Rafael Rangel Gómez

Una región que produce guerrilleros

Rangel no se explica sin el territorio que lo formó. El Magdalena Medio, franja plana y calurosa que se extiende entre las cordilleras Oriental y Central a lo largo de unos 386 kilómetros del río grande, con municipios repartidos entre Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Magdalena y Santander, y con centros en Puerto Berrío, La Dorada, Puerto Boyacá y Barrancabermeja, había acumulado desde la Conquista una densa mitología de resistencia. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llegó en 1536 al sitio que entonces se llamaba Latora —hoy Barrancabermeja— chocó con los Yariguíes, Carares y Opones, pueblos que la tradición local convirtió en símbolos de una beligerancia que se autoconcebía como constitutiva del lugar.

Cuatro siglos después, sobre ese sustrato se montó un enclave petrolero. La concesión que Roberto de Mares había obtenido sobre yacimientos de Barrancabermeja fue declarada caduca y traspasada durante el gobierno de José Vicente Concha a la Tropical Oil Company. En pocos años, la empresa norteamericana levantó una economía de campamento sostenida sobre una desigualdad brutal. Hacia 1923, el 40,8% de los trabajadores colombianos enfermaba en los campos y el 1,5% moría; el jornal colombiano era de un peso con cincuenta centavos sin alojamiento ni comida, mientras el trabajador extranjero cobraba tres pesos con cincuenta y recibía beneficios. Esa asimetría produjo el sindicalismo más aguerrido del país.

De la Sociedad Obrera —o Unión Obrera— nació en 1922 o 1923 la Unión Sindical Obrera con la mano de Raúl Eduardo Mahecha, abogado que había llegado a Barrancabermeja a finales de 1922 y que organizó, el 8 de octubre de 1924, la primera huelga petrolera del país. La compañía se negó a negociar. En enero de 1927 estalló una segunda huelga, preparada desde finales del año anterior con la participación de Mahecha y de Ignacio Torres Giraldo, ambos vinculados al Partido Socialista Revolucionario. El PSR, que había participado en la formación de la USO, aportó desde Barrancabermeja al fallido levantamiento conocido como la Revolución Bolchevique de 1926 en San Vicente de Chucurí: una temprana articulación entre movilización obrera y campesina que quedaría grabada en la memoria política de la región. El episodio fue efímero y militarmente irrelevante, pero dejó un precedente organizativo. La izquierda regional lo reactivaría en cada ciclo posterior bajo la misma premisa: los obreros del petróleo y los campesinos de las estribaciones cordilleranas podían operar en un mismo frente. La represión que siguió no borró la red; la replegó. Muchos de los cuadros que aparecerían dos décadas más tarde en la resistencia gaitanista habían pasado por esa escuela o eran hijos y sobrinos de quienes la habían hecho.

La reforma laboral de 1936, en el marco de la República Liberal, dio a la USO el mismo estatus jurídico que a la Tropical Oil Company y permitió al sindicato presentar pliegos formales por salarios, servicio médico, vivienda y comisariatos. Cuando la negociación se rompió, cinco mil trabajadores fueron a la huelga y el gobierno militarizó Barrancabermeja. Los pliegos de los años veinte y los de la década siguiente comparten un mismo horizonte reivindicativo: salarios, salud, condiciones de vida, trato digno. Esa continuidad —esa memoria acumulada de organización— fue la que Rangel heredó.

A esa densidad obrera se sumaba, en el valle medio del Magdalena, una politización campesina temprana. El circuito San Vicente de Chucurí–Barrancabermeja–La Dorada–Puerto Wilches funcionó como zona de frontera abierta donde el PSR, el Partido Comunista y el movimiento UNIR de Jorge Eliécer Gaitán habían sembrado décadas antes del 9 de abril. Cuando La Violencia se desató, la región no fue un lienzo en blanco: era un terreno con capas de experiencia organizativa, sindical y agraria que la resistencia armada iba a reactivar. La colonización de baldíos a lo largo del Carare y del Opón, promovida a lo largo de la primera mitad del siglo por familias campesinas expulsadas del altiplano cundiboyacense y de las provincias tabacaleras de Santander, había producido además una sociedad rural con una relación tensa con el Estado central: los colonos vivían de abrir monte, negociaban con comisariatos, temían al fisco y desconfiaban de la policía. En esas condiciones, el paso de la desobediencia cotidiana a la resistencia armada requería poca traducción.

