Bojayá

Un territorio de agua, selva y comunidades étnicas

El municipio de Bojayá se ubica en la región del Medio Atrato chocoano, una franja del Pacífico colombiano que forma parte del Chocó biogeográfico, una de las regiones más lluviosas del planeta. Es tierra de bosque húmedo tropical de vegetación selvática densa y variable, bordeada por Panamá y por las costas Caribe y Pacífica, atravesada por una red fluvial —el río Atrato y sus afluentes, entre ellos el Opogadó— que ha sido durante siglos la única vía real de comunicación. Llegar a una aldea emberá sobre el río Opogadó desde la cabecera de Bellavista tomaba cinco horas y media en canoa, tres y media de ellas remontando el afluente. Esa geografía de agua explica tanto la biodiversidad extraordinaria del municipio como su aislamiento respecto al centro andino del país.

El territorio es ancestralmente compartido por comunidades negras y por pueblos indígenas emberá. El litoral Pacífico colombiano constituye la mayor área contigua de presencia negra en las Américas, y el corredor Atrato–San Juan–Baudó, del que Bojayá forma parte, concentra 128 consejos comunitarios de comunidades negras y más de 169 resguardos indígenas de los pueblos wounaan, embera dobidá, chamí, katío, eyabida y eperara siapidara. En Bojayá conviven caseríos afrodescendientes de tradición ribereña —Bellavista, Pogue, Napipí y decenas de aldeas río arriba y río abajo— con comunidades emberá cuyas viviendas de techos cónicos de paja se levantan a orillas de los afluentes.

Esa doble presencia étnica, sostenida por prácticas colectivas de manejo del territorio, minería artesanal, pesca, caza y agricultura de pancoger, define la identidad del municipio. La propiedad de la tierra no se piensa en clave individual sino colectiva: los consejos comunitarios y los resguardos son la forma jurídica en que el Estado colombiano, ya tarde y a regañadientes, reconoció desde los años noventa una realidad territorial anterior a la República.

De la retaguardia guerrillera al terror paramilitar

Hasta mediados de los años setenta, el Chocó era un territorio relativamente pacífico, sin presencia conocida de grupos armados organizados, donde las comunidades negras e indígenas resolvían sus conflictos con mecanismos propios. La guerra, tal como la conoce el resto del país, llegó tarde y llegó por el río.

A finales de los años setenta, las FARC comenzaron a hacer presencia primero en el Bajo Atrato y luego en el Medio Atrato, considerando el Chocó una zona de retaguardia y descanso. Después de los ochenta, la guerrilla inició trabajo político en la región a través del Frente 57, y por ser en ese momento el actor armado dominante, los enfrentamientos eran escasos o inexistentes. Al Frente 57 se sumaron con el tiempo estructuras del ELN —los frentes Ernesto Ché Guevara, Manuel Hernández, el Boche, Benkos Biohó, el Proyecto Juan Camilo— y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). El Chocó era un territorio de tránsito y control guerrillero de baja intensidad, sostenido por su condición fronteriza y por el vacío institucional que las FARC ocupaban de facto.

El punto de quiebre llegó en 1996 con la penetración paramilitar. Primero en Bajirá, luego en Riosucio, y desde allí, con una ola de terror, masacres y muertes, hacia Murindó, Vigía del Fuerte y Bojayá. El grupo que en 1996 se instaló en Unguía, Acandí y Riosucio operaba bajo la denominación Grupo Chocó; a partir de 1998, esa estructura pasó a llamarse Bloque Élmer Cárdenas, adscrito a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y comandado por Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. Entre 1998 y 2002, el Bloque disputó a las FARC el control territorial del corredor Atrato mediante tomas, combates y masacres, en una fase de expansión que las ACCU ya habían iniciado en el Urabá.

