Idea · Seguridad Democrática
Control territorial
En Colombia, el control territorial nombra al mismo tiempo una aspiración —que el Estado ocupe lo que no ocupa— y una constatación histórica: guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y élites regionales han disputado durante siglos la capacidad de gobernar la tierra, la circulación, la propiedad y los cuerpos en amplias franjas del país.
Trayectoria de una idea
- 1956
Frente Nacional y clausura territorial
- 1964
Operación Soberanía y nacimiento de las FARC
- 1965
Paramilitarismo legal y Doctrina de Seguridad Nacional
- 1999
Zona de despeje del Caguán: laboratorio del vacío
- 2000
Plan Colombia: militarización del control territorial
- 2002
Seguridad Democrática: el control territorial como doctrina de Estado
- 2003
Plan Patriota y Estatuto Antiterrorista
- 2016
Acuerdo de Paz: control territorial como presencia integral del Estado
La lectura
El control territorial en Colombia no es un problema de mapas sino de soberanía real: la capacidad de gobernar la tierra, la circulación, la propiedad y los cuerpos en regiones donde el Estado nunca llegó o llegó tarde. Desde la colonia, los intersticios entre ciudades fueron fronteras autárquicas donde poderes locales sustituyeron la autoridad estatal; la república heredó esa geografía discontinua y la administró, cíclicamente, con violencia. La Doctrina de Seguridad Nacional de los años sesenta ofreció una respuesta doctrinal que resultó ser también una delegación: el Estado tercerizó el monopolio de la violencia en coaliciones regionales y luego lidió con las criaturas que había ayudado a criar. La Seguridad Democrática de Uribe ocupó el territorio antes de gobernarlo, proyectando fuerza pública sobre carreteras y municipios pero postergando la presencia civil del Estado. El proceso de paz de Santos intentó la inversión: gobernar antes de ocupar, o al menos simultáneamente, con presencia integral. Ninguna versión resolvió el vacío; cada una reveló, con distinta intensidad, que el problema no es solo militar sino político, agrario y de justicia distributiva.
En Colombia, "control territorial" es una expresión de apariencia técnica que esconde un problema fundacional: ningún régimen republicano ha logrado que el Estado detente el monopolio efectivo de la violencia y la administración sobre la totalidad del país. La fórmula nombra al mismo tiempo una aspiración —que el Estado ocupe lo que no ocupa— y una constatación —que otros lo hacen por él o contra él—. Guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, élites regionales y el propio Estado, con sus alianzas explícitas y tercerizadas, han disputado durante décadas la capacidad de gobernar la tierra, la circulación, la propiedad y los cuerpos en amplias franjas del territorio. La expresión adquirió centralidad en el vocabulario político durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que la militarizó bajo la Política de Defensa y Seguridad Democrática; se refundó, con signo opuesto, en el proceso de paz de Juan Manuel Santos con las FARC-EP (2012-2016), que intentó traducirla en "presencia integral" del Estado; y sobrevivió al Acuerdo, transformada por el rearme de disidencias y el fortalecimiento de estructuras posparamilitares. Cada versión reveló, más que resolvió, la naturaleza del vacío que pretendía llenar.
La geografía del vacío: una constante de larga duración
La precariedad estatal sobre el territorio no es una anomalía coyuntural sino un rasgo estructural inscrito desde la colonia. Los límites entre provincias no se fijaban por decisión administrativa: dependían de la influencia efectiva de los núcleos urbanos sobre el entorno rural, y los intersticios entre ciudades constituían fronteras autárquicas donde la lejanía volvía frágiles los lazos con los centros de poder. La república heredó esa geografía discontinua. El Estado colombiano se desarrolló con poco control efectivo sobre amplias áreas de su territorio, y en su ausencia los poderes locales —ligados a la actividad económica dominante en cada región— sustituyeron la autoridad estatal e implementaron formas propias de justicia privada.
El siglo XIX no cerró esa brecha: la administró a través de la violencia. Los conflictos partidistas entre liberales y conservadores, recurrentes hasta el punto de convertirse en una constante, se libraron paradójicamente dentro de marcos constitucionales, como si la guerra fuera un método de conversación política. Las élites no lograron ejercer un control total sobre la tierra ni sobre sus trabajadores, pero los campesinos pobres tampoco fueron nunca libres de la presión del mercado ni de la concentración del poder. En esa indeterminación se incubaron las tensiones agrarias que, un siglo después, alimentarían tanto La Violencia de los años cincuenta como los movimientos guerrilleros de las zonas de frontera.
El Frente Nacional (1958-1974), pactado en la Declaración de Benidorm del 26 de julio de 1956 y en el Pacto de Sitges de 1957, respondió a una guerra civil entre los partidos tradicionales alternándolos en la presidencia cada cuatro años y repartiéndose el poder por mitades, con independencia de los resultados electorales. Pacificó las ciudades y las cúpulas, pero dejó intacta —y en cierto modo agravó— la cuestión del territorio: al clausurar la competencia partidista, expulsó de la política institucional a expresiones que buscaron cauce en la organización armada. En las zonas de colonización y frontera —el piedemonte amazónico, la Orinoquía, el Magdalena Medio, el Urabá— el Estado seguía llegando, cuando llegaba, con retraso y con uniforme.
De la Seguridad Nacional al paramilitarismo legal
La respuesta doctrinal del Estado a esa geografía discontinua se cristalizó en los años sesenta con la adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional. Reapropiada del pensamiento militar suramericano y alineada con la política de contención norteamericana en la Guerra Fría, la doctrina convirtió la lucha contrainsurgente en el principio organizador de la vida pública: huelgas, manifestaciones y campañas electorales de ciertas características podían ser tratadas como focos de conflicto, bajo la premisa de que nadie era neutral. En ese marco se creó institucionalmente la figura de las autodefensas como pieza de una política global de seguridad. Entre 1965 y 1989 el paramilitarismo fue legal en Colombia —aunque no lo eran los crímenes que estos grupos cometieron—, y testimonios de desmovilizados confirmaron después que las autodefensas entrenaban con el Ejército.
La Operación Soberanía de mayo de 1964 contra las llamadas "repúblicas independientes" desalojó a los campesinos organizados en autodefensas comunistas, que con la orientación del Partido Comunista se reagruparon en el sur del país y, en la II Conferencia del Bloque Guerrillero del Sur de 1966, adoptaron el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El paramilitarismo de segunda generación —del que el narcoparamilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia sería la variante más siniestra— se desarrollaría después bajo las premisas de la doctrina contrainsurgente y la guerra de baja intensidad, en una hibridación singular con residuos de La Violencia y periodos de estado de sitio.
El diagnóstico teórico que aportaría Francisco Gutiérrez décadas después es lapidario. El paramilitarismo colombiano no fue el desborde espontáneo de una sociedad harta ni la deriva privada de terratenientes acorralados: fue una estrategia del Estado que delegó en coaliciones regionales el ejercicio de la violencia. Esa lectura desmonta una idea cómoda —la del Estado ausente— y la sustituye por otra más incómoda: un Estado presente por interpuesta persona, que tercerizó el control territorial y luego lidió, cíclicamente, con las criaturas que había ayudado a criar.
Caguán: el laboratorio del vacío
La zona de distensión del Caguán, decretada por el gobierno de Andrés Pastrana antes incluso de que se definiera la agenda de negociación con las FARC-EP, materializó de forma extrema una vieja lógica: la de un Estado que se retira de un pedazo del país para hablar con quien allí manda. Comprendía un vasto territorio en el departamento del Caquetá, del que se retiró el Ejército, y allí las negociaciones formales recomenzaron en enero de 1999. El 6 de mayo de ese año se firmó la Agenda Común para el Cambio hacia una Nueva Colombia en Paz, un temario tan ambicioso que ponía en discusión el conjunto del marco normativo del país, incluidas sus estructuras socioeconómicas.
