Ensayo · Constitución de 1991 · 1991–2002
La Constitución de 1991
La Carta de 1991 reemplazó la Constitución de 1886 tras 105 años de vigencia y refundó el pacto político colombiano. La pregunta que persiste es si ese resultado fue un salto democrático autónomo o el producto contingente del narcoterrorismo, los magnicidios y el colapso de la reforma Barco.
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La respuesta en breve
La Constitución de 1991 fue posible porque presiones estructurales acumuladas durante décadas —rigidez del 86, abuso crónico del estado de sitio, exclusión política— encontraron ventana precisamente cuando los canales ordinarios se desplomaron. Sin el hundimiento de la reforma Barco en el Congreso, sin el vaciamiento del campo electoral por los magnicidios de Galán, Jaramillo Ossa y Pizarro, y sin la presión narcoterrorista que colonizó el proceso hasta inscribir la prohibición de extradición en la nueva Carta, no habría habido refundación constitucional en 1991. El bloqueo institucional no fue obstáculo del cambio sino su condición: fue el fracaso de los intentos previos, y no su éxito, lo que despejó el campo para una Asamblea con mandato amplio. La Carta del 91 contiene tanto la ampliación de derechos como la huella indeleble de sus captores.
La narrativa oficial presenta la Constitución de 1991 como culminación lógica de un reformismo democrático acumulado desde al menos la descentralización betancurista y la movilización estudiantil de la Séptima Papeleta, en la que la violencia fue factor agravante pero no causa determinante. La lectura contingente, respaldada por la evidencia del hundimiento parlamentario de la reforma Barco a manos de congresistas vinculados al narcotráfico, los tres magnicidios presidenciales de 1989-1990 y la aprobación en votación secreta de la prohibición de extradición coincidiendo con la entrega de Pablo Escobar, sostiene que sin esa cadena de colapsos violentos no habría habido Constituyente en 1991 ni una con esa composición y esos contenidos. El punto más agudo del debate es la prohibición de extradición: para la lectura idealista es una decisión soberana del constituyente; para la lectura contingente es el rastro visible de la captura narcoterrorista del proceso. Una tercera tensión atraviesa ambas posiciones: si la reforma Barco hubiera prosperado, el país habría tenido cambios sustantivos pero no una refundación —lo que sugiere que el bloqueo fue condición, no obstáculo, del cambio mayor—, y que los magnicidios, al despejar el campo político a la agenda de César Gaviria, cumplieron una función estructural que las narrativas triunfalistas del 91 sistemáticamente eluden.
Ensayo completo
La lectura
¿Qué produjo la Constitución de 1991?
La Constitución Política de Colombia de 1991 fue el desenlace de un proceso constituyente convocado entre 1990 y 1991 que reemplazó la Carta de 1886 tras 105 años de vigencia. Su relevancia excede lo jurídico: fijó un nuevo pacto sobre derechos, descentralización, pluralismo étnico, mecanismos de participación y restricciones al poder presidencial. La pregunta que sigue viva es qué la produjo.
Una narrativa dominante la presenta como un salto democrático madurado durante décadas, la respuesta autónoma de una sociedad que finalmente se dio la constitución que necesitaba. Otra lectura, más incómoda, la lee como subproducto contingente de tres colapsos simultáneos: el hundimiento en el Congreso de la reforma Barco en 1989, la eliminación física de tres candidatos presidenciales entre 1989 y 1990, y la extorsión constitucional del narcoterrorismo que logró inscribir en la nueva Carta la prohibición de extraditar colombianos. Ninguna de las dos versiones basta por sí sola, pero la evidencia inclina la balanza hacia una tesis específica: la Constitución de 1991 fue el encuentro entre presiones estructurales de larga data —rigidez del 86, abuso crónico del estado de sitio, exclusión política— y una cadena de contingencias violentas que abrieron la única ventana posible. Sin las contingencias no habría habido refundación en 1991; sin las presiones estructurales la violencia sola no habría producido una constitución, sino más represión.
De cómo se cuente la génesis del 91 dependen los usos políticos que hoy se le dan al texto. Si la Carta es el fruto maduro de un consenso democrático, sus contenidos gozan de una legitimidad casi originaria y sus reformadores cargan con la sospecha de erosionar un pacto conquistado. Si, en cambio, es el sedimento de una emergencia —una escritura hecha bajo el ruido de las bombas, la amenaza de los sicarios y el chantaje del Cartel de Medellín—, entonces la Constitución es un logro más frágil y más ambiguo: contiene tanto la ampliación de derechos como la huella indeleble de sus captores. La pregunta también decide cuán teleológica es la historia colombiana reciente. La lectura triunfalista supone que el país venía "camino" hacia el 91 desde al menos la descentralización betancurista; la lectura contingente sostiene que en cada bifurcación crítica —1977, 1986, 1989— el proceso pudo detenerse o desviarse, y que fue el fracaso, no el éxito, de los intentos previos el que despejó el campo.
La tesis del salto democrático autónomo se apoya en una cronología acumulativa. Ya en 1977 el gobierno de Alfonso López Michelsen había enfrentado la tensión estructural entre un mandato reformista y las restricciones del orden constitucional del 86; el bloqueo de aquella "pequeña constituyente" mostró que la sociedad colombiana pujaba por un rediseño institucional que el marco vigente no dejaba pasar. La elección popular de alcaldes al final del gobierno de Belisario Betancur, el Estatuto de Defensa de la Democracia de 1988, la propuesta de Virgilio Barco en enero de 1988 de derogar por consulta popular el artículo 13 del Plebiscito de 1957 —que impedía reformar a fondo la Carta del 86— y la movilización estudiantil de la Séptima Papeleta en marzo de 1990: todos serían eslabones de una misma cadena reformista que culminó, lógicamente, en la Asamblea Nacional Constituyente. En esta lectura, la violencia fue factor agravante, no causa; el país habría llegado a la Constitución por su propio peso democrático.
