Casa Verde

El lugar y su geografía política

Casa Verde no era una edificación única sino un conjunto de instalaciones dispersas en la zona del Alto Duda, dentro del municipio de La Uribe, en el suroccidente del departamento del Meta. La geografía —el corredor que enlaza el Sumapaz con la Serranía de La Macarena, en el arco de límites entre Meta, Caquetá y Huila— ofrecía una combinación difícil de replicar: bosques densos que dificultaban la vigilancia aérea, corredores fluviales para el desplazamiento interno, cercanía relativa a Bogotá y un tejido campesino colonizador que llevaba décadas asentándose en la zona.

Ese tejido no era casual. Desde finales de los años cincuenta, poblaciones desplazadas del alto Sumapaz por la violencia bipartidista habían ido descendiendo hacia las tierras bajas del Duda, el Guayabero y El Pato, en una migración que precedió a la fundación misma de las FARC. Cuando Marulanda, Jacobo Arenas y Ciro Trujillo —Joselo— llegaron al área tras la conferencia constitutiva de mayo de 1965, fundaron en el sitio llamado Arenales una escuela militar guerrillera que se convertiría en el vivero de la comandancia de las décadas siguientes. Por sus aulas rústicas pasaron, en distintos momentos, cuadros que luego cargarían nombres reconocibles: Jorge Briceño Suárez, el Mono Jojoy; Guillermo León Sáenz, Alfonso Cano; Luis Édgar Devia, Raúl Reyes; Rodrigo Londoño, Timochenko. La cordillera Oriental fue, durante esos años, aula y arsenal.

Sobre ese sustrato geográfico y humano se consolidó, hacia comienzos de los ochenta, el complejo que la prensa y el gobierno terminarían llamando Casa Verde. La zona funcionaba como un santuario: un territorio de tres o cuatro mil kilómetros cuadrados en los que la fuerza pública no tenía presencia efectiva y en los que la organización guerrillera desplegaba una administración interna con tribunales, retenes, escuelas y hospitales de campaña. Que ese enclave fuera tolerado durante años por el Estado colombiano no obedecía solamente a una decisión política; reflejaba también la incapacidad militar real para operar en esa geografía, un dato que pesará sobre la lectura de lo que ocurrió en 1990.

De la Séptima Conferencia al Secretariado en la selva

El ascenso de Casa Verde como centro de mando coincidió con un giro estratégico interno de la organización. En 1982, las FARC celebraron su Séptima Conferencia, un cónclave que reescribió tanto el nombre como la doctrina. La guerrilla añadió a su sigla la fórmula Ejército del Pueblo —FARC-EP— y aprobó un plan estratégico bautizado Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia, cuyo horizonte declarado era la toma del poder en aproximadamente ocho años. El plan proyectaba una expansión escalonada: para el trienio 1990-1992, sesenta cuadrillas con más de 18.000 hombres y un presupuesto de 56 millones de dólares; entre 1992 y 1994, ochenta cuadrillas con 32.000 combatientes y 200 millones; entre 1994 y 1996, un Centro de Despliegue Estratégico en la cordillera Oriental que concentraría a la mitad de esa fuerza. La Conferencia aprobó además la llamada urbanización del conflicto, con la orden de construir estructuras clandestinas en las grandes ciudades.

Ese salto exigía un centro. El Secretariado, órgano colegiado de siete miembros que decidía por votación, se instaló de manera estable en el Alto Duda hacia 1984, y desde allí conduciría a las FARC durante toda la década. La división del trabajo dentro del cuerpo dirigente estaba escrita en las biografías: Marulanda —el fusil superviviente de Marquetalia— aportaba la legitimidad simbólica y el ascendiente militar; Jacobo Arenas, cuadro histórico del Partido Comunista y teórico de la organización, formulaba la ideología; Alfonso Cano, universitario incorporado a la guerrilla, elaboraba la línea política; Raúl Reyes empezaba a perfilarse como su cara diplomática.

La consolidación del Secretariado en Casa Verde tuvo un efecto secundario que las FARC no anunciaron pero que sus interlocutores del Partido Comunista Colombiano sintieron rápido: el peso público de la comandancia guerrillera empezó a opacar al comité central del PCC. La vieja fórmula de combinación de todas las formas de lucha, aprobada por el partido a comienzos de 1966, había servido para sostener bajo un mismo techo a organismos y personalidades con visiones contradictorias sobre la política y la violencia. En los ochenta esa fórmula se inclinó: las FARC comenzaron a fungir, en la práctica, como dirección tanto de los contingentes armados como de los sectores desarmados afines, y el comité central quedó relegado a un papel secundario. Casa Verde era la geografía material de ese desplazamiento.

