Horacio Serpa

La semblanza de un tribuno

Serpa fue, ante todo, un político de palabra. La suya era una oratoria de largo aliento, hecha para el balcón y la plaza más que para el estudio de televisión, con la cadencia del abogado litigante y el timbre del hombre de provincia que se sabía escuchado. Esa voz —ronca, familiar, sin pulir para los salones capitalinos— lo distinguió en una generación política que empezaba a modernizar sus formas al ritmo del mercadeo electoral. En un país donde el liberalismo había producido caudillos de calibre distinto —Jorge Eliécer Gaitán, Carlos Lleras Restrepo, Luis Carlos Galán—, Serpa se ubicó en el linaje popular: el del liberalismo que habla de derechos sociales, que se reclama del pueblo raso y que hace del acto público, más que del programa técnico, su medio natural.

Su carrera lo llevó por todos los escalones del oficio: alcalde de una capital petrolera a los veintisiete años, concejal, representante durante doce años seguidos, senador durante ocho, procurador general, alto comisionado para la paz, dos veces ministro de Gobierno, ministro del Interior, copresidente de una Asamblea Constituyente, embajador ante la OEA y, al final, gobernador de su departamento natal. Muy pocos colombianos del último medio siglo pueden exhibir un catálogo tan completo de cargos. Y, sin embargo, la presidencia de la República —el único puesto que buscó por elección directa desde 1998— se le negó tres veces seguidas. Esa asimetría entre densidad institucional y fracaso electoral en la máxima instancia es la clave de su lugar en la historia política colombiana.

Los orígenes: Barrancabermeja, San Gil, el Magdalena Medio

Serpa nació en 1943 y se formó políticamente en Santander, en el nudo geográfico donde el Magdalena Medio se encuentra con la cordillera oriental. Esa procedencia no es dato accesorio. A comienzos de los años sesenta, la comunicación entre Barrancabermeja y Bucaramanga tomaba mínimo seis horas por carretera destapada: la región vivía un aislamiento físico que reforzaba su identidad. Barrancabermeja, además, era una ciudad singular en el mapa nacional. La refinería de la Tropical Oil Company —la Troco— y su sucesora, Ecopetrol, habían configurado un tejido obrero denso, con sindicatos combativos, cultura de huelga y una izquierda social vigorosa. Ser alcalde liberal de esa ciudad en 1970, a los veintisiete años, era ejercer la política en un territorio donde el partido no podía ser solo maquinaria: tenía que argumentar frente a la Unión Sindical Obrera, moverse entre la Iglesia y las empresas del petróleo, entender el conflicto de clase antes de que en Bogotá se hablara con esos términos.

La otra raíz santandereana de Serpa fue San Gil, pueblo de tradición judicial antigua que él mismo describió como uno de los pocos con Tribunal propio, con cultura judicial vieja y orgullo de judicatura. Ser magistrado allí, decía, era algo significativo. Esa cultura de la ley enraizada en las provincias del oriente colombiano —tan distinta del pragmatismo capitalino— nutrió su ejercicio del derecho y, más tarde, su paso por la Procuraduría. Serpa fue siempre un liberal de tradición leguleya, formado en la idea de que las instituciones son un patrimonio y no un decorado.

Su ascenso local siguió el ritmo clásico del liberalismo santandereano de los años setenta. Después de la alcaldía de Barrancabermeja llegó, en 1971, al concejo de Bucaramanga. De allí, en 1974, dio el salto al Congreso: representante a la Cámara durante tres períodos consecutivos, hasta 1986, y luego senador durante otros dos, hasta 1994. Doce años en la Cámara y ocho en el Senado componen una escuela larga de la política nacional, con la disciplina de bancada, las comisiones y las plenarias como aula permanente.

