Palacio de Justicia

La semblanza: un edificio que es también una herida

Decir Palacio de Justicia en Colombia es decir dos cosas a la vez. Una es literal: una construcción sobria en el costado norte de la Plaza de Bolívar, frente al Capitolio Nacional al sur, junto al Palacio Liévano al occidente y a la Catedral Primada al oriente, que alberga a los magistrados titulares y auxiliares de las dos altas cortes de la jurisdicción ordinaria y contencioso-administrativa, junto con los empleados de ambas corporaciones. Es la sede física del poder judicial en su cúspide. La otra es simbólica: el nombre remite, casi de manera inevitable, a los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando un comando del Movimiento 19 de Abril ocupó el edificio y la operación militar de recuperación terminó con la estructura en llamas, once magistrados muertos —entre ellos el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía— y una lista aún litigada de desaparecidos que fueron sacados con vida y no volvieron a ser vistos.

Esa doble condición del sujeto —edificio y episodio— explica por qué su historia constructiva importa. El Palacio no es un inmueble estable con un evento superpuesto. Es una edificación que ha tenido que ser levantada de nuevo cada vez que la violencia política colombiana ha necesitado destruir su fachada para llegar a lo que contiene. En 1948 fue el fuego de una multitud desatada por el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán. En 1985 fue una operación guerrillera financiada, en su margen, por el naciente cartel de Medellín, y una retoma militar que actuó con una autonomía inédita frente al mando civil. En ambos casos, el Estado terminó reconstruyendo el edificio. En ninguno logró garantizar plenamente lo que ese edificio debía albergar.

Los orígenes: del incendio del 9 de abril a un edificio que no se pudo restaurar

La estructura decimonónica que ocupaba el costado norte de la Plaza de Bolívar antes de 1948 no sobrevivió al Bogotazo. El 9 de abril de ese año, tras el asesinato de Gaitán en la carrera séptima con calle 13, Bogotá ardió por sectores: La Candelaria cerca de la Plaza de Bolívar, San Victorino junto a la Plaza de Mercado y la carrera séptima entre la avenida Jiménez de Quesada y la calle 22. El Palacio de Justicia, situado en el vértice mismo de la zona más sensible del centro simbólico del país, fue consumido por las llamas.

Lo que ocurrió después es tan revelador como la destrucción misma. El Gobierno no consiguió restaurar el edificio en su estilo original. Mientras las tres sedes vecinas —Capitolio, Liévano, Catedral— fueron reparadas dentro del vocabulario arquitectónico decimonónico que definía la plaza, el Palacio se reconstruyó en clave moderna, y esa decisión selló para siempre la disonancia visual que aún se aprecia. El detalle importa porque forma parte de un fenómeno más amplio: los destrozos del 9 de abril aceleraron una transformación urbana que ya estaba en marcha, y permitieron a inversionistas y profesionales sustituir edificaciones antiguas por construcciones altas y modernas que fueron invadiendo el centro de Bogotá. El Palacio quedó así atrapado en la lógica del reemplazo, no en la de la restauración: se lo reconstruyó como algo nuevo porque el país no supo, o no quiso, devolverle su forma anterior.

Esa segunda encarnación del edificio albergó, entre finales de los años cincuenta y noviembre de 1985, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado. Bajo sus techos deliberaban los magistrados que decidían los grandes pleitos del país y, hacia comienzos de los ochenta, revisaban los archivos y expedientes de extradición que empezaban a poner en jaque al naciente narcotráfico. Esa función —custodiar los papeles que podían enviar a Pablo Escobar y a los suyos a cortes de Estados Unidos— convirtió al Palacio, sin que sus ocupantes lo eligieran, en un blanco.

La trayectoria: 1985, el año en que todo convergió sobre el edificio

Para entender lo que ocurrió el 6 de noviembre de 1985 hay que sostener tres hilos al mismo tiempo, porque los tres se anudaron sobre el mismo edificio en el mismo instante.