Lo que ocurrió dentro de la zona alimentó desde el primer día la sensación de que el Estado había concedido más de lo que podía sostener. Las FARC utilizaron el despeje como fuerte militar, centro diplomático, área de reclutamiento y entrenamiento de nuevos combatientes, plataforma de acumulación de recursos militares y económicos, y espacio de experimentación de formas de poder local más o menos compatibles con la existencia de autoridades civiles. La ambigüedad del arreglo —ni soberanía plena de la guerrilla, ni retiro absoluto del Estado, sino coexistencia negociada— probaría que el control territorial es siempre gradiente, no interruptor.
Mientras se negociaba, Colombia se armaba. En septiembre de 2000 el Congreso de Estados Unidos aprobó el Plan Colombia, una inversión de 4.400 millones de dólares a cinco años con el objetivo declarado de erradicar la cocaína y derrotar a las guerrillas. En el proceso político estadounidense de 1998-1999, por la convergencia del Congreso, los think tanks de política exterior y los liderazgos militares, la iniciativa había sido reencuadrada predominantemente como un problema de narcotráfico que requería militarización, en lugar de una crisis económica que exigiera ayuda al desarrollo e institucionalización. El Congreso estableció un tope de hasta 800 militares estadounidenses en Colombia y flexibilizó los límites sobre contratistas de compañías militares privadas.
El acuerdo de cese al fuego de San Francisco de la Sombra, firmado el 5 de octubre de 2001 tras el secuestro y asesinato de la exministra Consuelo Araújo el 29 de septiembre, prolongó el proceso brevemente: el 7 de octubre Pastrana amplió el despeje hasta el 20 de enero de 2002 e impuso medidas de control como anillos de seguridad y retenes. Pero el proceso ya se deterioraba desde finales de 2001, en un contexto internacional transformado por los atentados del 11 de septiembre, que cancelaron las posibilidades de continuar negociando en el escenario del despeje al hacer verosímil la calificación de organizaciones como las FARC como plataformas del terrorismo mundial. Cuando Pastrana rompió los diálogos, declaró que las FARC habían convertido la zona en "una guarida de secuestradores, un laboratorio de drogas, un depósito de dinamita y carros robados", dictó cuatro resoluciones que terminaron la zona de distensión y revocó el reconocimiento político a la guerrilla.
Las Autodefensas Unidas de Colombia, pese a sus divisiones internas, desprestigiaron activamente los diálogos ante la opinión pública y frenaron la propuesta paralela del ELN de despejar una zona al sur de Bolívar, argumentando que sería "otro Caguán" y movilizando pobladores. El gobierno fue incapaz de superar ese veto, y con ello se cerró también la oportunidad de un acuerdo con una guerrilla militarmente más débil. El fracaso del Caguán contribuyó a crear el clima de opinión favorable a opciones más duras que llevó a Álvaro Uribe Vélez a la presidencia en mayo de 2002.
La Seguridad Democrática: el control territorial como doctrina
Uribe llegó con una promesa nítida: recuperar el territorio. La Política de Defensa y Seguridad Democrática convirtió el "control territorial" en principio articulador del Estado y, en su ejecución, subordinó las políticas de paz, derechos humanos y derecho internacional humanitario a la lógica de la seguridad. El discurso oficial caracterizó a las guerrillas principalmente como una amenaza narcoterrorista, alineándose con la política antiterrorista de Estados Unidos tras el 11 de septiembre y profundizando la cooperación binacional en el marco del Plan Colombia. El giro respecto a gobiernos anteriores fue frontal: donde antes había un conflicto armado con dimensiones políticas, ahora había terroristas.
Pocos días después de posesionarse en agosto de 2002, Uribe declaró un estado de conmoción interior e impuso un impuesto al patrimonio del 1,2%. La recaudación por el impuesto para el fortalecimiento del Ejército llegó, según cifras del propio gobierno, a 240 millones de dólares, y financió el salto del gasto en seguridad y defensa hasta el 3,5% del PIB a finales de 2002, dentro del programa de gastos de emergencia. La cifra medía una ruptura: antes de la reforma del Ejército de los años noventa ese gasto era del 1% del PIB, y a finales de esa década había subido al 2,3%. En pocos meses, la Seguridad Democrática duplicó lo que dos décadas habían acumulado.
El Decreto 2002 del 9 de septiembre de 2002 creó las zonas de rehabilitación y consolidación, áreas geográficas donde el Gobierno consideraba necesaria la aplicación de medidas excepcionales por su afectación por la violencia armada. Varias de sus disposiciones fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en noviembre de ese mismo año, una advertencia temprana de que la reformulación uribista del control territorial iba a chocar con el marco constitucional de 1991. En diciembre de 2003, una reforma conocida como el Estatuto Antiterrorista concedió a las Fuerzas Militares facultades de policía judicial, captura, allanamientos, registro de residencia e interceptación de comunicaciones: un desplazamiento notable de las competencias entre la fuerza pública y la administración de justicia, que apuntaba a que el control territorial se ejerciera con procedimientos militarizados.
La operación insignia llegó en 2003 con el Plan Patriota, descrito como la mayor ofensiva contraguerrillera desde los años sesenta, orientada a golpear la retaguardia estratégica de los Bloques Sur y Oriental de las FARC en los llanos del Yarí y a lo largo del río Caguán, justamente la geografía del antiguo despeje. El plan fue diseñado desde el Comando Sur de Estados Unidos y contó con la participación directa de militares y contratistas estadounidenses en la planificación y el soporte logístico, el nivel más alto de involucramiento norteamericano en la guerra contrainsurgente colombiana hasta ese momento. En 2001, tras el 11-S, el Congreso estadounidense había ampliado la autoridad de uso de los fondos del Plan Colombia mediante la ley H.R. 4775 para combatir tanto el narcotráfico como organizaciones designadas como terroristas: la frontera entre ambas categorías se disolvió por decisión legislativa.
Bajo la Seguridad Democrática, el Estado hizo lo que no había hecho antes: proyectó unidades militares y unidades móviles de policía sobre carreteras y municipios donde su presencia había sido intermitente o nula. En la retórica oficial y en la percepción de una parte considerable del país, ese despliegue equivalía a la recuperación del monopolio de la violencia. Pero el diseño tenía una tensión fundacional: entregaba a la fuerza pública el papel de vanguardia territorial y postergaba, o subsumía bajo su lógica, la presencia civil del Estado —la justicia, la infraestructura, los servicios básicos, la titulación de tierras—. El territorio se ocupaba antes que se gobernaba.
El otro control: paramilitares, guerrillas y despojo
Mientras el Estado desplegaba tropas, sobre el terreno operaban otras formas de control territorial mucho más totalizantes que las militares. Las AUC, en su expansión desde finales de los años noventa y durante el primer lustro del siglo XXI, perfeccionaron un modelo que integraba coerción armada, administración local y acumulación económica. En regiones como Urabá, Darién y Cesar, el control guerrillero de los primeros años de la década de 1990 fue desplazado por los paramilitares mediante un pacto directo con la fuerza pública. Una vez consolidado el control, los grupos suplantaban al Estado local: administraban justicia, imponían sanciones y multas, regulaban los accesos a municipios y veredas, establecían restricciones a la movilidad, vigilaban la entrada y salida de alimentos y personas para impedir el suministro a la guerrilla.
