Juan Manuel Santos

La casa Santos: linaje, periódico y poder

La historia familiar de Santos se enlaza con El Tiempo, pero exige distinguir fundador, propietarios y directores. Alfonso Villegas Restrepo fundó el diario el 30 de enero de 1911; Eduardo Santos Montejo lo compró en 1913 y, décadas después, fue presidente de la República entre 1938 y 1942. Enrique Santos Montejo, hermano de Eduardo y conocido como Calibán, fue una de sus principales plumas. Ninguno de ellos era el padre de Juan Manuel: ese lugar correspondió a Enrique Santos Castillo, hijo de Calibán y directivo del periódico. La familia convirtió el diario en una institución periodística y empresarial de enorme influencia, pero esa genealogía no debe condensarse en una sola persona ni en la falsa idea de que los Santos lo fundaron.

La circulación entre prensa y política tampoco fue exclusiva de los Santos. Carlos Lleras Restrepo codirigió El Tiempo en 1941 antes de llegar a la Presidencia. Juan Manuel nació dentro de esa red, hijo de Enrique Santos Castillo y Clemencia Calderón Nieto; su hermano Enrique Santos Calderón llegaría a codirigir el diario y a encabezar su línea editorial. El dato ayuda a ubicar capital social, acceso y formación pública, pero no convierte cada decisión posterior de Santos en una consecuencia automática del periódico.

Santos trabajó como periodista y editor de El Tiempo durante la década de 1980 y hasta 1991; perfiles institucionales lo registran como subdirector entre 1982 y 1991. Antes había representado a Colombia ante la Organización Internacional del Café y cursó estudios de economía y desarrollo en el exterior, entre ellos en la London School of Economics. La combinación de redacción, administración y formación económica ayuda a entender su lenguaje técnico y negociador, aunque no basta para inferir un estilo único y constante a lo largo de toda su carrera.

De la Contraloría a la cartera de Defensa

Antes de la Presidencia, Santos ocupó carteras en gobiernos distintos: fue el primer ministro de Comercio Exterior entre 1991 y 1994, ministro de Hacienda y Crédito Público entre 2000 y 2002 y ministro de Defensa desde julio de 2006 hasta mayo de 2009. También participó en la creación del Partido de la U. Defensa fue decisiva para su proyección electoral, pero no resume por sí sola una trayectoria que combinó comercio, política fiscal, periodismo y organización partidista.

Durante su Ministerio de Defensa se ejecutaron dos operaciones de gran impacto. El 1 de marzo de 2008 un bombardeo colombiano mató al comandante de las FARC Raúl Reyes en Angostura, dentro de Ecuador. La Organización de los Estados Americanos consideró que la incursión sin autorización violó la soberanía y la integridad territorial ecuatorianas. El 2 de julio, la Operación Jaque rescató a quince secuestrados —once integrantes de la fuerza pública, tres contratistas estadounidenses e Íngrid Betancourt— sin que se disparara un tiro. Santos defendió públicamente ambas operaciones y asumió su responsabilidad política como ministro; las fuentes consultadas no justifican afirmar que personalmente ordenó o supervisó cada fase táctica.

El balance de esa gestión incluye un hecho mucho más grave que una simple «coincidencia»: la JEP estableció provisionalmente al menos 6.402 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate entre 2002 y 2008, con el mayor volumen dentro del período en que Santos fue ministro. La Comisión de la Verdad documentó presiones por resultados, incentivos, encubrimientos y denuncias desatendidas. Santos reconoció en 2021 que al comienzo no creyó los reportes, admitió que reaccionó tarde y pidió perdón a las víctimas; también sostuvo que después adoptó directivas, comisiones y retiros de mandos. Esas medidas deben registrarse junto con la tardanza, la escala del crimen y el debate aún abierto sobre responsabilidades de mando. El caso de Iván Ríos no prueba ese patrón, y Alfonso Cano murió en 2011, cuando Santos ya era presidente, por lo que ambos episodios se retiran de este párrafo.

Santos tituló Halcón antes que paloma el capítulo de sus memorias dedicado a esa etapa. La fórmula es su propia interpretación retrospectiva: presenta la presión militar como condición para negociar después. Puede ser útil para entender cómo construyó su relato político, pero no sustituye el examen independiente de las operaciones, las violaciones cometidas durante la ofensiva ni las múltiples condiciones que llevaron a las FARC a la mesa.

