Ruptura del Caguán, masacre de Bojayá y elección de Uribe (2002)

2002: la ruptura del Caguán, la masacre de Bojayá y la elección de Álvaro Uribe

En el primer semestre de 2002 se cerró, en tres actos separados por poco más de tres meses, el ciclo político abierto por la Constitución de 1991. El 20 de febrero, el presidente Andrés Pastrana Arango anunció por cadena nacional el fin del proceso de paz con las FARC-EP en la zona de distensión del Caguán. El 2 de mayo, un cilindro bomba lanzado por el Bloque 58 de esa misma guerrilla impactó la iglesia de Bellavista, en Bojayá, Chocó, donde se refugiaba la población civil, y dejó entre 74 y 119 muertos. El 26 de mayo, Álvaro Uribe Vélez ganó la presidencia en primera vuelta con cerca del 54% de los votos, la primera vez que un candidato lo lograba en Colombia. Los tres hechos no comparten causa directa, pero leídos juntos funcionan como cierres sucesivos de la misma puerta: la fórmula de salida negociada al conflicto armado, ensayada durante tres años en San Vicente del Caguán, quedó clausurada como opción de Estado, deslegitimada moralmente ante la opinión y sustituida por un mandato popular explícito de derrota militar.

El Caguán antes de febrero: una negociación estructuralmente viciada

El proceso que Pastrana anunciaría muerto en febrero de 2002 había comenzado formalmente en enero de 1999 y arrastraba desde su origen defectos que ninguna crisis posterior logró corregir. El gobierno cedió a las FARC una zona de distensión de más de 42.000 kilómetros cuadrados en los departamentos de Caquetá y Meta —cinco municipios, entre ellos San Vicente del Caguán— y retiró de allí al ejército antes incluso de que se hubieran iniciado los diálogos y de que se acordara la agenda de negociación. Ese orden de los factores importa: se entregó el territorio sin condiciones previas, apostando a que la guerrilla respondería a la generosidad con reciprocidad política.

La respuesta fue otra. Las FARC aprovecharon la zona como base militar de retaguardia, área de acumulación de recursos económicos y militares, espacio de entrenamiento de reclutas y laboratorio de formas de poder local. Expulsaron al alcalde de La Macarena, amenazaron y desplazaron a la fiscal local de San Vicente del Caguán, y en febrero de 2002 promulgaron su propia Ley 002, un decreto extorsivo dirigido a quienes tuvieran patrimonios superiores a un millón de dólares. La negociación coexistía así con el ejercicio abierto de un poder paraestatal en el territorio despejado.

La agenda, además, era desmesurada: pretendía discutir el conjunto del marco normativo del país y sus estructuras socioeconómicas, desde la política agraria hasta el modelo económico. Sin criterios de priorización ni horizontes temporales, la mesa se convirtió en un foro permanente sin capacidad de decisión. A esto se sumó una simetría inquietante: mientras se conversaba en Los Pozos, ambas partes se preparaban para lo contrario. El gobierno modernizó y tecnificó las Fuerzas Militares con apoyo de Estados Unidos a través del Plan Colombia, aprobado en los últimos días de la administración Clinton, que convirtió a Colombia en el tercer receptor mundial de ayuda exterior estadounidense, detrás de Israel y Egipto. Las FARC, por su parte, duplicaron efectivos, compraron armamento y consolidaron mandos. La duda razonable —si alguna de las dos partes tenía voluntad real de acuerdo— acompañó al proceso desde antes del final.

Las crisis se acumularon. Las FARC congelaron conversaciones para rechazar una comisión de verificación; el gobierno las suspendió tras acciones guerrilleras; el 29 de septiembre de 2001 fue secuestrada y asesinada la exministra Consuelo Araújo, hecho que dio pie al Acuerdo de San Francisco de la Sombra del 5 de octubre. Dos días después, Pastrana prorrogó el despeje hasta el 20 de enero de 2002 imponiendo controles externos más estrictos, con los que las FARC manifestaron su desacuerdo. Cuando terminó la tregua de Navidad de 2001, la guerrilla ejecutó en treinta días 117 operaciones: ataques a instalaciones militares, siembra de minas antipersonales, voladura de torres de energía, oleoductos y puentes. La comunidad internacional, que había pedido a las FARC permanecer en la mesa, encajó el golpe.