El primero es el proceso de paz. Belisario Betancur Cuartas asumió la presidencia en 1982 con una estrategia de apertura democrática hacia los grupos armados que abrió un período que los propios cronistas del conflicto describirían como «la guerra dentro de los diálogos de paz». El 24 de agosto de 1984, el M-19 firmó con el gobierno los Acuerdos de Corinto, que incluyeron un cese bilateral del fuego. La tregua se rompió en junio de 1985, cinco meses antes de la toma. La ruptura dejó al M-19 sin una salida política y, según sus propios comandantes lo declararían después, con la convicción de que necesitaba un golpe de resonancia para forzar el reinicio de la negociación. La operación sobre el Palacio se llamó, en su nomenclatura interna, «Antonio Nariño por los Derechos del Hombre», y su objetivo declarado era someter al presidente Betancur a un juicio político por el incumplimiento de los acuerdos.

El segundo hilo es el narcotráfico. Pablo Escobar condicionó su financiamiento a que dos hombres suyos pudieran acompañar al comando guerrillero para quemar los archivos de extradición de la Corte Suprema y asesinar a los magistrados que apoyaban el tratado. Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina, en el nivel de dirección del M-19, rechazaron esa exigencia específica: no habría hombres de Escobar dentro del Palacio. Pero Iván Marino sí aceptó los dos millones de dólares que el capo ofrecía por la operación. Esa aceptación —del dinero sin la condición formal— es uno de los pliegues más ambiguos del episodio, y explica por qué buena parte de la historiografía posterior lee la toma como escenario, entre otras cosas, de la primera gran ofensiva del cartel de Medellín contra el Estado colombiano, aunque la ejecución material haya sido guerrillera y aunque los testigos presenciales no escucharan a los ocupantes anunciar el cumplimiento explícito de las tareas de Escobar.

El tercer hilo es el militar. Existen indicios sólidos de que las autoridades castrenses tenían conocimiento previo de los planes: los policías asignados a la vigilancia del Palacio fueron retirados el día anterior a la toma, y el Ejército permaneció en estado de alerta, listo para contraatacar. El brigadier general al mando de la Brigada XIII de Bogotá regresaba por esos días de una ausencia de aproximadamente un mes entre una comisión al Sinaí y unas vacaciones en Europa. Los tres hilos —una guerrilla sin salida política, un narcotráfico dispuesto a pagar por incinerar archivos, un mando militar en alerta— convergieron sobre el edificio del costado norte de la Plaza de Bolívar poco antes de las once de la mañana del 6 de noviembre.

Ese día, un grupo de siete jóvenes bien vestidos —cuatro mujeres y tres hombres— entró al Palacio como parte de la vanguardia del M-19. Detrás vino, en vehículos, el grueso del comando, cerca de una treintena de combatientes al mando de Luis Otero Cifuentes y Andrés Almarales, con Alfonso Jacquin, Elvecio Ruiz, Ariel Sánchez y José Domingo Gómez entre los oficiales destacados. El edificio contaba en ese momento con cerca de 415 ocupantes: magistrados titulares y auxiliares de las dos cortes, empleados de ambas corporaciones, abogados que hacían diligencias, personal de servicios generales, conductores, escoltas y los empleados de la cafetería del primer piso, un lugar cotidiano por el que pasaba media rama judicial a tomar café.

El presidente Betancur ordenó la retoma del edificio con la instrucción de preservar la vida de los magistrados. Lo que ocurrió después es objeto de una discusión que la propia arquitectura del Estado colombiano lleva cuatro décadas sin resolver: la orden presidencial existió y era clara, pero no fue el presidente quien decidió el modo, la intensidad ni el desenlace del ataque, y los mandos militares —encabezados por el general Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército— actuaron con un alto grado de autonomía en la definición táctica de las operaciones. El coronel Alfonso Plazas Vega apareció ante las cámaras al frente de los tanques Cascabel que entraron por la carrera Octava. La televisión emitió un partido de fútbol mientras el edificio ardía. Se dio orden de silenciar las emisoras de radio para impedir que se escucharan las súplicas del propio Reyes Echandía, presidente de la Corte, que llamó por teléfono pidiendo un cese al fuego que nunca llegó. Cuando el M-19 llamó, el 7 de noviembre, para pedir que Jaime Betancur Cuartas —hermano del presidente— fuera de nuevo al Palacio como mediador, la decisión oficial ya se había endurecido en dirección contraria a la negociación.