Del Congreso al centro del poder

En 1988 Serpa fue nombrado Procurador General de la Nación. Ocupó el cargo hasta 1989, cuando renunció para incorporarse a la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano. Ese gesto —abandonar la Procuraduría por una campaña— revela ya la naturaleza de su vocación: nunca fue un funcionario técnico ni un juez, sino un político de partido que asumía las funciones institucionales como estaciones de una carrera pública mayor. Su sucesor en la Procuraduría llegaría al cargo apenas semanas después de la masacre de La Rochela, en enero de 1989, uno de los episodios más brutales de la violencia paramilitar contra la justicia colombiana.

La derrota interna de Samper frente a Galán, y la posterior tragedia de Soacha en agosto de 1989, reordenaron el liberalismo. Serpa reapareció en 1990 como ministro de Gobierno de César Gaviria Trujillo, el joven presidente que había recogido la bandera galanista tras el asesinato. Desde esa cartera —la que entonces manejaba las relaciones del Ejecutivo con el Congreso, los partidos y el orden público— participó en el diseño del proceso constituyente que se avecinaba.

En 1991 llegó su hora más alta. La Asamblea Nacional Constituyente, instalada el 4 de febrero en el salón Elíptico del Congreso, no tuvo un solo presidente sino tres copresidentes, en un gesto simbólico que buscaba encarnar el pacto nacional que se estaba escribiendo. Los tres nombres decían todo lo que Colombia necesitaba oír. Álvaro Gómez Hurtado, hijo del jefe conservador Laureano Gómez, representaba a la derecha godofila reconciliada con el sistema. Antonio Navarro Wolff, exguerrillero del M-19, encarnaba a la izquierda desmovilizada e incorporada al juego democrático. Y Horacio Serpa, dirigente liberal, era la columna del bipartidismo histórico que aceptaba refundar la Carta de 1886. Junto al presidente Gaviria y al ministro Humberto de la Calle, los tres copresidentes se reunieron varias veces durante el proceso; una de esas noches, sobre la mesa, estuvo la posible inhabilitación de los constituyentes para el Congreso siguiente, un asunto delicado que no logró resolverse en aquella cena.

La Constitución fue proclamada el 4 de julio de 1991. Ampliaba el catálogo de derechos y libertades fundamentales, creaba la acción de tutela, incorporaba mecanismos de participación directa, reconocía el pluralismo étnico y buscaba superar el bipartidismo mediante un sistema de partidos más abierto. Serpa firmaba, así, la Carta que reordenaría el país durante las tres décadas siguientes. Que fuera él —liberal orgánico, tribuno de las plazas— quien copresidiera un proceso que apuntaba a debilitar el bipartidismo tradicional es una de las ironías estructurales de su biografía. El instrumento con el que ayudó a modernizar la democracia colombiana fue también el que abrió el terreno a la fragmentación política que, años después, arrasaría con su propio proyecto electoral.

En 1992, ya bajo Gaviria, Serpa fue nombrado alto comisionado para la paz, en un momento en que el gobierno intentaba consolidar los diálogos con las guerrillas remanentes tras la desmovilización del M-19 y otros grupos. Esa función, breve, lo dejó marcado como interlocutor de las conversaciones de paz y como partidario de la solución negociada al conflicto armado, una posición constante en su trayectoria posterior.

El escudo de Samper: el Proceso 8.000

Ernesto Samper ganó la presidencia en junio de 1994 tras una segunda vuelta ajustada contra Andrés Pastrana Arango. Serpa fue su ministro de Gobierno entre 1994 y 1995 y, tras la reforma que convirtió esa cartera en Ministerio del Interior, siguió al frente de la misma dependencia hasta 1997. Durante esos años se desarrolló la crisis política más grave de la democracia colombiana desde el Bogotazo: el Proceso 8.000.

En junio de 1994, entre las dos vueltas de la elección presidencial, aparecieron los primeros indicios de que el Cartel de Cali había entregado seis millones de dólares a la campaña de Samper. Lo que empezó como rumor se convirtió, a lo largo de 1995, en una investigación penal que salpicó al tesorero de campaña Santiago Medina, al director de campaña y luego ministro de Defensa Fernando Botero Zea, y al propio presidente. La institucionalidad colombiana entró en emergencia. Estados Unidos descertificó al país. Botero, encarcelado, terminó acusando directamente a Samper de haber conocido la operación.

