del Cesar y el Carare-Opón, como una de las zonas donde el fenómeno adquirió carácter "endémico": no una presencia coyuntural, sino un régimen social consolidado, con capacidad de imponer reglas cotidianas y de sustituir en la práctica al Estado. En esa cotidianidad, la ley del silencio funcionó como cemento: nadie podía preguntar por el desaparecido del vecino, nadie podía nombrar al autor del disparo, y la impunidad se autoalimentaba en un entramado donde políticos locales, ganaderos, mandos militares y comandantes paramilitares compartían intereses y cálculos.

El testimonio recogido por el Centro Nacional de Memoria Histórica muestra una relación material entre actores armados y comunidad más enredada de lo que suele contarse: los grupos armados proveían a veces medicamentos y hasta libros escolares, canalizándolos a través de las Juntas de Acción Comunal. Esa mezcla de coerción y provisión —el Estado paralelo que reparte cuadernos con una mano y ordena ejecuciones con la otra— es una de las claves para entender por qué, todavía hoy, en muchas veredas de El Carmen víctima y victimario comparten camino, escuela y capilla. Los cálculos morales de la vida cotidiana se enredan en detalles muy concretos: quién habló con quién, quién aceptó qué ayuda, quién se negó a firmar qué acta. En la memoria local, esos detalles pesan tanto como los grandes nombres.

La resistencia civil tuvo también su capítulo. La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), nacida en el vecino Carare-Opón, se convirtió en referencia nacional de una apuesta comunitaria por la neutralidad activa frente a los armados. Sus líderes fueron perseguidos precisamente porque su fortaleza organizativa amenazaba el orden impuesto: donde hay comunidad organizada, la ley del silencio se resquebraja, y ese resquebrajamiento era intolerable para las alianzas locales.

Al lado de la ATCC, en El Carmen y municipios vecinos, hubo también iniciativas menores, casi domésticas, de campesinos que rehusaron alinearse: familias que se negaron a delatar a un vecino, curas que enterraron muertos sin preguntar, maestras que siguieron dando clase mientras alrededor cambiaban los mandos. Esa resistencia menuda no dejó archivos ni monumentos, pero es parte del tejido que hizo posible que, terminado el ciclo más agudo, quedara algo por reconstruir.

El despojo y el retorno imperfecto

La violencia produjo desplazamiento. El desplazamiento produjo despojo. En El Carmen de Chucurí, las fincas cacaoteras y ganaderas quedaron vacías. Por testaferratos, ventas forzadas y aprovechamientos oportunistas, pasaron a manos de intermediarios vinculados al paramilitarismo. Jairo Correa es una de las referencias de ese despojo en el municipio, y a su alrededor gravitan casos que hoy están en distintas fases de restitución.

Las fincas Brisas y La Agustina son parte de esos procesos: se ha identificado a la familia propietaria originaria a la que se restituirían los predios, y el trámite avanza. La hacienda El Japón, en cambio, permanece sin intervención en el proceso, expresión de la desigualdad interna del sistema de restitución. Otros reclamantes, que han insistido en recuperar sus tierras, viven amenazados: al menos uno ha debido solicitar protección por la insistencia con que ha reclamado, y no ha conseguido recobrar el predio.

La herida más difícil de suturar aparece cuando el propio Estado, a través del extinto Incoder, redistribuyó tierras de la zona a personas que resultaron vinculadas al paramilitarismo. Una víctima que percibe cómo su predio quedó en manos de un antiguo victimario mientras ella no consigue restitución no está enfrentando una tragedia individual: está tocando el nervio de una política pública que se equivocó, o que fue capturada, en un momento clave. Y el fenómeno no es marginal. A escala nacional, con corte a febrero de 2021, se habían proferido 7.098 sentencias de restitución en el marco de la Ley 1448 vigente desde 2011; más de la mitad —el 53 por ciento, 3.761 casos— atribuyen el despojo a grupos paramilitares, y apenas un 19 por ciento a las guerrillas. En Chucurí, donde el paramilitarismo se instaló con la profundidad ya descrita, la proporción se agudiza.

La Ley 1448 de 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, dio el marco: reconoció formalmente la existencia del conflicto armado interno, ordenó medidas de atención, asistencia y reparación integral, y estableció rutas para devolver la tierra despojada. Sobre el papel, es una ley de vanguardia latinoamericana. En el terreno de El Carmen, la Mesa Municipal de Víctimas ha sido uno de los canales por los cuales las comunidades han motivado y sostenido las reclamaciones, y las organizaciones de víctimas y ONG han denunciado la lentitud, la falta de garantías y la persistencia de grupos posdesmovilización de las AUC como factores que obstruyen la restitución.