La tesis contingente, en cambio, sostiene que sin narcoterrorismo y sin magnicidios no habría habido Constituyente en 1991, o al menos no una con la composición, el mandato y los contenidos que tuvo. Su evidencia central es negativa: durante más de una década los intentos ordinarios de reforma fueron sistemáticamente bloqueados; el 86 solo cedió cuando se descompuso el orden que lo sostenía. Y su evidencia positiva es incómoda: la prohibición de extradición, aprobada por votación secreta en la propia ANC coincidiendo con la entrega de Pablo Escobar Gaviria a las autoridades, es el rastro visible de que el proceso constituyente fue parcialmente colonizado por el actor que más ganaba con él.
Entre ambos polos, una tercera lectura resulta más fecunda: la Carta del 91 fue posible porque presiones acumuladas de largo plazo encontraron ventana precisamente en el momento en que los canales ordinarios se desplomaron. El bloqueo no fue obstáculo del cambio; fue su condición.
La Constitución de 1886 era altamente centralista y otorgaba al presidente amplios poderes de emergencia sin restricciones efectivas. Su rigidez estaba blindada por el artículo 13 del Plebiscito de 1957, que impedía cambios estructurales. El resultado fue un régimen que se gobernaba a sí mismo, cada vez más, por excepción: entre 1958 y 1990, más del 80% del tiempo estuvo vigente alguna forma de estado de sitio. Los presidentes de ambos partidos usaron el artículo 121 para lo que no debía: reforma a la justicia, política de paz, orden público difuso. En palabras de Alfonso Gómez Méndez, la figura "dio para todo", y nunca se adelantó juicio de responsabilidad a presidente alguno por esa violación manifiesta de la Carta. Se llegó incluso a sostener, con una teoría sutil, que la aplicación misma de la Constitución podía ser causa de perturbación del orden público.
Esa hipertrofia del ejecutivo por vía de excepción, combinada con la imposibilidad práctica de reformar el texto por vías ordinarias, define el callejón sin salida institucional en el que Colombia entró a los años ochenta. El propio Barco, en su discurso de posesión en 1986, había anunciado que reformularía el uso del estado de sitio mediante mecanismos constitucionales intermedios y graduales. La promesa reconocía el diagnóstico: el 86 se había convertido en una constitución fantasma sustituida por decretos.
Aquí se aloja la primera bifurcación crítica: 1977. El bloqueo de la reforma constitucional intentada por López Michelsen no fue un episodio menor; retrasó por más de una década agendas —descentralización, ajuste institucional a la nueva geografía política del país— que terminarían aprobándose bajo un contexto completamente distinto, ya no dominado por el reformismo liberal sino por la urgencia frente al colapso. Cuando esas agendas volvieron a abrirse camino, lo hicieron bajo la sombra tecnocrática del gobierno Gaviria y de la apertura económica, lo que marcó su lectura y sus límites.
El gobierno Barco intentó, entre 1988 y 1989, la vía institucional clásica: un acuerdo político con el M-19 que se tramitaría como reforma constitucional en el Congreso y culminaría en un referendo. La estrategia contemplaba el reconocimiento de los insurgentes como interlocutores válidos y el compromiso gubernamental de una profunda reforma política. Su ministro de Gobierno, Carlos Lemos Simmonds, defendió durante meses la idea de que el escenario natural de la negociación era el parlamento.
El proyecto se hundió. Mayorías parlamentarias liberales y conservadoras lo bloquearon, y el punto de ruptura fue la maniobra por incluir una cláusula que prohibiera la extradición de colombianos. El Congreso intentó incorporarla; el gobierno no aceptó tramitar la reforma con ese lastre. La mafia habría operado a través de sus congresistas para lograr precisamente ese resultado. La renuncia de Lemos Simmonds selló el fracaso. El escenario natural de la política —el Congreso— había sido colonizado por el actor que más temía a una de las herramientas del Estado.
Este hecho es la clave para entender por qué el 91 no fue prolongación de Barco sino respuesta a su fracaso. Si la reforma parlamentaria hubiera prosperado, el país habría tenido una modificación limitada de la Carta del 86, un referendo electoral y un acuerdo bilateral con el M-19: cambios sustantivos, pero no una refundación. La Asamblea Nacional Constituyente con mandato amplio, con desmovilización múltiple, con derechos fundamentales, con Corte Constitucional y jurisdicción tutelar, no habría existido. El bloqueo institucional no fue obstáculo del cambio; fue precondición del cambio mayor.
Ahora bien, el bloqueo por sí solo tampoco lo explica: sin el segundo colapso —el de la legitimidad electoral por vía del magnicidio— la respuesta al hundimiento parlamentario habría sido probablemente otro intento de reforma parcial.
Entre agosto de 1989 y abril de 1990 fueron asesinados tres candidatos presidenciales. El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán Sarmiento cayó en Soacha durante un acto de campaña; los sicarios estaban vinculados a las autodefensas del Magdalena Medio encabezadas por Jaime Eduardo Rueda Rocha, y la orden se atribuye a Pablo Escobar. Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica cuya postulación se había ratificado en diciembre de 1989, fue asesinado en 1990. Carlos Pizarro Leongómez, candidato del M-19 ya desmovilizado, fue asesinado en abril de 1990 por un sicario del paramilitarismo. En el intervalo, en noviembre de 1989, el Cartel de Medellín dinamitó un avión de Avianca con más de cien pasajeros a bordo buscando eliminar al candidato César Gaviria; en diciembre, la sede del DAS en Bogotá fue volada con decenas de muertos y cientos de heridos en el centro de la capital.
