Juan Manuel Santos

La casa Santos: linaje, periódico y poder

La biografía de Juan Manuel Santos comienza mucho antes de 1951, en la trama familiar que hizo de El Tiempo uno de los aparatos de opinión más influyentes del siglo XX colombiano. Su tío abuelo, Eduardo Santos Montejo, fue presidente de la República entre 1938 y 1942 por el Partido Liberal, aunque su pasión declarada fue siempre el periodismo antes que la política electoral: llegó a la Casa de Nariño más por las circunstancias —entre ellas la muerte de su amigo Enrique Olaya Herrera— que por una carrera diseñada desde la ambición. Convirtió El Tiempo en el periódico más influyente del país, plataforma desde la cual defendió posiciones liberales sin renunciar a un aire republicano y bipartidista. Su hermano Enrique Santos Castillo, conocido por su seudónimo Calibán, fue jefe de redacción del diario y una de las plumas más leídas de su época.

Ese linaje —el que combina propiedad de un diario nacional con paso por la Presidencia— no fue exclusivo de los Santos. Carlos Lleras Restrepo también dirigió el periódico antes de gobernar, un patrón que revela cómo las élites colombianas del siglo XX transitaron con naturalidad entre el editorial y el Palacio. Juan Manuel Santos nació dentro de esa red, hijo de Enrique Santos Castillo y Clemencia Calderón Nieto, y su hermano Enrique Santos Calderón sería a su vez director de El Tiempo y una voz decisiva del periodismo político.

Santos hizo carrera dentro de la casa familiar. Trabajó como periodista y, después de estudios de posgrado en la Escuela de Economía de Londres, asumió el 10 de enero de 1983 el cargo de subdirector de El Tiempo encargado de la información económica y coordinador del Consejo Editorial. Esa doble formación —el periódico como plataforma, la economía como saber técnico— marcaría su estilo de gobierno: pragmático, atento a la opinión publicada, capaz de moverse entre gremios, redacciones y ministerios sin cambiar el registro.

De la Contraloría a la cartera de Defensa

Antes de la Presidencia, Santos ocupó tres ministerios en gobiernos de signo distinto, un currículum de servidor público transversal a los partidos tradicionales. Fue ministro de Comercio Exterior y ministro de Hacienda antes de asumir, en 2006, la cartera de Defensa bajo Álvaro Uribe. Ese último cargo, que ejerció hasta 2009, sería el pivote de toda su carrera.

En Defensa, Santos operó la fase más agresiva de la política de Seguridad Democrática. El 1 de marzo de 2008 supervisó el bombardeo del campamento del comandante de las FARC Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, en el sector de Angostura, operación que dio de baja al segundo del Secretariado y desató la crisis diplomática más grave de la región en décadas. La incursión —que sacó al Ejército colombiano de sus fronteras para golpear al enemigo donde se refugiaba— fijó un antes y un después en la guerra: mostró que el Estado había desarrollado inteligencia, tecnología y voluntad política para operar sin las restricciones territoriales que habían protegido a la guerrilla durante décadas. Ese mismo año, en julio, Santos supervisó la Operación Jaque, el rescate incruento de quince rehenes de alto perfil, entre ellos la excandidata presidencial Íngrid Betancourt y tres contratistas de defensa estadounidenses. La noticia dio la vuelta al mundo y consolidó a Santos como el rostro civil de una fuerza pública renovada.

Su gestión, sin embargo, coincidió con la revelación del escándalo más grave que ha enfrentado el Ejército colombiano en democracia: los llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes presentados como guerrilleros dados de baja en combate para inflar las estadísticas operacionales. El fenómeno, alimentado por incentivos internos y presiones por resultados, estalló públicamente durante los años en que Santos dirigía la cartera. A ello se sumaban episodios que exhibían las deformaciones éticas del esquema de recompensas —como el caso del guerrillero Iván Ríos, cuyo jefe de seguridad le cortó la mano derecha para cobrar la recompensa ofrecida por el Estado— y los cuestionamientos posteriores sobre operaciones como la que abatió a Alfonso Cano, muerto en circunstancias en que no estaba armado ni en posición de combate.