El 9 de abril y la deriva a la sierra

El asesinato de Gaitán en Bogotá el 9 de abril de 1948 encendió levantamientos populares en múltiples regiones. En el Magdalena Medio, donde el gaitanismo había arraigado en los años previos entre trabajadores petroleros, colonos y campesinos, el estallido no se limitó a un motín urbano: prefiguró la reorganización armada que vendría después. Durante los meses siguientes, la persecución conservadora se afinó como aparato. Los chulavitas —cuyo mote provenía de la vereda Chulavita del municipio boyacense de Boavita, de tradición conservadora desde 1837— fueron reclutados como fuerza parapolicial para, en palabras que circularon en la época, "salvar al presidente Ospina". Junto con los pájaros, quemaron casas, tendieron emboscadas en los caminos, asesinaron liberales y desplazaron familias enteras. El gentilicio se volvió sinónimo de terror.

El autogolpe de Mariano Ospina Pérez y la declaratoria de abstención liberal a fines de 1949 abrieron una segunda etapa de la guerra difusa. En 1950 se registraron más de cincuenta mil muertos. La violencia, sin embargo, no cuajó en guerra civil formal: el Ejército permaneció leal al gobierno y la resistencia quedó desvertebrada en espasmos de cólera local. Fue en ese vacío donde surgieron las guerrillas liberales, en muchos casos como grupos de autodefensa campesina, campesinos rasos armados con escopetas de fisto que se replegaban a los montes cuando el chulavita entraba a la vereda. En noviembre de 1949, el Partido Comunista Colombiano llamó a la autodefensa de masas; en algunas regiones la resistencia armada liberal gaitanista ya había brotado por su cuenta, porque la alternativa era resistir o perecer.

En ese cruce se ubica el paso de Rafael Rangel de la vida civil a la comandancia guerrillera. El Magdalena Medio ofrecía tres ventajas al que quisiera armar una fuerza: una tradición sindical y política que suministraba cuadros, un territorio de selvas, ríos y estribaciones cordilleranas ideal para la movilidad, y una población campesina que ya sabía qué era ser perseguida por el Estado. Rangel articuló las tres. Su llegada al mando no se produjo por designación externa ni por consenso partidista: se produjo por acumulación de autoridad práctica en los meses en que la guerrilla se organizaba, cuando los campesinos alzados necesitaban a alguien que supiera moverse entre el enclave petrolero y el monte, negociar con los sindicalistas y disciplinar a los combatientes.

Comandante del Carare-Opón

Entre 1949 y 1953, Rangel se consolidó como jefe militar de la guerrilla liberal en la vertiente santandereana del Magdalena Medio. Su radio de acción cubrió extensas zonas del interior santandereano, con eje en el circuito San Vicente de Chucurí–Barrancabermeja y proyecciones hacia los ríos Carare y Opón, hacia Cimitarra, Landázuri, Yondó y las riberas medias del Magdalena. La región le permitió combinar dos lógicas: la del enclave petrolero, con su experiencia sindical y sus redes obreras, y la de la colonización campesina, con veredas dispersas donde la fuerza pública apenas llegaba.

La operación que lo instaló como figura reconocida fue la toma de San Vicente de Chucurí. Rangel la ejecutó como respuesta a los asesinatos continuos contra integrantes del Partido Liberal en la zona y, en un cálculo político más fino, para sabotear un acuerdo que se venía tejiendo entre liberales y militares. Las cifras varían: la crónica clásica sobre La Violencia habla de setecientos hombres bajo su mando y un saldo de doscientos muertos —hombres, mujeres y niños—, mientras otras estimaciones acotan la tropa a apenas doscientos combatientes. La propia obra que consigna la cifra mayor advierte sobre versiones contradictorias, y las estimaciones más conservadoras se aproximan probablemente mejor a la escala real del hecho. Lo cierto es que la toma proyectó a Rangel como el jefe capaz de operar con cohesión en una región donde los grupos armados solían ser fragmentarios. La operación combinó ataque frontal a la cabecera, control temporal del casco urbano y retirada ordenada a las veredas altas, un patrón que en el Magdalena Medio de aquellos años pocos comandantes lograban ejecutar sin dispersarse en el saqueo o quedar atrapados por la reacción militar.

