Leyner Palacios Asprilla

Un hombre del Medio Atrato

Palacios nació en Pogue, comunidad rural de Bojayá articulada por el río y por vínculos con otros asentamientos del Medio Atrato. En la región conviven comunidades afrodescendientes y pueblos Emberá, con autoridades, memorias y prácticas funerarias propias. Desde finales de la década de 1990, la disputa entre las FARC-EP y estructuras paramilitares por el corredor del Atrato transformó esa geografía en escenario de confinamientos, desplazamientos y combates. Bellavista era entonces la cabecera municipal de Bojayá; después de la masacre fue trasladada a un nuevo asentamiento. Este contexto territorial ayuda a comprender su trayectoria, pero no debe tratarse como una identidad homogénea de todos los pueblos del Atrato.

Las fuentes permiten identificar varias etapas, no tres oficios cerrados. Desde 1997 trabajó con un equipo misionero de la diócesis de Quibdó y más tarde con la Pastoral Social; participó en procesos de víctimas y en la creación, en 2014, del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá; intervino en espacios relacionados con La Habana y el acto de reconocimiento de las FARC de 2015; fue secretario general de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico y, desde octubre de 2020, comisionado de la verdad. En cada etapa actuó dentro de organizaciones colectivas. Llamarlo vocero ayuda a describir algunas intervenciones públicas, pero no significa que hablara por todas las víctimas ni por todas las comunidades étnicas del Pacífico.

El artículo anterior afirmaba que Palacios estaba dentro de la iglesia cuando explotó el cilindro bomba. Su propio relato periodístico lo ubica en la casa de las hermanas agustinas con su esposa y su hija; regresó a Bellavista al día siguiente. También varía la manera de contar sus pérdidas: la Unidad para las Víctimas habla de 32 familiares y amigos; una entrevista distingue 28 familiares y cuatro amigos; y el discurso de Juan Manuel Santos en Oslo menciona 32 familiares, incluidos sus padres y tres hermanos menores. Estas formulaciones no son equivalentes y no conviene fundirlas. Lo estable es que sobrevivió a la masacre, perdió a decenas de personas de su círculo cercano y convirtió ese duelo en trabajo comunitario sostenido.

La Declaración de 1999 y la escuela de la resistencia civil

La trayectoria organizativa de Bojayá precede a la masacre. El 12 de septiembre de 1999, pobladores y autoridades civiles suscribieron la Declaración por la vida y por la paz, que exigía respeto por la población y rechazaba su involucramiento en la confrontación armada. Palacios ya trabajaba desde 1997 con el equipo misionero de la diócesis de Quibdó: comenzó como motorista de una embarcación y fue asumiendo tareas de acompañamiento comunitario. La Declaración fue una construcción colectiva de la región, no un manifiesto personal suyo, pero formó parte del entorno político en el que desarrolló sus primeras responsabilidades.

En el mismo período existían experiencias de resistencia civil en otras zonas del Chocó, entre ellas las Comunidades de Paz y Zonas Humanitarias del Bajo Atrato. Sirven como contexto regional, pero no deben presentarse como una sola organización ni como escuela personal comprobada de Palacios. El 18 de noviembre de 1999, el sacerdote Jorge Luis Mazo y el cooperante español Íñigo Egiluz murieron cuando una embarcación paramilitar embistió la lancha en la que regresaban de Murindó. El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica los sitúa en labores pastorales y humanitarias; no permite afirmar que fueran asesinados “precisamente” por acompañar un retorno específico.

Su formación política ocurrió en espacios comunitarios, pastorales e interétnicos: asambleas, consejos comunitarios, encuentros entre autoridades afro e indígenas y gestiones ante instituciones estatales. La Comisión de la Verdad resumió su experiencia como más de veinte años de trabajo con comunidades víctimas del Chocó y el Pacífico, desde la Pastoral Social y la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico. Esa descripción acredita una trayectoria territorial; no permite reconstruir cada aprendizaje ni atribuirle una doctrina uniforme de neutralidad. En la antesala de la masacre sí está documentada una ausencia de fuerza pública en Bellavista y Vigía del Fuerte después de ataques guerrilleros contra los puestos policiales.