En ese vendaval, Serpa fue el escudo. Desde el Ministerio del Interior organizó la defensa política del presidente con una energía y una franqueza que polarizaron al país. Acuñó la expresión "aquí no ha pasado nada" y salió a las plazas a defender la legitimidad del gobierno con el argumento —jurídicamente sostenible, políticamente devastador— de que Samper no había sabido del origen de los dineros. En junio de 1996, el Comité de Acusaciones de la Cámara de Representantes absolvió al presidente. La decisión, controvertida, no cerró la crisis: Samper terminó su mandato, como se dijo entonces, "ni culpable ni absuelto".

El costo personal para Serpa fue enorme. Al defender a Samper con esa ferocidad se identificó públicamente con el gobierno cuestionado, y él mismo quedó salpicado por señalamientos de recepción de dineros del Cartel de Cali. Su imagen entre amplios sectores urbanos, ya de por sí más cercanos al conservatismo moderno o a la disidencia liberal galanista, se deterioró irreparablemente. Un sector del propio Partido Liberal, por razones éticas, decidió apartarse de él cuando llegó el momento de escoger candidato para 1998. Serpa pagó por Samper una factura política que nunca terminó de saldar.

Las tres derrotas: 1998, 2002, 2006

En 1998, con el Partido Liberal fracturado y desprestigiado, Serpa se lanzó por primera vez a la presidencia. Su rival fue el mismo Andrés Pastrana Arango a quien Samper había derrotado cuatro años antes. Esta vez la ecuación se invirtió. Un ala liberal significativa se pasó a Pastrana por convicción ética; el estigma del Proceso 8.000 pesaba sobre Serpa como una losa; y el conservatismo, unificado tras el candidato de la Nueva Fuerza Democrática, capitalizó el desgaste del oficialismo. Pastrana venció en la segunda vuelta de junio de 1998 y llegó a la Casa de Nariño con el mandato de negociar la paz con las FARC.

La segunda campaña, en 2002, se libró en un país distinto. El proceso de paz del Caguán había colapsado en febrero de aquel año, tras tres años de negociaciones marcadas por los abusos de las FARC en la zona de despeje, los secuestros masivos y la desconfianza creciente de la opinión pública. La demanda ciudadana de seguridad había desplazado el eje del debate. Serpa, otra vez candidato del liberalismo tradicional, era el representante natural de un establishment que se percibía incapaz de responder a esa demanda.

El Partido Liberal optó por escoger su candidato mediante consulta interna, mecanismo que favorecía claramente a Serpa. Fue entonces cuando Álvaro Uribe Vélez, exgobernador de Antioquia y precandidato liberal, decidió romper con el partido y presentarse como disidente al frente del Movimiento Primero Colombia. Al inicio de la campaña, Uribe apenas figuraba en las encuestas. En pocos meses, catalizando la ira nacional contra las FARC y prometiendo mano dura, se convirtió en el candidato imbatible. El Partido Conservador, tras la renuncia sucesiva de Augusto Ramírez Ocampo y Juan Camilo Restrepo por baja acogida en las encuestas, terminó respaldando a Uribe, que ganó en primera vuelta. Serpa perdió una elección que, en rigor, ningún candidato del bipartidismo tradicional podría haber ganado: el país no votó tanto por Uribe como contra las FARC.

Tras esa derrota, Serpa fue nombrado embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos entre 2002 y 2004, una manera elegante de retirarlo de la política interna sin humillarlo. Regresó para el intento de 2006, esta vez como candidato oficial del Partido Liberal frente a un Uribe que buscaba su reelección inmediata, habilitada por la reforma constitucional de 2004. La derrota fue rotunda: la popularidad del presidente, sostenida en los resultados militares de la Política de Seguridad Democrática, no dejaba espacio a ninguna candidatura de oposición.

