Narcoterrorismo, extradición y guerra contra el Estado (1984–1990)
Entre el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y la prohibición constitucional de la extradición en 1991, el cartel de Medellín libró una guerra sistemática contra el Estado colombiano para eliminar el único instrumento jurídico que sus jefes temían: el tratado de extradición con Estados Unidos. El terror obtuvo lo que buscaba.
Ficha del acontecimiento
Síntesis
- Cuándo
- 30 de abril de 1984 – 19 de junio de 1991
- Dónde
- Bogotá, Medellín, Magdalena Medio, Puerto Boyacá, Palacio de Justicia, Panamá, Cartagena, Quindío, Estados Unidos, Puerto Asís, Nueva York
- Protagonistas
- Pablo Escobar, Rodrigo Lara Bonilla, Belisario Betancur, Virgilio Barco, Luis Carlos Galán, Gonzalo Rodríguez Gacha, Alfonso López Michelsen, César Gaviria, Carlos Lehder, Guillermo Cano, Cartel de Medellín, Corte Suprema de Justicia de Colombia
Lectura causal
Causas, hecho y consecuencias
Causas
- La firma del tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos en 1979 —vigente desde marzo de 1982— amenazaba a los capos con ser juzgados en cortes federales estadounidenses donde no podían intimidar jueces ni comprar impunidad.
- La infiltración del narcotráfico en la política, los medios y las fuerzas armadas desde comienzos de los años ochenta creó élites criminales con poder económico y militar suficiente para desafiar al Estado.
- El asesinato de Lara Bonilla, quien había confrontado públicamente a Escobar y tomado medidas contra el cartel, marcó el momento en que el narcotráfico decidió usar el terror como instrumento de negociación política.
- La alianza entre narcotraficantes, paramilitares y sectores de la Fuerza Pública —articulada desde la fundación del MAS en 1981— dotó al cartel de una capacidad militar que desbordó la respuesta institucional del Estado.
- La crisis financiera de las autodefensas del Magdalena Medio hacia 1985 abrió la puerta a que el narcotráfico se convirtiera en su principal patrocinador, fusionando paramilitarismo y narcotráfico en un solo aparato de violencia.
Consecuencias
- La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 aprobó la prohibición de extraditar colombianos, victoria jurídica central del cartel de Medellín, tras la cual Pablo Escobar se entregó a las autoridades y negoció su reclusión en La Catedral, cárcel construida según sus propias condiciones.
- El estado de sitio decretado en 1984 (Decreto 1038) se mantuvo vigente hasta la Constitución de 1991, siendo utilizado no solo contra el narcotráfico sino también para controlar la protesta social y las guerrillas.
- El exterminio de la Unión Patriótica —más de mil líderes y militantes asesinados entre 1986 y 1990— demostró que el ejercicio legal de la política de izquierda podía costar la vida, destruyendo una experiencia sin precedentes de participación electoral de la izquierda colombiana.
- Medellín registró tasas de homicidio superiores a 100 por cada 100.000 habitantes desde 1985, con el homicidio como primera causa de mortalidad general desde 1986, concentrado en hombres jóvenes de las comunas populares reclutados como sicarios.
- El paramilitarismo se transformó de fenómeno regional antisubversivo en aparato militar del narcotráfico con presencia nacional, con armamento de guerra y bases operativas desde el Magdalena Medio hasta el Putumayo.
- La relación entre Colombia y Estados Unidos quedó redefinida por la política antidrogas de Reagan y Bush, que militarizó el conflicto interno colombiano bajo la doctrina del enfoque de oferta y la fusión conceptual entre narcotráfico e insurgencia.
- El Proceso 8000, años después, reveló que la infiltración del narcotráfico en la política no se limitó al cartel de Medellín: el cartel de Cali financió la campaña presidencial de Ernesto Samper y a cerca de cien políticos nacionales investigados y muchos condenados.
La clave interpretativa
Por qué importa
Este período define la naturaleza del Estado colombiano moderno: un Estado que fue capaz de resistir militarmente al cartel de Medellín pero que cedió ante él en el terreno jurídico y constitucional, inscribiendo en su carta magna la victoria de los extraditables. La guerra no fue solo contra el narcotráfico sino sobre quién controla las reglas del juego político, y su resultado —la prohibición de la extradición en 1991— mostró que el terror sostenido puede doblar instituciones democráticas. El período también fijó los patrones de captura del Estado, clientelismo armado y narcopolítica que estructuraron la violencia colombiana durante las décadas siguientes.
Desarrollo histórico
La historia completa
Narcoterrorismo, extradición y guerra contra el Estado (1984-1990)
Entre el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, y la entrega de Pablo Escobar en junio de 1991 —al día siguiente de que la Asamblea Nacional Constituyente prohibiera la extradición de colombianos—, Colombia vivió una guerra que no fue estrictamente la del Estado contra el narcotráfico, sino la del cartel de Medellín contra un instrumento jurídico específico: el tratado de extradición firmado con Estados Unidos en 1979. En esos siete años, la organización de Escobar y sus socios convirtió el terror urbano en un lenguaje de negociación política. Asesinaron a un ministro de Justicia, a un procurador general, a un director de periódico, a tres candidatos presidenciales, a un gobernador, a un coronel, a decenas de jueces y a más de un centenar de pasajeros de un avión comercial. Al final, el terror obtuvo lo que buscaba: la Constitución de 1991, aprobada en un ambiente de esperanza cívica, blindó a los narcotraficantes contra el mecanismo que más temían. La derrota militar del cartel de Medellín en 1993, con la muerte de Escobar, no revirtió su victoria jurídica.
Antecedentes: la extradición como umbral
El tratado bilateral entre Colombia y Estados Unidos había sido firmado en 1979 y entró en vigencia en marzo de 1982, bajo el gobierno de Julio César Turbay. Su lógica era simple y, para los capos, aterradora: un colombiano procesado por delitos de narcotráfico cometidos contra Estados Unidos podía ser enviado a cortes federales de Miami o Nueva York, donde no había cárcel de cinco estrellas, ni jueces intimidables, ni pistoleros al alcance. Escobar lo dijo con una frase que se volvió consigna del grupo autodenominado los extraditables: preferían una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos.
El cartel de Medellín llegó a 1984 con una densidad económica y política que ninguna institución colombiana había enfrentado antes. Escobar había financiado en Medellín obras de clientelismo popular —canchas de fútbol, mercados, atención médica de barrio— que le construyeron una base social genuina y le permitieron aspirar a un escaño en la Cámara de Representantes. En 1982 se inscribió como suplente por el Nuevo Liberalismo, el movimiento de Luis Carlos Galán, quien lo expulsó al descubrir su origen. La disputa personal entre Galán, Lara Bonilla —su segundo— y Escobar quedó planteada desde entonces.
Carlos Lehder Rivas hizo algo parecido en el Quindío: penetró las estructuras políticas regionales con regalos y dinero, inaugurando una relación entre élites locales y narcotráfico que las décadas siguientes bautizarían como narcopolítica. La revista Semana y el libro Los jinetes de la cocaína señalaron aportes del cartel a las campañas presidenciales de Alfonso López Michelsen y Belisario Betancur en 1982, versiones presentadas con reservas pero que ilustraban una atmósfera: en algún punto entre 1980 y 1984, el dinero de la cocaína dejó de estar afuera de la política colombiana y se instaló adentro.
Mientras tanto, en el Magdalena Medio se incubaba una alianza distinta. En diciembre de 1981, el secuestro de Marta Nieves Ochoa por el M-19 provocó una reunión convocada por el clan Ochoa que dio origen al MAS —Muerte a Secuestradores—, financiado por narcotraficantes y respaldado, según denunció el procurador Carlos Jiménez Gómez ante el Congreso el 14 de febrero de 1983, por al menos 59 militares en servicio activo entre 163 participantes identificados. El MAS demostró algo que sectores de la Fuerza Pública archivaron para el futuro: los narcotraficantes podían financiar guerra contrainsurgente sucia sin comprometer la imagen institucional del Estado. El nombre se volvió genérico. Cualquier hombre armado en el campo empezó a ser llamado maseto.