Cuerpos, ropa, hora de volver a casa
Ese control alcanzó los cuerpos y las costumbres. En la Zona Bananera y en Ariguaní, en el Magdalena, los comandantes paramilitares impusieron normas sobre vestimenta —prohibición de minifaldas y ombligueras—, sobre apariencia personal —prohibición de aretes y cabello largo en hombres— y sobre horarios de circulación, con amenazas explícitas de mutilación para quienes incumplieran. Los cuerpos de las mujeres se convirtieron en territorios de disputa: reclutamiento forzado de jóvenes, amenazas para controlar comportamientos, violaciones sexuales perpetradas por guerrillas, paramilitares y miembros de la fuerza pública. El control territorial, ejercido con esta granularidad, no era una metáfora administrativa: era una intervención sobre la vida cotidiana en cada detalle.
Su dimensión más costosa a largo plazo fue el despojo de tierras. Las AUC ejercieron un despojo sofisticado, con complicidad de servidores públicos que permitieron registrar en notarías miles de hectáreas usurpadas, e impulsaron proyectos de agroindustria, minería e infraestructura sobre esas tierras. Los métodos fueron varios. La amenaza pura: la fórmula "comprarle al dueño o a la viuda". Las compras a precios impuestos, muy por debajo del valor real. La falsificación de poderes y firmas en escrituras. Las diligencias policivas de desalojo. La readjudicación de títulos parcelarios a terceros vinculados con los actores armados. En los Montes de María, campesinos desplazados firmaron documentos sin saber que eran poderes de venta: les prometieron 20 millones de pesos y recibieron entre 4,5 y 5 millones. En el Catatumbo, empresas y empresarios de Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá adquirieron extensas tierras sin residir en la zona.
La alianza entre paramilitares y élites regionales —ganaderos, terratenientes, políticos— en la Costa Atlántica consolidó estructuras sociales tradicionales sin generar nuevos ricos: fortaleció a las viejas élites. En el Medio Atrato y en zonas del piedemonte amazónico como el Putumayo, la precariedad histórica del Estado se transformó en condición para la conversión del territorio en espacio de ilegalidad: la legalidad estatal no operó como referente simbólico de regulación social, y proliferaron legalidades alternativas ligadas al narcotráfico y al contrabando. En el Bloque Pacífico de las AUC, la suplantación del Estado local afectó de manera diferencial a comunidades negras e indígenas cuyos derechos colectivos apenas empezaban a consolidarse constitucionalmente.
Las FARC-EP también desplazaron a quienes no acataron sus imposiciones y se apropiaron de tierras para promover cultivos de coca y minería ilegal de oro y platino, pero no llevaron el despojo al nivel de sofisticación institucional que caracterizó a las AUC: el ingreso a notarías, la construcción de fachadas empresariales, la conversión sistemática de tierras usurpadas en proyectos productivos privados. La diferencia importa: revela que el paramilitarismo tenía un vínculo con el aparato estatal y con las élites regionales del que la guerrilla carecía, y que ese vínculo era, precisamente, lo que le permitía convertir el control territorial en propiedad legalizada.
Guardia Indígena: el control ejercido desde abajo
En medio de esa disputa entre armados, algunas comunidades organizaron su propia forma de control. La Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca ha hecho, con bastones de mando y sin armas, lo que el Estado no hizo: movilizó equipos de salud, expulsó laboratorios de procesamiento de drogas del territorio, acompañó movilizaciones, sostuvo asambleas permanentes. Donde el Estado no llega, la comunidad se organiza para no depender del actor armado que sí llega.
Su existencia obliga a redefinir el término. Lo que ejerce la Guardia no es un monopolio de la violencia —no tiene armas ni pretende tenerlas— sino una autoridad territorial fundada en la asamblea, la tradición y el reconocimiento constitucional de la autonomía indígena sobre los resguardos. El Estado colombiano reconoce esa autonomía sobre la superficie, pero en la práctica prevalecen otros intereses: la irrupción de las Fuerzas Armadas en territorios de jurisdicción indígena y la concesión del subsuelo a empresas privadas para la extracción de recursos naturales vulneran los derechos colectivos.
En los territorios colectivos y resguardos indígenas del Bajo Atrato —el Truandó, Domingodó—, los actores armados impusieron restricciones severas a la movilidad cotidiana con retenes ilegales en vías fluviales y terrestres, y minaron amplias zonas, produciendo un riesgo permanente y un desplazamiento "gota a gota" cuya suma cuantitativa se disimula precisamente por su lentitud. El control armado fracturó prácticas culturales colectivas: festividades, músicas, prácticas deportivas y expresiones culturales fueron apropiadas o marcadas con violencia por guerrillas, paramilitares y fuerza pública, y en algunos casos se reconfiguraron, transformaron o desaparecieron. Los actores armados se apropiaron de saberes de las comunidades étnicas —cantos, músicas, prácticas deportivas y festividades— para ocupar territorios, con efectos duraderos sobre el tejido social. Frente a ese repertorio, la Guardia no ofrece contraviolencia sino presencia: un cuerpo desarmado que camina, se planta, expulsa.
La Habana: la reformulación negociada
El proceso de paz iniciado en La Habana ofreció una reformulación radical del concepto. El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, firmado el 26 de agosto de 2012, fijó una agenda de cinco puntos sustantivos y uno procedimental: desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, e implementación y verificación. La estructura del temario contenía ya un diagnóstico. Los cuatro primeros puntos remitían a las dimensiones estructurales del vacío estatal: tierra, política, armas, drogas. Y sugerían algo más: que "controlar el territorio" era, en el fondo, resolver simultáneamente esos cuatro déficits.
El gobierno Santos, sin embargo, estableció "líneas rojas" que acotaron severamente el alcance transformador de la negociación. La estructura política y económica del país —Estado de derecho, democracia, economía de mercado—, el futuro de las fuerzas armadas y las relaciones internacionales quedaron declarados innegociables. El gobierno se negó a entrar en discusiones significativas sobre reformas radicales al sistema económico, incluida la distribución de la tierra. La consecuencia lógica fue que el capítulo agrario del Acuerdo, aunque contuvo dispositivos importantes como el Fondo de Tierras y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, se orientó a formalizar y titular más que a redistribuir.
En el terreno, tras la dejación de armas por parte de las FARC-EP en 2016, se crearon 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación en distintas zonas del país para facilitar la adaptación de los excombatientes a la vida civil. Los niveles de violencia bajaron ostensiblemente. Pero el plebiscito del 2 de octubre de 2016, convocado para refrendar lo pactado, fue rechazado; en el Eje Cafetero los márgenes del No superaron el promedio nacional —60,13% en Quindío, 57,9% en Caldas, 55,69% en Risaralda—, y con ello quedó claro que la legitimidad del acuerdo como fundamento de una nueva forma de presencia estatal estaba lejos de ser universal.
La sustitución voluntaria de cultivos de coca pactada en el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) mostró indicadores contundentes de éxito donde se implementó con acompañamiento: la tasa de resiembra tras sustitución voluntaria llegó apenas al 0,8%, mientras que en los casos de erradicación forzada la resiembra se disparó al 50%. Pero el incumplimiento sistemático de los compromisos estatales —titulación, infraestructura, seguridad, proyectos productivos— erosionó rápidamente esa curva virtuosa. Entre 2016 y 2020, en los departamentos amazónicos de Putumayo, Caquetá y Guaviare, fueron asesinados 113 líderes sociales, incluidos promotores del PNIS.
