Magdalena Medio

La región y su río

La geografía manda en el Magdalena Medio. El río, que nace en el páramo de las Papas a 3.600 metros sobre el nivel del mar y recorre 1.550 kilómetros hasta desembocar en el Caribe, pierde casi toda su energía en este tramo: entre El Hato y Nare, a lo largo de 640 kilómetros, el declive general es apenas del 0,60%. Esa lentitud es el rasgo definitorio. El río se ensancha, se ramifica en caños y ciénagas, deposita sedimentos, forma vegas fértiles y humedales. Alrededor se despliegan las tierras bajas, calientes y húmedas, cerradas por la selva tropical que Lucas Fernández de Piedrahita describió como obstáculo mayor para los primeros europeos que la cruzaron.

Los cuatro ejes de la vida regional han sido siempre los puertos: Puerto Berrío en Antioquia, La Dorada en Caldas, Puerto Boyacá en Boyacá y, sobre todos, Barrancabermeja en Santander. En torno a ellos se organiza la red de circulación: la Troncal del Magdalena Medio, la Troncal de la Paz que enlaza el nororiente antioqueño con el sur de Bolívar, la vía que baja de Medellín por Puerto Berrío, Cimitarra, Landázuri y Vélez hasta Tunja, y una red férrea que durante décadas fue columna vertebral del país. A ese potencial de conexión, tantas veces enunciado, se suma el proyecto recurrente de recuperar la navegabilidad del río hasta el mar, promesa que atraviesa el siglo XX sin cumplirse del todo.

La combinación de río lento, tierras fértiles, selvas cerradas y corredor entre el interior andino y la costa hizo del Magdalena Medio una frontera interna. No una frontera lejana en un confín del país, sino una franja de baldíos, selvas y ciénagas atravesada por el río más importante de Colombia, a pocas horas de las capitales andinas y, sin embargo, durante siglos ajena a su orden institucional.

Los primeros habitantes y su extinción

Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llegó en 1536 al poblado de Latora —el sitio de la actual Barrancabermeja—, encontró un territorio habitado por pueblos que los cronistas llamarían Yariguíes, Carares y Opones. La expedición inauguró de inmediato lo que la memoria regional ha recogido durante generaciones: hechos de guerra. Los Carares y Opones respondieron con las armas a la agresión sobre sus territorios y sementeras. Los españoles, incapaces de someterlos, los englobaron en la categoría genérica de "caribes", nombre que aplicaban a cualquier grupo que resistiera con arcos y flechas envenenadas.

La selva y el clima protegieron a estos pueblos durante buena parte del período colonial. La resistencia de los Yariguíes se hizo leyenda, y esa leyenda —la del indio invicto de las tierras calientes— alimentó después la autopercepción de los pobladores de la región. Pero la protección se acabó en el siglo XIX, cuando la economía exportadora empujó a quineros y cazadores a internarse en las vertientes en busca de cascarilla. Las cifras son de una brutalidad sin matices: la población Yariguí, calculada en unos 15.000 individuos hacia 1860, había quedado reducida a apenas dos docenas en 1925. Sesenta y cinco años bastaron para el exterminio.

El proceso fue diverso pero convergente: quineros que ocupaban territorios ancestrales, cazadores que perseguían indígenas como si fueran fauna, compañías de colonización que arrasaban con lo que encontraban, colonos campesinos que avanzaban por su cuenta. En 1924, cuando ya no quedaban casi indios que matar, El Tiempo reseñó una masacre en el Opón perpetrada por una compañía de colonización: aún al final, cuando la extinción era prácticamente un hecho, la violencia siguió operando. De los Yariguíes, hoy, sobreviven sobre todo los nombres: el aeropuerto de Barrancabermeja, la serranía llamada indistintamente de Los Cobardes o de los Yariguíes. Un pueblo entero reducido a toponimia.

Baldíos, colonos y el sistema del despojo

El vacío dejado por la desaparición indígena se llenó rápido. Hacia 1920–1930, el Magdalena Medio santandereano tenía unos 100.000 habitantes. La corriente colonizadora avanzó por las tierras liberadas del enemigo original y se estrelló casi de inmediato contra una segunda frontera: la de los baldíos.