Abril de 1984: el punto de inflexión
Rodrigo Lara Bonilla asumió el Ministerio de Justicia decidido a confrontar al cartel. Denunció en el Congreso a Escobar como narcotraficante, se opuso a que ocupara su curul de suplente y reveló que la mayoría de los grandes clubes de fútbol de Cali, Medellín, Pereira y Bogotá eran propiedad de mafiosos. Ordenó operativos contra laboratorios, entre ellos el complejo de Tranquilandia en el Yarí, que la Policía Antinarcóticos destruyó a comienzos de 1984.
El 30 de abril de ese año, dos jóvenes en motocicleta interceptaron el vehículo del ministro en el norte de Bogotá. El pasajero disparó con una pistola automática. Lara murió en el acto. Fue el primer asesinato de un ministro en ejercicio del que se tenga registro moderno en Colombia, y ocurrió apenas dos días después de que los negociadores de Belisario Betancur firmaran, el 28 de abril, una tregua con las FARC. La euforia de la paz duró cuarenta y ocho horas.
La reacción del presidente fue inmediata en cuanto Estado, aunque tardía en cuanto política. Betancur decretó el estado de sitio mediante el Decreto 1038 de 1984 —vigente, mediante prórrogas, hasta la Constitución de 1991— y activó las disposiciones del tratado de extradición para enviar colombianos a Estados Unidos. Simultáneamente, el estado de sitio se aplicó al control de la protesta social y a la campaña contra las guerrillas, un doble uso que revelaba el problema de fondo: el instrumento excepcional no distinguía enemigos.
Los capos huyeron. Se refugiaron en Panamá y desde allí, en mayo de 1984, buscaron negociar. El expresidente Alfonso López Michelsen recibió una solicitud de reunión a través de intermediarios y sirvió de puente hacia el gobierno. Betancur envió al procurador general a escuchar. La propuesta era clara: a cambio de amnistía y de la abolición de la extradición, los narcotraficantes desmantelarían sus operaciones, entregarían infraestructura y renunciarían al negocio. La oferta no prosperó. Un excomandante del Ejército admitiría décadas después que aquella era la oportunidad que había que tomar.
Desde ese momento, la extradición dejó de ser un artículo de un tratado y se convirtió en el eje de una guerra.
La Corte, el Palacio y el vacío jurídico
El 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 dirigido por Luis Otero y Andrés Almarales ocupó el Palacio de Justicia, en el costado norte de la Plaza de Bolívar, con el propósito declarado de someter a Belisario Betancur a un juicio político por el incumplimiento de los acuerdos de paz. La retoma militar, coordinada por el Ejército, incluyó el uso de un tanque ligero brasileño para derribar la puerta principal. Al cabo de veintisiete horas, murieron cerca de cien personas, entre ellas once magistrados de la Corte Suprema de Justicia y prácticamente todos los guerrilleros. Una docena de personas fueron vistas saliendo bajo escolta militar y nunca reaparecieron.
La responsabilidad del narcotráfico en la toma nunca se estableció con documento, pero el hecho tuvo un efecto directo sobre la extradición. La Corte Suprema había sido objeto de amenazas persistentes de los capos. El Consejo Nacional de Seguridad había acordado el 30 de septiembre de 1985 medidas especiales de protección para el Palacio y los magistrados; la vigilancia fue retirada antes de la toma. Sobrevivientes, familias y buena parte de la prensa interpretaron la retoma como un abandono deliberado.
Poco más de un año después, en diciembre de 1986, la Corte Suprema —reconstruida a las carreras, con la memoria fresca de sus once colegas muertos— declaró inexequible la Ley 27 de 1980, aprobatoria del tratado de extradición. El argumento fue formal: la ley había sido sancionada por Germán Zea en su calidad de ministro delegatario y no por el presidente titular. El vicio existía. Pero pocos observadores creyeron que la Corte estuviera decidiendo solo sobre firmas. El presidente Virgilio Barco reaccionó de inmediato: en el mismo diciembre de 1986 sancionó la Ley 68, con texto idéntico a la anulada. La Corte volvió a declararla inconstitucional. La extradición quedó suspendida.
Ese fue, en términos estrictos, el primer triunfo del cartel de Medellín sobre el dispositivo jurídico. No lo consiguió con una bomba: lo consiguió por el miedo depositado en una institución diezmada.
La ofensiva del terror
Entre 1986 y 1990, el cartel de Medellín organizó la campaña de violencia política más intensa de la historia colombiana del siglo XX. La lógica era coherente: cada golpe funcionaba como argumento en una negociación jurídica.
Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, fue asesinado durante el gobierno de Barco por su denuncia sostenida del cartel. Su muerte inauguró una temporada en la que los diarios pagaban con vidas su línea editorial. Las instalaciones de El Espectador y de Vanguardia Liberal fueron destruidas por atentados. El silenciamiento no fue una campaña organizada de compra de titulares, sino algo más eficaz: la administración del miedo redaccional.
En 1988, el procurador general Carlos Mauro Hoyos fue secuestrado y asesinado por orden de Escobar. El 4 de julio de 1989 cayó Antonio Roldán Betancur, gobernador de Antioquia. El 18 de agosto de ese año, el coronel Waldemar Franklin Quintero fue asesinado. Esa misma tarde, en Soacha, Luis Carlos Galán —que iba encaminado con probabilidad alta a la Presidencia y que había hecho de la resistencia al narcotráfico su bandera— fue asesinado en plena tarima. Los capos le cobraron una deuda vieja: la expulsión de Escobar del Nuevo Liberalismo en 1982.
En noviembre de 1989, un artefacto explosivo destruyó el vuelo 203 de Avianca en pleno ascenso desde El Dorado. Murieron 107 pasajeros y tripulantes. El objetivo era César Gaviria, entonces candidato presidencial; Gaviria no estaba a bordo. Días después, un carro bomba destruyó la sede del DAS en Bogotá, con decenas de muertos y centenares de heridos entre transeúntes. La ciudad quedó suspendida entre bombas de asombro creciente.
El registro de magnicidios se completó con el asesinato de tres candidatos presidenciales para las elecciones de 1990: además de Galán, Jaime Pardo Leal, de la Unión Patriótica, había caído antes, en 1987, y Carlos Pizarro Leongómez, del M-19 recién desmovilizado, sería asesinado en pleno vuelo en abril de 1990. El ministro de Justicia Enrique Low Murtra sería asesinado tiempo después. La lista de jueces caídos fue tan larga que dejó de sorprender: la Comisión Andina de Juristas calculó que el promedio anual de muertes de funcionarios judiciales pasó de 2, en el período 1979-1982, a 10,5 entre 1985 y 1988. Asonal Judicial contó 240 asesinatos de operadores de justicia entre 1987 y 1991.
En Medellín, el terror tomó una forma social específica. El cartel implementó el llamado plan pistola: unos cien dólares por policía muerto. Los agentes empezaron a dormir en las estaciones y a esconder los uniformes. La ciudad registró una tasa de homicidios de 100,8 por cada 100.000 habitantes ya en 1985 y siguió subiendo. Desde 1986, el homicidio se convirtió en la primera causa de mortalidad general en Medellín, concentrado en hombres jóvenes de las comunas nororiental y noroccidental. Escobar reclutó sicarios entre los muchachos de esos barrios; el dinero fácil se cruzó con la exclusión social y produjo una subcultura de la violencia que sobreviviría a la muerte del propio capo.
En el campo, el mismo cartel financiaba otro frente. Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano, y Víctor Carranza extendieron el modelo paramilitar del Magdalena Medio hacia los Llanos Orientales. La organización local en Puerto Boyacá —encabezada por Gonzalo Pérez y su hijo Henry Pérez, conocidos como los Masetos— había entrado hacia 1985 en crisis financiera: ACDEGAM no lograba pagar las escuelas, droguerías y brigadas que había prometido. La entrada del narcotráfico como patrocinador resolvió la crisis. El armamento pasó de revólveres y escopetas a fusiles Galil y G-3, ametralladoras Madsen y granadas. Desde 1987, Rodríguez Gacha había instalado una base paramilitar y una base de procesamiento de coca en La Azulita, Puerto Asís. El paramilitarismo dejó de ser solo antisubversivo y se convirtió, sin dejar de serlo, en un aparato militar del narcotráfico.
