La periferia urbana colombiana como geografía del despojo

¿Es la periferia urbana colombiana un producto del despojo rural?

Entre 1948 y 2018, la población colombiana se invirtió: de un país donde siete de cada diez personas vivían en el campo se pasó a otro donde más de siete de cada diez viven en ciudades. En ese mismo lapso, dos oleadas de violencia expulsaron a millones de colombianos de sus territorios rurales: La Violencia bipartidista entre 1948 y 1958, y el desplazamiento forzado del conflicto armado contemporáneo entre 1985 y 2016, con prolongaciones posteriores al Acuerdo de La Habana. La pregunta que aquí se responde es si esas dos secuencias —la urbanización acelerada y el despojo violento— son coincidencias en el tiempo o una sola historia contada dos veces: si las periferias de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Sincelejo, Buenaventura y Soacha son el efecto capilar del régimen armado rural sobre el espacio urbano, o el resultado de procesos demográficos y de mercado que habrían ocurrido de todos modos. Ninguna de las dos respuestas puras alcanza: la ciudad colombiana es una máquina de sedimentación donde la violencia y la economía política agraria operan como fuerzas indisociables, y donde el anillo periférico funciona, más que como dato urbanístico, como archivo material del conflicto.

Qué se juega en la pregunta

La pregunta no es académica. Determina cómo se cuenta la nación, qué se le debe a quién y qué se entiende por reparación. Si la ciudad colombiana es sedimento del despojo, entonces Ciudad Bolívar, Aguablanca, Altos de Cazucá o el barrio Nelson Mandela no son fallas de planeación urbana sino manifestaciones espaciales del conflicto armado, y su intervención exige políticas de verdad, restitución y no repetición, no simplemente vivienda social. Si, por el contrario, la urbanización obedeció a lógicas demográficas autónomas —caída de mortalidad, atracción industrial, concentración de servicios—, entonces las víctimas del conflicto se superpusieron a una transformación que habría ocurrido sin ellas, y la política pública puede tratar el desplazamiento como un episodio humanitario aparte, no como el pliegue estructural del país urbano.

De esa bifurcación cuelgan cosas concretas. La Ley 1448 de 2011, aprobada bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, decidió que el desplazamiento forzado intraurbano —el que ocurre de un barrio a otro dentro de la ciudad, empujado por combos, milicias o bandas rearmadas— no era conflicto armado sino delincuencia común. Esa decisión, que la Sentencia T-025 de 2004 había estado corrigiendo hacia el otro extremo al declarar el estado de cosas inconstitucional, redujo de un plumazo el reconocimiento de miles de víctimas urbanas. Si la periferia es continuidad del conflicto, la ley se equivocó; si es fenómeno urbano autónomo, la ley describió correctamente el mundo. La pregunta histórica es, entonces, una pregunta sobre qué es una víctima y hasta dónde se extienden las fronteras del conflicto colombiano.

Los términos del debate

Tres lecturas se disputan la explicación causal de la urbanización colombiana del último medio siglo, y las tres tienen argumentos sólidos.

La primera sostiene que el desplazamiento fue el principal mecanismo de transformación demográfica del periodo, y que la ciudad reproduce en el espacio urbano el régimen de protección armada que expulsó del campo. En esta lectura, La Violencia bipartidista y la guerra contrainsurgente contemporánea son dos capítulos de un mismo proceso: la incapacidad estructural del Estado colombiano para regular el acceso a la tierra y proteger a los campesinos, incapacidad suplida por actores armados —guerrillas, paramilitares, bandas criminales— que administran territorios mediante violencia. Cuando esa administración expulsa, los expulsados no llegan a un vacío urbano neutro: llegan a periferias donde los mismos actores, o sus versiones urbanas, vuelven a imponer control territorial, cobrar vacunas, trazar fronteras invisibles y desplazar por segunda vez. La ciudad no es refugio: es prolongación.

