Augusto Ramírez Ocampo

La semblanza: un tipo de figura pública

En el vocabulario político colombiano de los años ochenta, la palabra que mejor lo describe es hombre de confianza. No en el sentido íntimo, sino institucional: aquel que un presidente convoca porque puede sentarlo en una mesa, bilateral o multilateral, con guerrilla, Iglesia o militares, sin que su sola presencia rompa el equilibrio. Economista de formación, ex viceministro de Agricultura antes de su paso por la Cancillería, Ramírez Ocampo acumuló credenciales técnicas y diplomáticas que lo hicieron útil, y utilizado, en dos ciclos distintos de la política de paz colombiana: el de Betancur, que buscó insertar a Colombia en la pacificación centroamericana, y el que arrancó con Barco y se prolongó hasta el Caguán, cuando el país volvió a necesitar mediadores civiles capaces de hablar con las guerrillas.

Esa continuidad tiene un costo interpretativo. Al observarlo desde 1984 hasta 2007, se advierte que pertenece a una generación estrecha de cuadros mediadores —Álvaro Leyva Durán, Nicanor Restrepo, más tarde Juan Manuel Santos y Angelino Garzón— que el sistema convocaba una y otra vez, con independencia del gobierno de turno. Su eficacia dependía menos de una doctrina propia que de su capacidad de moverse entre lealtades institucionales difusas. Y esa misma virtud, la ambigüedad que hace útil al facilitador, puede volverse, en otras circunstancias, opacidad. La frontera entre una y otra rara vez se dibuja con nitidez, y en su caso tampoco.

Buena parte de lo que dio forma a esa figura ocurrió en un país donde la política exterior y la política de paz interior se habían vuelto vasos comunicantes: la Cancillería aprendía a hablar de guerrilla porque el gobierno hablaba de guerrilla, y los interlocutores civiles con las guerrillas heredaban modales de la diplomacia. Ramírez Ocampo se movió entre ambas orillas con soltura, y su biografía es también una crónica de esa hibridación.

Los orígenes: el economista que llega a la Cancillería

De su infancia, su formación universitaria detallada y sus primeras filiaciones partidistas queda poco anclado. Lo que sí se sostiene es el perfil con que llega a las escenas donde su nombre pesa: economista, ex viceministro de Agricultura, hombre con experiencia en administración pública sectorial antes de asumir tareas propiamente diplomáticas. Ese tránsito de la técnica agraria a la cancillería no era anomalía en la Colombia de los ochenta —el país cultivaba una tradición de servidores públicos generalistas—, pero conviene retenerlo: Ramírez Ocampo no venía del cuerpo diplomático de carrera ni de la academia internacionalista. Llegó a la política exterior por confianza presidencial, y esa condición marcaría toda su trayectoria posterior.

El detalle importa porque muchas de las decisiones que le tocó ejecutar como canciller —negociar con Reagan, sentarse con guerrilleros centroamericanos, discutir la reforma de un organismo multilateral— exigían un tipo de autoridad que no proviene del rango técnico sino del respaldo político. Betancur se lo dio; Ramírez Ocampo lo administró. Esa asimetría entre origen técnico y encargo político organiza mucho de lo que vendría después: cada vez que el país necesitó un interlocutor con oído fino y respaldo del Ejecutivo, su nombre reaparecía. La Cancillería fue la primera prueba de esa fórmula, no la última.

Canciller de Betancur: diplomacia de paz y giro latinoamericano

El 7 de agosto de 1984, dentro del primer año del gobierno de Belisario Betancur, iniciado en 1982, Ramírez Ocampo asumió el Ministerio de Relaciones Exteriores. Permaneció en el cargo hasta agosto de 1986, cuando el cambio de gobierno lo llevó a otras funciones. Esos dos años, breves en el reloj burocrático, coincidieron con uno de los momentos más singulares de la política exterior colombiana del siglo XX: el intento deliberado de Betancur por sacar al país del aislamiento en que había vivido durante décadas, moviéndolo desde una alineación casi automática con Washington hacia una postura activa en América Latina y, particularmente, en Centroamérica.