En las zonas dejadas por las FARC surgieron o se fortalecieron disidencias, el ELN se expandió y estructuras posparamilitares —notoriamente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)— consolidaron su control sobre las rutas de las economías ilícitas. Entre 2012 y 2017 las AGC concentraron su capacidad organizativa en el control de rutas del narcotráfico, la supervisión de puertos y el control municipal, con mayor presencia en zonas urbanas que rurales. Los excombatientes que retornaron a las armas y formaron disidencias operan sin un lenguaje político nacional, aunque conserven algunas expresiones ideológicas, y desarrollan formas de control territorial articuladas a redes de criminalidad organizada, regulando el sistema político local mediante amenaza y provisión de seguridad, y en no pocos casos actuando en articulación con sectores del sistema político, élites económicas y sectores del aparato de seguridad.
El diagnóstico es incómodo. La firma del Acuerdo no bastó para llenar el vacío histórico porque no fue seguida por la presencia integral que había prometido. Lo que se pactó en la mesa dependía de una implementación que nunca llegó a la escala pactada, y esa distancia entre la letra y el terreno se llenó, muy rápido, con los mismos actores de siempre bajo nombres nuevos.
La pregunta pendiente
Cuatro décadas de usos contradictorios han demostrado que "control territorial" no describe una realidad sino una vacante: cada régimen le pone el contenido que necesita. Militarización de la periferia bajo tutela contrainsurgente para el uribismo; presencia integral pactada con la insurgencia y desplegada por medios civiles para el santismo, que quedó a mitad de camino; administración privada de la violencia, el despojo y la moral pública para los paramilitares; construcción de un poder alternativo para las guerrillas; y, para las comunidades étnicas y campesinas, todo lo anterior sufrido a la vez.
Un Estado que delega, tolera o terceriza no está ausente: está presente de otra manera. La expresión que gobiernos, comandantes, académicos y comunidades han usado con signos opuestos nombra, en el fondo, la misma pregunta: qué tipo de Estado sería capaz de gobernar la totalidad del territorio colombiano sin delegar, sin retirarse y sin capitular ante quienes ya lo hacen por su cuenta. Mientras esa pregunta siga abierta, el "control territorial" seguirá siendo el eufemismo con el que Colombia se dice a sí misma su asignatura pendiente.
En el archivo
1 apariciones públicas, ordenadas por período y año.
Relaciones
Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.
Relaciones editoriales
- 01Álvaro Uribe Vélez: militarizó el concepto bajo la Política de Defensa y Seguridad Democrática (2002-2010), subordinando paz y derechos humanos a la lógica de la seguridad
- 02Juan Manuel Santos: refundó el concepto en el proceso de paz con las FARC-EP (2012-2016), intentando traducirlo en presencia integral del Estado
- 03FARC-EP: disputaron el control territorial desde su fundación en 1966, ejerciendo gobernanza alternativa en zonas de colonización y frontera
- 04Paramilitarismo / AUC: perfeccionaron un modelo de control territorial que integraba coerción armada, administración local, despojo sofisticado de tierras con complicidad de servidores públicos y acumulación económica
- 05Doctrina de Seguridad Nacional: marco doctrinal que convirtió la lucha contrainsurgente en principio organizador de la vida pública y legitimó la delegación del control territorial en coaliciones regionales
- 06Zona de despeje del Caguán: materialización extrema de la lógica de un Estado que se retira de un pedazo del país para negociar con quien allí manda
- 07Plan Colombia: instrumento de militarización del control territorial con financiamiento estadounidense de 4.400 millones de dólares aprobado en septiembre de 2000
- 08Desplazamiento forzado: consecuencia directa de la disputa por el control territorial; la ausencia estatal volvió precarios los derechos de propiedad y permitió el despojo durante periodos de dominio armado
Personas
Lugares
Ideas
Documentos y fragmentos citados
74 documentos · 80 fragmentos
01Historia Económica y Social de Colombia I 1537-1719Germán Colmenares · 1997 · p. 421 cita
[1]los límites reales entre las provincias no podían ser fijados por una simple decisión administrativa. Los territorios conquistados de pendían de la influencia dé un núcleo urbano y de su control sobre el con torno rural o sobre otras ciudades que le habían debido su fundación. Esta dependencia tendía a debilitarse a…
p. 42
02Antropología hecha en Colombia. Tomo IEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 6351 cita
[2]e incluso la imprecisión, en las definiciones de los Estados fallidos, hay dos rasgos centrales que los definen: el no tener un control efectivo sobre el territorio y la pérdida del monopolio de la fuerza. De hecho, en Colombia la “ausencia del Estado” ha sido considerada como una de las características centrales de…
p. 635
03Nueva Historia de Colombia, Vol. III: Relaciones Internacionales, Movimientos SocialesÁlvaro Tirado Mejía, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Cepeda Ulloa, Rodrigo Pardo García-Peña, Germán Zea Hernández, Luis Vitale, Malcolm Deas, Catherine LeGrand, Mauricio Archila Neira, Rocío Londoño Botero, Pierre Gilhodes, Myriam Jimeno Santoyo · p. 3721 cita
[3]y de sus intereses particulares. Comenzaban a articularse las bases de un mercado nacional a la par con el proceso de uni- ficación política y cultural. Este pro- ceso, sin embargo, ha ocupado el siglo entero sin agotarse y ha sido desigual, espontáneo, discontinuo y con carac- terísticas diferenciales. Distintas…
p. 372
04Fighting Monsters in the Abyss: The Second Administration of Colombian President Álvaro Uribe Vélez, 2006–2010Harvey F. Kline · 2015 · p. 392 citas
[4]the fascinating ironies that emerges when considering Colombia’s nineteenth- and twentieth- century history: violent conflict has tended to occur within the strictures of constitutional procedure and process.” While violence in the nineteenth century seemed interminable, it never reached the levels that it did in…
p. 39
[5]the fascinating ironies that emerges when considering Colombia’s nineteenth- and twentieth- century history: violent conflict has tended to occur within the strictures of constitutional procedure and process.” While violence in the nineteenth century seemed interminable, it never reached the levels that it did in…
p. 39
05Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical PerspectiveCharles Bergquist, Ricardo Peñaranda, Gonzalo Sánchez (eds.) · 1992 · p. 781 cita
[6]one cannot escape the fact that the political system established after independence was prone to intermittent breakdowns in which presidents were seldom overthrown but people were killed and resources wasted. The ability of Colombians to avoid the bouts of military dictatorship so common in other parts of Spanish…
p. 78
06Territorial Rule in Colombia and the Transformation of the Llanos OrientalesJane M. Rausch · 2013 · p. 781 cita
[7]ANDES. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use. 4 T erritorial Rule during the National Front and Its Aftermath, 1958–1978 The threat posed by Rojas Pinilla’s populist leanings and his increasingly inde- pendent actions proved to be the final outrage that drove Liberal and Conserva- tive leaders to…
p. 78
07Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 1211 cita
[8]de control estatal sobre el territorio significa que el Estado no puede garantizar la tenencia y uso de la tierra ni la permanencia de la población en ella, y por tanto desaparece el derecho de propiedad. Durante sus periodos de do- minio por actores armados, se trató de un despojo de territorios y una sustitución…
p. 121
08Bojayá: La guerra sin límitesGrupo de Memoria Histórica, Martha Nubia Bello Albarracín, Pilar Riaño Alcalá, Gonzalo Sánchez G. · 2010 · p. 1621 cita