La segunda lectura insiste en distinguir. Colombia experimentó una transición demográfica clásica —caída de la mortalidad infantil, aumento de la esperanza de vida, urbanización asociada a la sustitución de importaciones y a la modernización agrícola— y esa transición habría producido crecimiento urbano acelerado con o sin conflicto. El desplazamiento forzado fue una segunda ola superpuesta a un proceso más grande. La aritmética parece darle la razón en un punto crucial: entre 1951 y 1964, el desplazamiento neto hacia las ciudades fue de aproximadamente 2,3 millones de personas, de los cuales los 800.000 desplazados por La Violencia representaban apenas un tercio. Los otros dos tercios eran migrantes económicos, jóvenes buscando trabajo industrial o de servicios, mujeres empleadas en servicio doméstico, familias completas atraídas por escuelas y hospitales que el campo no ofrecía. Confundir migrante económico con víctima —dice esta lectura— banaliza a la víctima y falsea la historia demográfica.

La tercera lectura, más radical, sostiene que la composición social de las grandes ciudades colombianas es hoy directamente legible como sedimento del conflicto, y que la propia noción de migración 'normal' es una ficción estadística. Cuando se examina la geografía urbana concreta —Ciudad Bolívar con 76% de sus hogares en pobreza y 25% en pobreza extrema en 2005, Aguablanca en Cali, las comunas 1, 3 y 13 de Medellín, Altos de Cazucá en Soacha— no aparece una distribución aleatoria de la pobreza urbana, sino anillos concéntricos cuya composición étnica, regional y temporal calca las oleadas de expulsión. En el barrio Nelson Mandela de Cartagena predominan familias desplazadas de los Montes de María; en Aguablanca, del Pacífico nariñense y chocoano; en Altos de Cazucá, de Tolima, Meta y el sur del país. La periferia no es un depósito indistinto: es un mapa legible del conflicto rural.

Lo que sostiene cada lectura

La segunda lectura —la de la transición demográfica autónoma— tiene a su favor la aritmética. Bogotá pasó de poco menos de 500.000 habitantes a comienzos de los años cuarenta a 620.000 en 1950 y 1.300.000 en 1960. Ese crecimiento vertiginoso comenzó antes del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 y continuó después de la caída de Gustavo Rojas Pinilla en 1957. Las cuatro principales ciudades —Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla— concentraban el 15,7% de la población nacional en 1951, el 22,8% en 1964 y el 32,6% en 1993: una curva ascendente estable, no un salto explicable solo por eventos violentos. Colombia siguió, en lo esencial, el patrón latinoamericano de urbanización acelerada de posguerra, común a países con y sin conflicto interno.

La primera lectura —la de la continuidad estructural— responde con la geografía del despojo. Durante La Violencia se perdieron 393.648 parcelas campesinas, concentradas en Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Caldas y Santander: precisamente las zonas cafeteras del centro del país, donde en las décadas de 1920 y 1930 ya se habían librado conflictos entre hacendados y campesinos colonos. En el Tolima entre 1949 y 1957, 321.621 personas —el 42,6% de la población departamental— sufrieron el exilio permanente o transitorio, y 40.176 propiedades, el 42,82% del total, fueron abandonadas. Esas cifras no describen una migración: describen una expulsión masiva por medios violentos, con participación activa de notarios, especuladores y compradores de tierra que legalizaron ventas forzadas a precios irrisorios. La Violencia fue, en propiedad, el cambio sociocultural más importante en las áreas campesinas colombianas desde la Conquista.

El despojo tomó dos rutas: la huida hacia ciudades principales e intermedias, y la colonización espontánea más allá de la frontera agrícola —piedemonte oriental, Magdalena Medio, sur de Córdoba—. Esta segunda ruta importa porque produjo las zonas que treinta años después serían el epicentro del segundo ciclo de expulsión: los territorios recolonizados por los desplazados de los años cincuenta se convirtieron, en los ochenta y noventa, en zonas de confrontación entre guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, y sus habitantes fueron expulsados una segunda vez hacia las mismas ciudades. La geografía del despojo tiene memoria.