El detonante final llegó el 20 de febrero de 2002, cuando guerrilleros de las FARC secuestraron al senador Jorge Eduardo Géchem Turbay. Esa misma noche, Pastrana se dirigió al país por radio y televisión: declaró terminado el proceso, ordenó a las Fuerzas Militares recuperar la zona de distensión y comenzó el reencuadre discursivo que definiría los años siguientes. Tres días después, el 23 de febrero, las FARC secuestraron a la candidata presidencial Íngrid Betancourt y a su jefa de debates Clara Rojas, para presionar por un canje humanitario que no llegaría en años. El giro en la opinión pública fue instantáneo: la intención de voto por Uribe, que en enero de 2002 se ubicaba en el 39%, pasó al 59,5% en febrero. El clima electoral quedó sellado tres meses antes de la elección y dos y medio antes de Bojayá.

El Medio Atrato antes del 2 de mayo: una geografía sin Estado

Mientras el Caguán ocupaba el centro del debate nacional, en el noroeste del país se cocinaba desde hacía años una tragedia que la opinión pública apenas registraba. El Medio Atrato —territorio de comunidades negras e indígenas articulado en torno al río que le da nombre— era desde mediados de los años noventa escenario de una disputa territorial entre las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia, con la fuerza pública replegada o ausente. Desde 1997, los habitantes de Bellavista, cabecera del municipio de Bojayá en el Chocó, y de Vigía del Fuerte, al otro lado del río en Antioquia, vivían bajo el terror de grupos armados que llegaban al río disparando, generaban combates y desplazamientos masivos e imponían el miedo como forma de gobierno cotidiano.

En marzo de 2000, las FARC-EP tomaron ambas cabeceras. Desde esa fecha y hasta mayo de 2002 no hubo presencia de fuerza pública en Bojayá ni en Vigía del Fuerte: el gobierno nacional había retirado la policía tras un ataque previo de las FARC que destruyó la estación y mató a 24 agentes, y las dos poblaciones quedaron bajo jurisdicción de facto de la guerrilla. La estrategia de expulsión de la fuerza pública se venía desplegando desde 1999 en municipios como Juradó, tomado en diciembre de ese año, como parte de una ofensiva de confrontación directa contra el Estado y contra los paramilitares en el litoral y en el Atrato.

En abril de 2002, el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, comandado en la región por hombres de Carlos Castaño Gil, avanzó por el río para disputarles a las FARC ese corredor estratégico entre Urabá y el Pacífico. Los combates entre el Frente José María Córdoba de las FARC y el Bloque Élmer Cárdenas se prolongaron del 20 de abril al 7 de mayo de 2002 en el municipio de Bojayá. En ese lapso, entre el 24 y el 26 de abril, al menos cuatro instancias —la Diócesis de Quibdó, Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo con su alerta temprana número 52 y la Procuraduría General de la Nación— emitieron o respaldaron alertas urgentes sobre el grave riesgo que corrían las comunidades civiles de Bojayá y Vigía del Fuerte. El teniente coronel Orlando Pulido Rojas, comandante del Batallón Manosalva Flórez, consideró que la inminencia de los combates no era más que un rumor sin fundamento. La fuerza pública llegaría a la zona una semana después de la masacre.

2 de mayo de 2002: la iglesia de Bellavista

Con los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas apostados junto a la iglesia de Bellavista y usando a la población civil como escudo humano, y con las FARC atacando esas posiciones desde el otro flanco, la mañana del 2 de mayo miembros del Bloque 58 de las FARC lanzaron un cilindro bomba —una pipeta de gas adaptada como proyectil, arma artesanal habitual en la guerrilla— que cayó sobre el templo donde se refugiaban decenas de habitantes de Bellavista, entre ellos numerosos niños. La explosión mató a entre 74 y 119 civiles; un registro vinculado al Centro Nacional de Memoria Histórica ha estabilizado la cifra en 79 víctimas fatales, pero los cuerpos sin identificar en las exhumaciones posteriores dejan el conteo definitivo abierto.

