Urbanización acelerada

La urbanización acelerada en Colombia (1946–1973)

Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y comienzos de los años setenta, Colombia dejó de ser un país rural. En 1938 apenas el 29% de sus habitantes vivía en ciudades; en 1951 eran el 40%; en 1964, por primera vez, la mayoría —52%— vivía en cascos urbanos. El país se dio vuelta sobre sí mismo en una generación. Esa transición, que a otras naciones les tomó un siglo o más, ocurrió aquí comprimida entre la guerra bipartidista conocida como La Violencia y el arranque del Frente Nacional, sin que el Estado tuviera instituciones, planes ni infraestructura preparados para recibir la avalancha. El resultado no fue una urbanización sino un desbordamiento: barrios levantados en una noche con palos y plástico, inquilinatos en casonas heredadas del siglo XIX, colonizaciones espontáneas a lomo de mula sobre la selva del Ariari o del Carare, un mapa nuevo dibujado por millones de personas en fuga. La urbanización acelerada es en Colombia la forma en que la guerra rural bipartidista se convirtió, sin que nadie lo firmara, en política de reordenamiento territorial.

Un país que se vuelca sobre las ciudades

Las cifras del volteo tienen algo de vértigo. La población total pasó de 11.548.172 habitantes en 1951 a 17.484.508 en 1964, y a 20.785.235 en 1973, según los censos del DANE. La tasa intercensal 1951–1964, del orden del 3,2 a 3,3% anual, es la más alta jamás registrada en el país y una de las más altas de América Latina en ese momento. Sobre ese fondo demográfico —una explosión de nacimientos combinada con la caída de la mortalidad infantil— se montó el desplazamiento hacia las ciudades: 2,3 millones de personas migraron netas del campo a los cascos urbanos entre esos dos censos.

Las cuatro grandes ciudades absorbieron el grueso. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla concentraban el 15,7% de la población nacional en 1951; en 1964 ya reunían el 22,8%, y en 1993 llegarían al 32,6%. Bogotá es el caso más elocuente: rondaba los 500.000 habitantes a comienzos de los años cuarenta, tenía 620.000 en 1950 y superaba el millón trescientos mil en 1960. En veinte años se multiplicó por dos y medio.

Ese ritmo no era, en sí mismo, una anomalía latinoamericana. Colombia se urbanizó rápido, pero no más rápido que México, Venezuela o Brasil. La singularidad estaba en otro lado: en el motor concreto que empujaba a esa gente a moverse, y en la incapacidad casi total de las ciudades de destino para ofrecerles algo distinto a un rancho en el borde.

La Violencia como máquina de expulsión

El 9 de abril de 1948, hacia el mediodía, Jorge Eliécer Gaitán salió de su despacho en el centro de Bogotá y caminó pocos metros por la carrera séptima antes de recibir los disparos de Juan Roa Sierra en la esquina con la calle 13. Era el jefe del Partido Liberal, el candidato inevitable a la presidencia de 1950, la voz que había convertido el reclamo popular en un movimiento con nombre propio. Su muerte desató en horas una insurrección espontánea que arrasó el casco antiguo de Bogotá —lo que el país llamaría el Bogotazo— y se propagó a decenas de municipios. La ciudad ardía mientras se celebraba la IX Conferencia Panamericana con el secretario de Estado norteamericano George Marshall como huésped principal; el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez atribuyó los disturbios, junto con las arquidiócesis de Bogotá y Medellín y el diario caleño El Relator, a una conspiración comunista internacional. La lectura fijó tono: lo que venía no sería negociación política sino guerra.

Entre 1948 y 1958 —el arco convencional de La Violencia— murieron 134.820 personas; sumando heridos que fallecieron después y víctimas indirectas, la cifra asciende a unas 200.000. Otras estimaciones econométricas basadas en censos y tasas de natalidad han bajado ese piso a menos de 60.000 muertes documentables para 1949–1958. Fue una guerra rural, sostenida, con epicentro en las cordilleras cafeteras, que despobló departamentos enteros. En Antiguo Caldas se contaron 8.606 muertes, en Tolima 5.251, en Valle del Cauca 5.016, en Antioquia 2.127; el mapa del cadáver coincide punto por punto con el mapa del café.