Ese viraje se apoyaba en una tensión clásica de la diplomacia colombiana entre dos doctrinas, respice polum y respice similia, que oscilaban entre mirar hacia el norte y mirar hacia los pares latinoamericanos. Colombia venía, tras la pérdida de Panamá en 1903 y agravada por el conflicto civil que se prolongaba desde finales de los años cuarenta, de una tradición aislacionista, con su inserción internacional fuertemente condicionada por la afiliación con Estados Unidos. Betancur decidió romper ese molde. La justificación que esgrimió públicamente para meter a Colombia en la ecuación centroamericana quedó formulada en una frase que su cancillería repetiría: "la paz es algo indivisible y vinculante que concierne a todos en tanto que eslabón y símbolo de fraternidad".

El instrumento de ese viraje fue el Grupo de Contadora, una iniciativa colectiva de México, Panamá, Venezuela y Colombia para destrabar las guerras centroamericanas por vía diplomática. Contadora ya estaba en marcha cuando Ramírez Ocampo llegó a la Cancillería, y a él le correspondió administrarla en su fase más operativa: la negociación multilateral fina entre gobiernos centroamericanos con proyectos irreconciliables, siempre bajo la sombra de la política exterior de Ronald Reagan. Sería un error atribuirle la autoría de las decisiones del Grupo, que fueron por definición colectivas y respondieron a la voluntad presidencial de Betancur más que a la conducción del canciller. Pero sí le corresponden la representación cotidiana de Colombia en esa mesa, la gestión de sus tensiones con Washington y la traducción diplomática de una convicción presidencial en gestos institucionales.

Alrededor de Contadora se tejió, además, una red de respaldos simbólicos. En diciembre de 1982, tres premios Nobel —Alfonso García Robles, Alva Myrdal y Gabriel García Márquez— junto con el primer ministro sueco Olof Palme dirigieron una carta a Betancur y a otros líderes centroamericanos manifestando esperanza en que se iniciaran negociaciones de paz en la región. García Márquez, apenas designado Nobel, acompañó desde el comienzo la política internacional del nuevo gobierno con un capital simbólico difícil de exagerar. Ese apoyo cultural e internacional, del que la cancillería Ramírez Ocampo era heredera y administradora, daba densidad pública a una diplomacia que se jugaba también en la percepción global. En un discurso presidencial de esos años, mucho antes de que se firmara la paz en El Salvador y Guatemala, Betancur se refirió explícitamente a los procesos centroamericanos: el tema estaba en la agenda, y era la Cancillería la que la sostenía cuando el presidente no hablaba.

El trabajo tenía, además, un componente de sostenimiento discreto. Contadora se movía en un terreno donde un gesto mal calibrado podía costarle a Colombia la relación con Washington, con Managua o con San Salvador. La Cancillería debía traducir las convicciones más audaces del presidente a un lenguaje viable, y absorber sin ruido los desgastes de esa traducción. Ese tipo de labor rara vez deja huella nominativa en los tratados, pero constituye el sustrato sobre el que ellos se firman.

La OEA y Cartagena: reforma multilateral

Al mismo tiempo que administraba Contadora, la cancillería de Ramírez Ocampo trabajó en un frente menos visible pero de largo aliento: la reforma de la Organización de Estados Americanos. Colombia arrastraba con la OEA una relación de largo pedigrí. Alberto Lleras Camargo había orientado la Unión Panamericana desde junio de 1947 y, tras la fundación de la OEA en 1948, se convirtió en su primer Secretario General; su gestión sería recordada como "la edad de oro" del organismo, y su nombre quedó asociado a la creación de la estructura jurídica y de la Carta fundamental. Cuatro décadas después, cuando la Guerra Fría hemisférica entraba en su fase terminal y el sistema interamericano acumulaba obsolescencias, Colombia volvió a proponer un papel activo en la reforma del organismo.

La cancillería de Betancur ofreció a Cartagena de Indias como sede para la reunión extraordinaria que reformó la Carta de la OEA. El gesto no era menor: reforzaba la narrativa del gobierno sobre una Colombia protagonista en la región, y anclaba en territorio nacional un momento significativo del multilateralismo americano. Ramírez Ocampo fue el rostro institucional de esa oferta y de las negociaciones que la acompañaron. Décadas después, la relación de Colombia con el sistema interamericano —ya no en la Carta general, sino en su brazo de derechos humanos— seguiría atravesando su vida pública: en 2007 fue entrevistado como ex canciller precisamente para analizar la relación del Estado colombiano con ese sistema, en el marco de la reconstrucción de la masacre de Trujillo, en el Valle del Cauca, y sus secuelas.