A lo largo de esos cuatro años, la guerrilla controló buena parte del Magdalena Medio santandereano y le disputó al Estado el tránsito por corredores fluviales estratégicos. La comparación con otras experiencias coetáneas ayuda a dimensionarlo. En los Llanos Orientales, Guadalupe Salcedo dirigía la fuerza más numerosa del país, con estimaciones que oscilan entre dos mil y tres mil hombres bajo su mando, en una región donde el conjunto de las guerrillas pudo albergar, en su pico, hasta diez mil combatientes. Salcedo fue el símbolo nacional de la resistencia armada liberal, acompañado por lugartenientes como Eduardo Franco Isaza, Eduardo Nossa, Dumar Aljure, Bernardo Giraldo, José Alvear Restrepo y Plinio Murillo. En el Sumapaz, Juan de la Cruz Varela imprimió a la resistencia el carácter de guerra campesina contra la revancha terrateniente. En el sur del Tolima operaba la vertiente que confluiría con el naciente movimiento comunista rural.

Rangel no dirigió una fuerza del tamaño de la de Salcedo, pero su guerrilla tenía dos rasgos que la distinguían. Primero, la cercanía al enclave petrolero de Barrancabermeja: ningún otro jefe guerrillero liberal del período operó tan cerca de la infraestructura estratégica del país ni con vínculos tan directos con un movimiento sindical de la magnitud de la USO. Segundo, la textura política de sus filas: junto a los campesinos liberales gaitanistas convivían combatientes formados en la tradición del PSR y del Partido Comunista, herederos de la organización obrera y agraria de los años veinte. Entre ellos estaba una mujer conocida como La Mona Mariela, compañera de guerrilla que años después sería una de las fundadoras del Ejército de Liberación Nacional. Otro cuadro, el campesino Julio Guerra, terminaría integrándose al proceso fundacional del Ejército Popular de Liberación en el sur de Córdoba entre 1965 y 1967. Esos nombres, que en 1953 eran combatientes de Rangel, en la década siguiente serían los puentes entre la guerrilla liberal y las organizaciones marxistas que la sucederían.

La logística de la guerrilla dependía de una tupida red civil. En Barrancabermeja, obreros petroleros y comerciantes menores hacían llegar municiones, medicamentos y noticias del movimiento de tropas. En las veredas del Carare y del Opón, familias campesinas alimentaban a los combatientes y ocultaban heridos. Esa infraestructura no era anónima: tenía nombres, apellidos, casas concretas y curas de parroquia que a veces la protegían y a veces la delataban. Cuando la amnistía llegó en 1953, esa red no se disolvió con la entrega de armas; simplemente entró en un estado de latencia que la década siguiente reactivaría.

La amnistía de 1953

El 13 de junio de 1953, las Fuerzas Militares bajo el mando del teniente general Gustavo Rojas Pinilla derrocaron a Laureano Gómez. El nuevo gobierno ofreció amnistía general a las guerrillas liberales y conservadoras, la promesa de entregar tierras a los campesinos y titular baldíos a los colonos. Fue el primer intento serio de pacificar el país por vía de un pacto entre el Estado y los alzados. Entre agosto y octubre de 1953, el grueso de las guerrillas de los Llanos —con Salcedo y sus lugartenientes concentrados en Cubarral, San Antonio y San Martín— entregó las armas. Rangel y su guerrilla se acogieron en agosto.

La carta que lo convocó a la entrega fue suscrita por un coronel Carrasco y Galvis. Los términos eran claros: libertad inmediata para quienes depusieran las armas. La estrategia del gobierno, además, contemplaba usar las entregas en las distintas regiones como palanca de presión sobre las guerrillas restantes, en particular sobre las llaneras, consideradas las más numerosas y temidas. La entrega de Rangel entraba en esa lógica: un pacificado del Magdalena Medio empujaba, por efecto demostrativo, a las demás.

Lo que siguió mostró de una vez el fondo del pacto. Rangel fue detenido en Bucaramanga y luego trasladado al Batallón Caldas de Fontibón, donde estuvo dos meses. La promesa de libertad inmediata no se cumplió. En algún momento de ese proceso, Rojas Pinilla lo hizo llevar al palacio presidencial y le propuso incorporarse a una estructura del Estado. Rangel rechazó la oferta. Ese doble gesto —detención en violación de los términos de la amnistía y oferta simultánea de cooptación— es el núcleo del episodio. El Estado que había prometido libertad ofrecía en su lugar una plaza en su aparato; el rechazo de Rangel fijó la naturaleza del vínculo que quedaría entre él y el régimen.

El manejo posamnistía revela, en retrospectiva, la lógica con que el gobierno de Rojas procesó a sus pacificados. La amnistía funcionaba como acto público y como palanca de presión estratégica; los términos concretos de libertad y garantías se administraban de manera discrecional. En los Llanos, esa misma lógica encontraría su expresión más nítida en la muerte de Salcedo poco después de que el bipartidismo retomara el poder tras la caída de Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957: el jefe amnistiado y traicionado se volvió un motivo recurrente en la memoria del período.