[9]la Ciénaga de Bojayá, lo cual ha generado preocupación entre los habitantes del Medio Atrato y sus organizaciones. 215 La precariedad del Estado en su ejercicio de control en esta región ha creado condiciones para la conversión del territorio en zona de ilegalidad y refugio. La ilegalidad se presenta en una do- ble…
p. 162
09Colombia's Forgotten Frontier: A Literary Geography of the PutumayoLesley Wylie · 2013 · p. 251 cita
[10]southern Colombia, including the Putumayo, remains largely outside state control with the FARC and, since the late 1990s, paramilitaries styling themselves as alternative sources of governance and justice in the region. The motif of the weak or absent state features in much contemporary journalism and human rights…
p. 25
10Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950)Catherine LeGrand · 2016 · p. 631 cita
[11]distintas en años recientes y en nuevas regiones fronterizas. Contribuyó, por ejemplo, a La Violencia, esa guerra civil anárquica que costó 200 000 vidas en los años cincuenta, y dio pábulo a los movimientos guerrilleros que actúan hoy en las zonas fronterizas de Colombia. La interpretación del desarrollo de la…
p. 63
11Historia de la vida cotidiana en ColombiaBeatriz Castro Carvajal (editora) · 2016 · p. 2411 cita
[12]formado por grupos muy pequeños, afectado por una gran movilidad, ejercía formas cotidianas de resistencia y tenía una participación bastante particular en el sistema político; por tanto, la élite no podía ejercer dominio total sobre el campesinado de la zona norte de la cordillera de los Andes. La diversidad de las…
p. 241
12Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo MagdalenaCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Rodrigo Arturo Triana Sarmiento, León Felipe Rodríguez Hernández, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 461 cita
[13]Seguridad Nacional de 1978. Por tanto, entre 1965 y 1989 el paramilitarismo fue legal aunque no lo eran los crímenes cometidos por estos grupos. Según Francisco Gutiérrez, este contexto histórico e institucional fue la cuna de las autodefensas colombianas. Estas surgieron directamente de la decisión y el patrocinio…
p. 46
13"Falsos positivos" en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) · 2014 · p. 231 cita
[14]en Colombia a. e jecuciones como expresión de “L a v io L encia ” y L a d octrina de s eguridad n aciona L, 1946-1988 El año de 1946 ha sido definido por parte de los historiadores modernos como el año en que se origina en Colombia un conflicto violento ininterrumpido hasta el día de hoy, en el que la violencia contra…
p. 23
14Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica; Germán Lozano Villegas; Luz Janeth Forero M. · 2014 · p. 571 cita
[15]o en contra de la nación, nunca neutrales, dada la visión que se hacía a través del prisma de la lucha contrainsurgente. En ese sentido, las huelgas, la manifestación social y las campañas electorales de ciertas condiciones eran consideradas como focos de con fl ictos y, por ende, sujetos de control estatal 64. La in…
p. 57
15Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002Vladimir Melo Moreno (Relator); Andrés Fernando Suárez, Carmen Andrea Becerra (Correlatores); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2018 · p. 1951 cita
[16]militar alineada con la política militar nortea- mericana y iii) la reapropiación de la Doctrina de Seguridad Na- cional suramericana (Leal, 2006, páginas 55-61). De esta forma, se dio una reconfiguración de un modelo de fuerza para la Defensa Nacional a uno de Seguridad Nacional (Rueda, 1997), que derivó en la…
p. 195
16Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 132, 1652 citas
[17]que, en las condiciones de auge del narcotráfico, dio bríos a un paramilitarismo de segunda generación, de la cual el narco- paramilitarismo de las auc fue una de sus variantes más siniestras y exitosas. A partir de las premisas de la doctrina contrainsurgente y de la guerra de baja intensidad, también conocidas en la…
p. 132
[64]divisiones en su interior, cumplió el come- tido básico de desprestigiar en la “opinión” los diálogos en la zona de despeje del Caguán que, según El Espectador, parecían teatro del absurdo o comedia barata. Las AUC también frenaron la propuesta del ELN sobre el despeje de una zona al sur del departamento de Bolívar,…
p. 165
17Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo I. Bloque Central Bolívar: origen y consolidaciónCentro Nacional de Memoria Histórica, Alberto Santos Peñuela · 2021 · p. 591 cita
[18]colombiano en el marco de la guerra fría. Las operaciones de mayo de 1964 conocidas como Operación Soberanía, ocasionaron la salida de campesinos que organizados en grupos de autodefen- sas, iniciaron una marcha hacia el sur del país en columnas, este proceso per- mitió la consolidación política y militar con la…
p. 59
18Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 4061 cita
[19]o declaradas inexe - quibles por la Corte Constitucional en noviembre del 2002 787. En consecuencia, por iniciativa del Gobierno, el Congreso aprobó una reforma constitucional que se expidió en diciembre del 2003 y que se conoció como el Estatuto 783 Ibíd. 784 Ministerio de Defensa. Política de defensa y seguridad…
p. 406
19Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1621 cita
[20]un pedido de extradición que el Gobierno de Colombia avaló, contra un miembro del ELN» y la imposibilidad de abstraer las negociaciones de la dinámica general del conflicto, en especial de «la ofensiva estatal contra las FARC-EP». Castaño Barrera, «Conflicto sin final, espejismo de la paz», 213 y 215. 526 Civico, «La…
p. 162
20Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 7751 cita
[21]alma cada madrugada para que las acciones de autoridad que emprenda tengan la más pura intención y el más noble desarrollo. Apoyaré con afecto a las Fuerzas Armadas de la Nación y estimularemos que millones de ciudadanos concurran a asistirlas” 857. Al día siguiente, desde Valledupar, lanzó el Plan Meteoro, que tenía…
p. 775
21Guns, Drugs, and Development in ColombiaJennifer S. Holmes, Sheila Amin Gutiérrez de Piñeres, Kevin M. Curtin · 2008 · p. 1551 cita
[22]e l o P m e n t i n C o l o m B i a 1 0 mines the success of those sincerely trying to reintegrate: “These gaps are particularly apparent in the fields of health, psychosocial support, and edu- cation, and many former combatants have no possibility of finding work or pursuing productive projects” (oa S 2006a, 4). As…
p. 155
22Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 2892 citas
[23]Estado en aquellas partes del país donde el control de la Nación se había perdido durante los últimos veinti- cinco años. Antes de la reforma del Ejército Nacional, iniciada a comienzos de la década de 1990, las Fuerzas Armadas de Colombia se encontraban entre las peor financiadas de la América Latina, pues recibían…
p. 289
[24]Estado en aquellas partes del país donde el control de la Nación se había perdido durante los últimos veinti- cinco años. Antes de la reforma del Ejército Nacional, iniciada a comienzos de la década de 1990, las Fuerzas Armadas de Colombia se encontraban entre las peor financiadas de la América Latina, pues recibían…
p. 289
23¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 2491 cita
[25]contra el terrorismo". Tanto sus alocuciones como los documentos gubernamentales y oficiales sobre el conflicto político o armado en Colombia se hablaba exclusivamente de la "amenaza narcoterrorista". Este discurso se profundizó con los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, que alinearon más…
p. 249
24La guerra escondida. Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica, Fundación Prolongar · 2017 · p. 641 cita