Tres derrotas presidenciales seguidas. Ningún colombiano moderno ha acumulado un récord semejante en la primera línea de la política nacional. Y, sin embargo, el propio Serpa demostró en 2007 que el liberalismo popular no había muerto, sino que se había replegado a sus bases regionales: ganó la elección a la gobernación de Santander, el departamento donde nunca dejó de ser reconocido como uno de los suyos.

Serpa bajo el uribismo: las chuzadas del DAS

Los años del gobierno Uribe (2002–2010) fueron para Serpa una posición doblemente incómoda. Por un lado, representaba a la principal oposición partidaria a un presidente que gobernaba con niveles de popularidad inéditos. Por otro, esa misma condición lo convirtió en objetivo de una de las operaciones de inteligencia ilegal más graves de la democracia colombiana.

En 2009 se reveló que el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS —la agencia de inteligencia adscrita a la Presidencia—, había realizado escuchas ilegales, seguimientos y otras formas de vigilancia contra periodistas, magistrados, defensores de derechos humanos y opositores políticos del gobierno. Serpa apareció entre los interceptados. La explicación más plausible es que el Partido Liberal era la principal oposición partidaria al gobierno Uribe, y su exdirigente natural, el candidato tres veces derrotado, seguía siendo la voz institucional de esa oposición. Otros interceptados —como el propio vicepresidente Francisco Santos, o el exfiscal Alfonso Gómez Méndez— resultan más difíciles de encajar en esa lógica, lo que sugiere que la operación tenía múltiples niveles de motivación.

A principios de 2012, ya bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, el DAS fue liquidado y reemplazado por una nueva entidad de inteligencia. Para entonces, Serpa había pasado por la gobernación de Santander y seguía siendo referencia obligada del liberalismo, aunque el partido que él encarnaba había perdido definitivamente la centralidad del sistema.

Su red: liberales, conservadores, constituyentes

La biografía política de Serpa se lee mejor en compañía de los nombres que la cruzan. Con Ernesto Samper el vínculo fue el más determinante: dejó la Procuraduría para acompañarlo desde 1989, fue su ministro más visible entre 1994 y 1997, y cargó con el pasivo del Proceso 8.000 hasta el final de su carrera electoral. La relación con César Gaviria fue de servicio institucional: gestionó por él la delicada cartera de Gobierno durante los primeros meses de la Constituyente y en los años del inicio de la apertura económica.

Con Luis Carlos Galán, el otro gran nombre del liberalismo de su generación, Serpa nunca ocupó el mismo espacio: pertenecía al oficialismo del partido, mientras Galán encarnó siempre la disidencia moralista. El asesinato de Galán en 1989 marcó al liberalismo entero, y Serpa quedó, sin haberlo buscado, del lado del ala que la disidencia galanista denunciaba.

La copresidencia de 1991 lo unió a dos figuras opuestas y complementarias. Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en Bogotá en noviembre de 1995, en pleno estallido del Proceso 8.000, había sido el líder conservador más elocuente de su generación; su muerte —nunca esclarecida del todo— privó a la política colombiana de un interlocutor natural del propio Serpa. Antonio Navarro Wolff, en cambio, continuó una carrera larga que lo llevó a la gobernación de Nariño, al ministerio y al Congreso, siempre desde el ala izquierda de la nueva política; el liberalismo popular de Serpa y la socialdemocracia progresista de Navarro terminaron ocupando nichos electorales cercanos, aunque nunca convergieron plenamente.

Frente al uribismo, Serpa fue adversario constante pero civilizado. Con Andrés Pastrana, su rival en 1998, mantuvo el trato de opositor institucional. Con Álvaro Uribe, la relación fue más tensa: no solo el 2002 sino, sobre todo, el episodio del DAS marcaron la memoria de esa oposición. Con Juan Manuel Santos, el sucesor liberal-santista de Uribe, compartió la aproximación a la solución negociada del conflicto, que había sido su bandera desde 1992.

La huella: el ocaso del liberalismo popular

Serpa murió en Bucaramanga el 31 de octubre de 2020, a los setenta y siete años, con el país en pandemia. Su muerte cerró un ciclo. Con él se apagó la última voz mayor del liberalismo popular colombiano, esa tradición que venía de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliécer Gaitán, que había hablado de reformas sociales antes de que se hablara de socialdemocracia, y que había mantenido la imagen del tribuno como forma legítima del liderazgo político.