En el fondo del cuadro se dibujan además figuras que no fueron del municipio pero cuya sombra lo alcanza. Rafael Rangel Gómez, guerrillero liberal del Magdalena Medio en la Violencia de mediados de siglo, es el antecedente lejano que hizo de la región un espacio históricamente familiar a la insurgencia armada. Manuel Pérez Martínez, el cura Pérez, encarnó por décadas al ELN cuya cuna estaba en las provincias vecinas. Ramón Isaza, patriarca del paramilitarismo del Magdalena Medio antioqueño, e Iván Roberto Duque, "Ernesto Báez", ideólogo político de las AUC, marcan los contornos del paramilitarismo mayor en el que se inscribieron los Sanjuaneros y las ACC. Sobre esos nombres nacionales, y por encima de ellos para la vida cotidiana chucureña, pesan los locales: Isnardo, el coronel Correa Campos, Parra, Jairo Correa. Y los lugares que los acompañan —San Juan Bosco de La Verde como corregimiento matriz, Llana Caliente como punto de inflexión, las veredas La Fortuna, Santo Domingo y Yarima como escenarios recurrentes de expedientes y testimonios— completan el mapa mínimo para entender lo que allí pasó, con la cabecera de El Carmen, San Vicente como municipio hermano, Barrancabermeja como puerto y Bucaramanga como capital departamental cerrando el contorno.

La memoria en disputa

Lo que quedó tras el ciclo armado no fue solamente un mapa de tierras despojadas o restituidas. Quedó una memoria en disputa, y esa memoria es tal vez el capítulo más difícil de la historia reciente del municipio. Grupos comunitarios y de víctimas —entre ellos el Grupo de Memoria de La Casita Vergeleña, Jardín del Recuerdo y de los Sueños, acompañado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y publicado en 2022— han emprendido la tarea de nombrar a los muertos, reconstruir los relatos y devolverle a los lugares del horror alguna forma de sentido colectivo.

La tarea es ardua. Muchos actores locales del ciclo violento siguen vivos. Habitan las mismas veredas, cruzan la misma plaza los días de mercado, saludan en la misa. El despojo destruyó vínculos culturales y simbólicos: territorios que habían sido de pancoger, de familia, de cacao y de fiesta patronal se convirtieron en lugares asociados al miedo. La recuperación es lenta, y pasa tanto por sentencias judiciales como por gestos culturales. A medida que la intensidad armada descendió en el Magdalena Medio, las tamboras, fiestas patronales, festivales y bailes cantados volvieron a las plazas, y en ese retorno hay un componente reparador que ninguna ley por sí sola alcanza.

La disputa por la memoria es también una disputa por el relato del municipio hacia afuera. Contra la imagen simple del "pueblo tomado por las autodefensas" o del "pueblo colaborador de la guerrilla" —caricaturas que han circulado en la prensa nacional—, la historia real es más incómoda: un territorio de colonos autónomos, con Estado escaso, donde la guerrilla encontró bases entre campesinos sin protección y las autodefensas se construyeron desde el Ejército y los ganaderos aprovechando el mismo vacío. Los mismos vecinos, a veces las mismas familias, aparecen en distintos lados del cuadro. Cualquier memoria honesta tiene que soportar esa ambigüedad sin diluirla en épicas ni en denuncias.

La huella y lo que sigue

El Carmen de Chucurí es hoy, en el mapa colombiano, uno de esos municipios cuyo nombre le dice algo específico solo a quien ha estudiado el conflicto: no un símbolo tan legible como El Salado o Trujillo, no una capital, no una masacre convertida en fecha nacional. Pero en la historia territorial del país ocupa un lugar decisivo, porque en él pueden leerse con nitidez casi de manual los ingredientes de la larga guerra. La colonización campesina cacaotera del siglo XIX, sobre un territorio vaciado violentamente de sus habitantes originarios, creó una sociedad densa e institucionalmente huérfana. Esa sociedad fue penetrada desde abajo por una guerrilla nacida en las universidades y los sindicatos cercanos, y desde arriba por unas autodefensas construidas con apoyo militar y ganadero. La violencia produjo despojo, y el despojo mal gestionado produjo restituciones parciales, reclamantes amenazados y adjudicaciones dudosas del Incoder. Sobre todo eso, hoy, se levanta un trabajo de memoria hecho por las víctimas.

Queda la pregunta por lo que sigue. En las veredas altas todavía se cosecha cacao, y en las plazas vuelven las tamboras, pero la geografía humana no ha vuelto a ser la de antes: hay predios sin dueño, familias que nunca regresaron, apellidos que solo aparecen en las lápidas del cementerio y otros que han crecido a costa del vacío ajeno. Los reclamantes envejecen mientras los expedientes avanzan a ritmo de trámite, y los hijos de quienes se fueron —criados ya en Bucaramanga, en Bogotá o en Barrancabermeja— sostienen con distancia la memoria del cacaotal perdido. Esa distancia también es parte del daño: un municipio que produjo colonos, guerrilleros, paramilitares y víctimas, y que hoy debe convivir con todos ellos, o con su ausencia, sin haber terminado de decir en voz alta qué fue exactamente lo que pasó y quién respondió por ello. En eso, El Carmen de Chucurí sigue siendo lo que ha sido durante siglo y medio: un territorio de frontera.