En teoría, las tierras públicas debían adjudicarse a quien las trabajara. En la práctica, el sistema de baldíos operó en el Magdalena Medio como una maquinaria de concentración. El caso más flagrante ocurrió en el Carare: una adjudicación original de 435 fanegadas, hecha en 1937, fue convertida mediante escrituras falsas en 150.000 fanegadas. Parte de esa superficie fantasma —trescientas cincuenta veces mayor que la adjudicación real— fue vendida después a la compañía petrolera británica Lobitos Oilfields Limited, en una operación en la que aparecieron involucrados la firma Pedro A. López y Compañía y el propio presidente Alfonso López Pumarejo. El fraude no era anomalía: era el mecanismo. En Colombia, buena parte de las tierras ocupadas hasta la década de 1920 provenía probablemente de usurpaciones ilegales de tierras públicas, y el Magdalena Medio fue uno de los escenarios donde ese patrón se ejecutó con menos disimulo.

La consecuencia estructural fue una distribución agraria polarizada: unos pocos grandes propietarios controlaban la mayor parte de la tierra, mientras la mayoría de los colonos se establecía en pequeñas parcelas siempre amenazadas. En torno a La Dorada y Puerto Boyacá, la ganadería extensiva se instaló como la forma dominante de organización económica, sumada a la inversión privada y a la explotación minera. El latifundio ganadero del Magdalena Medio no fue solo una forma de producción: fue una forma de gobierno del territorio.

La movilización social que surgió contra ese orden tuvo un rasgo peculiar. Se desplegó, en su mayor parte, al margen del bipartidismo —salvo en La Dorada y Puerto Salgar—, porque las estructuras liberales y conservadoras nunca terminaron de asentarse allí. En ese vacío político, cuando el conflicto entre terratenientes y campesinos escalaba, no había policía civil que mediara: había ejército. La presencia estatal, cuando se hacía sentir, era militar y represiva. El resto del tiempo era simple ausencia. Ese doble régimen —ausencia rutinaria, represión episódica— dejó abierto el espacio que después ocuparían las organizaciones armadas irregulares, primero para resolver disputas de tierra por su cuenta y luego para reemplazar al Estado en funciones más amplias.

El enclave petrolero

Sobre este territorio de colonos y baldíos disputados cayó, en 1905, el petróleo. El 28 de noviembre de ese año, el ministro de Obras Públicas Modesto Garcés otorgó a Roberto de Mares la concesión para explotar hidrocarburos en la región de Infantas, en la confluencia de los ríos Colorado y Oponcito, provincia de Zapatoca, cerca de Barrancabermeja. El contrato se formalizó el 7 de marzo de 1906 por un plazo de treinta años. En junio de 1916 hubo un inicio simbólico de la explotación; poco después, en el contexto de las negociaciones con Estados Unidos sobre el canal de Panamá, De Mares gestionó el traspaso de la concesión y el presidente José Vicente Concha lo autorizó. El nuevo titular fue la Tropical Oil Company, subsidiaria de la Standard Oil.

Con la Tropical Oil llegó al Magdalena Medio el modelo del enclave: una empresa extranjera con soberanía interna sobre un fragmento del territorio nacional, con sus propios campamentos, sus almacenes, sus vales, sus jerarquías y sus reglas. Las condiciones eran, literalmente, mortales. En 1923, el 40,81% de los trabajadores se enfermó y el 1,51% murió en los campos de Barrancabermeja. La brecha salarial estaba codificada: un obrero colombiano ganaba 1,50 pesos diarios sin comida ni alojamiento; un obrero extranjero en el mismo puesto ganaba 3,50 pesos con vivienda y alimentación. El salario no era una función del trabajo sino del pasaporte.

Contra ese sistema se organizó, casi de inmediato, uno de los movimientos obreros más consistentes de la historia colombiana. En 1922 se fundó la Unión Sindical Obrera (USO), con la participación central de Raúl Eduardo Mahecha, activista socialista. El 8 de octubre de 1924, más de cincuenta obreros de la Tropical Oil se declararon en huelga; dos días después, la huelga era total. Mahecha, vinculado a la Sociedad Obrera de Barrancabermeja, la había organizado. En 1927 vino otra huelga. Los pliegos exigían cosas concretas y no revolucionarias: pago de salarios atrasados, mejoras de vivienda, servicios médicos, abolición de los vales redimibles únicamente en los almacenes de la compañía. Muchas de esas demandas apuntaban simplemente al cumplimiento de la legislación laboral existente. Pero los huelguistas sabían que el Estado colombiano apoyaba casi invariablemente a las empresas extranjeras. La huelga, en Barrancabermeja, no era solo una acción contra un patrón: era una acción contra un doble poder.

