Leyner Palacios Asprilla

Un hombre del Medio Atrato

Antes que sobreviviente, antes que comisionado, antes que la mención en Oslo, Leyner Palacios es un hombre del Medio Atrato. Esa procedencia no es dato geográfico decorativo: es la condición de posibilidad de todo lo que vino después. El Medio Atrato es una subregión del Chocó donde el río gobierna la vida, donde las comunidades afrodescendientes y los pueblos Emberá comparten un mismo espacio ribereño, donde los muertos se despiden con alabaos y donde, desde mediados de los años noventa, la guerra entre guerrillas y paramilitares dejó de ser una amenaza lejana para volverse geografía cotidiana. Bojayá, el municipio del que Palacios es originario, cuya cabecera era el caserío de Bellavista, quedó ubicado en el corredor que las FARC-EP y el bloque paramilitar Élmer Cárdenas de las AUC se disputaron desde finales de esa década por el control del corredor fluvial que conecta el Urabá con el Pacífico.

Su figura pública se estabilizó en torno a tres oficios encadenados: líder del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá durante los años más duros del duelo y las exhumaciones; vocero comunitario ante las instancias del proceso de paz —desde la ceremonia del Nobel en Oslo hasta los actos de perdón de las FARC—; y comisionado de la Comisión de la Verdad, donde llevó al trabajo de esclarecimiento una perspectiva anclada en el Pacífico afro. En la articulación de esos tres oficios se juega su singularidad: la de un mediador que no representa a las víctimas en general sino a una comunidad específica con lengua, ritual y organización propias, y que arrastra esa especificidad hasta el corazón de la institucionalidad del posacuerdo.

Su centralidad no se explica solo por haber estado en la iglesia de Bellavista aquel 2 de mayo. Miles de personas sobrevivieron a masacres en Colombia; muy pocas terminaron negociando el sentido público de esa experiencia con presidentes, jefes guerrilleros y comisionados internacionales. Lo que hizo a Palacios excepcional fue la combinación entre una biografía marcada por la masacre y un capital organizativo previo —el que las comunidades del Medio Atrato venían acumulando desde la Declaración por la vida y por la paz de 1999— que él supo activar y sostener bajo la presión del duelo.

La Declaración de 1999 y la escuela de la resistencia civil

Su trayectoria política no empieza el 2 de mayo de 2002. Empieza antes, en el tejido de organizaciones comunitarias que las poblaciones negras e indígenas del Medio Atrato construyeron a lo largo de los años noventa para responder a la presión creciente de los actores armados. Ese tejido tuvo un hito discursivo y político de primer orden: la Declaración por la vida y por la paz, elaborada en 1999 por pobladores y autoridades civiles de Bojayá como manifiesto de autonomía cívica frente a guerrillas y paramilitares. La Declaración exigía respeto al derecho a la vida y a la libre movilización, y rechazaba explícitamente cualquier involucramiento comunitario con los actores en armas.

Ese documento no era una consigna aislada. Se inscribía en una tradición más amplia del Chocó y del Bajo Atrato, donde comunidades desplazadas por las operaciones militares y paramilitares de 1997 —las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizaría después en su sentencia de 2013 sobre las operaciones Génesis y Cacarica— habían empezado a retornar a sus territorios organizadas como Comunidades de Paz y Zonas Humanitarias, declarando neutralidad frente a todos los actores armados, incluida la fuerza pública. Era una tradición costosa: el 18 de noviembre de 1999, el sacerdote Luis Mazo y el cooperante español Íñigo Egiluz habían sido asesinados por paramilitares en el Medio Atrato precisamente por su labor de acompañamiento al retorno de comunidades negras e indígenas a Pueblo Nuevo y Mesopotamia.

En ese ambiente se formó Palacios como dirigente. La escuela no fue universitaria; fue la del consejo comunitario, la asamblea de comunidades, la mesa con la Defensoría del Pueblo, la reunión con obispos y sacerdotes de la diócesis de Quibdó. Aprendió a moverse en un lenguaje comunitario que ponía la vida, el territorio y la autonomía por encima de las lealtades partidarias, y que entendía la neutralidad no como postura moral abstracta sino como estrategia de supervivencia colectiva. El Estado estaba ausente: desde marzo de 2000, tras la toma de las FARC-EP que destruyó los puestos de policía, las cabeceras de Bojayá y Vigía del Fuerte quedaron sin fuerza pública. Los actores armados se disputaban el corredor a sangre y fuego.