La masacre no creó desde cero su vínculo con las comunidades, pero sí cambió su escala y su contenido. Después del 2 de mayo, el trabajo pastoral y organizativo previo se convirtió en acompañamiento a sobrevivientes, memoria, búsqueda e identificación de víctimas, reparación colectiva y exigencias de no repetición. Ese tránsito fue gradual y compartido con familiares, cantadoras, autoridades étnicas, organizaciones locales, la diócesis y equipos de derechos humanos.

2002 como fractura

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos alertó al Gobierno el 23 de abril de 2002 sobre la incursión paramilitar y sus posibles consecuencias; la Procuraduría trasladó una solicitud urgente el 24 y la Defensoría emitió una alerta temprana el 26. La misión posterior de la ONU concluyó que no hubo una respuesta preventiva oportuna y eficaz. El 2 de mayo, en medio del combate entre las FARC-EP y las Autodefensas, cientos de civiles se refugiaron en la iglesia de Bellavista. Integrantes paramilitares intentaron entrar y permanecieron cerca del templo; las FARC lanzaron cilindros bomba y el tercero impactó el altar. El informe de 2002 calculó provisionalmente 119 muertos y 98 heridos; Human Rights Watch habló entonces de al menos 117 muertos y 114 heridos. La reconstrucción forense posterior identificó 79 personas muertas. Las cifras responden a momentos y universos distintos y deben conservarse con fecha y fuente, no mezclarse como si una de ellas fuera simple corrección política de la otra.

Palacios pasó el combate con su esposa y su hija en la casa de las hermanas agustinas y volvió a Bellavista el 3 de mayo. Allí enfrentó la pérdida de familiares y amigos y una destrucción que también interrumpió los ritos mortuorios. En las comunidades afroatrateñas, los alabaos, velorios y entierros forman parte de la despedida y del cuidado de los vínculos entre vivos y muertos; las comunidades Emberá tienen prácticas y concepciones propias sobre el viaje de los fallecidos. El informe de Memoria Histórica documentó que las diligencias iniciales y los entierros de 2002 se realizaron bajo presión, desplazamiento y graves limitaciones. Es más preciso hablar de un duelo colectivo interrumpido que atribuir a una sola suspensión forense todo el daño ritual.

Las organizaciones surgidas después de la masacre no fueron una sola entidad con nombres intercambiables. El Comité Dos de Mayo de Bellavista y la Asociación de Desplazados Dos de Mayo, con sede en Quibdó, atendieron necesidades distintas de sobrevivientes y población desplazada. En 2014 se constituyó el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá como agrupación de organizaciones locales y delegados de familiares de víctimas mortales; su asamblea decidió operar bajo la personería del Comité Dos de Mayo. Palacios fue uno de sus dirigentes y participó en el equipo que impulsó memoria, exhumaciones y archivo. Hablar de “su comité” ocultaría la deliberación y la autoría colectiva documentadas por la propia organización.

La entrega digna de 2019 tampoco correspondió a 102 restos divididos en 49 ataúdes blancos y 53 marrones. La información conjunta publicada por la Unidad para las Víctimas registró 99 cofres: 78 cuerpos plenamente identificados, una entrega simbólica por dos cuerpos no hallados, una fosa con restos mezclados no asociados, un cuerpo infantil no identificado, nueve bebés muertos en el vientre materno y ocho personas que seguían desaparecidas. El proceso incluyó una segunda exhumación en 2017 y ceremonias entre el 11 y el 19 de noviembre de 2019. Palacios y el Comité hicieron seguimiento y concertaron con las familias e instituciones, pero el resultado perteneció a una labor colectiva de familiares, sabedores, organizaciones, Fiscalía, Medicina Legal, Unidad para las Víctimas, CNMH, ONU Derechos Humanos y asesores forenses.