La tercera lectura —la de la ciudad como sedimento legible— aporta la evidencia más incómoda para la tesis demográfica autónoma: la composición social y espacial de las periferias urbanas contemporáneas. Altos de Cazucá en Soacha fue poblado por desplazados que llegaron huyendo de la violencia y se organizaron autónomamente para asentarse y distribuir el territorio, intercambiando en algunos casos bienes personales por lotes. En Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, Tunjuelito, Aguablanca y las comunas de Medellín, los hogares receptores de desplazados permanecen más pobres que el resto de sus ciudades. La inserción laboral es uniforme: venta ambulante, construcción, servicio doméstico, oficios ocasionales. Las familias no pueden reproducir sus conocimientos rurales —siembra, cuidado de animales—, lo que agudiza la pobreza y empuja a los jóvenes hacia pandillas y microtráfico. No es la trayectoria de una migración económica: es la deriva de una expulsión.

La respuesta

Sí y no. Es cierto que la urbanización colombiana no puede reducirse al desplazamiento forzado: la transición demográfica, la industrialización limitada del siglo XX, la centralización de servicios en las capitales y la atracción propia de la vida urbana operaron con lógica propia, y los 2,3 millones de migrantes netos entre 1951 y 1964 no fueron todos víctimas de La Violencia. Pero la migración económica 'clásica' operó sobre territorios ya moldeados por el despojo previo, y su distinción práctica del desplazamiento forzado se vuelve casi imposible cuando se examina el resultado espacial.

La alta concentración de la propiedad de la tierra, constante estructural de la historia rural colombiana, fue en sí misma un factor de expulsión no violenta que empujó a millones de campesinos hacia las ciudades entre los años cincuenta y sesenta. Esa concentración, sin embargo, no era independiente de la violencia: se consolidó y se profundizó precisamente porque La Violencia liquidó a los colonos y pequeños propietarios que disputaban las tierras cafeteras. El campesino que en 1965 vendió su parcela en Caldas y se fue a Bogotá porque 'no daba para vivir' era, muchas veces, hijo o vecino de familias despojadas en los años cincuenta, y su decisión 'económica' descansaba sobre una geografía agraria reconfigurada por la violencia previa. La distinción entre migrante económico y víctima, útil en el papel, se disuelve en el terreno.

Lo mismo ocurre con la segunda oleada. Entre 1985 y 2018, el desplazamiento forzado se convirtió en uno de los fenómenos humanitarios más masivos del continente. El Registro Único de Víctimas contabiliza 65.597 desplazados para el periodo 1980-1988, mientras CODHES registra 227.000 solo entre 1985 y 1988: la brecha revela un subregistro oficial masivo previo a la Ley 387 de 1997. El total estimado de desplazados entre 1996 y 2006 fue de aproximadamente 3,9 millones de personas, cerca del 6% de la población nacional de ese momento. La expansión paramilitar entre 1997 y 2004 dejó más de 150.000 homicidios y desapariciones forzadas y más de 3,5 millones de desplazados. Esas cifras no se superponen a una urbanización que iba por su cuenta: la producen. En el periodo en que la urbanización colombiana termina de consolidarse —el 70% urbano actual—, el desplazamiento forzado es el fenómeno demográfico dominante, no un episodio marginal.

La ciudad colombiana de fin de siglo es, entonces, sedimento acumulado de violencias rurales sucesivas y producto de una modernización demográfica cuyos ritmos, geografías y modalidades fueron moldeados por el despojo. Las periferias de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Sincelejo y Buenaventura deben leerse como geografía del despojo, no porque cada uno de sus habitantes sea una víctima registrada, sino porque los territorios donde se asentaron, las condiciones en que se insertaron, los regímenes de protección armada que allí encontraron y las trayectorias de exclusión que allí se reprodujeron son directamente atribuibles al conflicto y a la economía política agraria que lo sostiene.