Santos tituló años después el capítulo de sus memorias sobre esa etapa Halcón antes que paloma. La fórmula no era casual: encapsulaba la lógica de toda su trayectoria posterior. Primero se ganó la credencial de guerrero; después la usó para negociar.

La ruptura con Uribe y la elección de 2010

En 2010, Santos se presentó a la Presidencia como candidato del Partido Social de Unidad Nacional, la U, la colectividad creada para aglutinar a disidentes de los partidos tradicionales —principalmente liberales— dispuestos a respaldar el proyecto uribista. Aparecía, entonces, como el heredero natural de la Seguridad Democrática, el hombre que continuaría el legado militar del gobierno saliente.

En la primera vuelta obtuvo 6.802.043 votos, un 46,7% que no alcanzó para la mayoría absoluta. Su rival más fuerte fue Antanas Mockus, del Partido Verde, con 3.134.222 sufragios y una campaña de matriz ciudadanista que llegó a asustar al establecimiento. Santos ganó la segunda vuelta el 20 de junio de 2010 con holgura y asumió la Presidencia el 7 de agosto.

Lo que siguió sorprendió a casi todos. En su discurso de posesión, Santos tendió la mano a Venezuela y Ecuador, restableció relaciones con Hugo Chávez y anunció una agenda social que rompía el molde uribista. Empezó a hablar del conflicto armado interno —expresión que Uribe había proscrito durante ocho años, prefiriendo la de amenaza terrorista— y a construir un lenguaje distinto sobre la guerra. La inflexión no era retórica: reconocer el conflicto significaba reconocer víctimas, causas estructurales y una salida política, no solo militar. Uribe entendió de inmediato el giro. Desde entonces, el expresidente se convirtió en el crítico más vocal del gobierno, atacando a su exministro por redes sociales y acusándolo de ceder ante los adversarios que él había combatido. La ruptura no fue solo personal: dividió al bloque de poder que había gobernado desde 2002 y creó dos campos que estructurarían la política colombiana por más de una década.

La Ley de Víctimas: un cambio de paradigma

El primer acto legislativo de peso del nuevo gobierno fue el proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, presentado a finales de 2010 y sancionado el 10 de junio de 2011 como Ley 1448, en una ceremonia a la que asistió el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. La norma reconoció formalmente a las víctimas del conflicto armado interno —causadas por guerrillas, paramilitares y bandas criminales— y ordenó al Estado repararlas, con pagos en efectivo entre otras medidas, y restituir las tierras despojadas desde 1991 a sus legítimos dueños. Para ello se creó la Unidad Administrativa de Gestión de la Restitución de Tierras Despojadas, adscrita al Ministerio de Agricultura.

La ley fue un giro copernicano. Durante décadas, la política pública frente al conflicto se había centrado en los actores armados: amnistías, desmovilizaciones, sometimiento a la justicia. La Ley 1448 desplazó el eje hacia las víctimas y los excluidos del orden político, reconociendo el desplazamiento masivo y el despojo territorial como fenómenos estructurales. Su ambición era considerable: en marzo de 2011, el superintendente de Notariado y Registro había informado que unas 150.000 hectáreas habrían sido apropiadas indebidamente por grupos paramilitares en complicidad con notarios y registradores. Devolverlas significaba tocar intereses económicos regionales enraizados durante veinte años de guerra.

El giro tributario acompañó al social. La Ley 1607 de 2012 niveló el IVA para todos los vehículos al 16% e introdujo un impuesto al consumo diferenciado según su valor FOB, una reforma técnica que revelaba el estilo Santos: cambios estructurales presentados como ajustes de gestión.

Reconocer el conflicto, restituir tierras, reparar víctimas: cada decisión abría un frente doméstico. Y cada frente doméstico, aunque Santos aún no lo dijera, era una pieza del proceso que ya estaba negociando en secreto.