Al lado de la contabilidad de los muertos avanzaba otra, más callada y en el largo plazo más determinante: la del despojo. La Violencia produjo el abandono o pérdida de 393.648 parcelas en todo el país, concentradas en Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Antiguo Caldas y los Santanderes. Solo en Tolima, el 42,82% de las propiedades —40.176 predios— fueron abandonadas, y el 46% de esas tierras se perdieron entre 1955 y 1956, en el segundo pico del conflicto. En el mismo departamento, 321.621 personas, el 42,6% de la población tolimense, sufrieron exilio permanente o transitorio.

Las tácticas del despojo eran repetitivas y eficientes. Comisiones de policía chulavita —campesinos conservadores de Boyacá reclutados como fuerza irregular al servicio del gobierno— entraban desde 1948 a las veredas liberales del sur del Tolima: Santiago Pérez, Planadas, Gaitania, Chaparral. Quemaban las casas, robaban los semovientes, destruían los beneficiaderos de café, mataban selectivamente a los hombres de la familia, dejaban señales para que nadie volviera. La quema de cultivos y de la instalación agroindustrial —el trapiche, el beneficiadero, el granero— no era vandalismo sino una segunda operación: aseguraba que el retorno fuera imposible incluso cuando la violencia amainara. En las zonas cafeteras, la intensidad del terror crecía en las semanas de cosecha; el robo del grano y del jornal era la forma agraria del saqueo. Junto a las quemas venían el boleteo —extorsiones firmadas—, las ventas forzadas a precios irrisorios que legalizaban el despojo, la aparición del gamonal del pueblo vecino como nuevo propietario de las mejores tierras.

La coincidencia geográfica es demasiado precisa para ser casual. Las zonas donde se concentró la pérdida de parcelas eran las mismas donde en los años veinte y treinta se había librado el conflicto entre hacendados y colonos: el sur del Tolima, la vertiente cafetera del Valle, las cordilleras de Cundinamarca, el occidente de Caldas. La guerra bipartidista, con sus banderas liberal y conservadora, resolvió a favor de los grandes propietarios y de los gamonales locales unas disputas por la tierra que la política ordinaria llevaba décadas sin destrabar. Fue una reforma agraria invertida, ejecutada con machete y fusil.

Dos rutas de fuga

El desplazado no siempre iba a Bogotá. La expulsión abrió dos rutas paralelas y masivas, y entenderlo es indispensable para no leer la urbanización como el único destino de la guerra.

La primera fue la ciudad. Los campesinos del Tolima y el Viejo Caldas bajaron a Ibagué, Armenia, Manizales, Pereira; los del Valle y del norte del Cauca engrosaron Cali; los de los Santanderes y Cundinamarca llegaron a Bogotá; los del Sinú y las sabanas atlánticas fueron a Barranquilla. La Oficina Nacional de Rehabilitación y Socorro, creada bajo el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla tras el golpe de junio de 1953, había atendido en sus primeros seis meses a 11.622 exiliados en Bogotá y a 20.949 en otras poblaciones, y había logrado el retorno de apenas 4.722 personas a sus hogares bajo escolta militar. Por cada persona que volvía, siete se quedaban.

La segunda ruta, menos visible pero cuantitativamente enorme, fue la colonización espontánea de las fronteras agrarias. Familias enteras del Tolima, Caldas, Antioquia, Boyacá y Santander cargaron sus escasas herramientas y caminaron hacia el Magdalena Medio: las márgenes de los ríos Carare, Opón, Cimitarra y Minero recibieron a colonos que abrieron monte con machete. Otros bajaron al piedemonte llanero: Meta, y especialmente el Ariari, se convirtió en el destino preferido de los migrantes de los Llanos ya desde 1951, y para 1964 la intendencia había superado en crecimiento poblacional a Casanare, Arauca y Vichada. El Sarare araucano, el Caquetá y el Putumayo recibieron entre 1947 y 1962 uno de los procesos migratorios más importantes hacia la Amazonia occidental que ha vivido el país; La Violencia fue la causa principal, aunque a ella se sumaban la carencia crónica de tierra en los minifundios andinos y el llamado religioso de misiones capuchinas y montfortianas.