La respuesta estatal exhibió su propia contradicción. Tras el asesinato de Galán, la represión desatada terminó con 11.000 personas detenidas en tres meses en el Magdalena Medio, Urabá y Medellín —esta última copada militarmente—; la casi totalidad debió ser liberada al no encontrárseles vinculación alguna con el crimen o el narcotráfico. El propio director de la Policía señaló que el armamento enviado por Estados Unidos no se adaptaba a la represión del narcotráfico. Y a comienzos de 1989 tanto el DAS como la Policía ya tenían inteligencia que demostraba los vínculos del Cartel de Medellín con altos mandos militares, altos funcionarios del gobierno y políticos: la respuesta al terror era, a la vez, indiscriminada hacia afuera y complaciente hacia adentro.
En ese cuadro, el régimen electoral perdió legitimidad de manera abrupta. El vaciamiento fue literal: los tres candidatos que representaban las alternativas de renovación —el liberalismo galanista, la izquierda legal de la UP, el M-19 recién desmovilizado— fueron eliminados. Es aquí donde el contrafáctico ilumina. Si Galán vive, es probable que la Presidencia hubiera pasado a un liberalismo de reforma capaz de retomar el pulso parlamentario. Sin Galán, el vacío es ocupado por César Gaviria Trujillo con una agenda propia —modernización económica, apertura, disciplina fiscal— que se articuló con la agenda constituyente y le imprimió su marca. Los magnicidios no solo destruyeron candidaturas: despejaron el campo político a una configuración específica de élites.
La convocatoria ciudadana llegó desde otro flanco. A partir de octubre de 1989, un movimiento estudiantil impulsó la campaña "Plebiscito para el plebiscito"; hacia finales de ese año se escindió, y de allí salió el Movimiento Estudiantil por la Constituyente. Para las elecciones de marzo de 1990 se propuso una séptima papeleta —además de las seis oficiales— para expresar la voluntad de reformar a fondo la Carta del 86. El gesto era irregular pero políticamente incontestable, y su relación con el M-19 no era casual: el 14 de diciembre de 1989 el M-19 había convocado a rehacer el pacto de paz directamente con el pueblo en una Asamblea Constituyente, tras el fracaso de la reforma en el Congreso.
La modestia electoral posterior del movimiento estudiantil llama la atención. Cuando presentó listas propias a la Asamblea Nacional Constituyente, obtuvo apenas el 2,5% de la votación, y se desvaneció después. La Séptima Papeleta fue, entonces, más catalizador de opinión que fuerza política duradera: proporcionó legitimidad social a una salida que el Estado necesitaba pero no podía convocar sin autorización popular.
La formalización jurídica exhibió la paradoja mayor. La ANC fue convocada mediante dos decretos de estado de sitio —uno en el gobierno de Barco, otro en el de Gaviria—, ambos avalados por la Corte Suprema de Justicia. Gaviria invocó el artículo 121 del 86 y el Decreto 1038 de 1984, expedido seis años antes, como fundamento. La Corte, al revisar los actos de la propia Asamblea, se declaró incompetente respecto a su reglamento interno y concluyó que la ANC no estaba sometida al artículo 218 de la Carta del 86. Una constitución diseñada explícitamente para frenar los abusos del estado de sitio nació utilizando esos mismos abusos como partera. Lo que se rompía se estaba invocando para poder romperse. Ese detalle no es una anécdota: revela que el orden del 86 solo pudo ser superado desde adentro, con sus propios instrumentos de excepción, lo que sitúa a la Carta del 91 en una zona ambigua entre la ruptura y la continuidad.
La violencia abrió la puerta, pero lo que entró por ella no era improvisación. La ANC recibió agendas acumuladas por décadas. La descentralización, intentada en 1977 y luego avanzada tímidamente con la elección popular de alcaldes al final de Betancur, se completó en 1991 con la elección popular de gobernadores. Pero esa descentralización llegó tarde y filtrada por una lógica distinta: la del ajuste. La autonomía de la junta directiva del Banco de la República, incorporada en la misma Carta, expresa el otro polo del pacto: el país se descentralizaba políticamente al tiempo que blindaba la política monetaria contra la deliberación democrática. El retraso de una década desde 1977 no fue neutral: sometió la descentralización a un marco tecnocrático que quizás no habría sido dominante en un rediseño anterior.
El pluralismo étnico fue la otra agenda antigua. Presencias como las de Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry en la Constituyente, y la incorporación del reconocimiento multicultural en el texto, no salieron del vacío. Los diagnósticos que desde los años setenta habían venido produciendo intelectuales como Orlando Fals Borda sobre la exclusión de las participaciones populares costeñas, sobre las tradiciones de organización en el Caribe colombiano, y sobre la necesidad de leer al país desde sus regiones, sedimentaron una imaginación política que se activó cuando la ventana constituyente se abrió. La participación misma de Fals Borda en la ANC dio continuidad a una línea de pensamiento —la investigación acción participativa, la historia doble— que llevaba años buscando expresión institucional. Episodios simbólicos previos, como la reafirmación de la autonomía indígena en la Sierra Nevada tras Nabusímake, se convirtieron en insumos de una imaginación constitucional pluralista que hasta entonces no había tenido dónde inscribirse.
Sin estas agendas acumuladas, la violencia habría producido, en el mejor de los casos, un pacto de élites o una reforma restrictiva. La riqueza del texto de 1991 —derechos fundamentales, tutela, Corte Constitucional, reconocimiento étnico, participación— proviene de sedimentos previos. Sin la violencia, en cambio, esas agendas habrían seguido esperando en sus cajones. La ventana la abrieron los magnicidios; lo que se instaló por ella venía preparado desde antes.
La ANC funcionó también como instrumento de pacificación. La perspectiva de participar en el rediseño institucional aceleró las negociaciones del EPL, el PRT y el Movimiento Armado Quintín Lame durante 1990, y consolidó al M-19, que se había desmovilizado el 9 de marzo de 1990 mediante el Acuerdo de Corinto con cerca de 900 combatientes. La Alianza Democrática M-19 obtuvo aproximadamente un tercio de la votación para la ANC, y Antonio Navarro Wolff fue copresidente de la asamblea. La solidaridad popular tras el asesinato de Pizarro en abril de 1990 se reflejó en esa votación.