La Uribe, marzo de 1984: el campamento como mesa de negociación

El 28 de marzo de 1984, en el campamento de Casa Verde, se firmaron los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y las FARC. Se los conoció como los Acuerdos de La Uribe, y su sola escena reordenó la política nacional: el jefe civil de un Estado convencía a sus emisarios de subir hasta un campamento guerrillero para pactar allí, en su territorio, el fin de veinte años de guerra. La negociación había sido preparada desde finales de 1982 por una Comisión de Paz presidida por Otto Morales Benítez y con la participación de figuras como John Agudelo Ríos y Alberto Rojas Puyo, que sostuvieron durante más de un año contactos con la dirigencia de la organización.

El texto firmado contenía once puntos. Los principales establecían un cese al fuego a partir del 28 de mayo de ese año, una Comisión de Verificación encargada de vigilarlo y un período de prueba de un año durante el cual las FARC podrían organizarse política, económica y socialmente, con garantías otorgadas por el gobierno. En los apartes centrales, la guerrilla señalaba el propósito de desmovilizar paulatinamente su estructura militar e iniciar su tránsito hacia un movimiento político legal. Esa lectura, que fue la del gobierno Betancur, abrió el camino a la conformación de la Unión Patriótica al año siguiente, concebida como movimiento político amplio y reformista.

Los acuerdos también dejaron rastro en el terreno. En Cartagena del Chairá, Caquetá, se puso en marcha el llamado Plan de Desarrollo de la región del Guayas, Caguán y Zuncillas, uno de los primeros experimentos colombianos de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos ilícitos, financiado con recursos del Estado en zonas de control histórico de las FARC. Casa Verde, entretanto, se convirtió en escenario diplomático permanente: por sus caminos empezaron a subir periodistas nacionales y extranjeros, comisionados oficiales, dirigentes políticos y —con el tiempo— líderes de la UP que buscaban en el Secretariado la última palabra sobre decisiones que aparentemente eran del movimiento legal.

La doble apuesta: paz declarada, guerra planeada

La contradicción estructural del período estaba escrita desde antes de que se firmaran los acuerdos. En 1982 las FARC habían aprobado un plan ofensivo a ocho años; en 1984 pactaban una tregua. La organización decidió, sin resolver esa tensión, jugar simultáneamente en ambos tableros: tomó la consigna de la paz como bandera pública mientras seguía ejecutando el plan de crecimiento militar aprobado en la Séptima Conferencia. La tregua, lejos de frenar la expansión, la facilitó: el cese al fuego liberó frentes de la presión militar, permitió reagrupar cuadros, abrir nuevos frentes en zonas hasta entonces vedadas y avanzar en la construcción de estructuras urbanas.

El otro extremo de la doble apuesta era la Unión Patriótica. Fundada en 1985 como plataforma electoral con participación del PCC y de sectores desmovilizados o próximos a las FARC, la UP fue, para el gobierno Betancur y para buena parte de la opinión, la prueba visible de que la desmovilización estaba en marcha. Para las FARC era otra cosa: una herramienta de ampliación política que no implicaba, en la lógica de la Séptima Conferencia, renuncia alguna al proyecto insurreccional. Los acuerdos no habían decidido formalmente que la UP fuera la estructura de tránsito de la guerrilla a la vida civil; pero esa ambigüedad —cultivada por la comandancia y aceptada por el gobierno— sería el punto por donde el proceso se rompería.

La contraparte estatal tampoco era monolítica. Desde el mismo año de la firma, el general Miguel Vega Uribe —entonces al frente de las Fuerzas Militares— había ordenado un estado de alerta permanente y la orden de combatir a los grupos armados que no respetaran el cese al fuego, argumentando la imposibilidad práctica de distinguir a los desmovilizados de los que no lo estaban. La cúpula militar leyó la tregua como una imposición política que la política no podía sostener, y actuó en consecuencia.

El deterioro: 1985-1990

La tregua se deshizo por partida doble. Del lado guerrillero, obispos católicos en el Magdalena Medio y en Caquetá denunciaron desde 1985 ataques, secuestros y extorsiones atribuidos a frentes de las FARC-EP en zonas que teóricamente estaban en cese al fuego. Del lado estatal, la respuesta a la Unión Patriótica adquirió, desde muy pronto, la forma de un exterminio sistemático. Militantes, concejales, alcaldes, dos candidatos presidenciales —Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, ambos asesinados—, cuadros regionales y bases del movimiento fueron eliminados en una combinación de acción paramilitar, complicidad de agentes estatales y tolerancia oficial. La izquierda no armada quedó, en pocos años, prácticamente desaparecida como fuerza política nacional.