Un vacío en el registro: entre la Cancillería y la Constituyente

Entre agosto de 1986, cuando salió del Ministerio, y 1990-1991, cuando reapareció en la lista de la AD-M19, el rastro documental se adelgaza. Consta que se desempeñó como comisionado de paz del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), en el marco institucional que ese gobierno había armado con una Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación destinada a gestionar los acercamientos con guerrillas como el M-19. Esa consejería, apoyada por funcionarios como Ricardo Santamaría y Reinaldo Gary, concertó acercamientos preliminares con sectores del M-19, incluida al menos una reunión en el Cauca con el grupo dirigido por Germán Rojas, y produjo un plan de paz que sirvió de plataforma al proceso.

Junto a ella funcionaba una Consejería de Derechos Humanos, creada durante la administración Barco y que tendría continuidad institucional en los gobiernos de Gaviria y Samper. El papel específico de Ramírez Ocampo dentro de esa arquitectura —qué mesas atendió, con qué grupos habló, qué documentos firmó— queda esbozado antes que desarrollado, pero la designación importa: cuando cuatro años después su nombre apareció en la lista de la AD-M19 para la Constituyente, la nota biográfica que lo acompañaba lo describía precisamente como "economista, ex viceministro de Agricultura y excomisionado de paz del gobierno Barco". Esa era la credencial que hacía posible su inclusión.

Vale la pena detenerse en la naturaleza de esa credencial. En Colombia, el rótulo de "comisionado de paz" designaba menos un cargo con perímetro definido que una autorización presidencial para hablar en nombre del Ejecutivo con actores armados. Quien lo ostentaba adquiría, al mismo tiempo, autoridad y sospecha: autoridad, porque el gobierno lo respaldaba; sospecha, porque en un país donde la paz se negociaba entre acusaciones cruzadas de traición y colaboración, quien se sentaba con la guerrilla siempre despertaba recelos. Ramírez Ocampo salió de la Cancillería con capital diplomático y entró a la comisión de paz con capital de mediador: dos monedas que en los años siguientes gastaría.

La Constituyente: delegatario por la AD-M19

En 1990 y 1991, la desmovilización del M-19 y su conversión en fuerza política, la Alianza Democrática M-19, alteraron la geometría del sistema partidista colombiano. El acuerdo firmado entre la dirigencia del M-19 y el gobierno Barco había contemplado la convocatoria a un referendo para reformar la Constitución de 1886, iniciativa que derivó, tras un recorrido institucional accidentado, en la Asamblea Nacional Constituyente instalada en 1991. El pacto original, según el cual el acuerdo de paz se volvería ley en el Congreso y se convocaría después un referendo, había sido hundido por mayorías parlamentarias liberales y conservadoras —hundimiento que sectores del M-19 atribuyeron a la influencia del narcotráfico y que provocó la renuncia del ministro de Gobierno Carlos Lemos Simmonds—, pero el impulso reformista sobrevivió al fracaso legislativo.

En la elección de delegatarios, Ramírez Ocampo figuró como segundo en la lista nacional de la AD-M19. La decisión era, en apariencia, coherente con la lógica del movimiento: la izquierda desmovilizada necesitaba ampliar su espectro de credenciales técnicas y de reconocimiento nacional, y un ex canciller de Betancur y excomisionado de paz de Barco aportaba capital político sin comprometer la identidad guerrillera del núcleo duro. Pero el gesto no dejó de producir desconcierto. Un testimonio recogido años después por quienes venían del entorno de Boyacá relata que la inclusión resultó sorpresiva: en la región les "vendieron la idea" de que Ramírez iba en representación de la organización M-19 sin figurar directamente a nombre de la guerrilla, y el testimoniante, que lo conocía como médico de una clínica local, dudaba de que Ramírez fuera miembro orgánico del movimiento. El mismo testimonio, situado en un entorno paramilitar como el de Puerto Boyacá, especulaba sobre si su participación respondía a intereses externos, incluidos posibles vínculos con el paramilitarismo, aunque sin afirmarlo de manera concluyente.