De Bellavista a Oslo

Antes de Oslo hubo otro hito nacional. El Comité sostuvo conversaciones con las FARC en el contexto de La Habana y el 6 de diciembre de 2015 se realizó en Bellavista Viejo el acto público de reconocimiento de responsabilidades y petición de perdón. Palacios describió el acto como doloroso y sin ánimo de venganza, y subrayó que su valor dependía de compromisos futuros de no repetición. Un año después, Juan Manuel Santos lo mencionó en el discurso de aceptación del Premio Nobel de Paz. El orden importa: el perdón público no ocurrió después del Nobel ni fue una consecuencia de esa ceremonia.

El discurso oficial del Nobel dijo que Palacios era una de las víctimas presentes, recordó que casi ochenta personas murieron y afirmó que él había perdido 32 familiares, incluidos sus padres y tres hermanos menores. Añadió que las FARC habían pedido perdón y que Palacios las había perdonado. El texto no lo llamó “hombre bueno, alegre y orgulloso representante de su raza”, ni enumeró a los anteriores laureados como marco de su presentación. Esa caracterización proviene de otra narración de Santos y no debe atribuirse al discurso de Oslo.

La mención de Santos amplificó internacionalmente la historia de Palacios dentro de una intervención que buscaba explicar y defender el Acuerdo de Paz. Es válido analizar la función política de ese testimonio, pero no presentar como hecho probado que el Estado lo escogió para suplir un déficit étnico de legitimidad. Palacios ya tenía una trayectoria propia: trabajo comunitario, participación en el Comité, interlocución con las FARC y reconocimiento internacional. La escena muestra una relación desigual entre un presidente que selecciona el ejemplo y una víctima con voz y agenda propias; el grado de instrumentalización es una interpretación, no un dato documental.

Bojayá se volvió un referente del lugar de las víctimas en las negociaciones de paz, pero esa visibilidad fue construida por muchas personas y procesos. El acto de 2015 fue preparado mediante conversaciones entre el Comité y las FARC; las cantadoras, familiares y autoridades comunitarias definieron condiciones y lenguajes del encuentro. Palacios tuvo un papel documentado como promotor e interlocutor. No hay base para decir que el canto, por sí solo, colocó a Bojayá “en el corazón” del Acuerdo ni que un dirigente representara todas las prácticas de resistencia del Atrato.

Un comisionado con territorio

La Comisión de la Verdad fue creada jurídicamente por el Decreto Ley 588 de 2017, tuvo una fase preparatoria en 2018 e inició su período efectivo de operaciones en noviembre de ese año. Palacios no participó en toda esa etapa: el pleno lo eligió el 29 de septiembre de 2020 para reemplazar a María Ángela Salazar, fallecida el 7 de agosto, y comenzó funciones en octubre. La Corte Constitucional extendió el período de esclarecimiento hasta el 27 de junio de 2022 y dispuso una fase de socialización hasta el 27 de agosto. El Informe Final fue presentado el 28 de junio, no en julio. Los créditos reconocen a diez comisionados vivos y a Alfredo Molano y María Ángela Salazar como comisionados fallecidos; no hubo “doce comisionados activos” al cierre.

Palacios llegó con una experiencia distinta de la de varios colegas, pero no fue el único integrante con arraigo territorial ni el único comisionado étnico. Patricia Tobón Yagarí, abogada Emberá Chamí, había trabajado desde 2018 en el enfoque étnico; María Ángela Salazar aportó una larga trayectoria afrocolombiana hasta su muerte. La especificidad de Palacios estuvo en su trabajo con víctimas de Bojayá, la Pastoral Social y la Comisión Interétnica del Pacífico. Describir ese capital como exclusivamente territorial es insuficiente: también acumuló experiencia en derechos humanos, mediación, incidencia internacional y gestión organizativa.