Su lugar en la historia es tenso y, por eso mismo, valioso. Como figura institucional, participó en la construcción de piezas clave del Estado moderno colombiano: la Procuraduría de finales de los ochenta, en plena guerra contra el narcotráfico; el diseño político del gobierno Gaviria; la Constitución de 1991, cuya arquitectura de derechos y libertades sigue siendo el marco de la vida pública; los ministerios que gestionaron el orden interno durante los años más duros de la crisis samperista; la representación de Colombia ante la OEA; y, finalmente, la gobernación de un departamento históricamente liberal. Pocos colombianos de su generación pueden mostrar semejante despliegue de servicio público continuado.

Como fenómeno electoral, en cambio, Serpa es el catálogo de la derrota. Tres campañas presidenciales, tres pérdidas. Y las causas de ese fracaso no son reducibles a un solo factor. Hay una lectura interna, que atribuye la debacle al desgaste moral del Partido Liberal tras el Proceso 8.000: Serpa fue el escudo de Samper, y absorbió en su propia imagen el veneno que salpicó al partido; ninguna campaña posterior pudo librarse del todo de esa mancha. Y hay una lectura externa, que sitúa las derrotas en el ciclo mayor del colapso del bipartidismo y del ascenso del uribismo como respuesta a la crisis del proceso de paz: perdió ante fuerzas históricas que habrían derribado a cualquier candidato del establishment liberal. Las dos lecturas son ciertas y se refuerzan mutuamente. La particularidad de Serpa —lo que lo vuelve termómetro de una época— es que su figura fue el punto exacto donde ambas convergieron.

Queda también el balance ambiguo del constituyente que socavó, sin quererlo, la política que lo formó. La Constitución de 1991, en cuya copresidencia participó, abrió las compuertas del sistema de partidos: allanó el camino a las circunscripciones especiales, a los movimientos ciudadanos, a las candidaturas independientes, a la crítica antibipartidista. El liberalismo hegemónico que Serpa encarnaba —el partido de las mayorías automáticas, de las maquinarias regionales, del pacto tácito con el conservatismo— no sobrevivió a ese nuevo marco. La irrupción de Uribe en 2002 como disidente liberal, y luego como líder de una fuerza propia, sería impensable sin la fragmentación política que la Carta del 91 habilitó. Serpa fue, en ese sentido, artífice de su propia derrota estructural: firmó las reglas que hicieron posible el país que ya no lo quiso presidente.

Pero conviene no cerrar en clave de tragedia. Hay una segunda huella, quizás más silenciosa, que su carrera dejó bien plantada. El liberalismo popular no murió con las derrotas nacionales: se replegó a las bases provinciales, donde su discurso de derechos sociales, servicios públicos y presencia estatal seguía teniendo eco. La victoria en Santander en 2007, después de tres derrotas presidenciales consecutivas, es la prueba de que las lealtades regionales del liberalismo sobrevivieron a la crisis del proyecto nacional. Serpa, hasta el final, siguió siendo escuchado en las plazas donde había empezado. Ese pueblo que lo conocía no fue el que definió las elecciones presidenciales del siglo XXI, pero fue el que sostuvo, contra todo pronóstico, la memoria de un tipo de política —de tribuna, de partido, de compromiso social— que la modernidad electoral colombiana dio por enterrada demasiado pronto.

En la memoria pública, Serpa quedará como el hombre del sombrero y la voz recia, el defensor imposible de Samper, el copresidente de la Constituyente, el candidato que nunca ganó pero que nunca dejó de intentarlo. Un político de otra época que alcanzó a ver, todavía en pie, el país nuevo cuyas reglas él mismo había ayudado a redactar y cuyos frutos electorales nunca cosechó. Esa asimetría —arquitecto sin coronación— es la forma exacta de su lugar en la historia de Colombia.