Pero el 9 de diciembre de 1990, el mismo día en que se realizaron los comicios para elegir constituyentes, el gobierno de Gaviria ordenó el bombardeo a Casa Verde, sede del secretariado de las FARC. La operación frustró casi por completo cualquier posibilidad de diálogo con esa guerrilla, y con el ELN, ambas en expansión militar y territorial y ambas rechazando el requisito gubernamental del desarme. Se ha calificado como equivocación estratégica que incrementó la motivación de guerra de las FARC, y como el hecho que frustró la posibilidad de que la Constitución se convirtiera en un auténtico tratado de paz.
La coincidencia de fechas no es menor. La misma jornada que legitimó la refundación institucional excluyó a los dos actores armados que definirían el conflicto de las tres décadas siguientes. La Carta del 91 fue tratado de paz para unos, declaración de guerra para otros. El destino de la Unión Patriótica —más de mil líderes y miembros asesinados durante la guerra sucia que alcanzó su clímax en el gobierno Barco, incluidos los magnicidios de Jaime Pardo Leal en 1987 y Bernardo Jaramillo en 1990— mostraba, además, que la transición política ofrecida a los desmovilizados era prometedora en el papel y precaria en la práctica. El caso del M-19 exhibió la posibilidad de la transición; el caso de la UP, su fragilidad.
En medio de las sesiones de la ANC, Pablo Escobar se entregó a las autoridades colombianas coincidiendo con la aprobación, en votación secreta, de un artículo que prohibió la extradición de colombianos. Se ha sostenido que el capo habría recibido una oferta del Cartel de Cali para financiar conjuntamente a constituyentes, y habría respondido que actuaran por su cuenta pues él ya tenía votos asegurados. La coordinación efectiva y el pago de sobornos no cuentan con verificación independiente, pero el resultado material es incontrovertible: el punto que había hundido la reforma Barco en el Congreso quedó inscrito en la nueva Carta.
Aquí se decide una de las preguntas más incómodas. La prohibición de extradición no fue producto de un consenso jurídico maduro. Fue, en gran parte, producto de la presión terrorista. Según el exministro Rafael Pardo, la campaña del Cartel de Medellín buscaba forzar la eliminación de la extradición aunque esa premisa era en gran medida falsa —el tratado apenas se aplicaba desde 1986 y la Corte Suprema lo había declarado inexequible en diciembre de ese año por vicio de forma—. Lo que los narcotraficantes reclamaban, más allá de la extradición, era un lugar dentro de la estructura económica y del poder político: el reconocimiento de una clase acaudalada nueva. La prohibición constitucional del 91 les otorgó, en materia jurídica, exactamente lo que habían pedido a Betancur en Panamá en 1984 y lo que el Congreso les había negado en 1989.
Esa misma prohibición, sin embargo, abrió el camino a la salida negociada, permitió la figura del sometimiento a la justicia y viabilizó el desmantelamiento del Cartel de Medellín. Escobar se fugó de La Catedral el 21 de julio de 1992 y fue dado de baja el 2 de diciembre de 1993, poniendo fin al narcoterrorismo del cartel. La cláusula fue extorsión y política de Estado a la vez.
La Constitución de 1991 no fue un salto democrático autónomo. Tampoco fue el mero botín del narcoterrorismo. Fue el encuentro sobredeterminado entre una crisis estructural de largo plazo —la rigidez del 86, el estado de sitio como forma habitual de gobierno, la exclusión acumulada de la izquierda legal y de las regiones— y una cadena de contingencias violentas que destruyeron los canales ordinarios de reforma. Sin el sabotaje narco-parlamentario a la reforma Barco, sin los magnicidios de 1989-1990, sin la Séptima Papeleta y sin la desmovilización del M-19, no habría habido Constituyente en 1991: habría habido, en el mejor de los casos, una reforma parcial en el Congreso. Y sin las presiones estructurales previas, la violencia sola no habría producido una constitución, sino una escalada represiva.
El bloqueo institucional fue condición y no obstáculo del cambio mayor. Y la paradoja jurídica que atraviesa toda la operación —una carta antiexcepción parida por decretos de excepción— es la firma de esa doble determinación: el orden del 86 tuvo que colaborar en su propia disolución. La prohibición de extradición es el síntoma más nítido de la captura parcial del proceso; la descentralización tardía y la Corte Constitucional son los indicios más claros de las agendas acumuladas que finalmente encontraron ventana.
Quien lea la Carta del 91 como un logro puro subestima cuánto de su forma final fue extraído por la violencia. Quien la lea como mero producto del terror subestima cuánto de su contenido venía preparado desde antes. La verdad histórica es menos consoladora que ambas: hubo apertura democrática real, y esa apertura llegó porque el país entró en una crisis que no podía resolver de otro modo.
Varios flancos permanecen sin cerrar. No hay verificación independiente de que la coordinación de sobornos entre el Cartel de Medellín y constituyentes se materializara efectivamente, aunque el resultado material —la prohibición aprobada en votación secreta el mismo día en que Escobar se entregaba— sea difícil de leer como coincidencia. Tampoco es concluyente el peso relativo de los distintos factores: si aquí se sostiene que el hundimiento parlamentario del acuerdo Barco-M-19 fue el punto de inflexión, otra lectura razonable podría atribuirle mayor peso al movimiento estudiantil o a la desmovilización guerrillera. La contribución exacta de la agenda tecnocrática del gobierno Gaviria a la configuración final del texto —particularmente al blindaje del Banco de la República y al perfil económico de la Carta— merece un análisis más detenido. Y el contrafáctico galanista —qué habría hecho Luis Carlos Galán con la presidencia en 1990— es por definición irresoluble, aunque su ausencia sea la sombra más larga que proyecta el 91.