La CEV adoptó una metodología étnica para escuchar y analizar afectaciones diferenciadas a pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom. La propia Comisión explica que Tobón acompañó ese proceso desde 2018, Salazar lo hizo hasta agosto de 2020 y Palacios asumió desde finales de septiembre el liderazgo de las acciones relacionadas con el volumen étnico; Sonia Londoño dirigió el equipo técnico. Esta secuencia permite reconocer su responsabilidad institucional sin afirmar que, por su sola presencia, la Comisión dejó de tener puntos ciegos sobre el Pacífico o que él definió todas sus categorías.

Como comisionado participó en diálogos territoriales, reconocimientos y conversaciones públicas sobre responsabilidades de actores armados y estatales. También intervino en el trabajo del volumen étnico y en espacios con comunidades afro e indígenas. Las fuentes públicas no bastan para afirmar que garantizó internamente la perspectiva del Pacífico en todos los tomos, que incorporó personalmente expedientes específicos o que definió el contenido de los volúmenes sobre mujeres y personas LGBTIQ+. El Informe Final fue una obra institucional y colectiva; su firma y sus intervenciones acreditan corresponsabilidad, no autoría individual de cada hallazgo.

Nombres, alianzas, tensiones

Su red territorial incluyó al Comité por los Derechos de las Víctimas, el Comité Dos de Mayo, ADOM, consejos comunitarios afro, comunidades indígenas, la diócesis de Quibdó, cantadoras y organizaciones de derechos humanos. Esa red no tuvo una jefatura única. Delmiro Palacios, por ejemplo, aparece en la documentación como participante Emberá y miembro de equipos comunitarios, no como dirigente de todos los cabildos del municipio. En la Comisión, Leyner trabajó con Patricia Tobón y con el equipo técnico étnico; en la Comisión Interétnica compartió responsabilidades con organizaciones de más de un centenar de comunidades del Pacífico. La precisión de los vínculos evita convertir interlocución en subordinación.

En el plano nacional, su trayectoria cruzó instituciones y gobiernos distintos. Santos lo mencionó en Oslo; la CEV dialogó públicamente con Álvaro Uribe y examinó responsabilidades de las FARC y de otros actores; Francisco de Roux presidió el pleno que lo eligió. Esos hechos no prueban un vínculo personal estable con Santos, una sociedad decisiva con De Roux ni una hostilidad particular del gobierno de Iván Duque hacia Palacios. La relación verificable es institucional: ejerció un mandato extrajudicial y temporal dentro del Sistema Integral para la Paz, en un ambiente político controvertido.

El riesgo ligado a su liderazgo sí está documentado con fechas. El 3 de enero de 2020, en un contexto de confinamiento impuesto por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, recibió la amenaza de abandonar Bojayá en dos horas o ser asesinado. El 4 de marzo de ese año fue asesinado Arley Chalá, integrante de su esquema de protección, hecho rechazado por la Comisión de la Verdad. En febrero de 2023 Palacios denunció nuevas amenazas contra él y su familia y anunció que debía ocultarse. Estas fuentes no justifican introducir a Los Rastrojos, activos años antes en otros municipios, como explicación de su caso, ni precisar períodos de salida del país que no quedaron establecidos.

La traducción y sus costos

¿Qué puede afirmarse, después del cierre de la Comisión, sin convertir una vida todavía abierta en una conclusión heroica? Al menos tres aportes están documentados: su participación en la construcción pública de la memoria de Bojayá, su papel de interlocución entre organizaciones territoriales e instituciones y su contribución tardía —desde 2020— al trabajo étnico de la Comisión de la Verdad. Cada aporte tuvo límites y coautores que deben permanecer visibles.

Bojayá dejó de ser solo el nombre de una masacre en buena medida por el trabajo de familiares, cantadoras, sabedores, organizaciones afro e indígenas, líderes comunitarios, iglesias, investigadores e instituciones de memoria. Palacios fue una de sus figuras públicas más visibles: intervino en el reconocimiento de 2015, en la búsqueda y entrega digna, en escenarios internacionales y luego en la CEV. Esa visibilidad no autoriza a atribuirle la transformación completa de la memoria nacional ni a suponer que el Informe Final resolvió las demandas territoriales que continúan abiertas.