Esa formación previa explica por qué, cuando llegó la catástrofe del 2 de mayo de 2002, Palacios no aparecería como un sobreviviente cualquiera, sino como alguien que ya tenía un lugar en la red organizativa del Medio Atrato y un lenguaje para nombrar lo que había pasado.

2002 como fractura

Entre el 24 y el 26 de abril de 2002, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y la Procuraduría General de la Nación emitieron alertas urgentes instando al Estado colombiano a proteger a la población civil de Bojayá y Vigía del Fuerte ante el enfrentamiento inminente entre el bloque paramilitar Élmer Cárdenas y las FARC-EP. Las alertas no se tradujeron en despliegue efectivo. El 2 de mayo, los paramilitares se apostaron junto a la iglesia de Bellavista, donde cientos de personas se habían refugiado, usando de hecho a la población civil como escudo. Las FARC lanzaron entonces un cilindro bomba —una pipeta de gas artesanalmente convertida en artefacto explosivo— que impactó la iglesia. La explosión mató a decenas de personas, entre ellas muchos niños y niñas. La cifra oficial que el Estado colombiano, con participación del Centro Nacional de Memoria Histórica, terminaría estableciendo fue de 79 víctimas, aunque las propias víctimas y sus voceros han sostenido siempre que faltaban muchos por identificar.

Palacios sobrevivió. La masacre lo dejó, como a tantos otros, en el centro de una catástrofe doble: la de la muerte masiva y la de la muerte mal muerta, la que la cultura afroatrateña interpreta como una ruptura del proceso ritual de morir. En esa tradición, los alabaos —cantos fúnebres— no son adorno: son un dispositivo espiritual que busca equilibrar la mala muerte causada por la guerra y permitir la transición ordenada del difunto. Los pueblos Emberá, con quienes las comunidades negras comparten el territorio, tienen su propia elaboración: para ellos la muerte es un viaje, el muerto conserva una fuerza que impacta a los vivos y al territorio, y solo un ritual funerario adecuado garantiza una buena muerte y el paso al mundo de abajo. Cuando el 12 de mayo de 2002 la Fiscalía interrumpió sin mayores explicaciones las labores forenses iniciadas con la llegada del presidente Andrés Pastrana, las comunidades quedaron con sus muertos a medio despedir.

El liderazgo maduro de Palacios se forjó en ese pliegue. En los años siguientes, como figura visible del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, articuló una gestión del duelo que era al mismo tiempo demanda de justicia, exigencia de reparación y trabajo ritual. La organización Dos de Mayo, que también surgió a partir de los hechos de 2002 y que ha luchado desde entonces por los derechos de las víctimas, formó parte del mismo entramado. Palacios operó menos como líder solitario que como pieza de una red de organizaciones —Comité, Dos de Mayo, consejos comunitarios afro, cabildos Emberá, diócesis de Quibdó— que compartían la convicción de que la reparación exigía tanto la investigación forense como el retorno ritual de los muertos al territorio.

Ese trabajo culminó, más de diecisiete años después, en un acto que él encabezó como pocos. El 11 de noviembre de 2019, los restos de 102 bojayaceños masacrados en la iglesia de Bellavista fueron devueltos a su territorio en 49 ataúdes blancos para los niños y 53 ataúdes marrones para los adultos, transportados en un helicóptero de las Naciones Unidas hasta Vigía del Fuerte. Las cantadoras esperaban en tierra. La restitución no fue un gesto administrativo: fue el cierre —parcial, siempre parcial— del ciclo que la masacre había roto. En esa escena estaban comprimidos veinte años de trabajo comunitario, y en el centro estaba Palacios, ya no como sobreviviente sino como líder que había logrado que el Estado, la ONU y la propia cultura afroatrateña convergieran alrededor de un mismo acto ritual.

De Bellavista a Oslo

Entre el liderazgo local de la primera década posterior a la masacre y la comisión de la CEV medió un tránsito de escala que la trayectoria de Palacios explica bien. Ese tránsito tuvo un umbral simbólico: la ceremonia del Premio Nobel de Paz en Oslo, en diciembre de 2016.