En ese aparato se ejecutó, entre 1986 y 1990, el exterminio de la Unión Patriótica. La UP había nacido en 1985 como brazo político del acuerdo entre las FARC y Betancur. En las presidenciales de 1986, Jaime Pardo Leal obtuvo 328.752 votos —un 4,5%—, resultado sin precedentes para la izquierda colombiana. A partir de septiembre de ese año, sus dirigentes empezaron a ser asesinados uno tras otro. Más de mil líderes y militantes murieron en la ola, ejecutada por una coalición borrosa en la que se identificaban narcotraficantes, paramilitares y sectores de la Fuerza Pública que interpretaban toda movilización social como extensión guerrillera. El caso mostraba con brutalidad el punto: en Colombia, el ejercicio legal de la política podía costar la vida.
La dimensión internacional
Nada de esto ocurría en un vacío. En 1986, el presidente Ronald Reagan firmó la Directiva 221, que declaró el narcotráfico una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y abrió la vía a operaciones militares antinarcóticos fuera del territorio estadounidense, con foco inicial en Bolivia. La política que emergió, articulada por la administración Reagan y continuada por George H. W. Bush, se llamó enfoque de oferta: la premisa de que la demanda es producto de la disponibilidad de droga y que la solución debe atacar la producción en origen. El corolario era militarizar los países productores.
Al mismo tiempo, la retórica de Washington operaba una fusión conceptual clave. El embajador Lewis Tambs popularizó el término narcoguerrilla, que soldaba en una sola categoría dos problemas distintos: la insurgencia y el narcotráfico. La fusión era útil porque justificaba el gasto militar contra las FARC como parte del combate antidrogas, y viceversa. Pero era falsa. En un informe secreto de 1992, la CIA reconoció que las FARC se habían involucrado crecientemente en el negocio mediante impuestos y protección de infraestructura en zonas bajo su control, pero rechazó la caracterización de la guerrilla como los principales narcotraficantes. En 1994, la DEA llegó a la misma conclusión. Las agencias antidrogas de Estados Unidos contradecían, con documentos internos, la justificación pública del financiamiento militar bajo la Iniciativa Andina.
La investigación del senador John Kerry en el Congreso estadounidense documentó, además, que traficantes colombianos habían colaborado con la CIA durante la guerra antisandinista en Centroamérica, obteniendo a cambio facilidades para introducir cargamentos a Estados Unidos, acceso a armamento moderno, medios de comunicación sofisticados y contactos bancarios. El máximo responsable en el Consejo Nacional de Seguridad del seguimiento a esa guerra era el vicepresidente George H. W. Bush. La colaboración se sostuvo, según Kerry, hasta el estallido del escándalo Irán-Contras, que desplazó la atención pública.
El contraste era completo. Colombia enviaba a sus ministros de Justicia al cementerio para satisfacer la lógica de la extradición; Washington producía la política que la exigía y, al mismo tiempo, toleraba operativamente a los traficantes cuando la geopolítica lo aconsejaba. El costo humano de la guerra antidrogas fue asumido por Colombia. La conducción estratégica, por Estados Unidos.
Los extraditables y la política del pulso
Los capos se organizaron para el pulso. Bajo la denominación colectiva de los extraditables —fórmula deliberadamente impersonal—, Escobar, Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa Vásquez (Jorge Luis y Fabio) sostuvieron una campaña simultánea de terror y de comunicados. Cada bomba iba acompañada de un texto. Cada asesinato ofrecía margen a la negociación. La organización mostraba una comprensión política que las autoridades colombianas tardaron en reconocer: no querían derrocar al Estado, querían modificar un artículo. El objetivo era acotado y racional, y por eso mismo alcanzable.
El pulso fracasó en varias ocasiones. Barco rechazó negociar bajo presión. En 1988 y 1989, mientras Escobar mataba, el gobierno insistió en la extradición como política de Estado y firmó decretos que la habilitaban por vía administrativa cuando la Corte la había bloqueado por vía judicial. La respuesta del cartel escaló hasta el atentado contra el DAS y el asesinato de Galán.
El agotamiento fue mutuo. El país que en 1985 se había llenado de esperanza con las treguas y con la promesa de la Unión Patriótica llegó a 1990 quebrado. Se contaban más de seiscientos atentados en una década. La ciudadanía —urbana, universitaria, transversal a los partidos— empezó a exigir algo más profundo que decretos: una Constitución nueva. La convocatoria a una Asamblea Constituyente, canalizada primero por el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta y avalada luego por César Gaviria desde la Presidencia, encontró terreno preparado.
Simultáneamente, el M-19 aceptó lo que había rechazado en 1984: negociar con el Estado. Tras el hostigamiento militar posterior al Palacio de Justicia, el movimiento se replegó al suroccidente y en abril de 1988 anunció un cese unilateral. El 9 de marzo de 1990, mediante el Acuerdo de Corinto, se desmovilizó con unos 900 combatientes y se transformó en partido. Sus dirigentes, entre ellos Antonio Navarro Wolff, entraron a la Constituyente con votación destacada.
El escenario para la victoria política del cartel estaba montado.
La Constituyente y la entrega
La Asamblea Nacional Constituyente se instaló en febrero de 1991. Reunía a Álvaro Gómez Hurtado desde el conservatismo, a Horacio Serpa desde el liberalismo oficialista, a Antonio Navarro Wolff desde el M-19, a delegados de los pueblos indígenas, a intelectuales independientes. Diego Montaña Cuéllar, veterano dirigente de la izquierda, presidía junto a Gómez y a Serpa. El ambiente era, contra toda expectativa, optimista: Escobar aún libre pero contenido, el M-19 en política, la mayoría de las autodefensas del Magdalena Medio en repliegue.
Adentro del recinto, sin embargo, ocurrían dos cosas que la ciudadanía no vio del todo. La primera es que la dirigencia del M-19, encabezada por Navarro, facilitó que narcoparamilitares del Magdalena Medio ocuparan un cupo en su lista a la Constituyente, sin informarlo a sus bases. La segunda es que el gobierno de Gaviria, a través del ministro de Gobierno Carlos Lemos Simmonds, incluyó en el proyecto de reforma un artículo que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento. La justificación oficial fue de soberanía. La lectura política era menos elegante: era la condición que Escobar había planteado para entregarse.
El artículo fue aprobado en votación secreta. Los constituyentes que votaron en contra —los hubo— nunca fueron identificados públicamente. Fue el pago del Estado por el cierre del ciclo de bombas.
Al día siguiente de la aprobación, Pablo Escobar se entregó a las autoridades colombianas. Ingresó a La Catedral, una prisión que él mismo había diseñado y construido con sus recursos en las montañas de Envigado, sobre Medellín, con guardias elegidos por él, en un territorio de su elección. La escena era una humillación institucional que en cualquier país normal habría hecho caer al gobierno. En Colombia se leyó como alivio.
La política de sometimiento a la justicia diseñada por Gaviria abarcó también a los hermanos Ochoa Vásquez y a varios lugartenientes. El cartel de Cali, mientras tanto, gozó de una impunidad amplia que le permitió expandir sus negocios y su influencia política —lo que el Proceso 8000 revelaría años después, con la financiación de la campaña de Ernesto Samper y la investigación de cerca de un centenar de figuras nacionales, incluyendo dos contralores y un procurador—.
Escobar se fugó de La Catedral en julio de 1992, cuando el gobierno intentó trasladarlo a una prisión real. La cacería duró dieciséis meses. El 2 de diciembre de 1993, la Policía Nacional lo abatió en un tejado de Medellín. La política de sometimiento fracasó como diseño general, pero para entonces su núcleo —la prohibición constitucional de la extradición— llevaba dos años en firme.