Los combates continuaron hasta el 7 de mayo. La fuerza pública llegó a Bellavista aproximadamente una semana después de la explosión, cuando el desplazamiento de las 1.744 familias que abandonarían el territorio ya estaba en marcha y los cuerpos habían empezado a descomponerse. Los paramilitares desaparecían y desmembraban cadáveres a lo largo del Atrato para no dejar rastro, práctica que en la cultura afroatratense tenía un efecto específicamente devastador: impedía los rituales funerarios, entre ellos una tradición de identificación del asesino que, según testimonios comunitarios, habría motivado precisamente esa forma de eliminación de los cuerpos.

Las responsabilidades quedaron distribuidas entre tres actores. Las FARC lanzaron el arma que causó la matanza; el comandante del Bloque Noroccidental de la guerrilla, Isaías Trujillo, reconocería años después ante la Comisión de la Verdad la responsabilidad de su organización por el uso de métodos ilegales de guerra. Los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas convirtieron a la población civil en escudo al apostarse junto al templo. Y el Estado colombiano incumplió su deber de protección: la Procuraduría General de la Nación sancionó al teniente coronel Pulido Rojas con suspensión de 90 días sin remuneración mediante sentencia de única instancia del 16 de noviembre de 2004, por haber descartado como rumor las alertas que se venían acumulando desde el 24 de abril. La Comisión de la Verdad concluyó, años más tarde, que en Bojayá hubo responsabilidad compartida de las FARC-EP, los paramilitares y el Estado.

El voto del 26 de mayo: mandato antinegociador

Veinticuatro días después de la masacre, el país votó. Álvaro Uribe Vélez, nacido en Medellín en 1952, exalcalde de esa ciudad, exsenador y gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, ganó la presidencia en primera vuelta con aproximadamente el 54% de los votos, hito inédito en la historia electoral colombiana. Se presentó como disidente del Partido Liberal —tras negarse a participar en la consulta interna que favorecía a Horacio Serpa Uribe— bajo el Movimiento Primero Colombia, fundado por su primo Mario Uribe. El Partido Conservador, incapaz de posicionar candidatos propios después de que Augusto Ramírez Ocampo y Juan Camilo Restrepo renunciaran ante la baja acogida en encuestas, terminó respaldándolo.

La biografía política de Uribe explicaba su ubicación en el mapa. Como gobernador de Antioquia había defendido activamente las cooperativas de seguridad privada Convivir, lo que le dio fama de partidario de la mano dura y opositor frontal a las guerrillas. Su plataforma presidencial prometía derrotarlas militarmente. Un informe de la Defense Intelligence Agency de Estados Unidos de 1991 lo había listado como político colombiano vinculado al Cartel de Medellín, mencionando colaboración en altos niveles gubernamentales, señalamiento que no impidió su ascenso electoral. Su índice de favorabilidad, ya alto durante la campaña, se mantendría a lo largo de sus ocho años de gobierno entre el 63% y el 85%.

El vuelco no lo produjo Bojayá. Los datos son inequívocos: la intención de voto por Uribe pasó del 39% en enero al 59,5% en febrero de 2002, coincidiendo con la ruptura del Caguán, no con la masacre. Según la segunda Gran Encuesta de Napoleón Franco, el 48% de sus votantes lo apoyaba específicamente por sus posturas en materia de paz y seguridad. La lectura más honesta del resultado no es que el país eligiera a Uribe por lo que prometía hacer, sino que votara contra las FARC por lo que habían hecho durante el cuatrienio de Pastrana: los secuestros, las tomas, la Ley 002, el asesinato de Consuelo Araújo, los atentados de los treinta días posteriores a la tregua de Navidad, el secuestro de Géchem, el de Betancourt y Rojas. Bojayá no creó ese clima; lo confirmó.

Ese realineamiento electoral tuvo además un efecto estructural sobre el sistema de partidos: la victoria de un disidente liberal apoyado por el conservatismo marcó el punto de inflexión de un proceso de erosión bipartidista que venía gestándose desde la Constitución del 91 y que, tras 2002, se aceleraría hacia una configuración multipartidista.

Reencuadre discursivo: de guerrilla a terrorismo

Entre el 20 de febrero y el 7 de agosto de 2002 —fecha de la posesión de Uribe—, la manera oficial de nombrar al enemigo cambió. El término terrorismo, ya presente en el debate político, se consolidó como concepto central del discurso estatal para referirse a las FARC-EP, desplazando su caracterización previa como actor político-guerrillero con estatus de interlocutor. El reencuadre lo iniciaron Pastrana al romper los diálogos y Uribe desde la campaña; los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, ocurridos cinco meses antes del cierre del Caguán, aceleraron y legitimaron internacionalmente esa recatalogación, al alinear la agenda de seguridad colombiana con la lucha global antiterrorista.