[26]no tenían. La creación de los batallones de alta mon- taña fue clave en el desarrollo de esta fase. Otro componente importante en el despliegue de la Políti- ca de Seguridad Democrática fue el desarrollo de “operaciones ofensivas”, en donde se realizó el Plan Patriota. Su objetivo fue recuperar el control de la…
p. 64
25Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in ColombiaWilliam Avilés · 2006 · p. 1481 cita
[27]the end of 1989, the “guerra inte- gral” of the Gaviria administration in November 1992, and the 1995 declara- tion of “public disorder” during the Samper administration are all similar examples of civilian authorities granting (or attempting to grant) greater pow- ers to the armed forces to defeat the insurgency. The…
p. 148
26Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 1861 cita
[28]y sociales; iniciativas legislativas sobre reformas asociadas a los procesos de paz o a sus instrumentos; el desarrollo de programas de inversión social en zonas de conflicto; el reconocimiento de la grave problemática humanitaria y la urgente aplicación del DIH y el recurso a formas de facilitación e intermediación…
p. 186
27Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 691 cita
[29]la lucha guerrillera como Apiay, en el departamento de Meta, o Tolemaida, en el departamento de Cundinamarca; la base de Putumayo, donde se alojan los batallones de la Brigada XXVII; y la conformación de la Brigada Antinarcóticos del Ejército en el Fuerte Militar de Larandia, en el departamento de Caquetá. Dicho de…
p. 69
28Violent Democratization: Social Movements, Elites, and Politics in Colombia's Rural War Zones, 1984-2008Leah Anne Carroll · 2011 · p. 1831 cita
[30]paramilitary groups responsible for persecuting the Democratic Front and the Patriotic Union in Caquetá. 29 Tensions were increased by the contin- ued rapid expansion of kidnappings and the FARC’s manpower, from an estimated 16,000 in 1998 to a high point of almost 17,500 in 2000. 30 One of these kidnappings occurred…
p. 183
29At the Margins of the Global Market: Making Commodities, Workers, and Crisis in Rural ColombiaPhillip A. Hough · 2022 · p. 2921 cita
[31]And as Pastrana ’ s plan cycled through the US policy establishment in 1998 and 1999, the majority of representatives in US Congress, the heads of US foreign policy think tanks, and military leaders all converged on their views that Colombia ’ s social and political crisis at the time was an illegal narcotics problem…
p. 292
30Plan Colombia: U.S. Ally Atrocities and Community ActivismJohn Lindsay-Poland · 2018 · p. 261 cita
[32]leaders. Colombia is “one of the great stories of Latin Amer i ca,” said John Kerry in his 2013 confirmation hearing as secretary of state, or “a model for hope,” according to former Central Intelligence Agency (cia) director David Petraeus. 8 U.S. officials also lavished praise on Colombia’s ex- president Álvaro…
p. 26
31Colombia: Background and U.S. RelationsJune S. Beittel · 2018 · p. 481 cita
[33]request for a unified campaign to fight drug trafficking and terrorist organizations as Members of Congress came to realize how deeply intertwined the activities of Colombia’s terrorist groups were with the illicit drug trade that funded them. 91 However, Congress prohibited U.S. 89 Ibid. 90 Cynthia J. Arnson, “Th e…
p. 48
32El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 2992 citas
[34]terrorismo”. Al fin se oficializaba lo practicado desde la “Iniciativa Andina” del presidente 299 Capítulo XV George Bush, padre. El Congreso también aprobó el aumento de hasta 800 miembros de sus Fuerzas Especiales en Colombia, y eliminó el límite que existía sobre la cantidad de mercenarios contratados por las…
p. 299
[35]terrorismo”. Al fin se oficializaba lo practicado desde la “Iniciativa Andina” del presidente 299 Capítulo XV George Bush, padre. El Congreso también aprobó el aumento de hasta 800 miembros de sus Fuerzas Especiales en Colombia, y eliminó el límite que existía sobre la cantidad de mercenarios contratados por las…
p. 299
33Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 281 cita
[36]de toque de la política estadounidense en el país. En efecto, Washington ha considerado el Plan Colombia el programa clave en su estrategia antinarcóticos para la región andina. En éste se combinan las medidas antinarcóticos precedentes —fumigación de cultivos ilícitos, control de precursores químicos, destrucción de…
p. 28
34No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 4001 cita
[37]ellas a través de mecanismos ilegales o aparentemente legales. La Comisión de la Verdad ha documentado que las AUC se caracterizaron por un despojo sofisticado al contar con la complicidad de servidores públicos para registrar en notarías las miles de hectáreas usurpadas e impulsar la creación de empresas y la llegada…
p. 400
35¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 1071 cita
[38]de 1997), 9A. 160 INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica En 1995 se fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU –, y en 1997 se dieron cita en un lugar de la región los jefes de nueve organizaciones paramilitares de distintos puntos de la geografía nacional para conformar las…
p. 107
36Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 2771 cita
[39]ó entre 1996 y 1998, y llev ó a que en la elecci ó n de este a ñ o el can didato conservador Andr é s Pastrana fuera elegido contra el liberal 2 74 HISTORIA M Í NIMA DE COLOMBIA Horacio Serpa, en buena parte porque las farc respondieron bien a sus gestos en favor de una negociaci ó n. É sta recomenz ó en enero de 1999…
p. 277
37Colombia: las razones de la guerraJorge Orlando Melo González · 2021 · p. 1831 cita
[40]fuertes de influencia eran Urabá, el Sinú, Cesar, los Llanos Orientales, el Catatumbo y el Magdalena Medio. Desde el arranque de las gestiones de negociación (1997) que dieron lugar a los diálogos de paz en El Caguán (1998-2001), la postura general de las autodefensas, encabezadas por los hermanos Castaño, fue de…
p. 183
38De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe No. 1Centro Nacional de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga Sarmiento, Anascas Del Río Moncada, Mauricio Barón Villa, Andrea García Hernández, José Alirio Duque Orrego, Edith Garzón Quintero · 2017 · p. 2561 cita
[41]acciones bé- licas y estrategias de financiación desde 2002 hasta 2005 en Venadillo y Santa Isabel, pero no logró establecer un control como tal de territorio, como si lo hizo en los municipios an- teriores. A su vez, en Murillo y Armero tuvo una presencia esporádica, sin control territorial. 257 CAPÍTULO 3. OCUPACIÓN…
p. 256
39Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo II. Bloque Central Bolívar: violencia pública y resistencias no violentasAlberto Santos Peñuela (coordinador del informe y correlator), Luis Miguel Buitrago Roa, Juan Guillermo Jaramillo Acuña, Nicolás Otero González, Rodrigo Torrejano Jiménez · 2021 · p. 2041 cita
[42]nadie. Y ya, después de tiempo de estar ahí, entonces, pusieron que sábado y domingo era hasta las 12:00, 12:30. Ya, de ahí, todo quedaba en silencio. (CNMH, MNJCV, 2014i) Instaurar y mantener el poder sobre el territorio era el fin último de estas estrategias de control, sin embargo, uno de sus objetivos consistía en…
p. 204
40La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica, Lukas Rodríguez Lizcano · 2022 · p. 4121 cita
[43]le hacían los grupos y los comandantes a la gente o reglas que les imponían. Eda: (…) A los jóvenes, que no tenían que ponerse aretico, que no tenían que cortarse el cabello… A las mujeres, que no podían andar con mochito, que no tenían que usar minifalda. ¿Ya? Eso también eran reglas de ellos. ¿Ya? No, porque yo…
p. 412
41La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armadoCentro Nacional de Memoria Histórica, Rocío Martínez Montoya · 2017 · p. 981 cita
[44]en esos lugares adquieren una importante capacidad de intervención y orientación de las organizaciones comunitarias y de los espacios en los que se realiza la gestión pública local ” (García C. I.; Guzmán Á.; Aramburo C.; Rodríguez A. y Domínguez J., 2014, página 33). La condición de dominio que ejerce un solo actor…