Al terminar el operativo, en el cuarto piso se hallaron veinticinco cadáveres calcinados y diecisiete armas largas automáticas. Once magistrados de la Corte Suprema estaban muertos, entre ellos Reyes Echandía, Manuel Gaona Cruz y Carlos Medellín Forero. Decenas de otras personas —funcionarios de la Rama Judicial, miembros de la Fuerza Pública, civiles atrapados— también habían perdido la vida. El edificio, por segunda vez en cuarenta años, quedó inservible.

La red: quiénes murieron, quiénes desaparecieron, quién dio las órdenes

La lista de víctimas del Palacio de Justicia no admite un único vector de responsabilidad, y por eso la memoria del episodio ha sido tan difícil de estabilizar. Hay tres círculos concéntricos.

El primero es el de los magistrados. Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte, era una de las voces jurídicas más respetadas del país. Junto a él murieron otros diez magistrados titulares, además de auxiliares de ambas corporaciones. Sus muertes ocurrieron en un edificio incendiado, bajo fuego cruzado, y en circunstancias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificaría después, al condenar al Estado colombiano, como violaciones graves que comprometían la responsabilidad estatal por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. La instrucción de Betancur de preservar sus vidas y el desenlace efectivo del operativo son, en este círculo, la contradicción fundacional del caso.

El segundo círculo es el de los empleados de la cafetería del primer piso. Sus nombres son los que la memoria de las víctimas ha sostenido con más obstinación, porque su suerte fue distinta a la de los magistrados. Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador. Cristina del Pilar Guarín Cortés, cajera interina. Héctor Jaime Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández, meseros. Gloria Estella Lizarazo Figueroa, empleada. David Suspez Celis, chef. Luz Mary Portela León, empleada de servicios generales. También Norma Constanza Esguerra, proveedora de pasteles que visitaba la cafetería, y Gloria Anzola de Lanao, entre otros civiles atrapados. Varios de ellos salieron con vida del Palacio, fueron llevados custodiados a la Casa del Florero —el museo situado a unos cincuenta metros, en una esquina de la Plaza de Bolívar, que sirvió de centro de recepción de sobrevivientes— y de allí desaparecieron. Algunas de esas personas fueron torturadas en instalaciones militares —el Cantón Norte figura entre los lugares mencionados— y varias fueron desaparecidas después. Los restos de una de las trabajadoras de la cafetería solo fueron encontrados y entregados a su familia treinta años más tarde, en septiembre de 2016. Familiares recibieron durante años llamadas anónimas que describían torturas en curso a sus seres queridos, y buscaron sin éxito que quienes llamaron se presentaran a testificar.

El tercer círculo es el de los guerrilleros que salieron con vida. Fueron dos. Uno reapareció muerto dentro del propio Palacio en circunstancias no aclaradas. La otra, Irma Franco, fue vista salir custodiada y luego desaparecida. A este círculo pertenece también, aunque no fuera guerrillero, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, que salió con vida del edificio bajo custodia de la fuerza pública y apareció después asesinado, en un caso que se convirtió en una de las pruebas más incómodas contra la versión oficial del operativo.

En torno a estos tres círculos operaron nombres que la historia judicial y política sigue rebatiendo. Rafael Samudio Molina impartió órdenes sobre el manejo de sobrevivientes. Alfonso Plazas Vega —cuya frase «mantener la democracia, maestro», dicha ante los medios, quedó grabada en la memoria del país— fue procesado por desaparición forzada y absuelto tras un largo trámite. Belisario Betancur mantuvo durante décadas un silencio casi completo, roto apenas a finales de 2015 en un acto en Ibagué, en el Tolima, donde pidió perdón públicamente antes de morir en 2018. La cadena de mando del episodio nunca fue explicada de manera completa por el Estado colombiano.