La segunda mitad de los años veinte trajo un crecimiento notable de la producción petrolera colombiana, y con ella la consolidación de Barrancabermeja como el nudo obrero de la región. Sobre la ciudad se fueron sedimentando capas de identidad: la del puerto, la del enclave, la de la USO. Décadas más tarde, cuando el ELN buscara redes urbanas de apoyo, encontraría en el sindicato petrolero —con figuras como Juan de Dios Aguilera— uno de sus puntos de anclaje natural.

La entrada de las armas

La transición de la lucha sindical a la lucha armada tiene, en el Magdalena Medio, geografías precisas. Una de ellas es San Vicente de Chucurí, en la vertiente santandereana, donde ya había memoria de guerrilla —la de Rafael Rangel, con figuras como La Mona Mariela— y donde en 1964–1965 hicieron sus primeras apariciones los hombres que fundarían el Ejército de Liberación Nacional. Una de las primeras acciones conocidas del ELN fue la toma de Simacota. La región elegida no era casual: reunía tradición de movilización armada, vecindad con el enclave petrolero de Barrancabermeja, población campesina golpeada por el sistema de baldíos, y una geografía de serranías y selvas propicia para la guerrilla móvil.

El ELN se definió ideológicamente como un movimiento de liberación nacional inspirado en la Revolución cubana, con un híbrido peculiar entre marxismo-leninismo y teología de la liberación —el rasgo que después encarnaría con más fuerza el sacerdote español Manuel Pérez Martínez, el cura Pérez—. Su base social se tejió mediante redes urbanas logísticas: en Bucaramanga, vinculadas a la Asociación Universitaria de Santander y a la UIS; en Barrancabermeja, a través de la USO; en Bogotá, entre líderes estudiantiles de la Universidad Nacional. Antes de ser una guerrilla rural consolidada, el ELN fue una arquitectura urbana de apoyo.

En paralelo, otras guerrillas se instalaron en la región. Cuando llegaron los años ochenta, los grupos insurgentes eran ya los actores predominantes en amplias franjas del Magdalena Medio. Esa fue la primera respuesta al vacío estatal: no la del Estado que llega tarde, sino la de organizaciones armadas que asumen sus funciones —regulación de tierras, mediación de conflictos, cobro de tributos— con lógicas propias.

Puerto Boyacá y la invención del paramilitarismo moderno

La segunda respuesta al vacío llegó desde otro extremo del espectro. Su epicentro fue Puerto Boyacá y su fecha de nacimiento, en la memoria más difundida, 1982, con antecedentes desde finales de los años setenta. Ganaderos, comerciantes y sectores del Ejército confluyeron en la construcción de grupos de autodefensa contra las guerrillas que gravaban sus predios. En 1981, el MAS —Muerte a Secuestradores— había sido creado por miembros de las mafias del narcotráfico como respuesta a los secuestros guerrilleros; su presencia en el Magdalena Medio desde ese año dio nombre genérico a lo que vendría después. En la región, y también en los Llanos, "masetos" se volvió sinónimo de paramilitares.

El punto de inflexión llegó en diciembre de 1984, cerca de Puerto Boyacá. Fuerzas paramilitares bajo el mando de Henry Pérez interceptaron un cargamento de cocaína de Gonzalo Rodríguez Gacha. Del incidente surgió un acercamiento cuyos términos exactos quedaron en la penumbra pero cuyas consecuencias fueron enormes: Rodríguez Gacha trasladó sus instalaciones de producción al Magdalena Medio y expandió allí su operación. El pacto de 1984 fusionó tres cosas que hasta entonces habían operado con cierta autonomía: la contrainsurgencia ganadera, el narcotráfico y una parte de la fuerza pública. El Magdalena Medio se convirtió en el laboratorio del paramilitarismo colombiano.

Los grupos de la región no eran homogéneos. Ramón Isaza había armado su propio grupo en 1977, en la vertiente caldense, y fue cooptado por Henry Pérez a partir de 1983. Tras sucesivas transformaciones, en 1998 se constituyó como Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), con presencia expandida al oriente antioqueño, al oriente de Caldas, al norte del Tolima y al occidente de Cundinamarca. La desmovilización llegaría en 2006. Junto a Isaza operaron los Tiznados, las Autodefensas de Puerto Boyacá y varias otras formaciones que fueron reconfigurándose bajo mandos distintos.