Del monte al Movimiento Revolucionario Liberal

Rangel salió de Fontibón sin haber aceptado el ingreso al aparato estatal y también sin haber vuelto a las armas. Entre 1954 y 1960 transitó, con lentitud y sin espectacularidad, hacia la política electoral. Regresó a Santander, donde el nombre del excomandante seguía pesando en las veredas del Carare y del Opón y en los barrios obreros de Barrancabermeja. Se movía entre Bucaramanga, Barrancabermeja y las cabeceras del Magdalena Medio, mantenía correspondencia con antiguos combatientes y atendía peticiones de campesinos que buscaban titulación de baldíos o intercesión ante autoridades locales. Sin aparato armado y sin la protección de un partido que le hubiera garantizado plaza estable, sostuvo lo que en la práctica era una vida vigilada. La red logística de la guerrilla, esa que en 1953 había entrado en latencia, funcionaba ahora como red civil de un excomandante que había vuelto a la legalidad pero conservaba el capital político de haber mandado en armas.

El escenario nacional se transformó dos veces en esos años. La caída de Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957 devolvió el poder a los partidos tradicionales y abrió paso al Frente Nacional pactado por Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, sistema que se estrenó en las elecciones de 1958 y que repartía por igual entre liberales y conservadores todos los cargos de elección popular durante dieciséis años, con alternancia obligatoria en la Presidencia. Para un antiguo guerrillero liberal, el pacto tenía un significado directo: la resistencia armada de los años cuarenta había sido librada contra la persecución conservadora, y el arreglo bipartidista sellaba precisamente con esos conservadores un condominio del poder que dejaba fuera cualquier programa gaitanista de reformas sociales.

De ese descontento nació, en el interior del liberalismo, el Movimiento Revolucionario Liberal. Encabezado por Alfonso López Michelsen, el MRL agrupó a la disidencia de izquierda del partido y ofreció un cauce político a sectores populares y a antiguos combatientes que veían en el reparto bipartidista una traición al programa gaitanista. Para Rangel, la operación política era coherente con su rechazo previo a la cooptación de Rojas: la vía electoral por la izquierda liberal permitía volver al espacio público sin negociar la memoria de la guerrilla ni entregar la representación de sus antiguas bases. En la campaña santandereana, su nombre aportaba lo que ningún dirigente de escritorio podía aportar: reconocimiento territorial en el Magdalena Medio, credibilidad frente a los campesinos de veredas donde el MRL era una sigla lejana y la referencia inmediata a la resistencia liberal contra la persecución de los años cuarenta.

Rangel fue elegido representante a la Cámara por Santander en las filas del MRL. Nunca alcanzó a posesionarse. Murió el 23 de julio de 1960, poco antes de tomar el escaño. Las circunstancias precisas de su muerte no se han fijado con la nitidez que el caso ameritaría: la fecha es firme, el desenlace es firme, y el hecho de que ocurriera en el intervalo entre la elección y la toma del cargo es firme. El resto —lugar exacto, autores materiales, móvil inmediato— quedó en una zona borrosa que la memoria regional ha llenado con versiones parciales y la historiografía nacional no ha reconstruido a fondo. Lo que sí puede afirmarse es que el momento resulta elocuente. Un excomandante guerrillero, detenido tras acogerse a la amnistía, que había rechazado la oferta de cooptación del gobierno militar y que estaba a punto de incorporarse al Congreso como voz de una disidencia liberal, no llegó a tomar posesión.

El desenlace de Rangel prefigura y comparte lógica con el de Salcedo tres años antes. Ambos habían depuesto las armas creyendo en los términos ofrecidos; ambos habían sobrevivido a la fase inmediata de la amnistía; ambos murieron cuando comenzaban a proyectarse políticamente en el nuevo escenario. Con una diferencia que conviene sostener: Rangel había logrado, contra todo pronóstico, transitar hacia la política electoral por vía institucional; su muerte ocurrió en vísperas de ejercer el cargo, no como represalia por haberlo ejercido. La neutralización de los pacificados armados no operó, en su caso, como una máquina de exterminio mecánico, sino como una desarticulación deliberada que combinó coerción, incumplimiento y muerte, dejando a los excombatientes sin garantías reales de reintegración plena.