También está documentada una práctica de mediación entre lenguajes distintos. Palacios ha llevado demandas comunitarias a la Unidad para las Víctimas, la Fiscalía, la Comisión Interamericana, la ONU y la Comisión de la Verdad, y ha regresado a asambleas territoriales para discutir información técnica y decisiones colectivas. Eso describe una capacidad construida en organizaciones concretas; no demuestra que exista un “modelo Palacios” replicado por nuevas generaciones ni que su influencia explique nombramientos posteriores en la JEP o la Unidad de Búsqueda.

Su ingreso tardío a la CEV tuvo a la vez valor institucional y significado público: reemplazó a una comisionada afrocolombiana fallecida y asumió responsabilidades en el trabajo étnico. Determinar cuánto cambió por sí solo el Informe Final exigiría evidencia interna que no está disponible en las fuentes revisadas. Tampoco hay base suficiente para afirmar que fue incorporado principalmente como instrumento de legitimación. La lectura más prudente distingue tres niveles: una elección formal del pleno en 2020, una trayectoria territorial anterior e intervenciones públicas verificables durante el mandato. Sobre motivaciones ocultas o influencia exclusiva, el artículo debe mantener la duda en lugar de convertirla en tesis biográfica.

La conmemoración y el retorno

La conmemoración del 2 de mayo de 2013 combinó misa, marcha silenciosa, ofrenda floral, reuniones de seguimiento y actividades de reparación colectiva. La documentación disponible identifica como organizadores a entidades territoriales, la Unidad para las Víctimas y organizaciones de víctimas. No individualiza qué decisiones tomó Palacios en ese aniversario, por lo que no corresponde presentarlo como arquitecto personal de la jornada. El episodio sí muestra la forma colectiva que adquirió la memoria de Bojayá: ritual, demanda política y negociación institucional en un mismo espacio.

El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica describió la respuesta estatal posterior como una inversión excepcional acompañada por una “avalancha” descoordinada de funcionarios, proyectos y obras. El traslado a Nuevo Bellavista hizo visibles tanto recursos públicos como problemas de diseño, participación y sostenibilidad. Esa es una evaluación del informe y de testimonios recogidos allí, no una medición atribuible a Palacios. Su papel fue el de un dirigente que participó en las exigencias de reparación y señaló límites desde el territorio; llamarlo el intérprete más lúcido convertiría una valoración editorial en hecho.

El Informe Final dio a Bojayá un lugar destacado dentro de una explicación más amplia del conflicto, pero no existe en las fuentes revisadas una medición que permita decir que la mayoría de la población colombiana reconoce el caso gracias a Palacios. Tras concluir la CEV, la evidencia pública consultada lo muestra todavía expuesto: en 2023 denunció amenazas y anunció que debía ocultarse. Ese dato impide cerrar su trayectoria con un regreso sereno y lineal al territorio. Lo responsable es registrar que su trabajo público continuó bajo riesgo y dejar abierta la verificación de actividades posteriores.

Leyner Palacios Asprilla ocupa un lugar importante en la historia reciente de Bojayá y en la etapa final de la Comisión de la Verdad. Ese lugar se entiende mejor sin comprimirlo en la figura del héroe solitario: fue motorista y trabajador pastoral, sobreviviente y familiar en duelo, dirigente de una organización creada en 2014, interlocutor del acto de reconocimiento de 2015, ganador de un premio internacional en 2017 y comisionado desde octubre de 2020. Su trayectoria muestra posibilidades y costos de trasladar demandas territoriales a instituciones nacionales, mientras las cifras disputadas, los riesgos persistentes y la autoría colectiva recuerdan los límites de toda semblanza individual.