En su discurso de aceptación, el presidente Juan Manuel Santos rindió un homenaje a las víctimas del conflicto colombiano —descrito por él mismo como el momento más emocionante de su intervención— y narró específicamente la historia de Palacios, presentándolo como un hombre bueno, alegre y orgulloso representante de su raza afrocolombiana, sobreviviente de uno de los hechos de guerra más tristes ocurridos en Colombia. Las víctimas presentes en la sala —caracterizadas como representantes de más de ocho millones de víctimas del conflicto armado— recibieron un aplauso prolongado en el mismo salón donde antes habían sido homenajeados Mijaíl Gorbachov, Nelson Mandela, Isaac Rabin, Jimmy Carter, Barack Obama y Malala Yousafzai.

Ese momento merece leerse con cuidado. La visibilidad internacional de Palacios no fue enteramente construida por él: fue producida desde arriba, en el marco de una operación diplomática que necesitaba anclar la legitimidad del Acuerdo de Paz en rostros concretos de víctimas. Santos escogió, entre millones, a un hombre del Pacífico afro; y ese gesto revelaba una intuición precisa sobre dónde estaba el déficit de legitimidad territorial del proceso. Al mismo tiempo, Palacios no era una figura vaciada de contenido propio: llegaba a Oslo con veinte años de trabajo comunitario en las espaldas, con una red organizativa detrás y con una lengua política formada en las asambleas del Atrato. La escena de Oslo cristalizó así una tensión que lo acompañaría después: la de operar simultáneamente como agente con capital territorial propio y como figura funcional a los requerimientos simbólicos de un Estado que necesitaba probar, ante Colombia y ante el mundo, que su acuerdo con las FARC descansaba en las víctimas.

Esa misma tensión atraviesa el acto de perdón que las FARC pidieron después a la comunidad de Bojayá, uno de los rituales de reconciliación más citados del posacuerdo. Bojayá, y con él Palacios, se convirtieron en el ejemplo canónico de que el proceso de paz colombiano tenía anclaje en las víctimas. Fueron las prácticas de resistencia de las comunidades del Atrato, y particularmente el uso del canto como estrategia de duelo, las que colocaron a Bojayá en el corazón del acuerdo firmado en La Habana entre 2012 y 2016.

Un comisionado con territorio

El Acuerdo Final de 2016 creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y con él la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La CEV empezó su trabajo formal a fines de 2017 y desplegó su mandato durante aproximadamente tres años y medio hasta la entrega del Informe Final, Hay futuro si hay verdad, en julio de 2022. Su cuerpo de comisionados estuvo presidido por el jesuita Francisco José de Roux Rengifo e integrado por Alejandro Castillejo Cuéllar, Saúl Franco Agudelo, Lucía González Duque, Carlos Martín Beristain, Alejandra Miller Restrepo, Marta Ruiz Naranjo, Patricia Tobón Yagarí, Alejandro Valencia Villa y Leyner Palacios Asprilla, además de Alfredo Molano Bravo y María Ángela Salazar Murillo, quienes fallecieron durante el mandato.

En esa nómina, Palacios ocupó un lugar distinto al de los demás. Casi todos sus colegas venían de la academia, la investigación en derechos humanos, el periodismo, la Iglesia o la trayectoria jurídica internacional. Patricia Tobón Yagarí, comisionada del pueblo Emberá Eyabida, compartía con él la procedencia étnica y territorial, pero su formación —abogada, activa en la representación de víctimas indígenas ante instancias nacionales e internacionales— era distinta. Palacios llegaba desde el trabajo comunitario directo, desde el liderazgo del Comité de Víctimas, desde la gestión ritual del duelo de Bellavista. Su capital no era jurídico ni académico: era territorial.

Ese perfil tuvo consecuencias en la manera como la CEV escuchó al Pacífico. La región chocoana, y más ampliamente la macrorregión del Pacífico afro, había sido durante décadas un ángulo ciego de la memoria pública colombiana. La violencia contra las comunidades negras del Atrato, del San Juan, del Naya, del Baudó tenía su propia lógica —el cruce entre el conflicto armado, los proyectos extractivos, el trazado vial hacia materias primas, la militarización de puertos como Bahía Málaga— y esa lógica exigía categorías de análisis distintas de las que había construido el debate sobre el conflicto en el interior andino. Palacios llevó a la CEV una comprensión de primera mano de ese cruce, y lo hizo desde la lengua de las comunidades, no desde su traducción académica.