Balance: qué ganó cada quién
La lectura convencional de este período dice que el Estado colombiano derrotó al cartel de Medellín. La afirmación es cierta si se mira solo el resultado militar. Escobar murió, Rodríguez Gacha había muerto antes —abatido por la Policía en diciembre de 1989—, Lehder fue extraditado a Estados Unidos en 1987 antes de que la Corte anulara el tratado, los Ochoa se entregaron. En términos de organizaciones, el cartel dejó de existir hacia mediados de los noventa.
Pero la guerra fue por la extradición, no por Escobar. Y en ese frente el cartel ganó. El artículo aprobado en 1991 blindó a los narcotraficantes colombianos contra el mecanismo jurídico que más habían temido. La reforma constitucional de 1997, impulsada bajo presión estadounidense, restableció la extradición hacia adelante pero sin efecto retroactivo, lo que dejó fuera a toda la generación que había hecho la guerra. La derrota jurídica del Estado frente a la lógica del terror fue, en el balance histórico, más profunda que la victoria policial contra un hombre.
Y sin embargo, atribuir el triunfo únicamente a la capacidad de Escobar para poner bombas sería incompleto. El cartel encontró un Estado predispuesto a ceder. La Corte Suprema aterrorizada en 1986 lo anticipó. El Congreso infiltrado por dinero mafioso desde 1982 lo permitió. Los procesos de paz que abrieron el camino a la Constituyente lo enmarcaron. La debilidad estructural de las instituciones colombianas, que nunca tuvieron el monopolio real de la fuerza ni de la lealtad de sus operadores, coprodujo con el terror la victoria narco.
La otra cara de esa coproducción fue la movilización ciudadana genuina que hizo posible la Constituyente. El hartazgo con las bombas, con el exterminio de la UP, con los magnicidios sucesivos, empujó a estudiantes, académicos y sectores medios a exigir una refundación institucional. La Constitución de 1991 no fue solo una negociación con Escobar: fue también, y con más peso histórico, el pacto que reconoció derechos étnicos, incorporó la tutela, abrió la representación política. El cartel supo instrumentalizar ese momento, pero no lo creó.
Por qué sigue importando
Este ciclo dejó tres herencias que estructuran el presente colombiano.
La primera es la subordinación del país en la agenda antidrogas hemisférica. Colombia asumió, durante siete años, el costo humano de una política diseñada en Washington sobre una premisa —el enfoque de oferta— que ni las propias agencias estadounidenses respaldaban en sus documentos internos. La lógica de la narcoguerrilla justificó luego la ayuda militar del Plan Colombia y determinó la geometría de la relación bilateral hasta bien entrado el siglo XXI. La discusión sobre soberanía en la política de drogas —que Petro reabriría décadas después con su llamado al fin de la guerra— tiene aquí su origen.
La segunda herencia es una cultura política de la negociación bajo terror. El precedente de la entrega de Escobar tras la prohibición de la extradición mostró que la violencia sostenida podía obtener concesiones constitucionales. Ese aprendizaje se filtró en las negociaciones posteriores con paramilitares y con guerrillas, y en la percepción difusa de que en Colombia toda paz es también, en algún grado, una amnistía. La discusión sobre la justicia transicional del Acuerdo de La Habana en 2016 dialogaba, aunque no siempre lo reconociera, con la memoria de La Catedral.
La tercera herencia, la más subterránea, es la reconfiguración del paramilitarismo como aparato mixto. La alianza que se consolidó entre 1985 y 1989 en el Magdalena Medio —narcotráfico, ganaderos, militares— no murió con Rodríguez Gacha. Se reorganizó en las Autodefensas Unidas de Colombia durante los noventa, protagonizó el ciclo de masacres de fin de siglo, se desmovilizó parcialmente entre 2003 y 2006 y sobrevive en las estructuras que la propia institucionalidad llamó bandas criminales. El puente entre economía ilegal y violencia contrainsurgente que el cartel de Medellín ayudó a construir sigue en pie.
El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, marcó el inicio de un tipo de guerra que Colombia no había conocido: la del poder mafioso capaz de disputar al Estado, con instrumentos políticos, un artículo de su Constitución. La entrega de Escobar en junio de 1991 cerró ese arco con una victoria narco disfrazada de derrota. Entre esas dos fechas cabe una comprensión del país que ninguna otra década resume igual: la de un Estado que descubrió, dolorosamente y a costa de sus mejores hombres, que la soberanía no se decreta —se ejerce, o se pierde en las Cortes que aceptan votar con miedo—.
La época alrededor
Este hecho no ocurrió solo
Conexiones del archivo
Personas, lugares e ideas
Archivo documental
Documentos y fragmentos citados
01Magdalena. Historias de ColombiaWade Davis · 2021 · p. 170, 1742 citas
[1]uno de ellos —al que tenía la fama de ser el más poderoso y rico de todos— a los sagrados recintos del Congreso nacional. En un gesto que le costaría la vida, Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia, se opuso abiertamente a Escobar, acusándolo en público de ser un narcotraficante y negándole el derecho a ocupar…p. 170
[88]el avión de Avianca habían generado tal indignación en la gente, que Gaviria, elegido presidente en mayo de 1990, obtuvo el respaldo político necesario para continuar el proceso de extradición. Escobar volvería a desencadenar una nueva ola de violencia, poniendo bombas aleatoriamente en espacios públicos para forzar…p. 174
02Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 1551 cita
[2]Su tratamiento se volvió de competencia de diferentes profesionales de la seguridad, sobre todo de la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para quienes la lucha contra las drogas constituía un vector de autonomía con respecto al Ejército. A pesar de que no es oportuno retomar aquí los detalles…p. 155
03Los López en la historia de ColombiaÓscar Alarcón Núñez · 2022 · p. 1651 cita
[3]de abril de 1984, en el norte de Bogotá, cuando Lara se dirigía a su residencia. Antecedente de ese hecho tan lamentable fue también el doloroso asesinato de Rafael Pardo Buelvas, ministro de Gobierno de López Michelsen, ocurrido en su propia residencia al mes siguiente de concluida esa administración, el 17 de…p. 165
04Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 5011 cita
[4]que condujeran al cese al fuego y abrieran los caminos del diálogo nacional. La euforia del acuerdo firmado entre Gobierno y FARC-EP se vio enturbiada el 30 de abril por el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el primero de una larga cadena de crímenes contra hombres públicos por parte de las…p. 501
05Historia concisa de Colombia 1810-2017Michael J. LaRosa, Germán Mejía · 2017 · p. 159, 3662 citas
[5]a España Se termina la autopista Bogotá- Medellín 1984 Huelga civil nacional Éxodo capitalino crea crisis Colombia, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles Año Política Sociedad y economía Cultura y ciencia Comisión de Paz y FARC firman acuerdo en La Uribe, Meta Se implementa impuesto al valor agregado (IVA) Primer…p. 366
[55]cien dólares por asesinar a alguien, incluidos políticos y policías. La guerra entre el Estado y el cartel de Medellín, liderado por Escobar, se intensificó entre 1989 y 1990, periodo al que el historiador Marco Palacios se refiere como “de fuego cruzado”. 34 En agosto de 1989, mientras hacía campaña por la…p. 159
06Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 1202 citas
[6]los negociadores del presidente lograron firmar una tregua con las FARC el 28 de abril de 1984. Todos esperaban, y mu- chos creían, que este acuerdo sería el inicio de una nueva época de paz para Colombia. Pero fue en ese momento que los sicarios de Pablo Escobar asesi- naron al ministro de Justicia Rodrigo Lara…p. 120
[7]los negociadores del presidente lograron firmar una tregua con las FARC el 28 de abril de 1984. Todos esperaban, y mu- chos creían, que este acuerdo sería el inicio de una nueva época de paz para Colombia. Pero fue en ese momento que los sicarios de Pablo Escobar asesi- naron al ministro de Justicia Rodrigo Lara…p. 120