El proyecto no fue solamente militar. Los paramilitares del Magdalena Medio nacieron para prestar servicios de protección a ganaderos, comerciantes y narcotraficantes, y esa función matriz condicionó todo lo demás. Desde finales de los años ochenta, mandos militares, dirigentes políticos del bipartidismo, líderes paramilitares, narcotraficantes y grandes empresas nacionales y extranjeras se apoderaron de tierras fértiles mediante estrategias de tierra arrasada. La lógica no era solo matar campesinos acusados de guerrilleros: era arrebatarles la propiedad. El despojo agrario fue, tanto o más que la contrainsurgencia, la razón estructural del paramilitarismo regional.

Desde el Magdalena Medio, el modelo se exportó. Durante los años ochenta, grupos paramilitares de la región se expandieron hacia Antioquia, Caldas, Tolima, Cundinamarca y Santander. Puerto Boyacá se volvió un referente para el paramilitarismo colombiano en su fase de consolidación.

Barrancabermeja urbana

Hasta finales de los años noventa, la disputa armada del Magdalena Medio había sido predominantemente rural. Barrancabermeja seguía siendo territorio de las milicias urbanas del ELN y las FARC, con una base social sindical y cívica que las guerrillas leían como propia. En mayo de 1998 —la fecha se fija entre el 16 y el 25 de ese mes— un comando paramilitar de unos cincuenta hombres incursionó en las comunas nororiental y suroriental de la ciudad. Asesinó entre siete y once personas y se llevó a otras veinticinco, acusadas de ser simpatizantes de la guerrilla. Los desaparecidos no volvieron. El testimonio de Yolanda Becerra Vega fijó las cifras en once asesinados y veinticinco secuestrados.

Aquella incursión inauguró la urbanización de la disputa. Entre 1998 y 2002, Barrancabermeja fue una de las ciudades más violentas de Colombia. Hacia finales del 2000, los paramilitares intensificaron la ofensiva sobre los barrios controlados por las milicias, y en el transcurso de dos años reconfiguraron el mapa social de la ciudad. Las organizaciones cívicas, sindicales y de derechos humanos que habían sido el tejido de Barrancabermeja quedaron duramente golpeadas. Las masacres de 1998 y 1999 restaron capacidad de oposición y lucha a la sociedad organizada; muchos dirigentes salieron y no volvieron.

El río, entretanto, se transformó en escenario de terror. Los cuerpos de las víctimas eran arrojados al Magdalena, y ese hecho —repetido, sistemático— destruyó las prácticas ribereñas: la pesca artesanal, la recreación, la vida comunitaria en las orillas. Familias enteras dejaron de bajar al agua. El río que había definido a la región durante siglos se volvió, durante años, un cementerio flotante.

El mapa del desplazamiento

La violencia de los años ochenta y noventa produjo un vaciamiento masivo del campo. Los municipios del Magdalena Medio y sus alrededores encabezaron durante años las listas nacionales de expulsión: San Vicente de Chucurí con 1.026 personas desplazadas, El Carmen de Chucurí con 904, Cimitarra con 818, Barrancabermeja con 489, Yacopí con 473, Puerto Boyacá con 395. Detrás de cada cifra había veredas enteras despobladas.

En el borde antioqueño, Ituango vivió en 1997 un pico de desplazamiento con 4.972 víctimas documentadas. Al comenzar el nuevo milenio, la zona quedó sometida a ejecuciones extrajudiciales y operativos combinados: paramilitares del Bloque Cacique Nutibara entre 2000 y 2002, y unidades de la Cuarta Brigada del Ejército —Batallón Granaderos, Batallón de Artillería n.º 4— en acciones descritas como intentos de "limpiar" el territorio. Sobre esas tierras vaciadas se construiría más tarde la hidroeléctrica Ituango. La coincidencia entre despojo violento y proyectos de infraestructura de gran escala es una constante que atraviesa la historia regional: la riqueza del territorio ha sido, generación tras generación, el factor asociado a la presencia de los grupos armados que lo disputan.