La Habana: arquitectura de una negociación

Meses antes del anuncio público, emisarios del gobierno colombiano habían establecido contactos discretos con el Secretariado de las FARC. Santos había aprendido de los fracasos anteriores —sobre todo del Caguán, la zona de despeje que Andrés Pastrana concedió entre 1998 y 2002 y que se desmoronó sin acuerdo— y diseñó una arquitectura de negociación distinta.

Tres principios fundacionales gobernaron el proceso. Primero, la agenda debía cerrarse en secreto antes de cualquier anuncio: nada de mesas abiertas donde cada bando lanzara temas nuevos según la coyuntura. Segundo, el cese al fuego no se abordaría al inicio sino al final, porque experiencias previas mostraban que empezar por allí hundía las conversaciones antes de que hubiera algo que salvar. Tercero, se aplicaría la regla de que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado, principio que impedía consolidar concesiones parciales usadas después como palanca.

El 4 de septiembre de 2012, Santos anunció públicamente el inicio de los diálogos. La mesa se instaló formalmente en Oslo en octubre y luego se trasladó a La Habana. La agenda pactada contenía seis puntos: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y refrendación e implementación. Cuba y Noruega actuaron como países garantes.

El equipo del Gobierno reunió a un abanico calibrado del establecimiento. Lo encabezó Humberto de la Calle, exvicepresidente y curtido negociador; lo integraron Luis Carlos Villegas, presidente de la ANDI y voz del empresariado; Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Paz y arquitecto intelectual del proceso; Frank Pearl, excomisionado; el general en retiro Óscar Naranjo, exdirector de la Policía; y el general en retiro Jorge Enrique Mora, excomandante del Ejército. La presencia de los dos militares no era decorativa: garantizaba que las Fuerzas Armadas se sintieran representadas en la mesa y que ningún punto pudiera acordarse a sus espaldas.

Del otro lado, las FARC enviaron a sus ideólogos: Iván Márquez, del Secretariado; Jesús Santrich, del Estado Mayor Central; Andrés París, entre otros negociadores con experiencia en procesos anteriores. La composición reflejaba que la guerrilla también había aprendido: quienes iban a la mesa no eran los operadores militares de terreno sino los cuadros con capacidad de formular acuerdos y sostenerlos ante sus bases.

Que Santos hubiera sido el ministro que ordenó los golpes más duros contra las FARC fue, paradójicamente, el activo que hizo posible negociar. Ninguna paloma habría podido convencer a las Fuerzas Armadas ni al establecimiento económico de sentarse. El halcón sí.

La reelección: paz contra guerra

En 2014, la Presidencia se jugó en un referendo de facto sobre el proceso. El uribismo, agrupado en el nuevo partido Centro Democrático, postuló a Óscar Iván Zuluaga con el compromiso de suspender los diálogos. Zuluaga ganó la primera vuelta con el 29,3% frente al 25,7% de Santos. El país parecía dispuesto a cerrar La Habana.

La segunda vuelta, en junio, invirtió el resultado. Santos ganó con el 51% frente al 45% de Zuluaga, con aproximadamente un 4% de votos en blanco. El presidente había estructurado su campaña sobre una sola oposición: paz contra guerra, su gobierno contra el retorno al enfrentamiento militar. Zuluaga replicó con la dupla justicia contra impunidad, denunciando que las FARC recibirían un trato benévolo. El país eligió, por un margen ajustado, seguir en La Habana.

En su discurso de posesión de agosto de 2014, Santos declaró tres pilares para el segundo mandato: paz, igualdad y educación. La paz iba primero y ordenaba todo lo demás. Pero el margen electoral revelaba una advertencia que el gobierno subestimó: casi la mitad del electorado había votado contra el proceso, y esa mitad no iba a desaparecer.