Su trabajo como comisionado se movió en varios frentes simultáneos. Sostuvo el diálogo con las organizaciones étnicas del Pacífico —Consejos Comunitarios afro, resguardos Emberá y Wounaan, procesos de comunidades de paz— para que sus testimonios y expedientes entraran a la Comisión. Participó en la construcción del volumen específico sobre pueblos étnicos y en la incorporación transversal de la perspectiva afro e indígena en los demás componentes del Informe Final, incluyendo el volumen dedicado a mujeres y personas LGBTIQ+ y los tomos territoriales. Y actuó como una especie de garante interno, ante el propio cuerpo de comisionados, de que la centralidad discursiva del Pacífico no se disolviera en la agenda más ruidosa del interior del país.

Nombres, alianzas, tensiones

La trayectoria de Palacios no se entiende sin la red en la que se sostuvo. En el Chocó, esa red incluyó al Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, a la organización Dos de Mayo, a los Consejos Comunitarios del Medio Atrato, a los cabildos Emberá liderados por figuras como Delmiro Palacios —quien durante el proceso de exhumaciones explicó públicamente la cosmovisión Emberá sobre la muerte y el espíritu que escucha a los vivos—, a la diócesis de Quibdó y a las cantadoras tradicionales cuya voz materializó el duelo colectivo en cada conmemoración anual del 2 de mayo.

En el plano nacional, su interlocución fue más amplia y más cargada de tensiones. Con Juan Manuel Santos mantuvo el vínculo simbólico que Oslo consagró; con el gobierno de Iván Duque Márquez, en cambio, la CEV vivió un mandato marcado por la desconfianza institucional del Ejecutivo hacia el sistema transicional, y Palacios, como los demás comisionados, tuvo que sostener el trabajo bajo la presión de un contexto político adverso. Dentro de la Comisión, la sociedad con Francisco de Roux fue clave: el presidente jesuita hizo del reconocimiento de las víctimas del Pacífico un eje del relato final, y Palacios fue una de las voces internas que empujaron ese giro. Con Patricia Tobón Yagarí compartió la responsabilidad de que el capítulo étnico no fuera un anexo periférico. Con Alfredo Molano Bravo, cuyo trabajo periodístico había recorrido durante décadas los ríos del Pacífico, tuvo el breve intercambio que la muerte del cronista en 2019 truncó.

La red también tuvo costos. El liderazgo comunitario en el Chocó es una actividad de alto riesgo: los años que siguieron a la firma del Acuerdo vieron el auge de grupos armados posdesmovilización, del clan que se autodenomina heredero del paramilitarismo del Urabá, de estructuras como Los Rastrojos con actividad documentada en municipios chocoanos entre 2010 y 2011, y de una recomposición violenta del territorio que dejaba a los líderes sociales en un lugar de amenaza permanente. Palacios ha vivido, como muchos otros dirigentes afro del Pacífico, bajo esquemas de protección y, en periodos específicos, ha debido salir del país por razones de seguridad. Esa dimensión no cabe en las fotografías de Oslo ni en los créditos del Informe Final, pero es constitutiva de la figura pública que él encarna.

La traducción y sus costos

¿Qué queda de Leyner Palacios en la Colombia posterior a la CEV? Quedan al menos tres cosas.

Queda, primero, un lugar cambiado del Pacífico afro en la memoria pública nacional. Antes del proceso de paz y de la CEV, Bojayá era en el imaginario colombiano el nombre de una masacre; después del trabajo comunitario y del Informe Final, es el nombre de una experiencia organizativa, ritual y política que reconfiguró la manera en que el país entiende la relación entre violencia, territorio y etnicidad. Esa reconfiguración no la hizo Palacios solo —la hicieron las cantadoras, los sabedores, los consejos comunitarios, los cabildos, los sacerdotes, las organizaciones nacionales e internacionales que acompañaron el proceso—, pero él fue una de sus figuras más visibles y consistentes durante dos décadas.