El patrón se repite si se lo mira desde otro ángulo. Al Magdalena Medio de la primera década del siglo XX entraron las compañías petroleras y los quineros, con el despoblamiento indígena como telón de fondo. Al Magdalena Medio de los años ochenta y noventa entraron los paramilitares y los narcos, con el despoblamiento campesino como consecuencia. Los actores cambiaron; la lógica extractiva sobre los cuerpos y las tierras de los de abajo se mantuvo. Esa continuidad estructural —de la conquista al siglo XXI— es lo que permite pensar la región como una unidad histórica más que geográfica.

La otra región: sindicatos, campesinos y desarrollo con paz

La misma ausencia estatal que permitió el enclave, el latifundio armado y el despojo produjo también, en paradoja no menor, una de las tradiciones de organización social más densas de Colombia. Desde la fundación de la USO en 1922 y las huelgas de 1924 y 1927, la industria petrolera fue el sustrato de una organización proletaria continuada. Alrededor de ese núcleo se articularon luchas campesinas por la tierra, movilizaciones cívicas por servicios públicos y una cultura de protesta que atravesó todo el siglo XX. El Magdalena Medio produjo violencia, pero produjo también sindicalismo, catolicismo social, ligas agrarias y comités cívicos.

De esa tradición nació en 1995 el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el primer Programa de Desarrollo y Paz del país. Surgió de una pregunta sencilla y desconcertante: por qué una región tan rica tenía tanta pobreza y tanta violencia. La respuesta la construyeron el CINEP, la Diócesis de Barrancabermeja —encabezada por Francisco de Roux, jesuita— y actores de la sociedad civil regional. El PDPMM se propuso trabajar sobre las causas estructurales del conflicto y avanzar hacia un desarrollo centrado en la dignidad humana. Fue el modelo que después se replicaría en otras regiones del país.

Que esta iniciativa naciera precisamente allí, en el Magdalena Medio de finales de los noventa —en plena ofensiva paramilitar sobre Barrancabermeja, en pleno vaciamiento rural—, dice mucho sobre la naturaleza de la región. No se trataba de un territorio sin voluntad propia sobre el que actuaban fuerzas externas; era un territorio con actores sociales capaces de imaginar formas de gobierno alternativas, de disputar el sentido de lo público, de proponer una salida cuando ni el Estado ni los ejércitos irregulares la ofrecían. El PDPMM no cerró la guerra ni la deshizo, pero instaló en la política colombiana la idea de que la paz podía construirse desde abajo y desde las regiones, no solo desde La Habana o el palacio presidencial.

Un balance en clave larga

Si se mira el Magdalena Medio en la escala de los siglos, aparece una figura recurrente: la de un territorio donde el Estado colombiano ha preferido delegar antes que gobernar. Delegó en compañías de colonización cuando había que ocupar los baldíos, y las compañías arrasaron con los indígenas. Delegó en la Tropical Oil cuando había que extraer el petróleo, y la Tropical Oil impuso su propio régimen laboral. Delegó en ganaderos y narcos cuando había que combatir a las guerrillas, y los ganaderos y narcos armaron ejércitos privados. Cada delegación produjo, al mismo tiempo, riqueza para unos pocos y violencia sobre muchos.

Pero esa delegación no encontró un territorio pasivo. Los Yariguíes pelearon durante siglos antes de ser exterminados. Los obreros petroleros hicieron huelga contra la primera empresa transnacional del país. Los campesinos organizaron ligas y comités, y algunos de ellos, en 1964, fundaron el ELN en Simacota. Los ciudadanos de Barrancabermeja resistieron la incursión paramilitar y sostuvieron redes de derechos humanos aun en los peores años. La Diócesis, el CINEP y decenas de organizaciones inventaron un programa de paz cuando el país entero estaba en guerra. La sociedad del Magdalena Medio no fue solo víctima del vacío institucional: fue una productora persistente de formas de organización propia.

Ninguna de esas dos historias —la de la delegación de la soberanía a poderes privados y la de la resistencia organizada— cancela a la otra. Se cruzan, se alimentan, se contradicen. El resultado, un siglo después del pozo Infantas y medio siglo después de Simacota, es una región que sigue siendo, al mismo tiempo, uno de los corredores estratégicos más importantes del país y una de sus fronteras internas menos resueltas. En sus municipios se sedimentan capas de violencia y de organización que ninguna categoría estatal ha logrado integrar del todo: enclaves petroleros, ciudades sindicales, latifundios ganaderos, veredas retornadas, ríos con memoria de muertos. Pensar Colombia sin el Magdalena Medio es imposible; entenderlo es entender por qué el país ha sido lo que ha sido.