Las finanzas paramilitares en el Bajo y Medio Atrato estaban vinculadas al narcotráfico y a la explotación maderera, actividades sobre las que los grupos ejercieron dominio y drenaron rentas, en un marco más amplio de agroindustria y colonización empresarial. El terror no era gratuito: preparaba el despojo. El 1 de junio de 1997 las ACCU controlaban Vigía del Fuerte —el municipio antioqueño situado en la ribera opuesta del Atrato, frente a Bellavista—, donde asesinaron a David Osorno Valencia, motorista del Hospital de Bojayá. Desde 1996 había desplazamiento en el Medio Atrato, y las administraciones no fueron capaces de responder a la magnitud de los hechos.

En marzo de 2000, las FARC-EP se tomaron los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte, destruyeron los puestos de policía y el gobierno nacional retiró la fuerza pública de ambas cabeceras, que quedaron bajo control de facto de la guerrilla. Ese vacío se prolongó hasta la llegada de los paramilitares en abril de 2002. Durante dos años, dos cabeceras municipales de la República funcionaron sin Estado en armas, sostenidas por la presencia guerrillera y por la resiliencia de sus habitantes. El escenario para la tragedia estaba servido.

El 2 de mayo de 2002

En abril de 2002, el Bloque Élmer Cárdenas remontó el Atrato para disputarle a las FARC —particularmente al Frente 34 del Bloque José María Córdoba— el corredor del Medio Atrato. Las alarmas empezaron a sonar de inmediato. El 24 de abril, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 52, con carácter de urgencia, señalando que las comunidades de Bojayá y Vigía del Fuerte estaban en grave riesgo. Entre el 24 y el 26 de abril, la Procuraduría General de la Nación y la propia Defensoría se unieron al pedido urgente de Naciones Unidas, respaldando la alerta previa de la Diócesis Católica de Quibdó e instando al Estado a proteger a la población. Más de 12.000 habitantes de Bojayá, Murindó, Vigía del Fuerte y Medio Atrato quedaron atrapados entre las tropas de ambos bandos.

La respuesta estatal no llegó. Peor: no solo hubo omisión, sino que se intentó soslayar las evidencias del peligro y desprestigiar a quienes emitieron las alertas. Durante el período 2000-2002 hubo actuaciones premeditadas y sistemáticas de agentes y estructuras de la fuerza pública para favorecer la consolidación de grupos paramilitares, fortalecer su capacidad militar y actuar mancomunadamente en incursiones al territorio, en contravía del Derecho Internacional Humanitario. El abandono, en Bojayá, tuvo la forma de una elección deliberada.

El 1 de mayo de 2002, los combates estallaron en Bellavista. Los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas se apostaron junto a la iglesia católica del casco urbano, usando como escudo humano a los cientos de civiles —afrocolombianos e indígenas, muchos de ellos niños— que se habían refugiado en el templo buscando protección. Al día siguiente, 2 de mayo, las FARC lanzaron cilindros bomba de forma indiscriminada. Uno cayó dentro de la iglesia y estalló entre la multitud aterrada.

Las cifras de la masacre han sido objeto de disputa durante dos décadas. La cifra oficial reconocida por el gobierno colombiano es de 79 muertos directos en la explosión. Otros recuentos elevan el total a 119 personas masacradas en la iglesia, y algunas cuentas posteriores llegan a 144 víctimas fatales al sumar los muertos en los días subsiguientes y en el desplazamiento inmediato. Sobrevivientes y organizaciones de víctimas han sostenido desde el principio que la cifra real es mayor y que muchos restos permanecieron sin identificar. Lo que no está en disputa es la naturaleza del hecho: un ataque con arma indiscriminada contra civiles refugiados en un templo, en el marco de una disputa territorial entre dos actores armados que la comunidad no había convocado.

El 9 de mayo, el presidente Andrés Pastrana visitó Bellavista acompañado de un equipo de investigadores, técnicos y médicos forenses de la Fiscalía, con el propósito de exhumar los cadáveres y comprometerse con la reconstrucción del caserío. La tarea forense fue interrumpida el 12 de mayo sin mayores explicaciones. Ese vacío probatorio pesaría durante los diecisiete años siguientes sobre las familias que no podían enterrar a los suyos.