p. 98
42La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 1851 cita
[45]días sube y me dice: “Vea, doctor. Ya me pagaron. Es que ustedes las entidades dan mucha vuelta pa’ las cosas. Uno pierde tiempo y plata. (CNMH, CV, 2021, 22 de febrero) Es en virtud de acciones como las señaladas que se podría afirmar que el Estado colombiano al menos en el nivel local fue suplantado por el Bloque…
p. 185
43Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. PacíficoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1521 cita
[46]1985-2005, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Proyecciones de población municipal por área 2005-2020, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 602 Entrevista 208-PR-02012. Testigo, mujer, religiosa. 153 fiflćffć́Th́ El repliegue de la insurgencia, los herederos del paramilitarismo y la…
p. 152
44El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 3791 cita
[47]territorial se defina, primordialmente, por los intereses de actores ilegales, que han logrado esta- blecer acuerdos con actores que se sitúan políticamente en la legalidad y eco- nómicamente entre la formalidad y la informalidad, como pasaremos a ver. El análisis del proceso de reconfiguración del conflicto armado,…
p. 379
45Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Liz Yasmit Arévalo Naranjo, Andrés Prieto Ruiz · 2017 · p. 4261 cita
[48]en medio de las disputas entre las bandas, la desapa- rición continuó teniendo la misma función ya verificada en su uti- lización en los diferentes periodos identificados: buscaba sembrar el terror y enviar mensajes aleccionadores a la población. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 1 2 3 4 5 6 2 6 1 3 2 1 0 1…
p. 426
46Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 5741 cita
[49]avance territorial del grupo armado, los homicidios, las masacres, el desplazamiento forzado, las amenazas selectivas a través de panfletos y las desapariciones forzadas fueron las modalidades más recurrentes utilizadas por las distintas facciones de las AGC 1816. En 2012, con el control sobre los puertos del…
p. 574
47Caquetá: conflicto y memoriaHarley Enrique Gutiérrez Ñustez, Rubén Darío Polo Sierra, Cristian E Paredes González · 2013 · p. 91 cita
[50]evitar los efectos inflacio - narios de la bonanza ilegal. Así mismo, ante las dificultades del sistema de justicia para reprimir el delito y mediar en la solución de todo tipo de con- flictos, la guerrilla se abroga sus funciones, condu - ciendo a que la población demande su presencia. Los procesos de paz con la…
p. 9
48Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC. Región Caribe, Departamento de Antioquia, Departamento de ChocóÁlvaro Villarraga Sarmiento, Alberto Santos Peñuela, Priscila Zúñiga Jiménez, Margarita Jaimes Velásquez, Lukas Rodríguez Lizcano, Gisela Andrea Aguirre García, Camilo Villamizar Hernández · 2014 · p. 351 cita
[51]circunstancias fueron narradas durante las visitas de la CNRR en varias zonas, de las cuales se destaca lo referido en tales términos en el Alto Sinú y San Jorge, sur de Córdoba. La práctica de patrullajes y retenes en Córdoba es frecuente en zonas rurales de Puerto Libertador 21, Montelíbano 22 y Tierralta 23 y en…
p. 35
49La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 2441 cita
[52]notaría de El Carmen de Bolívar. No obstante, los campesinos indica- ron que no sabían que firmaron un poder. Asimismo, expresaron que no sabían que ese era un documento de venta, en el que se afirmaba que iban recibir 20 millones de pesos, pero terminaron recibiendo en- tre $4'500.000 y $5'000.000".59 58. "Así timan…
p. 244
50Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 5262 citas
[53]- praron predios de forma irregular (Eltiempo.com, 2010 noviem - bre 21, “La toma ‘para’ al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER”). Un Grupo Élite de la Superintendencia de Notariado y Registro se tomó la Oficina de Registro de Instru - mentos Públicos de Carmen de Bolívar, una vez destituida su di -…
p. 526
[54]- praron predios de forma irregular (Eltiempo.com, 2010 noviem - bre 21, “La toma ‘para’ al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER”). Un Grupo Élite de la Superintendencia de Notariado y Registro se tomó la Oficina de Registro de Instru - mentos Públicos de Carmen de Bolívar, una vez destituida su di -…
p. 526
51Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 931 cita
[55]incontrovertible de la llamada parapolítica o alianza de los líde- res paramilitares de las AUC con dirigentes políticos regionales y funcionarios, ganaderos y terratenientes de Córdoba, Sucre, Bolí- var y Magdalena. La alianza entre políticos y paramilitares permitió blindar el ac- tuar criminal de las AUC cuyo…
p. 93
52La tierra no basta. Colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el CaquetáCentro Nacional de Memoria Histórica, Erika Andrea Ramírez Jiménez · 2017 · p. 2141 cita
[56]abandonado 0 50 100 150 200 250 300 350 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 215 4 Conflicto armado, abandono y despojo litar que existe sobre el territorio. Sin embargo, las fluctuaciones más fuertes en las compraventas se deben a los “ires y venires” de la economía ilegal de la coca. Circuito Notarial…
p. 214
53Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Frontera nororientalComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1511 cita
[57]que vienen a comprar esas inmensidades de tierra no viven en la zona. Son empresas que viven en Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá. Son empresarios grandes que no les interesa que el Catatumbo viva, o sea, yo cuando hablo de que el Catatumbo viva me refiero a otras cosas, por ejemplo, que el Catatumbo tenga agua,…
p. 151
54La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 381 cita
[58]for- zado (expulsión) y de la presencia de organizaciones campesinas, indígenas y de mujeres. El trabajo de campo en el sur de Córdoba se vio limitado por la presencia activa de grupos armados, particu- larmente las bandas emergentes de Los Rastrojos y otros. 25 Ibídem: 253. 26 Programa Presidencial de Derechos…
p. 38
55La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Esbozo de una memoria institucionalAbsalón Machado Cartagena · 2013 · p. 1331 cita
[59]aproximación al entendimiento de los problemas que han afectado la vida y el devenir de una región, que constituyó un hito en las luchas campesinas por la tierra en los años sesenta y setenta del siglo pasado. El diseño de la investigación permitió que las víctimas expresaran sin temores y en medio de la guerra sus…
p. 133
56Colombia, así en la guerra como en la pazJorge Giraldo Ramírez · 2018 · p. 301 cita
[60]Extremadura que no podía ser objeto de acciones militares del Estado y el resto del país como terreno de guerra. Todo ello sin haberse iniciado los diálogos ni definido la agenda de los mismos. El decir del sociólogo franco-colombiano Daniel Pécaut fue que el Gobierno «de entrada quemó todas sus naves». Cuando, el 6…
p. 30
57Historia concisa de Colombia 1810-2017Michael J. LaRosa, Germán Mejía · 2017 · p. 3311 cita
[61]sobre todo militar, de miles de millones de dólares, que se conoció como el Plan Colombia, del año 2000. Los diálogos de paz del gobierno de Pastrana se llevaron a cabo en San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, uno de los municipios que hizo parte de la infame zona de despeje que el Gobierno les…
p. 331
58Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 3161 cita
[62]polídco a las fa r c y reacdvar las órdenes de captura contra sus diri gentes. El Gobierno dictó el día de la ruptura de las negociaciones cuatro resoluciones: la Resolución 31, “por la cual se deja sin efecto el reconocimiento de los miembros representantes de las fa r c y se deja sin efecto el reconocimiento de…