Tras el 20 de febrero, la diplomacia de Pastrana redirigió sus esfuerzos a explicar al mundo las razones del rompimiento y a denunciar las acciones terroristas de las FARC. Un funcionario del Departamento de Estado observó entonces que la catalogación de las FARC como terroristas por parte de Pastrana —al romper el proceso y retirarles el estatus político— amplió el margen de maniobra estadounidense para emprender acciones más concretas en Colombia. La Unión Europea secundó poco después la perspectiva estadounidense. En total, 33 Estados y entidades internacionales reconocieron o ratificaron la designación de las FARC-EP como organización terrorista en ese período, entre ellos Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea.

Bojayá no inició este proceso, pero lo volvió irrevocable. Que la guerrilla que había ocupado tres años de mesa de negociación acabara lanzando una pipeta de gas contra una iglesia llena de civiles clausuró cualquier posibilidad de rehabilitación política a corto plazo, incluso ante actores internacionales que hasta entonces habían defendido la vía negociada. El clima moral que hacía impensable volver al Caguán quedó sellado el 2 de mayo.

La base material del giro: Plan Colombia y modernización militar

Uribe no llegó a un aparato militar improvisado. La transformación de las Fuerzas Militares, iniciada bajo Pastrana con financiación del Plan Colombia, le entregó una plataforma sobre la cual construir su ofensiva. El Plan implicaba una inversión inicial de 7.500 millones de dólares durante seis años, de los cuales 4.000 millones eran aporte del Estado colombiano y 3.500 millones provenían mayoritariamente de Estados Unidos. Concebido inicialmente para combatir el narcotráfico, no la guerrilla, sus recursos se extenderían después al combate contra las FARC cuando el gobierno estadounidense levantó, uno o dos años después del inicio del programa, la restricción original de uso.

Los efectos materiales fueron medibles. Entre 2000 y 2002, la capacidad aérea de las Fuerzas Militares y la Policía pasó de cuatro a dieciséis helicópteros artillados de combate, y el número de helicópteros de transporte creció en aproximadamente un centenar. Se reforzaron bases estratégicas como Apiay en el Meta, Tolemaida en Cundinamarca, la Brigada Antinarcóticos en el Fuerte Militar de Larandia en Caquetá y las instalaciones de la Brigada XXVII en Putumayo. Ese predominio aéreo, sumado a mayor movilidad terrestre, impidió a las FARC seguir concentrando grandes ejércitos como en las tomas de finales de los noventa y las obligó a fragmentarse.

Sobre esa base heredada, Uribe amplió la escala. Bajo su gobierno se incorporaron aproximadamente 96.000 nuevos reclutas a las fuerzas armadas y policiales, y en 2003 se lanzó el Plan Patriota, la operación contraguerrillera más grande desde los años sesenta, desplegada precisamente sobre la antigua zona de distensión del Caguán y el sur del país. La zona que había sido despejada para negociar se convirtió, apenas dos años después, en el epicentro de la ofensiva militar más ambiciosa del período.

El primer gobierno Uribe reordenó también el marco institucional. Se decretó la restricción de protecciones constitucionales y derechos políticos, y se establecieron Zonas de Rehabilitación y Consolidación en áreas como Arauca y la costa Atlántica para operaciones de contrainsurgencia. La política de Seguridad Democrática reemplazó la búsqueda de paz negociada por la seguridad como prioridad del Estado, y el discurso oficial adoptó el concepto de amenaza narcoterrorista como categoría rectora del conflicto.

Bojayá después de Bojayá: el duelo interrumpido

Mientras el país entraba en la década contrainsurgente, en el Medio Atrato la guerra siguió. En 2004, cerca de 1.100 campesinos afrocolombianos se desplazaron por nuevos enfrentamientos armados en la zona de Bojayá; entre febrero y marzo de 2005, otros 2.000 huyeron a las cabeceras municipales de Bellavista y Vigía del Fuerte, y todas las aldeas de comunidades negras quedaron abandonadas. Entre 1997 y 2007, el departamento del Chocó registró 90.739 personas desplazadas, y Bojayá figuró entre los municipios más afectados con 9.000, sólo por detrás de Riosucio y Quibdó. De las 18.968 personas desplazadas que acudieron a la Iglesia en ese período, las de Bojayá reportaron una pérdida territorial de 81.718 hectáreas —la mayor entre los municipios del departamento— de las 184.705 hectáreas abandonadas en total.