Queda también una pregunta más incómoda, que no compete a la génesis sino a la herencia: si una constitución nace parcialmente capturada por sus adversarios, ¿hasta qué punto esa captura se instala en su desarrollo posterior? Conviene formularla al cerrar, porque es la sombra bajo la cual seguimos leyendo el 91.
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[2]a los ciudadanos. La Constitución de 1991 consolidó el proceso de descentrali- zación política y administrativa que comenzó en el año de 1986 con la refor- ma que permitió la elección popular de alcaldes. Al igual, creó mecanismos de participación directa, como la iniciativa popular, y de comunicación directa con la…
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[3]que sirviera para implantar la paz y afrontar el estudio de temas tan críticos como la reforma a la justicia. El estado de sitio dio para todo. Según Alfonso Gómez Méndez, fue reiterado el abuso que se hizo de la figura y “nunca se adelantó juicio de responsabilidad a presidente alguno por esa violación manifiesta y…
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[29]con algún juego de prestidigitación, eximirse de tener que recibirlos en su propia mano. Ni en ese momento ni en otro posterior, las incidencias del debate en el Senado, por ejemplo, él hizo a todo ello ni la más mínima alusión. Y todo siguió transcurriendo como si nada” 110. Como entre cielo y tierra no hay nada…
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04Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados en Norte de SantanderCarlos Andrés Pallares Rincón · 2014 · p. 1571 fragmento
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[5]Por eso, la elección de López Mi- chelsen en cierta forma retomaba el hilo perdido de la Revolución en Mar- cha. No sólo porque los liberales vol- vían a derrotar a los conservadores, ni tampoco por el hecho de que el pre- sidente elegido era el hijo del último mandatario de la República Liberal. Más que ello, López…
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06Una vida, muchas vidasGustavo Petro Urrego · 2021 · p. 170, 1762 fragmentos
[6]para que se privilegiaran las listas únicas. El M-19 pactó con el Gobierno que el acuerdo se volviera ley en el Congreso y que luego se convocaría a un referendo para reformar electoral- mente la Constitución del 86. Pero la mafia actuó por medio de sus congresistas y tumbó el acuerdo con mayorías parlamenta- rias…
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[65]convenía ni al Gobierno ni al Partido Liberal, porque esa alianza de fuerzas relativamente progresistas iba en contravía de la dimensión neoliberal de la Constitución del 91.· En ese momento, Navarro cometió un error histórico: rom- pió el acuerdo con Gómez sin decirle a nadie y aceptó un almuerzo con López Michelsen…
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079 de marzo de 1990Rafael Pardo Rueda · 2020 · p. 28, 1102 fragmentos
[7]retirados, gremios de la producción y una que otra organización aterrizada en paracaídas, con propuestas extremadamente exóticas, por decir lo menos. Todas las organizaciones que quisieron entrar a las mesas de trabajo lo pudieron hacer y fueron oídas. Con un temario preestablecido y un cronograma de trabajo preciso,…
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p. 27
[46]a Colombia". que impulsó, a partir de octubre del mismo año, la campaña "Plebiscito para el plebiscito" con el fin de que se decidiera la reforma a la Constitu- ción de 1886 y la propuesta de la Séptima Papeleta para las elecciones de marzo de 1990. En ese mes el grupo se escindió y surgió el "Movimiento Estudiantil…
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[14]plata» 676. De acuerdo con el exministro de Defensa Rafael Pardo, los narcotraficantes logra- ron posicionar el debate de la no extradición bajo la falsa premisa de que le violencia era producto de la aplicación del tratado de extradición, cuando la realidad era que, salvo algunas excepciones, este no había sido…
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14Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 641 fragmento
[15]lo que sería un nuevo paramilitarismo que llegaría a su pico una década después. El principio del fin de las Autodefensas de Henry Pérez comenzó ese 18 de agosto de 1989, cuando sicarios, encabezados por Jaime Eduardo Rueda Rocha, nacido en Yacopí, Cundinamarca, en el Magdalena Medio, y entrenado en las escuelas de…
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15Historia concisa de Colombia 1810-2017Michael J. LaRosa, Germán Mejía · 2017 · p. 1591 fragmento
[16]cien dólares por asesinar a alguien, incluidos políticos y policías. La guerra entre el Estado y el cartel de Medellín, liderado por Escobar, se intensificó entre 1989 y 1990, periodo al que el historiador Marco Palacios se refiere como “de fuego cruzado”. 34 En agosto de 1989, mientras hacía campaña por la…
p. 159
16Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 286, 3302 fragmentos
[17]legítimos en el de- recho pri va d o. El estigma soc ial hizo aún m ás impenetrable el mi s- terio del la vado de dinero. Un cuadro de tantos matices requería respuestas más inteligen- tes que la mera militarización del conflicto que vino por la vía de la ayuda de lo s Estados Unidos. Los equipos militares aportados…
p. 286
[47]más de medio sig lo transitando esta espiral de cri men-mo vimiento de opinión-represión-crimen. Pero, ya vi- mos, la repr esión no ha funcionado y ello obedece en alguna me- dida a que la población no confia en sus jueces y menos aún en sus po li cías. Si alguna conclusión se deriva de este último medio sig lo, es el…
p. 330
17Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 419, 4432 fragmentos