El plebiscito: el 2 de octubre

Tras cuatro años de negociación, el acuerdo final se firmó en Cartagena de Indias en septiembre de 2016. La ceremonia, con jefes de Estado y el secretario general de la ONU como testigos, puso a Timochenko y a Santos en la misma tarima. El presidente había decidido someter el pacto a un plebiscito, no porque la Constitución lo exigiera —una refrendación por el Congreso habría bastado— sino porque quería un mandato popular explícito que blindara la implementación.

El plebiscito se convocó para el 2 de octubre de 2016. La pregunta era: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? La Ley 1806, que reguló el mecanismo, fijó un umbral aprobatorio superior al 13% del censo electoral, es decir, un mínimo de 4.536.992 votos por el Sí.

Todas las encuestadoras dieron por descontado el triunfo del Sí. Todas se equivocaron. El No ganó a nivel nacional por un margen estrecho pero inequívoco. En el Eje Cafetero la derrota fue contundente: 60,13% en Quindío, 57,9% en Caldas, 55,69% en Risaralda. Regiones enteras que apenas habían sufrido presencia guerrillera votaron con más dureza contra el acuerdo que zonas devastadas por décadas de violencia.

La campaña del No había operado sobre resortes emocionales concretos: la exasperación del rencor, el estímulo de la revancha y la circulación deliberada de mentiras y tergiversaciones sobre el contenido del pacto. Una de las desinformaciones más eficaces fue difundir en redes sociales que los guerrilleros recibirían 1.800.000 pesos mensuales como una suerte de salario indefinido, cuando lo que el Acuerdo establecía era el 90% del salario mínimo mensual legal vigente y solo mientras el excombatiente no tuviera empleo. En diciembre de 2016, un pronunciamiento del Consejo de Estado señaló que había habido engaño generalizado en la campaña del No. Para entonces, el daño ya era irreversible.

La derrota, sin embargo, no fue solo el efecto de una campaña de desinformación. Detrás de la oposición uribista había intereses estructurales que hacían que un sector del establecimiento no pudiera ni quisiera aceptar aspectos esenciales del pacto. La restitución de tierras, la reforma rural integral, la participación política de excombatientes tocaban propiedades, poderes locales y equilibrios regionales que la guerra había cristalizado durante décadas. El voto del Eje Cafetero y otras zonas de propietarios agrarios no fue solo emocional: fue defensa de un orden que el acuerdo prometía tocar.

Santos leyó la derrota como una oportunidad procesal. Ordenó reabrir la mesa con los voceros del No, recogió sus objeciones y presionó a las FARC para que cedieran en puntos donde se habían mantenido inamovibles. El nuevo texto endureció condiciones en materia de justicia transicional, propiedad y participación política, y fue enviado al Congreso para su refrendación, evitando un segundo plebiscito. El acuerdo revisado se firmó a finales de noviembre de 2016 y fue aprobado por el Legislativo semanas después. Santos consideró que la presión del plebiscito había mejorado el pacto final. El uribismo consideró que el pacto revisado seguía siendo el mismo, aprobado a espaldas del pueblo.

Oslo, diciembre de 2016

El 10 de diciembre de 2016, Santos recibió en Oslo el Premio Nobel de la Paz. La ceremonia se celebró en la misma ciudad que había acogido, cuatro años antes, la instalación pública de la mesa con las FARC. El comité noruego había anunciado la distinción antes incluso de la firma definitiva, en un gesto que parecía respaldar a un presidente derrotado en su propio país.

En su discurso, Santos declaró: Hay una guerra menos en el mundo, ¡y es la de Colombia! Aquella noche, frente al Grand Hotel de Oslo, una marcha con antorchas acompañó a la delegación colombiana. Santos, su esposa María Clemencia Rodríguez y sus hijos saludaron desde el balcón. La escena tenía la solemnidad de las viejas ceremonias europeas y una tristeza de fondo: el reconocimiento internacional llegaba mientras en Colombia el acuerdo era rechazado en las urnas y luego reintroducido por vías institucionales.