Estas colonizaciones fueron el otro pulmón del reordenamiento territorial. Sin instituciones que los acompañaran, sin títulos, sin crédito, sin vías, los colonos abrieron una frontera agrícola que en pocas décadas alcanzó a la selva y a la sabana. La cuenta oficial de urbanización, esos 2,3 millones de migrantes netos a las ciudades entre 1951 y 1964, no captura ese otro éxodo horizontal: colombianos que se movieron sin llegar a Bogotá ni a Medellín, colombianos que fueron a fundar pueblos que en el siglo XXI se llamarían Vistahermosa, La Macarena, San Vicente del Caguán.

Aritmética del desplazamiento

Los 800.000 desplazados directos por La Violencia registrados a comienzos de los años sesenta representaban apenas un tercio de los 2,3 millones de migrantes netos hacia las ciudades entre 1951 y 1964. Otras estimaciones, más generosas, elevan el total de desplazados por La Violencia a dos millones a lo largo de todo el conflicto, incluyendo desplazamientos temporales, retornos y segundos desplazamientos.

Aun tomando la cifra más alta, la conclusión es la misma: La Violencia no explica por sí sola la urbanización colombiana. La transición demográfica —el descenso rápido de la mortalidad con una fecundidad aún altísima— habría empujado población hacia las ciudades con o sin guerra. La concentración estructural de la tierra, herencia colonial y republicana no resuelta por ninguna reforma, expulsaba minifundistas incapaces de sostener familias crecientes en parcelas de dos hectáreas. La industrialización, aunque tímida, ofrecía en Bogotá, Medellín y Cali empleos fabriles que las veredas no daban.

Decir que La Violencia no fue causa exclusiva no equivale a decir que fuera marginal. Sin ella, la urbanización habría sido gradual, escalonada, digerible por las instituciones. Con ella, se volvió abrupta, caótica, imposible de administrar. Le imprimió una velocidad y una violencia que ninguna política pública podía absorber, y fijó en el mapa urbano una geografía de precariedad que sesenta años después sigue reconocible en el nombre de los barrios.

El Bogotazo y la ciudad reconstruida

Antes de mirar a los barrios de invasión conviene volver al centro. El 9 de abril de 1948, mientras la muchedumbre saqueaba almacenes, quemaba tranvías y prendía fuego a iglesias, conventos y archivos eclesiásticos, tres sectores específicos del centro de Bogotá quedaron parcialmente en ruinas: La Candelaria en torno a la Plaza de Bolívar, San Victorino junto a la plaza de mercado, y la carrera séptima entre la avenida Jiménez y la calle 22. El Teatro Municipal, símbolo de la vida cultural bogotana desde comienzos de siglo, sería demolido poco después. Los saqueadores atacaron con precisión política los negocios y las propiedades identificadas con la élite conservadora y con la Iglesia.

La reconstrucción tuvo una lógica que rebasó la emergencia. Inversionistas, arquitectos y bancos aprovecharon la destrucción para sustituir las viejas casonas coloniales y republicanas del centro por edificios altos, oficinas, sedes bancarias. Se aceleró un proceso que ya estaba en marcha —el vaciamiento del centro histórico como zona residencial— y se convirtió a la vieja ciudad en distrito comercial y burocrático. Las élites que aún vivían en La Candelaria y en la carrera séptima terminaron de mudarse hacia Chapinero primero y luego hacia el norte. Las grandes casas que dejaron atrás no quedaron vacías: se convirtieron en inquilinatos, subdivididas en cuartos alquilados por semanas a los recién llegados del campo.