[18]13.000 en 1987. 9 8. Juan Gabriel Tokatlian “La política exterior de Colombia hacia los Estados Unidos, 1978- 1990” en Carlos Gustavo Arrieta et al. (1991). Narcotráfico en Colombia. Dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales. Bogotá: Tercer Mundo, 321-322. El sistema de radares fue aceptado por…
p. 443
[28]reformas al tratado de extradición y exención por los crímenes cometidos antes de tales reformas; ofrecieron entregar al Estado toda la infraestructura pro- ductiva de la droga, incluso rutas y laboratorios, y abandonar por completo su negocio. Además, hablaron de cancelar la deuda externa de Colombia. Distintos…
p. 419
18El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 1121 fragmento
[19]idea de que solamente así se podría construir un sistema político moderno y le gítimo.96 Fue entonces cuando se acabaron por fin todas las restric ciones institucionales a la competencia política establecidas durante el Frente Nacional (paradójicamente, este era el momento más alto de votación para los partidos…
p. 112
19The Colombia Reader: History, Culture, PoliticsAnn Farnsworth-Alvear, Marco Palacios, Ana María Gómez López · 2017 · p. 4501 fragmento
[20]left dozens wounded and one dead; second, the bombing of Avianca flight 203 in November, which was an attempt to kill then presidential candidate César Gaviria but instead ended the lives of 107 passengers and crew; third, the early December bombing of the das, or Departamento Administrativo de Seguridad (Colombia’s…
p. 450
20Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1161 fragmento
[21]Beatriz Villamizar y Diana Turbay –asesinada en la operación de rescate–; entre muchos otros. La paradoja de estos años fue que, si bien un sector del Estado combatió a los narcotraficantes, otro sector era su aliado con la justificación de los «fines superiores» en la lucha contrainsurgente. Y del mismo modo, un…
p. 116
211989María Elvira Samper · 2019 · p. 135, 1622 fragmentos
[22]Claro, por una razón, porque la Corte Suprema tumbó el tratado de extradición con el argumento peregrino de que como la ley aprobatoria del tratado había sido firmada por Germán Zea, ministro delegatario en funciones presidenciales, significaba delegar el manejo de las relaciones internacionales que son del resorte…
p. 162
[33]masacres, 1990 será el de los secuestros que ordena Escobar como seguro de vida y para presionar una negociación y el de la campaña presidencial más violenta de la historia, también será el de la desmovilización del M-19, el EPL y el Quintín Lame, y el de la Convocatoria de la Asamblea Constituyente, el sueño que el…
p. 135
22Presidentes de Colombia 1810-1990Ignacio Arizmendi Posada · 1989 · p. 2811 fragmento
[23]Liberalismo y el 71.0 de los liberales. Lo cual refleja las diferencias perceptivas de los colombianos hacia un hecho tan común a todos como es el mando de la nación. Por otro lado, el 13 de marzo de 1988 se efectuaron las primeras elecciones para designa- ción de todos los alcaldes del país por votación popular, de…
p. 281
23El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 2052 fragmentos
[24]de Galán Sarmiento empezó una increíble cacería de brujas, donde miles de inocentes la pasaron mal o caye- ron asesinados. En tres meses 11 mil personas fueron detenidas en el Magdalena Medio, Urabá, y Medellín, ciudad que además fue copada militarmente. La casi totalidad de ellas debieron de ser libe- radas al no…
p. 205
[25]de Galán Sarmiento empezó una increíble cacería de brujas, donde miles de inocentes la pasaron mal o caye- ron asesinados. En tres meses 11 mil personas fueron detenidas en el Magdalena Medio, Urabá, y Medellín, ciudad que además fue copada militarmente. La casi totalidad de ellas debieron de ser libe- radas al no…
p. 205
24Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 2461 fragmento
[27]La frase no era cierta: no deseaban ni tumba ni cárcel, su propósito real era vivir en Colombia libremente, disfrutando de sus ganancias, habiendo sometido al Estado a sus dictados. En diciembre de 1986, la Corte Suprema declaró inexequible la Ley 27 de 1980, por la cual se había ratificado el tratado de extradición…
p. 246
25¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 99, 1052 fragmentos
[30]fin del narcoterro- rismo. La prohibición constitucional de la extradición abrió el camino para la salida a la guerra del narcotráfico contra el Estado y viabilizó la implementación de la figura jurídica del sometimiento a la justicia como ruta para el desmantelamiento del Cartel de Medellín. Este aspecto será…
p. 105
[57]la periferia fue la contrarreforma agraria ocurrida en las regiones econó- micas más integradas. Esta trajo consigo una creciente ganaderización, producto de la compra masiva de tierras por parte de los narcotrafican- tes, rasgo particularmente acentuado en la costa caribe, el Magdalena medio y el Meta. 108 La crisis…
p. 99
26Mi vida y mi cárcel con Pablo EscobarVictoria Eugenia Henao · 2018 · p. 3211 fragmento
[31]se refirió a un mensaje que recibió de sus enemigos del cartel de Cali en el que le proponían financiar a integrantes de la Asamblea Constituyente que les garantizaran abolir la extradición de la nueva Constitución. —Les mandé decir que hicieran lo que tuvieran que hacer, que yo haría lo mío; que sobornaran al que…
p. 321
27Colombia, así en la guerra como en la pazJorge Giraldo Ramírez · 2018 · p. 341 fragmento
[32]a hacer una oposición seria. Replanteó toda la política de paz, en las que ofrecía garantías para la desmovilización a quien quisiera aceptarla y creó un programa especial destinado a superar las inequidades sociales en las zonas rurales, bajo la esquiva enseña de la rehabilitación. En la periferia colombiana no había…
p. 34
28Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 138, 147, 1503 fragmentos
[34]los car- teles en el Guaviare y Caquetá y la guerra a muerte que, como se mencionó, estos decretaron contra la UP. Barco y la transición a Gaviria, agosto de 1988-junio de 1994 De mayo a julio de 1988 el M -19 mantuvo en cautiverio al dirigente conserva- dor Álvaro Gómez Hurtado, secuestro que, inesperadamente, puso…