Queda, segundo, un modelo de mediación. Palacios mostró que era posible operar como puente entre lenguajes distintos —el comunitario afroatrateño, el institucional del Estado colombiano, el internacional del sistema de derechos humanos— sin que ninguno se impusiera enteramente sobre los otros. Ese modelo no es fácilmente replicable: exige una acumulación de capital territorial que ningún nombramiento institucional puede sustituir, y descansa sobre biografías marcadas por catástrofes que ninguna política pública debería producir. Pero como precedente cuenta, y ha servido de referencia para nuevas generaciones de liderazgo afro y étnico que llegaron después a la Comisión de la Verdad, a la Unidad de Búsqueda, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a los espacios de reparación colectiva.

Queda, tercero, una interrogante que la propia trayectoria de Palacios deja abierta. Fue la CEV una experiencia de reconfiguración institucional real desde las voces territoriales, o fue un dispositivo que necesitó incorporar figuras como la suya para legitimarse ante un país y un sistema internacional que exigían presencia étnica en las mesas de la verdad. Probablemente las dos cosas al mismo tiempo. Palacios operó dentro de esa ambigüedad: fue palanca real de influencia sobre el relato final de la Comisión y, simultáneamente, cara visible de una operación de legitimación que él no controlaba enteramente. Leerlo como pura agencia comunitaria borraría el peso de la instrumentalización; leerlo como pura instrumentalización borraría veinte años de trabajo territorial acumulado antes de que Oslo existiera. La lectura honesta exige sostener ambas cosas a la vez.

La conmemoración y el retorno

En el aniversario número once de la masacre, el 2 de mayo de 2013, la conmemoración en Bellavista combinó misa, marcha silenciosa, ofrenda floral, la creación de la Comisión de Seguimiento Bojayá: 2 de mayo, reunión con representantes institucionales para evaluar avances en reparación y socialización de programas de Reparación Colectiva con comunidades afro e indígenas. Los organizadores incluyeron a la organización de víctimas, al gobernador del Chocó, a la Alcaldía de Bojayá y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esa arquitectura —memoria ritual, exigencia política, gestión institucional— es la que Palacios ayudó a consolidar durante años, y es también la que después llevó, ampliada y traducida, a los procedimientos de la Comisión de la Verdad.

La respuesta estatal a la masacre había sido, en su momento, uno de los casos con mayor inversión gubernamental tras un episodio de este tipo en Colombia, con una avalancha descoordinada de funcionarios, proyectos y obras que reveló las limitaciones de una reparación centrada en lo económico y lo individual. Nuevo Bellavista, el caserío levantado tras la tragedia, quedó como testimonio ambivalente de esa lógica: pruebas visibles de presencia estatal en un territorio que seguía sin contar con las condiciones estructurales —salud, educación, seguridad, participación política— que hacen habitable un lugar. Bojayá se volvió así el laboratorio de lo que la reparación colectiva podía y no podía hacer, y Palacios uno de sus intérpretes más lúcidos.

Cuando la CEV entregó su Informe Final en julio de 2022, la masacre había alcanzado un lugar en la memoria pública colombiana que pocos casos comparten: la mayoría de la población nacional había oído hablar de Bojayá, y ese reconocimiento crecía marcadamente entre víctimas organizadas y entre quienes trabajaban profesionalmente sobre el conflicto. Ese lugar es parte de la huella que Palacios ayudó a construir, y es también el suelo sobre el que su trabajo posterior al mandato de la Comisión —de vuelta al Chocó, de vuelta a las asambleas del Atrato, de vuelta a la interlocución con víctimas y organizaciones sociales— sigue apoyándose.

Es difícil saber, mientras el sujeto sigue vivo y activo, dónde terminará su historia. Lo que sí puede decirse es que Leyner Palacios Asprilla es una de las figuras a través de las cuales la Colombia del posacuerdo aprendió que la paz territorial no es una consigna sino un oficio de traducción, que la memoria del Pacífico afro no es un capítulo étnico sino una lente para leer el país, y que los puentes entre comunidad e institución los construyen personas que pagan por ese trabajo un precio que las narrativas heroicas rara vez logran nombrar.