Al mismo tiempo, en las márgenes de la ciudad, se abrían por invasión los primeros grandes barrios populares. El Policarpa Salavarrieta, en el suroriente, tomó su nombre en los años sesenta pero era heredero de esa geografía de fuga inaugurada por el 9 de abril. Bogotá comenzó a crecer en dos direcciones simultáneas y contradictorias: hacia el centro que se demolía y verticalizaba, y hacia los cerros y sabanas del sur donde se levantaban ranchos de un día para otro.

Anatomía del asentamiento popular

El desplazado que llegaba a la ciudad tenía tres posibilidades y ninguna era buena. La primera era el inquilinato: una casona del centro subdividida en cuartos sin ventilación, con un baño para diez familias, alquiler semanal, hacinamiento. La segunda era el barrio pirata: un lote adquirido a un urbanizador privado que tenía título legítimo de propiedad sobre el suelo pero que loteaba y vendía al margen de las normas municipales de urbanización, sin acueducto, sin alcantarillado, sin vías, sin registro de la subdivisión. El comprador era propietario legal de un pedazo de tierra que oficialmente no existía. La tercera era la invasión: un asentamiento ilegal de cabo a cabo, sin título sobre el suelo, levantado en terrenos públicos o privados desocupados mediante una toma colectiva. A las seis de la mañana ya había treinta ranchos de palos y plástico, la posesión de hecho consumada antes de que llegara la policía.

Cada ciudad grande cristalizó su propia geografía de precariedad. En Cali, el Distrito de Aguablanca —loma oriental, terrenos inundables junto al río Cauca— se convirtió en el gran depósito de los desplazados del Valle, del Cauca y del Pacífico. En Medellín, la Zona Nororiental —las comunas 1, 2, 3, 4 que trepan por las laderas hacia Bello y Copacabana— absorbió a los expulsados de Antioquia rural y del Viejo Caldas. En Bogotá, Ciudad Bolívar en el sur y una franja de barrios en el suroriente y el occidente. En Barranquilla, La Chinita. En Manizales, Solferino. En Pereira, el barrio Cuba. Ninguno de estos nombres aparecía en los planes de desarrollo municipal; todos existían.

La estigmatización acompañó desde el principio a esas periferias. Los medios y los discursos oficiales las llamaron "zonas rojas", "territorios nacionales" dentro de las ciudades, "islas de anarquía", "repúblicas independientes" —el mismo lenguaje con que Laureano Gómez había caracterizado a las zonas de refugio guerrillero en el sur del Tolima. Nombrarlas así preparaba el terreno para intervenirlas con fuerza policial o militar, no con inversión pública. El desplazado que había huido de la violencia rural encontraba, en su barrio de llegada, la sospecha permanente de las autoridades urbanas.

En paralelo, Ibagué recibía a los expulsados del Tolima, que se ubicaban en las zonas periféricas y trabajaban como vendedores ambulantes, obreros de construcción, empleadas del servicio doméstico, sirvientes ocasionales. El campesino tolimense que en 1950 sembraba café en Chaparral podía estar en 1958 vendiendo tinto en el parque Murillo Toro o cavando cimientos para un edificio de apartamentos en el norte de la ciudad.

Un Estado que llega tarde y mal

Frente a este proceso, la respuesta institucional fue tardía, dispersa e insuficiente. La política de vivienda popular en Bogotá había producido entre 1918 y 1942 apenas 791 unidades habitacionales: nada. El Instituto de Crédito Territorial (ICT), creado en 1939, era la agencia federal encargada de vivienda popular, pero su capacidad instalada era ridícula frente al ritmo de la demanda.