La ciudad como prolongación del régimen armado

Hay un argumento adicional que decanta la balanza y que la lectura demográfica autónoma no puede absorber: el desplazamiento forzado no termina en la ciudad. Se prolonga, se recicla, se reproduce en formas específicamente urbanas que solo pueden entenderse como continuidad del régimen armado rural.

La Comuna 13 de Medellín es el caso paradigmático. En octubre de 2002, bajo el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la Operación Orión desplegó al Ejército y a la Policía —con participación documentada de estructuras paramilitares— contra milicias guerrilleras enquistadas en el sector. La operación produjo desplazamiento forzado intraurbano masivo: dos de cada tres desplazados intraurbanos registrados en Medellín provienen de la Comuna 13. Muchos de los expulsados ya habían sido desplazados previamente desde zonas rurales de Antioquia, el Urabá o el Chocó. Tras la desmovilización paramilitar de mediados de la década, la violencia no cesó: desmovilizados rearmados y bandas criminales emergentes impusieron un nuevo orden mediante asesinatos selectivos de líderes; hacían desaparecer a quienes eran señalados como colaboradores de la guerrilla o testigos incómodos; reclutaban menores; desalojaban viviendas a quienes no pagaban la 'vacuna de seguridad'; y a esa violencia se sumaron ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública. En 2006 y 2007, la amenaza directa —individual o colectiva contra sectores y barrios enteros— fue el principal motivo declarado de desplazamiento en la Comuna 13, empleada por paramilitares, milicias de las FARC y el ELN, combos, Policía y Ejército.

Buenaventura ofrece la versión pacífica del mismo mecanismo. La ciudad, principal puerto sobre el Pacífico, se convirtió a partir de los años 2000 en escenario de disputa entre paramilitares, guerrillas y grupos posdesmovilización como Los Urabeños, Los Rastrojos y La Empresa. Los números trazan la escalada con nitidez: Medicina Legal registró 324 homicidios en 2005 y 416 en 2006, con 90 asesinatos concentrados solo entre enero y abril de 2005. Cuando estalló la guerra entre las AGC y La Empresita, el primer mes bastó para contabilizar 40 asesinatos, 35 balaceras y 75 desapariciones forzadas —con casos documentados de tortura y desmembramientos—, además de 1.500 personas desplazadas. Detrás de esa aritmética había un método: los actores armados establecieron 'fronteras invisibles' entre barrios y al interior de estos, imponiendo restricciones de movilidad y produciendo un patrón deliberado de desplazamiento individual —'gota a gota'— destinado a ocultar la violencia ante los medios y las autoridades. Las AGC financiaron su operación en Buenaventura mediante narcotráfico, minería con maquinaria amarilla, extorsión y tala ilegal, operando a través de bandas locales.

Tumaco, Quibdó, Barrancabermeja y Sincelejo replican variantes del mismo patrón. En Tumaco, el desplazamiento tomó carácter intermunicipal e intraurbano: ante confrontaciones, fumigaciones y amenazas, las familias huyeron al casco urbano y se concentraron en barrios como Viento Libre, Panamá y Familias en Acción —barrios lacustres o de bajamar, construidos sobre pilotes, sin servicios básicos, habitados mayoritariamente por población negra—. Quibdó experimentó una transformación radical de su vida urbana con la llegada de actores armados: la ciudad donde los niños circulaban libremente por todos los barrios se convirtió en una ciudad segmentada por control territorial armado.

En las ciudades colombianas de fin de siglo, el régimen de protección armada que expulsó del campo se traduce capilarmente al espacio urbano. Los mismos actores —o sus versiones urbanas: combos, oficinas, bandas criminales emergentes— administran territorios, imponen fronteras, cobran extorsiones, desplazan poblaciones. La periferia no es refugio: es teatro de operaciones. Y por eso la Ley 1448 de 2011, al no reconocer el desplazamiento intraurbano como conflicto armado, no solo fue una decisión política discutible: fue un error historiográfico.