La ruptura con Uribe y la elección de 2010

En 2010, Santos se presentó a la Presidencia como candidato del Partido Social de Unidad Nacional, la U, la colectividad creada para aglutinar a disidentes de los partidos tradicionales —principalmente liberales— dispuestos a respaldar el proyecto uribista. Aparecía, entonces, como el heredero natural de la Seguridad Democrática, el hombre que continuaría el legado militar del gobierno saliente.

En la primera vuelta del 30 de mayo de 2010 obtuvo 6.802.043 votos, equivalentes al 46,7%, frente a 3.134.222 de Antanas Mockus. Como ningún candidato alcanzó la mayoría requerida, hubo segunda vuelta el 20 de junio: Santos recibió 9.028.943 votos y ganó con amplitud. Asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2010. Las cifras confirman el resultado, pero no prueban que una campaña hubiera «asustado al establecimiento», una lectura que requeriría evidencia distinta del escrutinio.

Al comenzar el mandato, Santos recompuso las relaciones con Venezuela y Ecuador y adoptó políticas que marcaron distancia frente a Álvaro Uribe. Su gobierno empleó expresamente la categoría jurídica de conflicto armado interno, entre otros lugares en la Ley 1448 de 2011, mientras Uribe había privilegiado el lenguaje de amenaza terrorista. Reconocer esa categoría permitió delimitar víctimas y aplicar normas del derecho humanitario; no implicaba por sí solo aceptar una explicación única sobre causas estructurales ni obligaba jurídicamente a una negociación. La ruptura entre ambos dirigentes se consolidó con varias decisiones de política exterior, víctimas y paz y terminó reordenando el campo partidista colombiano.

La Ley de Víctimas: un cambio de paradigma

La Ley 1448 fue sancionada el 10 de junio de 2011. Para sus medidas, definió en general como víctimas a quienes hubieran sufrido daños por infracciones y violaciones ocurridas desde el 1.º de enero de 1985 con ocasión del conflicto armado; para la restitución de tierras fijó el 1.º de enero de 1991 como fecha inicial del despojo o abandono forzado. La relación de cada hecho con el conflicto es determinante: la norma no incluyó de manera automática toda violencia atribuida a «bandas criminales». Además de indemnizaciones, reguló atención, asistencia, reparación y restitución y creó una institucionalidad específica, entre ella la Unidad de Restitución de Tierras.

La norma sí desplazó el centro de la política pública hacia los derechos de las víctimas y convirtió la restitución en una obligación estatal de gran escala. Ese cambio coexistió con límites de diseño, seguridad, prueba e implementación que han producido resultados desiguales. La investigación sobre despojo muestra que guerrillas, paramilitares, agentes estatales y redes económicas intervinieron de maneras distintas según el territorio; por eso no es sostenible reducir la reforma a una cifra aislada de hectáreas ni afirmar, sin mayor soporte, que tocó un bloque homogéneo de intereses acumulados durante exactamente veinte años.

La paz no agotó la agenda gubernamental. La reforma tributaria de 2012 modificó el impuesto sobre la renta, creó el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) y reorganizó el impuesto nacional al consumo, entre otros cambios. Presentarla solo como una nivelación del IVA de los vehículos ocultaba el alcance real de la Ley 1607 y tampoco demostraba, por sí misma, un supuesto «giro social» coherente. Fue una reforma fiscal amplia y discutida, distinta de la política de víctimas.

La Ley de Víctimas precedió al anuncio público de la negociación y fue compatible con varios asuntos que después entrarían en la agenda, especialmente víctimas y reforma rural. Sin embargo, no toda decisión de 2010 o 2011 puede interpretarse como una pieza secreta del proceso. Las conversaciones exploratorias formales comenzaron en 2012; establecer una intención anterior para cada medida exigiría evidencia directa que este artículo no tiene.

La Habana: arquitectura de una negociación

Delegados del Gobierno y de las FARC desarrollaron un encuentro exploratorio en La Habana entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012. El último día firmaron el Acuerdo General que fijó propósito, agenda y reglas. Santos lo anunció públicamente el 4 de septiembre; la fase pública se instaló en Oslo el 18 de octubre y continuó en La Habana. El diseño aprendió de negociaciones anteriores, incluido el Caguán, pero también respondió a decisiones compartidas con la guerrilla y a la mediación y acompañamiento internacional.