La rehabilitación de posguerra bajo Rojas Pinilla —los decretos de amnistía de 1953, el 0328 que suspendía la acción penal a cambio de reincorporación a la vida civil, el trabajo de la Oficina Nacional de Rehabilitación y Socorro— buscó ante todo la desmovilización de los jefes guerrilleros liberales, conservadores y comunistas. A ellos y a algunos de sus lugartenientes se les dieron cargos, contratos, obras para sus comunidades. Los campesinos rasos y las viudas quedaron por fuera. La rehabilitación consolidó, en la práctica, el reacomodo del gamonalismo liberal y conservador en las regiones afectadas, pero no restituyó tierras ni permitió retornos masivos.

Al inaugurarse el Frente Nacional en 1958 con Alberto Lleras Camargo en la presidencia, la reforma agraria volvió a la agenda —la Ley 135 de 1961 crearía el INCORA— pero la dirección del desarrollo económico apuntaba en sentido contrario. Los compromisos adquiridos por Colombia en la reunión de Punta del Este de 1961 con la Alianza para el Progreso, el Plan Decenal elaborado ese año, las recomendaciones de organismos multilaterales, todo apuntaba a liberalizar mercados y a trasladar el conocimiento técnico agropecuario hacia centros urbanos. La modernización se pensaba desde la ciudad.

Lauchlin Currie, el economista canadiense-norteamericano que asesoraba a Colombia desde la misión del Banco Mundial de 1949, se volvió el ideólogo de esa apuesta urbana. Su tesis era brutal en su simplicidad: acelerar a propósito la migración campo-ciudad y hacer de la construcción de vivienda urbana el motor del empleo, del ahorro y de la demanda agregada. Lo que estaba ocurriendo por la fuerza de la violencia y la demografía, Currie quería convertirlo en programa deliberado. La Operación Colombia, que fue elaborando a lo largo de los años sesenta, convertía la desgracia rural en método. Cuando el conservador Misael Pastrana Borrero llegó a la presidencia en 1970, el diseño se hizo Plan de Desarrollo: Las Cuatro Estrategias, con la vivienda urbana como sector líder de la economía. Se creó el sistema UPAC de ahorro y crédito para vivienda; la ciudad se consolidó como eje. El campo quedó minimizado. En 1971 y 1972, el gobierno de Pastrana enterró la reforma agraria con el Pacto de Chicoral, acuerdo con los grandes propietarios que desactivó las expropiaciones. La opción por lo urbano fue explícita.

Kennedy, Salmona y las contradicciones del urbanismo

La respuesta arquitectónica al problema de la vivienda popular osciló entre dos polos y perdió por ambos.

En un extremo, Ciudad Kennedy —originalmente Ciudad Techo, rebautizada en 1961 tras la visita de John F. Kennedy a Bogotá en el marco de la Alianza para el Progreso— fue la apuesta del ICT en escala grande. Planeada para 80.000 personas en su primera fase, ubicada en el occidente de la sabana bogotana, siguió el manual modernista: bloques repetidos, zonas verdes, equipamientos comunales. La fórmula lucía en los planos y fracasaba en el terreno. Con los años se convirtió en ciudad —lo era por fuerza demográfica, no por virtud del proyecto— y quedó consignada como uno de los grandes desatinos urbanísticos del período. Su escala, aun siendo la más ambiciosa del ICT, era ridícula frente a la avalancha: mientras se entregaba una etapa, en el sur bogotano se ocupaban por invasión veinte cerros.

En el otro extremo, un puñado de arquitectos ensayaba una vía culta. Rogelio Salmona, formado en el taller parisino de Le Corbusier, regresó a Colombia decidido a discutirle al maestro. Con Fernando Martínez Sanabria y otros, propuso ladrillo en vez de hormigón blanco, escala doméstica en vez de bloque exento, patios y recorridos en vez de la torre aislada sobre pilotes. El conjunto El Polo primero, las Torres del Parque después, fueron manifiestos construidos. Pero eran arquitectura para clase media alta. Ninguno de esos ensayos tocaba al rancho de plástico en la ladera de Ciudad Bolívar o a la callejuela sin alcantarillado del barrio Cuba.