La toma del Palacio de Justicia por el M-19, el 6 y 7 de noviembre de 1985, y el posterior secuestro y asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, deterioraron el ambiente general de paz y dificultaron la continuación de las negociaciones heredadas por el gobierno de Virgilio Barco, que asumió en agosto de 1986. Para junio de 1987 el fin de la tregua con las FARC se hizo explícito, aunque en la práctica no funcionaba desde antes. La UP presionó al gobierno Barco por el cumplimiento de los compromisos de La Uribe —reformas agraria, urbana, laboral y constitucional—, mientras sus militantes seguían siendo asesinados.

Barco consideró convocar un plebiscito reformador para 1988, pero terminó cerrando esa vía con el acuerdo bipartidista que dio origen al Estatuto Antiterrorista, impulsado por su ministro de Gobierno José Manuel Arias Carrizosa. El intento tardío de desmontar los grupos paramilitares mediante la derogación de la Ley 48 de 1968 llegó cuando el paramilitarismo ya estaba implantado en decenas de regiones. El proceso de paz de los ochenta había muerto sin acta de defunción; el campamento de Casa Verde, sin embargo, seguía en pie, y seguía recibiendo visitantes.

9 de diciembre de 1990: la Operación Casa Verde

El 9 de diciembre de 1990 los colombianos votaron para elegir a los setenta miembros de una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el gobierno de César Gaviria, que se había posesionado en agosto de ese año. La Constituyente era presentada por el Ejecutivo como un pacto de paz: la vía institucional para incorporar al M-19 —desmovilizado en marzo—, a la mayor parte del EPL, al Quintín Lame y al PRT, que en alianza obtendrían casi un tercio de los escaños de la Asamblea. Ese mismo domingo, mientras se abrían las urnas, la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó Casa Verde. La operación —conocida como Operación Casa Verde, Operación Centauro u Operación Colombia— movilizó tropas del Ejército hacia el complejo del Alto Duda con la misión de tomar el campamento y, según una de las hipótesis manejadas, sorprender allí al Secretariado.

El objetivo militar declarado no se cumplió. La comandancia había sido advertida o intuía la operación; ninguno de los siete miembros del Secretariado fue capturado o abatido. La estructura de mando se dispersó por la geografía de la cordillera Oriental y de la Serranía de La Macarena, y las FARC pasaron a una etapa de mayor ahínco y mayor capacidad de desestabilización, comparable en su efecto a la que había seguido en 1964 a la operación militar sobre Marquetalia. En La Uribe, entretanto, el ataque generó desplazamiento forzado de la población civil.

La decisión política del bombardeo quedó, desde el mismo día, envuelta en una zona gris que el gobierno de la época nunca aclaró públicamente. Rafael Pardo Rueda, ministro de Defensa —el primer civil en ocupar el cargo en cuatro décadas—, defendió la operación con un argumento estratégico: de no haberse realizado, las FARC habrían conservado una zona de tres mil o cuatro mil kilómetros cuadrados como santuario inaccesible para la fuerza pública. Al mismo tiempo, otra narrativa que circuló entonces y después sugería que la orden no había venido del poder civil sino de una autonomía real de los mandos militares, en un patrón ya conocido de divergencia entre autoridades castrenses y autoridades políticas. La justificación y la oportunidad concretas del ataque —por qué ese día, por qué en simultáneo con la elección constituyente— nunca fueron explicadas por el Ejecutivo.

Las lecturas críticas coincidieron en un punto: la operación fue un error estratégico. El político conservador Augusto Ramírez Ocampo sostuvo que el ataque frustró la posibilidad de que la nueva carta política se hubiera convertido en un auténtico tratado de paz. El coronel y analista militar Carlos Alfonso Velásquez la calificó como una equivocación que incrementó la motivación de guerra de las FARC contra el establecimiento. Álvaro Leyva Durán, integrante de la Comisión Exploratoria y una de las figuras políticas más ligadas al proceso, formuló su propia hipótesis crítica sobre las motivaciones del ataque. Como reacción inmediata, las FARC lanzaron una campaña militar de nombre alusivo al Comandante Jacobo Arenas, en un contexto de intensificación armada.

Después del bombardeo: Caracas, Tlaxcala y la ruta larga hacia La Habana

El bombardeo de Casa Verde no cerró de inmediato los contactos. Entre 1991 y 1992, con la Asamblea Constituyente ya instalada y con la Constitución promulgada en julio de 1991, delegados del gobierno de Gaviria y de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar —que agrupaba a las FARC, al ELN y a la disidencia del EPL— se reunieron en Caracas y luego en Tlaxcala. Los diálogos fracasaron. La CGSB había pretendido participar en la redacción de la Constitución sin desarme previo, proponiendo una desmovilización sin entrega de armas similar a la que Marulanda había pactado en los años sesenta, y esa fórmula era inadmisible para el gobierno. La política de Gaviria bifurcó el tratamiento: representación política e incentivos para los grupos que se desmovilizaban; presión militar para los que se mantenían en armas.