07El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 362 citas
[8]denominado estado de sitio. El periodo que va de 1985 a 1990 es una clara prueba de ello. El estado de sitio se decretó en abril de 1984 (Decreto 1038 / 1984), luego del asesinato del ministro de Justicia Rodri- go Lara Bonilla, y se mantuvo hasta el 4 de julio de 1991, con ocasión de la adopción de la nueva…p. 36
[9]denominado estado de sitio. El periodo que va de 1985 a 1990 es una clara prueba de ello. El estado de sitio se decretó en abril de 1984 (Decreto 1038 / 1984), luego del asesinato del ministro de Justicia Rodri- go Lara Bonilla, y se mantuvo hasta el 4 de julio de 1991, con ocasión de la adopción de la nueva…p. 36
08Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 197, 2022 citas
[10]con quienes opinaban que la bonanza del narcotráfico era una ben- dición, más aún en momentos en que el resto de América Latina padecía una fuerte crisis económica, o con aquellos que consi- deraban beneficioso el desplazamiento de las elites tradicionales, a las cuales achacaban todos los problemas de país, por parte…p. 202
[21]las inmensas riquezas genera- das por el narcotráfico estaban produciendo una profunda trans- formación de la sociedad colombiana, la cual aún continúa. Las jerarquías sociales, el destino de las inversiones, el régimen polí- tico, todo esto fue afectado completamente por el narcotráfico. Fue en el terreno político…p. 197
09Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 243, 2462 citas
[11]opinión y dijo que se proponía ser elegido al Concejo de Bogotá. Su carrera política llegó a su fin en septiembre, cuando fue solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos y optó por pasar a la clandestinidad. Unas semanas después anunciaba la disolución del MLN. 9 Los hechos recogidos a continuación han…p. 243
[15]La frase no era cierta: no deseaban ni tumba ni cárcel, su propósito real era vivir en Colombia libremente, disfrutando de sus ganancias, habiendo sometido al Estado a sus dictados. En diciembre de 1986, la Corte Suprema declaró inexequible la Ley 27 de 1980, por la cual se había ratificado el tratado de extradición…p. 246
101989María Elvira Samper · 2019 · p. 23, 1622 citas
[12]Claro, por una razón, porque la Corte Suprema tumbó el tratado de extradición con el argumento peregrino de que como la ley aprobatoria del tratado había sido firmada por Germán Zea, ministro delegatario en funciones presidenciales, significaba delegar el manejo de las relaciones internacionales que son del resorte…p. 162
[71]tienen los laboratorios para procesarla, y controlan rutas y redes de exportación y distribución a los Estados Unidos. Para Washington el tráfico de drogas es un problema de seguridad nacional, y su concepción para combatirlo parte de la premisa de que la oferta crea la demanda, y de ahí que la solución empiece por…p. 23
11Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 1111 cita
[13]en acciones paramilitares anticomunistas en el Mag dalena Medio. En esas circunstancias, la dea ofreció pruebas de las activida des del cartel de Medellín y sus miembros se desbandaron a Panamá. Confiaban que el general Noriega que, complotaba con las operaciones de drogas y armas dé Oliver North para derrocar a los…p. 111
12Conversaciones de honor: Memorias MilitaresMartín Nova · 2020 · p. 1031 cita
[14]la época de los ochenta y la violencia en las ciudades. ¿Cómo se veía desde el Ejército la negociación con los narcos para la eliminación de la extradición? Por lo menos yo, y creo que casi todos, siempre estuve de acuerdo con las penas más severas para los narcos. Yo estuve de acuerdo con la extradición. No me habría…p. 103
13Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 181 cita
[16]extradición y al día siguiente se entregó a la justicia Pablo Escobar Gaviria, cabeza del cartel de Medellín y autor de innumerables asesinatos y varios atentados terroristas en lugares públicos. Su fuga de la cárcel de lujo que había acondicionado con sus propios recursos, seguida por su persecución y muerte a manos…p. 18
14Histories of Perplexity: Colombia, 1970s–2010sLina Britto, A. Ricardo López-Pedreros · 2024 · p. 2891 cita
[17]article narrates that in a session of the U.S. Congress, Senator Joseph Biden denounced the illegal drug business for producing around US$500,000,000. In the same session, U.S. senators discussed how drug traffickers were paying most public workers around the world. The impunity and massive power of narcos and Escobar…p. 289
15Gran Enciclopedia de Colombia. Tomo 7: InstitucionesRoberto Hinestrosa Rey (Director Académico), Sandra Morelli Rico (Coordinación Académica) · 1993 · p. 391 cita
[18]cuantoal regla- mento, se declaró incompetente por considerar éstos como actos de tri- mile no sujetos al control eonstitucio- nal. En lo reliconado con el acto constituyente número uri, concluyo que la asamblea no estaba sometida al cumplimiento de la Comstitución y, en especial, al articulo 218, por resul- tar…p. 39
16Una conversación pendienteJuan Manuel Santos, Ingrid Betancourt, Juan Carlos Torres · 2021 · p. 761 cita
[19]los narcotraficantes sobre el Estado, y en ese sentido sí fue una traición del país al legado de Galán, que tenía eso como símbolo. Pero viéndolo hoy retrospectivamente, la extradición misma, ¿sirvió o no sirvió? ¿Era eficaz o no era eficaz? Un libro reciente de Rafael Pardo, La guerra sin fin, dice algo que es…p. 76
17Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y MéxicoGustavo Duncan · 2014 · p. 256, 2602 citas
[20]las condiciones estruc turales de las distintas sociedades sino también en las actuaciones particulares de los agentes legales e ilegales. A principios de los ochenta Pablo Escobar daría form a a las relaciones entre el estado y los criminales al declararle la guerra al estado colombiano. L a g u e r r a d e E s c o b…p. 256
[24]Ver en revista Semana el artículo “Vuelven los 80”, publicado el 29 de julio de 2006: “Las preguntas sin respuesta sobre la infiltración mafiosa en la política de estos años comienzan con la elección presidencial de 1982 entre Belisario Betancur y Alfonso López. Hasta ahora se había hablado de un encuentro entre…p. 260
18Mi vida y mi cárcel con Pablo EscobarVictoria Eugenia Henao · 2018 · p. 2061 cita
[22]dijo que quería lucirse en la Cámara de Representantes y para hacerlo le daría más relevancia al papel que desde septiembre anterior le había encomendado a la presentadora Virginia Vallejo para fortalecer su imagen pública y para abrirle espacios en la cerrada clase política bogotana. Al mismo tiempo, Pablo previó que…p. 206
19The Colombia Reader: History, Culture, PoliticsAnn Farnsworth-Alvear, Marco Palacios, Ana María Gómez López · 2017 · p. 4501 cita
[23]left dozens wounded and one dead; second, the bombing of Avianca flight 203 in November, which was an attempt to kill then presidential candidate César Gaviria but instead ended the lives of 107 passengers and crew; third, the early December bombing of the das, or Departamento Administrativo de Seguridad (Colombia’s…p. 450
20Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 751 cita
[25]cuando quedó en libertad por haber pagado dos terceras partes de su condena. «Él hacía la fiesta en diciembre para los niños y el regalo que le daban o que nos daban –porque yo también lo recibí– era un kit de uniforme Adidas con balón incluido y eso, por supuesto, pues uno salía feliz y adorando a don Carlos Lehder.…p. 75
21La palabra y el silencio. La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015)Germán Rey, Camilo Vallejo Giraldo, María Angélica Nieto Uribe, Álvaro Fernando Núñez Zúñiga, Andrea Torres · 2015 · p. 78, 1962 citas
[26]grandes y más representativos empresarios del narcotrá fi co son delincuen- tes inequívocamente identi fi cados y con domicilio conocido. Y no sabemos que se les hubiera hecho objeto de algún tipo de control de sus actividades ni que sobre sus movimientos delictivos se hu- biera establecido una vigilancia que en algún…p. 196