La modalidad del desplazamiento cambió tras la desmovilización paramilitar: de la salida masiva se pasó al goteo silencioso, más difícil de contar y de atender. La exhumación realizada por la Fiscalía en Bojayá dejó muchos cuerpos sin identificar, lo que llevó a organizaciones de sobrevivientes a exigir un nuevo proceso que permitiera entregar los restos a las familias y hacer el duelo según las tradiciones afroatratenses.

De esa lucha nació la organización Dos de Mayo, formada por sobrevivientes de la masacre para defender los derechos de las víctimas. El gobierno reubicó el pueblo en un nuevo Bellavista, en un terreno cercano al original. En 2003, un año después de la masacre, organizaciones comunitarias afroatratenses e indígenas —FISCH, Cocomacia, OREWA, Ascoba—, acompañadas por las diócesis de Quibdó y Apartadó y por la Defensoría del Pueblo, realizaron la peregrinación Atratiando: por un buen trato en el Atrato: navegaron 500 kilómetros en seis días desde Quibdó hasta la desembocadura del río en Turbo, para recuperar la movilidad comunitaria por el Atrato en el marco de una peregrinación por la paz y la vida. Fue el gesto opuesto al miedo que desde 1997 había impedido a los habitantes cruzar el río sin autorización de los armados.

Por qué 2002 sigue importando

La lectura convencional que hace de Bojayá el detonante del voto uribista se desmonta con las fechas. El país había cambiado de rumbo en febrero, cuando la ruptura del Caguán movió veinte puntos las encuestas en un mes; en mayo sólo ratificó lo decidido tres meses antes. Pero eso no reduce la importancia del 2 de mayo: la desplaza a su lugar exacto. Bojayá no produjo la elección de Uribe, la volvió imposible de reversar. Cualquier actor internacional o doméstico que hubiese querido, después del 26 de mayo, defender un retorno a la fórmula del Caguán tenía que hacerlo sobre las ruinas de una iglesia con 79 muertos identificados y decenas sin identificar. No había forma.

El año articula así una bisagra en tres tiempos. En febrero se clausuró la negociación como opción electoralmente viable. En mayo se clausuró la rehabilitación moral de la guerrilla ante la comunidad internacional. En las urnas y en la posesión del 7 de agosto se instaló el mandato explícito de derrota militar, sostenido sobre la infraestructura del Plan Colombia y sobre un realineamiento partidista que erosionó el bipartidismo tradicional. La década siguiente —Plan Patriota, Seguridad Democrática, golpes sucesivos al secretariado de las FARC, y en paralelo los falsos positivos, la parapolítica y las capturas masivas en zonas de rehabilitación— es la ejecución de lo que 2002 ordenó.

Queda, sin embargo, una lección más incómoda que la del giro contrainsurgente. La responsabilidad compartida establecida por la Comisión de la Verdad —FARC, paramilitares y Estado— señala que la omisión estructural que hizo posible Bojayá no fue corregida por el giro de 2002, sino reencuadrada. Las alertas del 24 al 26 de abril fueron ignoradas por un comandante militar que las descartó como rumor; la fuerza pública llegó una semana tarde; y en los años siguientes, en el mismo Chocó, el desplazamiento continuó gota a gota. La periferia afrocolombiana donde el Estado había estado ausente en 2000 seguiría estándolo, con otras formas, después de 2002. El voto del 26 de mayo cambió la relación del Estado con las FARC; no cambió, o no en la misma escala, su relación con los territorios que la guerra atravesaba desde hacía décadas.

Ese es el legado doble del año-bisagra. Cerró un ciclo político —el de la salida negociada intentada bajo el marco del 91— y abrió otro que reordenaría la década. Pero dejó intactas las condiciones geográficas, sociales y raciales que hicieron posible que en la iglesia de Bellavista, un jueves de mayo, hubiese entre 74 y 119 personas esperando el fin de un combate del que nadie las había protegido.