p. 147
[37]con el citado Estatuto de Defensa de la Democracia que calificaba de "terroristas” todas 146 PAZ CUATRIENAL sus acciones. La norma se estrenó con el establecimiento de la Jefatura Mili tar en Urabá, baluarte electoral de la UP y del PC. Al mismo tiempo era escan dalosa la permisividad gubernamental con la expansión…
p. 138
[44]además, negociar en temas sustantivos, como en tiempos de Betancur: reforma constitucional, doctrina de la seguridad nacional y paramilitarismo; democracia y favorabi- lidad; derechos humanos, democracia y modernización estatal. La descon- fianza de la CGSB no era menor que la del gobierno, aunque sus voceros acudían…
p. 150
29Testigos olvidados. Periodismo y paz en ColombiaAndrés Felipe De Pablos, Luisa Fernanda Gómez · 2017 · p. 1, 33 fragmentos
[35]63 III. Bienvenidos al futuro (1990-1994) En los últimos días del gobierno de Virgilio Barco ya se habían iniciado diálogos de paz con las guerrillas, y Quintín PRT EPL Lame. Por esta razón, desde la hora cero del gobierno de César Gaviria, se buscó recobrar esos diálogos y reiniciar procesos de desmovilización y…
p. 1
[36]63 III. Bienvenidos al futuro (1990-1994) En los últimos días del gobierno de Virgilio Barco ya se habían iniciado diálogos de paz con las guerrillas, y Quintín PRT EPL Lame. Por esta razón, desde la hora cero del gobierno de César Gaviria, se buscó recobrar esos diálogos y reiniciar procesos de desmovilización y…
p. 1
[60]palabras, determinó que la Constituyente no podía quedar sujeta a los temas impuestos por el Gobierno o el poder político. Con este nuevo impulso para los procesos de negociación, el convocó al XII Pleno del Partido Comunista Marxista EPL Leninista los días 18, 19 y 20 de octubre, en el campamento de Labores. “Este…
p. 3
30Magdalena. Historias de ColombiaWade Davis · 2021 · p. 2001 fragmento
[38]M -19 eran, de hecho, guerrillas urbanas comprometidas, no muy diferentes a los Tupamaros, de Uruguay o a los Montoneros, de Argentina. En Año Nuevo de 1979, habiendo construido un túnel secreto debajo de una base militar, se robaron más de cinco mil armas del Ejército colombiano. Un año después, se tomaron la…
p. 200
31Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 621 fragmento
[39]Alocución televisada del Presidente Virgilio Barco, sobre la Cuarta Declaración Conjunta Gobierno nacional -M-19, marzo 17 de 1989. 111 Declaración suscrita entre el Gobierno nacional y las comunidades indígenas de Tacueyó, Cauca, abril 1º de 1989. Virgilio Barco 1986-1990 63 de consensos. El gobierno y el M-19…
p. 62
32Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Frontera nororientalComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 941 fragmento
[40]crea una nueva institucionalidad: para profun- dizar la democracia, se crean mecanismos para hacer valer los derechos, una Corte y una Defensoría para velar por ellos; y para ampliar los procesos de descentralización administrativa y generar mecanismos de control y fiscalización política» 267. Precisamente la…
p. 94
33Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 181, 1932 fragmentos
[41]Eduardo Jaramillo, “La sociedad apoyó con franqueza los acuerdos entre el gobierno y la insurgencia”, en Biblioteca de la Pa £ vol. 3, 2009, p. 39. 225 Idem., p. 42. 185 Cambiar el futuro decir, la Constitución de 1886. Impulsar una “coyuntura reformista” en el marco de una negociación de paz constituye uno de los…
p. 181
[48]el país. A pesar de lo corto del tiempo, su coordinador, Ricardo Santamaría, sostiene que hubo mucho interés, el cual se vio reflejado, por ejemplo, en el Una de las mayores paradojas de la Constitución de 1991 fue que esta nació con base en la controvertida figura del “estado de sitio”. En efecto, el presidente…
p. 193
34Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 471 fragmento
[42]personas en la Embajada de la República Dominicana en Colombia (1980) y, sobre todo, la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Un grupo guerrillero que, por todo lo anterior, va a ser severamente hostigado en los núcleos urbanos y obligado a retirarse a los emplazamientos del suroccidente colombiano,…
p. 47
35La batalla por la pazJuan Manuel Santos · 2019 · p. 451 fragmento
[43]los antiguos combatientes regresaron a la vida civil y política, y jugaron de inmediato un papel esencial y constructivo. Su comandante, Carlos Pizarro, fue candidato a la alcaldía de Bogotá el mismo mes de su desmovilización y obtuvo la tercera votación. Luego lanzó su candidatura presidencial, que fue truncada por…
p. 45
36Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 67, 712 fragmentos
[45]en el nuevo pacto social (1989 – 1996) El año 1989 fue determinante en el proceso de adopción del nuevo pacto social a partir del fortalecimiento del movimiento por una Asamblea Constituyente. En ese año, el gobierno de Barco continuó con los acercamientos con los grupos subversivos ten- dientes a su desmovilización,…
p. 71
[53]las organizaciones subversivas” y “se consideraron obligados a asumir la defensa del establecimiento” (Velásquez, E., 2007, página 138). En esta coyuntura de división ideológica se produjo una pro- funda radicalización política “que se manifestó en la exacerbación de autoritarismos regionales y en una creciente…
p. 67
37El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 442 fragmentos
[49]artículo 1). En 1988, el gobierno creó la Jurisdicción de Orden Público, la cual contaba con su propio Tribunal, incluyendo en su competencia los delitos contempla- dos en el Estatuto Antiterrorista (Decreto 474 / 1988) y los de- litos políticos como la sedición, rebelión y conexos, (Decreto 2490 / 1988). Además, a…
p. 44