p. 316
59Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1551 cita
[63]saldo la muerte de 30 militares y 26 guerrilleros 612. El acuerdo para el cese al fuego de San Francisco de la Sombra, firmado el 5 de octubre de 2001, intentó superar las tensiones generadas tras el secuestro y asesi- nato de Consuelo Araujo, sucedido el 29 de septiembre en la región Caribe 613. El 7 de octubre, al…
p. 155
60The Face of Peace: Government Pedagogy amid Disinformation in ColombiaGwen Burnyeat · 2022 · p. 641 cita
[65]Havana, accompanied by representatives from the Norwegian and Cuban governments, to discuss an agenda for formal negotiations. The FARC wanted to resume the twelve- point agenda from Caguán. The government wanted a more limited agenda, and Santos (2019, 320) insisted on various “red lines”: the political and economic…
p. 64
61Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013Mario Aguilera Peña · 2013 · p. 3551 cita
[66]de sustitución y recuperación am- biental de las áreas afectadas por los cultivos ilícitos. b.- Programas de prevención del consumo y salud pública. c.- Solución del fenómeno de producción del consumo y la sa- lud pública. 5. Víctimas. Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional-farc-ep. En…
p. 355
62Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 1401 cita
[67]de falsos positivos». presentación 141 Posacuerdo: transición y riesgos de una paz inestable (2017—2022) 142 fiflćflff fl. fifl E l 2 de octubre del 2016, tras una semana de haberse firmado el Acuerdo de Paz con las FARC-EP en Cartagena, el plebiscito en el que se le preguntó a la ciudadanía «¿apoya usted el Acuerdo…
p. 140
63Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1681 cita
[68]sus- titución de cultivos, pactada en el Acuerdo, la resiembra llega solamente al 0.8%» 455 y, en los casos de erradicación forzada, la resiembra se incrementa al 50%, según cifras de Indepaz. Respecto a las víctimas del conflicto, la violencia en contra de líderes y lideresas que trabajaron en el propósito de la paz…
p. 168
64Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Nariño y sur de CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1791 cita
[69]o «los Pacha». Desde el 2010, estas bandas aparecen, se extinguen, se reeditan y mantienen una clara intención de control político y militar de las poblaciones y sus territorios, con una economía centrada en el narcotráfico. Por otro lado, la dejación de armas de las FARC-EP en el 2016 permitió reducir los niveles de…
p. 179
65¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia?Francisco Gutiérrez Sanín · 2020 · p. 1821 cita
[70]sí quieren hacer política. Política y guerra, como siempre, íntimamente unidas, a través de métodos como establecer diversas formas de control territorial, regular el sistema político a través de amenaza y provisión de seguridad y promover causas territoriales. Todo esto, de manera no infrecuente en íntima…
p. 182
66Participating in Peace: Violence, Development and Dialogue in ColombiaJefferson Jaramillo-Marín, Luz Mery López-Lizarazo, Adriel Ruiz-Galvan, Matthew Louis Bishop, Juan Mario Díaz-Arévalo, Juan Miguel Kanai, Melanie Lombard, Simon Rushton, Anastasia Shesterinina, Henry Staples, Helen Louise Turton · 2023 · p. 371 cita
[71]‘progress’ was expected to reach deep into forgotten places. In the president’s early speeches, he used the rhetorical idea of ‘locomotive’ sectors, which tellingly points to a system of infrastructure- enabled geographical expansion of the Colombian economy predicated on strategic activities linked to transnational…
p. 37
67Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1921 cita
[72]ambiente de clarísima incertidumbre, de clarísima desconfianza, pero también hasta de tensa calma […] que ha traído con- sigo lamentables hechos: […] el desarrollo de combates en inmediaciones de centros poblados y lo más cruel, con la población civil en el medio. […] La ocupación de bienes de supervivencia…
p. 192
68Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo ILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · 2022 · p. 4261 cita
[73]desatando en Riosucio traían unas seis, siete congas para ellos. Entr.: ¿Para los muchachos o muchachas? Edo.: Para los muchachos que peleaban, para los peleoneros, los mucha- chos o muchachas que les gustaban dañar fiestas decía uno lo amarraban y les ponían ese poco de congas que los picara y eso pica duro, una…
p. 426
69Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 1331 cita
[74]y las imposiciones de los actores armados fracturaron prácticas y saberes culturales en pueblos étnicos, pero también en individualidades y colectividades no étnicas. Guerrillas, paramilitares y miembros de la fuerza pública us aron saberes culturales para ocupar territorios, se apropiaron de cantos, músicas,…
p. 133
70Doble discurso, múltiples crímenes. Análisis temático de las ACMM y las ACPBCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández (coordinador) · 2021 · p. 1932 citas
[75]Entonces, mandó al sobrino, lo mandó a que lo buscara. Y también le echaron mano, también lo amarraron. Y ya pasaron dos días y ellos por ningún lado. Entonces, ya mi papá se asus- tó mucho y ya también se fue a buscarlos y también lo agarraron. Pero la suerte que a mi papá no lo amarraron. A él no lo amarraron, a él…
p. 193
[76]Entonces, mandó al sobrino, lo mandó a que lo buscara. Y también le echaron mano, también lo amarraron. Y ya pasaron dos días y ellos por ningún lado. Entonces, ya mi papá se asus- tó mucho y ya también se fue a buscarlos y también lo agarraron. Pero la suerte que a mi papá no lo amarraron. A él no lo amarraron, a él…
p. 193
71La Verdad de las Mujeres. Víctimas del conflicto armado en Colombia. Tomo IRuta Pacífica de las Mujeres · 2013 · p. 691 cita
[77]esa época en Barranca fue mucha la niña que murió por el sólo hecho de que hablara con un soldado y un miliciano la estaba viendo, ahí mismo asesinaba a la niña. Barrancabermeja, Santander, 161. Son relatos reveladores de cómo el cuerpo de las mujeres se convierte en territorio de disputa entre los actores armados. Es…
p. 69
72Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 671 cita
[78]bélicas, atentados y ataques a población, tuvo un auge entre los años 2001, 2006 y 2012 59. La presión sobre las economías legales por parte de las guerrillas, con diferentes violaciones a los derechos humanos, motivó el ingreso de nuevas estructuras paramilitares. En un principio, bajo la modalidad de las llamadas…
p. 67
73Sus armas no lograrán extinguir nuestra palabra. Informe de riesgos de extinción en 6 Pueblos Indígenas de ColombiaObservatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia (Observatorio ADPI); José Aristizabal G.; Lina María González Correa · 2014 · p. 231 cita
[79]más que todo los límites. La tierra es lo palpable, lo que se puede ver, coger, sembrar, donde hacemos casa, echamos semilla, eso es la tierra. El territorio es un todo, el conjunto de tierra que incluye bosque, río, quebrada, personas, todo” (Actualización Plan de Salvaguarda étnica del pueblo Awá: 60). En ese orden…
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74Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y Memoria en el Cauca indígenaDaniel Ricardo Peñaranda Supelano (coordinador), Graciela Bolaños, Víctor Daniel Bonilla, Jorge Caballero Fula, Myriam Amparo Espinoza, Vianney Judith García, Jorge Hernández Lara, Pablo Tattay, Libia Tattay Bolaños · 2012 · p. 391 cita
[80]la comunidad tenía que desplazarse temporalmente a los sitios de asamblea permanente, con el control de la guardia. Ésta ayudaba también, a la movilización de los equipos de salud para atender a los heri- dos de la comunidad. La Guardia Indígena comenzó a consolidarse en la Zona Nor- te y rápidamente fue extendiéndose…
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