El puente hacia el ELN y el EPL

La huella más consecuente de Rangel no está en su nombre, sino en lo que dejaron sus filas. En 1964 comenzó la organización que pondría al ELN en el mapa; en 1965 el foco insurgente se estableció en el Magdalena Medio santandereano, con raíces en San Vicente de Chucurí y Simacota. Rangel llevaba cuatro años muerto. No fue, en sentido estricto, un antecesor del ELN: fue un antecedente. La distinción no es menor: un antecesor implica continuidad orgánica, transmisión directa de mando o de proyecto; un antecedente implica que el terreno estaba preparado por otros, y que el nuevo actor lo hereda sin subordinarse a él.

Algunos fundadores del ELN tenían vínculos personales con esas experiencias anteriores. La Mona Mariela, que había combatido bajo Rangel, fue una de las fundadoras del ELN. Julio Guerra, otro veterano de sus filas, se sumó al proceso del EPL en el sur de Córdoba, en las regiones del Alto Sinú y Alto San Jorge, entre 1965 y 1967.

La amnistía de 1953 no desmovilizó las redes sociales que sostenían la guerrilla liberal del Magdalena Medio, solo las dispersó. Los cuadros regresaron a sus veredas, a sus oficios, a sus casas. Cuando una década después apareció un proyecto insurgente nuevo, con lenguaje marxista, referencias cubanas y aliento revolucionario, esos cuadros no tuvieron que ser convencidos desde cero: ya habían pasado por la experiencia de la guerra, ya conocían los caminos, ya tenían un mapa personal de quién apoyaba y quién no en cada corregimiento. El capital que heredaron las guerrillas de los sesenta no fue una organización sino una geografía social.

Ese es el peso histórico específico del ciclo Rangel. No convirtió a sus hombres en marxistas —los procesos de politización de La Mona Mariela y de Julio Guerra tuvieron sus propias mediaciones—, pero les dio la primera experiencia armada, los curtió en la relación con el campesinado, los ubicó en un territorio. El ELN estableció su foco en San Vicente de Chucurí y Simacota, precisamente los lugares donde Rangel había operado. Desde allí se irradió al Magdalena Medio, Norte de Santander, Arauca, Casanare, la costa atlántica y regiones del occidente y sur andino.

Un cuadro político-militar, no una leyenda

Rafael Rangel Gómez merece leerse como lo que fue: un cuadro político-militar formado en el cruce entre el sindicalismo petrolero de Barrancabermeja y la insurgencia campesina liberal, con capacidad de operación militar sostenida durante cuatro años en una región estratégica y con la lucidez de rechazar la oferta de cooptación que le hizo Rojas Pinilla en 1953. No fue el jefe guerrillero más numeroso del país —ese lugar lo ocupó Salcedo en los Llanos— ni el más simbólico en la memoria nacional. Pero fue, probablemente, el más significativo desde el punto de vista de la genealogía del conflicto colombiano posterior a 1958, porque su territorio de operación fue el escenario donde el ELN plantó su primer foco y sus cuadros funcionaron como puentes hacia dos de las guerrillas que definirían la segunda mitad del siglo XX.

Su muerte en julio de 1960 cerró un arco personal y abrió otro colectivo. El personal: un hombre que se había levantado en armas para defender a los suyos de la persecución conservadora, que había depuesto esas armas bajo promesa de libertad, que había sido detenido en violación de lo pactado, que había rechazado convertirse en agente del régimen y que en el momento de dar el paso definitivo hacia la política institucional fue eliminado. El colectivo: el fracaso del primer proceso de paz colombiano, entendido no solo como la falla del pacto de 1953 sino como la incapacidad del Estado para ofrecer garantías reales de reintegración a sus pacificados armados.

En la memoria de Barrancabermeja y del Magdalena Medio, Rangel quedó como una figura tratada con más pudor que fervor. La región lo recuerda desde su tradición sindical y desde la historia oral del período de La Violencia, sin haberlo convertido en el mito monumental que otras figuras del mismo ciclo alcanzaron. Esa relativa discreción quizá corresponda mejor a lo que fue: un dirigente concreto, responsable de una toma de San Vicente de Chucurí que produjo muertes de civiles, jefe de una guerrilla que ejerció control territorial con métodos de guerra, y autor de una decisión final —rechazar la cooptación y buscar la vía electoral— que lo colocó del lado de una tradición democrática que el país, entonces como después, no supo proteger.

La historia de Rangel es la de un pacto roto: un jefe amnistiado detenido en Bucaramanga, trasladado a Fontibón, llevado al palacio presidencial y luego devuelto a un país que no le ofreció garantías, muerto en vísperas de sentarse en el Congreso. Entre Salcedo y Rangel, y entre ellos y los desmovilizados de las décadas siguientes, la mecánica del incumplimiento, la cooptación y la eliminación selectiva conserva una continuidad terca.