[59]el gobierno de Turbay Ayala y buena parte del de Belisario Betancur—, su per fi l general no fue de la gravedad de los dos siguientes. El ascenso de la violencia narcotraficante. Segundo periodo comprendido entre 1986 y 1995 Como se observa en el cuadro 12, este periodo signi fi có un gran crecimiento de la violencia…p. 78
22Democracia feroz. ¿Por qué la sociedad en Colombia no es capaz de controlar a su clase política?Gustavo Duncan · 2018 · p. 1841 cita
[27]del Estado se centraban en neutralizar a Escobar, mientras que desde Estados Unidos y la sociedad colombiana se prefería pasar por alta la evidente infiltración de autoridades civiles y políticas. La depuración del sistema tendría que esperar al final de la guerra contra Escobar. A lo largo del proceso 8000 la…p. 184
23Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 521 cita
[28]yo entiendo, este señor Gacha, Pablo Escobar se unieron con los señores estos del Magdalena Medio, formaron las autodefensas en la hacienda Nápoles. Empezó como el ejército privado de ellos. El ejército privado de ellos, pa’ que los cuidaran. En ese momento que tenían un enemigo en común, que era la guerrilla. Ellos…p. 52
24Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 641 cita
[29]de Puerto Boyacá, así como con figuras de la historia del paramilitarismo como Henry Pérez y Gon- zalo Rodríguez Gacha (CNMH, 2019), que con el grupo identificado por la sigla MAS o Muerte a Secuestradores, creado en 1981 por miembros de las mafias del narcotráfico. 16 La contribución realizada por un exintegrante del…p. 64
25Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 871 cita
[30]y fincas ganaderas. El surgimiento del movimiento Muerte a Secuestradores (MAS) en 1981 marca un hito en la evolución del con- flicto en Colombia, llevando el antagonisn1o social a mayores niveles de violencia. En noviembre 1981, el M-19 (una organización guerrillera des- movilizada en 1990) secuestró a Marta Nieves…p. 87
26Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 34, 1412 citas
[31]a Justicia y Paz un testimonio que parecía inverosímil. Aseguró, en noviembre de 2012, que el general Farouk Yanine Díaz, proveniente de la Escuela de las Américas, al igual que muchos otros oficiales de la época, contaba con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para apoyar a los…p. 141
[37]no tenía que hacer esfuerzo», como dijo alguien que lo conoció, Henry había asumido la jefatura del grupo armado. Daba órdenes con la rudeza de los campesinos, pero su marcado acento de Medellín delataba que era más citadino que su padre, más moderno. Era amable y dicharachero, pero cuidaba sus palabras cuando era el…p. 34
27Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 4151 cita
[32]MAS, por supuesto, importantes sectores de la Fuerza Pública descubrieron que era posible realizar un trabajo sucio mu- cho más efectivo contra el movimiento guerrillero, sin comprometer la imagen de sus instituciones. Los narcos facilitaron la infraestructura y el dinero aun- que, en forma temprana, algunos de ellos,…p. 415
28El Palacio de Justicia: una tragedia colombianaAna Carrigan · 2009 · p. 491 cita
[33]entre los generales y coroneles de línea dura. Muchos de ellos consideraban u los magistrados como obs táculos entrometidos en una guerra ineludible, dirigida contra todos aquellos que, por su filiación, los militares consideraban traidores potenciales de las modalidades culturales y sociales de la restrin gida…p. 49
29El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 1272 citas
[34]128 EL ESTADO SUPLANTADO LAS AUTODEFENSAS DE PUERTO BOYACÁ 3. La crisis de Acdegam, las redes macro criminales y la expansión 1985-1989 Alrededor del año de 1985 Acdegam entra en una crisis financiera y sus am- biciosos planes de estructurar la organización, reclutar hombres, invertir en droguerías, clínicas,…p. 127
[36]128 EL ESTADO SUPLANTADO LAS AUTODEFENSAS DE PUERTO BOYACÁ 3. La crisis de Acdegam, las redes macro criminales y la expansión 1985-1989 Alrededor del año de 1985 Acdegam entra en una crisis financiera y sus am- biciosos planes de estructurar la organización, reclutar hombres, invertir en droguerías, clínicas,…p. 127
30Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 1711 cita
[35]decir que no, pero ante un magistrado ustedes no van a salir con cuentos raros, no se los va a creer nadie”. Yo les digo así en la versión, esto no se lo cree nadie, que usted sea comandante y no… es su problema, el proceso es suyo”. 340 Capítulo 2 341 JUSTICIA Y PAZ: ¿Verdad judicial o verdad histórica? crimen…p. 171
31Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y VichadaÁlvaro Villarraga Sarmiento (Director general); Centro Nacional de Memoria Histórica · p. 711 cita
[38]narcotráfico (1989, página 13). El principal cambio en la naturaleza del paramilitarismo por su asociación con el Cartel de Medellín radicó en que aparte de hallarse involucrado en la guerra contrainsurgente comenzó a ser un actor muy activo en la lucha contra las drogas y se puso a favor de los narcotraficantes. La…p. 71
32Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC. Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento (coordinador), Alberto Santos Peñuela, Lukas Rodríguez Lizcano, Luisa Fernanda Hernández Mercado, Juanita Esguerra Rezk · p. 2391 cita
[39]- deros del sur del departamento de Boyacá, lo que en ciertos casos fue denominado como presencia del MAS 239. La ciudad sintió la 237 - Capturan a cabecilla del ELN en Bogotá. El Espectador. En: http://www.elespectador. com/articulo148778-capturan-cabecilla-del-eln-bogota, consultada el 15 de septiembre de 2011.…p. 239
33La masacre de El Tigre. Un silencio que encontró su vozGonzalo Sánchez G., Martha Nubia Bello Albarracín, Andrés Cancimance López · 2011 · p. 261 cita
[40]– y fue uno de los primeros en financiar y crear grupos paramilitares. 17 Entre ellos, hay que resaltar los permisos otorgados a Rodríguez Gacha, quien desde 1987 instauró en la vereda la Azulita- Municipio de Puerto Asís- una base paramilitar y una base de procesamiento de coca. Es importante reconocer que…p. 26
34Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 47, 1212 citas
[41]GRUPOS PARAMILITARES, 1978-2016 EL ORIGEN DEL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA El paramilitarismo va a surgir, al igual que la guerrilla, en enclaves bajo una importante ausencia del Estado, si bien, a diferencia de la naturaleza guerrillera, en Colombia solo se puede interpretar el paramilitarismo, no como un hecho…p. 121
[42]personas en la Embajada de la República Dominicana en Colombia (1980) y, sobre todo, la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Un grupo guerrillero que, por todo lo anterior, va a ser severamente hostigado en los núcleos urbanos y obligado a retirarse a los emplazamientos del suroccidente colombiano,…p. 47
35Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica; Germán Lozano Villegas; Luz Janeth Forero M. · 2014 · p. 841 cita
[43]a la fuerza las instalaciones del Palacio de Justicia en donde se encontraban las sedes de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El grupo guerrillero buscaba someter al entonces Presidente de la República, Belisario Betan- cur Cuartas, a un juicio político por el incumplimiento de los compromisos de las…p. 84
36Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 912 citas
[44]la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Esta estaba dirigida por Luis Otero y Andrés Almarales, miembros y fundadores del M-19 (El Tiempo, 1985c). La toma dejará sin vida 11 magistrados, adicionalmente a los magistrados titulares estaban los auxiliares de la Corte Suprema de Justicia y el…p. 91
[45]la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Esta estaba dirigida por Luis Otero y Andrés Almarales, miembros y fundadores del M-19 (El Tiempo, 1985c). La toma dejará sin vida 11 magistrados, adicionalmente a los magistrados titulares estaban los auxiliares de la Corte Suprema de Justicia y el…p. 91
37Colombia: A Concise Contemporary HistoryMichael J. LaRosa, Germán R. Mejía · 2017 · p. 1141 cita