Entre el bloque del ICT y la torre de Salmona quedaba, como siempre, lo real: los barrios piratas y las invasiones. El urbanizador pirata era, a su manera, el arquitecto más influyente del período. Loteaba una finca en la periferia de Bogotá o de Cali, vendía cada pedazo con recibo pero sin registro, prometía servicios que nunca llegaban y desaparecía. El comprador levantaba su casa por etapas: primero un cuarto de bloque y teja, después la segunda pieza, años después el segundo piso. Los gobiernos municipales, con presupuestos raquíticos y sin instrumentos legales eficaces, corrían detrás. Cuando lograban legalizar un asentamiento —extenderle acueducto, reconocerle las calles, incorporarlo al catastro— ya había otros diez formándose en la colina siguiente. La ciudad la estaban haciendo el urbanizador informal y el invasor. Los arquitectos, en el mejor de los casos, la comentaban.

La lectura de una generación

Mientras la ciudad se hacía sola, una generación de intelectuales colombianos intentaba entender qué estaba pasando. Camilo Torres Restrepo, sociólogo y sacerdote, formuló en 1963 la tesis más incisiva del período: La Violencia había constituido para las áreas campesinas colombianas el cambio sociocultural más importante desde la Conquista española. La expulsión rural había integrado a comunidades campesinas aisladas en un proceso de urbanización en sentido sociológico —división del trabajo, especialización, contacto sociocultural, socialización en nuevas mentalidades, despertar de expectativas sociales— que ninguna política de desarrollo habría logrado provocar deliberadamente. El terror rural había hecho el trabajo cultural de la modernización.

Orlando Fals Borda dio un paso más en La subversión en Colombia, obra dedicada a la memoria de Camilo, muerto en combate como guerrillero del ELN en febrero de 1966. La migración interna en el capitalismo colombiano generaba situaciones que iban desde la proletarización parcial hasta el marginalismo urbano, sin completar la transformación social del capitalismo europeo del siglo XIX. Colombia se urbanizaba sin industrializarse del todo. El migrante no se convertía en obrero fabril sino en vendedor ambulante, en trabajador doméstico, en empleado eventual, en desempleado disfrazado. El sistema producía un lumpemproletariado urbano que no cabía en las categorías clásicas.

Esa lectura marcaría a los jóvenes académicos de los setenta —marxistas, defraudados por el Frente Nacional, formados en las nuevas facultades de ciencias sociales— que hicieron de La Violencia uno de sus temas centrales de investigación y la articularon con los debates sobre la cuestión agraria, el bipartidismo y las vías del desarrollo. La contabilidad del despojo se afinó, la voz de los colonos del Ariari, del Magdalena Medio y del Caquetá empezó a recogerse en primera persona, y el ciclo se cerró: lo que en los años cincuenta había sido barbarie inexplicable se convirtió, veinte años después, en materia de tesis doctoral y de literatura testimonial.

El sedimento

Hacia 1973, cuando terminaba el Frente Nacional y comenzaba el último gobierno de la alternación con Alfonso López Michelsen, el país ya era irreversiblemente urbano. En 1985 la urbanización alcanzaría el 68%. Bogotá se acercaba a los cuatro millones. Los barrios de invasión de los años cincuenta se habían consolidado, algunos habían sido legalizados, muchos seguían sin acueducto ni alcantarillado. Aguablanca, la Zona Nororiental de Medellín, Ciudad Bolívar, La Chinita, Cuba, Solferino: los mapas populares del país.

Lo que había pasado entre 1946 y 1973 tuvo la forma de un reordenamiento territorial ejecutado por la guerra, absorbido por ciudades sin herramientas para absorberlo, y consolidado después como diseño de desarrollo por gobiernos que apostaron por lo urbano precisamente porque el campo se había vuelto ingobernable. El campesino cafetero expulsado de Chaparral en 1953 y su nieta nacida en Ciudad Bolívar en 1980 son las dos puntas de un mismo hilo: una reforma sin ley, sin restitución y sin nombre, cuya factura la seguirían pagando quienes la sufrieron.