El Nobel consagró a Santos como una figura de estatura mundial, un negociador que había cerrado el conflicto armado más viejo del continente. Pero también acentuó la fractura doméstica: para sus opositores, el premio confirmaba la sospecha de que el proceso respondía más a un aplauso externo que a un mandato colombiano.

Después de la Casa de Nariño

Santos entregó la Presidencia el 7 de agosto de 2018 a Iván Duque, candidato del Centro Democrático apadrinado por Álvaro Uribe. La transición fue, en la práctica, el triunfo político del sector que había liderado el No dos años antes. La implementación del acuerdo, que apenas comenzaba, quedó en manos de un gobierno que había hecho campaña contra él.

En los años posteriores, Santos se dedicó a la promoción internacional del proceso de paz, a la reflexión pública sobre negociaciones de conflictos en otras regiones y a la participación en organismos y foros globales. Su figura interna, en cambio, quedó atrapada entre dos rechazos simétricos: para el uribismo, sigue siendo el traidor que entregó el país a la guerrilla; para sectores de la izquierda y las víctimas, es el presidente que negoció una paz pequeña —la desmovilización de una guerrilla que ya había abandonado sus objetivos revolucionarios— sin abrir la puerta a una paz grande, entendida como transformación social profunda. La distinción, que aparece en las memorias políticas de Gustavo Petro, ilumina una crítica de fondo: el acuerdo cerró la confrontación armada sin tocar las causas estructurales del conflicto, y por eso, aun implementado con lentitud, dejó intactas las condiciones que lo produjeron.

La huella: paradoja y perímetro

Juan Manuel Santos ocupará en la historia colombiana un lugar que ninguna de las lecturas hostiles termina de agotar. No fue el halcón que se volvió paloma por conversión, ni la paloma disfrazada de halcón por conveniencia electoral: fue el operador de un momento estratégico específico en el que el Estado había desalojado a las FARC de los epicentros de la economía legal y la guerrilla había perdido tanto su capacidad ofensiva como su horizonte revolucionario. Ese empate estructural, más que la biografía de un hombre, hizo posible la negociación. Santos fue el instrumento lúcido de ese momento, no su causa. Su credencial militar le abrió el espacio para sentarse sin ser acusado de rendición; su formación económica y su temperamento gremial le permitieron construir la ingeniería institucional del proceso; su lectura de los fracasos anteriores le dio la arquitectura metodológica que evitó otro Caguán.

Pero esa misma trayectoria explica los límites del legado. La derrota del plebiscito no fue un accidente comunicacional: fue la irrupción de un obstáculo que ninguna credencial de halcón podía neutralizar, porque el enemigo del acuerdo no eran los votantes desconfiados sino los sectores del establecimiento —terratenientes, poderes regionales, redes de acumulación forjadas en la guerra— para quienes el fin del conflicto significaba pérdidas concretas de poder y propiedad. Santos podía firmar en La Habana; no podía disolver esos intereses.

Queda, sin embargo, la Ley de Víctimas, con millones de personas reconocidas oficialmente como afectadas por la violencia. Queda la restitución de tierras, incompleta pero inaugurada como política de Estado. Queda el reconocimiento del conflicto armado interno, borrado durante ocho años y reinstalado como categoría jurídica y política. Queda un acuerdo que sacó del monte a más de siete mil combatientes, con una jurisdicción especial de paz que ha comenzado a producir verdad y a repartir sanciones. Y queda la constatación de que una guerra de medio siglo puede terminarse en una mesa cuando las condiciones estratégicas maduran y una parte del establecimiento decide asumir el costo político de la negociación.

En la larga saga de la familia Santos —del Eduardo que llegó a la Presidencia sin buscarla, al Enrique que fundó El Tiempo como aparato de opinión, al Juan Manuel que combinó el periódico, la economía y la guerra— la figura del Nobel de 2016 completa un arco singular: el de una dinastía que atravesó el siglo colombiano desde el liberalismo republicano hasta la firma del fin de la guerra. Que ese arco terminara en una victoria internacional y una derrota doméstica dice tanto de Santos como del país que lo produjo.