Lo que queda abierto

Reconocer que la ciudad colombiana es sedimento del despojo no autoriza a leerla solo como pasividad ni como derrota. El propio material del conflicto contiene una tensión que resiste la narrativa de la 'máquina de expulsión': la agencia de los desplazados como constructores activos de ciudad. Altos de Cazucá no fue asignado por el Estado ni planificado por urbanistas; fue trazado por sus propios habitantes, que se organizaron autónomamente para distribuir el territorio, establecer normativas comunitarias sobre linderos y tamaño de predios —a menudo tras conflictos violentos y homicidios por disputas de lotes— y construir sus casas con sus propias manos. Bogotá pasó de 400 manzanas a finales del siglo XIX a 27.000 en 1980, y buena parte de ese crecimiento fue expansión ilegal más allá de los perímetros urbanos legales, protagonizada por los mismos migrantes forzados. La ciudad popular colombiana es, en gran medida, obra de sus víctimas.

Esta agencia no cancela el despojo: lo complica. Las periferias son simultáneamente depósito material del conflicto y espacio de recomposición social y política de los expulsados. Los barrios que la sociedad estigmatizó históricamente como 'territorios nacionales', 'zonas rojas', 'repúblicas independientes' o 'islas de anarquía' —etiquetas que legitimaron intervenciones violentas del Estado y de actores armados— son también los lugares donde las víctimas construyeron formas de vida, organización comunitaria y ciudadanía. Leer la periferia solo como depósito pasivo reproduce, en el análisis, la invisibilización que la política pública practicó durante décadas.

Queda abierta también la cuestión de las cifras. La estimación clásica de 1962 —más de dos millones de desplazados y alrededor de 200.000 muertos durante La Violencia— convivió durante medio siglo con la ausencia de cifras oficiales; un estudio econométrico de 2019 redujo la estimación de víctimas mortales a 57.737 para 1949-1958. El subregistro del desplazamiento antes de 1985 es masivo: solo ocho de las treinta y tres bases de datos disponibles incluyen esta violación antes de 1980, con apenas 2.713 víctimas registradas. Esa opacidad no es solo un problema técnico: es evidencia de que el Estado colombiano construyó activamente la invisibilidad del desplazamiento, y de que la política pública —Ley 387 de 1997, Sentencia T-025 de 2004, Ley 1448 de 2011— puede leerse menos como respuesta tardía que como dispositivo de regulación selectiva del reconocimiento de víctimas. Reconocer o no reconocer, incluir o excluir del Registro Único de Víctimas, calificar un hecho como conflicto armado o como delincuencia común: cada una de esas decisiones traza una frontera política que decide quién entra en la historia del país y quién queda fuera.

Y queda la pregunta política, que es también la más incómoda. Si las periferias urbanas son continuidad material del conflicto, la reparación no puede limitarse a subsidios de vivienda o programas de atención humanitaria: exige una intervención sobre la geografía urbana misma, sobre los regímenes de protección armada que allí persisten, sobre las estructuras de propiedad y renta que capitalizan la expulsión. Y si la distinción entre migrante económico y víctima se disuelve en el terreno, los millones de personas que habitan Ciudad Bolívar, Aguablanca, Altos de Cazucá o Nelson Mandela, sin figurar en el Registro Único de Víctimas, forman parte del universo humano del conflicto tanto como quienes sí figuran. Pensarlas fuera de él es aceptar que la violencia solo cuenta cuando quedó registrada, y que el despojo se detiene en la frontera administrativa de una ley. La parcela perdida en el Tolima en 1952, la ciénaga rellenada en Cartagena en 1985 y la vacuna cobrada en la Comuna 13 en 2007 pertenecen a la misma secuencia causal: una economía política del despojo que atraviesa medio siglo, cambia de actores y de escenarios, y encuentra en la periferia urbana su forma más duradera. La historia colombiana lleva décadas escribiendo esa secuencia por tramos, sin nombrarla como una sola. Nombrarla —y asumir lo que exige nombrarla— es la tarea que sigue pendiente.