[46]of the Betancur administration, but military hard-liners, meeting in the Presidential Palace across the Plaza de Bolívar where the drama unfolded, found nothing humorous in the humiliat- ing tactics of the M-19. The military stormed the palace, battering down the front door with a lightweight Brazilian tank, and the…p. 114
38Entre la incertidumbre y el dolor: Impactos psicosociales de la desaparición forzada. Tomo IIICentro Nacional de Memoria Histórica; Liz Arévalo Naranjo (relatora); Carlos Miguel Ortiz (coordinador) · 2014 · p. 1931 cita
[47]la cafetería eran integrantes y/o auxiliadores del M-19 y que habían colaborado para entrar armamento, alimentación y pertrechos los días previos a la toma. En virtud de ello, tras ser rescatados de la edi fi cación, junto con Detención, desaparición forzada y posterior ejecución de 19 comerciantes Castigo por el no…p. 193
39La Tragedia del Palacio de JusticiaEnrique Parejo González · 2010 · p. 14, 632 citas
[48]guerrilla y, luego, por la responsabilidad en que pudieron haber incurrido los miembros de La Tragedia del Palacio de Justicia 69 la Fuerza Pública, al repeler el ataque del M-19. Es evidente que la muerte de los Magistrados, en buena medida, se debió al abandono, por parte del Ejército y la Policía, de su deber…p. 63
[49]ha aceptado nuestra declaración de guerra……” “……Si desea hacer escándalo y pedir protección, puede hacerlo. Pues a nosotros nos gustan las acciones militares que no son fáciles. (……) Enrique Parejo González 20 La vigilancia especial dispuesta por el Consejo Nacional de Seguridad Ante las amenazas recibidas por los…p. 14
40The Para-State: An Ethnography of Colombia's Death SquadsAldo Civico · 2016 · p. 2411 cita
[50]raid, eleven of the twenty-five judges were killed by the army. The M-19 was established in 1974 as a mainly urban guerrilla group after the presidential election was stolen from Gustavo Rojas Pinilla. The aim of this group was not the overthrow of the state, but the opening up of the democratic system. The M-19…p. 241
41Medellín: memorias de una guerra urbanaMarta Inés Villa Martínez, Ana María Jaramillo Arbeláez, Jorge Giraldo Ramírez, Manuel Alberto Alonso Espinal, Sandra Arenas Grisales, Pablo Bedoya Molina, Luz María Londoño Fernández · 2017 · p. 134, 1802 citas
[51](Daza, 2016, página 12). La operación de las redes del narcotráfico tuvo efecto en el posiciona- miento de Medellín y del Valle de Aburrá como parte de una red global de ciudades epicentro de la cocaína. Asimismo sirvió para crear una territo- rialización local del crimen, con la cúpula del Cartel operando desde el…p. 134
[61]Betancur el 4 de julio de 1989, el asesinato del coronel Waldemar Franklin Quintero el 18 de agosto de 1989, el carro bomba en el puente del Pandequeso contra el grupo élite de la Policía el 11 de abril de 1990 y el atentado con carro bomba contra la Escuela Carlos Holguín de la Policía el 13 de diciembre de 1990…p. 180
42Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 4551 cita
[52]Corte Suprema de Justicia. 911 Entrevista 429-VI-00011. Exfuncionario judicial, víctima, en el exilio. 456 fiflffffflhalz g osrlescmflrnlcsz Muchos funcionarios han ofrendado sus vidas y dedicado sus carreras a investigar los hechos para tratar de dar una respuesta a las víctimas y hacer rendir cuentas a los…p. 455
43Enciclopedia de Colombia - Volumen 2Camilo Calderón Schrader · 2001 · p. 2611 cita
[53]permiso para la ejecución discreta de alla- namientos, confiscaciones y capturas en todo el país, se desencadenó una guerra sucia que alcanzó su clímax en el gobierno Barco. En principio, fue- ron asesinados más de mil líderes y miembros de la Unión Patriótica (UP), grupo político creado como resultado de los acuerdos…p. 261
44More Terrible Than Death: Drugs, Violence, and America's War in ColombiaRobin Kirk · 2003 · p. 114, 1172 citas
[54]began to rob. For Pablo Escobar, the boys were a natural resource, like the creek water needed to turn coca leaves into cocaine. The comunas became a proving ground for the thugs Escobar needed to protect his interests and confront the authorities. 90 MORE TERRIBLE THAN DEATH The boys are known by their nicknames,…p. 117
[68]for trial and imprisonment. In 1986, Pres- ident Ronald Reagan signed Directive No. 221, which declared drugs a national security threat. Funding for the treatment of drug addicts in the United States began the decline that continues to this day. Instead, what began to be called "the war on drugs" was focused on the…p. 114
45Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1311 cita
[56]“falsos positivos”», 24 de febrero de 2021. 291 La W Radio, «El informe que salpica al general activo Edgar Rodríguez por falsos positivos», 8 de junio de 2022; La Nación, «La otra cara de los falsos positivos en el Huila», 3 de abril de 2022. 292 Explosivos artesanales de gas rellenos de explosivos, sobre los que el…p. 131
46¿Otra historia de Colombia? De tiempos prehispánicos a hoy: lo fundamental en 12 capítulosFelipe Arias Escobar · 2023 · p. 1011 cita
[57]UP, luego de queJaime Pardo Leal también fuera asesinado; y Carlos Pizarro, excomandante de un M-19 que recogía un respetable apoyo popular tras su conversión en partido político. Al tiempo, el narcotráfico, en alianza con grupos políticos y paramilitares, venía de asesinar a los periodistas Guillermo Cano y Jorge…p. 101
47Presidentes de Colombia 1810-1990Ignacio Arizmendi Posada · 1989 · p. 2811 cita
[58]Liberalismo y el 71.0 de los liberales. Lo cual refleja las diferencias perceptivas de los colombianos hacia un hecho tan común a todos como es el mando de la nación. Por otro lado, el 13 de marzo de 1988 se efectuaron las primeras elecciones para designa- ción de todos los alcaldes del país por votación popular, de…p. 281
489 de marzo de 1990Rafael Pardo Rueda · 2020 · p. 281 cita
[60]día fue secuestrado y asesinado, también por orden de Pablo Escobar, el procurador general de la nación, Carlos Mauro Hoyos. Meses después, Pastrana fue elegido alcalde de la capital del país por elección popular. Era claro para todos que la democracia colombiana estaba en esos momentos en real peligro. Las causas,…p. 28
49No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 2261 cita
[62]los datos de la Comisión Andina de Juristas, mientras que para el periodo 1979-1982 se presentaban en promedio anual dos muertes de funcionarios judiciales, entre 1985 y 1988 este subió a 10,5 665. La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal) calculó, por su parte, 110 asesinatos…p. 226
50"Falsos positivos" en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) · 2014 · p. 441 cita
[63]y Control. 8. Barrio Castilla, Medellín, el 23 de Octubre 1990, 7 asesinados y 6 heri- das. Autor: Muerte a Secuestradores. 9. Bar Sturpu de Itaguí, el 15 de diciembre, 12 asesinados y 6 heridos, autor: Muerte a Revolucionarios del Nordeste. 10. San Antonio de Prado (Ant.) el 14 de diciembre, 8 asesinados. Autor: Los…p. 44
51Religion, Culture, and Society in Colombia: Medellín and Antioquia, 1850-1930Patricia Londoño-Vega · 2002 · p. 181 cita
[64]– . architectural landmarks, its prosperity and civic spirit. 14 Such guide- books included excellent photographs of modern factories, banks, stores, and educational, religious, and welfare institutions in Medellín; they showed clean uncrowded streets and wide thoroughfares; and reflect the confidence with which the…p. 18
52Religion, Culture, and Society in Colombia: Medellín and Antioquia, 1850–1930Patricia Londoño-Vega · 2002 · p. 181 cita
[65]– . architectural landmarks, its prosperity and civic spirit. 14 Such guide- books included excellent photographs of modern factories, banks, stores, and educational, religious, and welfare institutions in Medellín; they showed clean uncrowded streets and wide thoroughfares; and reflect the confidence with which the…p. 18
53Peacebuilding in Colombia: From the Lens of Community and PolicyJoan C. Lopez, Beth Fisher-Yoshida · 2024 · p. 601 cita
[66]years to come. In the Sunday edition of one of Colombia’s most important newspapers, El Tiempo, on September 13, 1987, a full-page article titled, De ‘Medallo’ a ‘Metrallo,’ was published (see Figure 3.1). The title was a play on words that 40 Alternative Stories of Youth Leadership Figure 3.1 El Tiempo, “De ‘Medallo’…p. 60
54Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1221 cita
[67]«Solución Amistosa. Masacre de Villatina». 384 Entrevista 379-VI-00007. Mujer, familiar de víctima de masacre de Villatina. el desmadre (1991-2002) 123 consumismo que les decía a los jóvenes de las comunas: “si ustedes no tienen una moto, si no tienen unos tenis de marca, si no se visten de tal forma, si no tienen una…p. 122
55Post-conflict Colombia and the Global Circulation of Military ExpertiseManuela Trindade Viana · 2022 · p. 561 cita
[69]of the discourse on drugs mobilized by U.S. agencies with that of their Colombian counterparts. Claiming that the “war on drugs” advanced by the U.S. was not imposed does not imply refusing the relevance of its effects for the construction of Colombia as a problem—on the contrary. The volume of financial and human…p. 56
56At the Margins of the Global Market: Making Commodities, Workers, and Crisis in Rural ColombiaPhillip A. Hough · 2022 · p. 2851 cita
[70]efforts of the DEA. Moreover, during its fi rst decade of existence, the DEA focused almost entirely on domestic drug-traf fi cking organizations. International traf fi cking was mostly considered to be the responsibility of domestic governments, and therefore a foreign policy matter that required diplomacy (Reinarman…p. 285
57America's Other War: Terrorizing ColombiaDoug Stokes · 2005 · p. 1072 citas
[72]the containment of insurgents allegedly linked to international communism to the contain- ment of insurgents allegedly linked to international drug traffickers. In this way there remained continuity in the targets of US policy, but a discontinuity in its publicly stated rationale. Alongside this justification,…p. 107
[73]the containment of insurgents allegedly linked to international communism to the contain- ment of insurgents allegedly linked to international drug traffickers. In this way there remained continuity in the targets of US policy, but a discontinuity in its publicly stated rationale. Alongside this justification,…p. 107
58El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 164, 2204 citas
[74]hasta la Casa Blanca, era en la puerta del vicepresidente George Bush donde se detenían. Este futuro presidente de la nación era el máximo responsable en el Consejo Nacional de Seguridad de darle seguimiento a la guerra antisandinista. Rápidamente la atención se centró en el “Irangate”, que era menos “delictivo”. Todo…p. 164
[75]hasta la Casa Blanca, era en la puerta del vicepresidente George Bush donde se detenían. Este futuro presidente de la nación era el máximo responsable en el Consejo Nacional de Seguridad de darle seguimiento a la guerra antisandinista. Rápidamente la atención se centró en el “Irangate”, que era menos “delictivo”. Todo…p. 164
[86]de la politiquería tradicional de prometer, no cumplir, acomodarse a vivir para su propio beneficio, no confrontar a la oligarquía, y menos luchar por un país mejor. Entonces también recibiría el castigo popular en las elecciones de 1991: apenas 3% de votos, que distanció mucho del 22,5% de la Constituyente. Aunque…p. 220
[87]de la politiquería tradicional de prometer, no cumplir, acomodarse a vivir para su propio beneficio, no confrontar a la oligarquía, y menos luchar por un país mejor. Entonces también recibiría el castigo popular en las elecciones de 1991: apenas 3% de votos, que distanció mucho del 22,5% de la Constituyente. Aunque…p. 220
59La batalla por la pazJuan Manuel Santos · 2019 · p. 401 cita
[76]Betancur, elegido para el periodo 1982-1986, quien quiso consagrarse como el presidente de la paz. Bajo su administración se lanzó el primer gran proceso de diálogo con las guerrillas que se habían formado casi veinte años atrás. Sin embargo, las guerrillas ya no eran las mismas de la década del setenta. El…p. 40
60Las mujeres en la historia de Colombia. Tomo II: Mujeres y SociedadMagdala Velásquez Toro (dirección académica), Catalina Reyes Cárdenas, Pablo Rodríguez Jiménez · 1995 · p. 5021 cita
[77]Betancur. Durante su administración se propone una nueva conducta en el manejo de los pro- blemas nacionales. Una nueva mentalidad que reclama cambios y reformas políticas y sociales, que reconoce la necesidad de dialogar y negociar para poner punto final al conflicto armado, se abre paso en la opinión pública. Para…p. 502
61Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 1211 cita
[78]58,3% de la votación total, mientras que su principal adversario escasamente alcanzó un 35,8%. Es importante, igualmente, destacar la votación obtenida por el candidato de la Unión Patriótica, Jaime Pardo, quien obtuvo unos resultados sin antecedentes hasta ese entonces en la historia de la participación electoral de…p. 121
62Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 267, 2712 citas
[79]lo grar que jefes guerrilleros participaran en pol í tica y fueran elegidos al Congreso y otras corporaciones, buscaban crear un canal para simpatizantes y militantes civiles, muchos de ellos influidos por el curocomunismo, que cre í an que el ambiente pol í tico y la fatiga con la violencia favorec í an la acci ó n…p. 267
[82]a c ó mo ofrecer a los grupos pol í ticos surgidos de la guerrilla condiciones favorables para el ejercicio democr á tico. La negociaci ó n llev ó, a comienzos de 1990, a la fir ma de la paz con el m -19 y otros grupos guerrilleros (el epl, el prt, el ind í gena Movimiento Armado Quint í n Lame), convencidos ya de la…p. 271
63Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002Vladimir Melo Moreno (Relator); Andrés Fernando Suárez, Carmen Andrea Becerra (Correlatores); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2018 · p. 2431 cita
[80]con el manejo del conflicto social como problema de orden público. Durante buena parte del gobierno Turbay la fuerza pública tuvo facultades dadas por el Estatuto de Seguridad. Por contraste, durante el gobierno Betancur, el Ejecutivo impulsó una política que puso el énfasis en la negociación con las guerrillas y en…p. 243
64A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 391 cita
[81]1982-2003,p. 139. 32 José Félix LAfaurie Rivera, presidente de Fedega/l, discurso de inauguración del XXX Congreso Nacional de Ganaderos, noviembre de 2006. 41 IV ÁN CEPEDA Y JORGE ROJAS Patriótica, de candidatos al concejo, sindicalistas, maestros, indígenas y profesores, no lesionó la capacidad de los grupos…p. 39
65Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 48, 662 citas
[83]secuestros, extorsión, amenazas y homicidios que supuestamente comprometían a frentes de las FARC-EP, incluso por parte de obispos católicos en regiones como Magdalena Medio y Caquetá, así como gremios y sectores sociales comprometidos con el proceso de paz. De otra parte, la UP, además de tener que exigir garantías…p. 48
[84]compleja. Paralelamente se había desatado una ola de masacres contra campesinos en regiones como Córdoba, Urabá y Meta, cometida por grupos paramilitares que irrumpían en nuevos lugares con especial saña, ligados al narcotráfico, a sectores de la fuerza pública y a sectores gremiales y políticos resentidos por la…p. 66
66¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 1501 cita
[85]Lisandro Martínez Z. 211 Guerra y justicia en la sociedad colombiana 3.2. Los reacomodos de la justicia y el nacimiento de la Constitución de 1991 (1987-1992) Este periodo tiene la particularidad de contar, por un lado, con la más grave crisis de la justicia producida por la violencia ejercida selectiva- mente contra…p. 150
67Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015). Trayectorias, rupturas y continuidadesTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera Ramírez, Carlos Andrés Hoyos, Javier Benavides Torres, Jefferson Corredor Uyaban, Mateo Morales · 2016 · p. 421 cita
[89]y continuidades la Constitución de 1991 y la recomposición de la alianza “narco- paras”. En ese momento, como resume María Teresa Ronderos (2014), el ambiente en el contexto de la Asamblea Nacional Cons- tituyente era de optimismo: “Con Escobar preso, la mayoría de las guerrillas en paz y las autodefensas principales,…p. 42