Esa oscuridad periférica no debería, sola, definir su lectura, pero tampoco puede omitirse. Ilustra un rasgo del período: la AD-M19 fue también un espacio de cooptación bidireccional, donde el movimiento desmovilizado buscaba credenciales tecnocráticas y donde figuras del establecimiento, o de sus zonas grises, encontraban ventana de participación institucional. Ramírez Ocampo pertenecía, en cualquier caso, al tipo de perfil que ese cruce necesitaba. Y Boyacá, singularmente Puerto Boyacá, se dibujaba como el territorio donde su inclusión en la lista despertó más desconcierto local, un dato que la biografía retiene sin resolver.

En los debates de la Asamblea su intervención más documentada corresponde a la discusión sobre el Consejo Nacional Electoral, el órgano que quedaría consagrado en el artículo 264 de la nueva Constitución. Allí sostuvo que el Consejo de Estado y los tribunales habían ejercido bien sus funciones jurisdiccionales y que, en consecuencia, el CNE no debería encargarse de esos temas. La posición se inscribía en una discusión más amplia sobre la composición del Consejo, que quedaría integrado por el número de magistrados que fijara la ley, no menos de siete, y sobre el mecanismo de su elección, en la que se propuso que continuara siendo el Consejo de Estado el órgano encargado de nombrarlos. Otros delegatarios, como Juan Carlos Esguerra, cuestionaron precisamente esa persistencia del Consejo de Estado como electorador de los magistrados del CNE.

La intervención es un dato acotado, no la firma de un capítulo de la Constitución. Convertirla en autoría del artículo 264 sería exagerado; ignorarla, injusto. Muestra a Ramírez Ocampo operando en un registro que ya para entonces le era natural: el del constitucionalista prudente que confía en la arquitectura judicial existente y desconfía de crear órganos con superposición de funciones. Es la voz del ex canciller, no la del insurgente reciclado.

Los años noventa: facilitación de diálogos

Cerrada la Constituyente, el ciclo negociador con las guerrillas colombianas siguió abierto. Los diálogos entre el gobierno y las guerrillas, principalmente FARC y ELN agrupadas en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, tuvieron una segunda etapa en Caracas a partir de junio de 1991, tras una primera reunión en Arauca, y una tercera en Tlaxcala, México, a comienzos de 1992. El proceso había arrastrado desde su origen un pecado difícil de expiar: el ataque militar a Casa Verde, en Uribe (Meta), sede central de las FARC desde 1984, ejecutado el mismo día de las elecciones a la Constituyente en 1991 mientras se sostenía una negociación de paz en curso. El episodio ilustraba, junto con el asalto al Palacio de Justicia de 1985, la divergencia entre autoridades militares y civiles en materia de defensa y seguridad, con los militares recuperando terreno en la definición de esas políticas.

Los diálogos siguieron pese al golpe. En Tlaxcala terminaron por cerrarse en octubre de 1992 con el asesinato del exministro Argelino Durán Quintero a manos del EPL, que lo tenía secuestrado. En paralelo, Cuba, a través de Fidel Castro y de su interlocutor Manuel Piñeiro, mantenía contactos con los movimientos guerrilleros; el propio Castro declaró en conversación privada que no podía ni pretendía influir en sus decisiones porque siempre había respetado la independencia de los movimientos revolucionarios, y el presidente César Gaviria no objetó que Cuba se reuniera con los dirigentes guerrilleros colombianos durante los períodos de ruptura de hostilidades.

En esa geografía de mesas rotas, la guerrilla aceptaba negociar, se pensaba, no tanto por presión militar cuanto porque veía cómo el M-19 desmovilizado ocupaba los espacios de la izquierda en el sentimiento popular. La segunda mitad de la década agregaría un ingrediente nuevo: la agudización del conflicto, con las FARC infligiendo derrotas de peso a las Fuerzas Militares como el ataque a Las Delicias en 1996, en el que retuvieron a sesenta soldados, y la irrupción de la sociedad civil como actor de mediación.

En ese marco, entre 1996 y 1998, las FARC sostuvieron acercamientos con personalidades como Ramírez Ocampo, Álvaro Leyva Durán y Juan Manuel Santos, en el contexto de una movilización ciudadana por la paz que buscaba abrir canales cuando los oficiales estaban cerrados. Tras Las Delicias, el gobierno de Ernesto Samper acudió al Comité Internacional de la Cruz Roja para establecer la situación de los sesenta cautivos y posibilitar su liberación; en paralelo, y con menor visibilidad, se tejían las conversaciones informales que actores como Ramírez Ocampo ayudaban a mantener.