Como consecuencia inmediata, aproximadamente 1.744 familias abandonaron el territorio de Bellavista y Bojayá, convirtiéndose en desplazados internos. La masacre no solo destruyó el pueblo en su dimensión física: disolvió tramas sociales y culturales, hirió los proyectos de vida colectivos, rompió el vínculo cotidiano con el río.

El despojo continuado

Bojayá no es un evento sino un proceso. La masacre del 2 de mayo condensa, pero no agota, la violencia que se ejerció sobre el Medio Atrato en el cambio de siglo. Entre 1997 y 2007, en el conjunto del departamento del Chocó, fueron desplazadas 90.739 personas según cifras oficiales. Los municipios más golpeados fueron Riosucio, con 25.611 personas desplazadas; Quibdó, con 14.759; y Bojayá, con 9.000. Solo entre quienes acudieron a la Iglesia católica en busca de registro —18.968 personas— se declararon pérdidas de 184.705 hectáreas. Bojayá encabezó esa lista con 81.718 hectáreas perdidas, seguido de Istmina con 33.362 y Juradó con 27.592.

Preguntadas por el responsable de su desplazamiento, el 50,53% de esas personas señaló a los grupos paramilitares o de autodefensa y el 43,52% a las guerrillas. La cifra es reveladora: en las mismas comunidades donde las FARC habían sido durante décadas el actor armado dominante, fueron los paramilitares —recién llegados desde 1996— quienes se convirtieron en el principal agente del desarraigo. La correlación con el mapa de la expansión narco-maderera del Bloque Élmer Cárdenas es difícil de leer como coincidencia. El terror preparaba, en Bojayá como en el resto del Bajo y Medio Atrato, la vacancia territorial que la economía extractiva y la agroindustria necesitaban.

El desplazamiento fue continuo y recurrente. En ciclos sucesivos, cerca de mil cien campesinos afrocolombianos huyeron por nuevos enfrentamientos armados; otros dos mil se refugiaron en las cabeceras de Bellavista y Vigía del Fuerte por miedo a que se reanudaran los combates, dejando abandonadas aldeas enteras de comunidades negras. El río Atrato, arteria histórica de la región, quedó bloqueado por la guerra: la movilidad comunitaria por sus aguas —eje de la economía ribereña, del comercio y de la vida social— se interrumpió durante años.

En 2003, las organizaciones sociales de la cuenca respondieron. El Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), la Organización Regional Embera Wounaan (OREWA) y la Asociación Campesina Integral del Atrato (Ascoba), acompañadas por las diócesis de Quibdó y Apartadó y por la Defensoría del Pueblo, organizaron la peregrinación Atratiando: por un buen trato en el Atrato. Durante seis días, navegaron 500 kilómetros desde Quibdó hasta la desembocadura del río en Turbo, recuperando —con la sola densidad de sus cuerpos y sus cantos— una movilidad que la guerra les había arrebatado.

El duelo interrumpido

Para comprender por qué la masacre de Bojayá dejó una herida particular en las comunidades del Medio Atrato es necesario detenerse en su cultura funeraria. En las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano, la muerte se elabora colectivamente a través de rituales que inscriben simbólicamente la partida y reestructuran las relaciones de apoyo y solidaridad. Los alabaos son cantos entonados en los velorios de adultos, en su mayoría por mujeres y sin acompañamiento de instrumentos musicales. Los arrullos, más alegres y rítmicos, se entonan en celebraciones a santos y en los chigualos, los velorios de niños menores de siete años. Cantar al muerto es despedirlo, es acompañarlo, es asegurar su tránsito.

La imposibilidad de recuperar los cuerpos o de darles entierro altera profundamente ese proceso, tanto en su dimensión personal y familiar como en la comunitaria. En el Chocó, cuando el río se lleva a los muertos, se dice que el aguacero se lo llevó, que se consuma en el río: fórmulas que nombran el abandono del cuerpo a los elementos naturales cuando el entierro es imposible. Fórmulas de duelo suspendido.