El Acuerdo General estableció conversaciones directas e ininterrumpidas sobre una agenda delimitada y la regla de que nada estaría acordado hasta que todo estuviera acordado. El Gobierno mantuvo la negociación sin un cese bilateral inicial, mientras la confrontación continuaba, y defendió esa decisión como protección frente a una mesa indefinida. Conviene distinguir ambas cosas: la regla de integralidad sí quedó escrita en el acuerdo fundacional; la secuencia del cese al fuego fue una postura y una evolución de la negociación, no uno de tres principios textuales formulados exactamente como los presentaba el artículo.

La agenda tuvo seis puntos: política de desarrollo agrario integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; víctimas; e implementación, verificación y refrendación. Cuba y Noruega fueron garantes, y Venezuela y Chile acompañantes. La precisión importa porque el sexto punto no era solo la refrendación popular: incluía los mecanismos para poner en marcha y verificar lo acordado.

El equipo gubernamental fue encabezado por Humberto de la Calle e incluyó, en distintos momentos, a Sergio Jaramillo, Frank Pearl, Luis Carlos Villegas, el general retirado Óscar Naranjo y el general retirado Jorge Enrique Mora, entre otros. Sus trayectorias aportaban experiencia política, empresarial, policial y militar. La presencia de oficiales retirados ofrecía conocimiento y interlocución con la fuerza pública; afirmar que garantizaba el respaldo de todas las Fuerzas Armadas o impedía cualquier decisión «a sus espaldas» excede lo que esa composición demuestra.

La delegación de las FARC estuvo encabezada por dirigentes como Iván Márquez y reunió miembros del Secretariado, del Estado Mayor y asesores con experiencias políticas y militares diversas; Jesús Santrich y Andrés París estuvieron entre sus negociadores visibles. No es preciso contraponerlos a supuestos «operadores de terreno»: varios habían ejercido responsabilidades de mando y la delegación cambió durante el proceso. Lo comprobable es que debía negociar textos y mantener comunicación con una organización armada dispersa.

La experiencia de Santos en Defensa redujo el costo político de abrir la mesa y le permitió presentar la negociación como continuación de una estrategia estatal, no como capitulación. Fue una condición relevante, no una explicación suficiente. También pesaron el debilitamiento militar y territorial de las FARC, los aprendizajes de procesos anteriores, los cambios regionales, la disposición de la guerrilla, la mediación de Cuba y Noruega y la decisión presidencial de asumir el riesgo. La afirmación de que «ninguna paloma» habría podido negociar es una contrafactual imposible de probar.

La reelección: paz contra guerra

En 2014 el proceso de paz fue un tema central, pero no el único, de la campaña. Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, ganó la primera vuelta con 3.769.005 votos, el 29,28%, frente a 3.310.794 y 25,72% de Santos. El resultado obligó a ambos a construir alianzas para la segunda vuelta y mostró un electorado dividido entre cinco candidaturas; no permite concluir por sí solo que el país hubiera decidido cerrar la mesa de La Habana.

Santos ganó la segunda vuelta del 15 de junio con 7.839.342 votos, el 50,99%, frente a 6.917.001 y 44,99% de Zuluaga. Las posiciones sobre La Habana organizaron buena parte del debate: el oficialismo defendió continuar y el uribismo exigió condiciones más duras y llegó a proponer suspender las conversaciones. Aun así, cada voto incorporó afinidades partidistas, alianzas regionales y evaluaciones de gobierno; describir toda la elección como una oposición literal entre paz y guerra reproduce el lenguaje de campaña, no un diagnóstico completo.

En agosto de 2014 Santos presentó paz, equidad y educación como ejes del segundo mandato. La estrecha competencia confirmó que no existía un consenso sólido alrededor del proceso, pero el voto por Zuluaga no puede contarse mecánicamente como voto contra toda negociación: los electores deciden por motivos múltiples y las candidaturas reunían coaliciones heterogéneas. La advertencia válida era política: el acuerdo necesitaría legitimidad y negociación más allá de la mayoría presidencial.