El tramo más concreto de esa participación corresponde a 1998, ya con Andrés Pastrana como presidente electo. En la Sala de Situación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se reunió un grupo que incluía a Ramírez Ocampo, Álvaro Leyva Durán, Angelino Garzón y Nicanor Restrepo, entre otros, y que elaboró una propuesta integral entregada al mandatario. La iniciativa se inscribía en el ambiente que abriría los diálogos del Caguán: Manuel Marulanda había condicionado el inicio de las conversaciones al despeje de cinco municipios y al desmonte del paramilitarismo, exigencias que planteó explícitamente en un encuentro directo con Pastrana, calificado por ambas partes como histórico por ser la primera vez que las FARC se reunían con un presidente de Colombia.

La distinción importa. Ramírez Ocampo no diseñó la zona de distensión ni negoció por el gobierno; participó, junto con otros, en un diseño colectivo de propuestas que se ofrecían al Ejecutivo como insumo. El PNUD ofrecía la sede institucional que la política oficial no podía dar, del mismo modo que la Cruz Roja aparecía como referente humanitario cuando la retención de soldados exigía canales que no comprometieran al gobierno. Esa figura, la del mediador civil que produce documentos, abre puertas y sostiene la conversación cuando los canales oficiales están fracturados, es la que su trayectoria de fin de siglo termina de perfilar. En paralelo, el contexto se agravaba: los paramilitares consolidaban el control de bastiones guerrilleros como el sur de Bolívar (1998) y Barrancabermeja (2000-2001), y los diálogos del Caguán llegarían a su desenlace en un país territorialmente más disputado que nunca.

La entrevista de 2007: última escena documentada

En 2007, ya con setenta y tres años, Ramírez Ocampo fue entrevistado como ex canciller en el marco del trabajo sobre la masacre de Trujillo, y desde esa condición analizó la relación del Estado colombiano con el sistema interamericano de derechos humanos. La entrevista cierra el arco con coherencia interna: el hombre que en 1984-1986 había gestionado desde Cartagena la reforma de la Carta de la OEA reflexionaba, dos décadas después, sobre cómo ese mismo sistema interamericano se relacionaba con un Estado que se había mostrado incapaz de contener los peores episodios del conflicto interno. De la reforma de la Carta a las secuelas de Trujillo hay veintidós años y un país entero de por medio, y en ambos extremos aparece el mismo funcionario.

Ramírez Ocampo murió en 2011.

Su huella: cómo leerlo hoy

No dejó una doctrina, ni una obra escrita mayor, ni un episodio del que se pueda decir con propiedad "fue suyo". Dejó, más bien, un modo. El del facilitador colombiano de fin de siglo, que se mueve entre cancillería, constituyente y mediación privada, que asiste a las reuniones donde los actores oficiales no pueden llegar todavía y a las que los actores armados no aceptarían de otro modo, que aporta credenciales técnicas cuando la izquierda desmovilizada necesita legitimarse, que redacta propuestas de país cuando un presidente electo pide insumos.

En su versión virtuosa, ese modo es el del servidor público que ofrece continuidad en un país donde los gobiernos duran cuatro años y los conflictos, décadas; el del cuadro escaso que el sistema recicla porque no hay muchos como él. En su versión problemática, es el del operador cuya ambigüedad no se agota en la utilidad diplomática y cuyas zonas grises —la sorpresa de Boyacá en 1991, las especulaciones nunca disipadas sobre sus lealtades regionales— no encuentran una explicación clara. Ninguna de las dos versiones cancela a la otra, y su biografía se lee mejor cuando se admite que ambas conviven.

Queda, sobre todo, una lección estructural. Que Colombia haya vuelto tres veces —bajo Betancur, bajo Barco, bajo Pastrana— a los mismos operadores mediadores dice menos sobre la excepcionalidad de esos operadores que sobre la escasez crónica del país en cuadros civiles para la paz. Ramírez Ocampo fue uno de los que llenaron ese hueco. Su biografía, leída con cuidado, es también un diagnóstico de las instituciones que lo necesitaron.