Bojayá multiplicó ese duelo suspendido. La interrupción de las exhumaciones el 12 de mayo de 2002, la dispersión de familias enteras por el desplazamiento y la imposibilidad, durante años, de identificar los restos, dejaron a decenas de familias sin poder cerrar el ritual. La respuesta comunitaria fue movilizar precisamente la tradición: las cantadoras del Medio Atrato, las alabadoras de Pogue, las mujeres cantaoras que sostienen la memoria oral de estas comunidades, comenzaron a cantar por los muertos de Bellavista con una constancia que se convertiría, con los años, en una forma reconocible de resistencia política.

Esa forma —los alabaos como duelo colectivo, como memoria, como denuncia— ha sido descrita como una política de la espiritualidad: una manera de convertir la ritualidad ancestral en interlocución pública con el Estado y con el país. En Buenaventura, en Tumaco, en el propio Chocó, las mujeres afrodescendientes cantaoras han utilizado los alabaos para elaborar el duelo por muertes y desapariciones en el conflicto armado. En Bojayá, esos cantos se volvieron el modo específico en que la comunidad se negó a que sus muertos fueran cifras.

La reconstrucción y la lucha por los restos

Tras la masacre, el gobierno colombiano determinó que no era viable reconstruir Bellavista junto al río y ordenó su reubicación: se levantaron 274 casas de cemento en lo que se conocería como Nuevo Bellavista. La decisión, tomada desde arriba, marcó una nueva ruptura: el vínculo con el sitio donde ocurrió la masacre —donde estaba la iglesia, donde se refugiaban los abuelos, donde cae el río— quedó administrativamente clausurado. La reconstrucción implicó también la reconstitución de las organizaciones sociales, la reactivación económica y la lenta —a veces solo nominal— presencia institucional para acompañar el retorno.

En medio de ese proceso surgió la organización Dos de Mayo, nacida de la lucha de sobrevivientes que se convirtieron a la fuerza en dirigentes tras la masacre, con el objetivo de defender los derechos de las víctimas. Dos de Mayo se convirtió en el principal interlocutor comunitario frente al Estado, exigiendo verdad sobre lo ocurrido, justicia sobre los responsables y —de manera insistente— un nuevo proceso de exhumación que revisara el trabajo interrumpido de la Fiscalía, identificara los restos pendientes y los devolviera a sus familias para poder cerrar el duelo.

La presencia paramilitar en la región post-masacre no desapareció, aunque cambió de forma: ya no se expresaba en retenes y acciones armadas visibles, sino en actividades económicas y políticas de personas reconocidas por la población que operaban sin uniforme, generando una sensación persistente de impunidad. La guerra, sin acabarse del todo, se hizo civil.

El 11 de noviembre de 2019, tras años de demanda comunitaria, ocurrió el retorno de los restos. En Vigía del Fuerte, en el Medio Atrato, llegaron los ataúdes de 102 víctimas de la masacre, diferenciados por color según la edad: 49 blancos para los niños y 53 cafés para los adultos. El retorno articuló procedimientos forenses con prácticas rituales, espirituales y de acompañamiento propias de las comunidades, guiadas por sus portadores de conocimiento cultural. Las cantadoras entonaron alabaos mientras se recibían los ataúdes. Después de diecisiete años, algunos —no todos— pudieron ser enterrados como se debe.

Bojayá como lugar de memoria

En el intervalo entre la masacre y el retorno de los restos, Bojayá dejó de ser solo un municipio del Chocó para convertirse en un referente ineludible de la memoria nacional. El Centro Nacional de Memoria Histórica publicó en 2010 el libro Bojayá: La guerra sin límites, que consolidó el caso como emblemático del conflicto armado colombiano. La masacre pasó a ser leída no como una tragedia local sino como un lente para comprender los patrones contemporáneos de violencia en Colombia, las prácticas de despojo de tierras y la diasporización de la población afrodescendiente.

El Cristo Mutilado —el crucifijo de la iglesia de Bellavista que la explosión partió pero no destruyó del todo— se convirtió en símbolo de resistencia para reconstruir la vida en el Nuevo Bellavista. En las conmemoraciones anuales del 2 de mayo, las cantadoras de Pogue lo acompañaban en primera fila. Esas conmemoraciones —rituales religiosos, alabaos, arrullos, obras de teatro, encuentros con comunidades hermanas— se han sostenido año tras año como espacios de memoria colectiva y de reivindicación política.