El plebiscito: el 2 de octubre

El primer Acuerdo Final se firmó en Cartagena el 26 de septiembre de 2016. Santos optó por someterlo a un plebiscito facultativo, aunque la Constitución no imponía ese mecanismo específico. La Corte Constitucional precisó que el resultado tendría carácter vinculante para el Presidente, pero no efecto normativo directo sobre los demás poderes ni sobre el propio texto del acuerdo. Por ello tampoco es exacto decir que una aprobación ordinaria del Congreso «habría bastado» para producir todas las consecuencias jurídicas: la implementación exigía actos constitucionales, legales y administrativos distintos.

La votación se celebró el 2 de octubre con la pregunta: ¿Apoya usted el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera? La Ley 1806 y la Sentencia C-379 establecieron que el Sí debía superar el 13% del censo electoral —4.536.992 votos— y obtener más votos que el No. No era, por tanto, un umbral que bastara alcanzar de manera aislada: se requerían simultáneamente participación aprobatoria y mayoría del Sí.

El No obtuvo 6.431.376 votos, el 50,21% de los válidos, y el Sí 6.377.482, el 49,78%: una diferencia de 53.894 votos, con participación cercana al 37,4%. Hubo fuertes contrastes territoriales, incluidos triunfos del No en Caldas, Quindío y Risaralda y del Sí en numerosos municipios muy afectados por la guerra. Esos mapas son relevantes, pero no permiten clasificar regiones enteras como ajenas a la presencia guerrillera ni deducir una causa única del voto. Las expectativas gubernamentales y buena parte de las encuestas favorecían al Sí; decir que todas las encuestadoras coincidieron es innecesariamente absoluto.

La campaña estuvo atravesada por mensajes engañosos y simplificaciones sobre justicia, género, pensiones, subsidios y beneficios para excombatientes. Un auto de un magistrado del Consejo de Estado, al admitir una demanda y estudiar medidas urgentes el 19 de diciembre de 2016, habló de «engaño generalizado»; no fue una sentencia definitiva de la Sala que anulara el resultado. Sobre la renta de reincorporación, el Acuerdo y el Decreto Ley 899 dispusieron el 90% del salario mínimo durante veinticuatro meses para quienes no tuvieran ingresos; una extensión posterior quedó sujeta a requisitos. Omitir ese límite temporal convertía una corrección válida de la desinformación en otra descripción incompleta.

La desinformación no explica por sí sola el resultado. Estudios posteriores han señalado desconfianza en las FARC, oposición a la justicia transicional y a la participación política, liderazgo de Uribe, movilización religiosa, evaluación del gobierno, baja participación y diferencias territoriales, además de intereses económicos y agrarios. Esos factores no formaron un bloque idéntico. Atribuir el voto del Eje Cafetero en conjunto a propietarios que defendían tierras o poder convierte una hipótesis en certeza y borra la diversidad de votantes.

Después de la derrota, el Gobierno abrió conversaciones con promotores del No y recibió más de quinientas propuestas, agrupadas en 57 temas. Durante 41 días volvió a negociar con las FARC. El Gobierno afirmó que el texto revisado incorporó cambios relacionados con 56 de esos 57 temas, una valoración que la oposición no compartió. El nuevo acuerdo aclaró o modificó asuntos de justicia transicional, bienes para reparación, participación y alcance institucional, pero no produjo consenso. Santos y Rodrigo Londoño lo firmaron en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre; el Senado lo refrendó el 29 y la Cámara el 30, con 75 y 130 votos favorables respectivamente y sin votos negativos porque buena parte de la oposición se retiró o abstuvo. No hubo un segundo plebiscito.

Oslo, diciembre de 2016

El Comité Nobel anunció el premio el 7 de octubre de 2016, cinco días después del plebiscito y antes del acuerdo revisado del 24 de noviembre. Santos recibió formalmente la distinción en Oslo el 10 de diciembre. La secuencia muestra que el galardón pretendió respaldar la continuidad del esfuerzo de paz en un momento de incertidumbre; no llegó «semanas después» como una compensación posterior a la renegociación.

En su conferencia Nobel, Santos afirmó: Hay una guerra menos en el mundo. La frase condensó su lectura del acuerdo y su llamado a sostenerlo después del plebiscito. La ceremonia incluyó a su familia y a representantes de víctimas. Más que una escena de victoria completa, fue una intervención política internacional durante una implementación apenas naciente y todavía discutida en Colombia.