La huella: reconstrucción, condena internacional y una memoria en disputa

Tras el incendio de 1985, el Palacio tuvo que ser levantado una vez más. La tercera versión del edificio —la que hoy se ve al norte de la Plaza de Bolívar— fue reconstruida en las décadas siguientes bajo dirección del arquitecto Rogelio Salmona, y se inauguró parcialmente hacia fines del siglo, en un proceso que se extendió a lo largo de los años noventa. La obra de Salmona optó por una monumentalidad sobria, con arcos de ladrillo y una lectura contemporánea de la fachada institucional, en un intento de dotar al edificio de una gravedad arquitectónica que su segunda encarnación —la del Palacio incendiado— no había tenido. El resultado no reconcilió al Palacio con la armonía decimonónica de sus vecinos: la disonancia arquitectónica del costado norte persiste, como recordatorio de que este edificio no ha vuelto a ser el que era antes del 9 de abril.

Las consecuencias jurídicas y políticas del episodio marcaron el resto del siglo. La iniciativa de paz de Betancur quedó destruida: la retoma militar significó, en la práctica, que las Fuerzas Armadas recuperaran terreno en la definición de las políticas de defensa, seguridad y negociación con la insurgencia, en un desplazamiento que algunos analistas caracterizaron como un cuasigolpe de Estado. Los medios de comunicación se silenciaron durante horas críticas. El poder judicial fue usurpado. Y en el manejo de las pruebas y los cadáveres —de los que se llegó a hablar en términos de canecas y sustancias preparadas para dificultar identificaciones— se registraron abusos que la justicia colombiana no ha terminado de esclarecer.

Para el M-19, la toma fue un suicidio político, aunque la organización solo lo admitiría después como un error militar. Ninguna de sus reivindicaciones se cumplió: no hubo juicio a Betancur, no se reactivó la mesa de paz, y buena parte de su cuadro medio y alto murió dentro del edificio. La transición del M-19 hacia la política legal en 1990, y su papel en la Asamblea Constituyente de 1991, ocurriría bajo la sombra larga del Palacio.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por violaciones a la libertad personal, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en el caso del Palacio de Justicia. En 2015, el presidente Juan Manuel Santos pidió perdón públicamente en nombre del Estado por lo ocurrido en noviembre de 1985. Ese mismo año, Betancur rompió su silencio en Ibagué. Pese a la condena internacional y a los actos de reconocimiento, el caso no se cerró debidamente en los caminos de la justicia colombiana: la impunidad, en distintos niveles y para distintos responsables, ha persistido. La Jurisdicción Especial para la Paz, creada mediante el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, ha sido señalada como un escenario que podría valerse de la experiencia histórica reconstruida sobre el caso, aunque su alcance específico sobre estos hechos sigue siendo objeto de debate.

Queda, por debajo de todo esto, una pregunta estructural que el propio edificio plantea con su historia constructiva repetida. El Palacio de Justicia no fue destruido dos veces por accidente. En 1948, la multitud desbordada por el magnicidio de Gaitán prendió fuego a las sedes del poder republicano porque veía en ellas la representación material de un orden que le había arrebatado a su líder —Rafael Uribe Uribe había sido asesinado en 1914 a pocas cuadras, en un episodio que ya había mostrado la vulnerabilidad simbólica del centro bogotano—. En 1985, el edificio fue tomado porque contenía los archivos de extradición y porque el M-19 necesitaba un escenario resonante para forzar una negociación, y fue calcinado porque un mando militar autónomo consideró que la solución debía ser la fuerza. En ambos casos, la sede física de la justicia funcionó como blanco recurrente de quienes —desde flancos opuestos— necesitaban neutralizar a la institución que allí trabajaba.

El Estado colombiano ha reconstruido el edificio cada vez. Ha levantado sus muros después del fuego. Lo que no ha logrado, y esa es la persistencia inquietante del sujeto, es garantizar plenamente lo que esos muros deben proteger. El Palacio que hoy se ve desde la Plaza de Bolívar, cuando el visitante se detiene bajo la estatua de Bolívar y lee la inscripción de Santander sobre las leyes que dan la libertad, es un edificio que sigue diciendo dos cosas al mismo tiempo. Que la República es capaz de reconstruir sus sedes. Y que aún no ha aprendido a impedir que se destruyan.