La proyección nacional del caso alcanzó su punto más alto durante el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, iniciado en 2012 y concluido en 2016. El tema del perdón y las víctimas ocupó un lugar central en el debate, y Bojayá se instaló en el corazón del acuerdo. En 2015, delegaciones de las FARC se desplazaron al municipio para pedir perdón públicamente a la comunidad, en un acto que muchos observadores consideraron un punto de inflexión simbólico de la negociación. Leyner Palacios Asprilla, sobreviviente de la masacre y representante de la comunidad afrocolombiana, fue una de las figuras cuya historia se narró en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz en Oslo, cuando representantes de las víctimas del conflicto colombiano recibieron un homenaje.

Que Bojayá haya sido situada en el centro del proceso de paz no fue un gesto protocolario. Fue el reconocimiento —tardío, incompleto— de que sin la comprensión de lo ocurrido allí no era posible pensar la reconciliación del país. Y fue, sobre todo, el resultado de la propia agencia política de la comunidad: la densidad organizativa preexistente de los consejos comunitarios y los resguardos, la persistencia de Dos de Mayo, la voz de los sobrevivientes, la insistencia de las cantadoras en no dejar que los muertos fueran olvidados.

La doble deuda

Leer Bojayá exige sostener dos verdades al mismo tiempo. La primera: la masacre del 2 de mayo de 2002 fue el desenlace previsible de una omisión estatal estructural y racializada. Las alertas tempranas emitidas por la Diócesis de Quibdó, Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría fueron ignoradas; la retirada de la fuerza pública desde marzo de 2000 dejó a dos cabeceras municipales sin Estado en armas; y la connivencia documentada entre agentes estatales y estructuras paramilitares configuró un abandono deliberado de comunidades cuya marginalidad histórica —la larga ausencia institucional, el despojo territorial, la exclusión racial— las había convertido en territorio disponible para la guerra.

La segunda: la masacre fue también el producto de una disputa territorial contingente entre dos actores armados no estatales que llegaron al Medio Atrato en momentos distintos y por lógicas propias. Las FARC habían hecho del Chocó su retaguardia desde los años setenta; el Bloque Élmer Cárdenas se expandió desde 1996 movido por las rentas del narcotráfico y la madera, y por la lógica más amplia de las ACCU. Sin esa disputa específica por el corredor Atrato en abril y mayo de 2002, la masacre no habría ocurrido en ese momento ni con esa forma. Los cilindros bomba los lanzaron las FARC; el escudo humano lo puso el Bloque Élmer Cárdenas.

Bojayá es el punto de convergencia de esas dos causalidades. La vulnerabilidad estructural producida por siglos de abandono estatal racializado hizo del Medio Atrato un vacío de soberanía colonizable por la guerra; la contingencia de una disputa armada concreta, con nombres, frentes y fechas, hizo lo demás. La comunidad ha exigido cuentas a ambos lados de esa doble deuda: al Estado, por la omisión y la connivencia; a los actores armados, por la brutalidad indiscriminada contra civiles refugiados en un templo. La pedagogía política que construyó desde el duelo no reduce Bojayá a víctima pasiva ni disuelve la responsabilidad de nadie.

Décadas después de la masacre, el Nuevo Bellavista sigue mirando al río. Las cantadoras siguen cantando. Los restos de algunos muertos volvieron; los de otros, todavía no. El municipio existe como territorio vivo —con sus consejos comunitarios, sus resguardos emberá, sus economías ribereñas, sus jóvenes que crecen sabiendo lo que allí ocurrió— y también como una pregunta pendiente que el país no ha terminado de responder. Bojayá enseña, con la paciencia terrible de quienes han cantado a sus muertos durante veinte años, que en Colombia no hay memoria del conflicto sin memoria del Atrato, y no hay paz sin la voz de sus comunidades.