La motivación del Nobel reconoció sus esfuerzos decididos por acercar a su fin una guerra civil de más de cincuenta años y rindió homenaje también al pueblo colombiano y a quienes contribuyeron al proceso. El premio elevó la proyección internacional de Santos y alimentó críticas domésticas sobre la distancia entre respaldo externo y voto nacional. No certificó que todo el conflicto armado colombiano estuviera cerrado ni que la implementación futura estuviera asegurada.

Después de la Casa de Nariño

Santos entregó la Presidencia el 7 de agosto de 2018 a Iván Duque, elegido por el Centro Democrático con el apoyo de Álvaro Uribe. Duque había propuesto modificar componentes del acuerdo y su gobierno desaceleró o disputó varios frentes de implementación. Sin embargo, el pacto, su incorporación constitucional y las instituciones creadas no quedaron simplemente a discreción del nuevo Ejecutivo: Congreso, cortes, JEP, organismos estatales, excombatientes, víctimas y la verificación internacional siguieron interviniendo.

Después de la Presidencia, Santos promovió el acuerdo y participó en iniciativas internacionales sobre paz, clima y gobernanza. Se unió a The Elders en enero de 2019 y fue nombrado presidente de la organización en noviembre de 2024. En Colombia su legado continúa en disputa. Gustavo Petro ha usado la distinción entre «paz pequeña» y «paz grande» para reclamar transformaciones más profundas; esa crítica debe atribuirse. El propio Acuerdo de 2016 sí incluyó reforma rural, participación política, drogas, víctimas y garantías territoriales, de modo que no es correcto afirmar que dejó intactas por diseño todas las causas estructurales. Otra cuestión, ampliamente documentada, es cuánto de esa agenda se ha implementado.

La huella: paradoja y perímetro

El lugar histórico de Santos no depende de resolver si fue halcón o paloma. La negociación fue posible por una convergencia: presión militar sobre las FARC, pérdida de comandantes y capacidad ofensiva, aprendizajes de fracasos anteriores, cambios regionales, decisión de la guerrilla de explorar una salida y una apuesta presidencial sostenida. Santos aportó experiencia ministerial, control de la coalición gubernamental y capacidad para mantener una mesa larga. No fue un mero instrumento de un «empate estructural», ni puede demostrarse que las FARC hubieran perdido todo horizonte político; ambas fórmulas reducen actores y decisiones a una sola ley histórica.

La derrota del plebiscito expuso los límites de esa apuesta: el Gobierno no construyó una mayoría suficiente para el texto inicial y subestimó la capacidad de una oposición diversa para movilizar dudas y rechazos. Hubo desinformación, polarización y defensa de intereses, pero no hay base para identificar a todos los opositores con terratenientes o redes de acumulación creadas por la guerra. El resultado reunió objeciones ideológicas, jurídicas, religiosas, territoriales, partidistas y personales. Reconocer esa heterogeneidad no legitima mensajes falsos; evita reemplazar el análisis por la descalificación colectiva.

Quedan la Ley de Víctimas y la restitución de tierras, con avances, retrasos y riesgos. Queda un acuerdo que permitió el desarme de las FARC-EP y su tránsito a partido político, pero no eliminó a los demás grupos armados ni toda la violencia. La ONU registró cerca de 14.000 exintegrantes acreditados originalmente y, en marzo de 2025, cerca de 12.000 vinculados a la ruta de reincorporación; esa escala corrige la cifra de «más de siete mil». La JEP produjo durante años verdad judicial y resoluciones de conclusiones y en septiembre de 2025 emitió sus primeras sentencias restaurativas en los casos 01 y 03. El legado, por tanto, no es una paz terminada, sino instituciones y compromisos cuyo cumplimiento sigue abierto.

En la trayectoria de la familia Santos, el arco periodístico y político no empieza con un Enrique fundador de El Tiempo: Alfonso Villegas Restrepo creó el diario en 1911, Eduardo Santos lo adquirió en 1913, Calibán consolidó una voz editorial y Enrique Santos Castillo y Enrique Santos Calderón dirigieron etapas posteriores. Juan Manuel añadió a esa historia una carrera económica, ministerial y presidencial culminada por el acuerdo con las FARC y el Nobel. Su contraste entre reconocimiento internacional y resistencia doméstica sigue siendo central, siempre que no se confunda la firma con el fin de toda guerra ni el linaje con una explicación suficiente de sus decisiones.