[50]artículo 1). En 1988, el gobierno creó la Jurisdicción de Orden Público, la cual contaba con su propio Tribunal, incluyendo en su competencia los delitos contempla- dos en el Estatuto Antiterrorista (Decreto 474 / 1988) y los de- litos políticos como la sedición, rebelión y conexos, (Decreto 2490 / 1988). Además, a…
p. 44
38Enciclopedia de Colombia - Volumen 2Camilo Calderón Schrader · 2001 · p. 261, 2642 fragmentos
[51]permiso para la ejecución discreta de alla- namientos, confiscaciones y capturas en todo el país, se desencadenó una guerra sucia que alcanzó su clímax en el gobierno Barco. En principio, fue- ron asesinados más de mil líderes y miembros de la Unión Patriótica (UP), grupo político creado como resultado de los acuerdos…
p. 261
[64]y judiciales tales como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura. Además, se puso en marcha la acción de tutela, mecanismo de protección de los derechos funda- mentales. Gobiernos posteriores al Frente Nacional EN Proclamación de la Constitución de 1991. En Pese…
p. 264
39Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 7021 fragmento
[52]los sobrevivientes nos tocó volarnos de Puerto Berrío– la mayor parte de militantes [...] llegamos aquí a Barrancabermeja huyendo» 2404. La reconstrucción de la violencia contra la UNO presentada a la Comisión permite establecer que ocurrieron violaciones de derechos humanos contra sus integrantes en por lo menos 23…
p. 702
40La MANE y el movimiento estudiantil en Colombia. Agendas, luchas y desafíosAndrés Felipe Mora Cortés (compilador), Mauricio Archila Neira, Laura Isabel Buitrago Rodríguez, José Abelardo Díaz Jaramillo, Paulina Andrea Farfán Trujillo, Paola Alejandra Galindo García, Martha Lucía Gutiérrez Bonilla, Andrea Lopera Lombana, Jairo Andrés Rivera Henker · 2020 · p. 531 fragmento
[54](Torres, 1982, p. 34). Protestas estudiantiles en Colombia: una mirada histórica, 1908 -2015 | 59 mismo centro universitario y de otros en el país, lo que reforzó la lucha por la vigencia de los derechos humanos (Cote, 2011, pp. 295-296). 31 Aunque hubo otros hechos similares en esos años, lo ocurrido en la…
p. 53
41Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002Vladimir Melo Moreno (Relator); Andrés Fernando Suárez, Carmen Andrea Becerra (Correlatores); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2018 · p. 581 fragmento
[55]del PCC y sus convergencias. Los resultados mostraron un avance importante a través de la UP que contrarrestaba su debilitamiento en la década anterior, como lo mostraron los resultados de Hernando Echeverri Mejía en 1974 (137.054 votos), Julio Cesar Pernía en 1978 (97.234 votos) y Gerar- do Molina en 1982 (82.858…
p. 58
42En medio del Magdalena MedioAlfredo Molano Bravo · 2009 · p. 691 fragmento
[56]En este panorama de guerra y pobreza aparecieron los cul- tivos ilícitos y el narcotráfico. La distinción entre cultivo y co- mercio es fundamental. Los primeros nacieron en la necesidad y en la crisis de la economía campesina, puesto que en Colombia no existen grandes predios privados dedicados a la coca. El co-…
p. 69
43La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1971 fragmento
[58]militantes y simpatizantes, que no eran miembros de las FARC-EP –antes del Acuerdo de La Uribe, Meta, en 1984–, agraviados, desesperados e indignados por el exterminio que estaba sufriendo este partido y la falta de garantías para hacer política de oposición y 350 La Unión Patriótica fue concebida inicialmente como…
p. 197
44Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2015 · p. 871 fragmento
[59]a quien Carranza le pagó diecisiete millones de pesos para sacar cuarenta salvoconductos de treinta y seis pistolas nueve milímetros y cuatro ametralladoras UZI”. (Sobrevivientes del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta y otros, 1997). 87 Democratización violenta y arrasamiento de la izquierda (1984-2001) y…
p. 87
45El Palacio de Justicia: una tragedia colombianaAna Carrigan · 2009 · p. 101 fragmento
[61]Constituyente y el «más 22 PRDHX*» reciente hombre del momento de Colombia»-, su secretaria, una ex guerrillera, me señala con sus uñas rojas una silla distante y me dice con frialdad «espérese allá». Es igual de arrogante y apática que cualquier otro funcionario público bogotano. Navarro viene a la puerta. Detrás de…
p. 10
46Memorias dispersasHumberto De La Calle Lombana · 2021 · p. 711 fragmento
[62]bloques enfrentados: por un lado, el bloque integrado por el Partido Liberal y el M-19 y, por el otro, el compuesto por el Movimiento de Salvación Nacional y el Partido Social Conservador, la mayoría de las veces con la concurrencia de los conservadores independientes 12. En 22 ocasiones el Partido Liberal y el M-19…
p. 71
47Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013Mario Aguilera Peña · 2013 · p. 1361 fragmento
[63]4.991.887 votos; por el no 226.451. El total de la votación fue de 5.218.338. Véase: “El paso a paso del proceso constituyente”, Semana, abril 7 del 2011. 64 Carlos Alfonso Velásquez, un coronel y analista del conflicto señala que fue una equivocación estratégica que incrementó la “motivación de guerra contra el…
p. 136
48Grandes momentos de ColombiaGustavo Castro Caycedo · 2016 · p. 2871 fragmento
[66]descentralizador (ordenó la elección popular de gobernadores) que se había iniciado con la de alcaldes. Le dio autonomía y funciones a la junta directiva del Banco de la República, lo cual ha tenido importancia en el manejo de la economía nacional. Con la eliminación de la posibilidad de extraditar colombianos por…
p. 287
49Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in ColombiaWilliam Avilés · 2006 · p. 711 fragmento
[67]of the economic groups, the Gaviria administration did employ various political strategies to reduce the existing opposition to its eco- nomic agenda. Gaviria and his advisors worked to “compensate” potential opponents of the reform process and co-opt others through political appoint- ments and promises that the…
p. 71