La destrucción del campamento tuvo efectos que se prolongaron a lo largo de dos décadas. En lo territorial, las FARC entraron entre 1991 y 1994 en un proceso de reestructuración organizativa y de expansión geográfica. En lo simbólico, Casa Verde se fijó en la memoria interna de la organización como un agravio fundacional de la nueva etapa, equivalente en su función mitológica al bombardeo de Marquetalia de 1964: dos episodios en los que el Estado había atacado bajo el argumento de eliminar un santuario y en los que la guerrilla no había sido reducida sino que había pasado a una fase superior de lucha. La coincidencia entre el ataque de 1990 y la elección constituyente —el mismo día, en el mismo país— quedó como una imagen incómoda de la contradicción irresuelta entre la vía política y la vía militar.

En los procesos de paz posteriores esa memoria operó como advertencia. La experiencia de El Caguán, entre 1998 y 2002, se cerró con la lección de que mientras la correlación de fuerzas no se inclinara a favor del Estado cualquier diálogo sería infructuoso, pues una guerrilla envalentonada por triunfos militares no negociaba seriamente su desmovilización sino que aprovechaba los diálogos para fortalecerse y ganar notoriedad. Cuando el presidente Juan Manuel Santos abrió el proceso de La Habana en 2012, adoptó como metodología deliberada no abordar el cese al fuego al inicio de las negociaciones sino al final, lección aprendida de procesos anteriores en los que el tema había imposibilitado avances. Las FARC, por su parte, llegaron a la mesa cubana bajo la presión de cuatro derrotas simultáneas —militar, organizacional, política e internacional— y con bajas de peso: Raúl Reyes, jefe diplomático de la organización, y Jorge Briceño, el Mono Jojoy, la leyenda militar, ya no vivían. En la agenda impuesta por el gobierno, líneas rojas explícitas excluyeron del pacto la estructura política y económica del país, el futuro de las Fuerzas Armadas y las relaciones internacionales de Colombia, en contraste con la agenda amplia de doce puntos que las FARC hubieran querido retomar del Caguán.

Casa Verde en la historia

Vista desde la distancia, Casa Verde condensa una contradicción que nunca se resolvió en el ciclo de los ochenta. Fue simultáneamente escenario de negociación legítima y cuartel de una organización que jamás abandonó su proyecto militar. Fue tolerada por el Estado como interlocutor durante seis años —desde 1984 hasta 1990— y luego destruida sin explicación pública ni cadena clara de responsabilidad civil. Su firma en 1984 abrió el mayor ensayo de reincorporación política de una guerrilla colombiana en el siglo XX, y su destrucción en 1990 remató simbólicamente ese ensayo cuando ya estaba roto por dentro: por la doble apuesta de las FARC entre paz declarada y guerra planeada, y por el exterminio sistemático de la Unión Patriótica que había destruido el único puente entre la guerrilla y la política legal.

Ese doble papel —santuario y mesa de diálogo, campamento y capital— es lo que hace del lugar algo distinto a un simple objetivo militar en un mapa. Casa Verde funcionó, durante una década, como el ensayo más ambicioso de soberanía insurgente en la historia contemporánea de Colombia: un territorio que el Estado no controlaba y que reconocía, sin decirlo, como interlocutor. La forma en que ese ensayo terminó —bajo bombas, en el mismo día en que otro proyecto de país nacía en las urnas— fijó en la memoria política nacional una lección ambigua, que cada uno de los procesos siguientes leyó a su manera. Para las FARC, la prueba de que el Estado nunca fue leal a lo pactado. Para el Estado, la prueba de que la tregua sin desarme había sido una ingenuidad. Para el país, la evidencia de que la guerra y la paz habían aprendido a caber, sin resolverse, en el mismo calendario y en el mismo día.

Del campamento del Alto Duda queda hoy poco material. Quedan, en cambio, los mapas que documentan el desplazamiento forzado que dejó el bombardeo en La Uribe, los archivos de las negociaciones de 1984, el registro de los cuadros que se formaron allí y que dirigirían la guerra durante los treinta años siguientes, y una discusión abierta sobre quién decidió realmente atacar aquel domingo y por qué. En la larga historia colombiana de lugares que fueron a la vez símbolo y campo de batalla —Marquetalia, el Palacio de Justicia, el Caguán—, Casa Verde ocupa un sitio propio: el del enclave donde la paz y la guerra convivieron durante seis años bajo el mismo techo de zinc, hasta que dejaron de poder hacerlo.